José Miguel Cruz reparte frases críticas. Parece que pocos se salvan de sus duras palabras. Ni el Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, el fiscal general, las élites económicas, la clase política ni el expresidente Mauricio Funes.
Desde 2013, Cruz tomó el mando del Centro de Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida, donde se estudian diferentes situaciones y conflictos en el hemisferio. Desde México hasta el cono sur o las relaciones de Cuba con Estados Unidos. Ha aprendido, a paso forzado, dice, de situaciones que le eran desconocidas como la crisis de migrantes haitianos en República Dominicana. Estos aprendizajes, sin embargo, le han dado la oportunidad de ver con ojos más fríos y desde otra perspectiva el país.
Esa mirada fría se convierte en palabras afiladas, empezando con las causas de la crisis de homicidios que atraviesa el país. Para cuando se realizó esta entrevista, habían pasado 22 días de agosto, mes que cerró con 911 asesinatos, según el Instituto de Medicina Legal. Esta cifra, dijo Miguel Fortín, el director del instituto, supera los homicidios cometidos durante un mes desde la época del conflicto armado. El día después de la entrevista con Cruz, 52 personas murieron asesinadas en el país. Cifra también sin precedentes.
Esta crisis Cruz la atribuye a la tregua que negoció el Gobierno anterior y al rechazo de la misma del Gobierno actual, acompañado de una política de manodurismo y de carta blanca para ejercer fuerza a los agentes de seguridad.
Entre los principales mensajes que dice, está que no se puede implementar un plan o una estrategia de seguridad si no se combate la corrupción y la impunidad en el aparato del Estado, especialmente dentro del sistema de justicia y seguridad pública.
Un camino a seguir, dice, es adaptar el modelo de la CICIG a El Salvador. Las resistencias a este modelo las atribuye, por un lado, a personas que genuinamente les preocupa la soberanía nacional, pero por el otro, a personas que se verían afectadas -incluso con prisión- si la justicia funcionara en el país.
En general, Cruz plantea que El Salvador está en una situación crítica, donde se empiezan a ver de nuevo abusos de parte de los aparatos de seguridad, la reactivación de grupos de exterminio -que en su opinión nunca han dejado de existir–, y un Gobierno que se ha dejado atrapar por resolver crisis, copiando políticas que no han funcionado, en lugar de crear planes a largo plazo.
¿Cuál es su lectura del alza de homicidios de este año?
Es un problema complejo, pero uno de los factores es la tregua. El tema de que el Gobierno haya negociado esta tregua durante la administración Funes. La tregua le muestra a las pandillas que es posible forzar al Gobierno a que dialogue y negocie con los líderes de pandillas. Eso crea un precedente que las pandillas luego van a usar. Otro factor es que, durante la tregua, las pandillas usaron ese espacio para fortalecer aún más su control sobre territorios dentro del país. Eso está clarísimo. Creo que eso eleva todavía más la capacidad de las pandillas para actuar de manera coordinada y organizada. Este es uno de los precipitantes (de la crisis actual). El segundo de los precipitantes es la decisión de este Gobierno de no negociar con las pandillas. Y, no solo eso, sino que también de enfrentarlas con una nueva versión de la mano dura. Sin hablar de mano dura, sin hablar de cero tolerancia, pero en realidad lo que el Gobierno hace es enfrentar a las pandillas con fuerza, con una fuerza renovada y de reprimirlos. Y dentro de esto hay dos cosas. Una es el mismo hecho de que el Gobierno dice ‘vamos a combatir de frente las pandillas’. Y el segundo ámbito tiene que ver con el hecho de que la policía y funcionarios altos del Gobierno básicamente le dicen a los operadores de seguridad de la calle -a los policías mismos, a los militares- que tienen luz verde para defenderse. ‘Disparen primero y pregunten después’. Al enfrentarlas con fuerza, las pandillas responden con más fuerza.
¿Es esta nueva crisis una manipulación de la violencia o es simplemente una reacción al actuar del nuevo Gobierno?
Sí creo que hay una manipulación de la visibilidad de la violencia. Básicamente las pandillas han aprendido… no solo las pandillas, sino que el Gobierno (también), han aprendido que en el campo de los discursos políticos, de la lucha simbólica política, digamos, la visibilidad es importante. El mostrar que suben o bajan las estadísticas es importante. Las pandillas aprendieron con la tregua que podían hacer cualquier cosa, que podían seguir extorsionando, seguir teniendo actividades criminales, pero que si ellas podían manipular la visibilidad de los homicidios particularmente -porque eso es de mucho valor para el Gobierno-, ellos podían sacar concesiones del Gobierno. La mejor manera, en el tema de crimen, de demostrar resultados es demostrar que estás reduciendo los homicidios porque eso al final es posible reducirlo a un número. El tema de las extorsiones, los asaltos, la inseguridad misma, de cómo se siente la gente son más difusos.
En ese contexto, ¿qué es lo que demuestra el paro de transporte que se dio a finales de julio?
Lo que significa, por parte de las pandillas, es un intento de ‘si el Gobierno no entiende por el tema de los números de los homicidios, lo va a entender por medio del bloqueo de las actividades cotidianas del país’. Lo que hacen las pandillas es decir ‘tenemos la capacidad suficiente -aún si esta es simbólica, pero muy poderosa- de poder detener un poco al país a través de decretar un paro con los transportistas’.
¿Hay una estrategia visible del Gobierno en Seguridad Pública?
Viendo desde afuera es difícil pensar que hay una estrategia. Creo que el problema del Gobierno es que se ha dejado atrapar en estas dinámicas de crisis, de resolver crisis tras crisis. Y la verdad es que hemos estado así ya por varios años. Creo que es muy importante que el Gobierno entienda que obviamente debe enfrentar las crisis, pero al mismo tiempo debe tener una parte del Gobierno que, de una vez por todas, debe dedicarse a formular y a poner en práctica estas estrategias aun en situación de crisis. Los planes hay que desarrollarlos aun en estas situaciones de crisis. ¡Pero ya! Hay que hacerlo ya, aun cuando los resultados no los veamos en el corto plazo. A mí me consta, por ejemplo, que al principio del Gobierno anterior, el Gobierno de Funes, tenían un buen plan sobre la mesa que básicamente lo echaron a la basura cuando se fueron por la tregua. Eso fue un error carísimo para el país y me parece a mí que este Gobierno puede estar cometiendo el mismo error. Si seguimos en esta dinámica, no vamos a resolver nada. Y lo que está claro, clarísimo, es que lo que se ha hecho hasta ahora no funciona. No ha funcionado, no funciona y yo creo que es ingenuo pensar que en algún momento va a funcionar. No ha funcionado por más de 10 años si tomás en cuenta el lanzamiento de la mano dura. Por qué habría de funcionar ahora. Es momento ya de apostarle a cosas nuevas.
¿Qué es lo que se debería haber aprendido y cambiado de esas experiencias de la mano dura?
Lo que se debería haber aprendido es que no podés implementar un plan de seguridad, de combate a la inseguridad, con los niveles tan altos de corrupción y de penetración del crimen organizado en las instituciones del país, en las instituciones de seguridad y políticas del país. Creo que uno de los lugares donde hay que comenzar, es limpiar las instituciones del país, las de seguridad y las instituciones políticas, de las manzanas podridas vinculadas al narcotráfico, a la impunidad y a la corrupción en el sistema de justicia. ¿Eso va a tomar tiempo? Sí, toma tiempo, pero hay que hacerlo si querés ver resultados en algún momento. Pero no se puede argumentar que porque eso va a tomar tiempo no se debe hacer. No digo que la represión adecuada y medida no sea importante. Es importante como parte de un plan integral de seguridad en el que el combate a la corrupción juega un papel importante. Con sus claras diferencias… hay una luz al final del camino en Guatemala ahora, simplemente porque tenés una comisión externa que tiene la capacidad de poder investigar y acusar al presidente mismo de actos de corrupción. Eso no existe en El Salvador.
¿Cree que se debería aplicar ese modelo aquí?
Creo que sí. No es la solución a todo, pero debe ser parte de la solución. Ojo -y esto lo quiero enfatizar muy bien- no creo que una CICIES va a resolver completamente el problema de la seguridad, pero debe ser parte integral de cómo atender el problema de seguridad porque tiene que ver con el combate a la impunidad. Eso no lo hemos hecho en absoluto en El Salvador, nunca ha estado sobre la mesa, siempre ha estado olvidado, tirado ahí de lado y mientras no lo hagamos no creo que podamos avanzar en el tema del combate de la inseguridad.
¿Por qué hay tanta resistencia a que se cree una comisión de este estilo en el país?
De parte de la clase política porque se siente tocada en términos de orgullo nacional por cuestiones de soberanía. Pero creo que dentro de la clase política -y estos son los que salen más beneficiados- también hay aquellos que, obviamente, si se da ese paso saldrían directamente afectados. En el caso que un sistema de justicia funcione de manera transparente y eficiente, son los primeros que irían a la cárcel, los primeros que tendrían que ser acusados y enfrentar las consecuencias. En condiciones normales de aplicación de justicia, ellos terminarían en la cárcel. Estos usan el argumento de la soberanía, del nacionalismo para resistir una comisión como esta. Insisto, no creo que todos los que usan este argumento tienen cuentas pendientes, creo que hay muchos honestos, pero estos son utilizados por los otros que sí tienen cuentas pendientes en la justicia.
El ministro de Seguridad propuso hacer un fondo de seguridad, de crear un impuesto. ¿Es simplemente algo de financiamiento lo que está fallando?
Quienes deben fundamentalmente pagar y poner el dinero para el tema de la seguridad son salvadoreños. Especialmente los salvadoreños que más tienen. La crisis de seguridad actual golpea a todo el mundo, ciertamente, pero en la práctica, en términos de sangre y de vidas, golpea a los más pobres. En términos económicos, de manera relativa, golpea más a los más pobres también. Son estos los que son extorsionados o a los que les quitan más con respecto a su manutención. Si pensamos en un impuesto de seguridad, es bien difícil pensar que debemos grabar mucho más a los pobres que ya están cargando con muchos de los costos de seguridad. Los que tienen que pagar esto, me parece a mí, son los que tienen más dinero. Creo que hay una gran cuota de responsabilidad de las élites económicas salvadoreñas, que por muchos años han visto el tema de seguridad no como su problema fundamental. Necesitamos que las élites se involucren y se involucren con lo que más tienen. No vamos a resolver esto mientras las élites, mientras la gente que tiene dinero, no pague sus impuestos. El Salvador se mantiene entre los países en el hemisferio occidental con las tasas más bajas de recaudación fiscal, especialmente en los niveles más altos de la pirámide de ingresos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, pensando en la discusión de planes como Alianza para la Prosperidad. Usualmente sale el ejemplo de Colombia, que tenía tasas de homicidio de casi 90 por 100,000 habitantes y ahora la tiene a 30. Lo que la gente olvida es que la mayor parte del dinero que los colombianos usaron en el tema de seguridad no era el dinero gringo, sino el dinero que pusieron las élites colombianas.
La empresa privada salvadoreña trajo a Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York. ¿Las propuestas que hizo aportan a la resolución del problema de seguridad?
Mucho de lo que Giuliani llegó a decir al país, son cosas que nosotros desde la UCA -a mitad de los noventa- hemos estado diciendo.
El inspector de la PNC, en medio de que el director otorgó permisos para que todos se llevaran las armas, dijo “estamos en una guerra”. ¿Cree que es comparable esta situación a una guerra?
Si empezamos a etiquetar… es difícil pensar que no estamos en un conflicto, en el cual hay como ciertos bandos definidos. Están la Policía, las fuerzas de seguridad, por un lado, y están grupos de crimen organizado, incluyendo a las pandillas con un rol importante, en el otro. No quisiera encajonarlo como una guerra, pero hay muchas dinámicas de conflicto que están sucediendo. El problema es que una vez se declara la guerra, como lo han hecho algunos funcionarios del Gobierno, es que los enemigos se definen. Eso significa que se da carta blanca a los propios partidarios para eliminar a esos enemigos de cualquier manera. O para buscar situaciones en las cuales se justifica eliminar el enemigo. Entonces, ahora tenés muchos homicidios -que probablemente no son parte de esa guerra- pero que son automáticamente clasificados e interpretados como parte de la guerra. Y eso aparece en el discurso político público como parte de esta guerra de las pandillas. Entonces muchos de los que mueren son pandilleros, simplemente por ser jóvenes, cuando probablemente no eran pandilleros. O porque era policía o porque era oreja o informante de la policía.
Usted ha afirmado que la violencia o la amenaza de la violencia aumenta la cohesión de las pandillas. En la dinámica que se está entrando, ¿qué significará esto entonces?
Cuando se define un enemigo, cuando se establece un enemigo común, se fortalecen los lazos internos y eso es lo que ha estado sucediendo con las pandillas en los últimos 10, 15 años. Les hemos creado los enemigos perfectos que les ha permitido consolidarse. ¿Quiere decir esto que va a haber una alianza de una megapandilla como algunos o el Gobierno ha especulado? No lo creo. Si vos conocés las pandillas, si las has estudiado, las dinámicas de la calle son muy fuertes. Liderazgos deciden actuar de manera coordinada frente al Gobierno. Pero eso no significa la creación de una superestructura pandilleril. Eso es iluso y eso es conocer muy poco lo que sucede en las calles con las pandillas.
Se han documentado casos en los que las pruebas apuntan a que los cuerpos de seguridad realizan ejecuciones sumarias. ¿Qué implicaciones tiene que la Policía actúe de esta forma?
Eso viola el Estado de derecho y el debido proceso. No querés que eso pase en una democracia, no querés que eso pase en un Estado regido por leyes.
¿Por qué?
Porque significa que la policía puede matar a cualquier persona por la sospecha de que sos un pandillero, de que sos un delincuente. Eso no debe suceder. Aún en el caso de que sí fueran pandilleros, ellos debieron haber sido sometidos a un procedimiento en el cual se imparte justicia de manera transparente y en que estamos seguros de que el castigo es a las personas debidas. Con esto, abre la oportunidad para que personas como vos o yo, que no somos pandilleros que no somos delincuentes, puedan ser víctimas de abusos por parte de fuerzas del Gobierno, por fuerzas del Estado, sin que el Gobierno o estos victimarios puedan enfrentar la justicia por sus acciones.
¿Esto se daría en el caso que se demostrara que es algo sistemático?
El problema es que no sabemos qué tan sistemático es. En la historia del país tenemos demasiados casos como para pensar que no es sistemático. Tenemos toda una historia llena de abusos por parte del Estado. Hubo una guerra civil precisamente por eso. Lo que esperábamos es que después de la guerra este tipo de cosas no iban a suceder más.
El fiscal general dijo que no hay evidencia de que existan grupos de exterminio en el país. Tomando en cuenta todos estos “enfrentamientos” que se han vuelto recurrentes, ¿cree que sí se podría hacer ese análisis o todavía no?
Yo sí creo que hay grupos de exterminio. Los han habido. Nunca han dejado de existir. Empecemos por ahí. Grupos de exterminio han existido desde la guerra. El informe del Grupo Conjunto señala la existencia de grupos de exterminio, de la permanencia de escuadrones de la muerte y no hay nada que me diga que estos han desaparecido. Han permanecido ahí, se han reciclado, se han renovado y están ahí. Y si uno tiene que juzgar por lo que se ve, por el tipo de homicidio… algunas de las muertes que ocurren en el país, está claro que siguen habiendo grupos de exterminio, de vigilantes y de escuadrones.
Hace poco el fiscal además dijo que la violencia en el país todavía no se ha desbordado. ¿Qué piensa?
No creo que sea necesario si quiera responder esa pregunta. La evidencia, por lo contrario, está ahí. No voy a referirme a ese tipo de declaraciones absurdas completamente.
¿Cree que existe confianza en la Fiscalía y en el trabajo que se realiza desde esa institución?
No, no. Basta con revisar las encuestas. Si revisás todas las encuestas que preguntan sobre la confianza en las instituciones y, especialmente, confianza en instituciones como los jueces y la Fiscalía… son muy consistentes mostrando bajos niveles de confianza. Las únicas instituciones que reciben menor confianza de la población son los partidos políticos y la Asamblea. No creo que haya mucha confianza en el trabajo de la Fiscalía.
¿Cómo evalúa el trabajo que se realiza en esa institución?
Creo que mucho más de publicidad, mucho más de imagen que de sustancia.
También se reveló que el fiscal general voló en vuelos privados del empresario Enrique Rais, quien estaba involucrado en un proceso judicial. El fiscal lo aceptó y dijo que “es un tema banal” que él haya hecho estos viajes. ¿Realmente es algo banal?
Tiene mucho de malo. Tiene mucho de malo porque lo que muestra es que puede no tener independencia, que el fiscal tiene vínculos con una de las partes involucradas en el procedimiento de justicia. Es lo mismo a decir que el fiscal se sube al vehículo de uno de los líderes pandilleros a los que está procesando. No es posible. Esto lo que demuestra es que su independencia está comprometida. Me parece que esto dice mucho de la falta de transparencia que hay en la Fiscalía.
¿Cuál es la capacidad técnica que tienen los fiscales?
Esto no te puedo contestar simplemente porque no he estudiado tanto a los fiscales de cerca. Pero aún así, si les damos el beneficio de la duda en el sentido de que (asumamos que) están muy capacitados, sigue siendo importante que sus jefes den líneas claras de cómo combatir la impunidad. No se puede hacer eso mientras tengás en las posiciones de liderazgo gente que incluso está comprometida con procesos de justicia. No podés esperar un fiscal, que tiene vínculos con una persona con la cual está bajo un proceso judicial, de el ejemplo para el resto de su personal en la fiscalía.
Una de las propuestas que ha hecho el fiscal es extraditar a los pandilleros por actos de terrorismo. ¿Esto puede funcionar?
La lógica es la misma de decir “vamos a incrementar las penas”. Creo que puede tener algún efecto simbólico, pensando que esto se va a -si efectivamente se extraditan y se envían a los Estados Unidos- porque puede ayudar a desarticular un poco las redes de comunicación de las pandillas, pero pensar que la violencia va a disminuir por aumentar las penas, creo que es muy iluso.
Regresando al tema de la tregua. Usted me mencionaba que las pandillas tienden a manipular al Gobierno a partir de la tregua. Si fue un modelo tan exitoso para las pandillas, por qué no mantienen este modelo?
El actor fundamental de la tregua era el ministro de Seguridad, el general David Munguía Payés. La tregua empieza a desmoronarse cuando el impulso de la tregua es removido del puesto clave. Tan simple como eso. El interlocutor no es Mijango, no es el obispo. Era Munguía Payés. Cuando él sale de ese puesto, las pandillas pierden al interlocutor del Gobierno y entonces pierden los incentivos para mantener la tregua.
¿Se podrían haber tenido resultados diferentes de la tregua?
Solo si era parte de un plan integral de seguridad, que no lo hubo. Si el Gobierno iba a hacer esto, debería haberlo hecho como parte de un plan integral de seguridad, en el cual la meta fundamental fuera la desmovilización de las pandillas, pero eso nunca estuvo sobre la mesa, nunca fue parte del programa y nunca fue acompañado en realidad de otras medidas.
¿Qué consecuencias puede tener el incremento de violencia, tanto por parte de las pandillas como del Estado, en otros actores de la sociedad salvadoreña?
No sé cómo responder tu pregunta porque… El Salvador está en una situación muy crítica. El problema es que muchas veces los salvadoreños se han acostumbrado a esta forma de vida. Con todo y lo que hay quejas… esta situación en la que está El Salvador es inimaginable, intolerable en otros países. El hecho de que tengás 40 personas asesinadas en un país de 6 millones de habitantes. El hecho que el Estado mismo sea incapaz de controlar su propio territorio, que grupos alternos al Estado sean los que en realidad tienen autoridad, es impensable en la mayor parte de países del mundo, exceptuando los que están en conflicto. Y no estamos en conflicto político. Eso lo que significa es que el país está en una situación de inviabilidad. Cómo esperás que un país así sea una sociedad sana en que puedan desarrollarse las personas. Es imposible. Es simplemente imposible. Sin embargo, lo seguimos haciendo y pensamos que eso es normal. Y no. No es normal. No es normal vivir bajo rejas y candados, enrejar hasta los últimos espacios públicos. El país está en una situación muy, muy, muy difícil y quien diga lo contrario me parece que es simplemente miope o alguien que se beneficia de este mismo desorden.
Muchas de las reacciones ante los homicidios de pandilleros son de felicidad de celebración. ¿Por qué cree que un salvadoreño promedio reacciona así ante estos hechos de violencia?
En parte por la ansiedad, por la desesperación. Estas reacciones las hemos tenido siempre. Y debimos haber aprendido ya que esto no nos ha llevado a nada. Cuando Flores lanzó la mano dura en 2003, el 85 % de los salvadoreños aplaudieron la mano dura, según las encuestas. Es esta ilusión de que matando a todo el mundo, reprimiendo y golpeando a pura fuerza vas a resolver las cosas. Está clarísimo que no lo hemos resuelto y creo que esto es parte un poco de la ansiedad de la población, pero también es parte de una tradición institucional. Las mismas instituciones, autoridades y líderes han estimulado y promocionado esta ilusión de que las cosas se pueden resolver con fuerza. Ahí podés citar a muchos diputados, ministros, exministros y presidentes. Y la verdad es que no ha resultado. Si seguimos fijados en este tema del pandillero de la calle que ciertamente es una mala persona, que es un criminal, que es un monstruo y nos olvidamos que eso tiene causas estructurales en la forma cómo el país ha funcionado, que tiene causa en cómo las instituciones se han diseñado y cómo funcionan. Si nos olvidamos de eso, entonces estamos perdidos porque lo único que vamos a querer seguir haciendo es seguir matando al próximo joven o al próximo pandillero que se nos ponga en frente sin resolver las causas estructurales que generaron esos jóvenes
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