transparencia

El show que nos cuesta 11.8 millones. De Paolo Luers

paolo3Paolo Luers, 30 diciembre 2016 / EDH

Estamos en vacaciones y nadie quiere hablar de cosas serias. Entonces, les voy a contar un chiste: Casa Presidencial nos quería contar que la producción de su show sabatino de ‘Gobernando con la Gente/Festival del Buen Vivir’ cuesta nada más $5,000. Luego, cuando tuvieron que defender esta mentira en una audiencia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, cambiaron el monto a $32,017.08. Pero siegue siendo mentira: el costo aproximado de cada evento es de $118 mil. Cada segundo sábado…

El 9 de julio, la pareja presidencial celebró su reality show (más bien irreality) en la ciudad de Usulután. Días antes aparecieron los equipos de avanzada: los del Batallón Presidencial, para planificar la seguridad; los de la Secretaría de Participación Ciudadana, para visitar a las comunidades y seleccionar y entrenar a los ciudadanos que tendrían el privilegio de dirigirse al presidente; los técnicos para montar tarimas y carpas…

diario hoyEl propio sábado se movilizaron decenas de vehículos y cientos de funcionarios y empleados a Usulután: de Casa Presidencial, del Batallón Presidencial, de la PNC, de los 50 (!) instituciones del gobierno que participarían del evento; los activistas de la Secretaría de Participación Ciudadana y los periodistas de la Secretaría de Comunicación de CAPRES; los técnicos de Canal 10 y de Radio Nacional; y los camarógrafos, sonidistas, técnicos y productores de la empresa Meridiano89, quienes se encargarían de producir la versión televisiva del show.

Todos ellos trajeron sus respectivos equipos, toldos, sillas, mesas – y muchas de las instituciones participantes trajeron materiales para repartir a la población o para prestarles servicios o entretenimiento.

Luego, todo el aparataje había que desmontarlo, empacarlo, y transportarlo de regreso a San Salvador.

Tuvo lugar el evento, el presidente y su comitiva le dieron a la gente de Usulután muchas sonrisas y consignas, repartieron regalos, hicieron promesas – bueno, todos ya sabemos como funcionan estos eventos.

Ahora viene el chiste: Según Casa Presidencial, todo esto nos costó solamente 5 mil dólares. Esta fue la respuesta del oficial de información de CAPRES a una solicitud de información pública que este servidor hizo en agosto del 2016.

Obviamente, no me quedé satisfecho con esta respuesta, obviamente falsa. 5 mil dólares costó el alquiler y montaje de la carpa. Y según Casa Presidencial, todo lo demás no le causó ningún costo adicional, ya que se usaron equipos, vehículos y personal propio. Como si movilizar todo este montón de vehículos, funcionarios, empleados, soldados, policías, equipos y materiales no costara nada. Como si los materiales que reparten no costaran nada. Como si la gasolina fuese gratis. Como si todo el personal involucrado, que trabaja estos sábados de madrugada a noche, no cobraran nada, no comiera nada, no bebiera nada.

La mentira más obvia en esta (des)información de CAPRES es que la producción televisiva, que involucra numerosas cámaras y personal profesional, no les cuesta nada. Dicen: Lo hacemos con recursos, equipos y personal propio.

Bueno, en diciembre 2016 se celebró la audiencia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque este servidor apeló la resolución de Casa Presidencial. En esta audiencia, el representante de CAPRES testificó que el único costo del espectáculo eran los 5 mil que pagaron por la carpa. Todo lo demás, reiteró, fue hecho con recursos y personal propio de Casa Presidencial. Nadie cobraba horas extra. Y volvió a afirmar, ante los comisionados del Instituto, que el programa televisivo no causó a CAPRES ningún costo, ya que se realizaba con recursos, equipos y personal propio.

Este servidor argumentó que esto era doblemente falso: Primero, incluso si fuera cierto que todo se hizo con recursos propios, movilizarlos causaba costos. Segundo, la producción televisiva involucraba los servicios de profesionales reconocidos de una empresa (Meridiano89), y que este servidor insistía en conocer cuánto costó a CAPRES (o sea a nosotros) su servicio. Volvió a negar el representante de CAPRES que estuviera involucrado un servicio profesional externo.

El Instituto resolvió ordenar a Casa Presidencial a revelar cuánto tiene asignado en su presupuesto para realizar dichos eventos. Le dieron 5 días para entregarme la información requerida.

Al final de la tarde del quinto día recibí la ‘Resolución de Cumplimiento’ de Casa Presidencial. Cumplieron el plazo, pero incumplieron la obligación de entregar información completa.

Ahora, la historia oficial cambió. Ya no es válido lo que el oficial de información de CAPRES defendió a capa y espadas en la audiencia: que no se podía dar información detallada de los costos. Ahora mandan los costos del show del Buen Vivir al centavo, rubro por rubro, y evento por evento.

El costo total para el evento del 9 de julio 2016 en Usulután, en esta segunda versión de Casa Presidencial, fue de $32,017.08 – ya no de 5 mil, como originalmente sostuvieron.

Pero aun hay varios rubros que omiten: Todo lo relacionado con Seguridad lo declaran información reservada; todo lo relacionado con la movilización de los docenas de vehículos, lo omiten. No aparece ni un galón de gasolina. También omiten los servicios que en cada evento prestan los profesionales de Meridiano89 para producir la versión televisiva del (ir)realality show.

Capres reconoce $32 mil para un solo evento, pero el costo real oscila alrededor de $118,000.

¿Cómo llegamos a esta suma? Agregando a los costos oficiales de CAPRES de $32 mil los costos de cada una de las 50 dependencias del Estado que están participando en el show: con vehículos, materiales, equipos, toldos, muebles y personal. Pongamos un promedio muy conservador: $1,500 por institución. Son $75,000 por evento. Ya suman $108 mil. Plus los costos escondidos para la producción televisiva, incluso a precio de cheros: $10,000. Llegamos a $118,000. Esto son unos $2.36 millones al año, si calculamos 20 shows – o $11.8 millones en el quinquenio. Y esto es un calculo conservador, porque asumo que cada ministerio o autónoma participante gastará más que $1,500 en cada evento.

Falta mucho que recorrer en el camino a la transparencia. Sobre todo en Casa Presidencial.

 

La solicitud de información:

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La primera respuesta de CAPRES:

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La resolución del Instituto de Acceso a la Informacion Pública:

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La segunda respuesta de CAPRES:

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Balance político de 2016… De Luis Mario Rodríguez

El balance es positivo en transparencia y en el acceso a la información pública; por el contrario es muy negativo en cuanto a la “habilidad de gobernar”.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 15 diciembre 2016 / EDH

El 2016 presentó avances concretos en la lucha contra la corrupción. Fue un año en el que la cooperación internacional, la elección de funcionarios independientes y el decidido protagonismo de la sociedad civil organizada contribuyeron a mejorar el combate contra aquel flagelo. A esa alineación de factores positivos debe unirse la Corte de Cuentas de la República cuyos integrantes se nombraron recientemente. Las declaraciones de la primera mujer designada como magistrada del organismo contralor sobre la “depuración global” que necesita la institución, prometen un desempeño similar al de la Fiscalía General y al de la Corte Suprema de Justicia en el control de la probidad de los empleados y funcionarios públicos.

diario hoyPor otra parte la relación entre los Órganos de Estado mostró un deterioro significativo. Las acusaciones de los principales voceros del Ejecutivo y del partido de gobierno en contra de la Sala de lo Constitucional revelaron un preocupante comportamiento del presidente y de la comisión política de esa organización partidaria. El tono de los reclamos y las estrategias de presión, movilizando a sus bases con amenazas a la integridad física de los magistrados, rebasó las fronteras del respeto institucional. Lo normal habría sido expresar su desacuerdo con el criterio jurídico de la Sala.

Mientras tanto, el Ejecutivo perdió el respaldo del aliado que lo apoyó desde la administración anterior en la Asamblea Legislativa. El partido Gran Alianza Nacional negó sus votos para la aprobación de nuevos impuestos, del presupuesto general de la Nación y de algunas leyes que, no obstante su intención de disminuir la evasión tributaria, incumplen garantías constitucionales. GANA y el resto de partidos saben que los ciudadanos los observan y que en 2018, con el sistema de listas abiertas, podrían enfrentarse a un desastre electoral, perdiendo diputados, si continúan avalando medidas que perjudican a la población.

En cuanto a la “democracia de resultados” ni la economía ni la seguridad pública arrojaron mejoras sustanciales. Ciertamente disminuyeron los homicidios pero, según las encuestas de opinión, las extorsiones y la percepción de victimización siguen posicionando a la inseguridad como el principal problema. Lo mismo puede decirse del crecimiento económico. Se anunciaron dos grandes inversiones inmobiliarias y una empresa suramericana inauguró operaciones en los últimos días. Sin embargo no existen suficientes empleos que alcancen a cubrir los puestos de trabajo para los miles de jóvenes que desean incorporarse al mercado laboral.

Las mesas de diálogo que el presidente Sánchez Cerén instaló desde el inicio de su mandato no contribuyeron en 2016 a solucionar los dilemas señalados. El Consejo de Seguridad, el Asocio para el Crecimiento y la mesa fiscal, si bien incentivaron el intercambio de ideas entre los sectores privado y gubernamental, no lograron concebir acciones concretas para prevenir el delito, estabilizar las finanzas públicas y detonar una pujante actividad empresarial. Por el contrario, el procedimiento viciado para la integración del Consejo Nacional del Salario Mínimo deterioró la ya debilitada confianza en los funcionarios.

Aunque las principales fuerzas políticas suscribieron un acuerdo fiscal, todavía no se cumplen las condiciones pactadas. No se corrige el proyecto de presupuesto para el 2017, se ignoran las recomendaciones para reducir el gasto, está fuera de la discusión el debate sobre los incentivos que necesita la empresa privada para invertir, y se esquivan los temas de la calidad de los servicios públicos y de la profesionalización de los empleados y los funcionarios del Estado. El clientelismo político sigue sustituyendo a la meritocracia en las oficinas gubernamentales y la educación, la salud y el transporte público permanecen con déficits serios.

Los reclamos se concentran en la necesidad de más préstamos, de nuevas emisiones de bonos y de más impuestos. La lucha contra la evasión fiscal es necesaria e impostergable, pero esta debe efectuarse en el marco del Estado de derecho. Asimismo es urgente retomar la ampliación de la base tributaria.

El año también nos deja deudas importantes en materia electoral. Parece que algunos conspiran para que los comicios de 2018 exhiban los mismos o más graves problemas que las legislativas de 2015. El balance es positivo en transparencia y en el acceso a la información pública; por el contrario, es muy negativo en cuanto a la “habilidad de gobernar”.

La semana de la transparencia… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 8 diciembre 2016 /EDH

En el marco de la semana de la transparencia y en la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, conviene reflexionar, de nuevo, sobre el peligro de no fiscalizar el financiamiento que reciben los partidos políticos. Ahora se comprende, aunque todavía de manera tibia, que la ausencia de reglas en este tema permite el ingreso de dinero ilícito en las campañas electorales, incentiva el conflicto de intereses entre los donantes y quienes se benefician de los patrocinios, sean estos precandidatos, candidatos o los mismos institutos políticos, posibilita la desigualdad de las condiciones de la competencia electoral y deja impune el uso de recursos del Estado para promover a los aspirantes del partido en el gobierno que buscan un cargo de elección popular.

diario hoyLas acusaciones de posibles financiamientos irregulares en las campañas de los dos partidos mayoritarios en El Salvador dan cuenta de esta realidad. Los precedentes incluyen presuntos apoyos desde Taiwán, Venezuela y Brasil, campañas de diputados pagadas por el crimen organizado y abuso de los gobiernos de turno cuando subvencionan anuncios para levantar la imagen de los candidatos del oficialismo.

También falta una adecuada supervisión por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Cuentas de la República. El esfuerzo de Acción Ciudadana (AC), una organización de la sociedad civil, por obtener la información financiera de los partidos, demuestra que existe un alto grado de resistencia para cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó regular esta materia así como la legislación electoral que se aprobó como consecuencia de aquella resolución judicial.

Ni los partidos ni las instituciones públicas responsables de vigilar a los primeros están colaborando para transparentar sus ingresos, gastos y financistas. Ciertamente deben revisarse las atribuciones del TSE con el propósito de aclarar el alcance de sus funciones. No se trata únicamente de recibir los estados financieros sino también de auditar y confirmar la veracidad de los mismos. Por otro lado se requiere examinar la “deuda política” que obtienen por parte del Estado. Tratándose de dinero público, la Corte de Cuentas está obligada a supervisar que ese dinero se haya invertido en actividades relacionadas con la campaña electoral.

A pesar de esas deficiencias, se reconoce que “la rueda ha empezado a girar” y, por tanto, será muy difícil revertir los avances legislativos y la presión pública que pesa sobre los institutos políticos y las entidades estatales para que entreguen los documentos solicitados. Retrasar esta tarea puede llevar al país a situaciones tan penosas como las ocurridas en Guatemala, Honduras y Brasil, por señalar tres ejemplos, en los que se han descubierto escandalosos casos de corrupción vinculados al financiamiento político.

Al margen de las dificultades y de la lenta evolución para fiscalizar esta área, los partidos no terminan de aceptar que el siglo XXI trajo consigo nuevos desafíos para su participación en eventos electorales. La sociedad es mucho más exigente: quiere transparencia, vela por el cumplimiento de las promesas de campaña, examina con mayor rigor la experiencia de los candidatos y, cuando se trata de diputados que buscan la reelección, repasa su trabajo en la Asamblea Legislativa y los proyectos de ley que respaldaron. En buena medida, la insatisfacción de los ciudadanos con la democracia se debe a la falta de resultados efectivos. La gente quiere que el “cambio” se materialice en más empleos, más salud, más educación y menos delincuencia.

En varios países está quedando atrás el bipartidismo y los Congresos se están fragmentando haciendo más difícil la labor de los presidentes. La aparición de “partidos franquicia”, cuya única finalidad es la de  servir como  vehículos para que candidatos populistas promueven intensamente su imagen, están debilitando a los sistemas políticos.

Por esas y otras razones es relevante que los partidos se reinventen y no teman, entre otros aspectos, modernizar su ideario, aceptar nuevos liderazgos, reconocer los errores del pasado y, prioritariamente, transparentar sus finanzas. Hoy más que nunca la democracia requiere de “partidos fuertes”, bien institucionalizados, que estén enraizados en la conciencia ciudadana, con presencia territorial a nivel nacional y que mantengan apoyo electoral entre una elección y otra. De lo contrario la cancha está lista para la “antipolítica”.

Carta a la oposición: ¿Confidencialidad o transparencia? De Paolo Luers

Paolo Luers, 15 noviembre 2016 /EDH

paolo luers caricaturaEstimados amigos:
Okay, ya lograron el salvataje de las finanzas públicas. Con los 550 millones de dólares en bonos, que ustedes autorizaron, el gobierno supuestamente puede llegar al fin del año, cumpliendo sus obligaciones con pensionados, militares retirados, proveedores, acreedores, alcaldías, maestros, médicos, policías etcétera.

¿Y ahora qué? 

Todavía nadie ha contestado la pregunta del millón (más bien de los millones) que todos nos hemos hecho: ¿Qué hicieron con los fondos reservados en el presupuesto vigente para todas las obligaciones que ahora se pagarán con los 550 millones de deuda adicional? ¿Qué se hizo este diario hoypisto? Si han incurrido en gastos adicionales, fuera del presupuesto, ¿por qué no solicitaron autorización a la Asamblea? Si el presupuesto no fue modificado por la Asamblea, autorizando gastos no previstos, la única conclusión es que estamos pagando dos veces por las mismas cosas, una vez con los impuestos incluidos en el presupuestos 2016, y ahora autorizando 550 millones, que en algún momento también tendremos que cancelar.

Ahora hay dos posibilidades: O la oposición, en la ‘mesa fiscal’ con el gobierno, recibió respuestas satisfactorias a estas interrogantes, entonces cabe preguntar: ¿Por qué la oposición no ha hecho públicos estos datos? En este caso tenemos un problema de transparencia. O ustedes como oposición han autorizado 550 millones de salvataje sin ninguna rendición de cuentas confiable por parte del FMLN y su gobierno. En este caso tenemos un problema político grave.

Tengo entendido que ustedes han puesto como condición que la mesa fiscal que tienen con el gobierno revise punto por punto el presupuesto 2017, para asegurar que esta vez sea completo, realista y equilibrado. Cosa que teóricamente no puede ser sujeto de mucha negociación, por que es un mandato constitucional.

Lo que no tengo claro es si ustedes, antes de autorizar este salvataje, consiguieron del gobierno un compromiso legalmente vinculante que garantiza una exitosa y estricta revisión del próximo presupuesto. Digo vinculante, porque promesas y discursos no valen el papel donde están impresos. Si no hay compromisos vinculantes, por ejemplo plasmados en un convenio suscrito con el Fondo Monetario Internacional, ustedes nuevamente terminaron dando al gobierno un cheque en blanco. Y ya sabemos lo que los gobiernos, sobre de corte  populista, hacen con cheques blancos.

Ya no esperamos nada del gobierno en cuanto a transparencia en todos estos asuntos, pero de ustedes sí. Tienen la obligación inalienable de compensar el permanente déficit que el gobierno tiene en cuanto a rendición de cuentas. Si no ustedes, ¿quién va a explicar a los ciudadanos lo que se negoció y acordó en la mesa fiscal  y en base de qué datos antes no disponibles? Estoy de acuerdo que ustedes, como oposición, tienen la obligación de evitar que el gobierno lleve al país al impago, y de ayudarle al gobierno a salir de la crisis, pero no tienen ninguna obligación de ayudarle al gobierno a esconder datos y seguir mintiendo a la ciudadanía. Esto sería complicidad.

En este sentido, en estas negociaciones fiscales no puede haber compromiso de confidencialidad con el gobierno que vaya encima del compromiso de transparencia que ustedes tienen con los ciudadanos. Saludos,

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Decir una cosa y hacer otra. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 24 octubre 2016 / EDH

La crisis fiscal y la falta de liquidez del Gobierno para solventar sus obligaciones es el tema más importante de 2016.

En los últimos meses hemos sido partícipes de las distintas formas en que se ha intentado solventar el problema, ya sea a través de la emisión de deuda para el financiamiento de los gastos, el intento de reforma de pensiones que en el fondo tenía su origen en la crisis fiscal (como lo manifestaron varios funcionarios), la aprobación de diversos impuestos y contribuciones especiales para solventar obligaciones específicas, entre otras acciones, las cuales van apareciendo en la medida que se van necesitando fondos para cumplir las obligaciones previamente establecidas. Tanto el Gobierno como la oposición no han podido elaborar una propuesta completa de la manera más idónea de enfrentar este problema y en ocasiones pareciera que ambas partes dicen una cosa y hacen otra.

diario hoyDiversos funcionarios del Gobierno han insistido en la necesidad de atender a políticas de austeridad en las instituciones estatales para ahorrar dinero y que éste sea utilizado en cuestiones prioritarias; sin embargo, aún vemos en las noticias que hay carteras de Estado que mantienen gastos de los que se podría prescindir, tales como viajes pagados con fondos públicos, gastos superfluos en alimentación o compra de vehículos. Muchos administradores de fondos públicos no han comprendido que cada dólar cuenta y prefieren “acabarse” las asignaciones presupuestarias, antes que devolver y que exista la posibilidad de reasignar ese dinero.

Por otro lado, a sabiendas de la crisis de liquidez, la falta de inversión y el nulo desarrollo económico que nuestro país ha tenido en los últimos años, el Gobierno ha hecho crecer su planilla estatal e incluso ha creado nuevas instancias burocráticas para supuestamente atraer la inversión y el desarrollo al país. El nombramiento de José Luis Merino como viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo en el Ministerio de Relaciones Exteriores es cuestionable, no solo por el hecho de omitir cualquier tipo de especialización o mérito necesario para desarrollar labores en una cartera de Estado, sino porque se supone que estas labores ya son desarrolladas por el vicepresidente de la República como comisionado presidencial para la inversión, por el Ministerio de Economía o el Organismo Promotor de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Proesa). No es solo el hecho de que seguimos reciclando funcionarios, sino que también estamos aumentando la burocracia y, en el peor de los casos, creando puestos y entidades de manera innecesaria.

El principal partido de oposición ha sido firme en manifestar que no aprobarán más deuda sin que antes se ordenen las finanzas del Estado a través de presupuestos completos y detallados. Sin embargo, en los últimos días también ha manifestado la posibilidad de aprobar tramos de financiamiento a través de la deuda y así solventar los problemas de caja del Gobierno. Algunos estamos claros que la única forma de paliar la crisis fiscal en el corto plazo tal vez sea la emisión de más deuda, para lo cual la oposición tendría que apoyar con sus votos. Sin embargo, a esta posibilidad de aprobar la deuda le hace falta el componente de especialidad, en el que se detalle a cabalidad el uso de cada monto, así como el componente de control. No es posible que manifiesten que harán una cosa y se queden a medias. En relación con los acuerdos que la oposición se encuentra negociando con el Gobierno sería de una gran ayuda para la población que se transparente cuáles son los puntos de negociación y la moneda de cambio que utilizarán, así los ciudadanos podríamos formarnos una opinión más completa y no limitarnos a las declaraciones de algunos involucrados.

Hay un dicho popular que enseña que “el papel aguanta con todo”. En una actualización de esa frase podemos afirmar que las redes sociales, las opiniones en medios de comunicación y la retórica en los festivales ciudadanos aguantan con todo, pero la conciencia ciudadana hoy en día está más despierta y nos estamos volviendo en asiduos “cuestionadores”. Los funcionarios ya no se pueden dar el lujo de decir una cosa y hacer otra, sin esperar que estas situaciones no sean reclamadas en las siguientes elecciones.

Corrupción, seguridad y democracia. De Roberto Rubio

rubioRoberto Rubio, 10 octubre 2016 / LPG

La relación de la corrupción con la seguridad, nacional o ciudadana, así como con la democracia, ha sido muy poco analizada. Los análisis sobre la corrupción han estado más relacionados con la ética y la economía. En efecto, la lucha contra la corrupción moviliza cada vez más ciudadanos pues la faceta ética de nuestro ser es sensible ante el dolor ajeno que los corruptos provocan. La corrupción mata y los corruptos son criminales (por ejemplo cuando una licitación amañada resulta en edificios frágiles que cae fácilmente ante un terremoto). Esto indigna, como indigna el hecho que por causa de la corrupción no hay medicinas y buenos equipos en los hospitales, alimentos contaminados, falta de escuelas, etcétera.

la prensa graficaEl fenómeno de la corrupción también ha sido estudiado bajo la óptica económica. Varias investigaciones han venido estimando los costos económicos y fiscales de la corrupción, su relación con los índices de productividad y con los flujos de inversión externa, y es una variable que pronto se introducirá en los modelos econométricos.

Pero poco sabemos de las complejas interrelaciones que existen entre corrupción e impunidad con la política y la seguridad. En los últimos años, esta última relación ha venido cobrando mucha relevancia tanto a nivel internacional como nacional. A nivel internacional, más allá de las motivaciones éticas o económicas, la lucha contra la falta de transparencia y la corrupción ha recibido un empuje desde los países del Norte, entre otras razones, por las preocupaciones que el terrorismo y el narcotráfico genera: el soborno facilita el acceso a secretos e informaciones militares, mientras que los flujos financieros ilícitos potencian el accionar y movilidad de grupos como Al Qaeda o Isis. A nivel nacional, no es tanto la seguridad nacional la que preocupa, sino los efectos que la corrupción tiene sobre la seguridad ciudadana y sobre nuestra frágil democracia.

No se puede combatir adecuadamente la criminalidad si hay fuerte presencia de la corrupción dentro de la Policía; si altos oficiales de la Fuerza Armada se lucran del contrabando de armas, muchas de las cuales van a parar a manos de las pandillas; si en los penales campea el soborno; si los criminales y/o corruptos capturados por la policía y llevados a juicio por la fiscalía son al final declarados inocentes por jueces corrompidos. Tampoco se puede enfrentar adecuadamente la inseguridad si no hay una sustantiva participación ciudadana. Y esta no aflora cuando, a causa de la corrupción, hay fuerte desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades.

Asimismo, la lucha contra la corrupción es fundamental para la consolidación de nuestra precaria democracia, y viceversa, la corrupción e impunidad la fracturan y debilitan. Así para el caso, la corrupción incrementa la distancia entre el Estado y la sociedad; aumenta la desconfianza del ciudadano hacia las instituciones; favorece el fraude electoral; promoviendo el transfuguismo y cambiando la aritmética legislativa, se viola la voluntad de los electores; el sistema político se ve trastocado por el financiamiento partidario por parte del narcotráfico y el crimen organizado. En conclusión, la corrupción descompone la institucionalidad democrática y es una amenaza para el Estado de Derecho y la sana gobernabilidad.

De ahí la importancia de la lucha ciudadana contra la falta de transparencia, la corrupción e impunidad. Esta puede convertirse en un factor fundamental para el fortalecimiento de nuestro hoy debilitado proceso democrático, en uno de los elementos claves para producir cambios políticos positivos.

En el país existen “parcelas” de institucionalidad que están contribuyendo al combate a la corrupción, como la Sala de lo Constitucional, la sección de Probidad de la CSJ, la Fiscalía y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, ese buen esfuerzo institucional es insuficiente y corre el riesgo de que experimente retroceso en los próximos años con las elecciones de nuevos funcionarios. Por ello es urgente y necesario construir un movimiento ciudadano lo suficientemente preparado, sólido y sostenible para defender la institucionalidad democrática conquistada, así como para contribuir significativamente con su lucha contra la corrupción e impunidad, a los cambios políticos que nuestro proceso democrático demanda.

“Yo sí tengo desconfianza de Casa Presidencial”: Xenia Hernández/DTJ

Solicitante de la información de viajes del expresidente Mauricio Funes dice que se evidencian anomalías en datos brindados por la casa de gobierno.

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Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia

Entrevista de Beatriz Benítez, 3 octubre 2016 / LPG

la prensa graficaXenia Hernández, abogada y exasesora del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE-ALAC), junto a Roberto Burgos Viale, excoordinador de ALAC, y ahora director ejecutivo de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), solicitaron el 3 de julio de 2014 a Casa Presidencial información de los viajes en misiones oficiales del expresidente de la república Mauricio Funes y de la ex primera dama Vanda Pignato, durante su gestión; así como de actividades protocolarias, contratos de publicidad y auditorías. Después de procesos de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y con la intervención de la Sala de lo Constitucional, la casa de gobierno entregó la información el pasado miércoles 28 de septiembre. Sin embargo, para Hernández hay poca credibilidad y transparencia en la información. La abogada considera que la Fiscalía General debe investigar debido a que no se registran gastos, pese a que existen reglamentos que obligan a documentar egresos en viáticos.

¿Es creíble que CAPRES no tenga información de los gastos en viajes de expresidentes?
Hay un reglamento que lo ha emitido el Ministerio de Hacienda y ese reglamento dice que es para todas las instituciones del Estado. Ese está emitido desde 1996. Entonces, no solo Mauricio Funes, sino también los gobiernos de ARENA, tuvo que haber registrado cada uno de los gastos en viajes. El instructivo habla de los montos específicos que se les tiene que entregar, dependiendo donde vayan y los días, y dice que tiene que documentarse toda la información. ¿¡Cómo es posible que si el presidente de la República, que es la cabeza del Órgano Ejecutivo, dé un mal ejemplo a todas las instituciones en no someterse a los procesos administrativos!?
El jefe de la unidad administrativa, según la guía o instructivo para entrega de viáticos, dice que tiene que documentar todo, eso significa que Mauricio Funes tuvo que haber firmado que recibió el dinero para esos gastos.
Es que ser el presidente de la república no es ser el monarca de un país, el dueño del país, o el ciudadano lleno de beneficios, y que no tiene que dar explicaciones. Al contrario, por ser elegido en un proceso democrático, es cuando más debería rendir cuentas a los que lo eligieron y a los que no lo eligieron, para fortalecer la confianza. En la información, ha quedado en evidenciado que hay muchas anomalías y que la Fiscalía General de la República, en su momento, debe investigar, porque es la institución que le corresponde velar por los intereses del Estado. Tiene que verificar qué es lo que ha pasado con esos recursos. Si bien es cierto, el expresidente Funes no tenía el manejo directo de los fondos, sí era la cabeza del Ejecutivo.

¿Podría recaer responsabilidad en alguien o en la institución por el mal manejo de los fondos?
Sí, y debe buscarse un responsable. La Corte de Cuentas de la República tuvo que haber hecho reparos a las auditorías hechas a Casa Presidencial porque no documentaban los gastos. Es ilógico que ninguna institución haya iniciado investigación por el mal manejo de los recursos. A la Corte de Cuentas le toca auditar el manejo del presupuesto en cada institución, y si encuentra algún reparo, tiene la obligación de informar a la Fiscalía para que haga las investigaciones. Al hacer ese tipo de denuncias, también entra el Tribunal de Ética Gubernamental en ver si hubo una conducta antiética, ¿dónde está?

¿No están satisfechos con la información que dio CAPRES?
Es deficiente. Hemos solicitado la información a la Corte Suprema de Justicia para cruzarla porque estamos insatisfechos con la información entregada de los viajes. La sala ordenó que se recabara información en nueve instituciones: Migración y Extranjería, Aviación Civil, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, a la Secretaría de Participación Ciudadana, Ministerio de Gobernación, Relaciones Exteriores, Corte de Cuentas, otra que no recuerdo. Lo único que he podido cruzar es que en uno de los acuerdos, la comitiva que está autorizada, no está dentro de los viajes de 2011. Además, en el listado de viajes no están reflejados dos viajes que nosotros sí tenemos registrados en otra información que pedimos en 2013. Entonces, si en estos dos documentos puedo ver que la información no está íntegra, ¿cómo no me va a quedar duda en la información de viajes de los expresidentes? Realmente, la información no cumple con los requisitos establecidos por la sala. CAPRES debería dar una explicación veraz, lógica, coherente, de por qué no siguieron los procesos normativos y las leyes. No pueden venir y decir: ‘es inexistente’. La LAIP está en vigencia desde 2012, y Mauricio Funes se abanderó con la transparencia.

¿También pone en duda los datos revelados sobre gastos de publicidad del expresidente Funes?
Yo sí tengo desconfianza de Casa Presidencial en que entreguen la información completa, por todos los antecedentes. Pero con la información que entregaron queda en evidencia que se saltaron todos los procedimientos de la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública). Según los documentos que entregan, formularon los términos de referencia perfectos para que encajara la empresa Polistepeque (la empresa del asesor de la campaña de Funes, Joao Cerqueira de Santana Filho). Hablan de siete empresas y que de esas, Polistepeque era la única que cumplía todos los requisitos, cuando acaba de ser registrada, y hay instituciones que tienen mayor experiencia, se necesita más de tres años para que una empresa empiece a tener auge. La persona que recomendó dijo que Polistepeque era la única que podía garantizar y realizar la producción de campañas publicitarias a nivel internacional. Es ilógico.