Humberto Sáenz Marinero

“Cumpliste, Estela… Gracias”. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto Sáenz Marinero, 24 junio 2017 / EDH

No quería volver a escribir sobre este tema, pero he cambiado de opinión. Hace unos días se cumplieron 32 años de la llamada “masacre de la Zona Rosa” en la que mi padre y muchas otras personas perdieron cruelmente sus vidas. Parece que fue hace mucho tiempo, pero la verdad es que el dolor está ahí; desaparece por momentos, aunque reaparece con mucha intensidad sobre todo en estos días, cuando los medios y redes sociales vuelven y vuelven con el tema.

Pero duele más porque hay quienes siguen sin comprender que no podemos continuar utilizando como armas las tragedias vividas durante el conflicto fratricida que nos desgarró por completo. Esta tragedia en particular se usa como moneda de cambio o como una airada y automática respuesta a señalamientos de otros atropellos y de otras barbaridades que también se cometieron en la guerra, de uno y otro lado. ¿Quieren investigar aquello? Investiguen también esto; ridícula y estúpida posición.

Para el caso, hace unos meses nos enteramos, a través de las redes sociales, que un grupo denominado “Colectivo de Víctimas del Terrorismo” estaba promoviendo una acción ante la Fiscalía General de la República, pidiendo se iniciaran investigaciones contra varias personas presuntamente vinculadas con la masacre de la Zona Rosa.

No sé bien lo que persiguen, pero sí sé que a nosotros nadie nos contactó, ni nos preguntó. Igual sé que a la familia del alumno que falleció junto a mi padre, tampoco le preguntaron. Por eso simplemente digo: no sé a quiénes es que supuestamente representan.

En todo caso ha sido en ese contexto que ha vuelto a divulgarse un video que en estos 32 años yo jamás había visto. Es un vídeo crudo que, como otros tantos, refleja las atrocidades de la guerra. Pero este es diferente a otros que ya había visto. En este, aparece mi madre afrontando lo que a partir de esa fecha sería su nueva realidad. Y es por eso que cambié de opinión.

Ya he dedicado algunas líneas a la memoria de mi padre, he hecho catarsis de esta terrible experiencia, he opinado que no valió la pena el conflicto, he pedido que no se use nuestro resurgido dolor para despotricar contra el adversario y he expresado que desde mi punto de vista, sí es posible la reconciliación en nuestro país. Pero me quedaba algo importantísimo que escribir y que no tiene disculpas no haberlo hecho antes.

Sobre la tumba de mi padre escuché a mi madre prometerle que sacaría adelante a sus hijos. Un par de años después leí que escribió en un periódico lo siguiente: “Han pasado 2 años, el tiempo vuela, pero tu nombre está grabado muy dentro de todos nosotros y como te lo prometí encima de tu cuerpo inerte, estoy llevando y sacando adelante a nuestros hijos y mientras Dios así lo disponga, lo seguiré haciendo”.

Yo no sé cómo lo hizo, pero lo cierto es que lo logró. Doy fe de sus tristes noches, de sus llantos de madrugada, de sus vacilaciones, sus tropiezos, sus vueltas a levantar, su inquebrantable espíritu de lucha, su resignación, su perdón, su férrea disciplina, su emprendimiento y su incansable afán por procurarnos bienestar, con cientos y cientos de limitaciones.

Por supuesto que existieron muchas personas que estuvieron cerca de ella y que contribuyeron enormemente en esa difícil tarea. A todos ellos, mis más profundos agradecimientos; jamás lo podremos pagar.

Pero al final fue ella quien lo hizo. Fue ella la que logró mantener un quebrantado hogar; la que buscó y se rebuscó porque lográramos completar nuestros estudios; la que soportó estoicamente las vicisitudes del día a día en nuestra niñez, nuestra adolescencia y nuestra juventud; la que con su ejemplo nos enseñó a trabajar desde pequeños y a no arrugar la cara a los problemas; la que supo transmitirnos alegría y esperanza cuando más lo necesitábamos.

No sé cómo lo hizo pero en medio de sus tribulaciones la vimos inmiscuida en casi todo. Ella estaba en nuestros eventos deportivos, en los acontecimientos académicos, acompañándonos en viajes escolares y hasta formando parte de juntas directivas en el colegio. Lo hizo al tiempo que nos exigía, nos corregía, manteniéndonos alejados de lo que ella consideraba que podría dañarnos.

Ella es la artífice y la protagonista. Pudimos hacerlo porque ella se lo propuso; lo hizo bien. Estoy convencido de que si lograra escuchar a mi padre, oiría que éste le diría: “Cumpliste, Estela… gracias”.

Lo hacemos en su nombre sus 3 hijos; Mario Antonio, Estela Lissette y yo te decimos: ¡cumpliste, madre… gracias!

@hsaenzm

Las elecciones no solo deben preocuparnos cuando hay elecciones. De Humberto Sáenz Marinero

Los nuevos desafíos se presentan en la conformación de la Juntas Receptoras de Votos, la implementación del voto en el exterior, el conteo de votos, los tiempos para emitir resultados, elección y rol de diputados suplentes, entre otros.

Humberto Sáenz Marinero, 26 mayo 2017 / EDH

Está claro que en nuestro país no hemos puesto suficiente atención a la materia electoral, y que eso ha provocado no pocos inconvenientes que se suman a los ya consabidos problemas con los que a nuestro país le está tocando lidiar.

Que no le hayamos puesto la suficiente atención al tema, no nos ha permitido entender a cabalidad la dinámica legislativa; dinámica que no es propia de nuestro país, sino que se repite en los distintos ordenamientos: la resistencia de los partidos políticos representados en el Órgano Legislativo, a quienes – en todas latitudes – les cuesta dictar reglas que entrañen autolimitaciones, o que lleven a regularizar su funcionamiento, o que prevean exigencias de transparencia o que incluso promuevan la imposición de correctivos y sanciones.

Se vuelve imprescindible comprender en su exacta medida esa realidad. Eso pondrá nuestras expectativas en su justa dimensión y nos permitirá, a los ciudadanos que no formamos parte de los partidos políticos, pero que queremos incidir en ellos, a las autoridades administrativas y a las autoridades judiciales, adoptar de mejor manera el rol protagónico que también nos corresponde en la reestructuración del eje articulador de nuestra convivencia democrática.

Por supuesto que eso no significa que los partidos políticos se desentiendan y dejen todo a terceros o se limiten a ir apagando incendios donde aparezcan las exigencias ciudadanas. Los bajos niveles de aceptación que hoy día tienen nuestros partidos, se deben en buena medida a su incapacidad para ajustarse a las nuevas realidades y a su empecinado esfuerzo por continuar con prácticas que riñen con las más sofisticadas exigencias de transparencia, rendición de cuentas y democracia interna.

Por otra parte, habiéndonos decantado por un sistema en que en un mismo órgano colegiado (el TSE) se realizan funciones administrativas y jurisdiccionales, y mientras tal sistema se mantenga, es imperativo que los jueces electorales adquieran plena conciencia de las responsabilidades que eso conlleva. Se están emitiendo sentencias equiparables a las de un tribunal judicial pero parece que hace falta darle contenido a las facultades constitucionales que por ende se despliegan.

Esto a su vez nos obliga a prestar más atención a la convivencia que debe existir entre la justicia electoral y la justicia constitucional. Podremos estar o no de acuerdo con lo que de constitucional se ha venido resolviendo, pero lo cierto es que ha sido la pereza y la desidia legislativa, la que en gran medida nos ha llevado a ese punto; y en varios casos, ha sido la inexcusable desobediencia.

Los partidos políticos se han negado a tocar temas sensibles o incómodos, por lo que la justicia constitucional ha sido el cauce sustituto que han ubicado las exigencias ciudadanas. Ahora es un fenómeno que no podemos seguir ignorando, ni tampoco podemos seguir analizándolo como un suceso esporádico.

Por el contrario, debemos buscar mecanismos que respetando siempre la institucionalidad y la separación de atribuciones, posibiliten una mejor sinergia de estas justicias. Entremos en serio a analizar si en el ámbito del derecho electoral, necesitamos propiciar una participación más directa de los jueces electorales en las acciones constitucionales; veamos si es necesario agotar siempre una instancia antes de acudir a la otra; propongamos herramientas que acerquen la justicia electoral a los ciudadanos.

Tengamos claro que la judicialización de la política no tiene nada de nuevo, y que el activismo judicial tampoco. Los jueces han ido ampliando el ámbito de sus decisiones, abarcando cuestiones que antaño correspondían de manera exclusiva a las instituciones políticas; son muchas las causas que explican este fenómeno.

Para el caso concreto, gracias a este rol que subsidiariamente ha tenido que ser asumido por la Sala de lo Constitucional, hemos pasado de un sistema de voto por bandera que limitaba al mínimo la participación ciudadana en la conformación de la Asamblea Legislativa, a un sistema donde podemos elegir con nombre y apellido a las personas que representarán a los distintos sectores de la sociedad.

Los nuevos desafíos se presentan en la conformación de la Juntas Receptoras de Votos, la implementación del voto en el exterior, el conteo de votos, los tiempos para emitir resultados, elección y rol de diputados suplentes, entre otros.

Y sin duda, una de las tareas más importantes que tenemos que comenzar a trabajar ya, es el replanteamiento del rol del TSE, buscando que este se convierta de verdad en la máxima autoridad en materia electoral; todo esto, en favor y máxima garantía de los derechos de todos los votantes.

Por último, los ciudadanos tenemos que comprender que esto no solo nos debe preocupar al estar cerca de un proceso eleccionario. Hay que entender que se trata de una materia que tiene enormes repercusiones en la cotidianeidad, en nuestro día a día.

@hsaenzm

El Presidente debe comenzar a escuchar. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto Sáenz Marinero, 11 marzo 2017 / EDH

Están por cumplirse 3 años desde que el para entonces recién electo presidente, Salvador Sánchez Cerén, dijo durante su toma de posesión que quería una ciudadanía activa que hiciera contraloría social y que exigiera principios éticos a sus funcionarios. También insistió en la búsqueda de la unidad y el trabajo conjunto en procura de solucionar los problemas de nuestro país y ofreció ponerse al frente del sistema nacional de seguridad ciudadana.

Casi 3 años después de esas manifestaciones, vemos con pesar que las mismas han estado desprovistas de verdadero contenido y que, en el mejor de los casos, se han traducido en muestras indiscutibles de improvisación gubernamental.

En efecto, en el gobierno del presidente Sánchez Cerén, no ha caído nada en gracia la contraloría ciudadana que, hoy más que antes, ha tomado plena conciencia de su rol y que por ello exige mejores y más transparentes comportamientos de sus funcionarios.

Se creó una Secretaría que dice ser de Transparencia, pero de la cual ya nos cansamos de hacer notar que en la práctica se ha convertido en una especie de defensora oficiosa de los desaciertos del gobierno y que en lugar de propiciar el acceso a la información pública, se ha dedicado a justificar el oscurantismo invocando prácticas que imputa a gobiernos pasados, como si eso le diera justificación suficiente para no cumplir con el rol que le ha sido encomendado.

Cuando los ciudadanos hemos cuestionado el innecesario crecimiento del aparato estatal, la inexistencia de una política de austeridad impulsada y vigilada desde el Órgano Ejecutivo, las deficiencias en los programas sociales, los problemas que día a día viven alumnos y enfermos en escuelas y hospitales, la carencia de una responsable estrategia fiscal y otras, la respuesta que se recibe de todo el aparataje gubernamental es una sola: “se critica porque se quiere desestabilizar y entorpecer la gestión del actual gobierno; lo que se intenta es favorecer a nuestros oponentes político partidarios”.

Hace 3 años se dijo que se quería que los ciudadanos exigiéramos, pero cuando lo hacemos individualmente o a través de diferentes organizaciones sociales, se responde con vehemencia, descalificando apriorísticamente y sin poner ni el más mínimo de atención a las exigencias. Mucho menos se intenta corregir lo que se señala que está funcionando mal.

Las encuestas muestran que hay un descontento generalizado en la población, y si bien es cierto no se pueden ni deben sacar conclusiones categóricas de estas encuestas, ni mucho menos deben utilizarse para elaborar sobre sus resultados las políticas públicas, también es cierto que no pueden desatenderse como si nada pasara.

Pero parece que no hay nada que corregir según lo ven las autoridades. Resulta inverosímil que a estas alturas, luego de casi 3 años, el presidente no haya separado de su cargo a ni un solo funcionario de su gabinete. No puede ser que a la fecha no se haya percatado que hay muchos de sus funcionarios que están haciendo un papel terrible al frente de las instituciones.

No se puede defender a ultranza una mala gestión y no se debe permanecer en silencio como si lo que ocurre no se conoce al interior de la casa presidencial. Casi 3 años después, no es posible que no se hayan dado cuenta que necesitamos un cambio de timón y que requerimos de nuevos funcionarios que con objetividad intenten enderezar las instituciones que hoy no están funcionando.

Hace casi 3 años se hizo un llamado a trabajar unidos y a escuchar propuestas, pero –hasta la fecha – no ha existido manera de hacerlo en serio en prácticamente ningún tema. La posición ha sido tan unilateral e irreflexiva, que con anticipación se descalifica cualquier esfuerzo ciudadano. Y sino, veamos lo que ha ocurrido con la más reciente propuesta para modificar el sistema previsional. El presidente ni conocía la propuesta cuando ya se había escuchado a su alrededor la posibilidad de un veto presidencial.

Han pasado casi 3 años y el problema de la inseguridad ciudadana no ha podido tener un tratamiento adecuado. El presidente nos dijo que se pondría al frente en el manejo del fenómeno delincuencial, pero en realidad no lo hemos podido tener más lejos.

Queda tan solo la mitad del período presidencial. El presidente tiene que comenzar a escuchar con empatía las críticas de quienes queremos un mejor El Salvador y queremos trabajar unidos para ello. Por cierto, debe entender que los festivales sabatinos, en la forma en que están siendo organizados, contribuyen a mantenerle casi inmune a la crítica; eso no es bueno.

@hsaenzm

Fondos públicos que nadie controla. De Humberto Sáenz Marinero

Se han asignado cantidades importantes de dinero a entidades con evidentes vínculos formales y reales con algunos de los legisladores, sin que estos expliquen por qué es que se ha elegido a esas entidades.

Humberto_Saenz_MarineroHumberto Sáenz Marinero, 3 enero 2017 / EDH

Poco a poco nos hemos ido enterando de una práctica que se ha venido enquistando en la Asamblea Legislativa; una de esas tantas malas prácticas que no puede continuar acuerpándose en el insensato argumento de que “eso siempre se ha hecho así y nadie ha dicho nada”.

La Asamblea Legislativa ha venido incluyendo en su presupuesto una millonaria partida que está destinada a financiar supuestas actividades de asociaciones, fundaciones y universidades. Parto por señalar que estoy convencido de que, en algunos de esos casos, las entidades que han recibido los fondos públicos han hecho un adecuado uso de ellos y que los fines son loables; pero no es ese el punto.

diario hoyEl punto es en realidad más sencillo y pasa por preguntarse ¿por qué la Asamblea Legislativa tiene que estar realizando estas donaciones? Personalmente no encuentro ninguna justificación ni habilitación legal para que sea este el mecanismo a utilizar para destinar fondos públicos a entidades privadas, pero asumiendo – sin conceder – que alguna justificación existe, no cabe duda que el procedimiento de asignación de fondos públicos debe realizarse dentro de un proceso completamente transparente y estructurado de manera tal, que se elimine la discrecionalidad con la que hasta la fecha se han venido repartiendo esos fondos.

A la fecha, se han asignado cantidades importantes de dinero a entidades con evidentes vínculos formales y reales con algunos de los legisladores, sin que estos expliquen a la ciudadanía por qué es que se ha elegido precisamente a esas entidades y no a otras.

Con lo poco que ya conocemos, los conflictos de interés saltan a la vista y vuelven ostensible el hecho de que este mecanismo alienta el clientelismo político, resta independencia a los destinatarios de los fondos y genera especulaciones adicionales en el delicado tema del financiamiento de los partidos políticos.

Todavía más grave, la Asamblea Legislativa no ejerce ningún tipo de control sobre los fondos así repartidos, llegando hasta el colmo de que algunos diputados han dicho que ni siquiera sabían de su existencia, a pesar de que lo han venido aprobando año con año.  Que no conozcan ni lo que aprueban dice mucho del trabajo legislativo.

Insisto en que no encuentro justificación ni habilitación legal para que la Asamblea esté repartiendo estos fondos, pero, como mínimo, si la intención es continuar con esa práctica, tal actividad debería pasar por una licitación o concurso que permita una mejor asignación de estos. Con claros términos de referencia, las entidades que requieren de financiamiento público, tendrían que explicar con detalle por qué requieren de esas cantidades de dinero, cuáles serán las actividades para las que destinarán las mismas y cuáles serán los resultados medibles que se esperan.
Y con claros términos de referencia, la Asamblea Legislativa tendría que tomar sus decisiones apegadas completamente a ellos dejando de lado preferencias partidarias o compromisos políticos.

En todo eso asusta que la Corte de Cuentas de la República se haya mantenido completamente omisa todos estos años, y que no haya sido sino hasta ahora que reaccionen ante el pedido de fiscalización hecho por representantes de Acción Ciudadana.

Hemos escuchado de algunas propuestas que pretenden introducir reformas legislativas para que la Corte de Cuentas audite estos fondos; pero lo cierto es que la normativa actual ya establece esa facultad que incluso deviene en una obligación. Es nuestra Constitución la que impone a la Corte de Cuentas la obligación de vigilar la erogación de los fondos públicos, así como la fiscalización de la gestión económica de cualquier entidad que reciba fondos del Estado, con lo cual no hay necesidad de esperar una reforma legislativa para que la Corte de Cuentas haga lo que le corresponde hacer.

¿Qué es lo que están haciendo estas entidades? ¿De verdad están realizando obras de beneficio para las comunidades? ¿A quién le rinden cuentas? ¿A quién le informan si lograron cumplir con sus objetivos? ¿Quiénes trabajan en esas entidades y qué vínculos tienen con sus donantes? Son preguntas cuya respuesta no conocemos porque las instituciones que deben vigilar, no lo han hecho.

Como en muchos otros problemas que aquejan a nuestro país, en este caso ha tenido que ser la sociedad civil y el periodismo investigativo los que han tenido que suplir las deficiencias y desidia institucional, pero aún es tiempo para que los funcionarios que se encuentran al frente de la Asamblea Legislativa, Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República y Tribunal de Ética Gubernamental sancionen y corrijan este yerro que se viene cometiendo desde hace varios años. Les estamos esperando.

Ha sido la acción ciudadana. De Humberto Sáenz Marinero

humberto saenzHumberto Sáenz Marinero, 17 diciembre 2016 / EDH

Hace unos días, Daniel Olmedo escribía que esa sensación que muchos tenemos de que ya hay instituciones que están funcionando en el combate a la corrupción, en realidad inició con un ciudadano que solicitó una declaración de probidad y que luego continuó con un grupo de funcionarios que se tomaron en serio su trabajo, destacando entre ellos el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la Corte en pleno, la Fiscalía General de la República y los tribunales de segunda instancia en materia civil.

diario hoyDaniel destacaba que no fueron necesarias ningún tipo de reformas legislativas, ni dotar de mayor presupuesto a las instituciones, lo cual desde luego no significa que no se requieran. En realidad, solamente se necesitó que un ciudadano hiciera uso correcto de las herramientas de control a su alcance y que un grupo de funcionarios se propusiera cumplir con su mandato constitucional aún y cuando no se contara con la normativa más adecuada.

En efecto, a estas alturas ha quedado demostrado de lo que es capaz la ciudadanía organizada. El año 2016 ha sido aleccionador en ese sentido. Para el caso, valga resaltar los esfuerzos liderados por Acción Ciudadana para exigir que los partidos políticos transparenten sus fuentes de financiamiento y el destino de estos fondos.

Como ese esfuerzo, hay muchos otros encaminados a evitar omisiones legislativas en la elecciones de segundo grado de los funcionarios o que buscan que estos procesos de elección se realicen en fiel apego a las exigencias constitucionales.

Propuestas legislativas, divulgación de información de interés público, defensa de intereses gremiales, peticiones de investigación en la Fiscalía General de la República, defensa de la institucionalidad y la separación de poderes y hasta el decidido apoyo a la labor desempeñada por algunas instituciones que están dando muestras de querer combatir la impunidad, han sido comunes en este 2016.

Así, ha sido la acción ciudadana la que ha llegado hasta el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Supremo Electoral, la Sala de lo Constitucional, los partidos políticos y el Ministerio de Hacienda. Y han sido estas instituciones – unas bien, otras no tan bien y otras mal – las que han dado respuesta a las peticiones y acciones iniciadas por la ciudadanía organizada y las que han permitido que poco a poco comencemos a conocer la información relacionada con el financiamiento político.

Ha sido la acción ciudadana la que ha promovido acciones encaminadas a sancionar a funcionarios que presumiblemente están haciendo uso indebido de los bienes del Estado. Claro está que más que las sanciones, interesa el establecimiento de precedentes que contribuyan a erradicar este tipo de prácticas.

Y ha sido la acción ciudadana la que a partir de investigaciones periodísticas, ha puesto el dedo sobre la llaga al pedir que la Corte de Cuentas de la República audite los fondos que en la Asamblea Legislativa se han estado repartiendo a organizaciones privadas, toda vez que ya se ha conocido que existen organizaciones muy vinculadas a partidos políticos, que sin ningún tipo de procedimiento y en la más absoluta oscuridad, han estado recibiendo fondos públicos.

Se trata de un fenómeno que seguramente va a arreciar en 2017. Se camine por donde se camine, es evidente que cada vez existen más personas que se quieren sumar a este tipo de esfuerzos porque se han cansado de lamentarse, criticar y escuchar las reacciones que Erika Saldaña bien describe como “absurdas excusas de colegio”.

Las instituciones que ya están funcionando deberán mantenerse a la altura de las expectativas ciudadanas y las que –como Corte de Cuentas y Tribunal de Ética Gubernamental– todavía no funcionan bien, deberán comenzar a hacerlo. No les queda mucho espacio porque las exigencias ciudadanas no van a desaparecer.

En realidad, y aprovechando que en estos días se hace aún más propicia la reflexión, los propósitos de enmienda y el establecimiento de objetivos para el próximo año, todos deberíamos incluir el hecho de hacer un poco de patria, de dejar la comodidad de nuestros hogares, universidades, oficinas o puestos de trabajo. No es retórica decir que el país nos necesita.

Aprovecho para desear a todos los ciudadanos que de verdad quieren contribuir con el país, un exitoso y bendecido año 2017.

@hsaenzm

Ese mortífero poder de los jueces. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto_Saenz_MarineroHumberto Sáenz Marinero, 12 octubre 2016 / EDH

Siempre me ha gustado citar a Calamandrei y, sobre todo, a su obra el “Elogio de los jueces”. El jurista, político y periodista italiano, en la referida obra decía: El Estado siente como esencial el problema de la elección de los jueces, porque sabe que les confía un poder mortífero que, mal empleado, puede convertir en justa la injusticia, obligar a la majestad de la ley a hacerse paladín de la sinrazón e imprimir indeleblemente, sobre la cándida inocencia, el estigma sangriento que la confundirá para siempre con el delito.

diario hoyY agregaba: El juez es el derecho hecho hombre; solo de este hombre puedo esperar en la vida práctica la tutela que en abstracto me promete la ley; si este hombre sabe pronunciar a mi favor la palabra de la justicia, podré comprender que el derecho no es una sombra vana.

Estas palabras, escritas en 1935, conservan hoy día toda su actualidad aunque quizá hoy somos más los que las entendemos; al menos por estos rumbos. Digo esto porque poco a poco los ciudadanos hemos ido adquiriendo conciencia de la importancia que tiene el Órgano Judicial, ese que no estamos acostumbrados a escuchar y sobre el cual no estamos acostumbrados a hablar.

El Órgano Judicial ha dejado de ser preocupación exclusiva del gremio de abogados. Ahora es la ciudadanía la que clama por jueces independientes, honestos, académicamente preparados, profundamente conocedores del derecho, que sean conscientes de la realidad en que vivimos y que estén dispuestos a ejercer su facultad de imperio sin disimulo alguno.

La importancia que en nuestro país ha adquirido el Órgano Judicial es tal que importantes representantes de partidos políticos han manifestado públicamente su nefasto deseo de controlarlo, y por sus actuaciones tal parece que están dispuestos a intentarlo a cualquier precio. Ha quedado de manifiesto que ansían desesperados ese poder mortífero.

Pero ya que los ciudadanos hemos entendido la importancia de este Órgano, no podemos quedarnos impávidos antes los descarados esfuerzos por controlarlo, como tampoco debemos ignorar la existencia de malos elementos al interior del mismo.

Debemos unirnos a los esfuerzos encaminados a mantener la independencia del Órgano Judicial, así como a la lucha contra el enquistamiento de la corrupción y el crimen organizado, que lamentablemente ha carcomido buena parte de tan importante Órgano del Estado.

Tenemos que exigir que se depuren los malos jueces, que se aparte a todo aquel que no ha sabido llevar con dignidad la enorme responsabilidad que descansa sobre sus hombros, que se margine a aquel que no ha dimensionado a cabalidad lo que significa tener el poder de juzgar a sus semejantes y que se sancione a todo el que se haya prestado a vender justicia.

En ese sentido, las expresiones realizadas en los últimos días por varios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como las evidencias de que se han comenzado a hacer esfuerzos por profesionalizar y transparentar la labor de la Sección de Investigación Judicial, dejan un muy buen sabor de boca. Son buenas señales de que quizá esta vez, sí vamos a comenzar a ver una verdadera depuración judicial; ojalá así sea.

En ese mismo afán, ya no se pueden seguir callando las consabidas prácticas de ciertos jueces y empleados del Órgano Judicial. Si somos testigos de actos de corrupción o de arbitrariedades disfrazadas de resoluciones, tenemos los mecanismos para denunciarlo públicamente. Ahora podemos ser escuchados con mayor facilidad y tenemos muchas más herramientas al alcance de nuestras manos.

Desde luego que nosotros, los abogados, como operadores usuales del sistema judicial, somos los principalmente llamados a realizar estas denuncias y a no prestarnos a que se perpetúen prácticas alejadas de la legalidad que riñen con nuestro juramento y que, peor aún, nos convierte en cómplices directos de lo que tal vez solo en silencio denunciamos.

Tampoco podemos tolerar que intereses mezquinos, vengan de donde vengan, pretendan tomarse el Órgano Judicial. Si como ciudadanos queremos que en los tribunales se imparta justicia y queremos que el derecho no sea sombra vana, tenemos que preocuparnos porque los procesos de elección de jueces y los procesos de elección de quienes eligen a los jueces, cumplan con lo que ya dice la Constitución y las leyes.

Y esto último pasa por recordar que quienes en 2018 elegirán a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deben ser personas de notoria honradez e instrucción. Démosle contenido real a este requisito;  como ciudadanos tenemos que saber qué hacer para entonces.

@hsaenzm

Déjennos decidir esta vez. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto Saenz Marinero, abogadoHumberto Sáenz Marinero, 27 julio 2016 / EDH

Todos los salvadoreños aplaudimos el cese del conflicto armado en nuestro país. Con ello poníamos fin a un enfrentamiento fratricida que nos había causado mucho dolor. Tras varios años, todos estábamos claros que la postergación de la lucha solamente podría significar más muerte y más luto; era una guerra en la que todos estábamos perdiendo y en la que solo podíamos seguir perdiendo.

En mi caso y el de mis hermanos, para cuando se firmaron los acuerdos de paz, ya habíamos perdido a nuestro padre en la masacre de la Zona Rosa; nuestra madre había perdido a su esposo.

diario hoyCon esa dura realidad dimos la bienvenida a la paz y nos preparamos para vivir en ella. No supimos, sino hasta algún tiempo después, que los negociadores de los acuerdos y las autoridades de la época habían considerado que para impulsar y alcanzar la reconciliación nacional, era imprescindible conceder una amnistía amplia, absoluta e incondicional, a favor de todas las personas que en cualquier forma hubieran participado en hechos delictivos ocurridos antes del cese del conflicto.

No pretendo juzgar la conveniencia o necesidad de la decisión que en ese momento se tomó, ni mucho menos pretendo efectuar un análisis jurídico del tema; me despojo por un rato de mi profesión.

Para nada reprocho, pero hablando desde lo más hondo, tengo que decir que es obvio que al momento de tomar esa decisión, no fuimos las víctimas en quienes más se pensó, se diga lo que se diga.

Por años escuché, leí y analicé las explicaciones de los protagonistas de los acuerdos de paz y reconozco que en algún punto llegué a convencerme, absolutamente, sobre la necesidad de la medida adoptada,. “El pueblo no se reveló contra la amnistía” escuché decir en una oportunidad al doctor Escobar Galindo. Es cierto pensé…no lo hicimos…quizá en nuestro interior eso era lo que queríamos porque nos urgía dar la vuelta a la página.

Jamás me atrevería a hablar por las miles de víctimas del conflicto, pero sí puedo decir que yo lo hice, que mi familia lo hizo: dimos vuelta a la página, perdonamos y nos concentramos en ver hacia adelante sin olvidar lo que atrás había quedado, con la firme convicción que no queríamos regresar a algo ni siquiera semejante. Nuestras heridas comenzaron a cerrar.

A nosotros no nos preguntaron si estábamos de acuerdo con el otorgamiento de la amnistía, pero la aceptamos. “En nombre de la familia, declaro: que aceptada como está la muerte de Humberto, confiamos que los destinos de nuestra patria serán diferentes, difíciles pero esperanzadores”, escribió mi tío, el doctor Mario Enrique Sáenz por esos días.

Pero de pronto, todo cambia y comenzamos a revivir esa espantosa película. Se declara que la Ley de Amnistía es inconstitucional y con ello abre la puerta para que crímenes como el de la Zona Rosa puedan ser investigados y juzgados penal y civilmente.

Tampoco quiero realizar un análisis de la sentencia, ni mucho menos referirme a ella desde una perspectiva legal; no ahora. De todas formas se trata de una decisión ya tomada que no puede ser modificada, por lo que está claro que con independencia de la aproximación que cada uno pueda tener hacia la sentencia, la misma cambia por completo el escenario, principalmente para todos aquellos que hemos resultado víctimas. Y es por eso que quiero pedir que esta vez, nos dejen decidir a nosotros. No se han terminado de comprender los alcances de la sentencia cuando ya han surgido personas y grupos arrogándose una falsa preocupación por las víctimas y hablando de todos los crímenes que ahora – según ellos – serán perseguidos; mientras tanto los políticos haciendo lo suyo.

No se les ha preguntado a las víctimas, pero muchos ya dan por sentado que surgirán decenas y decenas de casos en que se investigarán los crímenes cometidos por uno u otro bando; de verdad no creo que eso vaya a ocurrir. Concretamente, ya se habla del juzgamiento de la masacre de la Zona Rosa y se pone ese como uno de los casos más emblemáticos que seguramente será reinvestigado y juzgado, cuando a nosotros nadie nos ha preguntado.

Abierta como ahora está la posibilidad de juzgar, esta vez soy yo quien en nombre de mi familia pido que no se use nuestro resurgido dolor para hacer imputaciones recíprocas, o para avivar resentimientos, o simplemente para despotricar contra el adversario.

En circunstancias como esta nunca sobran los llamados a la sensatez ni las exhortaciones para que no nos separemos aún más, en los esfuerzos por reconstruir nuestro país. Tengamos en cuenta el nuevo escenario, pero viendo siempre hacia adelante.

@hsaenzm