magistrados

La dignidad de la magistratura. De René Fortín Magaña

René Fortín Magaña, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia

René Fortín Magaña, 8 abril 2018 / El Diario de Hoy

Con un resplandor de grandeza, que sin embargo no debe envanecer a nadie, está situada la magistratura en la cúspide del escalafón judicial o profesional. Ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia es la máxima posición a que pueden aspirar los profesionales del derecho por la sencilla razón de que a ella están llamados los más probos y los más capaces, para administrar con sabiduría y rectitud la “pronta y cumplida justicia” de que habla con imperio la Constitución de la República.

En ningún lugar como en el campo de la justicia cabe la trepidante frase de José Ingenieros: “Los grandes cerebros ascienden por la senda exclusiva del mérito; o por ninguna”. Y agrega: “La vanidad empuja al hombre vulgar a perseguir un empleo en la administración del Estado, indignamente si es necesario; sabe que su sombra lo necesita. El hombre excelente, por el contrario, se reconoce porque es capaz de renunciar a toda prebenda que tenga por precio una partícula de su dignidad”.

La historia del Órgano Judicial de nuestro país conforma un claroscuro en el cual se alternan las luces y las sombras. Algunas de ellas están reflejadas en la “Historia de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador”, escrita por el profesor Gilberto Aguilar Avilés.

Frente a las sombras, diremos que para los tiranos y los déspotas que han abundado en nuestro Continente, el Órgano Judicial ha sido su presa más codiciada, porque bajo el ropaje de justicia que muestran las sentencias judiciales, (verdaderas pieles de cordero) se han cometido las mayores atrocidades. ¿Qué respeto nos merece la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, por ejemplo? ¿Y la de Bolivia, que con “sesudos” argumentos le otorga un cuarto periodo de gobierno al ínclito presidente de aquel país? ¿Son ellas representantes del derecho? ¿O amanuenses del absolutismo?

En nuestro, país, estamos por elegir a cinco nuevos magistrados: cuatro de la Sala de lo Constitucional, la cual ha jugado un distinguido papel histórico, y uno de las otras Salas.

De todos ellos esperamos lucidez, independencia, coraje, sabiduría y probidad, cualidades que no siempre han estado presentes entre tan altos dignatarios. De lucidez esperamos el amplio conocimiento no solo de las leyes sino del Derecho en general que está axiológicamente iluminado por los valores de justicia, libertad y seguridad. De independencia, que es la cualidad fundamental, esperamos que sepan leer a cabalidad el artículo 172 de la Constitución que la establece: “Los magistrados y jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes” Ojo: no son independientes para hacer lo que les dicta su albedrío, sino que están sometidos. ¿Sometidos a qué? A la Constitución y a las leyes. Sin embargo, hemos visto a largo de la historia, magistrados que envanecidos con la toga virtual que los distingue, han creído más que en la Constitución y las leyes, en su propio criterio, en su sabiduría y en su interés personal, cayendo fácilmente en el perjurio y el prevaricato.

Corre ya el segundo cuarto del siglo XXI, y en muchos aspectos, la civilización todavía está en sus inicios, si no la destruye Kim Jong –Un, supremo líder de Corea del Norte. Poco podemos hacer los abogados de la generación sub-90. Pero los jóvenes, la nueva generación de diputados y diputadas a quienes tocará elegir a los funcionarios de segundo grado, entre ellos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, corresponde dar un paso más en el camino del progreso, no solo material, sino en el de nuestras instituciones, para que la caravana de la vida siga el rumbo de la vida ascendente.

Dejemos atrás los contubernios, los combos, los cambalaches, los pactos bajo la mesa, los toma y daca a que nos tenían maniatados los diputados del pasado en un perenne quid pro quo que para nada tenía en cuenta el interés general. Existe un rayo de luz para los magistrados probos y competentes: sus sentencias deben estar tan bien fundamentadas, lógica y éticamente, que por su elocuencia estén llamadas a ser modélicas, a sentar jurisprudencia y a convertirse en doctrina legal. Lo demás es rutinario, escrito sin convicción o mala fe, en una hoja de papel que no abona la confianza popular en la justicia pública. En algún momento tiene que llegar la hora de que avancemos en la superación de nuestras instituciones. Y esa hora es la actual. La sociedad civil en cuya vanguardia florece la juventud, está despierta y dispuesta a tomar su lugar en la historia. No esperemos más. Y actuemos como deben hacerlo los ciudadanos de un país libre, soberano e independiente, pues, como dice Will Durant, en su libro “Filosofía, cultura y vida”: “Tras muchos errores y muchas dudas, llegaremos a comprender que, aunque en escala pequeña, también nosotros participamos en la actividad del mundo y que, si lo deseamos, podemos escribir con imaginación y saber, algunas líneas del misterioso drama que vivimos”.

¿Por qué no quieren jueces independientes? De Humberto Sáenz Marinero

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Humberto Sáenz Marinero, presidente del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Humberto Sáenz Marinero, 8 febrero 2018 / El Diario de Hoy

En octubre del año pasado, el Consejo Nacional de la Judicatura publicó el listado de abogados que en principio podían aspirar a ocupar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. El famoso listado de “elegibles” quedó compuesto de más de 12,000 abogados.

Ese es un listado que no hace ningún tipo de valoración sobre los requisitos de moralidad o competencia notoria, ni mucho menos sobre la independencia judicial. Es apenas un primer barrido que se hace para saber quiénes tienen la edad requerida, quiénes han desempeñado la judicatura por más de 9 años o quiénes han obtenido su autorización como abogado desde hace al menos 10 años.

EDH logEl universo de abogados en nuestro país ya supera el número de 35,000, pero de todos esos, es a partir de los “elegibles” que tienen que comenzar a identificarse el resto de características y requisitos exigibles.

El gremio de abogados es muy grande, y el listado de elegibles también lo es. Por eso cuesta entender y encontrar algún asomo de justificación, en los que promueven que de esos más de 12,000 abogados, se postulen profesionales que distan mucho de cumplir con las exigencias constitucionales.

La independencia judicial no es un invento de última hora, ni se trata —como algunos lo quieren hacer ver— de una exquisitez de unos pocos. En el caso de nuestro país, el art. 172 de la Constitución dice expresamente que los magistrados y jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son —y deben mantenerse— independientes. Las sentencias de la Sala de lo Constitucional no han venido sino a explicar algo que ya estaba ahí.

Pero hay quienes en su afán por desconocer lo anterior, dicen que no pasa nada si tenemos magistrados formal o materialmente vinculados a partidos políticos, porque la independencia debe ejercerse al momento de conocer el caso concreto y no de manera anticipada; así intentan justificar postulaciones que ahora asustan a quienes queremos vivir en una democracia. Eso es una forma distorsionada de entender la exigencia constitucional de independencia.

En realidad, no podemos tener jueces ni magistrados, que apriorísticamente se coloquen en una situación tal, que su razonamiento y juzgamiento pueda estar enormemente influido y hasta comprometido por su vinculación partidaria. Eso es una contradicción del sistema de frenos y contrapesos.

Esto equivale a lo que muchas veces vemos en la Asamblea Legislativa cuando se aprueban leyes que ya todo mundo sabe que están mal o que violentan derechos constitucionales, pero que de todos modos se votan solo para ver qué pasa. No pueden elegirse jueces que de manera evidente no son independientes, solo para ver si en el camino logran su independencia; es un sinsentido.

Por supuesto que la independencia no solamente se aplica al ámbito político. Ese es apenas el más evidente de todos.

Y es que, vista desde otra perspectiva, la independencia judicial nos atañe a todos; no solo a los abogados. Es un derecho de todos los ciudadanos y por eso debemos exigirlo. Así lo ha reconocido la Convención Americana sobre Derechos Humanos al expresar que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Exactamente lo mismo señala el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Ese derecho ciudadano a tener jueces independientes ha llevado a muchísimos pronunciamientos judiciales en los que se ha quedado clarísimo que, en los procesos de elección de jueces, especialmente los referidos a las altas magistraturas, deben existir filtros que garanticen esa independencia.

Y entonces ¿por qué algunas asociaciones que dicen representar al gremio y que dicen representar a la ciudadanía, se empeñan en postular profesionales con ostensibles vínculos partidarios? ¿Qué hay detrás de esa pretensión? ¿Por qué de los más de 12,000 elegibles, se insiste en llevar a personas vinculadas al quehacer político partidario?

Valga destacar que la pertenencia o cercanía con partidos políticos no es en sí misma reprochable. De verdad pienso que los partidos políticos juegan un rol esencial en toda democracia, y que a partir de los mismos se puede contribuir muchísimo al desarrollo del país; cosa distinta es ver lo que tenemos.

Aun así, yo aplaudo y admiro a quienes con espíritu patriota se vinculan al quehacer partidario y quienes con honestidad quieren hacer país desde esa trinchera. Pero lo que pasa es que esa trinchera es excluyente de la otra y quienes pretenden ejercer la judicatura, deben entenderlo de una vez por todas.

La tarea cívica más urgente. De René Fortín Magaña

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René Fortín Magaña, ex-magistrado de la Corte Suprema de Justicia

 

René Fortín Magaña, 7 febrero 2018 / El Diario de Hoy

Recuerdo muy bien cuando, lejos de la ciudad, recibí las primeras noticias acerca de las nuevas disposiciones constitucionales relativas a la elección de los funcionarios de segundo grado, en especial de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cuando las leí “me saltó de gozo el corazón” (como dice Rubén Darío en carta a Don Francisco Gavidia) pues, con ellas, dábamos un salto de calidad más que significativo en nuestra organización institucional. El nuevo procedimiento para elegir a los señores magistrados, mediante la convergencia del Consejo Nacional de la Judicatura y la Federación de Asociaciones de Abogados en la fase propositiva, resultaba más que benéfico.

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Antes, queridos jóvenes, concentrado al poder en el Presidente de la República, tenía él en sus manos prácticamente a la Asamblea Legislativa y al Órgano Judicial. Y tamañas facultades no había quien dejara de utilizarlas convirtiendo al sistema de gobierno en una dictadura. La soberanía, en efecto, radicaba en el dedo del gobernante, y la separación de poderes preconizada por Locke y Montesquieu se convertía en uno solo, explosionando el orden republicano de gobierno.

Frente a semejante escenario, no pueden negarse las bondades teóricas del nuevo sistema. Por una parte el Consejo Nacional de la Judicatura, y por otra la Federación de Asociaciones de Abogados configuran, en paridad, un listado de treinta aspirantes a la magistratura entre las cuales la Asamblea Legislativa elige a los nuevos magistrados de las diferentes salas. De ese listado, además, la Asamblea Legislativa elige directamente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional (cuatro en el presente caso) cuya actuación, en general, no puede menos que calificarse de plausible.

Las condiciones para ser magistrado están expresamente señaladas en el artículo 176 de la Constitución y no voy a trascribirlas. Solo diré dos cosas:
Una, el requisito de moralidad y competencia notorias que es una norma abierta, antes se daba por sentada. Ahora, admite su indagación mediante los trámites de una normativa infraconstitucional.

Y, dos, la enumeración de las condiciones expresadas en la disposición arriba mencionada no incluye la palabra independencia que es, por cierto, el más importante de los requisitos. El artículo 172 lo afirma categóricamente: “Los magistrados y jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes”. En efecto, ¿de qué serviría un talentoso magistrado sin carácter, que postra sus decisiones a fuerzas ajenas? De nada. O, peor aún, mancha su alta investidura, corrompe la justicia, ocasiona un grave daño nacional y provocar la vindicta privada. Con cuánta razón dijo alguna vez José Martí: “El talento sin probidad es un azote”.

Pues bien, tenemos para el caso un buen régimen constitucional. Pero, como dondequiera destila su veneno la serpiente, debemos tener sumo cuidado para que en la práctica se cumplan los nobles propósitos de la Constitución.

Dado el estado casi fallido en que se encuentra la Nación por el brutal estallido de la violencia y la imparable corrupción, se hace necesario esforzarse por llevar a la Asamblea Legislativa y a los consejos municipales a los mejores ciudadanos. No queremos magistrados como los de Venezuela que actúan en nombre de una revolución retrógrada comandada por un déspota sanguinario que mancha el nombre de Bolívar; ni como los de Bolivia que pretenden eternizar a un gobernante que se siente tocado por los dioses y las voces secretas de la madre tierra; ni como los de Nicaragua que han convertido a su país en una satrapía; ni como los de Honduras que, volviendo a prácticas reeleccionistas ya condenadas por la historia, han provocado una severa crisis social en su pueblo.

No. Queremos funcionarios patrióticos que sepan actuar con pundonor pensando en el bien común y el interés general, y no para favorecer los intereses personales, de partido o de padrinos ocultos.

Cuidar el sufragio en todas sus facetas, se constituye, por consiguiente, en la más apremiante tarea cívica.

Queridos jóvenes: más que la esperanza del futuro ustedes forman el batallón de la rectitud del presente que necesita nuestra Patria ¡Unámonos en una cruzada decidida y audaz para salvarla! Avancemos. El reloj de la historia no camina hacia atrás.

 

A evaluar la elección de magistrados. Centro de Estudios Jurídicos CEJ

El CEJ expresa su satisfacción luego de que después de casi tres meses de retraso la Asamblea Legislativa finalmente eligió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

centro estudios juridicos CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 5 octubre 2015 / LPG

Además es particularmente grato observar que entre los finalmente escogidos hay algunos abogados reconocidos por su integridad y excelente trayectoria académica y profesional.

Felicitamos a todos los colegas que han sido elegidos, y les expresamos nuestro apoyo en las acciones que tomen desde su judicatura, siempre que estas procuren la defensa del imperio del Derecho.

Pero ya que ha finalizado este proceso, es momento de evaluar la manera en que este se desarrolló. Los pocos avances que se hayan logrado habrá que consolidarlos y profundizarlos para futuras elecciones; y frente a los errores que en este año se hayan cometido, habrá que tomar medidas para que no sucedan en el futuro.

Es importante iniciar con esta evaluación, pues en 2018 se iniciará un nuevo procedimiento para elegir magistrados. En esa ocasión el resultado afectará la composición de la Sala de lo Constitucional, de manera que hoy es el momento oportuno para sentar las bases de un futuro proceso de elección ágil, transparente y abierto al escrutinio y participación ciudadana.

A efecto de hacer una evaluación sobre ese proceso, nuestra asociación ya ha solicitado a la Asamblea Legislativa copia íntegra del expediente del procedimiento de elección de magistrados. Como parámetro de evaluación, haremos eco de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en materia de elección de funcionarios de segundo grado, y particularmente de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Pero sin perjuicio de las conclusiones a las que en nuestro análisis lleguemos, hay un grave vicio en este proceso, que por tratarse de un hecho notorio, es válido señalar desde ya. La Asamblea Legislativa demoró 84 días en elegir a los nuevos magistrados, incumpliendo su obligación constitucional.

Antes de que expirara el plazo, ya habíamos advertido a la Asamblea Legislativa que debía elegir oportunamente a los magistrados y cuando el plazo transcurrió, denunciamos en repetidas ocasiones esa demora inexcusable.

Por 84 días, los correspondientes magistrados suplentes tuvieron que llenar las cinco vacantes. Esa solución permitió un irregular funcionamiento de los tribunales afectados. Pero si en 2018 la Asamblea Legislativa vuelve a incurrir en el mismo vicio, esa solución no podría ser aplicada.

Esto porque en 2018, cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y sus respectivos suplentes terminan su período. En caso que en ese momento la Asamblea Legislativa dilate el proceso de elección de magistrados, entonces el tribunal contará solo con un propietario y su respectivo suplente. De ese modo, no habría cuórum suficiente para que el tribunal pueda tomar decisiones.

Así, si este año la demora de la Asamblea Legislativa afectó sustancialmente a la Corte Suprema de Justicia y a algunas de sus salas, en 2018 el perjuicio sería aún mayor: la República quedaría sin Tribunal Constitucional.

Cada uno de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa debe reflexionar sobre el gravísimo precedente que provocaron con su dilación en estos meses. Por nuestra parte pensamos que ese grave incumplimiento no debe quedar sin consecuencias. Por eso, ahora que finalmente se consumó la elección, es momento de que la Asamblea Legislativa evalúe su actuación, rinda cuenta a los ciudadanos y adopte las medidas que correspondan.

Por nuestra parte, los ciudadanos debemos tomar las acciones legales correspondientes para deducir las responsabilidades de esta actuación, y de ese modo adoptar medidas ejemplarizantes que disuadan a los diputados de cometer una irregularidad similar en 2018, o buscar elegir personas afines a sus intereses partidarios. Nunca olvidemos las palabras del célebre filósofo Montesquieu: “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”.

Carta a los diputados: Apliquen la razón común y definan las reglas. De Paolo Luers

PAOLOPaolo Luers, 24 sept. 2015 / EDH

Estimados diputados:
Ayer un reconocido abogado hizo un llamado público a Jaime Martínez a que desista de su candidatura, para desentrampar la elección de los 5 magistrados y 5 suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente, no va a renunciar. Y tiene razón: Como cualquier otro abogado que cumple los requisitos mínimos, Martínez tiene el derecho de ser postulado – más no el derecho de ser elegido. Pero no depende del candidato determinar si queda descartado o si sigue en la carrera – esto depende de ustedes, los diputados, que son los electores de los magistrados.

El problema es que ustedes en la Asamblea no han definido bien las reglas, y por esta negligencia se suelen entrampar las elecciones de magistrados y otros funcionarios importantes – como la del fiscal general que ya viene.

La única regla existente es la que establece la Constitución: Se necesita mayoría calificada para elegir magistrados, o sea 56 votos. Esto tiene una razón: evitar que un partido o bloque de partidos, normalmente el gobernante, pueda imponer a un magistrado.

La pura lógica indica: Esta regla constitucional no solo otorga a una mayoría calificada el derecho a elegir magistrados, sino también a una minoría calificada de 29 diputados el derecho de vetar a un candidato. Partido que tiene 29 votos puede efectivamente vetar a cualquier candidato. ARENA tiene 35 diputados y hace uso de este derecho. Es absolutamente legítimo y constitucional.

El problema es que la Asamblea no se ha dado un reglamento que corresponde a esta regla constitucional que establece una mayoría calificada para elegir magistrados – y por tanto una minoría calificada que puede ejercer su derecho a voto.

Ustedes deberían acordar un mecanismo para evitar que el proceso se entrampe por el hecho normal y legítimo que un grupo parlamentario vete a uno o varios candidatos. La regla debe ser esta: Luego de la preselección que hace la Comisión Especial, los candidatos que pasaron este filtro se someten a una votación para determinar si son elegibles o si enfrentan un veto. De esta manera, se eliminan de la lista de los elegibles los que han sido vetados por una minoría calificada. En el caso actual, el licenciado Jaime Martínez ya estaría descartado, porque ARENA lo vetó. Posiblemente el FMLN con GANA hubiera vetado a otro candidato.

Quedarían suficientes para volver a armar una planilla de 5 magistrados y 5 suplentes y someterlos a elección.

Hay que resaltar que no es el veto que entrampa la elección, sino el hecho que otros no aceptan que una minoría calificada (en esta caso de los 35 diputados de ARENA) haga uso de su derecho constitucional de vetar a un candidato. Lo que entrampa el proceso actual no es la necedad de los que vetan a Jaime Martínez, sino la terquedad de los que se niegan a retirarlo de la lista de elegibles.

Por esto se necesitan reglas claras que parten del derecho de una minoría calificada de vetar a candidatos y regulan cómo proceder luego de un veto. La regla tiene que ser: candidato que enfrenta un veto, sale de la lista de los elegibles – y que sigue el proceso. Así de simple como en el juego de “No te enojes” o “Parchís”. Afuera y el juego sigue. Hasta lo niños entienden esto…

No se olviden: El derecho y también la política tienen que corresponder a la razón común. Aplíquenla, no se enchibolen. Saludos, firma paolo

Magistrado responde con dureza a pdte. Sánchez Cerén

“Hay que regalarle al presidente de la República un manual básico de justicia constitucional comparada. No podemos dejar de emitir sentencias”. Rodolfo González, magistrado de la CSJ

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Nelson Rauda Zablah, 9 mayo 2015/LPG

El magistrado Rodolfo González, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pidió ayer a Salvador Sánchez Cerén, presidente de la República, y al bloque de diputados oficialistas que busquen asesoría legal antes de asegurar que la sala se ha extralimitado de su ámbito por las recientes resoluciones.

“Hay que regalarle al presidente de la República un manual básico de justicia constitucional comparada”, dijo González, tras ser cuestionado por las palabras de Sánchez Cerén, que dijo que González y otros tres magistrados de esa sala (Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Belarmino Jaime) “se han puesto sobre la ley”.
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González sugirió la lectura al presidente para probar un punto: “En diferentes países del mundo las cortes constitucionales tienen pocos integrantes. En España son 12, en Estados Unidos nueve, y toman decisiones que tienen incidencia en la vida del país”. El Salvador no tiene una Corte Constitucional, sino una sala, integrada por cinco magistrados que dirimen, entre otros, demandas de inconstitucionalidad de leyes o decretos, amparos y hábeas corpus.

“Ya es tiempo que digamos ‘¡basta!’, no pueden ser cuatro personas las que decidan el destino de nuestro país”, dijo Sánchez Cerén el 1.º de mayo, en un discurso que González catalogó de incendiario.

“No podemos dejar de emitir sentencias. Si las declaraciones del presidente de ‘ya basta’ significan eso, lo siento mucho, no podemos. Que habrá sentencias que no le gustan, lo siento también. No podemos dejar de emitir sentencias y nuestras sentencias no dependen de si a las autoridades demandadas les gustan o no les gustan”, dijo.

El juez constitucionalista también se acordó de los diputados como Norma Guevara, la jefa de fracción del FMLN, quien ayer pidió “perdón al pueblo por haber votado” por esta integración de la Sala de lo Constitucional.

González pidió a los diputados del FMLN que buscaran tutoría sobre derecho constitucional con Fabio Castillo, exdirigente de ese partido y actual concejal de Nayib Bukele, en San Salvador. “Tal vez Fabito les ayuda a aclararles muchas cosas que ellos no entienden porque andan bastante perdidos”, aseguró González.

Guevara dijo además que los magistrados hacen “activismo judicial a favor de un grupo oligárquico”, algo que González también rechazó. Para ese fin, el magistrado citó tres casos que diligencian actualmente.

La sala admitió dos demandas contra un artículo del Código Tributario, que pretendían suspender la publicación de la lista de las personas y empresas en mora con el Ministerio de Hacienda, como medida cautelar. Los magistrados no avalaron esa petición.

“Si una persona debe impuestos, en todo país serio lo que el ministro de Hacienda hace es cobrarlos, por la vía que corresponda. Aunque los demandantes lo pidieron, no hemos suspendido la publicación de la lista”, recordó González. Los otros dos casos a los que hizo referencia son amparos. Uno de ellos a favor de “los niños neonatos de la unidad 1.º de Mayo”, para eliminar el uso de un medicamento nocivo.

El otro es la demanda de comunidades por el relleno sanitario de Texistepeque, en Santa Ana.https://segundavueltasv.files.wordpress.com/2015/05/sala2.jpg