Tribunal Electoral

¿Otras elecciones fallidas? Columna Transversal de Paolo Luers

paolo3Paolo Luers, 11 agosto 2017 / EL DIARIO DE HOY

Recuerdo, como si hubiera sido ayer, la jornada caótica del 1 de marzo 2015, en la cual serví de secretario de una Junta Receptora de Votos. La jornada comenzó a las 3 de la madrugada y terminó a las 7 de la mañana siguiente. 27 horas. En el día, durante la votación, todo iba bien. El caos comenzó cuando iniciamos el conteo. El Tribunal Supremo Electoral no había creado las mínimas condiciones para un conteo correcto, rápido y confiable. Las “mesas” electorales no tenían a mesas, nos hicieron trabajar sobre pupitres de niños, donde ni siquiera cabían los formularios por llenar. Las actas estaban compuestas por papel químico, con 12 copias, de las cuales más de la mitad salieron ilegibles. Ni siquiera había suficientes sillas. Los vigilantes de los partidos tuvieron que turnarse los asientos o sentarse en el piso.

EDH logLa mayoría de los miembros de las JRV no tenía la suficiente instrucción y los pocos que entendieron cómo contabilizar las marcas por cara y los votos cruzados perdieron horas explicándoles a los demás y enfrentando la desconfianza de los que nunca lo entendieron.

Todos nos acordamos de las consecuencias: No sólo el conteo se alargó hasta la mañana del lunes, sino luego, en el escrutinio final del TSE, cientos de actas resultaron incompletas o incongruentes, miles de votos mal asignados o no contabilizados. Pasamos semanas hasta que recibimos el resultado final y pocos salieron convencidos de que eran correctos.

Desde estas elecciones fracasadas han pasado dos años y medio, pero poco o nada han hecho la Asamblea y el Tribunal para evitar que el caos y el fracaso se repitan. Igual que la Asamblea anterior, la actual no cumplió su responsabilidad de legislar sobre la aplicación del voto cruzado. Las reglas las sigue definiendo el Tribunal Electoral –el mismo que mostró nula capacidad de organizar las últimas elecciones y el escrutinio final de manera transparente, rápida y confiable. En marzo 2015 hubo un consenso de que el magistrado presidente Julio Olivo tenía que ser sustituido: por incapacidad, arrogancia, y parcialidad. El señor continúa al mando del Tribunal y dando declaraciones incoherentes.

Ahora, luego de 29 meses perdidos, nos damos cuenta de que la mayor parte de los problemas que hicieron fracasar las elecciones del 2015 aún no están resueltos: hay falta de financiamiento, por culpa no sólo del gobierno sino también de la Asamblea que aprobó el presupuesto; faltando 6 meses y medio a las elecciones de marzo de 2018, nadie sabe qué tipo de tecnología se va a adquirir para optimizar el conteo en las mesas y luego transmitir y procesar los datos. Lo más probable es que el conteo otra vez se hará de forma manual.

Y se agregó un problema adicional: la Sala sentenció que los miembros de las 10 mil Juntas Receptoras ya no serán seleccionados y entrenados por los partidos, sino que tendrán que ser ciudadanos no afiliados. Nadie sabe de dónde van a salir y cómo los van a entrenar y motivar. Otra vez: la Asamblea tuvo suficiente tiempo para legislar al respecto, pero nuevamente dejó al Tribunal definir las reglas y los mecanismos.

Con la insuficiencia de presupuesto electoral es casi inevitable que las condiciones físicas en las mesas serán igual de insuficientes (para no decir infrahumanas).

La única manera de garantizar un conteo rápido y confiable sería dotar cada mesa con una computadora, adecuadamente programa, que generaría las actas, en vez de llenar a mano infinidad de formularios, luego apuntar los votos haciendo rayas en pizarras y sumarlas con calculadoras. Es poco probable que se dispondrá de las computadoras, de los programas y de gente entrenada para manejarlos. El TSE habla de la compra de escáneres, para digitalizar las actas y luego transmitirlas. Pero escáneres son tecnología del siglo pasado que no ayuda en nada a las juntas a contabilizar los votos y las marcas por cara.

La manera más adecuada de reclutar y entrenar a los decenas de miles de miembros de la Juntas Receptoras hubiera sido mediante convenios con las universidades, pero para esto a Asamblea hubiera tenido que emitir un decreto. Lo más probable es que no habrá suficientes voluntarios y que los sorteos entre ciudadanos resultarán en juntas receptoras que sin la motivación suficiente para este trabajo maratónico -y que muchos de ellos, otra vez, no tendrán la preparación idónea.

Si Gobierno y la Asamblea no garantizan, de manera inmediata, el presupuesto adecuado para las elecciones; si el TSE no adquiere la tecnología adecuada (que por cierto le fue ofrecida); y si no se diseña un mecanismo adecuado para reclutar y entrenar al ejército que necesitan las mesas, está programada otra elección caótica sin confiabilidad en los resultados. La primera vez puede haber sido por accidente e incapacidad, la segunda vez huele a diseño de fraude.

 

Las elecciones legislativas de 2018… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 29 septiembre 2016 / EDH

Quienes resulten electos como diputados en 2018 designarán a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, al Fiscal General de la República y a los magistrados de la Corte de Cuentas, entre otros funcionarios de segundo grado. Seguramente darán seguimiento a los acuerdos que surjan, en lo que resta del 2016, para evitar, en el futuro, el incumplimiento del pago de la deuda pública, de los salarios de los empleados del Estado, de los fondos para las alcaldías, de las pensiones a los militares así como la escasez de bienes y servicios públicos.

diario hoyTendrán que controlar los actos del nuevo presidente de la República elegido en 2019. Los legisladores deberán actualizar el ordenamiento jurídico para que el combate contra la delincuencia, la promoción de la transparencia, el acceso a la información pública y la erradicación de la corrupción dependan de instituciones sólidas y no de la buena intención de los funcionarios de turno y de la generosa ayuda de los cooperantes.

Los 84 representantes que se proclamen en las siguientes elecciones, dentro de año y medio, serán objeto de presiones insospechadas por parte de organizaciones ciudadanas para que revelen los gastos de campaña y la identidad de los financistas de los precandidatos en las internas y de los candidatos y partidos en los comicios
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Por esas y otras razones son transcendentales dos asuntos para el 2018. El primero es que los electores elijan bien. Con ese propósito deben exigir cuentas, desde ahora, a quienes apoyaron en 2015 para que alcanzaran un escaño en la Asamblea Legislativa. Una de las pocas pero quizás más relevantes ventajas del sistema de las listas abiertas y del “voto cruzado” es, precisamente, la posibilidad de individualizar a los diputados y demandarles un informe sobre el cumplimiento de sus promesas. Vigilar ahora su comportamiento en los temas de pensiones, del tratamiento que le den al problema de las finanzas públicas, de la seguridad pública y del combate a la malversación de los fondos estatales, es una buena idea para premiar, reeligiendo, o castigar, negándole su voto, a cada quien según lo que corresponda.

La segunda cuestión tiene relación con la legitimidad de los ganadores. Un proceso con los vicios administrativos que se presentaron en 2015 sería inaceptable y sembraría la duda en la fidelidad de los datos. Por tanto las decisiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Órgano Legislativo que afectarán la elección de 2018 deben tomarse lo antes posible.

El aval de un presupuesto que cubra los requerimientos del árbitro electoral, aprobado en tiempo y sin recortes por parte del Ministerio de Hacienda, es la primera condición. Luego es necesario definir, en el corto plazo, la integración de los organismos electorales temporales. En este punto es recomendable que los partidos consulten a la Sala de lo Constitucional la posibilidad de nombrar militantes partidarios en las mesas inhabilitando para esa función a quienes se postulen como candidatos a diputados, alcaldes o concejales, a los que pertenezcan a los organismos de dirección de los partidos y a los que ejerzan cargos de elección popular.

También es indispensable capacitar y certificar a los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), con suficiente anticipación al evento electoral, para que no cometan errores en el conteo de votos y marcas y en el llenado de las actas. Respecto de estas atribuciones es ineludible el uso obligatorio de medios tecnológicos por parte del TSE para facilitar el trabajo de los miembros de las JRV y para realizar el procesamiento y la transmisión de resultados electorales preliminares y el escrutinio definitivo con la exactitud, veracidad y seguridad que sólo la tecnología puede garantizar. Por otra parte se requiere de una intensa campaña de educación cívica que incentive a los jóvenes a obtener su DUI, invite a los ciudadanos a actualizar su domicilio y promueva las distintas formas de votar.

Descuidar la organización eficiente y segura de las próximas elecciones, contar con una deficiente justicia electoral y retrasar aún más el control del dinero en la política, puede arriesgar la gobernabilidad democrática en un contexto donde la competencia electoral presenta diferencias muy estrechas entre el primer y el segundo lugar.

Daniel Ortega asesta otro golpe al Parlamento y se hace con todo el poder en Nicaragua

El Tribunal Electoral, controlado por el presidente, despoja a la oposición de sus escaños parlamentarios. Ortega impone en Nicaragua un régimen de partido único.

Daniel Ortega en un acto en Managua este jueves. Jorge Torres EFE

Daniel Ortega en un acto en Managua este jueves. Jorge Torres EFE

Carlos Salinas, 30 julio 2016 / EL PAIS

el paisEl Tribunal Electoral de Nicaragua entregó este viernes al presidente Daniel Ortega el control total del Parlamento, al despojar a los diputados de la oposición de sus escaños. El mandatario nicaragüense consolida así todo el poder en su figura, con tintes cada vez más autoritarios, e impone un régimen de partido hegemónico en el país centroamericano.

El fallo del tribunal ordena a la directiva de la Asamblea Nacional el despojo de los escaños a los diputados que fueron electos en 2011 por el PLI, que comandaba el líder opositor Eduardo Montealegre.

El 8 de junio, la Corte Suprema ya había despojado a Montealegre de la representación legal del partido. Con aquella decisión, la justicia nicaragüense dejaba a la oposición sin una casilla electoral para participar en las presidenciales de noviembre, en las que Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), será el único candidato importante en liza.

La Corte entregó la representación del Partido Liberal Independiente (PLI) a un político de poca monta que hasta entonces era desconocido en Nicaragua, Pedro Reyes, quien exigió obediencia a los 20 diputados elegidos en 2011 por el PLI y su aliado, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

Estos representantes opositores —que desde su elección han denunciado desde el Parlamento las arbitrariedades de Ortega, convirtiéndose en una voz incómoda para el presidente— se negaron a obedecer a Reyes, al que consideran un “aliado silencioso” de Ortega, y éste pidió al Tribunal Electoral que los despojase de sus escaños, decisión que ha tomado este jueves.

De esta manera, Reyes pasa a las páginas de la historia de Nicaragua como el político que entregó todo el poder a Ortega, considerado por la oposición como un mandatario autoritario que quiere imponer una nueva dinastía familiar en el país, que no logra sacudirse un pasado de opresión, dictaduras y guerras.

Varios dirigentes del MRS, fundado en 1994 por el exvicepresidente y escritor Sergio Ramírez y conformado por disidentes del Frente Sandinista, denunciaron en un comunicado publicado en redes sociales que el presidente “ha liquidado la Asamblea Nacional sacando a diputados opositores”. Por su parte, el movimiento Ciudadanos por la Libertad —que aglutina a los simpatizantes de Montealegre y a los diputados opositores despojados de sus escaños— también emitió una nota crítica con la decisión judicial. “Podrán destituir a todos y quitarnos un partido, pero la dignidad y principios nunca”, remarcaba.

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Hasta ahora no queda claro cuál será la estrategia de la oposición tras quedar fuera de la competencia electoral y sin su principal fuerza: la representación parlamentaria. Algunas voces abogan, desde el interior del movimiento opositor, un cambio de estrategia y un nuevo liderazgo.

“Se necesita un liderazgo, pero uno que entienda que es temporal y dependiente de ideas, de una plataforma ideológica, no un líder que se haga dueño del partido o siga per sécula seculórum [por los siglos de los siglos]. Precisamente lo que nos pasa a los liberales y a muchos otros partidos en América Latina, es que no tenemos teoría de sucesión. Entonces, cuando se trata de suceder a un líder, ocurre una guerra intestina que termina despedazándonos”, admite el político opositor Eliseo Núñez.

Sin oposición y con todos los poderes bajo su control, ahora a Ortega solo le falta solucionar un problema: encontrar una fórmula más o menos legítima para garantizar la sucesión familiar en el poder y fundar una nueva dinastía.

El mandatario ya ha situado a sus hijos en cargos públicos y al frente de la administración de las empresas que han enriquecido a su familia al amparo de la ingente cooperación petrolera de Venezuela. Pero todavía no ha designado a ninguno de sus familiares como sucesor. En los mentideros nicaragüenses, los rumores apuntan a su mujer, Rosario Murillo, una poderosa primera dama que controla toda la administración pública y cogobierna con Ortega. El mandatario tiene, según la ley electoral, hasta el 2 de agosto para nombrar a su candidato a la vicepresidencia. Y en Managua se cree que la línea de sucesión llega a los pies de Murillo.