rendición de cuentas

Los incuestionables. De Erika Saldaña

La vida política y de servicio público irmplica un escrutinio constante por parte de la ciudadanía y medios de comunicación sobre las decisiones que se toman en asuntos públicos.

erika saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 5 febrro 2018 / El Diario de Hoy

A los políticos no les gusta que se les cuestione. La constante en los programas de entrevistas y redes sociales es que si les hacen una pregunta para la que no tienen o no quieren dar respuesta, muchos candidatos se vuelven hábiles en hacerse los desentendidos, evadir o cambiar el tema. También expertos en reclamar en privado a los dueños de los medios por el trabajo de sus periodistas. ¿Acaso no entienden que en una república tienen el poder delegado? ¿Que los periodistas hablan (o deberían) por muchos de nosotros y ser contralores del poder? Como dicen los gringos, los periodistas son el watchdog del poder.

EDH logLos casos más curiosos son de aquellos que ya han sido funcionarios, pues pareciera que se ganaron una especie de corona y nadie puede criticarlos; y si lo haces, inmediatamente te tachan de simpatizante del partido de la oposición. Que penita, pero ¿tan limitado es su pensamiento que si cuestionan a alguien del Frente es porque son de ARENA? ¿O si cuestionan a ARENA es porque son rojos? El país es de todos, el poder es delegado y los periodistas solo hacen su trabajo, preguntar por nosotros.

En plena campaña política todos los candidatos quieren que únicamente se exponga su mejor cara, la sonrisa más brillante y los mensajes de motivación más convincentes. Creen que quien resalta esos aspectos es amigo y el resto somos sus enemigos. Creen que sus palabras deberían bastar para ser merecedores de nuestro voto. Estas personas todavía tienen mentalidad feudalista, donde “el señor” era quien mejor sabía la forma de administrar los bienes o tomar decisiones; ahora creen que sus ideas o acciones políticas son infalibles y la crítica se hace por “pluma pagada” o “micrófono vendido”, con la única intención de dañar.

Se nota la incomodidad de varios candidatos y dirigentes cuando un periodista se atreve a preguntar más allá de lo evidente, cuando critica sus posturas o confronta sus propuestas con la realidad. Créanme, señores dirigentes y candidatos, que si tuvieran cara a cara a la ciudadanía indignada por sus decisiones, esa que se informa, preocupa y hace crítica sobre la manera en que han llevado los asuntos públicos, el cuestionamiento que recibirían sería diez veces peor.

Aquí el rol importante que juegan los medios de comunicación en la labor de fiscalización: ya que nosotros, los ciudadanos comunes, no nos podemos sentar con todos los políticos a discutir, los periodistas se transforman en voceros de nuestras inquietudes. Como lo ha dicho la Sala de lo Constitucional: “los medios de difusión juegan un rol fundamental, ya que son un instrumento que le permite a la sociedad acceder a información de relevancia pública al facilitarle la búsqueda, recepción y difusión de información. De forma correlativa, se espera que dichos medios desempeñen con responsabilidad, ética y apego a la verdad su función de informar”.

Me pregunto si han hecho el intento de pensar que, ante un cuestionamiento, existe la posibilidad que ustedes estén equivocados y no quien los cuestiona. ¿Han considerado que quizá no es la simple gana de molestar y que vale la pena considerar o responder a una pregunta válida y fundamentada? Como dijo Harry Truman, presidente de EE. UU., ‘if you can’t stand the heat, get out of the kitchen!’; si no pueden aguantar el calor, ¡sálganse de la cocina! Los periodistas están para preguntar, y ustedes, porque les delegamos el poder, para responder. Si no están dispuestos a ser pasados por fuego, si no están dispuestos a soportar y responder a la crítica, mejor retírense de la política.

La vida política y de servicio público implica un escrutinio constante por parte de la ciudadanía y medios de comunicación sobre las decisiones que se toman en asuntos públicos. Si alguien inicia en política, prepárese a que le cuenten las costillas; y si en una gestión un funcionario cometió errores, lo mínimo que se esperaría es que los acepte y corrija. Pero no que nos conformemos con sus respuestas preparadas y que solo pretenden quedar bien en la foto. El Salvador ya no es una finca, es una república. Tienen que responder a los cuestionamientos; si no quieren hacerlo, no tienen business siendo políticos.

Fondos públicos que nadie controla. De Humberto Sáenz Marinero

Se han asignado cantidades importantes de dinero a entidades con evidentes vínculos formales y reales con algunos de los legisladores, sin que estos expliquen por qué es que se ha elegido a esas entidades.

Humberto_Saenz_MarineroHumberto Sáenz Marinero, 3 enero 2017 / EDH

Poco a poco nos hemos ido enterando de una práctica que se ha venido enquistando en la Asamblea Legislativa; una de esas tantas malas prácticas que no puede continuar acuerpándose en el insensato argumento de que “eso siempre se ha hecho así y nadie ha dicho nada”.

La Asamblea Legislativa ha venido incluyendo en su presupuesto una millonaria partida que está destinada a financiar supuestas actividades de asociaciones, fundaciones y universidades. Parto por señalar que estoy convencido de que, en algunos de esos casos, las entidades que han recibido los fondos públicos han hecho un adecuado uso de ellos y que los fines son loables; pero no es ese el punto.

diario hoyEl punto es en realidad más sencillo y pasa por preguntarse ¿por qué la Asamblea Legislativa tiene que estar realizando estas donaciones? Personalmente no encuentro ninguna justificación ni habilitación legal para que sea este el mecanismo a utilizar para destinar fondos públicos a entidades privadas, pero asumiendo – sin conceder – que alguna justificación existe, no cabe duda que el procedimiento de asignación de fondos públicos debe realizarse dentro de un proceso completamente transparente y estructurado de manera tal, que se elimine la discrecionalidad con la que hasta la fecha se han venido repartiendo esos fondos.

A la fecha, se han asignado cantidades importantes de dinero a entidades con evidentes vínculos formales y reales con algunos de los legisladores, sin que estos expliquen a la ciudadanía por qué es que se ha elegido precisamente a esas entidades y no a otras.

Con lo poco que ya conocemos, los conflictos de interés saltan a la vista y vuelven ostensible el hecho de que este mecanismo alienta el clientelismo político, resta independencia a los destinatarios de los fondos y genera especulaciones adicionales en el delicado tema del financiamiento de los partidos políticos.

Todavía más grave, la Asamblea Legislativa no ejerce ningún tipo de control sobre los fondos así repartidos, llegando hasta el colmo de que algunos diputados han dicho que ni siquiera sabían de su existencia, a pesar de que lo han venido aprobando año con año.  Que no conozcan ni lo que aprueban dice mucho del trabajo legislativo.

Insisto en que no encuentro justificación ni habilitación legal para que la Asamblea esté repartiendo estos fondos, pero, como mínimo, si la intención es continuar con esa práctica, tal actividad debería pasar por una licitación o concurso que permita una mejor asignación de estos. Con claros términos de referencia, las entidades que requieren de financiamiento público, tendrían que explicar con detalle por qué requieren de esas cantidades de dinero, cuáles serán las actividades para las que destinarán las mismas y cuáles serán los resultados medibles que se esperan.
Y con claros términos de referencia, la Asamblea Legislativa tendría que tomar sus decisiones apegadas completamente a ellos dejando de lado preferencias partidarias o compromisos políticos.

En todo eso asusta que la Corte de Cuentas de la República se haya mantenido completamente omisa todos estos años, y que no haya sido sino hasta ahora que reaccionen ante el pedido de fiscalización hecho por representantes de Acción Ciudadana.

Hemos escuchado de algunas propuestas que pretenden introducir reformas legislativas para que la Corte de Cuentas audite estos fondos; pero lo cierto es que la normativa actual ya establece esa facultad que incluso deviene en una obligación. Es nuestra Constitución la que impone a la Corte de Cuentas la obligación de vigilar la erogación de los fondos públicos, así como la fiscalización de la gestión económica de cualquier entidad que reciba fondos del Estado, con lo cual no hay necesidad de esperar una reforma legislativa para que la Corte de Cuentas haga lo que le corresponde hacer.

¿Qué es lo que están haciendo estas entidades? ¿De verdad están realizando obras de beneficio para las comunidades? ¿A quién le rinden cuentas? ¿A quién le informan si lograron cumplir con sus objetivos? ¿Quiénes trabajan en esas entidades y qué vínculos tienen con sus donantes? Son preguntas cuya respuesta no conocemos porque las instituciones que deben vigilar, no lo han hecho.

Como en muchos otros problemas que aquejan a nuestro país, en este caso ha tenido que ser la sociedad civil y el periodismo investigativo los que han tenido que suplir las deficiencias y desidia institucional, pero aún es tiempo para que los funcionarios que se encuentran al frente de la Asamblea Legislativa, Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República y Tribunal de Ética Gubernamental sancionen y corrijan este yerro que se viene cometiendo desde hace varios años. Les estamos esperando.

Carta a la oposición: ¿Confidencialidad o transparencia? De Paolo Luers

Paolo Luers, 15 noviembre 2016 /EDH

paolo luers caricaturaEstimados amigos:
Okay, ya lograron el salvataje de las finanzas públicas. Con los 550 millones de dólares en bonos, que ustedes autorizaron, el gobierno supuestamente puede llegar al fin del año, cumpliendo sus obligaciones con pensionados, militares retirados, proveedores, acreedores, alcaldías, maestros, médicos, policías etcétera.

¿Y ahora qué? 

Todavía nadie ha contestado la pregunta del millón (más bien de los millones) que todos nos hemos hecho: ¿Qué hicieron con los fondos reservados en el presupuesto vigente para todas las obligaciones que ahora se pagarán con los 550 millones de deuda adicional? ¿Qué se hizo este diario hoypisto? Si han incurrido en gastos adicionales, fuera del presupuesto, ¿por qué no solicitaron autorización a la Asamblea? Si el presupuesto no fue modificado por la Asamblea, autorizando gastos no previstos, la única conclusión es que estamos pagando dos veces por las mismas cosas, una vez con los impuestos incluidos en el presupuestos 2016, y ahora autorizando 550 millones, que en algún momento también tendremos que cancelar.

Ahora hay dos posibilidades: O la oposición, en la ‘mesa fiscal’ con el gobierno, recibió respuestas satisfactorias a estas interrogantes, entonces cabe preguntar: ¿Por qué la oposición no ha hecho públicos estos datos? En este caso tenemos un problema de transparencia. O ustedes como oposición han autorizado 550 millones de salvataje sin ninguna rendición de cuentas confiable por parte del FMLN y su gobierno. En este caso tenemos un problema político grave.

Tengo entendido que ustedes han puesto como condición que la mesa fiscal que tienen con el gobierno revise punto por punto el presupuesto 2017, para asegurar que esta vez sea completo, realista y equilibrado. Cosa que teóricamente no puede ser sujeto de mucha negociación, por que es un mandato constitucional.

Lo que no tengo claro es si ustedes, antes de autorizar este salvataje, consiguieron del gobierno un compromiso legalmente vinculante que garantiza una exitosa y estricta revisión del próximo presupuesto. Digo vinculante, porque promesas y discursos no valen el papel donde están impresos. Si no hay compromisos vinculantes, por ejemplo plasmados en un convenio suscrito con el Fondo Monetario Internacional, ustedes nuevamente terminaron dando al gobierno un cheque en blanco. Y ya sabemos lo que los gobiernos, sobre de corte  populista, hacen con cheques blancos.

Ya no esperamos nada del gobierno en cuanto a transparencia en todos estos asuntos, pero de ustedes sí. Tienen la obligación inalienable de compensar el permanente déficit que el gobierno tiene en cuanto a rendición de cuentas. Si no ustedes, ¿quién va a explicar a los ciudadanos lo que se negoció y acordó en la mesa fiscal  y en base de qué datos antes no disponibles? Estoy de acuerdo que ustedes, como oposición, tienen la obligación de evitar que el gobierno lleve al país al impago, y de ayudarle al gobierno a salir de la crisis, pero no tienen ninguna obligación de ayudarle al gobierno a esconder datos y seguir mintiendo a la ciudadanía. Esto sería complicidad.

En este sentido, en estas negociaciones fiscales no puede haber compromiso de confidencialidad con el gobierno que vaya encima del compromiso de transparencia que ustedes tienen con los ciudadanos. Saludos,

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Lo público. De Sandra de Barraza

Sandra de BarrazaSandra de Barraza, 1 octubre 2016 / LPG

El ejercicio del derecho ciudadano a tener acceso a información pública para fomentar transparencia y evitar la corrupción en la administración pública, una y otra vez pone en evidencia las históricas barreras que imponen los funcionarios y empleados para “esconder” la arbitrariedad, la incapacidad y la posible corrupción. Y esto va desde cosas pequeñas hasta seguramente más grandes.

la prensa graficaRecientemente se conoció que los funcionarios públicos de “alto nivel” pueden administrar el inventario de la institución que presiden a su antojo. Cualquiera podría creer que cada institución tiene un cuidadoso registro y control de bienes “muebles y raíces” como dice la Constitución de la República. Cualquiera podría creer que la auditoría interna, esa que se contrata de manera permanente, asume la tarea de controlar periódicamente la existencia y las condiciones de los bienes muebles y raíces. Sin embargo, se tienen casos en que los bienes muebles se “regalan”, y el ejemplo lo ha dado el Ministerio de Defensa.

¿Qué más “regalan” los funcionarios públicos? Pregunto porque los bienes muebles y raíces son parte del activo nacional, activo que en ciertos bienes adquiere valor histórico. Armas de todo tipo, fotografías, imágenes religiosas, construcciones, estatuas, instrumentos musicales, mobiliario, equipo y hasta mapas dibujados o impresos tienen valor histórico porque reflejan la evolución cultural de una nación. Y en nuestro caso, muchos de estos “activos” muebles, que son parte del patrimonio público y de la identidad nacional, dicen que están en jardines y colecciones privadas. ¿Quién los regaló? ¿Por qué se acepto semejante regalo?

¿Qué más regalan los funcionarios públicos? Seguramente también “regalan”, donan o permutan, para que suene más elegante, bienes raíces, esos bienes que seguramente tienen valor por su ubicación o su construcción. Casos conocidos se tienen y muchos, la mayoría, desconocidos. La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) transfirió con títulos de propiedad los derechos de vía del histórico ferrocarril. Y esto de “regalar” no es privativo del gobierno central. También sucede en los gobiernos municipales. ¿Cuántos más se han beneficiado con bienes raíces del patrimonio nacional? ¿A quién le dan cuentas?

¿A quién le dan cuentas sobre el uso de la hacienda pública? La respuesta a esta pregunta es difícil y hasta imposible de obtener dentro de la administración pública. Los que arbitrariamente deciden sobre el destino y uso privado de la hacienda pública se han ocupado, y con buen resultado, de no establecer un sistema de control de los recursos. Y carentes de un sistema de control, cualquier cosa pueden hacer y cualquier cosa puede suceder con los recursos que conforman la hacienda pública. Y esto parece práctica histórica. Y ¿quién da cuentas?

Es cuesta arriba ejercer el derecho ciudadano al acceso de información pública para velar por la transparencia y la probidad en el uso de recursos de la hacienda pública. Es cuesta arriba porque los funcionarios y empleados públicos se resisten y tienen en la Ley de Acceso a la Información Pública el escudo para protegerse. ¿De qué sirve tanto articulado y tanta diferenciación sobre el tipo de información si es fácil terminar diciendo “es información inexistente”?

Si la transparencia efectivamente fuera compromiso de la administración pública, solo en casos muy, pero muy excepcionales, y muy, pero muy particulares, la “información inexistente” podría tener justificación. Pero, en la categoría “viajes al exterior”, la precisión del lugar, el carácter de la visita pública, el presupuesto, la fuente de financiamiento, el número de días, el número de participantes y el beneficio del viaje, es injustificable la inexistencia de información. ¿Quién controla? ¿A quién le rinden cuentas?

¿A quién le rinden cuentas? Pregunta sin respuesta a pesar de que el sentido y el contenido de la Constitución de la República lo deja claro. ¿República? Es la forma de organización del Estado que El Salvador tiene. Y el que se dice “republicano” es partidario de esta organización del Estado como opción ideológica. Corremos el riesgo de no tener claros los alcances del concepto, pero de lo que está claro, que esto no es una monarquía.

La comprensión sobre el Estado salvadoreño y su forma de gobierno está en ejercicio permanentemente. Y este ejercicio es permanente porque los artículos 83, 85 y 86 de nuestra Constitución de la República tienen la tentación de ser interpretados a la medida y a conveniencia de coyuntura. Y así, el diálogo y la democracia corren riesgo.

Sigue la escalada impositiva. De Federico Hernández Aguilar

El Estado espera que todos los salvadoreños nos “sacrifiquemos” para contrarrestar el crimen, pero los señores diputados se recetan millones de dólares en bienes de consumo, la lista de sus asesores ha sido publicada a cuentagotas y no hay quien consiga hacer realidad una urgentísima Ley de Responsabilidad Fiscal.

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Federico Hernández Aguilar, escritor y director ejecutivo de la Cámara de Comercio

Federico Hernández Aguilar, 23 sept. 2015 / EDH

Si caminando por la calle me encuentro con un amigo que me pide dinero prestado, mi pregunta espontánea sería para qué lo quiere. Se trata de la información mínima que necesito antes de evaluar la pertinencia del préstamo. Si además resulta que ya antes he dado dinero a esta persona, lo lógico es averiguar qué fue de aquella primera ayuda, pues un nuevo pedido indicaría que algo no anda bien. Sinceridad es lo que yo esperaría de este amigo que me habla de su necesidad. ¿Pero qué pasaría si, en lugar de abrirme el corazón, su reacción fuera de enojo, y encima me acusara de falta de solidaridad con él? ¿Sería descabellada mi resistencia a aflojarle más plata?

El Estado no es forzosamente nuestro amigo ni tiene por qué serlo, pero sus peticiones de dinero nos afectan. La resistencia a darle recursos depende de muchas circunstancias, y los ciudadanos tendemos a hacerlas valer en proporción a la cantidad de información de que disponemos. Siempre será más fácil, por ejemplo, aceptar las “contribuciones” que pida un gobierno probadamente comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, pues al menos mostraría querer intercambiar información que permita al ciudadano vigilar cómo se invierte su dinero.

Acusar de poco solidario al contribuyente que exige transparencia al Estado no solo es antidemocrático, sino fuera de toda lógica. En más de un sentido sería como ese amigo que se enoja cuando le preguntamos para qué quiere el dinero que nos pide prestado. Por el contrario, un gobierno abierto al escrutinio público se adelanta de buena gana a las legítimas demandas de sus ciudadanos, porque se reconoce servidor de ellos. Rendirá cuentas de cada centavo sin remilgar, convencido del derecho que asiste a las personas que, vía impuestos, le entregan parte de sus recursos.

El gobierno nos está pidiendo a los salvadoreños que contribuyamos de manera “especial” al plan de seguridad. Con ese propósito, afirma, el 10% de la factura que pagamos para estar comunicados —desde el uso de un celular hasta la importación de equipos tecnológicos— pasará a engrosar un fondo destinado a cumplir con esa tarea fundamental. Y así, recaudando los 140 millones anuales que calcula alegremente el ministerio de Hacienda, en El Salvador estaremos a partir de los próximos meses más protegidos contra la delincuencia, las pandillas y el crimen organizado. ¡Una belleza!

El problema es que el gobierno nos ha dicho algo bastante similar con cada una de las tres reformas tributarias que nos ha aplicado en los últimos seis años y los índices de violencia no han hecho sino aumentar exponencialmente. El mismo partido oficial que hoy nos invita a ser “solidarios” en materia de seguridad ha sido incapaz de explicar por qué Sigfrido Reyes tenía a un socio suyo en calidad de asesor en la Asamblea Legislativa o por qué se mantienen en estricto secreto los viajes y los gastos publicitarios de la administración Funes.

El Estado espera que todos los salvadoreños nos “sacrifiquemos” para contrarrestar el crimen, pero los señores diputados se recetan millones de dólares en bienes de consumo, la lista de sus asesores ha sido publicada a cuentagotas y no hay quien consiga hacer realidad una urgentísima Ley de Responsabilidad Fiscal.

Incluso ateniéndonos al plan emanado del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, ¿a cuál de sus 124 acciones se dará financiamiento prioritario y bajo qué criterio? ¿Y de qué manera esta inversión de 140 millones, aun suponiéndola bien controlada, podría concretar los beneficios de “facilitación de actividades económicas”, “creación y conservación de oportunidades de trabajo” o “resguardo de propiedades” que los considerandos del proyecto de ley prometen a quienes estaremos obligados a pagar?

Como sea, nuestro “amigo” el Estado prefiere guardarse las explicaciones. Hoy nos vuelve a pedir dinero, olvidándose de las promesas que hizo antes. Y como tampoco esta nueva “contribución” le va a alcanzar, pronto volverá a pedirnos más.