transparencia

Economía popular. De Carlos Mayora Re

Todos los ciudadanos deberíamos ser capaces de entender que el nivel de endeudamiento está en relación directa con el pésimo manejo de las finanzas públicas.

Carlos Mayora, Columnista de El Diario de Hoy.

Foto digital.Carlos Mayora Re, 29 julio 2017 / El Diario de Hoy

Los que entienden de economía están muy preocupados porque la calificación de la deuda salvadoreña está en su posición más baja nunca obtenida. Porque nuestro crecimiento económico es la mitad de lo que crece la región centroamericana, porque el nivel de endeudamiento del país haya llegado a cotas jamás alcanzadas, porque el interés que paga el gobierno a los ahorrantes del sistema previsional sea una miseria comparado con las tasas que se pagan en fondos similares, etc.

Preocupa a los entendidos. Pero, ¿el galimatías de cifras que manejan los economistas y financieros le dice algo a la gente común y corriente? Pienso que no. Todo parece indicar que las preocupaciones de los ciudadanos van por otros rumbos.

EDH logDesde siempre la economía y sus tecnicismos han sido campo de expertos, entre los que lamentablemente —por lo que vemos todos los días— se encuentran pocos políticos, líderes sociales o funcionarios de alto nivel del gobierno. Al menos, por ahora, ningún político ni experto ha logrado traducir a lenguaje común y corriente la jerga económica, de modo que todos los ciudadanos puedan comprender la gravedad de los indicadores económicos que presenta el país.

Es curioso. En temas que nos afectan a todos, solo un puñado de expertos sabe qué está sucediendo en realidad. Al mismo tiempo que es patética la unívoca manera en que bastantes de los políticos —los que están en el poder y los que forman la oposición— tienen para tratar estos asuntos: echar culpas y prometer quimeras. Como también es muy preocupante que nadie hable de soluciones, ni de proyecciones, ni de mejorar condiciones, etc.

A fin de cuentas, la prueba de que materias tan importantes y con implicaciones tan serias son casi indiferentes para la gente es que la inseguridad, el costo de la vida, en algunas ocasiones temas de empleo y poco más, ocupan recurrentemente los primeros puestos en las encuestas de opinión cuando se pregunta acerca de los problemas del país.

El político que logre aterrizar conceptos claves de economía, que sea capaz de sensibilizar a los electores en temas vitales para el futuro, tendrá muchos puntos a favor para lograr los votos de la gente pensante, que para decir lo que es, son todos los electores.

De lo contrario, el centro de los debates preelectorales será el discurso socio-moralista, con encarnizadas y apasionadas discusiones en temas como el aborto, el estatus de la unión civil entre personas del mismo sexo, la lucha contra la corrupción, etc. Si no es que se quedan en acres recriminaciones y personalizaciones (para no decir simples insultos y berrinches), que llevan a que los electores voten por disciplina partidaria, caras bonitas, ingenios chistosos y poco más.

Todos los ciudadanos deberíamos ser capaces de entender que el nivel de endeudamiento está en relación directa con el pésimo manejo de las finanzas públicas. Comprender que los subsidios terminamos pagándolos (¿o debiéndolos?) todos, que los criterios que el gobierno aplica para sus gastos están en función electoral-populista-clientelista (si no de enriquecimiento privado) y no del mayor bien para el mayor número de ciudadanos, que la pésima calificación de riesgo de nuestra capacidad de crédito es gravísima, etc.

Pero, principalmente, todos deberíamos ser capaces de responder a la sencilla pregunta acerca de qué es mejor para todos: un Estado mastodóntico y proteccionista, como plantea la izquierda, o uno pequeño y austero, eficaz, que permita a todos salir adelante por su trabajo, y no por beneficencia y/o clientelismo.

Ojalá no tengamos que esperar a tener un país con colas, sin empresas, con un gobierno tirano y controlador, para entender “por las malas”, que el modo como se maneja la economía no debería, no debe ser un debate de pocos.

@carlosmayorare

La columna menos popular de la historia. De Alfredo Atanacio

Para salir adelante como país, es necesario que salgamos de nuestra zona de confort y comencemos a actuar ante verdades que muchas veces no queremos escuchar e ignoramos.

Alfredo Atanacio, 29 junio 2017 / EDH

Hace algunos días, dije en un tuit que hace falta que venga alguien que nos diga lo que necesitamos oír y no lo que queremos oír. Y los políticos que tenemos saben esto mejor que nadie, y como lo que más les interesa son los votos, no nos dicen lo que necesitamos que nos digan, sino lo que queremos escuchar. Y hasta cierto punto es lógico, pues por algo también dicen que la verdad no mata, pero duele…y también puede hacer perder votos.

Una de las cosas que menos nos gusta escuchar es que nos digan que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Más de alguna vez hemos estado en desacuerdo, porque no puede ser que los salvadoreños nos merezcamos estos gobernantes. Pero la verdad es que si seguimos teniendo los líderes políticos que tenemos es porque nosotros mismos lo hemos permitido. Por mucho que digamos que queremos ver caras nuevas y que necesitamos nuevas maneras de pensar, terminamos votando por los mismos y hasta les celebramos cuando se comienzan a atacar entre ellos, nos burlamos de quienes piensan diferente y hasta llegamos a caer en el mismo nivel de sus troles.

Otra cosa que no nos gusta oír es que nos tenemos que involucrar en la política. Muchos dicen que la política es sucia, pero cuándo vamos a darnos cuenta de que es nuestro deber limpiarla. Y lo podemos hacer fácilmente al votar por gente limpia.

Meterse en política no significa afiliarse a un partido y buscar una candidatura o tener un puesto en el gobierno. Como sociedad civil podemos hacer mucho. Vivimos en una situación de polarización extrema que a nadie le gusta, pero eso también sigue siendo culpa nuestra, porque seguimos respondiendo ante las campañas sucias de los políticos.

También, así como les deberíamos exigir a los políticos que cumplan, deberíamos nosotros cumplir como ciudadanos. Comenzando por pagar impuestos. Actualmente hay un gran porcentaje de personas que no están pagando impuestos, pero deberían hacerlo, y en este caso no me refiero solo a empresas grandes que pueden eludir o evadir impuestos, sino una gran cantidad (cerca del 70 %) de los negocios no están formalizados, es importante que se amplíe la base tributaria.

El Salvador está en una condición fiscal delicada, tenemos bajo crecimiento y un clima inadecuado de inversión, el potencial del país es gigantesco, pero así como están las cosas la verdad es que nos acercamos a un periodo en el que se tendrán que hacer ajustes o sacrificios para poder darle un mejor futuro a las generaciones venideras. Este sacrificio puede venir en forma de aumento en impuestos (incluso el IVA), aumento de edad para jubilarse, despidos, etc.

Algo más en lo que seguramente a la mayoría no le gustará escuchar es sobre los salarios en el gobierno. En lo personal, me molestan los sueldos del gobierno, pero no porque considere que son muy altos. De hecho, pienso que algunos deberían ser mucho mayores. Lo que sí me molesta es que muchos de estos puestos están siendo ocupados por personas incapaces. ¿Qué porcentaje de los funcionarios actuales pudiera tener un trabajo que les pague lo mismo que el gobierno?

El gobierno debería tener la capacidad de ofrecer salarios que compitan con los de una empresa privada, para poder garantizar que tendremos a los mejores profesionales. Pero también se debería medir el desempeño de los funcionarios por medio de KPI. Por otro lado, pasa lo contrario con muchos puestos operativos en el gobierno que requieren una menor preparación, pero que tienen salarios mucho mayores que los de una empresa. Y ni hablar de todas las plazas innecesarias que deberían desaparecer, entiendo que lo anterior no podrá ser parte de la campaña de ningún candidato. (¿Se imaginan? “Voy a despedir gente y subir salarios de funcionarios”).

Para poder salir adelante como país, es necesario que salgamos de nuestra zona de confort y comencemos a escuchar y a actuar ante estas verdades que muchas veces preferimos ignorar. Tenemos ya 25 años ignorándolas. Y esto nos ha costado también 25 años de retraso en el desarrollo como país. El Salvador no se arregló con los Acuerdos de Paz, eso fue solo un primer paso.

@aatanacio

Carta al IAIP: Están privilegiando el interés de la PNC de ocultar irregularidades. De Paolo Luers

Paolo Luers, 27 junio 2017 / MAS! y EDH

Estimada comisionada, estimados comisionados:
He recibido hoy su “resolución definitiva”, en la cual confirman la resolución de la PNC de declarar confidencial el informe de la Unidad de Control sobre el caso Daniel Alemán requerido en mi solicitud.

Quiero aclarar que este infome es el centro de mi solicitud, y que esta solicitud no fue extemporanea, como en la resolución señalan, porque así fue solicitado en mi solicitud original:

La información que solicito es:
1) ¿Existe un informe de la Unidad de Control sobre el caso de Daniel Alemán, detenido en Altavista el 10 de enero 2017?
2) En caso que existe, solicito copia del Informe de la Unidad de Control.”

Este informe era de vital importancia, tanto para el derecho de defensa del imputado, como para la posibilidad de mi persona, como periodista, de comprobar o refutar los argumentos públicamente difundidos por la FGR y la PNC en el caso Daniel Alemán. Ambos trataron de llevar el caso a un plano mediático, y el público tenía derecho de conocer toda la verdad, sobre todo cuando esta estaba plasmada en un Informe oficial de la PNC.

Estoy claro que era el interés de la PNC, que en este caso ha cometido graves abusos de autoridad y delitos de falsedad procesal, evitar que salga al público el informe que expone estas irregularidades. En este sentido entiendo la lógica de la PNC de declarar confidencial un informe que arroja dudas sobre sus procedimientos. Pero esto no puede ser el interés del IAIP, que tiene por misión hacer accesible la información que las autoridades tienden a esconder para esconder problemas internos y posibles delitos cometidos por sus miembros.

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Peleando con Casa Presidencial sobre los costos del reality show “Gobernando con la Gente”

En este sentido, es preocupante la decisión del IAIP de confirmar la posición de la PNC en cuanto a la confidencialidad del informe de la Unidad de Control. No es cierto, como ustedes afirman, que el Informe contiene “información personal sensible” que requiere confidencialidad. Los únicos comprometidos por la información de este Informe son agentes de la PNC que ya están siendo procesados judicialmente, precisamente a raíz de las informaciones recogidas en la investigación de la Unidad de Control. Y sobre sus actuaciones, el público tiene derecho de ser informado.

Si la preocupación por “información personal sensible” contenido en el Informe que se me niega es para proteger testigos, perfectamente el IAIP hubiera podido ordenar a la PNC a eliminar los nombres de los testigos antes de entregarme el Informe.

Les expreso mi preocupación por la reciente tendencia del IAIP de proteger los intereses de las autoridades requeridas por encima del derecho de los ciudadanos de tener acceso a la información necesaria para poder ejercer el ejercicio de la crítica a tales autoridades.

Espero que esta tendencia no se consolide. Atentamente,

Vea sobre el mismo tema:
A los comisionados de Transparencia:
Hecha la ley, hecha la trampa.

 

I. La solicitud de Información a la PNC
(16 de febrero 2017):

El 10 de enero 2017, entre las 5 y 6pm, fue detenido en Altavista, Ilopango, el ciudadano DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, por agentes de la subdelegación Altavista. Todavía se encuentra en detención preventiva.

En los día siguientes a la detención de DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, agentes de la Unidad de Control de la PNC efectuaron entrevistas a familiares del detenido y a varios testigos de la escena de su detención y registro corporal, incluyendo a un agente del CAM de Tonacatepeque que está destacado en el centro deportivo de Altavista.

La información que solicito es:

1) ¿Existe un informe de la Unidad de Control sobre el caso de Daniel Alemán, detenido en Altavista el 10 de enero 2017?

2) En caso que existe, solicito copia del Informe de la Unidad de Control

3) ¿Existen indicios de procedimientos ilegales de los agentes que efectuaron la detención y procesaron al detenido, primero en la subdelegación Altavista, y luego en la delegación Soyapango ubicada en San Bartolo, el mismo día 10 de enero 2017?

4) ¿Las investigaciones de la Unidad de Control han podido aclarar las inconsistencias contenidas en las declaraciones de los agentes de Altavista, reflejadas en el requerimiento de la Fiscalía, sobre

  1. a) lugar de detención; (¿cancha que dicen los testigos o parqueo, como declaran los agentes?)
  2. b) hora de la detención (¿5pm que dicen testigos; 6.35pm que dicen los agentes al cargo de la detención?)
  3. c) el registro corporal al detenido al momento de su captura. (Los testigos dicen que se registró sin que encontraron ningún paquete)
  4. d) el lugar donde y a qué hora exacta del día 10 de enero se efectuó la “prueba de campo” mediante la cual el material presuntamente encontrado en posesión del detenido DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN fue “droga con orientación a marihuana”. El requerimiento refiere que este examen fue efectuado antes de las 7pm del día 10 de enero 2017, por un “técnico en identificación de droga” de nombre Leandro Bladimir Bernabé Cerritos en lo que llaman “Sección Antinarcóticos”.

En otra parte del requerimiento de la FGR se refiere a un “análisis físico-químico de sustancias controladas … realizado en el Laboratorio Técnico de la División Antinarcóticos de la PNC”.

  1. e) ¿La Unidad de Control confirmó que el técnico DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN estaba el 10 de enero destacado en la delegación Soyapango y es en esta delegación que hizo la “prueba de campo”?
  2. f) ¿La Unidad de Control determinó que se hizo un segundo examen en el Laboratorio Técnico de la DAN, y a qué horas se efectuó?

5) ¿La Unidad de Control ha determinado porqué La PNC (con excepción de la Unidad de Control) no ha entrevistado a los testigos presentes en el lugar de detención de DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, ni a los familiares?

6) Se solicita información si el informe de la Unidad de Control fue remetido a la Inspectoría General de Seguridad Pública, al Juez de Paz de Ilopango que ve la causa, a la Fiscalía y a la defensa del detenido DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN.

 

II. La resolución de la PNC
(23 de marzo 2017)

III. La apelación ante el AIAP
(29 marzo 2017)

SEÑORA COMISIONADA Y SEÑORES COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Arnd Richard Luers, con Documento Único de Identidad número 04452418-5, extendido en el Municipio de San Salvador, departamento de San Salvador, el día 29 de marzo de 2017 me dirijo a Uds. en mi condición de ciudadano, con el objeto de hacer valer mi derecho fundamental de acceso a la información pública, en los términos contemplados en el Art. 18 de la Constitución, así como en los artículos 1, 2, 29 y 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), mediante la interposición del presente Recurso de Apelación en contra de la “Resolución Final Exp. Ref. PNC UAIP-98-2017” pronunciada por el Oficial de Información de la Policía Nacional Civil PNC, y que fuera comunicada al suscrito apelante el día 23 de marzo 2017 mediante correo electrónico, resolución al cual se anexa copia.

La resolución que ahora estoy impugnando, tiene su origen en la petición de acceso a información pública que el día 16 de febrero de los corrientes, dirigí al Oficial de Información de la PNC, basándome en lo dispuesto en los Arts. 1, 2 y 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). En dicha petición requerí el acceso a los datos siguientes:

El 10 de enero 2017, entre las 5 y 6pm, fue detenido en Altavista, Ilopango, el ciudadano DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, por agentes de la subdelegación Altavista. Todavía se encuentra en detención preventiva.

En los días siguientes a la detención de DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, agentes de la Unidad de Control de la PNC efectuaron entrevistas a familiares del detenido y a varios testigos de la escena de su detención y registro corporal, incluyendo a un agente del CAM de Tonacatepeque que está destacado en el centro deportivo de Altavista.

1) ¿Existe un informe de la Unidad de Control sobre el caso de Daniel Alemán, detenido en Altavista el 10 de enero 2017?

2) En caso que existe, solicito copia del Informe de la Unidad de Control

3) ¿Existen indicios de procedimientos ilegales de los agentes que efectuaron la detención y procesaron al detenido, primero en la subdelegación Altavista, y luego en la delegación Soyapango ubicada en San Bartolo, el mismo día 10 de enero 2017?

4) ¿Las investigaciones de la Unidad de Control han podido aclarar las inconsistencias contenidas en las declaraciones de los agentes de Altavista, reflejadas en el requerimiento de la Fiscalía, sobre

  1. a) lugar de detención; (¿cancha que dicen los testigos o parqueo, como declaran los agentes?)
  2. b) hora de la detención (¿5pm que dicen testigos; 6.35pm que dicen los agentes al cargo de la detención?)
  3. c) el registro corporal al detenido al momento de su captura. (Los testigos dicen que se registró sin que encontraron ningún paquete)
  4. d) el lugar donde y a qué hora exacta del día 10 de enero se efectuó la “prueba de campo” mediante la cual el material presuntamente encontrado en posesión del detenido DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN fue “droga con orientación a marihuana”. El requerimiento refiere que este examen fue efectuado antes de las 7pm del día 10 de enero 2017, por un “técnico en identificación de droga” de nombre Leandro Bladimir Bernabé Cerritos en lo que llaman “Sección Antinarcóticos”.

En otra parte del requerimiento de la FGR se refiere a un “análisis físico-químico de sustancias controladas … realizado en el Laboratorio Técnico de la División Antinarcóticos de la PNC”.

  1. e) ¿La Unidad de Control confirmó que el técnico DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN estaba el 10 de enero destacado en la delegación Soyapango y es en esta delegación que hizo la “prueba de campo”?
  2. f) ¿La Unidad de Control determinó que se hizo un segundo examen en el Laboratorio Técnico de la DAN, y a qué horas se efectuó?

5) ¿La Unidad de Control ha determinado porqué La PNC (con excepción de la Unidad de Control) no ha entrevistado a los testigos presentes en el lugar de detención de DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, ni a los familiares?

6) Se solicita información si el informe de la Unidad de Control fue remetido a la Inspectoría General de Seguridad Pública, al Juez de Paz de Ilopango que ve la causa, a la Fiscalía y a la defensa del detenido DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN.

Como pueden constatar en la resolución que recibí con fecha del 23 de marzo de OIR/PNC con número de referencia PNC – UAIP – 98 – 2017, el informe que solicité en los numerales 1) y 2) de mi solicitud fue declarado “confidencial” y “no desclasificado”.

Primero quiero señalar que la OIP/PNC no procesó mi solicitud en el plazo debido, por lo cual con fecha del 13 de marzo 2017 interpuse ante el IAIP un aviso de falta de respuesta.

Segundo, la resolución no declara reservado el informe solicitado, sino confidencial, por lo que aplica Art. 24 de la LAIP. Sin embargo, ninguna de las provisiones del art 24 aplica al informe solicitado.

De todos modos, OIR/PNC, a pesar de que declara “confidencial” el informe, no se apoya en el art. 24, sino en art. 33, el cual protege datos personales. Sin embargo, los datos personales de los involucrados en el caso de la captura de Daniel Alemán, a la cual se refiere el informe de Unidad de Control solicitado, ya son de conocimiento público, porque constan en el requerimiento fiscal contra Daniel Alemán, y la jueza del caso no ha declarado reserva sobre el mismo.

Incluso si la OIR/PNC se apoyara en art. 19 (Información Reservada) LAIP, apartado “f” (“perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos…”), el informe solicitado no clasificaría como información reservada, porque este informe, como la misma resolución de OIR/PNC, reconoce, pone en duda el carácter legal de la captura. Esto quiere decir que el informe solicitado contiene testimonios y evidencias de descarga para el detenido Daniel Alemán. Sin embargo, estas pruebas de descarga o no han sido transmitidas por la PNC a la FGR, o la FGR no las ha incluido en el requerimiento fiscal presentado al tribunal correspondiente. Por ley, la FGR no solo tiene que recabar pruebas de carga sino igualmente de descarga. Conclusión de esto, mantener reservado este informe de la Unidad de Control no pone en riesgo la investigación judicial, sino al revés: la reserva obstaculiza esta investigación.

En todo caso, es a través del escrutinio ciudadano que los peticionarios de información garantizamos el buen desempeño de las autoridades públicas, de manera que el acceso a la información contenida en mi petición original, busca precisamente evaluar el desempeño de la autoridad policial como garante de los derechos fundamentales, pero a la vez, de constatar la transparencia del accionar policial en su misión constitucional de garantizar la paz y la tranquilidad de la sociedad.

A lo anterior, debo agregar que el Art. 19 de la LAIP declara que: “…No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional.”

En el caso de la denegatoria de acceso a información policial, objeto del proceso de apelación en trámite, es precisamente la “confidencialidad” aquí alegada, la que impide al suscrito peticionario formarse una opinión consistente y fundamentada sobre los hechos ocurridos durante la captura del Sr. Daniel Alemán, esta falta de información atenta contra mi derecho a saber pero a la vez, insisto en esto, contra el derecho de la sociedad de conocer el proceder de los miembros de la corporación policial.

La OIR/PNC, luego de negar el informe solicitado, solamente contestó las preguntas 4 a), 4 b) y parcialmente 4 d).

Las siguiente preguntas no han sido contestadas, con excepción de pregunta 4 d) que fue parcialmente respondida en la resolución.

  1. b) hora de la detención (¿5pm que dicen testigos; 6.35pm que dicen los agentes al cargo de la detención?)
  2. c) el registro corporal al detenido al momento de su captura. (Los testigos dicen que se registró sin que encontraron ningún paquete)
  3. d) el lugar donde y a qué hora exacta del día 10 de enero se efectuó la “prueba de campo” mediante la cual el material presuntamente encontrado en posesión del detenido DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN fue “droga con orientación a marihuana”. El requerimiento refiere que este examen fue efectuado antes de las 7pm del día 10 de enero 2017, por un “técnico en identificación de droga” de nombre Leandro Bladimir Bernabé Cerritos en lo que llaman “Sección Antinarcóticos”.

En otra parte del requerimiento de la FGR se refiere a un “análisis físico-químico de sustancias controladas … realizado en el Laboratorio Técnico de la División Antinarcóticos de la PNC”.

  1. e) ¿La Unidad de Control confirmó que el técnico DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN estaba el 10 de enero destacado en la delegación Soyapango y es en esta delegación que hizo la “prueba de campo”?
  2. f) ¿La Unidad de Control determinó que se hizo un segundo examen en el Laboratorio Técnico de la DAN, y a qué horas se efectuó?

5) ¿La Unidad de Control ha determinado porqué La PNC (con excepción de la Unidad de Control) no ha entrevistado a los testigos presentes en el lugar de detención de DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, ni a los familiares?
6) Se solicita información si el informe de la Unidad de Control fue remetido a la Inspectoría General de Seguridad Pública, al Juez de Paz de Ilopango que ve la causa, a la Fiscalía y a la defensa del detenido DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN.

Por todo lo anterior, mediante la interposición del presente Recurso de Apelación y cuya consecuencia inmediata sería el otorgamiento del pleno acceso a toda la información solicitada, respetuosamente SOLICITO:

-Que este Instituto ordene a la PNC que:

  1. brinde debidamente la información solicitada en las preguntas 4 b), 4 c), 4 d), 4 e), 4 f) y las preguntas 5 y 6 de mi solicitud de información;
  2. me entregue el Informe SS-0082-2017, el cual la Unidad de Control de la PNC ha elaborado sobre las circunstancias de la captura de Daniel Alemán el día 10 de enero 2017, efectuada por agentes de la subdelegación Altavista; informe sobre el cual el jefe de la Unidad de Control, subcomisionado Daniel de Jesús Martínez Hernández, ha informado a la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos que contiene la recomendación de mandarlo a la Fiscalía de Soyapango para determinar si ordena una investigación sobre el caso. Vea anexo: Copia Carta de Unidad de Control PNC a la PDDH del 13 de marzo 2017.

Anexo a la presente copia de la resolución de la OIR/PNC.

Señalo como direcciones para recibir comunicaciones y notificaciones, la cuenta de correo electrónico: luers.paolo@yohoo.com, o la dirección Calle Motocross, Residencial Villas de Zanzibar #1, municipio San Salvador. 

San Salvador, 29 de marzo de 2017

 

IV. La resolución definitiva del IAIP
(23 junio 2017)

 

A los comisionados de Transparencia: Hecha la ley, hecha la trampa. De Paolo Luers

Paolo Luers, 15 junio 2017 / MAS! y EDH

Estimados amigos:
Ahora que la primera generación del Instituto de Acceso a la Información Pública comienza a ser relevada -y cuando existen indicios que el gobierno quiere manipular la elección de sus sucesores- déjenme decirles que han logrado incomodar a los corruptos. Les han levantado un poco el manto de secretividad bajo el cual operaban con impunidad. Mi respeto.

Pero ustedes saben mejor que cualquier otro que falta mucho por hacer para que la transparencia se convierta en la regla en esta sociedad. Porque sigue siendo la excepción. Sigue siendo algo que uno tiene que pelear. Sigue siendo algo que cuesta paciencia para conseguir. Sigue siendo no accesible para todo el mundo, porque el trámite es complicado, burocrático, tardado, lleno de trampas, y obstaculizado por lenguaje jurídico.

¿Por qué han permitido ustedes que el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública quede a cargo de Casa Presidencial, o sea de una de las instancias más frecuentemente demandadas por negación de información? Dicen que “hecha la ley, hecha la trampa” – y en muchos casos las trampas están en los reglamentos. Ustedes, los comisionados, hubieran tenido que pelear el reglamento.

La primera vez que hice uso del derecho a la información pública, me topé con una muralla: Casa Presidencial. Estaba investigando cuánto nos cuesta cada segundo sábado el reality show del presidente: “Gobernando con la Gente”. Me contestaron que 5 mil dólares, o sea me vieron cara de tonto (a mi y a ustedes, los comisionados). Ustedes ordenaron a CAPRES relevar más datos (o sea más de los costos reales), y al fin reconocieron un costo de 35 mil dólares. Pero ustedes se quedaron cortos: no obligaron a CAPRES a revelar todo. Hice el cálculo sin datos oficiales y resulta que el costo real llega a casi 100 mil dólares. Cada dos semanas.

Los periodistas usamos el acceso a la información pública para nuestras investigaciones. De nada nos sirve conseguir datos o documentos escondidos en 4 meses, cuando la noticia ya pasó. Yo investigué el “caso Daniel Alemán”, que se convirtió en el “caso PNC” – y en un caso penal contra dos agentes que habían arrestado ilegalmente a Daniel, acusándolo con pruebas materiales que ellos mismos le habían puesto -. Pedí a la PNC el expediente de su Unidad de Control que investigó a los agentes y estableció el fraude procesal. La PNC me negó la información. Puse la demanda ante ustedes – a tiempo, pensaba yo, para que la información solicitada saliera antes de la audiencia de instrucción contra Daniel -. Pensé mal. El caso penal ya terminó y hasta la fecha ustedes no han convocado la audiencia para resolver si la PNC me tiene que entregar el expediente que comprueba la inocencia de Daniel y la culpabilidad de los agentes de la PNC. Presenté la solicitud oficial el 16 de febrero 2017, y la apelación el 23 de marzo. Cuatro meses sin respuesta, ni de la PNC ni de su Instituto (por suerte, conseguimos el expediente por “vía no oficial”, y Daniel quedó sobreseído de los cargos falsos).

En muchos casos, retrasar la información solicitada por meses es equivalente a negarla. Incluso si después es entregada, la información ya no es relevante. Si ustedes no logran agilizar el proceso de acceso a la información pública, y si no pelean que las instituciones demandadas entreguen la información completa, la ley no sirve para mucho.

Les queda mucho trabajo y mucho pleito.

Saludos,

Proyecto Cero, ciudadanía al rescate. De Cristina López

¿Cómo es que cuando los partidos mayoritarios únicamente son capaces de retener a su voto duro, no hay más campañas de apertura y renovación?

Cristina López, 12 juno 2017 / EDH

Al momento de escribir esta columna, la mayoría de la población expresaba poca fe en los principales partidos políticos y a menos que en el lapso transcurrido entre la redacción de este escrito y su publicación nuestros representantes en cargos públicos hayan salvado a la humanidad de un apocalipsis, los números al momento demostraban que una mayoría del electorado preferiría votar por ningún partido político antes que confiar de nuevo en las opciones posibles. Según una encuesta reciente de la Universidad Centroamericana, un 40 por ciento del electorado no votaría por ningún partido, el siguiente 40 por ciento se lo dividen casi parejo los dos partidos principales, con 20 cada uno y los partidos minoritarios mantienen arrastres de un solo dígito porcentual.

Cabe hacerse la pregunta: ¿cómo es que cuando los partidos mayoritarios únicamente son capaces de retener a su voto duro, no hay más campañas de apertura y renovación? ¿Cómo es que, cuando hay tanta evidencia de la incapacidad del partido de gobierno, la oposición no ha sido capaz de venderse como una opción viable? ¿Es que acaso nuestros gobernantes están secretamente buscando quedarse sin empleo, que no están intentando construir puentes con la ciudadanía?

Por suerte, por lo que la oferta política (en otras palabras, las opciones electorales) no está haciendo, la demanda política (los electores) está compensando. Un grupo de activistas ciudadanos con espíritu emprendedor y con ansias de transformar la política salvadoreña acaba de lanzar la iniciativa “Proyecto Cero”. En lo personal, la encontré convincente por la simpleza de su mensaje: creen en la democracia y la transparencia, en que la ciudadanía es soberana frente al estado, y en la igualdad y libertad para cada ciudadano. Difícil no coincidir con esos qués.

En cuanto a los cómos, saben que una manera eficiente de empoderar a la ciudadanía para tomar decisiones con respecto a nuestros gobernantes, es brindándole información transparente que permita pedirles cuentas. Es así como su primera campaña lleva el nombre de “Nada que esconder” y busca tabular un registro de votos por diputado, sus declaraciones patrimoniales, solvencias tributarias y declaraciones de interés. Algunos diputados han visto el valor de esta iniciativa y han prometido brindar su información. Debido a que entregar la información es un acto voluntario, quienes no la brinden demostrarán poco interés en empoderar a los ciudadanos o dejarán entrever que tienen algo que esconder.

A futuro, Proyecto Cero tiene en el horizonte otros “cómos” para lograr el objetivo de cambiar el status quo, entre ellos el apoyo a candidaturas independientes, que permitan desencadenar al servidor público de los intereses partidarios y abrir la palestra para quienes no tienen acceso a vehículos partidarios. Tampoco han cerrado la puerta a trabajar con los partidos que existen y que acepten sus “qués,” un buen ejercicio de cruce de oferta y demanda electorales. Sin embargo, el mensaje más importante que una iniciativa como Proyecto Cero envía a nosotros, los ciudadanos, es el recordatorio de que no habrá político mesiánico, redentor y salvador que pueda rescatarnos del estado actual de la política. Tenemos que rescatarnos nosotros.

@crislopezg

La partida que no era secreta. De Erika Saldaña

Dentro del Presupuesto General de la Nación no hay un rubro con esa denominación; el nombre formal de esa partida es “gastos imprevistos”, y otros fondos se han gestionado como “gastos reservados”.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 29 mayo 2017 / EDH

Uno de los secretos a voces más fuertes en El Salvador, posconflicto armado, es la existencia de la mal llamada partida secreta. Digo mal llamada, pues cuando un funcionario dice que la partida secreta no existe, tiene razón. Dentro del Presupuesto General de la Nación no hay un rubro con esa denominación; el nombre formal de esa partida es “gastos imprevistos”, y otros fondos se han gestionado como “gastos reservados”.

De estas líneas presupuestarias, cuentan diversos reportes periodísticos, salió dinero para pagar sobresueldos a funcionarios en diferentes periodos gubernamentales, “actividades de inteligencia”, “reparar crisis políticas” y quién sabe qué otro tipo de cuestiones, porque aquí podemos especular lo que sea, ya que nunca se ha transparentado su verdadero uso. Los indicios de las investigaciones de la Sección de Probidad y la Fiscalía señalan que algunos de estos dineros, probablemente, fueron a parar a cuentas privadas de expresidentes o exsecretarios privados de la Presidencia, lo cual ya degenera en corrupción.

Aunque su existencia en sí misma no es inconstitucional, la forma oscura y discrecional en la que se han utilizado las partidas de gastos imprevistos o gastos reservados deja muchísimas dudas. Antes del año 2010 nunca se habían aceptado los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del Presupuesto General de la Nación y las asignaciones presupuestarias sin control alguno; esto, a pesar de que algunos demandantes habían manifestado que este tipo de partidas podían llegar a acumular grandes cantidades de recursos que, al carecer de transparencia y control, no garantizaban que se estuvieran utilizando adecuadamente, para los fines del Estado.

A partir de la sentencia de inconstitucionalidad 1-2010, cuando la Sala de lo Constitucional aclaró que en casos anteriores sobre el presupuesto la interpretación hecha no había sido lo suficientemente fundada, se estableció que el presupuesto debe especificar con precisión la cantidad, finalidad y entidad que ha de realizar los gastos públicos. Debe señalarse de manera clara cuánto gasta, en qué gasta y quién lo gasta. Además que ningún ente público puede tomar una decisión jurídica que implique un gasto no previsto en la Ley de Presupuesto; tampoco se pueden gastar las sumas autorizadas para una finalidad diferente a la plasmada en la ley, sin realizar el procedimiento establecido para la modificación del presupuesto.

La Sala también expuso que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser garantizadas por todas las dependencias del Estado, de manera que todas las cuentas del presupuesto puedan verificarse en su ejecución, transferencia y destino, salvo en las excepciones que exista una causal justificada de reserva de la información. La sentencia fue clara al señalar que las denominadas “partidas secretas”, entendidas como aquellas que no están sujetas a control y rendición de cuentas, no tienen asidero constitucional.

En los últimos cuatro gobiernos se han gastado cientos de millones de dólares de los que no se ha rendido cuentas por pertenecer a gastos imprevistos o reservados; se ha tratado de justificar su opacidad en que es información reservada del Estado por atender a funciones del Organismo de Inteligencia del Estado, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada o porque se trata de gastos urgentes que surgen de alguna emergencia nacional. Pero en un rubro tan delicado como las finanzas del Estado, entre más transparencia y más información hay, mejor. No hay lugar para partidas secretas ni para que algunos funcionarios decidan discrecionalmente en qué gastar.

Después de tantas líneas cuestionando la partida de gastos imprevistos y reservados, la duda del millón es ¿dónde ha estado, está y estará la Corte de Cuentas para investigar la forma en que se administran y gastan los fondos públicos? ¿por qué la Corte de Cuentas se resiste a auditar la forma en que se usan todos los fondos públicos cuando se supone que es su principal misión? Nuevamente el tema está sobre la mesa, y ante la próxima elección de los magistrados de la Corte de Cuentas a los ciudadanos nos toca exigir que nos expliquen con detalle en qué se gastan el pisto del Estado.

Las elecciones no solo deben preocuparnos cuando hay elecciones. De Humberto Sáenz Marinero

Los nuevos desafíos se presentan en la conformación de la Juntas Receptoras de Votos, la implementación del voto en el exterior, el conteo de votos, los tiempos para emitir resultados, elección y rol de diputados suplentes, entre otros.

Humberto Sáenz Marinero, 26 mayo 2017 / EDH

Está claro que en nuestro país no hemos puesto suficiente atención a la materia electoral, y que eso ha provocado no pocos inconvenientes que se suman a los ya consabidos problemas con los que a nuestro país le está tocando lidiar.

Que no le hayamos puesto la suficiente atención al tema, no nos ha permitido entender a cabalidad la dinámica legislativa; dinámica que no es propia de nuestro país, sino que se repite en los distintos ordenamientos: la resistencia de los partidos políticos representados en el Órgano Legislativo, a quienes – en todas latitudes – les cuesta dictar reglas que entrañen autolimitaciones, o que lleven a regularizar su funcionamiento, o que prevean exigencias de transparencia o que incluso promuevan la imposición de correctivos y sanciones.

Se vuelve imprescindible comprender en su exacta medida esa realidad. Eso pondrá nuestras expectativas en su justa dimensión y nos permitirá, a los ciudadanos que no formamos parte de los partidos políticos, pero que queremos incidir en ellos, a las autoridades administrativas y a las autoridades judiciales, adoptar de mejor manera el rol protagónico que también nos corresponde en la reestructuración del eje articulador de nuestra convivencia democrática.

Por supuesto que eso no significa que los partidos políticos se desentiendan y dejen todo a terceros o se limiten a ir apagando incendios donde aparezcan las exigencias ciudadanas. Los bajos niveles de aceptación que hoy día tienen nuestros partidos, se deben en buena medida a su incapacidad para ajustarse a las nuevas realidades y a su empecinado esfuerzo por continuar con prácticas que riñen con las más sofisticadas exigencias de transparencia, rendición de cuentas y democracia interna.

Por otra parte, habiéndonos decantado por un sistema en que en un mismo órgano colegiado (el TSE) se realizan funciones administrativas y jurisdiccionales, y mientras tal sistema se mantenga, es imperativo que los jueces electorales adquieran plena conciencia de las responsabilidades que eso conlleva. Se están emitiendo sentencias equiparables a las de un tribunal judicial pero parece que hace falta darle contenido a las facultades constitucionales que por ende se despliegan.

Esto a su vez nos obliga a prestar más atención a la convivencia que debe existir entre la justicia electoral y la justicia constitucional. Podremos estar o no de acuerdo con lo que de constitucional se ha venido resolviendo, pero lo cierto es que ha sido la pereza y la desidia legislativa, la que en gran medida nos ha llevado a ese punto; y en varios casos, ha sido la inexcusable desobediencia.

Los partidos políticos se han negado a tocar temas sensibles o incómodos, por lo que la justicia constitucional ha sido el cauce sustituto que han ubicado las exigencias ciudadanas. Ahora es un fenómeno que no podemos seguir ignorando, ni tampoco podemos seguir analizándolo como un suceso esporádico.

Por el contrario, debemos buscar mecanismos que respetando siempre la institucionalidad y la separación de atribuciones, posibiliten una mejor sinergia de estas justicias. Entremos en serio a analizar si en el ámbito del derecho electoral, necesitamos propiciar una participación más directa de los jueces electorales en las acciones constitucionales; veamos si es necesario agotar siempre una instancia antes de acudir a la otra; propongamos herramientas que acerquen la justicia electoral a los ciudadanos.

Tengamos claro que la judicialización de la política no tiene nada de nuevo, y que el activismo judicial tampoco. Los jueces han ido ampliando el ámbito de sus decisiones, abarcando cuestiones que antaño correspondían de manera exclusiva a las instituciones políticas; son muchas las causas que explican este fenómeno.

Para el caso concreto, gracias a este rol que subsidiariamente ha tenido que ser asumido por la Sala de lo Constitucional, hemos pasado de un sistema de voto por bandera que limitaba al mínimo la participación ciudadana en la conformación de la Asamblea Legislativa, a un sistema donde podemos elegir con nombre y apellido a las personas que representarán a los distintos sectores de la sociedad.

Los nuevos desafíos se presentan en la conformación de la Juntas Receptoras de Votos, la implementación del voto en el exterior, el conteo de votos, los tiempos para emitir resultados, elección y rol de diputados suplentes, entre otros.

Y sin duda, una de las tareas más importantes que tenemos que comenzar a trabajar ya, es el replanteamiento del rol del TSE, buscando que este se convierta de verdad en la máxima autoridad en materia electoral; todo esto, en favor y máxima garantía de los derechos de todos los votantes.

Por último, los ciudadanos tenemos que comprender que esto no solo nos debe preocupar al estar cerca de un proceso eleccionario. Hay que entender que se trata de una materia que tiene enormes repercusiones en la cotidianeidad, en nuestro día a día.

@hsaenzm