transparencia

Carta al IAIP: Están privilegiando el interés de la PNC de ocultar irregularidades. De Paolo Luers

Paolo Luers, 27 junio 2017 / MAS! y EDH

Estimada comisionada, estimados comisionados:
He recibido hoy su “resolución definitiva”, en la cual confirman la resolución de la PNC de declarar confidencial el informe de la Unidad de Control sobre el caso Daniel Alemán requerido en mi solicitud.

Quiero aclarar que este infome es el centro de mi solicitud, y que esta solicitud no fue extemporanea, como en la resolución señalan, porque así fue solicitado en mi solicitud original:

La información que solicito es:
1) ¿Existe un informe de la Unidad de Control sobre el caso de Daniel Alemán, detenido en Altavista el 10 de enero 2017?
2) En caso que existe, solicito copia del Informe de la Unidad de Control.”

Este informe era de vital importancia, tanto para el derecho de defensa del imputado, como para la posibilidad de mi persona, como periodista, de comprobar o refutar los argumentos públicamente difundidos por la FGR y la PNC en el caso Daniel Alemán. Ambos trataron de llevar el caso a un plano mediático, y el público tenía derecho de conocer toda la verdad, sobre todo cuando esta estaba plasmada en un Informe oficial de la PNC.

Estoy claro que era el interés de la PNC, que en este caso ha cometido graves abusos de autoridad y delitos de falsedad procesal, evitar que salga al público el informe que expone estas irregularidades. En este sentido entiendo la lógica de la PNC de declarar confidencial un informe que arroja dudas sobre sus procedimientos. Pero esto no puede ser el interés del IAIP, que tiene por misión hacer accesible la información que las autoridades tienden a esconder para esconder problemas internos y posibles delitos cometidos por sus miembros.

En este sentido, es preocupante la decisión del IAIP de confirmar la posición de la PNC en cuanto a la confidencialidad del informe de la Unidad de Control. No es cierto, como ustedes afirman, que el Informe contiene “información personal sensible” que requiere confidencialidad. Los únicos comprometidos por la información de este Informe son agentes de la PNC que ya están siendo procesados judicialmente, precisamente a raíz de las informaciones recogidas en la investigación de la Unidad de Control. Y sobre sus actuaciones, el público tiene derecho de ser informado.

Si la preocupación por “información personal sensible” contenido en el Informe que se me niega es para proteger testigos, perfectamente el IAIP hubiera podido ordenar a la PNC a eliminar los nombres de los testigos antes de entregarme el Informe.

Les expreso mi preocupación por la reciente tendencia del IAIP de proteger los intereses de las autoridades requeridas por encima del derecho de los ciudadanos de tener acceso a la información necesaria para poder ejercer el ejercicio de la crítica a tales autoridades.

Espero que esta tendencia no se consolide. Atentamente,

Vea sobre el mismo tema:
A los comisionados de Transparencia:
Hecha la ley, hecha la trampa.

 

I. La solicitud de Información a la PNC
(16 de febrero 2017):

El 10 de enero 2017, entre las 5 y 6pm, fue detenido en Altavista, Ilopango, el ciudadano DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, por agentes de la subdelegación Altavista. Todavía se encuentra en detención preventiva.

En los día siguientes a la detención de DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, agentes de la Unidad de Control de la PNC efectuaron entrevistas a familiares del detenido y a varios testigos de la escena de su detención y registro corporal, incluyendo a un agente del CAM de Tonacatepeque que está destacado en el centro deportivo de Altavista.

La información que solicito es:

1) ¿Existe un informe de la Unidad de Control sobre el caso de Daniel Alemán, detenido en Altavista el 10 de enero 2017?

2) En caso que existe, solicito copia del Informe de la Unidad de Control

3) ¿Existen indicios de procedimientos ilegales de los agentes que efectuaron la detención y procesaron al detenido, primero en la subdelegación Altavista, y luego en la delegación Soyapango ubicada en San Bartolo, el mismo día 10 de enero 2017?

4) ¿Las investigaciones de la Unidad de Control han podido aclarar las inconsistencias contenidas en las declaraciones de los agentes de Altavista, reflejadas en el requerimiento de la Fiscalía, sobre

  1. a) lugar de detención; (¿cancha que dicen los testigos o parqueo, como declaran los agentes?)
  2. b) hora de la detención (¿5pm que dicen testigos; 6.35pm que dicen los agentes al cargo de la detención?)
  3. c) el registro corporal al detenido al momento de su captura. (Los testigos dicen que se registró sin que encontraron ningún paquete)
  4. d) el lugar donde y a qué hora exacta del día 10 de enero se efectuó la “prueba de campo” mediante la cual el material presuntamente encontrado en posesión del detenido DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN fue “droga con orientación a marihuana”. El requerimiento refiere que este examen fue efectuado antes de las 7pm del día 10 de enero 2017, por un “técnico en identificación de droga” de nombre Leandro Bladimir Bernabé Cerritos en lo que llaman “Sección Antinarcóticos”.

En otra parte del requerimiento de la FGR se refiere a un “análisis físico-químico de sustancias controladas … realizado en el Laboratorio Técnico de la División Antinarcóticos de la PNC”.

  1. e) ¿La Unidad de Control confirmó que el técnico DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN estaba el 10 de enero destacado en la delegación Soyapango y es en esta delegación que hizo la “prueba de campo”?
  2. f) ¿La Unidad de Control determinó que se hizo un segundo examen en el Laboratorio Técnico de la DAN, y a qué horas se efectuó?

5) ¿La Unidad de Control ha determinado porqué La PNC (con excepción de la Unidad de Control) no ha entrevistado a los testigos presentes en el lugar de detención de DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, ni a los familiares?

6) Se solicita información si el informe de la Unidad de Control fue remetido a la Inspectoría General de Seguridad Pública, al Juez de Paz de Ilopango que ve la causa, a la Fiscalía y a la defensa del detenido DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN.

 

II. La resolución de la PNC
(23 de marzo 2017)

III. La apelación ante el AIAP
(29 marzo 2017)

SEÑORA COMISIONADA Y SEÑORES COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Arnd Richard Luers, con Documento Único de Identidad número 04452418-5, extendido en el Municipio de San Salvador, departamento de San Salvador, el día 29 de marzo de 2017 me dirijo a Uds. en mi condición de ciudadano, con el objeto de hacer valer mi derecho fundamental de acceso a la información pública, en los términos contemplados en el Art. 18 de la Constitución, así como en los artículos 1, 2, 29 y 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), mediante la interposición del presente Recurso de Apelación en contra de la “Resolución Final Exp. Ref. PNC UAIP-98-2017” pronunciada por el Oficial de Información de la Policía Nacional Civil PNC, y que fuera comunicada al suscrito apelante el día 23 de marzo 2017 mediante correo electrónico, resolución al cual se anexa copia.

La resolución que ahora estoy impugnando, tiene su origen en la petición de acceso a información pública que el día 16 de febrero de los corrientes, dirigí al Oficial de Información de la PNC, basándome en lo dispuesto en los Arts. 1, 2 y 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). En dicha petición requerí el acceso a los datos siguientes:

El 10 de enero 2017, entre las 5 y 6pm, fue detenido en Altavista, Ilopango, el ciudadano DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, por agentes de la subdelegación Altavista. Todavía se encuentra en detención preventiva.

En los días siguientes a la detención de DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, agentes de la Unidad de Control de la PNC efectuaron entrevistas a familiares del detenido y a varios testigos de la escena de su detención y registro corporal, incluyendo a un agente del CAM de Tonacatepeque que está destacado en el centro deportivo de Altavista.

1) ¿Existe un informe de la Unidad de Control sobre el caso de Daniel Alemán, detenido en Altavista el 10 de enero 2017?

2) En caso que existe, solicito copia del Informe de la Unidad de Control

3) ¿Existen indicios de procedimientos ilegales de los agentes que efectuaron la detención y procesaron al detenido, primero en la subdelegación Altavista, y luego en la delegación Soyapango ubicada en San Bartolo, el mismo día 10 de enero 2017?

4) ¿Las investigaciones de la Unidad de Control han podido aclarar las inconsistencias contenidas en las declaraciones de los agentes de Altavista, reflejadas en el requerimiento de la Fiscalía, sobre

  1. a) lugar de detención; (¿cancha que dicen los testigos o parqueo, como declaran los agentes?)
  2. b) hora de la detención (¿5pm que dicen testigos; 6.35pm que dicen los agentes al cargo de la detención?)
  3. c) el registro corporal al detenido al momento de su captura. (Los testigos dicen que se registró sin que encontraron ningún paquete)
  4. d) el lugar donde y a qué hora exacta del día 10 de enero se efectuó la “prueba de campo” mediante la cual el material presuntamente encontrado en posesión del detenido DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN fue “droga con orientación a marihuana”. El requerimiento refiere que este examen fue efectuado antes de las 7pm del día 10 de enero 2017, por un “técnico en identificación de droga” de nombre Leandro Bladimir Bernabé Cerritos en lo que llaman “Sección Antinarcóticos”.

En otra parte del requerimiento de la FGR se refiere a un “análisis físico-químico de sustancias controladas … realizado en el Laboratorio Técnico de la División Antinarcóticos de la PNC”.

  1. e) ¿La Unidad de Control confirmó que el técnico DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN estaba el 10 de enero destacado en la delegación Soyapango y es en esta delegación que hizo la “prueba de campo”?
  2. f) ¿La Unidad de Control determinó que se hizo un segundo examen en el Laboratorio Técnico de la DAN, y a qué horas se efectuó?

5) ¿La Unidad de Control ha determinado porqué La PNC (con excepción de la Unidad de Control) no ha entrevistado a los testigos presentes en el lugar de detención de DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, ni a los familiares?

6) Se solicita información si el informe de la Unidad de Control fue remetido a la Inspectoría General de Seguridad Pública, al Juez de Paz de Ilopango que ve la causa, a la Fiscalía y a la defensa del detenido DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN.

Como pueden constatar en la resolución que recibí con fecha del 23 de marzo de OIR/PNC con número de referencia PNC – UAIP – 98 – 2017, el informe que solicité en los numerales 1) y 2) de mi solicitud fue declarado “confidencial” y “no desclasificado”.

Primero quiero señalar que la OIP/PNC no procesó mi solicitud en el plazo debido, por lo cual con fecha del 13 de marzo 2017 interpuse ante el IAIP un aviso de falta de respuesta.

Segundo, la resolución no declara reservado el informe solicitado, sino confidencial, por lo que aplica Art. 24 de la LAIP. Sin embargo, ninguna de las provisiones del art 24 aplica al informe solicitado.

De todos modos, OIR/PNC, a pesar de que declara “confidencial” el informe, no se apoya en el art. 24, sino en art. 33, el cual protege datos personales. Sin embargo, los datos personales de los involucrados en el caso de la captura de Daniel Alemán, a la cual se refiere el informe de Unidad de Control solicitado, ya son de conocimiento público, porque constan en el requerimiento fiscal contra Daniel Alemán, y la jueza del caso no ha declarado reserva sobre el mismo.

Incluso si la OIR/PNC se apoyara en art. 19 (Información Reservada) LAIP, apartado “f” (“perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos…”), el informe solicitado no clasificaría como información reservada, porque este informe, como la misma resolución de OIR/PNC, reconoce, pone en duda el carácter legal de la captura. Esto quiere decir que el informe solicitado contiene testimonios y evidencias de descarga para el detenido Daniel Alemán. Sin embargo, estas pruebas de descarga o no han sido transmitidas por la PNC a la FGR, o la FGR no las ha incluido en el requerimiento fiscal presentado al tribunal correspondiente. Por ley, la FGR no solo tiene que recabar pruebas de carga sino igualmente de descarga. Conclusión de esto, mantener reservado este informe de la Unidad de Control no pone en riesgo la investigación judicial, sino al revés: la reserva obstaculiza esta investigación.

En todo caso, es a través del escrutinio ciudadano que los peticionarios de información garantizamos el buen desempeño de las autoridades públicas, de manera que el acceso a la información contenida en mi petición original, busca precisamente evaluar el desempeño de la autoridad policial como garante de los derechos fundamentales, pero a la vez, de constatar la transparencia del accionar policial en su misión constitucional de garantizar la paz y la tranquilidad de la sociedad.

A lo anterior, debo agregar que el Art. 19 de la LAIP declara que: “…No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional.”

En el caso de la denegatoria de acceso a información policial, objeto del proceso de apelación en trámite, es precisamente la “confidencialidad” aquí alegada, la que impide al suscrito peticionario formarse una opinión consistente y fundamentada sobre los hechos ocurridos durante la captura del Sr. Daniel Alemán, esta falta de información atenta contra mi derecho a saber pero a la vez, insisto en esto, contra el derecho de la sociedad de conocer el proceder de los miembros de la corporación policial.

La OIR/PNC, luego de negar el informe solicitado, solamente contestó las preguntas 4 a), 4 b) y parcialmente 4 d).

Las siguiente preguntas no han sido contestadas, con excepción de pregunta 4 d) que fue parcialmente respondida en la resolución.

  1. b) hora de la detención (¿5pm que dicen testigos; 6.35pm que dicen los agentes al cargo de la detención?)
  2. c) el registro corporal al detenido al momento de su captura. (Los testigos dicen que se registró sin que encontraron ningún paquete)
  3. d) el lugar donde y a qué hora exacta del día 10 de enero se efectuó la “prueba de campo” mediante la cual el material presuntamente encontrado en posesión del detenido DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN fue “droga con orientación a marihuana”. El requerimiento refiere que este examen fue efectuado antes de las 7pm del día 10 de enero 2017, por un “técnico en identificación de droga” de nombre Leandro Bladimir Bernabé Cerritos en lo que llaman “Sección Antinarcóticos”.

En otra parte del requerimiento de la FGR se refiere a un “análisis físico-químico de sustancias controladas … realizado en el Laboratorio Técnico de la División Antinarcóticos de la PNC”.

  1. e) ¿La Unidad de Control confirmó que el técnico DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN estaba el 10 de enero destacado en la delegación Soyapango y es en esta delegación que hizo la “prueba de campo”?
  2. f) ¿La Unidad de Control determinó que se hizo un segundo examen en el Laboratorio Técnico de la DAN, y a qué horas se efectuó?

5) ¿La Unidad de Control ha determinado porqué La PNC (con excepción de la Unidad de Control) no ha entrevistado a los testigos presentes en el lugar de detención de DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, ni a los familiares?
6) Se solicita información si el informe de la Unidad de Control fue remetido a la Inspectoría General de Seguridad Pública, al Juez de Paz de Ilopango que ve la causa, a la Fiscalía y a la defensa del detenido DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN.

Por todo lo anterior, mediante la interposición del presente Recurso de Apelación y cuya consecuencia inmediata sería el otorgamiento del pleno acceso a toda la información solicitada, respetuosamente SOLICITO:

-Que este Instituto ordene a la PNC que:

  1. brinde debidamente la información solicitada en las preguntas 4 b), 4 c), 4 d), 4 e), 4 f) y las preguntas 5 y 6 de mi solicitud de información;
  2. me entregue el Informe SS-0082-2017, el cual la Unidad de Control de la PNC ha elaborado sobre las circunstancias de la captura de Daniel Alemán el día 10 de enero 2017, efectuada por agentes de la subdelegación Altavista; informe sobre el cual el jefe de la Unidad de Control, subcomisionado Daniel de Jesús Martínez Hernández, ha informado a la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos que contiene la recomendación de mandarlo a la Fiscalía de Soyapango para determinar si ordena una investigación sobre el caso. Vea anexo: Copia Carta de Unidad de Control PNC a la PDDH del 13 de marzo 2017.

Anexo a la presente copia de la resolución de la OIR/PNC.

Señalo como direcciones para recibir comunicaciones y notificaciones, la cuenta de correo electrónico: luers.paolo@yohoo.com, o la dirección Calle Motocross, Residencial Villas de Zanzibar #1, municipio San Salvador. 

San Salvador, 29 de marzo de 2017

 

IV. La resolución definitiva del IAIP
(23 junio 2017)

 

A los comisionados de Transparencia: Hecha la ley, hecha la trampa. De Paolo Luers

Paolo Luers, 15 junio 2017 / MAS! y EDH

Estimados amigos:
Ahora que la primera generación del Instituto de Acceso a la Información Pública comienza a ser relevada -y cuando existen indicios que el gobierno quiere manipular la elección de sus sucesores- déjenme decirles que han logrado incomodar a los corruptos. Les han levantado un poco el manto de secretividad bajo el cual operaban con impunidad. Mi respeto.

Pero ustedes saben mejor que cualquier otro que falta mucho por hacer para que la transparencia se convierta en la regla en esta sociedad. Porque sigue siendo la excepción. Sigue siendo algo que uno tiene que pelear. Sigue siendo algo que cuesta paciencia para conseguir. Sigue siendo no accesible para todo el mundo, porque el trámite es complicado, burocrático, tardado, lleno de trampas, y obstaculizado por lenguaje jurídico.

¿Por qué han permitido ustedes que el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública quede a cargo de Casa Presidencial, o sea de una de las instancias más frecuentemente demandadas por negación de información? Dicen que “hecha la ley, hecha la trampa” – y en muchos casos las trampas están en los reglamentos. Ustedes, los comisionados, hubieran tenido que pelear el reglamento.

La primera vez que hice uso del derecho a la información pública, me topé con una muralla: Casa Presidencial. Estaba investigando cuánto nos cuesta cada segundo sábado el reality show del presidente: “Gobernando con la Gente”. Me contestaron que 5 mil dólares, o sea me vieron cara de tonto (a mi y a ustedes, los comisionados). Ustedes ordenaron a CAPRES relevar más datos (o sea más de los costos reales), y al fin reconocieron un costo de 35 mil dólares. Pero ustedes se quedaron cortos: no obligaron a CAPRES a revelar todo. Hice el cálculo sin datos oficiales y resulta que el costo real llega a casi 100 mil dólares. Cada dos semanas.

Los periodistas usamos el acceso a la información pública para nuestras investigaciones. De nada nos sirve conseguir datos o documentos escondidos en 4 meses, cuando la noticia ya pasó. Yo investigué el “caso Daniel Alemán”, que se convirtió en el “caso PNC” – y en un caso penal contra dos agentes que habían arrestado ilegalmente a Daniel, acusándolo con pruebas materiales que ellos mismos le habían puesto -. Pedí a la PNC el expediente de su Unidad de Control que investigó a los agentes y estableció el fraude procesal. La PNC me negó la información. Puse la demanda ante ustedes – a tiempo, pensaba yo, para que la información solicitada saliera antes de la audiencia de instrucción contra Daniel -. Pensé mal. El caso penal ya terminó y hasta la fecha ustedes no han convocado la audiencia para resolver si la PNC me tiene que entregar el expediente que comprueba la inocencia de Daniel y la culpabilidad de los agentes de la PNC. Presenté la solicitud oficial el 16 de febrero 2017, y la apelación el 23 de marzo. Cuatro meses sin respuesta, ni de la PNC ni de su Instituto (por suerte, conseguimos el expediente por “vía no oficial”, y Daniel quedó sobreseído de los cargos falsos).

En muchos casos, retrasar la información solicitada por meses es equivalente a negarla. Incluso si después es entregada, la información ya no es relevante. Si ustedes no logran agilizar el proceso de acceso a la información pública, y si no pelean que las instituciones demandadas entreguen la información completa, la ley no sirve para mucho.

Les queda mucho trabajo y mucho pleito.

Saludos,

Proyecto Cero, ciudadanía al rescate. De Cristina López

¿Cómo es que cuando los partidos mayoritarios únicamente son capaces de retener a su voto duro, no hay más campañas de apertura y renovación?

Cristina López, 12 juno 2017 / EDH

Al momento de escribir esta columna, la mayoría de la población expresaba poca fe en los principales partidos políticos y a menos que en el lapso transcurrido entre la redacción de este escrito y su publicación nuestros representantes en cargos públicos hayan salvado a la humanidad de un apocalipsis, los números al momento demostraban que una mayoría del electorado preferiría votar por ningún partido político antes que confiar de nuevo en las opciones posibles. Según una encuesta reciente de la Universidad Centroamericana, un 40 por ciento del electorado no votaría por ningún partido, el siguiente 40 por ciento se lo dividen casi parejo los dos partidos principales, con 20 cada uno y los partidos minoritarios mantienen arrastres de un solo dígito porcentual.

Cabe hacerse la pregunta: ¿cómo es que cuando los partidos mayoritarios únicamente son capaces de retener a su voto duro, no hay más campañas de apertura y renovación? ¿Cómo es que, cuando hay tanta evidencia de la incapacidad del partido de gobierno, la oposición no ha sido capaz de venderse como una opción viable? ¿Es que acaso nuestros gobernantes están secretamente buscando quedarse sin empleo, que no están intentando construir puentes con la ciudadanía?

Por suerte, por lo que la oferta política (en otras palabras, las opciones electorales) no está haciendo, la demanda política (los electores) está compensando. Un grupo de activistas ciudadanos con espíritu emprendedor y con ansias de transformar la política salvadoreña acaba de lanzar la iniciativa “Proyecto Cero”. En lo personal, la encontré convincente por la simpleza de su mensaje: creen en la democracia y la transparencia, en que la ciudadanía es soberana frente al estado, y en la igualdad y libertad para cada ciudadano. Difícil no coincidir con esos qués.

En cuanto a los cómos, saben que una manera eficiente de empoderar a la ciudadanía para tomar decisiones con respecto a nuestros gobernantes, es brindándole información transparente que permita pedirles cuentas. Es así como su primera campaña lleva el nombre de “Nada que esconder” y busca tabular un registro de votos por diputado, sus declaraciones patrimoniales, solvencias tributarias y declaraciones de interés. Algunos diputados han visto el valor de esta iniciativa y han prometido brindar su información. Debido a que entregar la información es un acto voluntario, quienes no la brinden demostrarán poco interés en empoderar a los ciudadanos o dejarán entrever que tienen algo que esconder.

A futuro, Proyecto Cero tiene en el horizonte otros “cómos” para lograr el objetivo de cambiar el status quo, entre ellos el apoyo a candidaturas independientes, que permitan desencadenar al servidor público de los intereses partidarios y abrir la palestra para quienes no tienen acceso a vehículos partidarios. Tampoco han cerrado la puerta a trabajar con los partidos que existen y que acepten sus “qués,” un buen ejercicio de cruce de oferta y demanda electorales. Sin embargo, el mensaje más importante que una iniciativa como Proyecto Cero envía a nosotros, los ciudadanos, es el recordatorio de que no habrá político mesiánico, redentor y salvador que pueda rescatarnos del estado actual de la política. Tenemos que rescatarnos nosotros.

@crislopezg

La partida que no era secreta. De Erika Saldaña

Dentro del Presupuesto General de la Nación no hay un rubro con esa denominación; el nombre formal de esa partida es “gastos imprevistos”, y otros fondos se han gestionado como “gastos reservados”.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 29 mayo 2017 / EDH

Uno de los secretos a voces más fuertes en El Salvador, posconflicto armado, es la existencia de la mal llamada partida secreta. Digo mal llamada, pues cuando un funcionario dice que la partida secreta no existe, tiene razón. Dentro del Presupuesto General de la Nación no hay un rubro con esa denominación; el nombre formal de esa partida es “gastos imprevistos”, y otros fondos se han gestionado como “gastos reservados”.

De estas líneas presupuestarias, cuentan diversos reportes periodísticos, salió dinero para pagar sobresueldos a funcionarios en diferentes periodos gubernamentales, “actividades de inteligencia”, “reparar crisis políticas” y quién sabe qué otro tipo de cuestiones, porque aquí podemos especular lo que sea, ya que nunca se ha transparentado su verdadero uso. Los indicios de las investigaciones de la Sección de Probidad y la Fiscalía señalan que algunos de estos dineros, probablemente, fueron a parar a cuentas privadas de expresidentes o exsecretarios privados de la Presidencia, lo cual ya degenera en corrupción.

Aunque su existencia en sí misma no es inconstitucional, la forma oscura y discrecional en la que se han utilizado las partidas de gastos imprevistos o gastos reservados deja muchísimas dudas. Antes del año 2010 nunca se habían aceptado los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del Presupuesto General de la Nación y las asignaciones presupuestarias sin control alguno; esto, a pesar de que algunos demandantes habían manifestado que este tipo de partidas podían llegar a acumular grandes cantidades de recursos que, al carecer de transparencia y control, no garantizaban que se estuvieran utilizando adecuadamente, para los fines del Estado.

A partir de la sentencia de inconstitucionalidad 1-2010, cuando la Sala de lo Constitucional aclaró que en casos anteriores sobre el presupuesto la interpretación hecha no había sido lo suficientemente fundada, se estableció que el presupuesto debe especificar con precisión la cantidad, finalidad y entidad que ha de realizar los gastos públicos. Debe señalarse de manera clara cuánto gasta, en qué gasta y quién lo gasta. Además que ningún ente público puede tomar una decisión jurídica que implique un gasto no previsto en la Ley de Presupuesto; tampoco se pueden gastar las sumas autorizadas para una finalidad diferente a la plasmada en la ley, sin realizar el procedimiento establecido para la modificación del presupuesto.

La Sala también expuso que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser garantizadas por todas las dependencias del Estado, de manera que todas las cuentas del presupuesto puedan verificarse en su ejecución, transferencia y destino, salvo en las excepciones que exista una causal justificada de reserva de la información. La sentencia fue clara al señalar que las denominadas “partidas secretas”, entendidas como aquellas que no están sujetas a control y rendición de cuentas, no tienen asidero constitucional.

En los últimos cuatro gobiernos se han gastado cientos de millones de dólares de los que no se ha rendido cuentas por pertenecer a gastos imprevistos o reservados; se ha tratado de justificar su opacidad en que es información reservada del Estado por atender a funciones del Organismo de Inteligencia del Estado, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada o porque se trata de gastos urgentes que surgen de alguna emergencia nacional. Pero en un rubro tan delicado como las finanzas del Estado, entre más transparencia y más información hay, mejor. No hay lugar para partidas secretas ni para que algunos funcionarios decidan discrecionalmente en qué gastar.

Después de tantas líneas cuestionando la partida de gastos imprevistos y reservados, la duda del millón es ¿dónde ha estado, está y estará la Corte de Cuentas para investigar la forma en que se administran y gastan los fondos públicos? ¿por qué la Corte de Cuentas se resiste a auditar la forma en que se usan todos los fondos públicos cuando se supone que es su principal misión? Nuevamente el tema está sobre la mesa, y ante la próxima elección de los magistrados de la Corte de Cuentas a los ciudadanos nos toca exigir que nos expliquen con detalle en qué se gastan el pisto del Estado.

Las elecciones no solo deben preocuparnos cuando hay elecciones. De Humberto Sáenz Marinero

Los nuevos desafíos se presentan en la conformación de la Juntas Receptoras de Votos, la implementación del voto en el exterior, el conteo de votos, los tiempos para emitir resultados, elección y rol de diputados suplentes, entre otros.

Humberto Sáenz Marinero, 26 mayo 2017 / EDH

Está claro que en nuestro país no hemos puesto suficiente atención a la materia electoral, y que eso ha provocado no pocos inconvenientes que se suman a los ya consabidos problemas con los que a nuestro país le está tocando lidiar.

Que no le hayamos puesto la suficiente atención al tema, no nos ha permitido entender a cabalidad la dinámica legislativa; dinámica que no es propia de nuestro país, sino que se repite en los distintos ordenamientos: la resistencia de los partidos políticos representados en el Órgano Legislativo, a quienes – en todas latitudes – les cuesta dictar reglas que entrañen autolimitaciones, o que lleven a regularizar su funcionamiento, o que prevean exigencias de transparencia o que incluso promuevan la imposición de correctivos y sanciones.

Se vuelve imprescindible comprender en su exacta medida esa realidad. Eso pondrá nuestras expectativas en su justa dimensión y nos permitirá, a los ciudadanos que no formamos parte de los partidos políticos, pero que queremos incidir en ellos, a las autoridades administrativas y a las autoridades judiciales, adoptar de mejor manera el rol protagónico que también nos corresponde en la reestructuración del eje articulador de nuestra convivencia democrática.

Por supuesto que eso no significa que los partidos políticos se desentiendan y dejen todo a terceros o se limiten a ir apagando incendios donde aparezcan las exigencias ciudadanas. Los bajos niveles de aceptación que hoy día tienen nuestros partidos, se deben en buena medida a su incapacidad para ajustarse a las nuevas realidades y a su empecinado esfuerzo por continuar con prácticas que riñen con las más sofisticadas exigencias de transparencia, rendición de cuentas y democracia interna.

Por otra parte, habiéndonos decantado por un sistema en que en un mismo órgano colegiado (el TSE) se realizan funciones administrativas y jurisdiccionales, y mientras tal sistema se mantenga, es imperativo que los jueces electorales adquieran plena conciencia de las responsabilidades que eso conlleva. Se están emitiendo sentencias equiparables a las de un tribunal judicial pero parece que hace falta darle contenido a las facultades constitucionales que por ende se despliegan.

Esto a su vez nos obliga a prestar más atención a la convivencia que debe existir entre la justicia electoral y la justicia constitucional. Podremos estar o no de acuerdo con lo que de constitucional se ha venido resolviendo, pero lo cierto es que ha sido la pereza y la desidia legislativa, la que en gran medida nos ha llevado a ese punto; y en varios casos, ha sido la inexcusable desobediencia.

Los partidos políticos se han negado a tocar temas sensibles o incómodos, por lo que la justicia constitucional ha sido el cauce sustituto que han ubicado las exigencias ciudadanas. Ahora es un fenómeno que no podemos seguir ignorando, ni tampoco podemos seguir analizándolo como un suceso esporádico.

Por el contrario, debemos buscar mecanismos que respetando siempre la institucionalidad y la separación de atribuciones, posibiliten una mejor sinergia de estas justicias. Entremos en serio a analizar si en el ámbito del derecho electoral, necesitamos propiciar una participación más directa de los jueces electorales en las acciones constitucionales; veamos si es necesario agotar siempre una instancia antes de acudir a la otra; propongamos herramientas que acerquen la justicia electoral a los ciudadanos.

Tengamos claro que la judicialización de la política no tiene nada de nuevo, y que el activismo judicial tampoco. Los jueces han ido ampliando el ámbito de sus decisiones, abarcando cuestiones que antaño correspondían de manera exclusiva a las instituciones políticas; son muchas las causas que explican este fenómeno.

Para el caso concreto, gracias a este rol que subsidiariamente ha tenido que ser asumido por la Sala de lo Constitucional, hemos pasado de un sistema de voto por bandera que limitaba al mínimo la participación ciudadana en la conformación de la Asamblea Legislativa, a un sistema donde podemos elegir con nombre y apellido a las personas que representarán a los distintos sectores de la sociedad.

Los nuevos desafíos se presentan en la conformación de la Juntas Receptoras de Votos, la implementación del voto en el exterior, el conteo de votos, los tiempos para emitir resultados, elección y rol de diputados suplentes, entre otros.

Y sin duda, una de las tareas más importantes que tenemos que comenzar a trabajar ya, es el replanteamiento del rol del TSE, buscando que este se convierta de verdad en la máxima autoridad en materia electoral; todo esto, en favor y máxima garantía de los derechos de todos los votantes.

Por último, los ciudadanos tenemos que comprender que esto no solo nos debe preocupar al estar cerca de un proceso eleccionario. Hay que entender que se trata de una materia que tiene enormes repercusiones en la cotidianeidad, en nuestro día a día.

@hsaenzm

Carta al director de la policía: ¿Y la transparencia? ¿Y la ley? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 21 marzo 2017 / EDH Y MAS!

Estimado Howard Cotto:
El 17 de febrero del 2017 hice una solicitud de acceso a información pública a la PNC. El 20 de febrero recibí la Constancia de Recepción de solicitud, firmada por Evelyn Arévalo de Juárez, Colaboradora Oficial de Información de la PNC. Se asignó el número de referencia PNC-UAIP-98-2017 a mi solicitud, y se me informó que “a dicha solicitud se dará respuesta conforme a ley en un plazo máximo de 10 días hábiles y con fecha probable de respuesta  03 de marzo de 2017.”

Hoy es el 20 de marzo y no he recibido ninguna respuesta. Ya el caso está en manos del Instituto de Acceso a Información Pública.

Screen Shot 2017-03-14 at 2.07.54 PM¿Por qué la PNC no cumple con la Ley de Acceso a la Información Pública? Porque la información que pedí tiene que ver con el caso Daniel Alemán, y porque ellos saben que como periodista estoy investigando este caso.

Lo que pedí es el informe que la Unidad de Control entregó a la Inspectoría General de Seguridad Pública y a usted, como director de la PNC, sobre las extrañas circunstancias de la captura de Daniel Alemán.

diario hoyLa legislación de transparencia es para esto: Dar a ciudadanos y periodistas acceso a la información pública para poder monitorear a las instituciones y sus funcionarios, y para investigar y denunciar sus irregularidades. Hacer funcionar este derecho y este monitoreo es especialmente vital en el caso de la PNC y otras instituciones que tienen que garantizar nuestra seguridad y nuestros derechos humanos.

No dar acceso a información vital del caso equivale a entorpecer las investigaciones periodísticas que pueden ser incómodas para su institución y para usted, quien la dirige. Más grave aun: Tampoco han dado a la defensa del acusado acceso a este informe que incluye importantes pruebas de descarga, o sea que comprueban la inocencia del acusado y las irregularidades cometidos por miembros de la PNC.

Quiere decir que la PNC, y en última instancia usted como su jefe, no sólo están obstaculizando el trabajo periodístico sino también el ejercicio de una defensa técnica a la cual cualquier ciudadano tiene derecho.

Esto no se vale, Howard. Para esto nosotros dos hemos luchado contra los abusos de los cuerpos de seguridad, por su disolución por y por su sustitución por una nueva policía de carácter civil y garante de los derechos humanos. Bien me recuerdo que esto era tu ideal cuando entraste a la nueva policía. ¿Y qué pasó para que ahora, cuando al fin llegaste al poder en la PNC, todo esto te vale riata?

Te lo pregunta alguien que estaba a la par tuya cuando luchaste contra la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. Saludos,

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El Presidente debe comenzar a escuchar. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto Sáenz Marinero, 11 marzo 2017 / EDH

Están por cumplirse 3 años desde que el para entonces recién electo presidente, Salvador Sánchez Cerén, dijo durante su toma de posesión que quería una ciudadanía activa que hiciera contraloría social y que exigiera principios éticos a sus funcionarios. También insistió en la búsqueda de la unidad y el trabajo conjunto en procura de solucionar los problemas de nuestro país y ofreció ponerse al frente del sistema nacional de seguridad ciudadana.

Casi 3 años después de esas manifestaciones, vemos con pesar que las mismas han estado desprovistas de verdadero contenido y que, en el mejor de los casos, se han traducido en muestras indiscutibles de improvisación gubernamental.

En efecto, en el gobierno del presidente Sánchez Cerén, no ha caído nada en gracia la contraloría ciudadana que, hoy más que antes, ha tomado plena conciencia de su rol y que por ello exige mejores y más transparentes comportamientos de sus funcionarios.

Se creó una Secretaría que dice ser de Transparencia, pero de la cual ya nos cansamos de hacer notar que en la práctica se ha convertido en una especie de defensora oficiosa de los desaciertos del gobierno y que en lugar de propiciar el acceso a la información pública, se ha dedicado a justificar el oscurantismo invocando prácticas que imputa a gobiernos pasados, como si eso le diera justificación suficiente para no cumplir con el rol que le ha sido encomendado.

Cuando los ciudadanos hemos cuestionado el innecesario crecimiento del aparato estatal, la inexistencia de una política de austeridad impulsada y vigilada desde el Órgano Ejecutivo, las deficiencias en los programas sociales, los problemas que día a día viven alumnos y enfermos en escuelas y hospitales, la carencia de una responsable estrategia fiscal y otras, la respuesta que se recibe de todo el aparataje gubernamental es una sola: “se critica porque se quiere desestabilizar y entorpecer la gestión del actual gobierno; lo que se intenta es favorecer a nuestros oponentes político partidarios”.

Hace 3 años se dijo que se quería que los ciudadanos exigiéramos, pero cuando lo hacemos individualmente o a través de diferentes organizaciones sociales, se responde con vehemencia, descalificando apriorísticamente y sin poner ni el más mínimo de atención a las exigencias. Mucho menos se intenta corregir lo que se señala que está funcionando mal.

Las encuestas muestran que hay un descontento generalizado en la población, y si bien es cierto no se pueden ni deben sacar conclusiones categóricas de estas encuestas, ni mucho menos deben utilizarse para elaborar sobre sus resultados las políticas públicas, también es cierto que no pueden desatenderse como si nada pasara.

Pero parece que no hay nada que corregir según lo ven las autoridades. Resulta inverosímil que a estas alturas, luego de casi 3 años, el presidente no haya separado de su cargo a ni un solo funcionario de su gabinete. No puede ser que a la fecha no se haya percatado que hay muchos de sus funcionarios que están haciendo un papel terrible al frente de las instituciones.

No se puede defender a ultranza una mala gestión y no se debe permanecer en silencio como si lo que ocurre no se conoce al interior de la casa presidencial. Casi 3 años después, no es posible que no se hayan dado cuenta que necesitamos un cambio de timón y que requerimos de nuevos funcionarios que con objetividad intenten enderezar las instituciones que hoy no están funcionando.

Hace casi 3 años se hizo un llamado a trabajar unidos y a escuchar propuestas, pero –hasta la fecha – no ha existido manera de hacerlo en serio en prácticamente ningún tema. La posición ha sido tan unilateral e irreflexiva, que con anticipación se descalifica cualquier esfuerzo ciudadano. Y sino, veamos lo que ha ocurrido con la más reciente propuesta para modificar el sistema previsional. El presidente ni conocía la propuesta cuando ya se había escuchado a su alrededor la posibilidad de un veto presidencial.

Han pasado casi 3 años y el problema de la inseguridad ciudadana no ha podido tener un tratamiento adecuado. El presidente nos dijo que se pondría al frente en el manejo del fenómeno delincuencial, pero en realidad no lo hemos podido tener más lejos.

Queda tan solo la mitad del período presidencial. El presidente tiene que comenzar a escuchar con empatía las críticas de quienes queremos un mejor El Salvador y queremos trabajar unidos para ello. Por cierto, debe entender que los festivales sabatinos, en la forma en que están siendo organizados, contribuyen a mantenerle casi inmune a la crítica; eso no es bueno.

@hsaenzm