Carlos Fernando Chamorro

La segunda derrota política de Ortega. De Carlos Fernando Chamorro

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Campesinos enfrentan a antimotines en La Lechera, Nueva Guinea

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaraguense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, 30 noviembre 2016 / CONFIDENCIAL

La represión generalizada desatada por el régimen Ortega-Murillo para impedir una movilización campesina hacia Managua, representa la segunda gran derrota política de la dictadura familiar este año, después de la jornada nacional de protesta que se plasmó en la abstención masiva en las elecciones del seis de noviembre.

El recién reelecto mandatario, que supuestamente cuenta con un abrumador apoyo del 72% del electorado, ha demostrado que mantiene un férreo control sobre las fuerzas policiales –ahora dirigidas por su consuegro el general Francisco Díaz–, pero no puede gobernar tolerando la existencia de una oposición democrática. Ortega estableció decenas de retenes con policías antimotines en las principales carreteras del país, imponiendo un virtual estado de sitio a nivel nacional. Bloqueó las salidas de las comunidades rurales y las entradas a la capital para impedir una protesta pacífica, la número 82 del movimiento campesino, cuyo objetivo es demandar la derogación de la ley canalera y la celebración de elecciones libres.

confidencialComo en la época de la guardia de Somoza, la policía cateó los buses para detener “sospechosos” y disparó balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Y en las zonas núcleo de la protesta, en las comunidades campesinas de Nueva Guinea, llegó al extremo de cortar las carreteras e inutilizar los puentes, una infraestructura nacional utilizada por todos, para impedir el tránsito de los camiones. Este acto inverosímil ilustra cuán aislada de la realidad se encuentra la pareja presidencial, que en su afán de aplicar una odiosa represión no le importó incurrir en el vandalismo oficial, aún a costa del daño que ha causado a toda la sociedad. Pero también revela los niveles de peligrosidad a los que puede llegar la represión en Nicaragua, pues los que detentan el poder no solo carecen de escrúpulos éticos o morales, sino que tampoco existen límites o contrapesos legales o institucionales ante su ambición e irracionalidad, y sólo podrán ser frenados por la fuerza del pueblo que les hace resistencia.

La militarización está demostrando que ante una oposición democrática –en este caso un movimiento social que ha logrado encarnar un anhelo nacional de soberanía y elecciones libres–, el régimen autoritario solo puede gobernar con más represión. La estabilidad que Ortega ofrece a sus aliados, los grandes empresarios y los inversionistas, es por lo tanto precaria porque no se sustenta en el consenso democrático. Es una estabilidad autoritaria basada en el garrote que a la larga, como la corrupción, conduce a la inestabilidad. De manera que si de verdad los grandes empresarios están preocupados por el deterioro del clima de negocios y las amenazas de la ley Nica Act, deberían empezar por exigir democracia y transparencia, y además libertad de movilización y el cese de la represión.

La jornada nacional en demanda de soberanía y elecciones libres aun no ha terminado, pero ya ha logrado un resultado político irreversible. En primer lugar, el reconocimiento nacional al liderazgo campesino agrupado en torno al Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, que representa la primera línea de defensa de la decencia nacional. La resistencia campesina ha obligado a Ortega a exhibirse ante la Organización de Estados Americanos, OEA, no solo como un caudillo tramposo que realiza farsas electorales sin competencia ni observación electoral, sino además como el patrón de un régimen represivo que ha conculcado los más elementales derechos civiles y políticos de la población. En consecuencia, en la agenda del diálogo político entre la OEA y el gobierno, que según el secretario general Luis Almagro se ha ampliado hacia todas las fuerzas políticas y sociales del país, las violaciones a todos los derechos políticos contemplados en la Carta Democrática, debe pasar a ocupar ahora un lugar prioritario. El país está demandando elecciones libres con plenas libertades políticas, empezando con la libertad de opinión y movilización. Es decir, elecciones libres sin represión.

Bienvenido a Nicaragua, señor Almagro. Nadie espera de la OEA una solución política o una plataforma de cambio que los nicaragüenses no seamos capaces de construir con nuestras propias fuerzas. Lo único que le demandamos es que invite a la sede de la OEA en Managua, a doña Francisca Ramírez, la líder del movimiento campesino que ha hecho posible el milagro político de evidenciar la desnudez del rey. Si su intención es escuchar a todas las fuerzas políticas y sociales representativas del país, reúnase con doña “Chica”. Usted tiene en sus manos la llave para frenar la represión, al menos durante veinticuatro horas, para que la caravana campesina avance hacia Managua.

Crónicas de un funeral electoral. De Carlos Fernando Chamorro

El 6 de noviembre pasará a la historia como un día triste del cual no hay nada que celebrar porque no gana nadie en el país cuando falla la democracia.

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, 15 noviembre 2016 / EDH

Lejos de ser una “fiesta cívica”, la farsa electoral transformó las elecciones del pasado 6 de noviembre en un funeral electoral donde se enterró la democracia en Nicaragua, la que radica en la credibilidad del sistema representativo y la alternabilidad en el poder público.

No se puede congratular a Daniel Ortega por haber destruido  poco a poco, golpe a golpe, la confianza del pueblo nicaragüense en el proceso electoral representativo, transparente y libre que es la base fundamental de la paz y la convivencia pacífica. La apatía no es presea democrática, sino la participación.

Diga lo que digan las cifras de abstención que da el Consejo Supremo electoral, para los ojos de cualquier observador internacional este es un proceso fallido porque hubo una abstención que ronda entre el 70 % y el 80 %, lo cual es fácilmente comprobable con la evidencia gráfica de miles de reporteros ciudadanos que con sus celulares tomaron fotos de unas inexistentes filas de votación, las que en 1990 y otras elecciones subsiguientes, le daban la vuelta a la manzana.

Solo en Corea del Norte una mentira tan grande puede ser asimilada como verdad por el control totalitario que existe sobre la ciudadanía y los medios de comunicación.

La farsa electoral se convirtió en un verdadero plebiscito: ganó el NO a la farsa electoral, lo que equivale a decir que ganó el SI a elecciones libres, transparentes y con observación nacional e internacional.

diario hoyNo se puede congratular Ortega ni Doña Rosario de haber erosionado poco a poco la confianza del pueblo nicaragüense que su voto realmente cuenta, que su voto elige, porque tarde o temprano  deberán corregir el camino andado y revertir el rumbo que lleva el país, que inexorablemente nos lleva a la confrontación.

Podrán celebrar ahora el autoengaño, pero es una victoria pírrica ya que el poder escogió a sus adversarios. Es como al boxeador que le ponen contrincantes “de paquete” por temor a que sorpresivamente aparezca uno que lo pueda derrotar, como ocurrió con este mismo boxeador en la contienda de 1990.

Los resultados son tan inverosímiles como los de Corea del Norte, excepto que allá no tienen empacho en adjudicarle el 100 % de los votos a Kim Jon-un y donde abstenerse, o votar “No” es considerado como un acto de traición a la patria.

Aquí aún se permite el voto por los otros candidatos de la farsa para darle más credibilidad y no se castiga la abstención como  una traición, así que aún estamos mucho más avanzados democráticamente hablando, que Corea del Norte.

El periodista Jan Martínez Ahrens del prestigioso diario español El País, resume el “triunfo” de Ortega en el primer párrafo de su nota del lunes 7 noviembre de la siguiente manera:

“No han hecho falta mítines, ni debates, ni tan siquiera campaña. El triunfo electoral de Daniel Ortega era tan previsible como su candidatura. Ilegalizada la única oposición real, barridos los observadores internacionales, controlados todos los resortes del poder, era imposible que el antiguo comandante sandinista perdiese los comicios de este domingo. El desenlace estaba escrito de antemano e incluso ese masivo 72 % que le han otorgado las urnas, importaba poco. Lo grave, lo vital, lo único, era su continuidad. Y ese objetivo se ha logrado. Aunque a un alto coste”.

El periodista español casi acierta justamente, porque de acuerdo al conteo final del Consejo Supremo Electoral, Ortega obtuvo el 72.5 % de los votos, e increíblemente los magistrados vieron participar al 68.2% de la población, algo que va en contra de todos los que tuvieron ojos para ver y cámaras para comprobar la raquítica afluencia ciudadana en las JRV.

A los partidos “opositores” les asignaron un 27.5 % de esa invisible montaña de votos por lo que tendrán alguna representación en el parlamento, pero mucho menos que el 40% que les otorgó Somoza al Partido Conservador zancudo de Agüero por participar en la farsa electoral de 1974 en que, también sin sorpresas, resultó reelecto.

El 6 de noviembre pasará a la historia como un día triste del cual no hay nada que celebrar porque no gana nadie en el país cuando falla la democracia y se pierde la confianza en el voto para elegir.

 

“Ortega está orquestando una sucesión dinástica en Nicaragua”: Carlos Fernando Chamorro

diario hoySegún el director del periódico nicaragüense Confidencial, el presidente Daniel Ortega busca preservar el poder en su familia y consolidar un modelo político basado en el autoritarismo y la corrupción.

Carlos Fernando Chamorro habló del chantaje Ortega y el FSLN con los medios de comunicación.

Carlos Fernando Chamorro habló del chantaje de Ortega y el FSLN con los medios de comunicación.

Entrevista de Ricardo Avelar, 2 agosto 2016 / EDH

El 29 de julio pasado, el presidente nicaragüense Daniel Ortega consolidó una de sus principales pretensiones desde que asumió el poder en enero de 2007: gobernar sin una oposición formal, después de la destitución de 28 diputados opositores en la Asamblea Nacional.

El Diario de Hoy conversó sobre el clima político, las alianzas del régimen y el deterioro de las libertades civiles con el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, director del periódico Confidencial y del Centro de Investigaciones de la Comunicación, quien ilustró con mayor profundidad las ambiciones de poder de Ortega  y su esposa, Rosario.
 
¿Cómo se resumen los últimos sucesos en Nicaragua?
Esto empieza el 4 de junio, cuando Daniel Ortega prohíbe la observación electoral para las elecciones del 6 de noviembre y dice que los observadores son unos sinvergüenzas.
El 8 de junio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emite una resolución en la cual despoja de la representación legal del PLI  a quienes en 2011 representaron a la oposición y obtuvieron 26 diputados. Había otro grupo que impugnaba la forma en que se constituyó el partido.
Le dicen a la oposición que la personería en torno a la que hicieron coalición ya no es legal y los candidatos ya no son los que nominaron. Le trasladan representación a otro grupo sin peso político, a la oposición la dejan sin derecho de ir a la elección. La semana pasada se cierra el periodo para inscribir alianzas electorales y la oposición no pudo inscribirse, esta no tiene casilla electoral o candidato.
Lo último sucedido la semana pasada es que el Consejo Supremo Electoral (CSE) ratificó la resolución de la CSJ diciendo que los 16 diputados propietarios y 12 suplentes opositores del PLI quedan destituidos. El CSE argumenta que a estos diputados se le aplican los artículos legales que se hicieron para castigar el transfuguismo. Todos estos son subterfugios legales. Ni la CSJ ni el CSE son poderes autónomos o plurales, son extensiones partidarias del Frente Sandinista y el control de Ortega en el Ejecutivo. Dos instituciones que deberían ser del Estado y aplicar la ley están solo ejecutando órdenes políticas y partidarias que dejaron a la oposición sin casilla y sin posibilidad de elecciones y destituyen a diputados electos.
 
¿Qué reacción popular se ha generado?
Hicimos un sondeo en la calle y no se vive un ambiente de alarma o emergencia por la trascendencia que tienen estas acciones. Eso se explica por varias razones. Por un lado, la población está desconectada de la política. Esta se ha desprestigiado en los últimos años como resultado de los fraudes electorales, el control social y la cooptación del sandinismo. Además no hay expectativa de que estas elecciones iban a ser competitivas.
 
¿Hay una base de clientelismo en apoyo al régimen que pueda contrarrestar una posible movilización de la oposición?
Objetivamente hablando, Ortega llegó al poder en 2007 con un apoyo del 38%. Después de nueve años en el poder, el techo electoral sobrepasa el 50%, en gran parte por el asistencialismo y la cooptación del Estado y que la oposición se ha debilitado. Este es un régimen autoritario con apoyo popular.
 
Numéricamente hablando, la base del oficialismo puede callar cualquier protesta…
Cuando ha habido intentos de disputarle al régimen espacios públicos la respuesta ha sido represión con fuerzas paramilitares, policiales. Hay intimidación pues los derechos de movilización política han sido conculcados. Hay miedo de manifestarse. Es real que el gobierno tiene un músculo en su estructura, en el control de todas las alcaldías del país y el control de todo el aparato del estado. En Nicaragua no hay un movimiento opositor pujante sino un oficialismo con gran capacidad de movilizar fuerzas políticas.
 
El relato popular dice que Nicaragua es una especie de “dictablanda”, con estabilidad e inversiones. ¿Son los eventos recientes una confirmación de una dictadura pura y dura?
Las acciones de junio para acá son una realidad muy específica pero esto es un proceso regresivo desde 2008, cuando se impuso un fraude electoral descarado en las elecciones municipales. Hubo represión contra las protestas y se fueron cooptando a las fuerzas armadas y la policía que dejaron de ser fuerzas profesionales para ser extensiones políticas del régimen.
En 2011 hubo otra elección donde Ortega se reeligió ilegalmente. No tenía forma de presentarse como candidato pero a través de un subterfugio de la CSJ reformó la Constitución para ser candidato a presidente. Se reeligió y obtuvo mayoría calificada. En 2014 estableció reelección indefinida. Esto no es algo que ha ocurrido solo en los últimos dos meses. Estos últimos eventos son la consecuencia natural de un proceso progresivo de concentración del poder y regresión autoritaria en el país.
Lo que puedo decir es que cada vez que el régimen es desafiado responde duro, con represión paramilitar, policial y en el interior del país ha habido hasta ejecuciones de opositores.
El régimen también tiene desde 2009 una alianza muy consistente con el sector empresarial, en torno a la estabilidad macroeconómica y favorecer que se desarrollen inversiones y negocios. Aquí hay autoritarismo político puro y duro y oportunidades de negocio para el capital si este no se involucra en política.

¿Esta luna de miel con el empresariado sigue viva?
En este momento se mantiene inalterable. Lo que se conoce es que hay preocupación en el empresariado; en comunicados dicen que estas últimas acciones no le convienen al país porque puede afectar a mediano plazo el clima de negocios al deteriorarse el pluralismo político, la división de poderes y la democracia. Ahora, esta es una declaración que expresa preocupación. Que eso se transforme en una acción de los grandes empresarios es incierto y no se tiene conocimiento de alguna presión sobre el gobierno. Se conoce que el capital le pidió a Ortega desde inicios de junio una reunión para hablar sobre estos temas y que no ha habido respuesta del gobierno.
El gobierno mantiene su política con el capital de dialogar sobre las leyes económicas y negocios, pero no sobre política.
 
¿Esta relación será sostenible? ¿No hay riesgo de que Ortega rompa esta cordialidad?
Ese es uno de los dilemas que enfrenta este régimen a mediano plazo. Hasta ahora ha conjugado autoritarismo y represión con un clima de negocios pro inversión privado. La historia demuestra que hay muchos ejemplos de gobiernos que han hecho esta combinación, pero no es duradera. El clima de negocios requiere de instituciones democráticas permanentes, de transparencia, rendición de cuentas. Este es un dilema que los propios empresarios enfrentarán en los próximos años en la medida en que otros factores económicos afecten al país.
Yo entrevisté al representante del FMI la semana pasada y decía que Nicaragua tiene nubarrones en el horizonte. Hay proyecciones estables pero nubarrones asociados al deterioro de los precios de productos internacionales y la reducción de la cooperación venezolana que ha sido uno de los pilares de este régimen. La pregunta de si durará o no la deben responder los empresarios pero han sido los principales beneficiarios de la alianza con el gobierno.
 
Ha hecho comparaciones con el somocismo. ¿Este régimen trasciende las ideologías?
Ortega predica un discurso que intenta asociarse a las banderas de la revolución de 1979, pero en la práctica sigue políticas represivas y aspectos neoliberales. Él critica los 16 años de neolibralismo en Nicaragua de 1990 a 2006 pero sus políticas dan continuidad a estas políticas. Es un régimen de discurso revolucionario con políticas autoritarias, no hay ningún progresismo o revolución.
 
¿Qué tanto han empeorado las limitaciones a las libertades y a la prensa?
Si se compara la situación actual con 2006, es más fácil entender que se ha producido una drástica regresión, de un sistema que era competitivo, pluralista y abierto a muchas voces a un sistema actual en el que predomina un duopolio en la televisión donde de los nueve canales, están en manos de la familia Ortega Murillo o en manos del mexicano Ángel González, además de un clima de autocensura.
Además ha existido un drástico deterioro en los derechos ciudadanos de manifestarse, expresarse o tener acceso a los medios de comunicación. Se practica la libertad de expresión con represalias en algunos pocos medios independientes que aún quedan en Nicaragua.
 
¿Como medio han tenido problemas ?
Los pocos medios independientes tienen cero acceso a publicidad pública, a fuentes oficiales, se nos excluye de conferencias de prensa y hasta de las audiencias judiciales. Hay también campañas de intimidación y hostigamiento contra periodistas y medios. En 2008 fuimos objeto de una presunta investigación de lavado de dinero que derivó en la ocupación de nuestras oficinas por la Fiscalía con más de 40 policías. Se nos quería atribuir un delito que nunca pudieron probar, pero en el fondo eso respondía a un acto de intimidación por la labor de periodismo independiente y la labor de fiscalización del poder que realizamos.
 
¿Qué viene para Nicaragua, especialmente con elecciones a la vuelta de la esquina?
Las elecciones persiguen refrendar el tercer periodo de Ortega. La legitimidad de su reelección está cuestionada por la oposición y otros sectores de la sociedad civil como una farsa electoral. Participará el FSLN y partidos satélite o “zancudo” sin credibilidad o legitimidad.
Hay que ver si la oposición logra movilizar a la población para denunciar la farsa electoral. No se prevé un cambio político inmediato. Ortega asumirá en enero de 2017 en un contexto de mayor ilegitimidad, pero lo que viene es difícil de predecir porque hay muchos factores.
Entre los factores externos, es diferente una dictadura en bonanza que una en miseria…
El apoyo venezolano ha sido clave para financiar el clientelismo y afianzar la alianza con el sector privado, unos $3,500 millones en los últimos ocho años, de los cuales como el 60% se ha desviado a actividades privadas lucrativas. Con ese dinero se ha creado un consorcio económico que controla la familia Ortega que se llama Albanisa. Esa cooperación que se manejó como un presupuesto paralelo sin auditoría estatal se ha reducido.
No es que el gobierno se vaya a desplomar pero le resta flexibilidad para resolver problemas o mantener la alianza con el capital. Para decirlo sencillamente, esa cooperación le permitió a Ortega no tener que hacer una verdadera reforma tributaria. Al reducirse esos recursos sus relaciones serán tensas porque siempre hay una disputa por recursos del estado.
 
¿En Nicaragua no ha habido procesos sistemáticos de reforma tributaria?
Las principales leyes económicas implementadas han sido consensuadas con el capital. Aquí no se discuten ni en el parlamento ni en consultas públicas. Esa ha sido la prerrogativa del régimen al empresariado, que ha dictado las reglas económicas a su conveniencia.
 
En un país poco acostumbrado a una oposición pujante, ¿qué puede venir después?
Lo que vemos es un régimen que no está en una etapa de debilidad, sino en una etapa de fortalecimiento, adoptando medidas que lesionan su propia legitimidad y por otro lado se sostiene esa alianza pero también se sostiene en un estado de control personalista que difícilmente es sostenible.
Además se sostiene en una estructura que fomenta la corrupción pública porque no hay sistema de control o rendición de cuentas.
 
El modelo de Ortega no está agotado entonces…
Este martes (hoy) es el día tope para inscripción de candidaturas presidenciales y de diputados para el 6 de noviembre. Ahí sabremos si en la lista de candidatos aparece Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega. Ortega está orquestando no una sucesión democrática sino una heredada o dinástica.
 
Entonces el rol de Rosario Murillo es clave…
Ella juega un rol de “copresidenta”. Formalmente es vocera del gobierno y en la práctica es como una primera ministra atendiendo los asuntos del día a día del gobierno, pero no tiene una relación institucional con la sucesión del poder.
 
Se ha hablado de las recientes acciones como un golpe de Estado. ¿Se le puede considerar así o compararlo a lo que hizo Fujimori en Perú o Serrano Elías en Guatemala?
No creo que sea un autogolpe porque no se trata de suprimir el parlamento, sino un golpe al pluralismo. Se está eliminando la representación de diputados electos por el voto popular y se le cercena a los electores su derecho no

Cuando se cierra el espacio político. De Carlos Fernando Chamorro

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, 9 junio 2016 / CONFIDENCIAL

En las elecciones municipales de 2,008, los observadores nacionales documentaron un fraude a favor del FSLN en al menos 40 de los 153 municipios — incluida la capital —, mientras en las presidenciales y legislativas del 2011, la misión de la Unión Europea resaltó la ¨opacidad y falta de transparencia¨, que le permitieron al partido de gobierno alzarse con el control de dos tercios del parlamento. Ahora, por las vías de hecho, Ortega intenta establecer el precedente de que su modelo político ya no requiere de elecciones limpias, transparentes, y competitivas para legitimarse, y ha decretado la anulación de la observación electoral independiente.

El último zarpazo contra la democracia ha sido una resolución de la Corte Suprema de Justicia controlada por los magistrados partidarios de Ortega que despoja a la coalición opositora de la personería jurídica del Partido Liberal Independiente. La sentencia va más allá y anula una convención partidaria en la que la oposición eligió a su fórmula presidencial la semana pasada, de manera que las elecciones del seis de noviembre, que ya no eran libres ni transparentes tampoco serán competitivas, al carecer la oposición de casilla electoral y de candidatos. Con una apuesta sumamente peligrosa que revive la historia de la dictadura somocista en el siglo pasado, Ortega cierra el espacio político electoral a la oposición, y abre las puertas a los partidos ¨zancudos¨, colaboracionistas¨, para institucionalizar su régimen de partido hegemónico.

confidencial¿Por qué liquidar a la oposición y anular la observación electoral, si el régimen de Ortega no está en crisis y más bien ha logrado ampliar su base política, combinando clientelismo, cooptación y represión, en un clima de estabilidad económica y autoritarismo político? Esta interrogante solo pueden responderla Ortega y su esposa co-gobernante Rosario Murillo, lo que está fuera de debate es que estamos en un parteaguas en la consolidación del autoritarismo vía la reelección indefinida, aunque ésta carezca de legitimidad electoral.

Lo único que podemos celebrar es que a partir de este momento la contienda política se despoja de máscaras y subterfugios: mientras Ortega apuesta abiertamente al continuismo para consolidar su régimen como una dictadura familiar dinástica, la oposición enfrenta el desafío de convocar a la gente a luchar contra la corrupción, el desempleo, la falta de oportunidades, la represión, y la reelección. Aún está por verse si la coalición opositora logrará formular un proyecto alternativo que genere esperanza entre la gran mayoría de los pobres y excluidos, pero ahora queda más claro para todos que la salida nacional ante esta encrucijada no reside en los organismos internacionales o en la comunidad donante, sino únicamente en la soberanía popular.

Al ilegitimar el proceso electoral y cerrarle el espacio político a la oposición, Ortega también está legitimando el derecho a la rebelión y a la protesta cívica, como el único camino para lograr el restablecimiento de la democracia.

Lea tmabién en Condidencial:
Ortega cierra espacio electoral

El desatador de nudos. De Carlos Fernando Chamorro

La triple transición no desembocó en una consolidación democrática, ahora hay que desatar el nudo autoritario.

Antonio Lacayo, ex-mi istro de presidencia en el gobierno de Violeta Chamorro; empresario, cuñado del autor. Falleció en un accidente aéreo.

Antonio Lacayo, ex-mi istro de presidencia en el gobierno de Violeta Chamorro; empresario, cuñado del autor. Falleció en un accidente aéreo.

 

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, 25 noviembre 2015 / EL PAIS

el paisAntonio Lacayo fue el desatador de uno de los más intrincados nudos del problema nacional. Durante la transición democrática desató el nudo de la confrontación, una herencia maldita de casi dos siglos en nuestra vida independiente. En 1990 insistió hasta el cansancio en que se ¨había ganado una elección, no una guerrra¨, y sentó el precedente de una nueva cultura política en la que el ganador, aún después de un inédito plesbicito fundacional, no se lleva todo ni manda al perdedor al destierro.

A diferencia de Alejandro Magno, que cortó el mítico nudo gordiano con la fuerza de la espada, Toño desenredó el nuestro con las uñas, recurriendo al camino más largo del diálogo y la negociación con mucha paciencia y más determinación. Invocando el liderazgo moral de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro y su ideario de democracia y reconciliación refrendado por una sólida mayoría política, adoptó decisiones complejas con la astucia de un ingeniero político democrático, y en los momentos más difíciles se las jugó combinando firmeza y flexibilidad. También se equivocó y cometió errores, como corresponde en todos los grandes emprendimientos de riesgo, pero el balance de la obra, al menos a finales del siglo pasado, era claramente favorable a Nicaragua al grado que algunos logros lucían irreversibles. Se conquistó la paz y el fin de la guerra, se fijó un rumbo de reconstrucción económica –aunque con un enorme déficit social–, y se sentaron las bases de instituciones democráticas, con libertad de prensa y más transparencia que nunca. Sin embargo, ese legado de la ¨triple transición¨, no logró alcanzar la etapa de la consolidación democrática y ahora atraviesa por una auténtica regresión autoritaria.

Se descarriló la transición democrática, por los pactos y la corrupción que facilitaron la captura del estado por un liderazgo autoritario que ha demolido las bases más profundas del estado de derecho y el sistema de separación de poderes.

Se abortó la transición militar en el ejército y la policía nacional, al imponerse otra vez el caudillismo político con leyes que eliminan el plazo de los jefes de ambas instituciones en el cargo, subordinando su reelección y permanencia a la discrecionalidad del ¨El Supremo¨.

Se perdió la democracia electoral como resultado de los fraudes y la partidización del sistema en todos sus niveles, eliminando las garantías básicas de elecciones libres y transparentes. Y se desmontó un embrionario sistema de autonomía municipal, participación ciudadana y rendición de cuentas, a punta de garrote y cooptación, para sustituirlo por el régimen de ordeno y mando de la pareja presidencial que, apuntalada en el desvío y la apropiación ilegal de la millonaria cooperación venezolana, ha creado un nuevo ¨orden social¨ que, irónicamente, excluye el derecho a ejercitar la ciudadanía.

Ciertamente, la macroeconomía funciona y el país mantiene el rumbo hacia el crecimiento económico y la atracción de inversiones, pero bajo un esquema corporativista que prodiga grandes oportunidades al sector empresarial, a costa de transparencia y democracia. Este intercambio entre ventajas económicas sin institucionalidad democrática, bajo una suerte de estabilidad autoritaria, es un mal negocio a largo plazo para las empresas y los países, como lo demuestra exhaustivamente el análisis histórico del profesor James Robinson coautor del libro ¨Por qué fracasan las naciones¨, que está siendo debatido en Managua en estos días.

Al conmemorarse los primeros 25 años de las elecciones de 1990, el pasado 25 de febrero Toño publicó un artículo en La Prensa reflexionando sobre este dilema estratégico y la incidencia determinante de los ¨factores sociopolíticos¨ en nuestro desarrollo. Vale la pena releer con atención su texto ¨Los próximos 25 años¨, que concluye así: ¨Si los nicaragüenses ahora no tomamos en serio la necesidad de poder elegir libremente, sea quien sea el que elijamos, vamos a haber tirado al traste el inmenso logro de haber derrotado en 1979 una dictadura de 45 años y haber podido elegir libremente nuestras autoridades en 1990. La agricultura moderna, la agroindustria, la pesca, la minería, el turismo y la producción de energías renovables pueden muy bien permitirnos a los nicaragüenses alcanzar dignos niveles de vida. Si vienen los megaproyectos, mejor. Pero debemos convencernos de una vez por todas que el gran megaproyecto de Nicaragua es la democracia, y esta demanda, por encima de todo, elecciones libres.¨

¿Cómo desatar el nudo del autoritarismo en un régimen que actúa con mentalidad de partido único, manteniendo la formalidad democrática pero sin tolerar la existencia de una oposición democrática beligerante? Esta es sin duda la tarea más acuciante que enfrenta Nicaragua hoy, cuando se invoca con respeto y gratitud la memoria y el legado de Antonio Lacayo, para intentar despejar la incertidumbre del futuro. Un desafío formidable, en primer lugar para todas las fuerzas políticas: independientes, opositores, sandinistas, movimientos sociales, pero también para las élites económicas que tienen igual responsabilidad en la calidad de las instituciones del país. No se trata de que los empresarios sustituyan a la oposición política o renuncien a dialogar con el gobierno, sino que ese diálogo trascienda sus actuales objetivos cortoplacistas y ponga en la agenda nacional el desmontaje gradual del corporativismo autoritario: empezando por restituir el derecho al debate público, terminar con las “misas negras” en que se deciden las leyes al margen del parlamento, poner límites estrictos a los abusos de poder, denunciar la corrupción y restablecer la transparencia pública, y sobre todo priorizar la credibilidad y renovación del sistema electoral.

Pero el clamor nacional por elecciones libres nunca se traducirá en un cambio en las reglas del juego como una concesión del poder, sino únicamente como resultado de la presión de la gente. Y en esos momentos inciertos, cuando la estabilidad autoritaria resulte desbordada por la represión y el chantaje, el imperativo del cambio pacífico demandará en los nuevos líderes del país la misma voluntad y determinación de Toño Lacayo para desatar el nudo autoritario. Ojalá esta vez sea irreversible.

Transparencia cero en Nicaragua. De Carlos Fernando Chamorro

El millonario desvío de los petrodólares venezolanos y la opacidad de la concesión del canal interoceánico minan la credibilidad del Gobierno de Daniel Ortega.

Carlos Fernando Chamorro, 17 junio 2015 / EL PAIS

a Nicaragua de Daniel Ortega debería ser analizada como un estudio de caso sobre el desmontaje del Estado de Derecho y sus efectos perniciosos en la corrupción. Con su retorno al poder en 2007, se implantó un sistema de control y centralización de todos los poderes del estado, sepultando su autonomía institucional. A la par de los programas sociales Hambre Cero y Usura Cero, surgió el estratégico proyecto “transparencia cero”, que facilita la impunidad ante las denuncias de corrupción. Las consecuencias a largo plazo pueden ser devastadoras, como lo demuestran los casos de la ley del canal interoceánico y los petrodólares venezolanos.

carlos fern

Carlos Fernando Chamorro: “En los últimos ocho años se ha producido el desvío de más de “3.000 millones de euros, originados en la cooperación estatal venezolana, hacia canales privados. “

Al amparo de Petrocaribe y el Alba, el presidente Hugo Chávez acordó con Ortega un generoso convenio estatal de colaboración petrolera que le permite al país pagar el 50% del petróleo a 90 días, y el otro 50% se convierte en un crédito concesional a 25 años de plazo. Venezuela decidió que el deudor del crédito fuera la entidad privada Alba Caruna, una cooperativa controlada en última instancia por el presidente Ortega.

En consecuencia, en los últimos ocho años se ha producido el desvío de más de 3.000 millones de euros, originados en la cooperación estatal venezolana, hacia canales privados. Una especie de privatización anómala sin ninguna clase de ley, control público o rendición de cuentas, sobre un fondo equivalente a un tercio de los ingresos fiscales, que se maneja como un presupuesto paralelo al margen de toda supervisión estatal. Un porcentaje de estos fondos se destinan al clientelismo social y partidario, con gran rentabilidad política, pero la mayor cantidad desemboca en negocios privados. De hecho en 2010, Nicaragua le informo al FMI que el 62% de estos fondos se destinarían a proyectos con fines de lucro y solo el 38% a subsidios o donaciones sociales.

Del matrimonio de las empresas estatales PDVSA de Venezuela y Petronic de Nicaragua, nació la compañía “privada” Albanisa, que se ha convertido en uno de los grandes capitales emergentes del país. Albanisa produce el 25% de la generación de energía, controla las operaciones de la empresa española (TMI) distribuidora de energía, y ya es la segunda empresa exportadora del país. En torno a Albanisa se ha tejido una amplia red de negocios privados controlados por la familia presidencial que incluye canales de televisión, redes de gasolineras, hoteles, proyectos agropecuarios y bancos, que no tienen nada que ver con el combate a la pobreza o la creación de infraestructura para el desarrollo.

En torno a Albanisa se ha tejido
una amplia red de negocios privados
controlados por la
familia presidencial 

En cualquier país donde funcione a medias el Estado de Derecho, una entidad de control estatal investigaría de oficio la apropiación privada de estos millonarios fondos estatales por parte de la familia presidencial. Pero en Nicaragua, el titular de la Contraloría, Luis Angel Montenegro, se dio por ofendido cuando la prensa independiente le reclamó por su inacción: “No somos policía, ni FBI, vaya usted a preguntarle al presidente”, respondió airado el funcionario.

En el caso del canal interoceánico, la situación es todavía peor en materia de opacidad y falta de transparencia. Hace dos años, el parlamento otorgó al misterioso empresario chino Wang Jing una concesión canalera, sin pasar por ninguna licitación. La ley más importante de la historia de Nicaragua, fue aprobada por la bancada oficial en un trámite de siete días, con una consulta limitada de dos días y con tres horas de debate parlamentario.

Esta ley otorga derechos irrestrictos al concesionario, en detrimento del Estado y la soberanía nacional, creando una especie de enclave en el territorio nacional por más de cincuenta años prorrogables a cien. Nicaragua incluso renunció a la inmunidad soberana del Banco Central y sus reservas quedaron en riesgo ante cualquier proceso de arbitraje internacional. Y aunque la promesa de empleos e inversiones ciertamente ha generado expectativas entre la población y en la clase empresarial, la ley canalera ha generado tres preocupaciones fundamentales:


La ley más importante
de la historia de Nicaragua
fue aprobada por la bancada oficial
con tres horas de debate 

El derecho de propiedad. La ley permite al concesionario expropiar propiedades privadas, comunales y públicas, a través de un mecanismo expedito, ofreciendo como compensación un pago por el valor catastral de la tierra y no por su valor de mercado. Más de 23.000 familias, unas 120.000 personas, serían afectadas y desplazadas de forma forzosa en la ruta canalera, lo cual ha provocado ya una rebelión que suma 47 movilizaciones campesinas de protesta.

El impacto ambiental. El proyecto de 278 kilómetros de largo, cruza el lago de Nicaragua a lo largo de 105 kilómetros y requeriría de un dragado masivo para que éste tenga la profundidad requerida de 30 metros. La comunidad científica ha advertido que esto puede causar un daño irreversible a la mayor reserva hídrica de Nicaragua y Centroamérica. Hace dos semanas, la empresa Environmental Resources Management entregó al Gobierno el estudio de impacto ambiental del canal, pero hasta ahora se mantiene en secreto y no hay planes de someterlo a un escrutinio independiente.

Los subproyectos. La ley canalera contempla, además, la construcción de diez subproyectos que gozan de las mismas ventajas que el canal. El menú de negocios incluye dos puertos, aeropuertos, zonas de libre comercio, proyectos turísticos, oleoductos, ferrocarriles, y cualquier otro proyecto que pueda surgir en el futuro de acuerdo al interés del concesionario.

Tomando en cuenta la dudosa viabilidad del proyecto canalero –una obra de 50 mil millones de dólares que carece de financiamiento, y que tampoco tiene un plan de negocios que demuestre su viabilidad comercial– lo más probable es que el canal nunca se llegará a construir. Sin embargo, a través de la ley 840 Nicaragua está atada ad infinitum a una oscura red especulativa de negocios en torno a los subproyectos del canal que, por su magnitud, podría derivar en una operación de corrupción aún mayor que el desvío millonario de la cooperación venezolana. Todo dependerá, a final de cuentas, de lo que estén dispuestos a tolerar los nicaragüenses.

Carlos F. Chamorro es periodista. Es director de Esta Semana y Confidencial, de Nicaragua.

Premisas para el cambio. De Carlos Fernando Chamorro

El mayor desafío que enfrenta Nicaragua consiste no solo en desalojar del poder a un régimen autoritario, sino en forjar una nueva mayoría política y social con la participación de todos: independientes, liberales, opositores y sandinistas, para emprender las reformas que el país necesita.

carlos fernCarlos Fernando Chamorro, 1 junio 2015/Confidencial-Nicaragua

1. Para hacer reformas profundas, se necesita una nueva mayoría política

Es casi un lugar común constatar que el problema de Nicaragua no admite una salida a corto plazo, pero a partir de ese punto entramos a un terreno de arenas movedizas. En una sociedad dominada por el coyunturalismo, la improvisación y los arrebatos mesiánicos, no se vislumbra un proyecto alternativo al régimen orteguista que gobierna el país desde 2007. Se carece de propuestas a mediano plazo y tampoco hay un debate sobre el futuro, que trascienda el último escándalo de la semana pasada.

El vacío que dejó el fracaso de la reforma política durante la transición, la captura partidaria de todos los poderes del estado por parte del FSLN, y la implantación del régimen autoritario del comandante Ortega, han generado   un estado de auténtica postración política. Las opciones de cambio que surgieron antes de 2006 desde el centro derecha y centro izquierda para desafiar el pacto de los caudillos Alemán-Ortega, siguen teniendo presencia hoy en la oposición, pero se quedaron a mitad del camino en su afán transformador. La mayoría electoral definida en torno al “antisandinismo” que gobernó el país entre 1990 y 2006, nunca logró generar reformas democráticas profundas desde el poder y se agotó en la oposición, ante la reconversión del orteguismo en un régimen corporativista en alianza con el gran capital. La bandera del “todos contra Ortega” ya no representa una alternativa para movilizar a las grandes mayorías.

Más aún, la trayectoria histórica de nuestros últimos 100 años –intervención externa, dictadura militar dinástica, revolución de orientación socialista, democracia electoral con reformas neoliberales, y más neoliberalismo con populismo– enseña que una verdadera reforma política y económica necesita asentarse en un cambio social para echar raíces y perdurar. La modernización de las leyes y los programas de reformas apoyados por la cooperación externa que se ejecutaron en Nicaragua antes de 2007 no generaron cambios institucionales irreversibles. Para resistir la embestida de una contrarreforma, se necesitan procesos políticos acompañados de una intensa movilización social. Solo así nacen, de verdad, las instituciones que amparadas en el Estado de Derecho promueven el desarrollo. De lo contrario, siempre serán vulnerables ante un golpe de mano asestado por el populismo de derecha o de izquierda. La regresión en los procesos de institucionalización del ejército y la policía ocurridos en los últimos años, representa el ejemplo más claro de este rotundo fracaso nacional.

Una reforma democrática que enarbole las banderas de más equidad y justicia social requerirá, por tanto, una nueva mayoría política y social para asegurar su sostenibilidad. El objetivo último del cambio político debería ser forjar esa nueva mayoría no solo en oposición al autoritarismo del régimen actual, sino enarbolando las banderas de las luchas sociales y las demandas de empleo, equidad, y empoderamiento de las grandes masas populares y los sectores medios excluidos de las oportunidades del crecimiento económico. El mayor desafío que enfrenta la democracia en Nicaragua consiste no solo en desalojar del poder a un régimen autoritario, sino en forjar una nueva mayoría política y social, con la participación de todos: independientes, liberales, opositores, y sandinistas, para emprender las reformas que el país necesita en el campo de la fiscalidad, educación, justicia, productividad y competitividad.

2. El autoritarismo genera abusos de poder, represión, corrupción e impunidad

Contrario a lo que sostienen algunos críticos del régimen Ortega-Murillista, éste no atraviesa por una etapa de crisis o desgaste, sino que más bien se encuentra en un proceso de consolidación. Su encrucijada consiste en cómo afianzar el continuismo bajo el liderazgo de Ortega en una etapa de declive del apoyo económico venezolano, o transformarse en una dinastía familiar. Resolver la sucesión del poder ha sido siempre el “Talón de Aquiles” de todas las dictaduras.

El modelo de Ortega se caracteriza por una visión descarnadamente pragmática y totalizante del poder. Autoritario en lo político, combina la concentración de todos los poderes del estado, la cooptación de las cúpulas militares y policiales, el fraude electoral y el miedo a la represión. Mercantilista en lo económico, administra una macroeconomía estable bajo un esquema corporativista con los grandes empresarios: hay diálogo económico y grandes oportunidades de negocios, con cero institucionalidad democrática. Populista en lo social, se apoya en la “privatización” de los fondos de la cooperación venezolana para manejar un millonario presupuesto paralelo que financia el clientelismo social y partidario, el control territorial y el acaparamiento de los medios de comunicación.

Entender cómo funciona esta amalgama de sectores e intereses en torno al orteguismo, y sobre todo cómo se articula desde abajo la gestión de las demandas de los pobres, los jóvenes, y los municipios, representa una asignatura pendiente para descifrar las particularidades de esta clase populismo. Cómo se genera y se dosifica el combustible económico que alimenta su maquinaria política, cuáles son las fuentes de su estabilidad y legitimidad, cómo operan la simbología histórica y religiosa entrelazadas al culto a la personalidad en la venta de un futuro promisorio, son cuestiones que ameritan ser analizadas con rigor, si se quiere diseñar una estrategia de cambio desde abajo que también tome en cuenta los intereses populares que ha desatado el FSLN.

Paradójicamente, la mayor debilidad del régimen radica en su aparente fortaleza: la concentración total del poder en una familia y el sistema de ordeno y mando administrado de forma implacable por la pareja presidencial. El personalismo por encima de la ley y de cualquier institución estatal, incluso del partido mismo, apunta a la vinculación mesiánica, cuasi religiosa, entre el líder y las masas sin ninguna clase de intermediario. Pero las consecuencias de la centralización del poder son inevitables: una pareja, una familia, una pequeña camarilla que controla y dispone de todo y sobre todos, sin estar sometida a un contrapeso o rendición de cuentas, indefectiblemente conduce a grotescos abusos de poder, represión, y corrupción. Por ahora, en la más absoluta impunidad.

Ortega y su grupo han protagonizado uno de los actos más escandalosos de corrupción de la historia de Nicaragua al “privatizar” sin ninguna clase de ley o salvaguarda nacional los recursos de la cooperación estatal venezolana que suman más de 3,400 millones de dólares desde 2007. ¿Cuántos de esos fondos que se utilizan de forma discrecional han sido desviados para la acumulación privada de empresas, propiedades urbanas y agropecuarias, medios de comunicación, hoteles, bancos, y cuentas bancarias en el exterior, todos controlados por la familia presidencial? Aunque esta anómala apropiación privada de fondos estatales se intente disfrazar como un “regalo” dispensado por el fallecido presidente Chávez para financiar programas sociales, el patrimonio del estado y la soberanía popular son irrenunciables. Los activos de Albanisa, DNP, y todas las empresas privadas creadas al amparo de los fondos “privatizados”, y los recursos que aún se mantienen ocultos, tarde o temprano deberán regresar a manos del Estado.

La concesión canalera otorgada  al empresario chino Wang Jing en condiciones onerosas para el país representa otro acto de mega corrupción, que pone en riesgo la sostenibilidad de los recursos naturales del país y de las generaciones venideras. Este proyecto cobijado por los arreglos secretos entre la familia presidencial y Wang Jing, solo es realizable a cambio de convertir a Nicaragua en un protectorado de la República Popular China. Una vez descartada su viabilidad, aún le quedará al país por 50 años prorrogables la nefasta herencia de la Ley 840 y su menú de “sub proyectos”, un legado de especulación y corrupción sin ninguna clase de fiscalización, como nuevo paradigma de desarrollo nacional.

Mientras no se pueda derogar esta ley antinacional debido al sometimiento de la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia ante el poder absoluto de Ortega, la suerte del país depende enteramente de la acción de su gente. La inesperada rebelión campesina que suma más de 40 movilizaciones contra el proyecto canalero, y la denuncia ciudadana con el valioso aporte de científicos, ambientalistas y municipalistas, evidencia el potencial de la resistencia nacional. Demuestra, además, que cuando el pueblo se moviliza desde la base, el único adversario que tiene enfrente es la cúpula orteguista, no los sandinistas, en este caso, esos miles de campesinos y productores que junto con los liberales y ex contras también forman parte de la solución al problema nacional.

3. Las elecciones 2016, los dilemas de la oposición y del sector privado empresarial

El problema actual de la oposición no radica en su dispersión o en la existencia de distintos partidos y fuerzas políticas, sino en su falta de fortaleza, liderazgo y credibilidad. La gente demanda una estrategia opositora para resistir las agresiones ejecutadas desde el poder y para promover sus propias luchas. La oposición, en cambio, sigue aferrada a un discurso que proclama el respeto al Estado de Derecho y la institucionalidad democrática que han sido demolidas por el régimen. Un discurso vacío para las mayorías que viven en la miseria, sin haber tenido alguna clase de derecho ciudadano, y que en las promesas de Ortega de salir de la pobreza han encontrado una oferta, a cambio de sumisión y obediencia política.

Con el fraude electoral municipal de 2008 se estableció un parteaguas entre el orteguismo como minoría y su conversión en un proyecto hegemónico. Primero por la fuerza y después por la cooptación, hasta llegar a la complacencia apoyada en el dinamismo económico logrado a través de la alianza con el capital. La oposición también contribuyó a la pérdida de la esperanza, cuando no fue capaz de defender el voto popular después los fraudes electorales. Recuperarla, ahora, será una tarea titánica.

El dilema después de las elecciones presidenciales de 2011 y de las municipales de 2012 nunca fue si los diputados y concejales opositores debían ocupar o no los espacios institucionales ganados en el parlamento y las alcaldías, sino cómo utilizarlos para hacer una oposición efectiva y beligerante, promoviendo los intereses de la gran mayoría de pobres y desempleados. Si en el parlamento eran minoría y no podrían legislar ni modificar leyes, se suponía que la oposición debía reinventarse en las calles, en los barrios, en las universidades, en el campo, en las luchas reivindicativas y sociales de los gremios. Sin embargo, cuatro años después de la reelección inconstitucional de Ortega el camino está despejado para una nueva reelección, mientras la oposición, reducida a las labores de denuncia, luce mucho más débil que antes.

El restablecimiento de un sistema electoral transparente y competitivo es condición sine quanon para encauzar el cambio político por la vía pacífica. Pero este requisito mínimo no nacerá de una graciosa concesión o de la inexistente presión internacional. Ortega podría darse el lujo de competir y hasta ganar en un contexto de elecciones libres, pero jamás cederá el control partidario del sistema electoral. Su objetivo nunca ha sido promover la transparencia electoral, sino únicamente mantener la formalidad democrática como fuente de legitimidad. Y para alentar la participación del viejo y nuevo “zancudismo” cuenta con una carta de cambio cosmético: la segura sustitución del desprestigiado Roberto Rivas en la presidencia del Consejo Supremo Electoral por su hombre de confianza en el CSE. Como en la novela de El Gatopardo, Ortega hará que “todo cambie para que nada cambie”, y todo seguirá igual en el CSE.

La renovación electoral solo puede surgir “en caliente”, como resultado de una movilización nacional que ponga en jaque la voluntad política del régimen. El dilema, entonces, no radica en decidir si ir o no a elecciones, sino en cómo ejercer una presión máxima para forzar el cambio del sistema electoral. El desafío será el mismo, tanto para las fuerzas que justifiquen su participación alegando que en política no se pueden dejar vacíos, como para los que enarbolen la bandera del “voto protesta” y la abstención,  denunciando la podredumbre del sistema electoral. Ambas posiciones tendrán validez, si de verdad desembocan en un cauce de movilización por la reforma electoral que canalice el descontento nacional, y las demandas de más equidad social y castigo para la corrupción. Ciertamente, en las elecciones de 2016 no estará en juego el poder de Ortega, pero representan una oportunidad de oro para posicionar las alternativas políticas de futuro al régimen orteguista y los liderazgos emergentes.

Las reformas que el país necesita a mediano plazo, la reforma fiscal, la depuración de la justicia, la prioridad en la calidad de la educación, la despartidización –otra vez– de las cúpulas del ejército y la policía, y el desmontaje del régimen corporativista, no se resolverán mañana pero deben empezar a debatirse ya. El sector privado empresarial y particularmente los grandes empresarios, están viviendo una época de bonanza sin par bajo un clima de estabilidad autoritaria con cero transparencia pública. Guardando las distancias, hay un deja vu de la época en que Somoza administraba el monopolio de la política. Las ventajas y oportunidades de negocios coexisten con la falta de libertades democráticas. La mala noticia para la élite económica es que el corporativismo autoritario no es sostenible a largo plazo. La separación arbitraria impuesta por Ortega entre el clima de negocios y la institucionalidad democrática, depende de la discrecionalidad absoluta del gobernante. Todos saben con certeza que en cualquier momento les puede caer la guillotina, pero quieren creer que nunca les tocará el turno. La captura del Estado derivada del corporativismo trae grandes ventajas a los intereses particulares de unos pocos, en detrimento de muchos.  El trueque entre ventajas económicas ahora e inestabilidad política mañana, es un mal negocio a largo plazo como lo demuestra la historia con abundancia.

En consecuencia, aunque a primera vista pareciera ir en contra de sus impulsos primarios, es en el interés del gran capital propiciar el desmontaje gradual del corporativismo. No se trata de que los gremios empresariales sustituyan a la oposición política o que renuncien al diálogo con el gobierno. Por el contrario, es imperativo mantener y ampliar el diálogo con el poder para que sea inclusivo y le devuelva a la sociedad el derecho al debate público. Para empezar, urge establecer límites estrictos a los abusos de poder, denunciar la corrupción y demandar que se investigue y se castigue, terminar con las “misas negras” en que se deciden las leyes, democratizar el proceso de decisiones económicas, restablecer la transparencia pública en tormo a todos los procesos decisorios, y de paso restituir la credibilidad del sistema electoral. En suma, son los requisitos mínimos que el sector empresarial demanda en una democracia para disminuir los riesgos de la incertidumbre y establecer las bases de una institucionalidad política, que sí favorece el desarrollo económico a largo plazo.

Mientras tanto, el camino del cambio democrático será largo y doloroso, porque el régimen que se ha entronizado en Nicaragua no está dispuesto a abandonar  el poder “por las buenas”. El pueblo tendrá que prepararse para gestar ese cambio de forma pacífica, pero aprendiendo a medir sus fuerzas, a resistir y derrotar la represión.

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