Tribunal Electoral

Un acto arbitrario. De Manuel Hinds

Manuel Hinds, 13 abril 2018 / El Diario de Hoy

El lunes pasado el Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución para normar las comunicaciones de precandidatos, partidos y medios durante las elecciones primarias para seleccionar los candidatos a la Presidencia de la República. La resolución se dio en respuesta a la queja de algunos ciudadanos de que las campañas que los precandidatos de ARENA están llevando a cabo constituyen una “campaña adelantada” para las elecciones de 2019 porque en el proceso han colocado vallas y mupis en calles y carreteras y han trasmitido varios programas de televisión, incluyendo un debate entre todos los precandidatos que se llevó a cabo el jueves de la semana pasada. La queja es que en la propaganda para cada uno de los precandidatos se filtra un mensaje favorable para el partido ARENA mismo, lo cual representa, dicen los quejosos, una desventaja para los otros partidos, que no están llevando a cabo un proceso similar.

El TSE se pronunció a favor de los quejosos, estableciendo unas restricciones que no solamente violan la libertad de expresión y prensa consagrada en la Constitución Política sino que además contradicen el espíritu de la Ley de Partidos Políticos y la sentencia de la Sala de lo Constitucional que exigió que los candidatos a puestos de elección popular fueran seleccionados por medio de procesos democráticos. Las restricciones son tales que, en medio de muchas otras, el TSE ordena que los medios “no podrán transmitir spots, programas de televisión, cuñas radiales o publicaciones en prensa escrita y digital, en las que aparezcan ciudadanos que aspiren al cargo de presidente o vicepresidente de la República”.

Esto implica que para no incurrir en sanciones del TSE los periódicos, los canales de televisión tendrían que estar autocensurándose, no reportando ningún evento en el que aparezcan precandidatos y buscando que en ninguna fotografía o video aparezca uno de estos. Esto suprimiría mucha información que el público demanda legítimamente y establecería una autocensura que está prohibida por la Constitución. El TSE no tiene derecho ni competencia para negar al público acceso a la información.

La resolución también contradice el espíritu de la Ley de Partidos Políticos y los estatutos de ARENA, que han sido aprobados por la Asamblea Nacional como leyes de la República. La Ley de Partidos Políticos ordena que los candidatos sean seleccionados por medios democráticos, y los estatutos de ARENA que esta selección debe hacerse por medio de elecciones primarias. El padrón electoral de ARENA es de 122 mil personas. No hay manera efectiva de llegar a todos estos electores sin usar los medios masivos que son precisamente los que el TSE ha prohibido usar. Facebook y otras redes sociales se pueden usar, pero no llegan a todos, especialmente a los que tienen menos medios económicos. En realidad, los medios masivos cumplen un papel que sin ellos nadie puede cumplir. Al prohibir el uso de estos medios, el TSE ha remachado su negación al derecho de información de la población.

¿Cómo podrían enterarse los 122 mil empadronados de ARENA de lo que piensan y sienten los precandidatos para hacer su decisión de por quien votar? ¿Y cómo el resto del país podría enterarse de cómo se han realizado las primarias si no se puede informar sobre ellas?

La verdad es que al emitir estas resoluciones el TSE ha seguido innecesariamente una filosofía restrictiva para resolver el problema de la equidad de oportunidades en las elecciones. Los quejosos o sus protegidos se sienten en desventaja porque estos protegidos, los otros partidos, no están realizando primarias, y no están teniendo una legítima competencia para seleccionar a su candidato. Si ellos estuvieran cumpliendo con el espíritu de la Ley de Partidos Políticos, ellos también estarían haciendo propaganda nacional, y tendrían vallas, mupis, entrevistas y hasta, posiblemente, debates. Por supuesto, si no se puede publicar nada en los medios masivos de los actos de los precandidatos de ARENA, ni de sus debates, ni de la magnitud de su proceso, los otros partidos podrán no hacer nada similar y aún así pretender que son tan democráticos como ARENA —obviamente— sin serlo. El sacar el proceso de las primarias de los medios masivos es crear oscuridad en la política del país. Todos sabemos lo que se forja en la oscuridad.

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Carta al TSE: No pueden prohibir el debate público. De Paolo Luers

Paolo Luers, 12 abril 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Estimados magistrados:
No sé quién de ustedes escribió la resolución sobre la “propaganda adelantada” de los precandidatos que compiten en las elecciones primarias de ARENA. O estaba borracho, o tuvo un ataque de despotismo.

Prohibir a los medios (TV, radio, prensa escrita, medios digitales) que publiquen cualquier espacio o programa donde “aparezca algún ciudadano que pretenda aspirar al cargo de presidente” es un acto arbitrario, prepotente e ilegal contra la libertad de prensa de los medios, la libertad de expresión de los precandidatos, y el derecho de informarse de todos los ciudadanos.

Prohibir a los ciudadanos que difundan públicamente mensajes (en cualquier medio, incluyendo los medios digitales, por excelencia ciudadanos, la imagen de los precandidatos, está totalmente fuera de la jurisdicción del Tribunal Electoral. Intentar a ejercer esta coerción de los derechos ciudadanos es un abuso de autoridad grave.

Pero dejemos las consecuencias jurídicas de este abuso a los juristas. Políticamente, esta resolución significa que la autoridad electoral, que por Constitución tiene que velar por el cumplimiento del Código Electoral y de la Ley de Partidos Políticos, prohíbe la primarias, o por lo menos obstaculiza que los partidos cumplan con el mandato de realizar elecciones primarias democráticas, transparentes y libres. En todos los países donde los partidos realizan elecciones primarias para definir candidatos, estas contiendas internas a la vez son públicas y mediáticas. No puede ser de otra manera.

En el caso de ARENA, los precandidatos tienen que proyectar su persona, sus pensamientos, sus propuestas a más de 122 mil ciudadanos afiliados. Y para convencer a los afiliados que son los candidatos idóneas, tienen que comprobar que saben comunicarse con el resto de la ciudadanía. Todo esto solamente es posible si se proyectan a través de los medios de comunicación masivos – lo que ustedes precisamente quieren prohibir. Tienen que dar entrevistas, realizar debates públicos televisados, y animar a ciudadanos, afiliados o no afiliados, a comunicarse con ellos, a criticarlos, a interrogarlos, pero también a respaldarlos – que es la otra cosa que ustedes quieren prohibir. 

Haciendo todo esto, y hacerlo de manera pública y transparente, obviamente le da una gran presencia mediática a ARENA, y en este sentido cierta ventaja política. Pero la misma oportunidad tendrán los otros partidos cuando entren en su proceso electoral interno – siempre cuando se atrevan hacerlo de la misma manera transparente, de cara a sus afiliados y la ciudadanía entera. Si no se atreven, obviamente desaprovechan la oportunidad – y los partidos que realizan primarias verdaderamente democráticas tomarán ventaja.

Pero en este asunto ustedes como Tribunal no tienen porque intervenir. Es como los árbitros quisieran intervenir en las sesiones de entrenamiento de los equipos de fútbol, o en la manera como cada club decide su formación y quien va a quedar en la banca.

Como ciudadano y mucho menos como periodista no voy a aceptar que ustedes me limiten el derecho de hablar de las primarias, comentar los discursos y debates de los precandidatos, cuestionarlos o respaldarlos. Y hacer todo esto público. Lo último (respaldar a candidatos) es un derecho que tenemos cada uno de nosotros, incluyendo periodistas y comentaristas – y cada uno tiene que decidir si y en que forma lo va a ejercer. Nuevamente, no es asunto del Tribunal, es un asunto entre cada uno y su conciencia.

Por suerte, los debates entre y con los precandidatos que ustedes querían parar, no se han detenido. Y en las redes sociales, de todos modos nadie les hace caso. El debate público, de candidatos y ciudadanos, continua. Y así tiene que ser.

Saludos,

Escrutando el escrutinio. De Paolo Luers

Columna Transversal de Paolo Luers, 23 marzo 2018 / El Diario de Hoy

Fui invitado a presenciar el escrutinio final de San Vicente —por el PCN. Querían a un testigo independiente en este procedimiento, del cual dependía la tercera diputación en dicho departamento. Sabían que iba a ser muy cerrado entre su candidato Roberto Angulo y el de GANA. Contra mucha resistencia de GANA y FMLN, la coalición ARENA/PCN había conseguido una decisión del Tribunal Electoral (desde el desastre de 2015 le quité el atributo “Supremo”) de abrir todas las urnas para revisar todas las papeletas. Sabían que en las mesas de escrutinio se iban a enfrentar no solo a GANA, sino igual al FMLN. Tengo la impresión que me querían presente como testigo para presionar al Tribunal a proceder correctamente.

Acepté la invitación. Así que por cuatro días me uní al PCN y me colgué un carnet de “Supervisor” con su logo azul. Sorpresas que da la vida. Agradezco a Roberto Angulo, Memo Rodríguez y Mario Ponce la confianza que me dieron. Y la oportunidad de observar, desde adentro, cómo funciona el misterioso escrutinio final. Nunca trataron de influenciar mis comentarios públicos.

Durante los cuatro días de este escrutinio publiqué en redes sociales muchos detalles observados. No los voy a repetir, sino más bien formular las conclusiones que solo pude sacar porque pude estar metido dentro del proceso.

Primera conclusión:

Todo el mundo piensa que en estos escrutinios finales, donde todos los partidos están metidos con sus representantes de mesa, sus dirigentes y sus expertos, se negocian los votos. Yo sospechaba lo mismo. Es natural cuando algo ocurre detrás de puertas cerradas y sobre todo cuando pasan días y noches sin que se publiquen resultados. Luego de esta experiencia concluyo que no es así. Los partidos, en estos escrutinios, no negocian votos ni resultados, los pelean. Pude observar que de hecho el sistema, que está basado en la desconfianza mutua entre los partidos, funciona. Lento, tedioso, pero funciona. El Tribunal está permanentemente obligado a resolver las quejas, los reclamos y las exigencias de los partidos y se encuentra ante un permanente monitoreo de cada decisión que toma. La gente sospecha que esto funciona con chanchullos como “Te doy la alcaldía de Zacatecoluca, pero dejáme Gotera”. No es así. Vi a los partidos peleando sobre cada alcaldía y cada diputación. Esto sí, a veces haciendo alianzas, como en el caso de GANA, que recibió apoyo incondicional del FMLN —hasta en sus exigencias más irracionales.

Esta es la segunda conclusión de todas mis observaciones:

Hay una complicidad sólida entre FMLN y GANA, pero también una alianza sólida entre PCN y ARENA. Parece que la nueva correlación de fuerzas en la Asamblea así va a terminar asentándose, en dos bloques: PCN y PDC con ARENA, y GANA con el FMLN. Esto puede cambiar, pero los ánimos, saliendo de estas elecciones, son así —y marcaban todo el ambiente, por cierto tenso, en el Cifco.

Mi conclusión personal:

Viendo su comportamiento en el Cifco, ni con guantes firmaría acuerdos con GANA.

Tercera conclusión:

Urge la reforma del Tribunal Electoral. Urge que la Asamblea revise toda la legislación electoral y luego componga un ente que asuma con autoridad y reglas claras su rol como Tribunal Supremo. Paralelamente hay que crear otro ente separado, encargado de la administración y ejecución de las elecciones. Así como estamos no podemos continuar en materia electoral, si queremos detener la erosión de la confianza en las elecciones.

Algunas reglas que hay que definir:

Que solo haya votos válidos (o sea validados por la JRV) y votos no válidos. En esta categoría hay que acumular los votos que hoy se separan en diferentes categorías: nulos, impugnados, abstenciones (o votos en blanco). A todos ellos hay que aplicar la norma de por ley revisarlas en el TSE en caso que su suma sea mayor que la diferencia entre partidos o coaliciones. La otra regla por establecer: en cada caso que un acta esté mal elaborada, hay que abrir la caja y revisar todas las papeletas. Reglas claras, menos pleitos, menos dudas.

Urge que las entidades electorales tengan independencia política, pero también presupuestaria. Urge que se apliquen tecnologías que permitan tener conteos y resultados ágiles y confiables. Urge repensar el concepto de la “ciudadanización” (¡qué palabra más monstruosa!) del proceso electoral. Mi conclusión: la desconfianza mutua institucionalizada entre los partidos es el mejor garante de elecciones limpias. En lo que sí hay que avanzar es en la profesionalización, empezando con los magistrados, los encargados de la logística y de los sistemas tecnológicos, hasta llegar a los secretarios de las JRV, quienes tienen que garantizar que las actas fielmente reflejen las votaciones. Mucho trabajo para la nueva Asamblea Legislativa…

Posdata:

¿Y quién ganó al final la tercera diputación de San Vicente? Nadie. Terminó el escrutinio y no hay ganador. Depende de un acta que, al validarla daría el gane a Roberto Angulo, del PCN. Pero como las papeletas de esta urna “se perdieron” para luego aparecer en un basurero, GANA solicitó al Tribunal no tomar en cuenta los 157 votos válidos reflejados en el acta 9140 de San Emigdio en Guadalupe. Los magistrados decidieron sopesar su decisión durante Semana Santa…

“Después de la fiesta electoral, la goma electoral”. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 12 marzo 2018 / El Diario de Hoy

Si el día de las elecciones es una fiesta, hoy estamos sufriendo una fuerte resaca poselectoral. Con un escrutinio final a medias podemos anticipar dos cosas: que muchos personajes impresentables continuarán en la Asamblea Legislativa y los concejos y que el Tribunal Supremo Electoral otra vez está en deuda con el país al verse cuestionada la transmisión de actas y el conteo de los votos.

Uno de los síntomas de la goma electoral se refleja en las náuseas que provoca el hecho de ver que continuarán en la Asamblea Legislativa y concejos varios personajes cuestionados por corrupción, enriquecimiento ilícito, decisiones dudosas, ignorancia, o a quienes han hecho del servicio público una forma fácil de vivir y no producen resultados visibles. En esta elección se dio un paso al dejar a un par de impresentables fuera, pero falta mucho por hacer en la conciencia y educación del electorado.

Pero el peor síntoma de la goma es el dolor de cabeza que nos está haciendo pasar el Tribunal Supremo Electoral. Tuve la oportunidad de ser observadora electoral en distintos centros de votación y mi primera impresión fue buena: la instalación y el desarrollo del trabajo de las Juntas Receptoras de Votos se realizó de forma decente y no sucedió el caos que varios pronosticaban con la ciudadanización de estos organismos temporales electorales. La ciudadanía que salió sorteada y los que voluntariamente fueron a colaborar con el proceso de votación cumplieron; hicieron lo posible por hacer su trabajo de la mejor manera, a pesar de la poca anticipación con que el Tribunal brindó las capacitaciones.

El problema vino cuando al Tribunal Supremo Electoral le tocó aparecer a hacer su parte. El lunes nos levantamos con la sorpresa que muchas caras nuevas estaban despuntando en el conteo, con lo cual se renovaría la Asamblea Legislativa; pero no, todo fue un error de programación y el script nos mató cualquier ilusión de ver a varios candidatos fuera.

La empresa contratada para transmisión y conteo tuvo un desliz de principiante y la elección del 2018 quedará marcada por el “error humano” cometido por Smartmatic. Un error que pudo enmendarse en cualquiera de los simulacros que ejecutó el Tribunal en semanas anteriores y que tuvo que ser comunicado a la población al momento de saberse y no hasta el final del día. A la fecha, el Tribunal no ha transparentado de manera técnica y adecuada en qué consistió el error, quién lo cometió y cómo se deducirán responsabilidades.

Aunque un error haya sido simple, en un ambiente tan polarizado como El Salvador, cualquier mal movimiento huele a fraude electoral. Eso es lo que ahora percibimos en el desarrollo del escrutinio final; desde la semana pasada los ánimos se encuentran caldeados en las mesas en el Cifco y surgen muchos cuestionamientos sobre hasta dónde llega la intervención de los partidos políticos en el conteo y el rol del Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General de la República como garantes de la legalidad.

A todos los involucrados en el escrutinio final debe quedarles claro que en sus manos tienen la voluntad del pueblo expresada en los votos. Tienen que ser transparentes y claros en la forma en que se asignan preferencias, en el fraccionamiento de los votos cruzados y dejar a un lado cualquier tipo de negociación para salir rápido del conteo. El Tribunal Electoral tiene que recordar que es Supremo y corregir los errores que se presenten en el escrutinio final. Mientras que la Fiscalía tiene que estar pendiente que todo se realice bajo el marco de la legalidad; estas dos instituciones tienen que asumir el rol que les corresponde en un Estado de Derecho.

Desde el fiasco del 2015, el Tribunal Supremo Electoral tuvo tres años para planificar de manera adecuada las presentes elecciones. Aun así, el presidente de este organismo continúa culpando a la Sala de lo Constitucional de su dejadez y falta de organización. En este momento todavía tienen la oportunidad de reivindicar los errores humanos que ha puesto en duda su capacidad de administrar estas elecciones. Pónganse serios, es la legitimidad de la democracia lo que está en las mesas del escrutinio final.

El TSE es supremo, falta que se lo crea. De Erika Saladaña

Siempre he pensado que el TSE no se ha creído la parte final del artículo 208 de la Constitución, que lo cataloga como “la autoridad máxima en materia electoral”; no se ha adjudicado el calificativo de “supremo”. Asumir este rol implica que tanto en lo administrativo como en lo jurisdiccional el TSE sabe lo que hace y ejerce liderazgo. Pero otra ha sido la historia.

erika saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saladaña, 29 enero 2018 / El Diario de Hoy

Hay instituciones que deberían creerse un poco más el rol que les toca desempeñar. Tienen asignadas funciones trascendentales para el desarrollo del país, pero van a paso de tortuga o se conforman con ser simples pasapapeles. Tenemos una Corte de Cuentas prácticamente invisible en la fiscalización de la ejecución del presupuesto general de la nación, un Tribunal de Ética dormido, y así podemos ir analizando cada institución.

La campaña política indudablemente nos hace pensar en el rol del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La última elección de diputados para la Asamblea Legislativa, concejos y Parlamento Centroamericano dejó a la vista la vulnerabilidad del máximo tribunal en temas electorales. Se dieron incidentes preocupantes y hasta vergonzosos, los cuales en un país civilizado obligarían a las cabezas de la institución a renunciar. Pero estamos en El Salvador.

EDH logEl conteo de votos duró alrededor de 72 días; difícil echarle totalmente la culpa al voto cruzado cuando solo el 7 % a nivel nacional hizo uso de esta forma de votación. En las Juntas Receptoras de Votos se anularon indebidamente más de 20,000 votos, lo cual quedó evidenciado con el recuento ordenado por la Sala de lo Constitucional para el departamento de San Salvador. Hubo demasiados casos de inconsistencias en las actas, se dieron lamentables desastres técnicos como la falla total del sistema de transmisión de datos y hasta la perdida de la fibra óptica.

Siempre he pensado que el TSE no se ha creído la parte final del artículo 208 de la Constitución, que lo cataloga como “la autoridad máxima en materia electoral”; no se ha adjudicado el calificativo de “supremo”. Asumir este rol implica que tanto en lo administrativo como en lo jurisdiccional el TSE sabe lo que hace y ejerce liderazgo. Pero otra ha sido la historia. En el proceso electoral pasado el TSE fungió como simple observador de los partidos políticos. Estos hicieron lo que quisieron el día de la elección y en el conteo de votos. Se supone que es el TSE quien tiene las reglas claras y debería ejercer el rol de árbitro imparcial, brindar apoyo técnico y estar listo para resolver los incidentes. Pero no. Fue un tribunal prácticamente de adorno.

Una labor más activa del TSE no solo se debería limitar al momento de las elecciones, sino desde el principio del proceso electoral. Pareciera que el TSE no establece ningún filtro para la inscripción de candidatos, obviando por completo que -en el caso de los diputados- estos deben cumplir con los requisitos de notoria honradez e instrucción; además, desatendiendo las prohibiciones para ser candidatos que establece el artículo 127 de la Constitución.

Un ejemplo de lo anterior: el actual Viceministro de Inversión Extranjera, José Luis Merino, se limitó a presentar un “permiso sin goce de sueldo” para ser inscrito en la lista del FMLN, a pesar que la Constitución establece que no podrán ser candidatos a diputados los viceministros de Estado. Avalar dicho permiso sin considerar el fondo de las incompatibilidades establecidas en la Constitución es una interpretación demasiado básica y sin fundamento. Primero, es exageradamente inocente pensar que el hecho de no recibir sueldo lo libera de la incompatibilidad; segundo, existe un acto deliberado de mantener el resto de prerrogativas que van con el cargo, como el fuero, teniendo en cuenta que hay senadores en Estados Unidos pidiendo que se investigue al viceministro por vínculos con el narcotráfico.

Un TSE más activo y acucioso habría dado más análisis a este tema y no conformarse con recibir un permiso sin goce de sueldo. Y como ese ejemplo quizá encontremos a personas con antecedentes penales y policiales activos, con juicios pendientes en distintas instancias jurisdiccionales, entre otras situaciones cuestionables, mientras el TSE se limita a no decir nada e inscribirlos.

Ojalá que el TSE se atreva a asumir el rol que constitucionalmente le corresponde, teniendo en cuenta que todavía falta la ejecución de dos elecciones y más de un año de camino. Ya suficiente tenemos en un país con problemas políticos, sociales y económicos, como para sumarle la desconfianza al ente encargado de supervisar el conteo de votos. Urge que el Tribunal Electoral se crea que es Supremo.

Aprendamos de Honduras. De Erika Saldaña

Si los salvadoreños queremos agarrar lección de lo sucedido en Honduras, hay que tener en la mira el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Es necesario que se garantice un proceso transparente y sin manipulaciones.

erika saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 11 diciembre 2017 / El Diario de Hoy

Honduras está en serios problemas. Hubo elecciones, pero no tienen presidente. La oposición cree que hay dictadura. Súmele que el pasado jueves los opositores desconocieron al Tribunal Supremo Electoral y han pedido que sea un tribunal internacional el que cuente las actas. La Organización de Estados Americanos enumeró una serie de más de diez irregularidades en el proceso y no descarta que la solución sea una nueva elección. Este el peor de los escenarios. El mecanismo de delegación de poder en la república carece de legitimidad y legalidad para una buena parte de la gente. Su gobierno actual perdió credibilidad.

EDH logLa crisis electoral hondureña es una suma de sucesivas irregularidades institucionales. A la raíz, la sospecha de que el presidente Juan Orlando Hernández manipuló la elección. Esto no se trata de si la izquierda es la víctima y la derecha la victimaria. En Venezuela, por ejemplo, la derecha dice ser la víctima de la izquierda. Aquí de lo que se trata es del respeto a la voluntad de los votantes y a la institucionalidad de una república democrática.

Las irregularidades vienen desde la inscripción de sus candidatos. Hernández se adjudica la candidatura del Partido Nacional con base en una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la cual declaró inaplicable la prohibición de reelección presidencial. Es decir, la Sala dijo que un artículo de la Constitución es inconstitucional. Esto es una contradicción en sí misma. Toda la Constitución por su naturaleza misma es constitucional; queda en duda entonces la legitimidad de una candidatura que surgió de una sentencia complicadísima, cuya interpretación buscó favorecer a un individuo más que a la misma lógica de la democracia.

La prohibición de reelección de gobernantes nace como rechazo a aquellos que políticamente se consideran imprescindibles al frente de un país. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia se establece como una “cláusula pétrea” (inmodificable) dentro de las constituciones, con lo cual el mismo sistema busca preservar su integridad contra personas que pretendan adueñarse de un Estado. Sin embargo, casos como el de Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia ponen sobre la mesa el riesgo de perpetuación en el poder que está surgiendo en diversos países latinoamericanos a través de sentencias constitucionales.

Por esto es importante la elección de Salas, Cortes o Tribunales Constitucionales. Deben nombrarse magistrados que defiendan la institucionalidad y el republicanismo. Los jueces deben defender la Constitución y los principios republicanos, no a personas, incluyendo a caudillos que solo buscan el poder. Además, debemos perder el temor a la alternancia en el poder de los gobernantes, tanto de personas como de partidos. Si un gobierno va a continuar que sea porque es el reconocimiento a sus resultados y a sus políticas de gobierno, no a manipulaciones a los procesos.

El rol del Tribunal Supremo Electoral también ha sido sumamente cuestionado en las elecciones hondureñas. En un proceso electoral poco transparente, los alegatos de fraude toman relevancia. La Misión de Observación Electoral de la OEA reportó irregularidades en el procesamiento de actas y demora en la publicación de datos, con lo cual no se puede tener certeza de los resultados; los bajones de energía eléctrica y los repentinos (y sustanciales) cambios en el conteo de votos no han dejado de ser un fantasma de corrupción en Latinoamérica.

Si los salvadoreños queremos agarrar lección de lo sucedido en Honduras, hay que tener en la mira el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Es necesario que se garantice un proceso transparente y sin manipulaciones. También los ciudadanos debemos comprender que ni la derecha ni la izquierda por sí mismas son una garantía de democracia. Si no existe respeto a las instituciones y a los procesos electorales, y el objetivo únicamente es mantener el poder, cualquier ideología nos puede llevar a regímenes con tintes autoritarios y en el peor de los casos a un caos. Tenemos dos elecciones pronto, abramos los ojos, no queremos fraude. Aprendamos de Honduras.

Carta a los magistrados del Tribunal Electoral Mediocre y Miserable. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 28 noviembre 2018 / MAS! y Diario de Hoy

Magistrados:
Les quité el título “supremo”. Supremo significa eminente, extraordinario, sobresaliente, de completa autoridad…

Esto hay que ganárselo, y su tribunal, desde que ustedes asumieron sus cargos, ha sido lo contrario: mediocre y deficiente. Organizaron en el año 2015 las elecciones más desorganizadas de nuestra historia reciente, manejaron mal la crisis que esto provocó, y todo indica que todo esto se va a repetir en 2018.

Echando siempre la culpa a otros, este tribunal revela que no tiene poder, ni es supremo.

logos MAS y EDHSi tenía alguna duda, se me quitó cuando les escuché anunciar que su tribunal ni siquiera puede garantizar la comida para los 90 mil miembros de las Juntas Receptoras de Voto. Ni transporte, ni café. Y me imagino, que nuevamente los que pasarán una jornada de más de 24 horas recibiendo, registrando y contando votos lo harán sentados en pupitres para niños y sin mesas donde desplegar el montón de papeleo.

Ustedes representan al Estado. ¿Cómo se puede el Estado atreverse a pedir (o más bien ordenar) que 90 mil ciudadanos trabajen de madrugada a madrugada sin que les den de comer y beber? Hablando de un Estado donde los funcionarios (incluyendo ustedes) cobran dietas, viáticos y gastos de representación por cualquier actividad.

¿Cómo piensan motivar a estos 90 mil ciudadanos, algunos reclutados en un sorteo y bajo amenaza de sanciones, para que hagan bien este trabajo, del cual depende la legitimidad de las elecciones – y de los electos?

Dicen que no tienen suficientes fondos. Bueno, tengo dos respuestas: Primero, si fueran Tribunal Supremo y no mediocre, no se dejarían mangonear del ejecutivo y su ministro de Hacienda. Segundo, incluso si no pueden conseguir más fondos, repártanlos de otra manera, priorizando las condiciones de trabajo de las Juntas Receptoras. Sacrifiquen lo que haya que sacrificar, pero no a los miembros de las mesas.

¿Y ustedes y su ejército de funcionarios y asesores bien pagados, qué van a comer en la jornada del 4 de marzo 2018? ¿Cómo se van a movilizar? ¿Qué van a comer en las docenas de reuniones antes y después de las votaciones?

Supongo que ustedes nunca han servido en una mesa de votación, contando votos y llenado estas absurdas actas, que cualquier alumno podría llenar en dos patadas si ustedes le dan una laptop con un software adecuado. No, ustedes van a obligar a 90 mil ciudadanos a llenarlas a mano, sentados en pupitres – y encima de esto ni siquiera les van a dar de comer. Para esto hay una palabra: miserable.

Saludos,

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