transparencia

Carta al director de la policía: ¿Y la transparencia? ¿Y la ley? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 21 marzo 2017 / EDH Y MAS!

Estimado Howard Cotto:
El 17 de febrero del 2017 hice una solicitud de acceso a información pública a la PNC. El 20 de febrero recibí la Constancia de Recepción de solicitud, firmada por Evelyn Arévalo de Juárez, Colaboradora Oficial de Información de la PNC. Se asignó el número de referencia PNC-UAIP-98-2017 a mi solicitud, y se me informó que “a dicha solicitud se dará respuesta conforme a ley en un plazo máximo de 10 días hábiles y con fecha probable de respuesta  03 de marzo de 2017.”

Hoy es el 20 de marzo y no he recibido ninguna respuesta. Ya el caso está en manos del Instituto de Acceso a Información Pública.

Screen Shot 2017-03-14 at 2.07.54 PM¿Por qué la PNC no cumple con la Ley de Acceso a la Información Pública? Porque la información que pedí tiene que ver con el caso Daniel Alemán, y porque ellos saben que como periodista estoy investigando este caso.

Lo que pedí es el informe que la Unidad de Control entregó a la Inspectoría General de Seguridad Pública y a usted, como director de la PNC, sobre las extrañas circunstancias de la captura de Daniel Alemán.

diario hoyLa legislación de transparencia es para esto: Dar a ciudadanos y periodistas acceso a la información pública para poder monitorear a las instituciones y sus funcionarios, y para investigar y denunciar sus irregularidades. Hacer funcionar este derecho y este monitoreo es especialmente vital en el caso de la PNC y otras instituciones que tienen que garantizar nuestra seguridad y nuestros derechos humanos.

No dar acceso a información vital del caso equivale a entorpecer las investigaciones periodísticas que pueden ser incómodas para su institución y para usted, quien la dirige. Más grave aun: Tampoco han dado a la defensa del acusado acceso a este informe que incluye importantes pruebas de descarga, o sea que comprueban la inocencia del acusado y las irregularidades cometidos por miembros de la PNC.

Quiere decir que la PNC, y en última instancia usted como su jefe, no sólo están obstaculizando el trabajo periodístico sino también el ejercicio de una defensa técnica a la cual cualquier ciudadano tiene derecho.

Esto no se vale, Howard. Para esto nosotros dos hemos luchado contra los abusos de los cuerpos de seguridad, por su disolución por y por su sustitución por una nueva policía de carácter civil y garante de los derechos humanos. Bien me recuerdo que esto era tu ideal cuando entraste a la nueva policía. ¿Y qué pasó para que ahora, cuando al fin llegaste al poder en la PNC, todo esto te vale riata?

Te lo pregunta alguien que estaba a la par tuya cuando luchaste contra la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. Saludos,

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El Presidente debe comenzar a escuchar. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto Sáenz Marinero, 11 marzo 2017 / EDH

Están por cumplirse 3 años desde que el para entonces recién electo presidente, Salvador Sánchez Cerén, dijo durante su toma de posesión que quería una ciudadanía activa que hiciera contraloría social y que exigiera principios éticos a sus funcionarios. También insistió en la búsqueda de la unidad y el trabajo conjunto en procura de solucionar los problemas de nuestro país y ofreció ponerse al frente del sistema nacional de seguridad ciudadana.

Casi 3 años después de esas manifestaciones, vemos con pesar que las mismas han estado desprovistas de verdadero contenido y que, en el mejor de los casos, se han traducido en muestras indiscutibles de improvisación gubernamental.

En efecto, en el gobierno del presidente Sánchez Cerén, no ha caído nada en gracia la contraloría ciudadana que, hoy más que antes, ha tomado plena conciencia de su rol y que por ello exige mejores y más transparentes comportamientos de sus funcionarios.

Se creó una Secretaría que dice ser de Transparencia, pero de la cual ya nos cansamos de hacer notar que en la práctica se ha convertido en una especie de defensora oficiosa de los desaciertos del gobierno y que en lugar de propiciar el acceso a la información pública, se ha dedicado a justificar el oscurantismo invocando prácticas que imputa a gobiernos pasados, como si eso le diera justificación suficiente para no cumplir con el rol que le ha sido encomendado.

Cuando los ciudadanos hemos cuestionado el innecesario crecimiento del aparato estatal, la inexistencia de una política de austeridad impulsada y vigilada desde el Órgano Ejecutivo, las deficiencias en los programas sociales, los problemas que día a día viven alumnos y enfermos en escuelas y hospitales, la carencia de una responsable estrategia fiscal y otras, la respuesta que se recibe de todo el aparataje gubernamental es una sola: “se critica porque se quiere desestabilizar y entorpecer la gestión del actual gobierno; lo que se intenta es favorecer a nuestros oponentes político partidarios”.

Hace 3 años se dijo que se quería que los ciudadanos exigiéramos, pero cuando lo hacemos individualmente o a través de diferentes organizaciones sociales, se responde con vehemencia, descalificando apriorísticamente y sin poner ni el más mínimo de atención a las exigencias. Mucho menos se intenta corregir lo que se señala que está funcionando mal.

Las encuestas muestran que hay un descontento generalizado en la población, y si bien es cierto no se pueden ni deben sacar conclusiones categóricas de estas encuestas, ni mucho menos deben utilizarse para elaborar sobre sus resultados las políticas públicas, también es cierto que no pueden desatenderse como si nada pasara.

Pero parece que no hay nada que corregir según lo ven las autoridades. Resulta inverosímil que a estas alturas, luego de casi 3 años, el presidente no haya separado de su cargo a ni un solo funcionario de su gabinete. No puede ser que a la fecha no se haya percatado que hay muchos de sus funcionarios que están haciendo un papel terrible al frente de las instituciones.

No se puede defender a ultranza una mala gestión y no se debe permanecer en silencio como si lo que ocurre no se conoce al interior de la casa presidencial. Casi 3 años después, no es posible que no se hayan dado cuenta que necesitamos un cambio de timón y que requerimos de nuevos funcionarios que con objetividad intenten enderezar las instituciones que hoy no están funcionando.

Hace casi 3 años se hizo un llamado a trabajar unidos y a escuchar propuestas, pero –hasta la fecha – no ha existido manera de hacerlo en serio en prácticamente ningún tema. La posición ha sido tan unilateral e irreflexiva, que con anticipación se descalifica cualquier esfuerzo ciudadano. Y sino, veamos lo que ha ocurrido con la más reciente propuesta para modificar el sistema previsional. El presidente ni conocía la propuesta cuando ya se había escuchado a su alrededor la posibilidad de un veto presidencial.

Han pasado casi 3 años y el problema de la inseguridad ciudadana no ha podido tener un tratamiento adecuado. El presidente nos dijo que se pondría al frente en el manejo del fenómeno delincuencial, pero en realidad no lo hemos podido tener más lejos.

Queda tan solo la mitad del período presidencial. El presidente tiene que comenzar a escuchar con empatía las críticas de quienes queremos un mejor El Salvador y queremos trabajar unidos para ello. Por cierto, debe entender que los festivales sabatinos, en la forma en que están siendo organizados, contribuyen a mantenerle casi inmune a la crítica; eso no es bueno.

@hsaenzm

El show que nos cuesta 11.8 millones. De Paolo Luers

paolo3Paolo Luers, 30 diciembre 2016 / EDH

Estamos en vacaciones y nadie quiere hablar de cosas serias. Entonces, les voy a contar un chiste: Casa Presidencial nos quería contar que la producción de su show sabatino de ‘Gobernando con la Gente/Festival del Buen Vivir’ cuesta nada más $5,000. Luego, cuando tuvieron que defender esta mentira en una audiencia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, cambiaron el monto a $32,017.08. Pero siegue siendo mentira: el costo aproximado de cada evento es de $118 mil. Cada segundo sábado…

El 9 de julio, la pareja presidencial celebró su reality show (más bien irreality) en la ciudad de Usulután. Días antes aparecieron los equipos de avanzada: los del Batallón Presidencial, para planificar la seguridad; los de la Secretaría de Participación Ciudadana, para visitar a las comunidades y seleccionar y entrenar a los ciudadanos que tendrían el privilegio de dirigirse al presidente; los técnicos para montar tarimas y carpas…

diario hoyEl propio sábado se movilizaron decenas de vehículos y cientos de funcionarios y empleados a Usulután: de Casa Presidencial, del Batallón Presidencial, de la PNC, de los 50 (!) instituciones del gobierno que participarían del evento; los activistas de la Secretaría de Participación Ciudadana y los periodistas de la Secretaría de Comunicación de CAPRES; los técnicos de Canal 10 y de Radio Nacional; y los camarógrafos, sonidistas, técnicos y productores de la empresa Meridiano89, quienes se encargarían de producir la versión televisiva del show.

Todos ellos trajeron sus respectivos equipos, toldos, sillas, mesas – y muchas de las instituciones participantes trajeron materiales para repartir a la población o para prestarles servicios o entretenimiento.

Luego, todo el aparataje había que desmontarlo, empacarlo, y transportarlo de regreso a San Salvador.

Tuvo lugar el evento, el presidente y su comitiva le dieron a la gente de Usulután muchas sonrisas y consignas, repartieron regalos, hicieron promesas – bueno, todos ya sabemos como funcionan estos eventos.

Ahora viene el chiste: Según Casa Presidencial, todo esto nos costó solamente 5 mil dólares. Esta fue la respuesta del oficial de información de CAPRES a una solicitud de información pública que este servidor hizo en agosto del 2016.

Obviamente, no me quedé satisfecho con esta respuesta, obviamente falsa. 5 mil dólares costó el alquiler y montaje de la carpa. Y según Casa Presidencial, todo lo demás no le causó ningún costo adicional, ya que se usaron equipos, vehículos y personal propio. Como si movilizar todo este montón de vehículos, funcionarios, empleados, soldados, policías, equipos y materiales no costara nada. Como si los materiales que reparten no costaran nada. Como si la gasolina fuese gratis. Como si todo el personal involucrado, que trabaja estos sábados de madrugada a noche, no cobraran nada, no comiera nada, no bebiera nada.

La mentira más obvia en esta (des)información de CAPRES es que la producción televisiva, que involucra numerosas cámaras y personal profesional, no les cuesta nada. Dicen: Lo hacemos con recursos, equipos y personal propio.

Bueno, en diciembre 2016 se celebró la audiencia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque este servidor apeló la resolución de Casa Presidencial. En esta audiencia, el representante de CAPRES testificó que el único costo del espectáculo eran los 5 mil que pagaron por la carpa. Todo lo demás, reiteró, fue hecho con recursos y personal propio de Casa Presidencial. Nadie cobraba horas extra. Y volvió a afirmar, ante los comisionados del Instituto, que el programa televisivo no causó a CAPRES ningún costo, ya que se realizaba con recursos, equipos y personal propio.

Este servidor argumentó que esto era doblemente falso: Primero, incluso si fuera cierto que todo se hizo con recursos propios, movilizarlos causaba costos. Segundo, la producción televisiva involucraba los servicios de profesionales reconocidos de una empresa (Meridiano89), y que este servidor insistía en conocer cuánto costó a CAPRES (o sea a nosotros) su servicio. Volvió a negar el representante de CAPRES que estuviera involucrado un servicio profesional externo.

El Instituto resolvió ordenar a Casa Presidencial a revelar cuánto tiene asignado en su presupuesto para realizar dichos eventos. Le dieron 5 días para entregarme la información requerida.

Al final de la tarde del quinto día recibí la ‘Resolución de Cumplimiento’ de Casa Presidencial. Cumplieron el plazo, pero incumplieron la obligación de entregar información completa.

Ahora, la historia oficial cambió. Ya no es válido lo que el oficial de información de CAPRES defendió a capa y espadas en la audiencia: que no se podía dar información detallada de los costos. Ahora mandan los costos del show del Buen Vivir al centavo, rubro por rubro, y evento por evento.

El costo total para el evento del 9 de julio 2016 en Usulután, en esta segunda versión de Casa Presidencial, fue de $32,017.08 – ya no de 5 mil, como originalmente sostuvieron.

Pero aun hay varios rubros que omiten: Todo lo relacionado con Seguridad lo declaran información reservada; todo lo relacionado con la movilización de los docenas de vehículos, lo omiten. No aparece ni un galón de gasolina. También omiten los servicios que en cada evento prestan los profesionales de Meridiano89 para producir la versión televisiva del (ir)realality show.

Capres reconoce $32 mil para un solo evento, pero el costo real oscila alrededor de $118,000.

¿Cómo llegamos a esta suma? Agregando a los costos oficiales de CAPRES de $32 mil los costos de cada una de las 50 dependencias del Estado que están participando en el show: con vehículos, materiales, equipos, toldos, muebles y personal. Pongamos un promedio muy conservador: $1,500 por institución. Son $75,000 por evento. Ya suman $108 mil. Plus los costos escondidos para la producción televisiva, incluso a precio de cheros: $10,000. Llegamos a $118,000. Esto son unos $2.36 millones al año, si calculamos 20 shows – o $11.8 millones en el quinquenio. Y esto es un calculo conservador, porque asumo que cada ministerio o autónoma participante gastará más que $1,500 en cada evento.

Falta mucho que recorrer en el camino a la transparencia. Sobre todo en Casa Presidencial.

 

La solicitud de información:

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La primera respuesta de CAPRES:

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La resolución del Instituto de Acceso a la Informacion Pública:

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La segunda respuesta de CAPRES:

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Balance político de 2016… De Luis Mario Rodríguez

El balance es positivo en transparencia y en el acceso a la información pública; por el contrario es muy negativo en cuanto a la “habilidad de gobernar”.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 15 diciembre 2016 / EDH

El 2016 presentó avances concretos en la lucha contra la corrupción. Fue un año en el que la cooperación internacional, la elección de funcionarios independientes y el decidido protagonismo de la sociedad civil organizada contribuyeron a mejorar el combate contra aquel flagelo. A esa alineación de factores positivos debe unirse la Corte de Cuentas de la República cuyos integrantes se nombraron recientemente. Las declaraciones de la primera mujer designada como magistrada del organismo contralor sobre la “depuración global” que necesita la institución, prometen un desempeño similar al de la Fiscalía General y al de la Corte Suprema de Justicia en el control de la probidad de los empleados y funcionarios públicos.

diario hoyPor otra parte la relación entre los Órganos de Estado mostró un deterioro significativo. Las acusaciones de los principales voceros del Ejecutivo y del partido de gobierno en contra de la Sala de lo Constitucional revelaron un preocupante comportamiento del presidente y de la comisión política de esa organización partidaria. El tono de los reclamos y las estrategias de presión, movilizando a sus bases con amenazas a la integridad física de los magistrados, rebasó las fronteras del respeto institucional. Lo normal habría sido expresar su desacuerdo con el criterio jurídico de la Sala.

Mientras tanto, el Ejecutivo perdió el respaldo del aliado que lo apoyó desde la administración anterior en la Asamblea Legislativa. El partido Gran Alianza Nacional negó sus votos para la aprobación de nuevos impuestos, del presupuesto general de la Nación y de algunas leyes que, no obstante su intención de disminuir la evasión tributaria, incumplen garantías constitucionales. GANA y el resto de partidos saben que los ciudadanos los observan y que en 2018, con el sistema de listas abiertas, podrían enfrentarse a un desastre electoral, perdiendo diputados, si continúan avalando medidas que perjudican a la población.

En cuanto a la “democracia de resultados” ni la economía ni la seguridad pública arrojaron mejoras sustanciales. Ciertamente disminuyeron los homicidios pero, según las encuestas de opinión, las extorsiones y la percepción de victimización siguen posicionando a la inseguridad como el principal problema. Lo mismo puede decirse del crecimiento económico. Se anunciaron dos grandes inversiones inmobiliarias y una empresa suramericana inauguró operaciones en los últimos días. Sin embargo no existen suficientes empleos que alcancen a cubrir los puestos de trabajo para los miles de jóvenes que desean incorporarse al mercado laboral.

Las mesas de diálogo que el presidente Sánchez Cerén instaló desde el inicio de su mandato no contribuyeron en 2016 a solucionar los dilemas señalados. El Consejo de Seguridad, el Asocio para el Crecimiento y la mesa fiscal, si bien incentivaron el intercambio de ideas entre los sectores privado y gubernamental, no lograron concebir acciones concretas para prevenir el delito, estabilizar las finanzas públicas y detonar una pujante actividad empresarial. Por el contrario, el procedimiento viciado para la integración del Consejo Nacional del Salario Mínimo deterioró la ya debilitada confianza en los funcionarios.

Aunque las principales fuerzas políticas suscribieron un acuerdo fiscal, todavía no se cumplen las condiciones pactadas. No se corrige el proyecto de presupuesto para el 2017, se ignoran las recomendaciones para reducir el gasto, está fuera de la discusión el debate sobre los incentivos que necesita la empresa privada para invertir, y se esquivan los temas de la calidad de los servicios públicos y de la profesionalización de los empleados y los funcionarios del Estado. El clientelismo político sigue sustituyendo a la meritocracia en las oficinas gubernamentales y la educación, la salud y el transporte público permanecen con déficits serios.

Los reclamos se concentran en la necesidad de más préstamos, de nuevas emisiones de bonos y de más impuestos. La lucha contra la evasión fiscal es necesaria e impostergable, pero esta debe efectuarse en el marco del Estado de derecho. Asimismo es urgente retomar la ampliación de la base tributaria.

El año también nos deja deudas importantes en materia electoral. Parece que algunos conspiran para que los comicios de 2018 exhiban los mismos o más graves problemas que las legislativas de 2015. El balance es positivo en transparencia y en el acceso a la información pública; por el contrario, es muy negativo en cuanto a la “habilidad de gobernar”.

La semana de la transparencia… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 8 diciembre 2016 /EDH

En el marco de la semana de la transparencia y en la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, conviene reflexionar, de nuevo, sobre el peligro de no fiscalizar el financiamiento que reciben los partidos políticos. Ahora se comprende, aunque todavía de manera tibia, que la ausencia de reglas en este tema permite el ingreso de dinero ilícito en las campañas electorales, incentiva el conflicto de intereses entre los donantes y quienes se benefician de los patrocinios, sean estos precandidatos, candidatos o los mismos institutos políticos, posibilita la desigualdad de las condiciones de la competencia electoral y deja impune el uso de recursos del Estado para promover a los aspirantes del partido en el gobierno que buscan un cargo de elección popular.

diario hoyLas acusaciones de posibles financiamientos irregulares en las campañas de los dos partidos mayoritarios en El Salvador dan cuenta de esta realidad. Los precedentes incluyen presuntos apoyos desde Taiwán, Venezuela y Brasil, campañas de diputados pagadas por el crimen organizado y abuso de los gobiernos de turno cuando subvencionan anuncios para levantar la imagen de los candidatos del oficialismo.

También falta una adecuada supervisión por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Cuentas de la República. El esfuerzo de Acción Ciudadana (AC), una organización de la sociedad civil, por obtener la información financiera de los partidos, demuestra que existe un alto grado de resistencia para cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó regular esta materia así como la legislación electoral que se aprobó como consecuencia de aquella resolución judicial.

Ni los partidos ni las instituciones públicas responsables de vigilar a los primeros están colaborando para transparentar sus ingresos, gastos y financistas. Ciertamente deben revisarse las atribuciones del TSE con el propósito de aclarar el alcance de sus funciones. No se trata únicamente de recibir los estados financieros sino también de auditar y confirmar la veracidad de los mismos. Por otro lado se requiere examinar la “deuda política” que obtienen por parte del Estado. Tratándose de dinero público, la Corte de Cuentas está obligada a supervisar que ese dinero se haya invertido en actividades relacionadas con la campaña electoral.

A pesar de esas deficiencias, se reconoce que “la rueda ha empezado a girar” y, por tanto, será muy difícil revertir los avances legislativos y la presión pública que pesa sobre los institutos políticos y las entidades estatales para que entreguen los documentos solicitados. Retrasar esta tarea puede llevar al país a situaciones tan penosas como las ocurridas en Guatemala, Honduras y Brasil, por señalar tres ejemplos, en los que se han descubierto escandalosos casos de corrupción vinculados al financiamiento político.

Al margen de las dificultades y de la lenta evolución para fiscalizar esta área, los partidos no terminan de aceptar que el siglo XXI trajo consigo nuevos desafíos para su participación en eventos electorales. La sociedad es mucho más exigente: quiere transparencia, vela por el cumplimiento de las promesas de campaña, examina con mayor rigor la experiencia de los candidatos y, cuando se trata de diputados que buscan la reelección, repasa su trabajo en la Asamblea Legislativa y los proyectos de ley que respaldaron. En buena medida, la insatisfacción de los ciudadanos con la democracia se debe a la falta de resultados efectivos. La gente quiere que el “cambio” se materialice en más empleos, más salud, más educación y menos delincuencia.

En varios países está quedando atrás el bipartidismo y los Congresos se están fragmentando haciendo más difícil la labor de los presidentes. La aparición de “partidos franquicia”, cuya única finalidad es la de  servir como  vehículos para que candidatos populistas promueven intensamente su imagen, están debilitando a los sistemas políticos.

Por esas y otras razones es relevante que los partidos se reinventen y no teman, entre otros aspectos, modernizar su ideario, aceptar nuevos liderazgos, reconocer los errores del pasado y, prioritariamente, transparentar sus finanzas. Hoy más que nunca la democracia requiere de “partidos fuertes”, bien institucionalizados, que estén enraizados en la conciencia ciudadana, con presencia territorial a nivel nacional y que mantengan apoyo electoral entre una elección y otra. De lo contrario la cancha está lista para la “antipolítica”.

Carta a la oposición: ¿Confidencialidad o transparencia? De Paolo Luers

Paolo Luers, 15 noviembre 2016 /EDH

paolo luers caricaturaEstimados amigos:
Okay, ya lograron el salvataje de las finanzas públicas. Con los 550 millones de dólares en bonos, que ustedes autorizaron, el gobierno supuestamente puede llegar al fin del año, cumpliendo sus obligaciones con pensionados, militares retirados, proveedores, acreedores, alcaldías, maestros, médicos, policías etcétera.

¿Y ahora qué? 

Todavía nadie ha contestado la pregunta del millón (más bien de los millones) que todos nos hemos hecho: ¿Qué hicieron con los fondos reservados en el presupuesto vigente para todas las obligaciones que ahora se pagarán con los 550 millones de deuda adicional? ¿Qué se hizo este diario hoypisto? Si han incurrido en gastos adicionales, fuera del presupuesto, ¿por qué no solicitaron autorización a la Asamblea? Si el presupuesto no fue modificado por la Asamblea, autorizando gastos no previstos, la única conclusión es que estamos pagando dos veces por las mismas cosas, una vez con los impuestos incluidos en el presupuestos 2016, y ahora autorizando 550 millones, que en algún momento también tendremos que cancelar.

Ahora hay dos posibilidades: O la oposición, en la ‘mesa fiscal’ con el gobierno, recibió respuestas satisfactorias a estas interrogantes, entonces cabe preguntar: ¿Por qué la oposición no ha hecho públicos estos datos? En este caso tenemos un problema de transparencia. O ustedes como oposición han autorizado 550 millones de salvataje sin ninguna rendición de cuentas confiable por parte del FMLN y su gobierno. En este caso tenemos un problema político grave.

Tengo entendido que ustedes han puesto como condición que la mesa fiscal que tienen con el gobierno revise punto por punto el presupuesto 2017, para asegurar que esta vez sea completo, realista y equilibrado. Cosa que teóricamente no puede ser sujeto de mucha negociación, por que es un mandato constitucional.

Lo que no tengo claro es si ustedes, antes de autorizar este salvataje, consiguieron del gobierno un compromiso legalmente vinculante que garantiza una exitosa y estricta revisión del próximo presupuesto. Digo vinculante, porque promesas y discursos no valen el papel donde están impresos. Si no hay compromisos vinculantes, por ejemplo plasmados en un convenio suscrito con el Fondo Monetario Internacional, ustedes nuevamente terminaron dando al gobierno un cheque en blanco. Y ya sabemos lo que los gobiernos, sobre de corte  populista, hacen con cheques blancos.

Ya no esperamos nada del gobierno en cuanto a transparencia en todos estos asuntos, pero de ustedes sí. Tienen la obligación inalienable de compensar el permanente déficit que el gobierno tiene en cuanto a rendición de cuentas. Si no ustedes, ¿quién va a explicar a los ciudadanos lo que se negoció y acordó en la mesa fiscal  y en base de qué datos antes no disponibles? Estoy de acuerdo que ustedes, como oposición, tienen la obligación de evitar que el gobierno lleve al país al impago, y de ayudarle al gobierno a salir de la crisis, pero no tienen ninguna obligación de ayudarle al gobierno a esconder datos y seguir mintiendo a la ciudadanía. Esto sería complicidad.

En este sentido, en estas negociaciones fiscales no puede haber compromiso de confidencialidad con el gobierno que vaya encima del compromiso de transparencia que ustedes tienen con los ciudadanos. Saludos,

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Decir una cosa y hacer otra. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 24 octubre 2016 / EDH

La crisis fiscal y la falta de liquidez del Gobierno para solventar sus obligaciones es el tema más importante de 2016.

En los últimos meses hemos sido partícipes de las distintas formas en que se ha intentado solventar el problema, ya sea a través de la emisión de deuda para el financiamiento de los gastos, el intento de reforma de pensiones que en el fondo tenía su origen en la crisis fiscal (como lo manifestaron varios funcionarios), la aprobación de diversos impuestos y contribuciones especiales para solventar obligaciones específicas, entre otras acciones, las cuales van apareciendo en la medida que se van necesitando fondos para cumplir las obligaciones previamente establecidas. Tanto el Gobierno como la oposición no han podido elaborar una propuesta completa de la manera más idónea de enfrentar este problema y en ocasiones pareciera que ambas partes dicen una cosa y hacen otra.

diario hoyDiversos funcionarios del Gobierno han insistido en la necesidad de atender a políticas de austeridad en las instituciones estatales para ahorrar dinero y que éste sea utilizado en cuestiones prioritarias; sin embargo, aún vemos en las noticias que hay carteras de Estado que mantienen gastos de los que se podría prescindir, tales como viajes pagados con fondos públicos, gastos superfluos en alimentación o compra de vehículos. Muchos administradores de fondos públicos no han comprendido que cada dólar cuenta y prefieren “acabarse” las asignaciones presupuestarias, antes que devolver y que exista la posibilidad de reasignar ese dinero.

Por otro lado, a sabiendas de la crisis de liquidez, la falta de inversión y el nulo desarrollo económico que nuestro país ha tenido en los últimos años, el Gobierno ha hecho crecer su planilla estatal e incluso ha creado nuevas instancias burocráticas para supuestamente atraer la inversión y el desarrollo al país. El nombramiento de José Luis Merino como viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo en el Ministerio de Relaciones Exteriores es cuestionable, no solo por el hecho de omitir cualquier tipo de especialización o mérito necesario para desarrollar labores en una cartera de Estado, sino porque se supone que estas labores ya son desarrolladas por el vicepresidente de la República como comisionado presidencial para la inversión, por el Ministerio de Economía o el Organismo Promotor de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Proesa). No es solo el hecho de que seguimos reciclando funcionarios, sino que también estamos aumentando la burocracia y, en el peor de los casos, creando puestos y entidades de manera innecesaria.

El principal partido de oposición ha sido firme en manifestar que no aprobarán más deuda sin que antes se ordenen las finanzas del Estado a través de presupuestos completos y detallados. Sin embargo, en los últimos días también ha manifestado la posibilidad de aprobar tramos de financiamiento a través de la deuda y así solventar los problemas de caja del Gobierno. Algunos estamos claros que la única forma de paliar la crisis fiscal en el corto plazo tal vez sea la emisión de más deuda, para lo cual la oposición tendría que apoyar con sus votos. Sin embargo, a esta posibilidad de aprobar la deuda le hace falta el componente de especialidad, en el que se detalle a cabalidad el uso de cada monto, así como el componente de control. No es posible que manifiesten que harán una cosa y se queden a medias. En relación con los acuerdos que la oposición se encuentra negociando con el Gobierno sería de una gran ayuda para la población que se transparente cuáles son los puntos de negociación y la moneda de cambio que utilizarán, así los ciudadanos podríamos formarnos una opinión más completa y no limitarnos a las declaraciones de algunos involucrados.

Hay un dicho popular que enseña que “el papel aguanta con todo”. En una actualización de esa frase podemos afirmar que las redes sociales, las opiniones en medios de comunicación y la retórica en los festivales ciudadanos aguantan con todo, pero la conciencia ciudadana hoy en día está más despierta y nos estamos volviendo en asiduos “cuestionadores”. Los funcionarios ya no se pueden dar el lujo de decir una cosa y hacer otra, sin esperar que estas situaciones no sean reclamadas en las siguientes elecciones.