Humberto Sáenz Marinero

Fondos públicos que nadie controla. De Humberto Sáenz Marinero

Se han asignado cantidades importantes de dinero a entidades con evidentes vínculos formales y reales con algunos de los legisladores, sin que estos expliquen por qué es que se ha elegido a esas entidades.

Humberto_Saenz_MarineroHumberto Sáenz Marinero, 3 enero 2017 / EDH

Poco a poco nos hemos ido enterando de una práctica que se ha venido enquistando en la Asamblea Legislativa; una de esas tantas malas prácticas que no puede continuar acuerpándose en el insensato argumento de que “eso siempre se ha hecho así y nadie ha dicho nada”.

La Asamblea Legislativa ha venido incluyendo en su presupuesto una millonaria partida que está destinada a financiar supuestas actividades de asociaciones, fundaciones y universidades. Parto por señalar que estoy convencido de que, en algunos de esos casos, las entidades que han recibido los fondos públicos han hecho un adecuado uso de ellos y que los fines son loables; pero no es ese el punto.

diario hoyEl punto es en realidad más sencillo y pasa por preguntarse ¿por qué la Asamblea Legislativa tiene que estar realizando estas donaciones? Personalmente no encuentro ninguna justificación ni habilitación legal para que sea este el mecanismo a utilizar para destinar fondos públicos a entidades privadas, pero asumiendo – sin conceder – que alguna justificación existe, no cabe duda que el procedimiento de asignación de fondos públicos debe realizarse dentro de un proceso completamente transparente y estructurado de manera tal, que se elimine la discrecionalidad con la que hasta la fecha se han venido repartiendo esos fondos.

A la fecha, se han asignado cantidades importantes de dinero a entidades con evidentes vínculos formales y reales con algunos de los legisladores, sin que estos expliquen a la ciudadanía por qué es que se ha elegido precisamente a esas entidades y no a otras.

Con lo poco que ya conocemos, los conflictos de interés saltan a la vista y vuelven ostensible el hecho de que este mecanismo alienta el clientelismo político, resta independencia a los destinatarios de los fondos y genera especulaciones adicionales en el delicado tema del financiamiento de los partidos políticos.

Todavía más grave, la Asamblea Legislativa no ejerce ningún tipo de control sobre los fondos así repartidos, llegando hasta el colmo de que algunos diputados han dicho que ni siquiera sabían de su existencia, a pesar de que lo han venido aprobando año con año.  Que no conozcan ni lo que aprueban dice mucho del trabajo legislativo.

Insisto en que no encuentro justificación ni habilitación legal para que la Asamblea esté repartiendo estos fondos, pero, como mínimo, si la intención es continuar con esa práctica, tal actividad debería pasar por una licitación o concurso que permita una mejor asignación de estos. Con claros términos de referencia, las entidades que requieren de financiamiento público, tendrían que explicar con detalle por qué requieren de esas cantidades de dinero, cuáles serán las actividades para las que destinarán las mismas y cuáles serán los resultados medibles que se esperan.
Y con claros términos de referencia, la Asamblea Legislativa tendría que tomar sus decisiones apegadas completamente a ellos dejando de lado preferencias partidarias o compromisos políticos.

En todo eso asusta que la Corte de Cuentas de la República se haya mantenido completamente omisa todos estos años, y que no haya sido sino hasta ahora que reaccionen ante el pedido de fiscalización hecho por representantes de Acción Ciudadana.

Hemos escuchado de algunas propuestas que pretenden introducir reformas legislativas para que la Corte de Cuentas audite estos fondos; pero lo cierto es que la normativa actual ya establece esa facultad que incluso deviene en una obligación. Es nuestra Constitución la que impone a la Corte de Cuentas la obligación de vigilar la erogación de los fondos públicos, así como la fiscalización de la gestión económica de cualquier entidad que reciba fondos del Estado, con lo cual no hay necesidad de esperar una reforma legislativa para que la Corte de Cuentas haga lo que le corresponde hacer.

¿Qué es lo que están haciendo estas entidades? ¿De verdad están realizando obras de beneficio para las comunidades? ¿A quién le rinden cuentas? ¿A quién le informan si lograron cumplir con sus objetivos? ¿Quiénes trabajan en esas entidades y qué vínculos tienen con sus donantes? Son preguntas cuya respuesta no conocemos porque las instituciones que deben vigilar, no lo han hecho.

Como en muchos otros problemas que aquejan a nuestro país, en este caso ha tenido que ser la sociedad civil y el periodismo investigativo los que han tenido que suplir las deficiencias y desidia institucional, pero aún es tiempo para que los funcionarios que se encuentran al frente de la Asamblea Legislativa, Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República y Tribunal de Ética Gubernamental sancionen y corrijan este yerro que se viene cometiendo desde hace varios años. Les estamos esperando.

Ha sido la acción ciudadana. De Humberto Sáenz Marinero

humberto saenzHumberto Sáenz Marinero, 17 diciembre 2016 / EDH

Hace unos días, Daniel Olmedo escribía que esa sensación que muchos tenemos de que ya hay instituciones que están funcionando en el combate a la corrupción, en realidad inició con un ciudadano que solicitó una declaración de probidad y que luego continuó con un grupo de funcionarios que se tomaron en serio su trabajo, destacando entre ellos el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la Corte en pleno, la Fiscalía General de la República y los tribunales de segunda instancia en materia civil.

diario hoyDaniel destacaba que no fueron necesarias ningún tipo de reformas legislativas, ni dotar de mayor presupuesto a las instituciones, lo cual desde luego no significa que no se requieran. En realidad, solamente se necesitó que un ciudadano hiciera uso correcto de las herramientas de control a su alcance y que un grupo de funcionarios se propusiera cumplir con su mandato constitucional aún y cuando no se contara con la normativa más adecuada.

En efecto, a estas alturas ha quedado demostrado de lo que es capaz la ciudadanía organizada. El año 2016 ha sido aleccionador en ese sentido. Para el caso, valga resaltar los esfuerzos liderados por Acción Ciudadana para exigir que los partidos políticos transparenten sus fuentes de financiamiento y el destino de estos fondos.

Como ese esfuerzo, hay muchos otros encaminados a evitar omisiones legislativas en la elecciones de segundo grado de los funcionarios o que buscan que estos procesos de elección se realicen en fiel apego a las exigencias constitucionales.

Propuestas legislativas, divulgación de información de interés público, defensa de intereses gremiales, peticiones de investigación en la Fiscalía General de la República, defensa de la institucionalidad y la separación de poderes y hasta el decidido apoyo a la labor desempeñada por algunas instituciones que están dando muestras de querer combatir la impunidad, han sido comunes en este 2016.

Así, ha sido la acción ciudadana la que ha llegado hasta el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Supremo Electoral, la Sala de lo Constitucional, los partidos políticos y el Ministerio de Hacienda. Y han sido estas instituciones – unas bien, otras no tan bien y otras mal – las que han dado respuesta a las peticiones y acciones iniciadas por la ciudadanía organizada y las que han permitido que poco a poco comencemos a conocer la información relacionada con el financiamiento político.

Ha sido la acción ciudadana la que ha promovido acciones encaminadas a sancionar a funcionarios que presumiblemente están haciendo uso indebido de los bienes del Estado. Claro está que más que las sanciones, interesa el establecimiento de precedentes que contribuyan a erradicar este tipo de prácticas.

Y ha sido la acción ciudadana la que a partir de investigaciones periodísticas, ha puesto el dedo sobre la llaga al pedir que la Corte de Cuentas de la República audite los fondos que en la Asamblea Legislativa se han estado repartiendo a organizaciones privadas, toda vez que ya se ha conocido que existen organizaciones muy vinculadas a partidos políticos, que sin ningún tipo de procedimiento y en la más absoluta oscuridad, han estado recibiendo fondos públicos.

Se trata de un fenómeno que seguramente va a arreciar en 2017. Se camine por donde se camine, es evidente que cada vez existen más personas que se quieren sumar a este tipo de esfuerzos porque se han cansado de lamentarse, criticar y escuchar las reacciones que Erika Saldaña bien describe como “absurdas excusas de colegio”.

Las instituciones que ya están funcionando deberán mantenerse a la altura de las expectativas ciudadanas y las que –como Corte de Cuentas y Tribunal de Ética Gubernamental– todavía no funcionan bien, deberán comenzar a hacerlo. No les queda mucho espacio porque las exigencias ciudadanas no van a desaparecer.

En realidad, y aprovechando que en estos días se hace aún más propicia la reflexión, los propósitos de enmienda y el establecimiento de objetivos para el próximo año, todos deberíamos incluir el hecho de hacer un poco de patria, de dejar la comodidad de nuestros hogares, universidades, oficinas o puestos de trabajo. No es retórica decir que el país nos necesita.

Aprovecho para desear a todos los ciudadanos que de verdad quieren contribuir con el país, un exitoso y bendecido año 2017.

@hsaenzm

Ese mortífero poder de los jueces. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto_Saenz_MarineroHumberto Sáenz Marinero, 12 octubre 2016 / EDH

Siempre me ha gustado citar a Calamandrei y, sobre todo, a su obra el “Elogio de los jueces”. El jurista, político y periodista italiano, en la referida obra decía: El Estado siente como esencial el problema de la elección de los jueces, porque sabe que les confía un poder mortífero que, mal empleado, puede convertir en justa la injusticia, obligar a la majestad de la ley a hacerse paladín de la sinrazón e imprimir indeleblemente, sobre la cándida inocencia, el estigma sangriento que la confundirá para siempre con el delito.

diario hoyY agregaba: El juez es el derecho hecho hombre; solo de este hombre puedo esperar en la vida práctica la tutela que en abstracto me promete la ley; si este hombre sabe pronunciar a mi favor la palabra de la justicia, podré comprender que el derecho no es una sombra vana.

Estas palabras, escritas en 1935, conservan hoy día toda su actualidad aunque quizá hoy somos más los que las entendemos; al menos por estos rumbos. Digo esto porque poco a poco los ciudadanos hemos ido adquiriendo conciencia de la importancia que tiene el Órgano Judicial, ese que no estamos acostumbrados a escuchar y sobre el cual no estamos acostumbrados a hablar.

El Órgano Judicial ha dejado de ser preocupación exclusiva del gremio de abogados. Ahora es la ciudadanía la que clama por jueces independientes, honestos, académicamente preparados, profundamente conocedores del derecho, que sean conscientes de la realidad en que vivimos y que estén dispuestos a ejercer su facultad de imperio sin disimulo alguno.

La importancia que en nuestro país ha adquirido el Órgano Judicial es tal que importantes representantes de partidos políticos han manifestado públicamente su nefasto deseo de controlarlo, y por sus actuaciones tal parece que están dispuestos a intentarlo a cualquier precio. Ha quedado de manifiesto que ansían desesperados ese poder mortífero.

Pero ya que los ciudadanos hemos entendido la importancia de este Órgano, no podemos quedarnos impávidos antes los descarados esfuerzos por controlarlo, como tampoco debemos ignorar la existencia de malos elementos al interior del mismo.

Debemos unirnos a los esfuerzos encaminados a mantener la independencia del Órgano Judicial, así como a la lucha contra el enquistamiento de la corrupción y el crimen organizado, que lamentablemente ha carcomido buena parte de tan importante Órgano del Estado.

Tenemos que exigir que se depuren los malos jueces, que se aparte a todo aquel que no ha sabido llevar con dignidad la enorme responsabilidad que descansa sobre sus hombros, que se margine a aquel que no ha dimensionado a cabalidad lo que significa tener el poder de juzgar a sus semejantes y que se sancione a todo el que se haya prestado a vender justicia.

En ese sentido, las expresiones realizadas en los últimos días por varios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como las evidencias de que se han comenzado a hacer esfuerzos por profesionalizar y transparentar la labor de la Sección de Investigación Judicial, dejan un muy buen sabor de boca. Son buenas señales de que quizá esta vez, sí vamos a comenzar a ver una verdadera depuración judicial; ojalá así sea.

En ese mismo afán, ya no se pueden seguir callando las consabidas prácticas de ciertos jueces y empleados del Órgano Judicial. Si somos testigos de actos de corrupción o de arbitrariedades disfrazadas de resoluciones, tenemos los mecanismos para denunciarlo públicamente. Ahora podemos ser escuchados con mayor facilidad y tenemos muchas más herramientas al alcance de nuestras manos.

Desde luego que nosotros, los abogados, como operadores usuales del sistema judicial, somos los principalmente llamados a realizar estas denuncias y a no prestarnos a que se perpetúen prácticas alejadas de la legalidad que riñen con nuestro juramento y que, peor aún, nos convierte en cómplices directos de lo que tal vez solo en silencio denunciamos.

Tampoco podemos tolerar que intereses mezquinos, vengan de donde vengan, pretendan tomarse el Órgano Judicial. Si como ciudadanos queremos que en los tribunales se imparta justicia y queremos que el derecho no sea sombra vana, tenemos que preocuparnos porque los procesos de elección de jueces y los procesos de elección de quienes eligen a los jueces, cumplan con lo que ya dice la Constitución y las leyes.

Y esto último pasa por recordar que quienes en 2018 elegirán a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deben ser personas de notoria honradez e instrucción. Démosle contenido real a este requisito;  como ciudadanos tenemos que saber qué hacer para entonces.

@hsaenzm

Déjennos decidir esta vez. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto Saenz Marinero, abogadoHumberto Sáenz Marinero, 27 julio 2016 / EDH

Todos los salvadoreños aplaudimos el cese del conflicto armado en nuestro país. Con ello poníamos fin a un enfrentamiento fratricida que nos había causado mucho dolor. Tras varios años, todos estábamos claros que la postergación de la lucha solamente podría significar más muerte y más luto; era una guerra en la que todos estábamos perdiendo y en la que solo podíamos seguir perdiendo.

En mi caso y el de mis hermanos, para cuando se firmaron los acuerdos de paz, ya habíamos perdido a nuestro padre en la masacre de la Zona Rosa; nuestra madre había perdido a su esposo.

diario hoyCon esa dura realidad dimos la bienvenida a la paz y nos preparamos para vivir en ella. No supimos, sino hasta algún tiempo después, que los negociadores de los acuerdos y las autoridades de la época habían considerado que para impulsar y alcanzar la reconciliación nacional, era imprescindible conceder una amnistía amplia, absoluta e incondicional, a favor de todas las personas que en cualquier forma hubieran participado en hechos delictivos ocurridos antes del cese del conflicto.

No pretendo juzgar la conveniencia o necesidad de la decisión que en ese momento se tomó, ni mucho menos pretendo efectuar un análisis jurídico del tema; me despojo por un rato de mi profesión.

Para nada reprocho, pero hablando desde lo más hondo, tengo que decir que es obvio que al momento de tomar esa decisión, no fuimos las víctimas en quienes más se pensó, se diga lo que se diga.

Por años escuché, leí y analicé las explicaciones de los protagonistas de los acuerdos de paz y reconozco que en algún punto llegué a convencerme, absolutamente, sobre la necesidad de la medida adoptada,. “El pueblo no se reveló contra la amnistía” escuché decir en una oportunidad al doctor Escobar Galindo. Es cierto pensé…no lo hicimos…quizá en nuestro interior eso era lo que queríamos porque nos urgía dar la vuelta a la página.

Jamás me atrevería a hablar por las miles de víctimas del conflicto, pero sí puedo decir que yo lo hice, que mi familia lo hizo: dimos vuelta a la página, perdonamos y nos concentramos en ver hacia adelante sin olvidar lo que atrás había quedado, con la firme convicción que no queríamos regresar a algo ni siquiera semejante. Nuestras heridas comenzaron a cerrar.

A nosotros no nos preguntaron si estábamos de acuerdo con el otorgamiento de la amnistía, pero la aceptamos. “En nombre de la familia, declaro: que aceptada como está la muerte de Humberto, confiamos que los destinos de nuestra patria serán diferentes, difíciles pero esperanzadores”, escribió mi tío, el doctor Mario Enrique Sáenz por esos días.

Pero de pronto, todo cambia y comenzamos a revivir esa espantosa película. Se declara que la Ley de Amnistía es inconstitucional y con ello abre la puerta para que crímenes como el de la Zona Rosa puedan ser investigados y juzgados penal y civilmente.

Tampoco quiero realizar un análisis de la sentencia, ni mucho menos referirme a ella desde una perspectiva legal; no ahora. De todas formas se trata de una decisión ya tomada que no puede ser modificada, por lo que está claro que con independencia de la aproximación que cada uno pueda tener hacia la sentencia, la misma cambia por completo el escenario, principalmente para todos aquellos que hemos resultado víctimas. Y es por eso que quiero pedir que esta vez, nos dejen decidir a nosotros. No se han terminado de comprender los alcances de la sentencia cuando ya han surgido personas y grupos arrogándose una falsa preocupación por las víctimas y hablando de todos los crímenes que ahora – según ellos – serán perseguidos; mientras tanto los políticos haciendo lo suyo.

No se les ha preguntado a las víctimas, pero muchos ya dan por sentado que surgirán decenas y decenas de casos en que se investigarán los crímenes cometidos por uno u otro bando; de verdad no creo que eso vaya a ocurrir. Concretamente, ya se habla del juzgamiento de la masacre de la Zona Rosa y se pone ese como uno de los casos más emblemáticos que seguramente será reinvestigado y juzgado, cuando a nosotros nadie nos ha preguntado.

Abierta como ahora está la posibilidad de juzgar, esta vez soy yo quien en nombre de mi familia pido que no se use nuestro resurgido dolor para hacer imputaciones recíprocas, o para avivar resentimientos, o simplemente para despotricar contra el adversario.

En circunstancias como esta nunca sobran los llamados a la sensatez ni las exhortaciones para que no nos separemos aún más, en los esfuerzos por reconstruir nuestro país. Tengamos en cuenta el nuevo escenario, pero viendo siempre hacia adelante.

@hsaenzm

Se van a llevar el queso. De Humberto Sáenz Marinero

, 30 junio 2016 / EDH

Cuesta creer que un diputado se atreva a decir que los esfuerzos por volver transparente el financiamiento de los partidos políticos son una afrenta a la institucionalidad partidaria o que eso solo funciona en países con cultura política como Suiza o Escocia. Declaraciones como esas son el fiel reflejo de que en nuestro país, los partidos políticos viven anquilosados en el pasado, que sus estructuras son completamente obsoletas y que la inmensa mayoría de sus representantes no está a la altura de las nuevas exigencias ciudadanas. De verdad, ¡qué lejos se encuentran de cumplir con nuestras expectativas!

diario hoyDecir que solo los suizos o escoceses pueden gozar de los privilegios de tener acceso a la información sobre el financiamiento de los partidos políticos es como decir que solo en esas latitudes los ciudadanos pueden pretender tener derecho al sufragio o a la educación o a la libertad de expresión o a la libertad de asociación. El derecho de acceso a la información – como los otros enunciados – es un derecho fundamental. ¿De dónde es que se sacan que los salvadoreños tenemos que conformarnos con migajas en el ejercicio de estos derechos?

Es inconcebible que se diga que cuando se exige transparencia, se está buscando dañar el sistema democrático o la institucionalidad. Muy por el contrario, contar con partidos transparentes solo puede fortalecer la democracia, toda vez que con ello se contribuye a eliminar financiamientos provenientes de actividades ilícitas y se minimiza el riesgo de que los partidos tengan que responder ciegamente a sus financistas, adecuando sus actividades al interés exclusivo de quienes les sostienen económicamente.

Los partidos siguen escudándose en que para revelar en nombre de sus financiadores, tienen que contar con la autorización de estos, olvidando que ya la Sala de lo Constitucional les dijo que tal restricción violenta nuestro derecho fundamental a estar informados, por lo que ningún efecto válido puede dársele.

Insistir en esta posición no solo es ilegal, sino también absurda. Y es que si en serio consideraban que tenían que pedir permiso para revelar el nombre de sus financistas, con mucha más razón nos tendrían que haber pedido permiso para convertirnos en esos financistas; explico:
A mí nadie me preguntó pero ahora me entero que estoy financiando a los partidos políticos. A los que pagamos nuestros impuestos nadie nos consultó si queríamos que del salario que les costeamos a los servidores públicos, una buena parte se destinara al financiamiento de los partidos.

Con la información que ya se ha obtenido gracias a la acción ciudadana, hemos podido confirmar la existencia de un círculo vicioso en el que los partidos incorporan, en diferentes puestos públicos, a quienes dicen “sudar la camiseta” o a otro tipo de “ninis” que ni quieren trabajar ni quieren dejar que los demás trabajen. Esos así incorporados, reciben una remuneración que es pagada con nuestros impuestos. De esa remuneración y como señal de agradecimiento, los servidores públicos destinan un porcentaje del salario que les pagamos y se lo entregan al partido por cuyo favor han obtenido el cargo.

Es claro que estamos en presencia de una práctica que debe desaparecer porque contribuye al clientelismo político, al crecimiento desmesurado de las instituciones públicas y a la ineficiencia en la administración; elementos todos que no fortalecen sino que dañan a las instituciones y a nuestra democracia.

Poco espacio les está quedando para rectificar. Los partidos y sus dirigentes deben entender que tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias, que tienen que modernizarse, que tienen que democratizarse internamente, que tienen que volverse transparentes y que, en fin, tienen que acercarse a la ciudadanía.

No son las organizaciones sociales ni los movimientos ciudadanos ni los medios de comunicación los que están ocasionando que los partidos se resquebrajen y se alejan cada vez más de sus potenciales electores. Son ellos mismos quienes se resisten a cambiar asumiendo – equivocadamente – que la transparencia los conduce a una desmejora.

Si no aprenden a adaptarse, si no comprenden que estos cambios los van a fortalecer, si no se afanan en recuperar el terreno perdido, si no detectan pronto las acciones a implementar y si no implementan con convencimiento esas acciones, estoy seguro que pronto les pasará lo que magistralmente ilustró Spencer Johnson: se quedarán preguntando ¿quién se ha llevado mi queso?

@hsaenzm

Defendiendo lo indefendible. De Humberto Sáenz Marinero

, 16 junio 2016 / EDH

Dale Carnegie decía que hay un cierto grado de satisfacción en tener el valor de admitir los errores propios. El escritor estadounidense añadía que eso no solo limpia el aire de culpa y de actitud defensiva, sino que, a menudo, ayuda a resolver los problemas creados por el error cometido.

Como en toda actividad humana, el “arte de gobernar” no está exento de errores; de hecho en nuestro país los vivimos y sufrimos todos los días. Pero más que los errores en sí mismos, lo que nos está haciendo tremendo daño, es que estos nunca son reconocidos y que, lejos de eso, los yerros intentan ser disfrazados o justificados con argumentaciones que solo dejan entrever que a los ciudadanos nos están subestimando feo.

diario hoyNo hay manera de defender el oscurantismo en que quieren permanecer los partidos políticos negándose a revelar sus fuentes de financiamiento. ARENA dice que es fiel cumplidor de la ley pero que al mismo tiempo le tiene sin cuidado lo resuelto por la Sala de lo Constitucional cuando esta dice que la información debe ser revelada. El FMLN, por su parte, se atreve a sostener que tras la petición de información, se esconde una mal sana intención y denuncia presiones internas al Tribunal Supremo Electoral.

Es la acción de la ciudadanía la que está presionando y la que lo seguirá haciendo hasta que se entienda que las exigencias de transparencia no tienen marcha atrás.

Tampoco hay manera de defender el hecho de que los partidos políticos hayan estado dispuestos a tolerar y alentar, que algunos de sus miembros sostengan con las pandillas, conversaciones o negociaciones o diálogos o reuniones sociales, o como quieran llamarle, con fines eminentemente electorales. Con una mal entendida lealtad partidaria, los partidos políticos están excusando adentro de sus propias filas, prácticas que visceralmente atacan en su adversario; las negociaciones con pandillas es tan solo un ejemplo de ello.

Lo mismo acontece con las investigaciones iniciadas hace unos días. La presunción de inocencia es fundamental en cualquier Estado de Derecho y por supuesto que los funcionarios también gozan de esta presunción. Pero no es posible que cada vez que surge una investigación contra “uno de los suyos”, la defensa inmediata sea la existencia de una persecución política o la confabulación de los parcializados medios de comunicación. Ya cansan con eso.

El tráfico de armas es indefendible, como indefendible es la utilización de bienes o fondos municipales con fines ilícitos. No es a fuerza de comunicados y muestras de solidaridad partidaria que las imputaciones quedarán desvanecidas; si son inocentes de los hechos que se les imputan, tendrán oportunidad de comprobarlo.

La incapacidad para reconocer errores y los esfuerzos por minimizar su impacto, están llegando a unos niveles que asustan. Es difícil entender que luego de más de dos años de gobierno, el Presidente no haya reconocido que varios de sus ministros y representantes de otras instituciones, deben ser removidos de sus cargos.

Ocultamiento de información, notoria incapacidad, abusos de autoridad, inadecuado manejo de los bienes públicos y despilfarro, han quedado a la vista de todos sin consecuencia alguna. No es que estemos pretendiendo que todo salga bien o que todo se haga conforme nosotros pensamos que debe hacerse; tan solo pedimos que en los casos más evidentes –que son varios-, se adopten los remedios correspondientes.

La defensa de lo indefendible ha llevado a tildar de normal el gasto en opíparas comidas y costosas bebidas, bajo el pretexto de que con ellas se atiende a inversionistas o se participa en capacitaciones. Utilizando el repetido argumento de que así ha sido siempre, se organiza una supuesta rendición de cuentas en que las invocaciones a Baco se presentan como algo natural a la función pública.

Ese mismo afán ha llevado a situaciones en las que, quién sabe con qué intenciones, se defiende un grave caso de contaminación, argumentando que al ser comestible la melaza y pretender comprobarlo así en un medio televisivo, nada pasa si esta es derramada en toneladas y sin con ello mueren cientos de animales o se afectan decenas de pobladores de la región. Una verdadera muestra del desprecio a la inteligencia de la ciudadanía.

No defiendan lo indefendible. Al pueblo pan y circo, se decía en el imperio Romano; con esas defensas, acá parece que solo abunda lo segundo.

Falta de transparencia de los partidos. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto Saenz, abogado

Humberto Saenz, abogado

En El Salvador, es innegable que últimamente se han dado importantísimos pasos en materia de transparencia. La aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, las actuaciones del Instituto de Acceso a la Información que en el balance han resultado positivas, el proceso de maduración de la ciudadanía que ha comprendido la necesidad de involucrarse en la adopción de políticas públicas y, por ende, en su rol fiscalizador, ha generado un cambio radical en el manejo y divulgación de la información.

Como es natural, esto ha afrontado resistencias de ciertos sectores, que intentan mantener el status quo y que – sin decirlo abiertamente – aun no comparten la necesidad de transparentar y eficientar la gestión pública. Dentro de estos sectores, han sido los partidos políticos quienes más se han destacado.

De acuerdo a nuestro ordenamiento, los partidos políticos reciben fondos públicos a través de la “deuda política”, la cual busca promover la libertad y la independencia de los referidos institutos, otorgándoles determinadas cantidades de dinero en función de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones o, en su caso, en función del inicio de sus actividades como partido político.

La historia ha demostrado que este mecanismo ha sido insuficiente para financiar las necesidades de los partidos, los que se ven forzados a acudir al financiamiento privado, también permitido por nuestro ordenamiento. Es este el rubro de financiamiento que más dificultades ha presentado, porque ha sido manejado en la más absoluta obscuridad.

La falta de transparencia en este rubro ya ha demostrado generar importantes problemas para el ejercicio democrático y ha dejado entrever que es un nicho importante de actividades de corrupción, favoritismos y clientelismo. Esto a su vez ocasiona una afectación directa en los intereses de todos los ciudadanos.

El tema ha llegado incluso a conocimiento de la Sala de lo Constitucional, la que reconoció que en materia de manejo de fondos por parte de los partidos, la transparencia contribuye a mejorar la calidad del proceso democrático ya que optimiza la calidad de la información del elector, facilita la identificación de vinculaciones entre políticos y sectores de interés, genera incentivos para evitar conductas corruptas, aumenta el costo o el riesgo que traen aparejados los actos de corrupción, permite la verificación del cumplimiento de las normas sobre financiamiento, tiende a evitar la desviación de fondos públicos a favor del partido de gobierno, incentiva el control recíproco de los partidos políticos y brinda insumos y parámetros para la evaluación de las decisiones de los funcionarios, una vez que han sido electos.

Pero a pesar de ser esto tan claro, los partidos políticos han cerrado filas negándose a proporcionar esta información. En febrero de este año, algunos miembros del movimiento “Acción Ciudadana” presentaron a todos los partidos que participaron en la pasada contienda electoral, una petición formal para que entregaran información relacionada con su financiamiento y con el uso que habían dado a los fondos obtenidos.

Sin excepción, los partidos políticos se negaron a otorgar la información, dando respuestas que solamente reflejan la dualidad de su discurso. Contrario a las manifestaciones públicas de lucha contra la corrupción y apego a la transparencia, ninguno de los partidos políticos mostró estar verdaderamente comprometido con tales anhelos.

Los partidos olvidan que todos los ciudadanos tenemos derecho a que los vehículos a través de los cuales se propicia el ejercicio del sufragio y la posterior representación ciudadana, estén dispuestos a explicarnos cómo es que obtienen su financiamiento y de quién lo obtienen.

La realidad internacional pero sobre todo nuestra propia realidad nacional, nos ha enseñado que no son pocos los casos en que los partidos o sus miembros están recibiendo contribuciones provenientes de actividades ilícitas o están recibiendo contribuciones en tales proporciones, que es casi imperativo esperar un comportamiento que tienda a satisfacer los intereses del financiador, en perjuicio de los intereses de la colectividad.

Para nada estoy afirmando que esto es siempre así, pero tampoco se puede ignorar que esa falta de transparencia ya nos ha ocasionado muchos males y que de esto no ha escapado ninguno de los actuales partidos. Esto debe cambiar y debe cambiar muy pronto; si los partidos no quieren hacerlo, seremos los ciudadanos los que impulsaremos tales cambios. ¡Basta de dobles discursos!