Fondos públicos que nadie controla. De Humberto Sáenz Marinero

Se han asignado cantidades importantes de dinero a entidades con evidentes vínculos formales y reales con algunos de los legisladores, sin que estos expliquen por qué es que se ha elegido a esas entidades.

Humberto_Saenz_MarineroHumberto Sáenz Marinero, 3 enero 2017 / EDH

Poco a poco nos hemos ido enterando de una práctica que se ha venido enquistando en la Asamblea Legislativa; una de esas tantas malas prácticas que no puede continuar acuerpándose en el insensato argumento de que “eso siempre se ha hecho así y nadie ha dicho nada”.

La Asamblea Legislativa ha venido incluyendo en su presupuesto una millonaria partida que está destinada a financiar supuestas actividades de asociaciones, fundaciones y universidades. Parto por señalar que estoy convencido de que, en algunos de esos casos, las entidades que han recibido los fondos públicos han hecho un adecuado uso de ellos y que los fines son loables; pero no es ese el punto.

diario hoyEl punto es en realidad más sencillo y pasa por preguntarse ¿por qué la Asamblea Legislativa tiene que estar realizando estas donaciones? Personalmente no encuentro ninguna justificación ni habilitación legal para que sea este el mecanismo a utilizar para destinar fondos públicos a entidades privadas, pero asumiendo – sin conceder – que alguna justificación existe, no cabe duda que el procedimiento de asignación de fondos públicos debe realizarse dentro de un proceso completamente transparente y estructurado de manera tal, que se elimine la discrecionalidad con la que hasta la fecha se han venido repartiendo esos fondos.

A la fecha, se han asignado cantidades importantes de dinero a entidades con evidentes vínculos formales y reales con algunos de los legisladores, sin que estos expliquen a la ciudadanía por qué es que se ha elegido precisamente a esas entidades y no a otras.

Con lo poco que ya conocemos, los conflictos de interés saltan a la vista y vuelven ostensible el hecho de que este mecanismo alienta el clientelismo político, resta independencia a los destinatarios de los fondos y genera especulaciones adicionales en el delicado tema del financiamiento de los partidos políticos.

Todavía más grave, la Asamblea Legislativa no ejerce ningún tipo de control sobre los fondos así repartidos, llegando hasta el colmo de que algunos diputados han dicho que ni siquiera sabían de su existencia, a pesar de que lo han venido aprobando año con año.  Que no conozcan ni lo que aprueban dice mucho del trabajo legislativo.

Insisto en que no encuentro justificación ni habilitación legal para que la Asamblea esté repartiendo estos fondos, pero, como mínimo, si la intención es continuar con esa práctica, tal actividad debería pasar por una licitación o concurso que permita una mejor asignación de estos. Con claros términos de referencia, las entidades que requieren de financiamiento público, tendrían que explicar con detalle por qué requieren de esas cantidades de dinero, cuáles serán las actividades para las que destinarán las mismas y cuáles serán los resultados medibles que se esperan.
Y con claros términos de referencia, la Asamblea Legislativa tendría que tomar sus decisiones apegadas completamente a ellos dejando de lado preferencias partidarias o compromisos políticos.

En todo eso asusta que la Corte de Cuentas de la República se haya mantenido completamente omisa todos estos años, y que no haya sido sino hasta ahora que reaccionen ante el pedido de fiscalización hecho por representantes de Acción Ciudadana.

Hemos escuchado de algunas propuestas que pretenden introducir reformas legislativas para que la Corte de Cuentas audite estos fondos; pero lo cierto es que la normativa actual ya establece esa facultad que incluso deviene en una obligación. Es nuestra Constitución la que impone a la Corte de Cuentas la obligación de vigilar la erogación de los fondos públicos, así como la fiscalización de la gestión económica de cualquier entidad que reciba fondos del Estado, con lo cual no hay necesidad de esperar una reforma legislativa para que la Corte de Cuentas haga lo que le corresponde hacer.

¿Qué es lo que están haciendo estas entidades? ¿De verdad están realizando obras de beneficio para las comunidades? ¿A quién le rinden cuentas? ¿A quién le informan si lograron cumplir con sus objetivos? ¿Quiénes trabajan en esas entidades y qué vínculos tienen con sus donantes? Son preguntas cuya respuesta no conocemos porque las instituciones que deben vigilar, no lo han hecho.

Como en muchos otros problemas que aquejan a nuestro país, en este caso ha tenido que ser la sociedad civil y el periodismo investigativo los que han tenido que suplir las deficiencias y desidia institucional, pero aún es tiempo para que los funcionarios que se encuentran al frente de la Asamblea Legislativa, Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República y Tribunal de Ética Gubernamental sancionen y corrijan este yerro que se viene cometiendo desde hace varios años. Les estamos esperando.

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