¿Somos tontos? De Humberto Sáenz Marinero

6 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

En el contexto del vergonzoso retraso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema, varias organizaciones han pasado de los tradicionales comunicados, editoriales, entrevistas y conferencias de prensa, a realizar otras actividades que no solo reiteran el descontento con la omisión legislativa, sino pretenden exigir directamente, y dejar claro qué es lo que de verdad está atrasando este proceso de elección.

Una legítima presión ciudadana que poco a poco ha comprendido la importancia de contar con un tribunal constitucional compuesto por personas honorables, capaces e independientes.

Precisamente ante una de esas varias manifestaciones, el expresidente de la Asamblea Legislativa, como ya es su costumbre, en lugar de hacer mea culpa, pedir perdón a los ciudadanos y proponerse enmendar, reacciona virulenta e irrespetuosamente, tildando de tontos a un grupo de personas, simplemente porque no comparte el mensaje que estas pregonan. Un despropósito más para su colección.

Dejando de lado el improperio del legislador, lo cierto es que ello nos debe llamar a la reflexión. Nosotros, por acción u omisión, por desconocimiento, ignorancia, desidia, comodidad o hasta complicidad, hemos permitido que en nuestro país los Órganos de Estado y principales instituciones estén copados de funcionarios que jamás tuvieron que haber tenido la oportunidad de representarnos o administrar nuestros impuestos. El caso del expresidente de la Asamblea es sin duda uno de los casos más emblemáticos y deshonrosos, pero como ese han existido y aún existen muchísimos más.

Hemos tolerado que nos insulten, que en nuestras narices distraigan fondos públicos para sus intereses o el de sus familiares, que pisoteen recurrentemente nuestros derechos, que nos impongan sus agendas sin consultarnos, que se enriquezcan exponencialmente sin pudor alguno, que no se preocupen por los más desamparados, que usen vilmente las instituciones, que las atiborren con sus amigos y parientes y que se burlen de nuestras legítimas exigencias ciudadanas. Lo peor es que lo hacen sin pudor alguno y con unos niveles de cinismo que a cualquier llevan a la exasperación.

Ante eso nos quejamos con nosotros mismos o con nuestro círculo más cercano, nos atrevemos a comentar alguna que otra cosa en redes sociales y con la excusa de ya estar haciendo suficiente porque se trabaja honradamente y se pagan los impuestos, nos escondemos en las típicas expresiones de… “ya es hora de que alguien haga algo”, “lo que pasa es que acá nadie hace nada”, “ojalá hiciéramos como en otros países”, etc.

Vemos y cuestionamos hacia todos lados, pero nunca nos vemos en el espejo. Buscamos que alguien más haga algo que nosotros mismos podríamos estar haciendo. Queremos que las cosas cambien pero seguimos sin entender que de alguna forma tenemos que involucrarnos, porque trabajar, no es suficiente.

En todo esto reconozco mi cuota de responsabilidad. Como lo he dicho en diferentes oportunidades, nuestra generación fue despreocupada, quizá conformista con el destino de nuestro país. Aplaudimos el cese del conflicto armado y eso nos pareció suficiente, sin darnos cuenta de los huracanes sociales y políticos que se estaban gestando en ese momento. Cuando jóvenes vimos pasar, dejamos hacer, nos desentendimos y hoy estamos pagando esas consecuencias.

Ojalá y los jóvenes de ahora no cometan ese mismo error; ojalá que los que tienen el privilegio de recibir educación universitaria comprendan que el hecho de permanecer en las aulas, desconectados y despreocupados de la realidad que les rodea, nos perjudica a todos; perjudica su futuro.

Quizá sí debemos preguntarnos si somos tontos. Pero no por manifestarnos y exigir, sino por no haberlo hecho antes, por haber esperado llegar al día 100 y no haberlo hecho desde el día 1, por habernos conformado con tan poco, por seguir apoyando a personajes que mancillan el quehacer legislativo, por aplaudir discursos populistas y mesiánicos, por premiar una mal entendida astucia política, por no usar más las instituciones, y en fin… por permitir que desde un curul se nos insulte.

Sus primeras tres tareas, diputados. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto Sáenz Marinero, presidente del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

15 mayo 2018 / El Diario de Hoy

Diputados, pasado el desencanto ciudadano inicial con el resultado de las discusiones sobre el número de miembros de Junta Directiva y la composición de las comisiones legislativas, llegó el momento de tomar decisiones trascendentales, decisiones que definirán ante nosotros cuál es el rumbo que ustedes pretenden adoptar durante su gestión legislativa.

Son tres sus tareas iniciales, dichas en orden cronológico: a) la aprobación de reformas al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para tener un mejor y más transparente proceso de elecciones de segundo grado; b) la elección de cinco magistrados propietarios y cinco magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia; y c) la aprobación de una nueva ley de servicio público.

La primera de las tareas bien se pudo haber cumplido durante la anterior legislatura, y la verdad es que no está del todo claro qué fue lo que lo impidió. Ahora les toca a ustedes hacer eco de una propuesta ciudadana que, se mire por donde se mire, mejoraría sustancialmente el proceso de elección de funcionarios.

Ustedes ya tienen en sus manos –con iniciativa de ley– una propuesta por la que se establece un procedimiento democrático, transparente y eficiente que va desde la convocatoria con un perfil predefinido de los candidatos, la acreditación de requisitos materiales y aspectos cualitativos, una fase de participación ciudadana, el desarrollo de verdaderas entrevistas, la ponderación de todos los candidatos, el auxilio o asistencia técnica, los debates públicos, la elaboración y entrega del dictamen de la comisión, hasta la votación nominal y pública.

Aprobar esas reformas les permitirá cumplir con lo que les ha estado costando cumplir y evitar que la Sala de lo Constitucional les esté corrigiendo más planas. Además, nos permitirá a todos contar con un procedimiento que incorpora estándares internacionales tan necesarios en este tipo de procesos.

La segunda de las tareas es la mejor oportunidad que tienen para demostrarnos que están comprometidos con el Estado de Derecho y la separación de poderes. Su mayor o menor vocación democrática quedará en evidencia si ustedes eligen magistrados independientes, con el mérito, experiencia y preparación que requiere el ejercicio de las más altas magistraturas.

Algunos de ustedes pidieron al gremio de abogados y al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), que hicieran bien su trabajo y que, en sus respectivos procesos de elección, realizaran una verdadera depuración de aspirantes, de forma tal que al llegar a la etapa legislativa, los diputados tuvieran mejores alternativas para su elección.

No es factible afirmar que esas primeras etapas salieron completamente bien, sobre todo porque hay asociaciones de abogados que han perdido de vista la responsabilidad constitucional y los principios gremialistas, dejándose absorber por intereses político partidarios, que en sí mismo no deben ser satanizados, pero que de la actividad gremial deben ser completamente expulsados. Y porque en el CNJ si bien se dieron pasos importantes, sobre todo en materia de estructura del proceso y transparencia, la etapa final del proceso no tuvo la claridad que se esperaba ni la profundidad de deliberaciones que el proceso ameritaba.

Pero aún con mucho camino que recorrer, varias asociaciones de abogados, el gremio en general y el CNJ, se ocuparon y preocuparon por comenzar a devolver la credibilidad a este proceso y por llevarles a ustedes, los diputados, un listado de profesionales más depurado.

Se colaron varios que no deberían estar en ese listado, pero esos varios han quedado completamente en evidencia y es seguro que si ustedes quieren hacer bien su tarea, los colados no serán considerados en ningún momento. Así que descartando a quienes ostensiblemente no pueden ejercer el cargo de magistrados, les corresponde ahora a ustedes elegir a los mejores. Por primera vez en mucho tiempo, sorpréndannos de verdad con una elección que tengamos que aplaudir.

Por último, no le den muchas vueltas a la imperativa necesidad de profesionalizar el servicio público. No es posible que cada vez que cambie la presidencia en la Asamblea Legislativa o cada vez que en cualquier institución pública cambie su titular, nos tengamos que estar enterando de contrataciones injustificadas, de salarios que no guardan correspondencia con las responsabilidades asignadas y de reparto de plazas entre personas que no tienen ni la decencia de fingir que las ocupan.

También tienen en sus manos una contribución de sociedad civil que varios de ustedes públicamente dijeron que apoyarían. Aprueben una nueva Ley de servicio público y propicien con ello que poco a poco comencemos a tener mejores funcionarios y empleados públicos que no dependan del mandatario de turno, sino de su capacidad de gestión, administración y ejecución.

Ahí tienen tres tareas cuyo cumplimiento solo dependen de ustedes. Háganlas.

@hsaenzm

Los tendremos en la mira. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto Sáenz Marinero, 4 abril 2018 / El Diario de Hoy

Hace algunos meses mencionaba que las elecciones no solo deben ocuparnos y preocuparnos cuando hay elecciones, pues el hecho de que nuestra atención al tema no sea permanente es lo que no nos ha permitido entender a cabalidad la dinámica legislativa, ni ha posibilitado que adoptemos de mejor manera el rol protagónico que nos corresponde en nuestra convivencia democrática. Somos agentes de cambios, pero no nos lo hemos creído del todo.

Acaban de pasar las elecciones legislativas y municipales, cuyos resultados confirman los bajos niveles de aceptación que hoy día tienen todos nuestros partidos político. Esto se debe, en buena medida, a la incapacidad de estos últimos para ajustarse a las nuevas realidades, así como su empecinado esfuerzo por continuar con prácticas que riñen con las más sofisticadas exigencias de probidad, austeridad, transparencia, meritocracia, rendición de cuentas y democracia interna.

Hay un mensaje que casi todos los ciudadanos entendemos, pero que los destinatarios del mismo aún no. Actitudes triunfalistas, resistencia al cambio, insistencia en el goce de privilegios, búsqueda de culpables fuera de las filas partidarias y ausencia de profundidad en el análisis, es lo que hemos encontrado en las primeras respuestas de los partidos políticos.

En lugar de propuestas legislativas concretas que intenten solventar los múltiples problemas que aquejan a nuestra sociedad, las primeras discusiones de quienes conformarán la próxima Asamblea Legislativa han girado en torno a la o las personas que ocuparán la presidencia y la junta directiva, algo que sin duda es importante pero para nada esencial.

Por ejemplo, las pasadas elecciones han dejado en evidencia algunos vacíos y problemas que se pueden presentar en materia electoral con la convivencia entre el voto por bandera y el voto por persona; pero en lugar de estar discutiendo sobre la forma de corregir estos defectos y seguir avanzando en la construcción del sistema, ya hay quienes se han atrevido a proponer regresar al pasado, eliminando el derecho ciudadano a votar por el candidato de su preferencia; en lugar de construir, destruir es la consigna.

Es cierto que en nuestro país las principales modificaciones al sistema electoral se han generado como resultado de las decisiones adoptadas por la Sala de lo Constitucional durante los últimos casi nueve años; pero también es cierto que estando o no de acuerdo con lo que en esa sede se ha venido resolviendo, no podemos negar que ha sido la pereza y la desidia legislativa las que en gran medida nos han llevado a ese punto; y en varios casos, la inexcusable desobediencia.

Lo que simple y sencillamente ha sucedido es que los partidos políticos se han negado a tocar temas sensibles, que les incomoda o que les resta prerrogativas, por lo que la justicia constitucional ha sido el cauce sustituto que han ubicado las exigencias ciudadanas.

Es entonces momento de demostrarnos a nosotros, los ciudadanos, que no tenemos necesidad de acudir a la protección de la justicia constitucional, porque los diputados electos van a cumplir con sus obligaciones y van a legislar para salvaguardar y viabilizar el ejercicio de nuestros derechos constitucionales. Los diputados deben asumir una actitud proactiva y no reactiva. ¿Por qué deben esperar una decisión judicial que les diga qué hacer y cómo hacerlo? ¿Por qué no hacerlo por propia iniciativa?

Para el caso, los diputados electos saben que una de sus más trascendentales tareas en el período 2018-2021 será elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y magistrados de Corte de Cuentas. ¿Van a esperar que exista una sentencia que les diga que otra vez se hicieron mal las cosas, o van a anticiparse y confeccionar un proceso que cumpla con las más recientes líneas jurisprudenciales y estándares internacionales?

¿Van a seguir desarrollando elecciones con un proceso que ya ha comprobado hasta la saciedad que no permite premiar el mérito y que favorece el reparto de cuotas partidarias? ¿o van a estructurar uno nuevo que de paso a elecciones transparentes, reflexivas, motivadas y con participación ciudadana?

Los diputados deben entender que muchos de sus electores esperamos un cambio radical y un divorcio absoluto con las prácticas legislativas ya enquistadas, en las que el oscurantismo, el favoritismo y la indecencia ha prevalecido. Los diputados tienen que saber que nuestras exigencias no buscan en lo absoluto debilitar el sistema de partidos, sino que, por el contrario, intentan su fortalecimiento.

Por nuestra parte, tenemos que asumir también nuestro rol, vigilando de cerca lo que harán y lo que no harán los diputados ya electos. Los primeros días serán clave en ese ejercicio ciudadano. Tenemos que lograr que sientan que los tenemos en la mira.

@hsaenzm

¿Por qué no quieren jueces independientes? De Humberto Sáenz Marinero

Humberto Sáenz Marinero, presidente del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Humberto Sáenz Marinero, 8 febrero 2018 / El Diario de Hoy

En octubre del año pasado, el Consejo Nacional de la Judicatura publicó el listado de abogados que en principio podían aspirar a ocupar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. El famoso listado de “elegibles” quedó compuesto de más de 12,000 abogados.

Ese es un listado que no hace ningún tipo de valoración sobre los requisitos de moralidad o competencia notoria, ni mucho menos sobre la independencia judicial. Es apenas un primer barrido que se hace para saber quiénes tienen la edad requerida, quiénes han desempeñado la judicatura por más de 9 años o quiénes han obtenido su autorización como abogado desde hace al menos 10 años.

El universo de abogados en nuestro país ya supera el número de 35,000, pero de todos esos, es a partir de los “elegibles” que tienen que comenzar a identificarse el resto de características y requisitos exigibles.

El gremio de abogados es muy grande, y el listado de elegibles también lo es. Por eso cuesta entender y encontrar algún asomo de justificación, en los que promueven que de esos más de 12,000 abogados, se postulen profesionales que distan mucho de cumplir con las exigencias constitucionales.

La independencia judicial no es un invento de última hora, ni se trata —como algunos lo quieren hacer ver— de una exquisitez de unos pocos. En el caso de nuestro país, el art. 172 de la Constitución dice expresamente que los magistrados y jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son —y deben mantenerse— independientes. Las sentencias de la Sala de lo Constitucional no han venido sino a explicar algo que ya estaba ahí.

Pero hay quienes en su afán por desconocer lo anterior, dicen que no pasa nada si tenemos magistrados formal o materialmente vinculados a partidos políticos, porque la independencia debe ejercerse al momento de conocer el caso concreto y no de manera anticipada; así intentan justificar postulaciones que ahora asustan a quienes queremos vivir en una democracia. Eso es una forma distorsionada de entender la exigencia constitucional de independencia.

En realidad, no podemos tener jueces ni magistrados, que apriorísticamente se coloquen en una situación tal, que su razonamiento y juzgamiento pueda estar enormemente influido y hasta comprometido por su vinculación partidaria. Eso es una contradicción del sistema de frenos y contrapesos.

Esto equivale a lo que muchas veces vemos en la Asamblea Legislativa cuando se aprueban leyes que ya todo mundo sabe que están mal o que violentan derechos constitucionales, pero que de todos modos se votan solo para ver qué pasa. No pueden elegirse jueces que de manera evidente no son independientes, solo para ver si en el camino logran su independencia; es un sinsentido.

Por supuesto que la independencia no solamente se aplica al ámbito político. Ese es apenas el más evidente de todos.

Y es que, vista desde otra perspectiva, la independencia judicial nos atañe a todos; no solo a los abogados. Es un derecho de todos los ciudadanos y por eso debemos exigirlo. Así lo ha reconocido la Convención Americana sobre Derechos Humanos al expresar que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Exactamente lo mismo señala el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Ese derecho ciudadano a tener jueces independientes ha llevado a muchísimos pronunciamientos judiciales en los que se ha quedado clarísimo que, en los procesos de elección de jueces, especialmente los referidos a las altas magistraturas, deben existir filtros que garanticen esa independencia.

Y entonces ¿por qué algunas asociaciones que dicen representar al gremio y que dicen representar a la ciudadanía, se empeñan en postular profesionales con ostensibles vínculos partidarios? ¿Qué hay detrás de esa pretensión? ¿Por qué de los más de 12,000 elegibles, se insiste en llevar a personas vinculadas al quehacer político partidario?

Valga destacar que la pertenencia o cercanía con partidos políticos no es en sí misma reprochable. De verdad pienso que los partidos políticos juegan un rol esencial en toda democracia, y que a partir de los mismos se puede contribuir muchísimo al desarrollo del país; cosa distinta es ver lo que tenemos.

Aun así, yo aplaudo y admiro a quienes con espíritu patriota se vinculan al quehacer partidario y quienes con honestidad quieren hacer país desde esa trinchera. Pero lo que pasa es que esa trinchera es excluyente de la otra y quienes pretenden ejercer la judicatura, deben entenderlo de una vez por todas.

La Fedaes. De Humberto Sáenz Marinero

No podemos ceder ante aquellos que sin ningún tipo de vergüenza manifiestan su insano deseo de controlar el Órgano Judicial, sin percatarse de que con ello anuncian su rechazo a uno de los pilares de todo Estado Democrático de Derecho.

Humberto Sáenz Marinero, presidente del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Humberto Sáenz Marinero, 18 octubre 2017 / EL DIARIO DE HOY

En 1967, cinco asociaciones de abogados decidieron constituir la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes), la cual se organizó con el propósito inicial de propiciar la armonía y la acción conjunta del gremio de abogados. Valga señalar que desde sus orígenes, los estatutos de Fedaes previeron una presidencia rotativa de un año, entre todas las asociaciones.

En 1997, Fedaes se vio en la necesidad de ajustar sus estatutos a lo previsto por la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro que por aquellos años recién entraba en vigencia. Para entonces, ya se habían incorporado 3 nuevas asociaciones de abogados con lo que Fedaes quedaba compuesta por 8 asociaciones.

También es oportuno mencionar que en los nuevos estatutos se decidió mantener la presidencia rotativa de un año entre todas las asociaciones y se estableció que cada asociación tendría 3 miembros propietarios y 3 suplentes designados en Junta Directiva aunque, eso sí, cada asociación contaría solamente con un voto.

Por otra parte, y como resultado de las reformas constitucionales derivadas de los acuerdos de paz, Fedaes adquirió un rol sumamente trascendental en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que, de acuerdo con nuestro texto constitucional, quince de los candidatos a ocupar las más altas magistraturas, deben provenir de las entidades representativas de los abogados en El Salvador.

En la práctica esto se traduce en que Fedaes, cada tres años, organiza y administra las elecciones en que el gremio de abogados elige a quince de sus pares, para que junto con otros quince propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura, formen el listado de elegibles que tendrán que ser considerados por la Asamblea Legislativa para la renovación de la Corte Suprema de Justicia.

Tal como lo prevén sus estatutos, hace unos días se llevó a cabo la elección de la Junta Directiva de Fedaes para el período 2017/2018, correspondiendo la presidencia – por los mismos estatutos – a la Asociación de Abogados de Oriente. Los demás cargos se reparten entre las otras asociaciones.

La Junta Directiva así electa tendrá a su cargo la administración del próximo proceso de elecciones de magistrados que el gremio llevará a cabo en 2018 y en el que, como resultado final, la Asamblea Legislativa deberá elegir a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y un magistrado adicional que podrá llegar a cualquiera de las otras 3 Salas que conforman la Corte.

La tarea, desde luego, entraña una responsabilidad enorme. Esta Junta Directiva de Fedaes deberá conducir un proceso completamente transparente, eficiente y participativo, en el que desde el arranque se puedan introducir los filtros adecuados para facilitar la labor legislativa y para entorpecer el odiado reparto de cuotas.

Las 8 asociaciones de abogados que forman la Fedaes tienen a su vez el compromiso de evidenciar que el gremio está dispuesto a manejar de forma diferente las cosas; que hay unidad de criterio en cuanto al objetivo de llevar a la Corte Suprema de Justicia a los mejores elementos, y que hemos entendido que debemos impulsar no solo la honorabilidad y competencia notoria de nuestros pares, sino también la independencia político partidaria, así como las capacidades y habilidades técnicas y gerenciales para los cargos.

Lo que se espera son 8 votos de 8 asociaciones de abogados que muestren querer privilegiar el mérito en este proceso que se avecina, que recuerden y revivan los orígenes de Fedaes, que den contenido al compromiso de velar por la buena administración de justicia, la efectividad de la carrera judicial y el correcto ejercicio de la profesión y que, con sus respectivas posiciones, contribuyan a la dignificación del gremio.

La ciudadanía, por su parte, debe convertirse en un fiscalizador activo y propositivo, abandonando cualquier asomo de apatía ante un proceso eleccionario que –como ya se ha visto- afecta directa y frontalmente los intereses ciudadanos.

Hemos avanzado en la administración de justicia y sin duda alguna hemos comenzado a disfrutar las mieles de la independencia judicial. Ahora no podemos retroceder; no podemos ceder ante aquellos que sin ningún tipo de vergüenza manifiestan su insano deseo de controlar el Órgano Judicial, sin percatarse de que con ello anuncian su rechazo a uno de los pilares de todo Estado Democrático de Derecho. Fedaes y las asociaciones que la integran tienen un compromiso histórico; hay que cumplirlo.

@hsaenzm

“Cumpliste, Estela… Gracias”. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto Sáenz Marinero, 24 junio 2017 / EDH

No quería volver a escribir sobre este tema, pero he cambiado de opinión. Hace unos días se cumplieron 32 años de la llamada “masacre de la Zona Rosa” en la que mi padre y muchas otras personas perdieron cruelmente sus vidas. Parece que fue hace mucho tiempo, pero la verdad es que el dolor está ahí; desaparece por momentos, aunque reaparece con mucha intensidad sobre todo en estos días, cuando los medios y redes sociales vuelven y vuelven con el tema.

Pero duele más porque hay quienes siguen sin comprender que no podemos continuar utilizando como armas las tragedias vividas durante el conflicto fratricida que nos desgarró por completo. Esta tragedia en particular se usa como moneda de cambio o como una airada y automática respuesta a señalamientos de otros atropellos y de otras barbaridades que también se cometieron en la guerra, de uno y otro lado. ¿Quieren investigar aquello? Investiguen también esto; ridícula y estúpida posición.

Para el caso, hace unos meses nos enteramos, a través de las redes sociales, que un grupo denominado “Colectivo de Víctimas del Terrorismo” estaba promoviendo una acción ante la Fiscalía General de la República, pidiendo se iniciaran investigaciones contra varias personas presuntamente vinculadas con la masacre de la Zona Rosa.

No sé bien lo que persiguen, pero sí sé que a nosotros nadie nos contactó, ni nos preguntó. Igual sé que a la familia del alumno que falleció junto a mi padre, tampoco le preguntaron. Por eso simplemente digo: no sé a quiénes es que supuestamente representan.

En todo caso ha sido en ese contexto que ha vuelto a divulgarse un video que en estos 32 años yo jamás había visto. Es un vídeo crudo que, como otros tantos, refleja las atrocidades de la guerra. Pero este es diferente a otros que ya había visto. En este, aparece mi madre afrontando lo que a partir de esa fecha sería su nueva realidad. Y es por eso que cambié de opinión.

Ya he dedicado algunas líneas a la memoria de mi padre, he hecho catarsis de esta terrible experiencia, he opinado que no valió la pena el conflicto, he pedido que no se use nuestro resurgido dolor para despotricar contra el adversario y he expresado que desde mi punto de vista, sí es posible la reconciliación en nuestro país. Pero me quedaba algo importantísimo que escribir y que no tiene disculpas no haberlo hecho antes.

Sobre la tumba de mi padre escuché a mi madre prometerle que sacaría adelante a sus hijos. Un par de años después leí que escribió en un periódico lo siguiente: “Han pasado 2 años, el tiempo vuela, pero tu nombre está grabado muy dentro de todos nosotros y como te lo prometí encima de tu cuerpo inerte, estoy llevando y sacando adelante a nuestros hijos y mientras Dios así lo disponga, lo seguiré haciendo”.

Yo no sé cómo lo hizo, pero lo cierto es que lo logró. Doy fe de sus tristes noches, de sus llantos de madrugada, de sus vacilaciones, sus tropiezos, sus vueltas a levantar, su inquebrantable espíritu de lucha, su resignación, su perdón, su férrea disciplina, su emprendimiento y su incansable afán por procurarnos bienestar, con cientos y cientos de limitaciones.

Por supuesto que existieron muchas personas que estuvieron cerca de ella y que contribuyeron enormemente en esa difícil tarea. A todos ellos, mis más profundos agradecimientos; jamás lo podremos pagar.

Pero al final fue ella quien lo hizo. Fue ella la que logró mantener un quebrantado hogar; la que buscó y se rebuscó porque lográramos completar nuestros estudios; la que soportó estoicamente las vicisitudes del día a día en nuestra niñez, nuestra adolescencia y nuestra juventud; la que con su ejemplo nos enseñó a trabajar desde pequeños y a no arrugar la cara a los problemas; la que supo transmitirnos alegría y esperanza cuando más lo necesitábamos.

No sé cómo lo hizo pero en medio de sus tribulaciones la vimos inmiscuida en casi todo. Ella estaba en nuestros eventos deportivos, en los acontecimientos académicos, acompañándonos en viajes escolares y hasta formando parte de juntas directivas en el colegio. Lo hizo al tiempo que nos exigía, nos corregía, manteniéndonos alejados de lo que ella consideraba que podría dañarnos.

Ella es la artífice y la protagonista. Pudimos hacerlo porque ella se lo propuso; lo hizo bien. Estoy convencido de que si lograra escuchar a mi padre, oiría que éste le diría: “Cumpliste, Estela… gracias”.

Lo hacemos en su nombre sus 3 hijos; Mario Antonio, Estela Lissette y yo te decimos: ¡cumpliste, madre… gracias!

@hsaenzm

Las elecciones no solo deben preocuparnos cuando hay elecciones. De Humberto Sáenz Marinero

Los nuevos desafíos se presentan en la conformación de la Juntas Receptoras de Votos, la implementación del voto en el exterior, el conteo de votos, los tiempos para emitir resultados, elección y rol de diputados suplentes, entre otros.

Humberto Sáenz Marinero, 26 mayo 2017 / EDH

Está claro que en nuestro país no hemos puesto suficiente atención a la materia electoral, y que eso ha provocado no pocos inconvenientes que se suman a los ya consabidos problemas con los que a nuestro país le está tocando lidiar.

Que no le hayamos puesto la suficiente atención al tema, no nos ha permitido entender a cabalidad la dinámica legislativa; dinámica que no es propia de nuestro país, sino que se repite en los distintos ordenamientos: la resistencia de los partidos políticos representados en el Órgano Legislativo, a quienes – en todas latitudes – les cuesta dictar reglas que entrañen autolimitaciones, o que lleven a regularizar su funcionamiento, o que prevean exigencias de transparencia o que incluso promuevan la imposición de correctivos y sanciones.

Se vuelve imprescindible comprender en su exacta medida esa realidad. Eso pondrá nuestras expectativas en su justa dimensión y nos permitirá, a los ciudadanos que no formamos parte de los partidos políticos, pero que queremos incidir en ellos, a las autoridades administrativas y a las autoridades judiciales, adoptar de mejor manera el rol protagónico que también nos corresponde en la reestructuración del eje articulador de nuestra convivencia democrática.

Por supuesto que eso no significa que los partidos políticos se desentiendan y dejen todo a terceros o se limiten a ir apagando incendios donde aparezcan las exigencias ciudadanas. Los bajos niveles de aceptación que hoy día tienen nuestros partidos, se deben en buena medida a su incapacidad para ajustarse a las nuevas realidades y a su empecinado esfuerzo por continuar con prácticas que riñen con las más sofisticadas exigencias de transparencia, rendición de cuentas y democracia interna.

Por otra parte, habiéndonos decantado por un sistema en que en un mismo órgano colegiado (el TSE) se realizan funciones administrativas y jurisdiccionales, y mientras tal sistema se mantenga, es imperativo que los jueces electorales adquieran plena conciencia de las responsabilidades que eso conlleva. Se están emitiendo sentencias equiparables a las de un tribunal judicial pero parece que hace falta darle contenido a las facultades constitucionales que por ende se despliegan.

Esto a su vez nos obliga a prestar más atención a la convivencia que debe existir entre la justicia electoral y la justicia constitucional. Podremos estar o no de acuerdo con lo que de constitucional se ha venido resolviendo, pero lo cierto es que ha sido la pereza y la desidia legislativa, la que en gran medida nos ha llevado a ese punto; y en varios casos, ha sido la inexcusable desobediencia.

Los partidos políticos se han negado a tocar temas sensibles o incómodos, por lo que la justicia constitucional ha sido el cauce sustituto que han ubicado las exigencias ciudadanas. Ahora es un fenómeno que no podemos seguir ignorando, ni tampoco podemos seguir analizándolo como un suceso esporádico.

Por el contrario, debemos buscar mecanismos que respetando siempre la institucionalidad y la separación de atribuciones, posibiliten una mejor sinergia de estas justicias. Entremos en serio a analizar si en el ámbito del derecho electoral, necesitamos propiciar una participación más directa de los jueces electorales en las acciones constitucionales; veamos si es necesario agotar siempre una instancia antes de acudir a la otra; propongamos herramientas que acerquen la justicia electoral a los ciudadanos.

Tengamos claro que la judicialización de la política no tiene nada de nuevo, y que el activismo judicial tampoco. Los jueces han ido ampliando el ámbito de sus decisiones, abarcando cuestiones que antaño correspondían de manera exclusiva a las instituciones políticas; son muchas las causas que explican este fenómeno.

Para el caso concreto, gracias a este rol que subsidiariamente ha tenido que ser asumido por la Sala de lo Constitucional, hemos pasado de un sistema de voto por bandera que limitaba al mínimo la participación ciudadana en la conformación de la Asamblea Legislativa, a un sistema donde podemos elegir con nombre y apellido a las personas que representarán a los distintos sectores de la sociedad.

Los nuevos desafíos se presentan en la conformación de la Juntas Receptoras de Votos, la implementación del voto en el exterior, el conteo de votos, los tiempos para emitir resultados, elección y rol de diputados suplentes, entre otros.

Y sin duda, una de las tareas más importantes que tenemos que comenzar a trabajar ya, es el replanteamiento del rol del TSE, buscando que este se convierta de verdad en la máxima autoridad en materia electoral; todo esto, en favor y máxima garantía de los derechos de todos los votantes.

Por último, los ciudadanos tenemos que comprender que esto no solo nos debe preocupar al estar cerca de un proceso eleccionario. Hay que entender que se trata de una materia que tiene enormes repercusiones en la cotidianeidad, en nuestro día a día.

@hsaenzm

El Presidente debe comenzar a escuchar. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto Sáenz Marinero, 11 marzo 2017 / EDH

Están por cumplirse 3 años desde que el para entonces recién electo presidente, Salvador Sánchez Cerén, dijo durante su toma de posesión que quería una ciudadanía activa que hiciera contraloría social y que exigiera principios éticos a sus funcionarios. También insistió en la búsqueda de la unidad y el trabajo conjunto en procura de solucionar los problemas de nuestro país y ofreció ponerse al frente del sistema nacional de seguridad ciudadana.

Casi 3 años después de esas manifestaciones, vemos con pesar que las mismas han estado desprovistas de verdadero contenido y que, en el mejor de los casos, se han traducido en muestras indiscutibles de improvisación gubernamental.

En efecto, en el gobierno del presidente Sánchez Cerén, no ha caído nada en gracia la contraloría ciudadana que, hoy más que antes, ha tomado plena conciencia de su rol y que por ello exige mejores y más transparentes comportamientos de sus funcionarios.

Se creó una Secretaría que dice ser de Transparencia, pero de la cual ya nos cansamos de hacer notar que en la práctica se ha convertido en una especie de defensora oficiosa de los desaciertos del gobierno y que en lugar de propiciar el acceso a la información pública, se ha dedicado a justificar el oscurantismo invocando prácticas que imputa a gobiernos pasados, como si eso le diera justificación suficiente para no cumplir con el rol que le ha sido encomendado.

Cuando los ciudadanos hemos cuestionado el innecesario crecimiento del aparato estatal, la inexistencia de una política de austeridad impulsada y vigilada desde el Órgano Ejecutivo, las deficiencias en los programas sociales, los problemas que día a día viven alumnos y enfermos en escuelas y hospitales, la carencia de una responsable estrategia fiscal y otras, la respuesta que se recibe de todo el aparataje gubernamental es una sola: “se critica porque se quiere desestabilizar y entorpecer la gestión del actual gobierno; lo que se intenta es favorecer a nuestros oponentes político partidarios”.

Hace 3 años se dijo que se quería que los ciudadanos exigiéramos, pero cuando lo hacemos individualmente o a través de diferentes organizaciones sociales, se responde con vehemencia, descalificando apriorísticamente y sin poner ni el más mínimo de atención a las exigencias. Mucho menos se intenta corregir lo que se señala que está funcionando mal.

Las encuestas muestran que hay un descontento generalizado en la población, y si bien es cierto no se pueden ni deben sacar conclusiones categóricas de estas encuestas, ni mucho menos deben utilizarse para elaborar sobre sus resultados las políticas públicas, también es cierto que no pueden desatenderse como si nada pasara.

Pero parece que no hay nada que corregir según lo ven las autoridades. Resulta inverosímil que a estas alturas, luego de casi 3 años, el presidente no haya separado de su cargo a ni un solo funcionario de su gabinete. No puede ser que a la fecha no se haya percatado que hay muchos de sus funcionarios que están haciendo un papel terrible al frente de las instituciones.

No se puede defender a ultranza una mala gestión y no se debe permanecer en silencio como si lo que ocurre no se conoce al interior de la casa presidencial. Casi 3 años después, no es posible que no se hayan dado cuenta que necesitamos un cambio de timón y que requerimos de nuevos funcionarios que con objetividad intenten enderezar las instituciones que hoy no están funcionando.

Hace casi 3 años se hizo un llamado a trabajar unidos y a escuchar propuestas, pero –hasta la fecha – no ha existido manera de hacerlo en serio en prácticamente ningún tema. La posición ha sido tan unilateral e irreflexiva, que con anticipación se descalifica cualquier esfuerzo ciudadano. Y sino, veamos lo que ha ocurrido con la más reciente propuesta para modificar el sistema previsional. El presidente ni conocía la propuesta cuando ya se había escuchado a su alrededor la posibilidad de un veto presidencial.

Han pasado casi 3 años y el problema de la inseguridad ciudadana no ha podido tener un tratamiento adecuado. El presidente nos dijo que se pondría al frente en el manejo del fenómeno delincuencial, pero en realidad no lo hemos podido tener más lejos.

Queda tan solo la mitad del período presidencial. El presidente tiene que comenzar a escuchar con empatía las críticas de quienes queremos un mejor El Salvador y queremos trabajar unidos para ello. Por cierto, debe entender que los festivales sabatinos, en la forma en que están siendo organizados, contribuyen a mantenerle casi inmune a la crítica; eso no es bueno.

@hsaenzm

Fondos públicos que nadie controla. De Humberto Sáenz Marinero

Se han asignado cantidades importantes de dinero a entidades con evidentes vínculos formales y reales con algunos de los legisladores, sin que estos expliquen por qué es que se ha elegido a esas entidades.

Humberto Sáenz Marinero, 3 enero 2017 / EDH

Poco a poco nos hemos ido enterando de una práctica que se ha venido enquistando en la Asamblea Legislativa; una de esas tantas malas prácticas que no puede continuar acuerpándose en el insensato argumento de que “eso siempre se ha hecho así y nadie ha dicho nada”.

La Asamblea Legislativa ha venido incluyendo en su presupuesto una millonaria partida que está destinada a financiar supuestas actividades de asociaciones, fundaciones y universidades. Parto por señalar que estoy convencido de que, en algunos de esos casos, las entidades que han recibido los fondos públicos han hecho un adecuado uso de ellos y que los fines son loables; pero no es ese el punto.

El punto es en realidad más sencillo y pasa por preguntarse ¿por qué la Asamblea Legislativa tiene que estar realizando estas donaciones? Personalmente no encuentro ninguna justificación ni habilitación legal para que sea este el mecanismo a utilizar para destinar fondos públicos a entidades privadas, pero asumiendo – sin conceder – que alguna justificación existe, no cabe duda que el procedimiento de asignación de fondos públicos debe realizarse dentro de un proceso completamente transparente y estructurado de manera tal, que se elimine la discrecionalidad con la que hasta la fecha se han venido repartiendo esos fondos.

A la fecha, se han asignado cantidades importantes de dinero a entidades con evidentes vínculos formales y reales con algunos de los legisladores, sin que estos expliquen a la ciudadanía por qué es que se ha elegido precisamente a esas entidades y no a otras.

Con lo poco que ya conocemos, los conflictos de interés saltan a la vista y vuelven ostensible el hecho de que este mecanismo alienta el clientelismo político, resta independencia a los destinatarios de los fondos y genera especulaciones adicionales en el delicado tema del financiamiento de los partidos políticos.

Todavía más grave, la Asamblea Legislativa no ejerce ningún tipo de control sobre los fondos así repartidos, llegando hasta el colmo de que algunos diputados han dicho que ni siquiera sabían de su existencia, a pesar de que lo han venido aprobando año con año.  Que no conozcan ni lo que aprueban dice mucho del trabajo legislativo.

Insisto en que no encuentro justificación ni habilitación legal para que la Asamblea esté repartiendo estos fondos, pero, como mínimo, si la intención es continuar con esa práctica, tal actividad debería pasar por una licitación o concurso que permita una mejor asignación de estos. Con claros términos de referencia, las entidades que requieren de financiamiento público, tendrían que explicar con detalle por qué requieren de esas cantidades de dinero, cuáles serán las actividades para las que destinarán las mismas y cuáles serán los resultados medibles que se esperan.
Y con claros términos de referencia, la Asamblea Legislativa tendría que tomar sus decisiones apegadas completamente a ellos dejando de lado preferencias partidarias o compromisos políticos.

En todo eso asusta que la Corte de Cuentas de la República se haya mantenido completamente omisa todos estos años, y que no haya sido sino hasta ahora que reaccionen ante el pedido de fiscalización hecho por representantes de Acción Ciudadana.

Hemos escuchado de algunas propuestas que pretenden introducir reformas legislativas para que la Corte de Cuentas audite estos fondos; pero lo cierto es que la normativa actual ya establece esa facultad que incluso deviene en una obligación. Es nuestra Constitución la que impone a la Corte de Cuentas la obligación de vigilar la erogación de los fondos públicos, así como la fiscalización de la gestión económica de cualquier entidad que reciba fondos del Estado, con lo cual no hay necesidad de esperar una reforma legislativa para que la Corte de Cuentas haga lo que le corresponde hacer.

¿Qué es lo que están haciendo estas entidades? ¿De verdad están realizando obras de beneficio para las comunidades? ¿A quién le rinden cuentas? ¿A quién le informan si lograron cumplir con sus objetivos? ¿Quiénes trabajan en esas entidades y qué vínculos tienen con sus donantes? Son preguntas cuya respuesta no conocemos porque las instituciones que deben vigilar, no lo han hecho.

Como en muchos otros problemas que aquejan a nuestro país, en este caso ha tenido que ser la sociedad civil y el periodismo investigativo los que han tenido que suplir las deficiencias y desidia institucional, pero aún es tiempo para que los funcionarios que se encuentran al frente de la Asamblea Legislativa, Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República y Tribunal de Ética Gubernamental sancionen y corrijan este yerro que se viene cometiendo desde hace varios años. Les estamos esperando.

Ha sido la acción ciudadana. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto Sáenz Marinero, 17 diciembre 2016 / EDH

Hace unos días, Daniel Olmedo escribía que esa sensación que muchos tenemos de que ya hay instituciones que están funcionando en el combate a la corrupción, en realidad inició con un ciudadano que solicitó una declaración de probidad y que luego continuó con un grupo de funcionarios que se tomaron en serio su trabajo, destacando entre ellos el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la Corte en pleno, la Fiscalía General de la República y los tribunales de segunda instancia en materia civil.

Daniel destacaba que no fueron necesarias ningún tipo de reformas legislativas, ni dotar de mayor presupuesto a las instituciones, lo cual desde luego no significa que no se requieran. En realidad, solamente se necesitó que un ciudadano hiciera uso correcto de las herramientas de control a su alcance y que un grupo de funcionarios se propusiera cumplir con su mandato constitucional aún y cuando no se contara con la normativa más adecuada.

En efecto, a estas alturas ha quedado demostrado de lo que es capaz la ciudadanía organizada. El año 2016 ha sido aleccionador en ese sentido. Para el caso, valga resaltar los esfuerzos liderados por Acción Ciudadana para exigir que los partidos políticos transparenten sus fuentes de financiamiento y el destino de estos fondos.

Como ese esfuerzo, hay muchos otros encaminados a evitar omisiones legislativas en la elecciones de segundo grado de los funcionarios o que buscan que estos procesos de elección se realicen en fiel apego a las exigencias constitucionales.

Propuestas legislativas, divulgación de información de interés público, defensa de intereses gremiales, peticiones de investigación en la Fiscalía General de la República, defensa de la institucionalidad y la separación de poderes y hasta el decidido apoyo a la labor desempeñada por algunas instituciones que están dando muestras de querer combatir la impunidad, han sido comunes en este 2016.

Así, ha sido la acción ciudadana la que ha llegado hasta el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Supremo Electoral, la Sala de lo Constitucional, los partidos políticos y el Ministerio de Hacienda. Y han sido estas instituciones – unas bien, otras no tan bien y otras mal – las que han dado respuesta a las peticiones y acciones iniciadas por la ciudadanía organizada y las que han permitido que poco a poco comencemos a conocer la información relacionada con el financiamiento político.

Ha sido la acción ciudadana la que ha promovido acciones encaminadas a sancionar a funcionarios que presumiblemente están haciendo uso indebido de los bienes del Estado. Claro está que más que las sanciones, interesa el establecimiento de precedentes que contribuyan a erradicar este tipo de prácticas.

Y ha sido la acción ciudadana la que a partir de investigaciones periodísticas, ha puesto el dedo sobre la llaga al pedir que la Corte de Cuentas de la República audite los fondos que en la Asamblea Legislativa se han estado repartiendo a organizaciones privadas, toda vez que ya se ha conocido que existen organizaciones muy vinculadas a partidos políticos, que sin ningún tipo de procedimiento y en la más absoluta oscuridad, han estado recibiendo fondos públicos.

Se trata de un fenómeno que seguramente va a arreciar en 2017. Se camine por donde se camine, es evidente que cada vez existen más personas que se quieren sumar a este tipo de esfuerzos porque se han cansado de lamentarse, criticar y escuchar las reacciones que Erika Saldaña bien describe como “absurdas excusas de colegio”.

Las instituciones que ya están funcionando deberán mantenerse a la altura de las expectativas ciudadanas y las que –como Corte de Cuentas y Tribunal de Ética Gubernamental– todavía no funcionan bien, deberán comenzar a hacerlo. No les queda mucho espacio porque las exigencias ciudadanas no van a desaparecer.

En realidad, y aprovechando que en estos días se hace aún más propicia la reflexión, los propósitos de enmienda y el establecimiento de objetivos para el próximo año, todos deberíamos incluir el hecho de hacer un poco de patria, de dejar la comodidad de nuestros hogares, universidades, oficinas o puestos de trabajo. No es retórica decir que el país nos necesita.

Aprovecho para desear a todos los ciudadanos que de verdad quieren contribuir con el país, un exitoso y bendecido año 2017.

@hsaenzm