Carlos Fernando Chamorro

Los empresarios, ¿cómplices o rehenes de Ortega? De Carlos Fernando Chamorro

Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, 11 mayo 2017 / EL FARO

Vamos en un tren de alta velocidad, sabemos que al final del túnel hay una pared y que podemos estrellarnos, quizás en una semana, en un año, o en cinco, pero mientras el rey nos permita hacer negocios e inversiones, vamos bien.”
Un empresario nicaragüense.

En los corrillos de los grandes empresarios nicaragüenses es común escuchar esta clase de comentarios sobre la paradoja que representa el régimen de Daniel Ortega en su relación con la élite económica. Se respira un genuino clima de entusiasmo —primero fue una sensación de alivio, después vino el acomodamiento, y finalmente la celebración de grandes oportunidades de negocios— ante un Gobierno autoritario que permite y fomenta la inversión privada, incluida la de la familia gobernante y sus allegados. Pero al mismo tiempo se percibe el temor y la incertidumbre que emana de la naturaleza de un régimen de fuerza, que está basado en el poder absoluto del caudillo y su discrecionalidad para premiar y castigar, sin ninguna clase de contrapesos.

La resultante de estos dos impulsos contrapuestos es una actitud de extrema prudencia y autocensura para evitar cuestionar los atropellos del régimen. “Claro que hay una gran corrupción, pero yo no voy a hablar de eso en público, porque me pueden caer”, me explicó, justificándose, uno de los pesos pesados del sector empresarial. El debate público que hace una década transcurría en el parlamento, en las universidades y en los medios de comunicación, ha sido sustituido por el monólogo oficial de la vicepresidenta del Gobierno y esposa de Ortega, Rosario Murillo. Mientras tanto, la diversidad de voces del sector privado se ha reducido cada vez más a la vocería de las cámaras empresariales que ejerce el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.

El corporativismo, ayer y hoy

He leído con atención la serie de tres artículos publicados recientemente en La Prensa de Nicaragua por el presidente del Cosep: “ El corporativismo y los tres diálogos (1 y 2)” y “El modelo Cosep”, en los que resume su visión, que aparentemente cuenta con la bendición de influyentes líderes empresariales, sobre la actual confluencia de intereses entre el gobierno nicaragüene y el sector privado. Aguerri se propone descalificar el concepto de corporativismo que se ha utilizado para caracterizar la naturaleza de la alianza económica de los grandes empresarios con un Gobierno autoritario —sin democracia, transparencia, ni rendición de cuentas— como si se tratara de un mote o un adjetivo peyorativo.

Pero la descripción que hace sobre cómo funciona el autollamado “modelo Cosep”, encaja cabalmente en lo que históricamente ha sido conocido como corporativismo, aunque sea con las particularidades nicaragüenses: es un sistema cerrado, excluyente, de intermediación directa, en el que la cúpula del sector privado comparece como único actor en representación del resto de la sociedad a negociar los asuntos económicos con el Gobierno, y los acuerdos se convierten posteriormente en leyes, endosadas por un parlamento que no tiene poder de deliberación porque está totalmente sujeto al Ejecutivo.

En la tradición de las ciencias políticas, el corporativismo es un régimen político no democrático en el que el Estado, encarnado en el líder máximo a la cabeza de su partido hegemónico, confiere a determinados grupos —asociaciones de empresarios, sindicatos, y militares, principalmente— el monopolio de la representación de sus intereses y del resto de la sociedad, estableciendo roles y normas jerárquicas. El sistema provee un orden social, pero no hay Estado de Derecho, ni autonomía de la sociedad civil, y menos aún competencia política democrática. En una palabra, no hay democracia y tampoco se tolera una verdadera oposición que represente la posibilidad de alternabilidad en el poder.

La semana pasada, el comandante Ortega proclamó su propia versión del corporativismo a la nica ante una importante asociación iberoamericana de empresarios, cuando dijo: “Aquí somos un solo gobierno, trabajadores, empresarios y el Estado”. En realidad, su definición carece de originalidad. El corporativismo tiene su acta fundacional más conocida en la primera mitad del siglo XX, bajo el régimen fascista de Mussolini en Italia, mientras en América Latina proliferó en Brasil —Getulio Vargas—, Argentina —Juan Domingo Perón—, y México, con la particularidad de que en sus siete décadas en el poder el PRI impuso el principio de la no reelección absoluta. Los teóricos de la transición democrática en América Latina en los años 80 y 90, entre ellos Juan Linz, Guillermo O’Donell, Philippe Schmitter, y Larry Diamond, estudiaron a profundidad las múltiples variantes de este fenómeno que parecía superado, aunque resurgió con nuevos bríos con el “socialismo” bolivariano de Hugo Chávez y su régimen cívico-militar, mientras Ortega implementó la versión pragmática, no estatizante, en alianza con el gran capital privado.

Algunos politólogos y analistas internacionales que aún prestan atención a Nicaragua —Michael Shifter, David Close, Salvador Martí, Richard Feinberg, entre otros— han ensayado diferentes definiciones sobre el nuevo régimen de Ortega: “dictadura institucional”, “caudillismo tradicional”, “capitalismo de compadres”, o “autoritarismo competitivo”. En Nicaragua, el economista José Luis Medal precisó su especificidad como un régimen “corporativista autoritario”, que se basa en la concentración del poder y la anulación de las instituciones democráticas. Medal reconoce la importancia del diálogo que debe existir entre el sector privado y el gobierno sobre temas económicos y políticas públicas, y el fomento de iniciativas público-privadas, pero advierte sobre el riesgo de que se produzca una captura de los intereses del Estado por los grandes grupos empresariales, cuando las leyes más importantes del país, como la seguridad social, la reforma tributaria, o la ley de bancos, se negocian y se deciden en solitario entre el gobierno y el Cosep, al margen de toda rendición de cuentas institucional.

Ese ha sido el patrón dominante desde 2009, el momento de mayor ilegitimidad política del régimen después del fraude electoral municipal de 2008 y la represión contra la oposición, cuando bajo la presión de la crisis económica internacional Ortega abrazó la alianza con los grandes empresarios. El “modelo” pretende justificarse apelando a los resultados económicos obtenidos en los últimos años en los índices de crecimiento económico, exportaciones, y atracción de inversión extranjera.

Pero lo que no se dice es que los Gobiernos democráticos del período 1990-2006, específicamente los de Violeta de Chamorro y Enrique Bolaños, sentaron las bases del crecimiento económico sin liquidar las instituciones democráticas. Por el contrario, promovieron un desarrollo institucional que ahora ha sido demolido por Ortega. Entonces, lo que el país debería debatir ahora no son únicamente los déficits estructurales que prevalecen en la economía a corto plazo —pobreza masiva, desempleo, desigualdad, educación deficiente, falta de competitividad, exoneraciones fiscales, informalidad, baja productividad, y una matriz exportadora arcaica— sino, además, el costo de oportunidad de la dictadura a largo plazo.

¿Cuánto le costará a Nicaragua restablecer las instituciones democráticas, que han sido capturadas por el autoritarismo? ¿Se podrá transitar de forma pacífica por la vía electoral, o nos tocará vivir el infierno de la Venezuela de Nicolás Maduro? O visto desde la perspectiva del uso de los recursos más escasos: ¿cuál es el costo económico y social de un régimen político autoritario, que ha desviado centenares de millones de dólares de forma inescrupulosa e ineficiente al pozo sin fondo de la corrupción?

Corrupción, transparencia pública, y la prensa independiente

Es impresionante como Daniel Ortega ha logrado instrumentalizar a los empresarios. Nos está usando a todos, porque nosotros también tenemos negocios en Nicaragua y nos va bien, pero somos rehenes.”
Un empresario centroamericano.

Una nueva ola de lucha contra la corrupción pública y privada ha inaugurado tiempos de esperanza en América Latina. La huella dejada por las coimas millonarias del consorcio brasileño Odebrecht, el renovado impulso a la lucha contra el lavado de dinero, la beligerancia de la sociedad civil y la prensa independiente, con el respaldo de instituciones estatales autónomas, están produciendo resultados palpables en muchos países. Se trata no solo de una cruzada ética y moral, para afianzar el principio de cero tolerancia contra la corrupción, sino además de devolverle al Estado y a los ciudadanos el dinero esquilmado al erario público.

En Centroamérica tenemos ejemplos concretos en El Salvador, Honduras, y Guatemala, en los que los movimientos ciudadanos y las instituciones públicas —Fiscalía, Cortes de Justicia, e instituciones supranacionales como la Cicig— han trazado una gruesa línea roja contra la corrupción.

En Nicaragua, en cambio, predomina un silencio sepulcral, y no es porque no exista una corrupción desenfrenada, ampliamente denunciada por la prensa independiente mientras Transparencia Internacional ubica al país entre los más corruptos de América Latina, solo después de Venezuela y Haití. Las encuestas de Funides revelan que la corrupción es una constante preocupación para el clima de negocios que demandan los empresarios. La transparencia cero y la anulación del principio de rendición de cuentas también forman parte integral del modelo corporativista autoritario de Ortega. Son reglas impuestas por las vías de hecho, a través de la demolición de la autonomía de la Contraloría, la Fiscalía, la pérdida total de independencia del Poder Judicial, el tráfico de influencias institucionalizado, y el irrespeto flagrante a la Ley de Acceso a la Información Pública.

A pesar del cerco de silencio, en Confidencial hemos documentado exhaustivamente la danza de los petrodólares, y cómo se ha producido el desvío ilegal de más de cuatro mil millones de dólares en cooperación estatal venezolana hacia canales privados, a disposición de la familia presidencial. El 62% de estos fondos, según los reportes presentados al Fondo Monetario Internacional, se destina a actividades lucrativas bajo la cobija del consorcio Albanisa. Se trata de centenares de millones de dólares en recursos que debieron haber sido destinados a obras de infraestructura productiva o social, pero terminaron en manos de una pulpería de negocios privados, en la que igual se compran canales privados de televisión y radioemisoras, que hoteles o inversiones agropecuarias, sin ninguna racionalidad económica excepto la ambición de la élite gobernante.

Nuevamente, el país debería debatir cuál es el costo de oportunidad de la corrupción bajo una dictadura y preguntarse ¿cuál habría sido el impacto de invertir ese fondo millonario del patrimonio nacional en mejorar la calidad de la educación?

Aparte del costo de oportunidad de haber utilizado estos recursos con eficiencia económica y social, el país está pagando un alto costo directo proveniente de las operaciones de Albanisa. Con los fondos de la cooperación venezolana, el consorcio se ha convertido en la fuerza más poderosa del sector energético: es el principal generador, el transmisor, y el comercializador, como dueño de facto de Disnorte y Dissur. Mientras el vicepresidente de Albanisa, el ingeniero Francisco “Chico” López ejerce una suerte de cargo de súper ministro de energía, el conglomerado controla la regulación y la formulación de políticas, incluída la matriz de expansión para los próximos años. Esto significa que no hay licitaciones públicas de nuevos proyectos, sino que el consorcio se los adjudica de forma automática.

Los fondos venezolanos han generado un monumental conflicto de intereses, como es el control total desde Albanisa, como un solo eje de poder —público y privado, de acuerdo a la conveniencia del momento— de todas las instancias del sector energético. Como resultado, las tarifas no bajan y el país tampoco puede importar energía barata de países vecinos, que en muchas ocasiones presentan excedentes. En el balance final las empresas, los productores y el país entero está perdiendo competitividad por el alto costo de la energía que se deriva de los intereses financieros de Albanisa en colusión con las instancias de Gobierno que controla.

Lo sorprendente es que el tema de la corrupción está fuera de la agenda de desarrollo del Cosep. Entre los cinco ejes de desarrollo estratégico y las 51 líneas de acción definidas en la Agenda 2020 para mejorar el entorno de negocios, no se registra una sola vez el tema de la transparencia pública. Tampoco se menciona la lucha contra la corrupción o la inacción de instituciones encargadas de esta materia como la Fiscalía, o la Contraloría. Únicamente en el punto cinco del Decálogo Democrático, se consigna que “las licitaciones deben realizarse bajo procesos transparentes y públicos”. ¿Es esta una reacción defensiva para proteger a las empresas privadas frente a los intereses de la élite gobernante en las licitaciones, o acaso es parte de un programa para promover la transparencia? Cualquiera que sea su motivación verdadera, es una declaración necesaria pero insuficiente para poner en agenda y prevenir el cáncer nacional de la corrupción.

¿Y qué pasa cuando la corrupción hace colapsar el sistema desde adentro? ¿Existen acaso mecanismos correctivos? En julio del año pasado, por ejemplo, estalló un escándalo mayúsculo de corrupción en la Empresa del Aeropuerto Internacional (EAAI), una de las 58 instituciones públicas en las que existe representación de delegados de las cámaras del Cosep. El gerente de la EAAI, Orlando Castillo Guerrero, fue intervenido en el cargo, incluida la ocupación de sus residencias particulares y la toma de sus empresas familiares, presuntamente para investigar las operaciones anómalas de tercerización que realizaba en el aeropuerto la empresa Anyway Travel, originalmente vinculada a un hijo de la pareja presidencial, que opera como delegado plenipotenciario en los asuntos de Gobierno. Lo insólito es que la investigación en la empresa pública no la condujeron la Policía ni el Ministerio Público, sino operadores particulares del presidente Ortega, como si se tratara de un asunto de familia y no una cuestión de Estado. Al final, Castillo fue destituido del cargo y sustituido por otro funcionario, pero la investigación quedó sepultada en la impunidad, ante la indiferencia o incapacidad de los representantes del Cosep.

Cuando se derrumba el sistema institucional de rendición de cuentas, como ha ocurrido en Nicaragua, a la prensa independiente le toca jugar un rol extraordinario para promover la transparencia. Los periodistas no pretendemos ni podemos sustituir a los policías, jueces y contralores, que no cumplen con su obligación legal, pero la fiscalización del poder público y privado exige revelar lo que otros callan y generar una opinión crítica para promover el debate público.

En esa labor hemos contado con el apoyo tanto de funcionarios públicos honestos como de fuentes privadas, que comparten el compromiso a favor de la transparencia. La respuesta del régimen y su estrategia de “información incontaminada” ha sido erigir una política de acoso contra la prensa independiente que combina diversas formas de represión, exclusión en el acceso a las fuentes informativas, e intimidación, que va desde el espionaje y las presiones económicas, hasta la prohibición absoluta de anuncios publicitarios del sector público. En los últimos meses han surgido también voces intolerantes en el sector empresarial que han llegado al extremo de abogar por que la empresa privada deje de anunciarse en medios que critican el corporativismo autoritario y demandan transparencia. Afortunadamente son casos aislados, sin eco, de extremistas que no representan la diversidad y pluralidad del sector privado, en el que predomina un compromiso con los valores democráticos, empezando por la tolerancia y el respeto al papel profesional, independiente, y crítico de la prensa.

¿Es replicable el “modelo Cosep” en un régimen democrático?

El presidente Daniel Ortega es una persona muy inteligente. Yo le comenté que para los empresarios es muy importante el respeto al Estado Derecho y las instituciones democráticas, para lograr un buen clima de negocios. Él no me dio ninguna opinión sobre eso y más bien habló sobre otra cosa, pero estoy seguro de que escuchó y entendió lo que yo estaba diciendo.”
Un empresario de América del Sur.

La publicación el año pasado del Decálogo Democrático del Cosep fue acogida positivamente como un paso importante para poner en primer plano la importancia de la institucionalidad democrática para el desarrollo nacional. Pero una mera declaración de principios que han sido demolidos y siguen siendo violados de forma sistemática por el régimen de Ortega, no basta para mover la agenda del cambio democrático. Tampoco es cierto, como lo demuestra nuestra propia historia bajo el régimen de Somoza, que “haciendo crecer la economía, hacemos crecer la democracia”, como alega el presidente del Cosep.

Todos los estudios sobre desarrollo económico demuestran que la economía puede alcanzar altas tasas de crecimiento bajo regímenes autoritarios, sin que esto desemboque en democracia y, peor aún, sin garantías de sostenibilidad a largo plazo. El camino de la construcción democrática es tortuoso y demanda la existencia de fuerzas sociales y actores democráticos comprometidos con la creación de instituciones, que tarde o temprano representarán un contrapeso al poder autoritario.

Paradójicamente, aunque a primera vista contradice sus intereses de corto plazo, es en el interés de los grandes empresarios propiciar el desmontaje gradual del corporativismo autoritario, si de verdad tienen un compromiso con la estabilidad y el desarrollo sostenible del país. No se trata de que los gremios empresariales sustituyan a la oposición política o que renuncien al diálogo con el Gobierno. Por el contrario, es imperativo mantener y ampliar el diálogo con el poder para que sea inclusivo y le devuelva a la sociedad el derecho al debate público. Para empezar, urge establecer límites para frenar los abusos de poder, denunciar la corrupción y demandar que se investigue y se castigue, y terminar con las “misas negras” en que se deciden las leyes, restableciendo la transparencia pública.

El trueque entre ventajas económicas ahora e inestabilidad política mañana es un mal negocio a largo plazo. Los grandes empresarios están obligados a poner su propia cuota de transparencia y abrirse al postergado examen sobre el rendimiento de los subsidios y las exoneraciones fiscales que superan los 700 millones de dólares, equivalente a más del 7 % del Producto Interno Bruto. Cada año, el gobierno incumple su propia ley y no presenta la evaluación del rendimiento de las exoneraciones, ni ha formulado una propuesta para reducirlas, a pesar de las advertencias del mismo Fondo Monetario Internacional sobre la urgente necesidad de generar un colchón de ahorro fiscal. En diciembre del año pasado, en una entrevista televisiva, le pregunté a José Adán Aguerri si el Cosep se sometería a la revisión de las exoneraciones. Su respuesta inusitada fue que “siendo pragmático, uno no discute exoneraciones ni subsidios en un año electoral”, invocando como pretexto unas elecciones municipales sin autonomía municipal, en las que no está en juego ni siquiera el poder local.

La demanda que diversos sectores han hecho a los grandes empresarios para que pongan límites ante los abusos del poder y la falta de transparencia pública, no significa promover la confrontación con el Gobierno, sino alentarlos a que dejen de ser rehenes del autoritarismo. El discurso oficial, en el que cada vez hay menos diferencias entre el Gobierno y algunos líderes empresariales, aduce que se está convocando a una confrontación para descarrilar la economía. Pero la falacia se cae por su propio peso, pues la única confrontación que existe en Nicaragua es la que el régimen de Ortega ha impuesto contra el resto de la sociedad, cada vez que ésta reclama por sus derechos democráticos conculcados.

En la soledad del búnker de su oficina-residencia en El Carmen, el comandante Ortega tiene sobradas razones para celebrar que su régimen corporativista autoritario haya sido rebautizado como el “modelo Cosep”. La última versión delirante y disparatada es que el “modelo”, ya validado en Nicaragua, ahora estaría en una etapa de “adopción” en otros países latinoamericanos, empezando por nuestros vecinos de Centroamérica.

Pero ¿acaso es posible separar el diálogo económico con el Gobierno, con la ausencia de democracia y transparencia, y rendición de cuentas, que forma parte del mismo modelo? En una breve visita a El Salvador, hace unas semanas, entrevisté a líderes empresariales y analistas vinculados a la visión del sector privado y les pedí su opinión sobre el tema. Todos reconocen que sería deseable en su país un gobierno pro sector privado, que no intervenga en la economía de forma arbitraria como lo hace la administración del FMLN, pero ninguno quiere para El Salvador ni toleraría un régimen que conculque las libertades, y anule el contrapeso de las instituciones democráticas.

En otras palabras, a los grupos empresariales de los países de la región, les resulta ventajoso hacer inversiones y negocios bajo el esquema de Nicaragua, sin que eso valide al corporativismo autoritario como un modelo replicable, porque la otra parte de la ecuación, la dictadura institucional y la falta de democracia, les resulta intolerable. Al menos, eso fue lo que me dijo un influyente líder del empresariado salvadoreño: “nunca estaría dispuesto a anteponer mis intereses de negocios de corto plazo, sacrificando el interés general de la nación”.

Ciertamente, cuando el mensaje y la actuación del liderazgo empresarial se mimetiza con el discurso oficial de un régimen autoritario, las figuras públicas inevitablemente incurren en un costo reputacional que los caricaturistas son los primeros en detectar con la sátira de sus dardos. Ese es el oficio de los humoristas frente al poder en todas partes del mundo. Pero lo que deberíamos estar debatiendo en Nicaragua no es el derecho de los caricaturistas a criticar, que está fuera de discusión, sino el verdadero problema nacional que reclama una ruta de salida.

Sin democracia, y ahora con el desplome de la cooperación económica venezolana, el “modelo” actual, llámese Cosep, o corporativismo autoritario, carece de sostenibilidad a mediano plazo. Ese es el problema medular. Frente a esa encrucijada, el dilema de los grandes empresarios oscila entre el cortoplacismo, que conduce a la complicidad con el régimen y eventualmente a la incertidumbre, o empezar a convertirse, desde ahora, en actores democráticos para dejar de ser rehenes del autoritarismo y aportar a una solución duradera.

Este artículo apareció publicado originalmente en Confidencial .

 

“A la larga, toda la sociedad es rehén”: Claudia Umaña

Claudia Umaña, vicepresidenta de FUSADES de El Salvador, analiza la debacle institucional de Nicaragua.

Claudia Umaña, vicepresidenta de FUSADES

En El Salvador, la Sala Constitucional, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Fiscalía tienen un frente común contra la corrupción.

Carlos Fernando Chamorro, 9 mayo 2017 / CONFIDENCIAL

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) lleva el pulso del clima de negocios en este país desde 1999. Fundada en 1983 con una donación patrimonial de USAID, Fusades ha sido durante más de tres décadas el principal centro de pensamiento del sector privado de El Salvador. Primero, de forma sistemática sobre las políticas públicas en el campo económico y social, y desde hace unos años también en los temas políticos, legales, e institucionales.

La abogada Claudia Umaña, vicepresidente de FUSADES, investigadora jurídica, especializada de comercio internacional, instituciones democráticas, transparencia y modernización del Estado, es la encargada de llevar el  monitoreo político-institucional.

Umaña cuestiona la actitud hostil del gobierno del FMLN hacia el sector privado en su país, como uno de los factores agravantes que perjudican el clima de negocios, y reconoce el pragmatismo del Gobierno de Daniel Ortega para atraer capitales centroamericanos. Pero, al mismo tiempo, aludiendo a Nicaragua, afirma de forma categórica que “no se puede sacrificar libertades individuales por crecimiento económico”.

¿Cuál es el diagnóstico de FUSADES sobre la situación económica? ¿Por qué no está creciendo El Salvador?

El mayor desafío que tenido en el crecimiento económico es que el clima de inversión ha estado seriamente deteriorado desde hace un tiempo. FUSADES hace una encuesta empresarial sobre el clima de inversión desde 1999 hasta la actualidad, en que llegamos a un nivel desfavorable de un 52% en los últimos años, y actualmente, nuestra última encuesta,  un negativo de 48%. Desde 2009 hubo una baja que nunca se logró recuperar y ha sido por esta enemistad bastante obvia que ha existido entre el gobierno y el sector empresarial.

El clima de negocios en El Salvador

¿Qué es lo que más afecta el clima de inversión?

Hay tres elementos que coinciden:  delincuencia (26.6%), corrupción (14%) y burocracia (12%).  Estos son los principales obstáculos para hacer negocios.

El tema de las maras, las pandillas tiene un efecto en que el país se ha dividido en territorios, y el manejo territorial del hacer negocios ahora está absolutamente distorsionado. Lamentamos los niveles de homicidios diarios, que se han reducido en los últimos meses. El nivel de extorsiones también tiene un efecto muy importante en el hacer negocios en El Salvador, así como la flotilla de seguridad privada que se tiene que tener como un mecanismo de autodefensa, además de lo que se está pagando a nivel de impuestos para efectos de que el Estado haga lo propio.

¿Cuál es el peso específico de la corrupción?

En la dinámica empresarial hay una serie de quejas que van desde la tramitología y también las relaciones alrededor de los gobiernos locales. A nivel de burocracia, lamentablemente los gobiernos del FMLN no han logrado comprender que las regulaciones excesivas tienden a abrirle portillos a la corrupción.

¿Cómo funciona la relación entre el gobierno y el sector privado?

Los empresarios han visualizado que hay políticas gubernamentales erradas. El gobierno nunca logró sacar adelante una visión propositiva del país. Ahora recién se están haciendo esfuerzos para la venta de la imagen de país. Estamos a la expectativa, pero ha habido mucho tiempo perdido.

Tenemos megaproyectos que están absolutamente truncados, como el puerto de La Unión, en el que estamos en una zona fronteriza y régimen de condominio con Nicaragua. Cuando uno va a ahí dan ganas de llorar, porque es como que fuera un gran estacionamiento todo depredado y además ocioso.  La ideología ha sido más fuerte que la racionalidad, porque en la ley de asocio público privado y para poder licitar estas megaobras, el gobierno trata de mantener el control de los negocios. Hay una visión de que el porcentaje en un negocio que debe tener el sector privado debe ser más reducido, y que el gobierno sabe cómo manejar los negocios. Sin embargo, eso no ha sido exitoso.

¿El gobierno favorece u obstruye la relación con el sector privado?

Hay una visión bastante acusatoria en materia de evasión fiscal.  FUSADES está absolutamente a favor de que se combata la evasión. Eso es un requisito sine qua non, desde el momento que uno crea una legislación tributaria, pues igual quiere que se aplique de acuerdo a los objetivos de la ley.

Desde el gobierno hay una retórica — “los empresarios son evasores”, y hay un esfuerzo mínimo desde el ámbito administrativo para la recuperación de impuestos, de mora, y hay frustración del lado del Ejecutivo, porque los procesos duran  tiempo. Entonces ha habido más bien una visión “punitiva, metámoslo a la cárcel”, eso hace un proceso abreviado y asunto resuelto. Para ello ha habido intentos de crear un proyecto de ley de cobro de multas y deudas a favor del Estado, que también tiene serias deficiencias con lo que puede ser la presunción de inocencia y, en general, el tema de preservación de un debido proceso.

Otro tema ha sido una danza muy desafortunada que ha existido entre el gobierno del sector privado en torno a aquellas comisiones que ya existían en donde se tiene que trabajar colaborativamente. Ese ha sido el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, en que básicamente ha habido una imposición absoluta de parte del gobierno.

La presentación del presupuesto 2017 ha sido desbalanceado, no transparente, no se incluyen todos los gastos, y entonces esto genera un clima permanente de confrontación, porque luego hay que ir a negociar en la Asamblea Legislativa préstamos, y entonces ahí empieza la retórica –“que la oposición no me deja funcionar”.

Desde el Ejecutivo, hay una dinámica ambivalente, porque ciertos personeros del gobierno como el vicepresidente (Oscar) Ortiz, tienen un lenguaje pro apoyo de hacer negocios en El Salvador, pero luego otros ahuyentan claramente las inversiones.

 La lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito

¿Cómo afecta el clima de negocios que has descrito el funcionamiento de las otras instituciones democráticas del país: por ejemplo Corte Suprema de Justicia, la fiscalía, los tribunales?

Para FUSADES un eje fundamental de la democracia en El Salvador es que creemos que tenemos instituciones que comparativamente con otros países de Centroamérica funcionan mejor, hay funcionarios independientes en algunas de ellas, tenemos procesos legales que dan certeza jurídica. Es decir, hay una intermediación de las instituciones en el poder y generan contrapesos.

En el Salvador ha habido un importante despertar de la legislación que estaba dormida, particularmente de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que si bien data de 1959 se empezó a operativizar el año pasado, entonces eso ha sido como  que veíamos borroso, nos hemos puesto unos anteojos y ¡Dios mío!, ahora que si hemos visto de todo.

¿Quién lidera este proceso?

Hay tres instituciones que han rescatado la lucha contra la corrupción. Una es el Instituto de Acceso a la Información Pública, una ley que tiene cinco años pero que ha dado frutos muy importantes. A través de peticiones de acceso a la información la ciudadanía ha ido desentrañando qué es lo que pasa a través de las esferas del poder y de la acción gubernamental, y además con gran apoyo del periodismo investigativo.

Al empezar a preguntar y a descubrir, también se activó a través de la Ley de Enriquecimiento Ilícito el que en la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia se permitiera el acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, y de un día para otro haber tenido la posibilidad de ver que había personas que entraban a ejercer sus cargos con patrimonios bastante modestos y salían millonarios, había algo que no cuadrada, definitivamente.

¿Y la seccción de Probidad tiene autonomía?

Es una oficina que está dentro de la Corte Suprema de Justicia, y que había estado truncada, pero a partir del año pasado se activó. Pero todo esto surge por un tema de gran relevancia que en la Asamblea Legislativa se puedan dar procesos en que se elijan a funcionarios de segundo grado que sean independientes y que lleguen a aplicar la ley. Entonces lo que sucedió es que por la composición dentro de la Corte Suprema de Justicia, finalmente tuvo un mandato claro que le permitía no solo divulgar las declaraciones, sino que hacer un proceso de auditoría, y si se encontraba el mérito elevarlo a la instancia de la corte plena, para que esta a su vez procediera, si hubiera causa, a que se tramitara un juicio por enriquecimiento. Eso ha activado una dinámica nueva, pero el fin del juicio por enriquecimiento ilícito es la restitución de los dineros mal habidos, y la búsqueda de restitución de la parte económica hacia el Estado, y si esto constituye otros tipos de delitos como el lavado y otros tipos de delitos penales como el peculado, todo esto ya es parte de la Fiscalía General de la República.

Ha habido este despertar de la institucionalidad, en donde ha habido un trabajo más colaborativo entre la Corte Suprema, la Fiscalía y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Yo soy fiel creyente de que todo esto no hubiera podido suceder sin una sociedad civil muy proactiva, y ahí el rol de FUSADES con la creación, no solo de un anteproyecto de la Ley de Acceso a la Información, sino de haber logrado construir una red de apoyo hacia esa legislación.

Entonces, tenemos el problema del crecimiento económico y sus desafíos;  el tema de la inseguridad ciudadana y el impacto que tiene en lo económico;  y la institucionalidad democrática que ha logrado darle estabilidad al país, y además de traducirse en que tengamos una democracia, si bien con serios desafíos, tenemos instituciones que han logrado preservar el Estado de Derecho, aunque tenemos que mejorarlo.

 No sacrificar libertades individuales, por crecimiento económico

¿Cómo se ve desde  Fusades el modelo del Cosep en Nicaragua? Cosep reivindica una alianza económica con el Gobierno para aprobar leyes pro sector privado, y un diálogo en diversas instancias para generar resultados económicos. Mientras, en el ámbito institucional, el Gobierno ha provocado una regresión autoritaria, y tiene un control absoluto sobre el poder electoral, el judicial, la fiscalía, y la Contraloría. Pero los líderes del sector privado dicen que este este modelo está dando resultados y está entrando en una etapa de “adopción” en otros países, y han mencionado incluso a El Salvador.

Yo disiento de la tesis que, como país, como visión colectiva, estemos observando el modelo nicaragüense como uno viable para El Salvador. Y no porque no haya ciertos elementos favorables para hacer negocios y resulta que este año (Nicaragua) mejoró en los índices del doing business, mientras  El Salvador está en una caída libre en los índices de libertades económicas, de competitividad.

Pero hay una visión bastante diferente entre lo que es el compromiso con la democracia, con la República, y con las instituciones democráticas. Creo que en El Salvador no hay un consenso alrededor de que hay que sacrificar las libertades individuales por el crecimiento económico, y yo creo que eso es un camino diferente, es un camino más tormentoso, pero ciertamente más sostenible.

A mí no me gusta comentar acerca de la política de otros países porque cada quien tiene sus propios bemoles, pero en Nicaragua se ha perdido tanto, se perdió la independencia judicial, se ha perdido la independencia electoral, se ha concentrado el poder de unas formas muy parecidas a las que ya tuvieron en la época de la dictadura de Somoza. Entonces, a la larga está perdiendo toda la sociedad porque esta dinámica de ejercicio democrático de acceder al poder, que se hagan elecciones competitivas, que haya procesos transparentes en diferentes escenarios no solo en el electoral, sino que también en el hacer negocios, porque para hacer negocios no hay que estar tan cerca del poder, porque hay una gran tentación hacia la corrupción y hacia el manejo de la política con una visión economicista.

Pero el alegato en Nicaragua es que se han generado incentivos para atraer inversiones y capitales de la región,  de Guatemala, El Salvador, de México, de Colombia, y sostienen que el modelo da resultados y está funcionando.

Es correcto. Hay elementos positivos, yo lo he escuchado con ese pragmatismo. Pero es diferente establecer un negocio en un país en donde me están dando condiciones de seguridad y estabilidad, pero yo no habito ahí. No es mi país de residencia, yo no tengo que vivir con las leyes mordaza,  porque no hay que criticar al poder, o sea, ese no es mi problema, lo que yo quiero es llegar ahí a construir, a vender mis productos, y si a mí me dejan que mi producto se venda en el mercado o en la plaza pública, ahí vean ustedes qué hacen con la libertad de expresión, ahí que vea quién se mete en el tema del manejo de la represión.

Entonces, afortunadamente, en El Salvador no vamos en esa dirección. Lo cual no significa que no se vea como un modelo a veces atractivo por algunas fuerzas, sobre todo las políticas le ven lo atractivo que es la concentración del poder sin frenos y contrapesos; y el lado pragmático-empresarial “mientras a mí no me entorpezcan mi negocio, pues laissez faire”.  Pero eso a la larga yo no creo que nadie pueda dormir tranquilo, y lo peor es que el rehén en esa forma de manejo de la cosa pública, son los ciudadanos y cómo se les ha limitado su libertades individuales sus derechos humanos absolutamente atropellados, y cada día la sociedad como metiéndose en un adormecimiento que, tanto la élite económica como la élite política, han ayudado a fabricar en detrimento de valores.

La  referencia o el modelo del gobierno del FMLN pareciera estar entre Venezuela y Nicaragua. En algunos aspectos se inspiran en el modelo venezolano, pero tampoco han intervenido la economía de la manera en cómo Chávez y Maduro lo hicieron; y  por el otro lado, tampoco han tenido la apertura pro negocios privados que tiene el gobierno de Ortega, entonces,   ¿está en medio de los dos?

Sí, yo creo que el modelo  del FMLN en hacer negocios es absolutamente híbrido y sin la capacidad de manejar los dos escenarios. Primero, por falta de conocimiento en hacer negocios, o sea, yo creo de que es un poco mágico pensar que uno puede aprender de negocios solo por llegar a un cargo público; y dos, por falta de recursos económicos porque se hizo mucho doing business alrededor del dinero del petróleo venezolano, pero una vez se secó esa fuente de financiamiento, y sin tener una estructura bien armada de negocios, todo eso se cayó, se vino para abajo.

Derrotar la “Nica Act” en Managua. De Carlos Fernando Chamorro

Es imperativo vencer el miedo para denunciar y documentar la corrupción.

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, 7 abril 2017 / CONFIDENCIAL

La nueva versión de la ley Nica Act que pretende establecer el veto del gobierno de Estados Unidos a los créditos de Nicaragua ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), y el Fondo Monetario Internacional (FMI), es condenable por razones éticas y también prácticas. La pretensión de cercenar el acceso del pais a créditos internacionales para obras de desarrollo, no admite ninguna clase de justificación política. No solamente porque el acceso a los organismos multilaterales de crédito es un derecho soberano, sino además porque su suspensión perjudicaría más a la población al privarla de obras de infraestructura productiva y social, que a la dictadura que pretende sancionar.

Se trata de un proyecto de ley contrario al interés nacional. Pero la causa de la Nica Act no reside en las supuestas gestiones de sectores de la oposición en el congreso de Estados Unidos, como alega irresponsablemente un comunicado oficial, sino en la demolición de las instituciones democráticas provocada por el Gobierno. El único responsable de eventuales sanciones económicas y políticas es el presidente Ortega que ha violado de forma recurrente la Constitución de la República, en tanto con los fraudes electorales, la anulación de la separación de poderes, la represión política, y la corrupción, ha atropellado convenios internacionales suscritos por Nicaragua sobre democracia y derechos humanos.

El nuevo proyecto de la Nica Act amplía y endurece las condicionalidades que ya estaban contempladas en la ley aprobada el año pasado, pero es más grave áun porque ignora totalmente los resultados del acuerdo político entre el Gobierno y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que fueron concebidos para frenarla. Para nadie es un secreto que la única razón por la que el comandante Ortega accedió a dialogar con la OEA, fue por la amenaza de la Nica Act que surgió como consecuencia del cierre del espacio político antes de las elecciones de noviembre. Súbitamente, el Gobierno pasó de pedir la destitución de Almagro a dialogar a puertas cerradas con la OEA, mientras Almagro engavetó su informe sobre el colapso de la democracia en Nicaragua, para incentivar a Ortega a hacer pequeñas concesiones sobre la mecánica electoral.

El resultado fue un acuerdo político a ejecutarse en tres años que incluye un “borrón y cuenta nueva”, evidenciando el doble rasero de Almagro para tratar los casos de Nicaragua y Venezuela. Pero al revivir la Nica Act ignorando el diálogo con la OEA, los congresistas norteamericanos confirman que Almagro y Ortega desperdiciaron una oportunidad. El acuerdo no resulta creíble como una hoja de ruta para restablecer la democracia en Nicaragua, porque no toca los asuntos torales relacionados con la violación de la misma Carta Democrática de la OEA. Y si alguna duda quedaba, Ortega ha desacreditado el acuerdo con Almagro en el debate sobre la crisis de Venezuela, en el que su gobierno aparece defendiendo a la dictadura de Nicolás Maduro y atacando a la misma OEA, que supuestamente le serviría de paraguas ante el congreso norteamericano. De manera que mientras Almagro le reclama a los congresistas que la Nica Act “no es constructiva” y pide tiempo hasta que su diálogo brinde resultados, en su comunicado el gobierno de Ortega ni siquiera reivindica los compromisos mínimos que adquirió con Almagro y la OEA, porque en realidad su único interés ha sido ganar tiempo, sin haber tenido jamás la convicción de restablecer la democracia.

El futuro de la Nica Act como ley es, por ahora, impredecible pues depende de factores políticos asociados a la dinámica interna del Congreso y el Senado norteamericano. Lo único claro es que la amenaza de sanciones económicas solo puede ser derrotada en Managua y no en Washington. Aquí es donde está la raíz del problema: la demolición de las instituciones democráticas y la corrupción pública, que en este medio de comunicación hemos documentado con pruebas, sin que la Contraloria, la Fiscalía, la Asamblea Nacional, o la Corte Suprema de Justicia, hayan realizado alguna investigación oficial para castigar a los corruptos. La única virtud que tiene la Nica Act es que obligará a la sociedad nicaraguense, y en particular al sector privado que mantiene una alianza económica con el régimen autoritario, a confrontarse con el cáncer de la corrupción y la falta de transparencia pública, que por ahora no forma parte de su agenda.

En Nicaragua no necesitamos que el Departamento de Estado de EE.UU. publique un informe sobre la corrupción, como demanda la Nica Act, para constatar la existencia de una corrupción desenfrenada. Bastaría que las autoridades investiguen las denuncias que ha presentado la prensa independiente sobre el desvío ilegal de más de 4,000 millones de dólares de la cooperación estatal venezolana que, sin rendición de cuentas, han estado al servicio de los negocios privados de la familia presidencial. Y aunque esto no es viable a corto plazo, porque carecemos de un Estado democrático, es imperativo vencer el miedo para denunciar y documentar la corrupción. Si de verdad queremos frenar la Nica Act, el primer paso es ponerle límites a los abusos del poder y la corrupción. De lo contrario, el país seguirá siendo rehén de una dictadura institucional que ahora enfrenta la amenaza de sanciones sanciones económicas. Mañana puede ser incluso peor.

Nicaragua da refugio a los corruptos: Carlos Fernando Chamorro

El periodista nicaragüense cuestiona la forma en la que Ortega le dio asilo al expresidente Mauricio Funes.

Crítico. Chamorro cuestionó la llegada de Funes a tierra nicaragüense. Dice que casos como el del expresidente salvadoreño dañan imagen de su país.

Cristian Meléndez, 31 marzo 2017 / LPG

El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro aseguró que su país se está convirtiendo en refugio para exfuncionarios que son señalados en sus países de origen de haber cometido posibles actos de corrupción mientras estuvieron al frente de la gestión pública. Uno de los últimos inquilinos del país centroamericano es el expresidente de la república Mauricio Funes.

Funes actualmente es investigado por al menos cinco delitos que están relacionados con posibles actos de corrupción: peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias. Todos habrían sido cometidos entre 2009 y 2014 como el primer presidente de la república bajo la bandera del FMLN. Eso lo llevó a pedir, con ayuda de dicho instituto político, asilo en Nicaragua, el cual fue aprobado por Daniel Ortega de forma exprés el 1.º de septiembre de 2016.
“Dar asilo es parte de una política muy particular del gobierno del presidente Daniel Ortega, que en los últimos meses ha acogido a varios exfuncionarios públicos que en sus países están siendo señalados por sus autoridades por casos de corrupción o que están en proceso de investigación”, expresó Chamorro al consultarle sobre el beneficio que le otorgó el gobierno sandinista a Funes.

Para Chamorro, quien también es el director del diario Confidencial, de Nicaragua, lo más recomendable es que el expresidente Funes dirima sus problemas legales en los tribunales salvadoreños.

Chamorro considera que la forma en la que Ortega da protección a exfuncionarios, y en este caso al ex presidente salvadoreño, afecta la imagen del país ante la región por obstaculizar los debidos procesos.

“Desde la óptica de Nicaragua, yo considero que daña la imagen de Nicaragua el que nuestro país esté de manera recurrente ofreciendo protección bajo el concepto de asilo político a ex funcionarios públicos que están siendo señalados en sus países por casos de corrupción”, dijo el periodista.

El comunicador aseguró que en Nicaragua poco o nada se sabe de la situación del expresidente salvadoreño, excepto, según dijo, que es uno de los protegidos del presidente Ortega.

“El Gobierno de Nicaragua es un Gobierno secretista, es un Gobierno que actúa de manera discrecional y que no se rige por leyes ni ninguna rendición de cuentas”, dijo Chamorro.

El periodista dice que lo mejor que debería hacer el expresidente Funes, así como el resto de exfuncionarios a los que Ortega les ha dado asilo, “es someterse a los requerimientos que la justicia está planteando en sus países”.

Compromiso con Maduro

Otro de los aspectos de los que habló Chamorro es de la situación que se ha vivido en la región y la problemática en Venezuela.

Para Chamorro, Nicaragua apoya a Venezuela en las reuniones de la Organización de Estados Americanos (OEA) como “consecuencia de la relación clientelar que el gobierno de Ortega tiene con Nicolás Maduro”.

El periodista dice que hay contradicción en el discurso que maneja el gobierno nicaragüense, porque por un lado acepta dialogar con el secretario general de la OEA, pero por otro lado cataloga de injerencia las acciones de la organización en Venezuela.

También, para el director del diario Confidencial, de Nicaragua, todo esto es parte de los procesos de regresión autoritaria que se han implementado en la gestión de Ortega.

La segunda derrota política de Ortega. De Carlos Fernando Chamorro

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Campesinos enfrentan a antimotines en La Lechera, Nueva Guinea

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaraguense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, 30 noviembre 2016 / CONFIDENCIAL

La represión generalizada desatada por el régimen Ortega-Murillo para impedir una movilización campesina hacia Managua, representa la segunda gran derrota política de la dictadura familiar este año, después de la jornada nacional de protesta que se plasmó en la abstención masiva en las elecciones del seis de noviembre.

El recién reelecto mandatario, que supuestamente cuenta con un abrumador apoyo del 72% del electorado, ha demostrado que mantiene un férreo control sobre las fuerzas policiales –ahora dirigidas por su consuegro el general Francisco Díaz–, pero no puede gobernar tolerando la existencia de una oposición democrática. Ortega estableció decenas de retenes con policías antimotines en las principales carreteras del país, imponiendo un virtual estado de sitio a nivel nacional. Bloqueó las salidas de las comunidades rurales y las entradas a la capital para impedir una protesta pacífica, la número 82 del movimiento campesino, cuyo objetivo es demandar la derogación de la ley canalera y la celebración de elecciones libres.

confidencialComo en la época de la guardia de Somoza, la policía cateó los buses para detener “sospechosos” y disparó balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Y en las zonas núcleo de la protesta, en las comunidades campesinas de Nueva Guinea, llegó al extremo de cortar las carreteras e inutilizar los puentes, una infraestructura nacional utilizada por todos, para impedir el tránsito de los camiones. Este acto inverosímil ilustra cuán aislada de la realidad se encuentra la pareja presidencial, que en su afán de aplicar una odiosa represión no le importó incurrir en el vandalismo oficial, aún a costa del daño que ha causado a toda la sociedad. Pero también revela los niveles de peligrosidad a los que puede llegar la represión en Nicaragua, pues los que detentan el poder no solo carecen de escrúpulos éticos o morales, sino que tampoco existen límites o contrapesos legales o institucionales ante su ambición e irracionalidad, y sólo podrán ser frenados por la fuerza del pueblo que les hace resistencia.

La militarización está demostrando que ante una oposición democrática –en este caso un movimiento social que ha logrado encarnar un anhelo nacional de soberanía y elecciones libres–, el régimen autoritario solo puede gobernar con más represión. La estabilidad que Ortega ofrece a sus aliados, los grandes empresarios y los inversionistas, es por lo tanto precaria porque no se sustenta en el consenso democrático. Es una estabilidad autoritaria basada en el garrote que a la larga, como la corrupción, conduce a la inestabilidad. De manera que si de verdad los grandes empresarios están preocupados por el deterioro del clima de negocios y las amenazas de la ley Nica Act, deberían empezar por exigir democracia y transparencia, y además libertad de movilización y el cese de la represión.

La jornada nacional en demanda de soberanía y elecciones libres aun no ha terminado, pero ya ha logrado un resultado político irreversible. En primer lugar, el reconocimiento nacional al liderazgo campesino agrupado en torno al Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, que representa la primera línea de defensa de la decencia nacional. La resistencia campesina ha obligado a Ortega a exhibirse ante la Organización de Estados Americanos, OEA, no solo como un caudillo tramposo que realiza farsas electorales sin competencia ni observación electoral, sino además como el patrón de un régimen represivo que ha conculcado los más elementales derechos civiles y políticos de la población. En consecuencia, en la agenda del diálogo político entre la OEA y el gobierno, que según el secretario general Luis Almagro se ha ampliado hacia todas las fuerzas políticas y sociales del país, las violaciones a todos los derechos políticos contemplados en la Carta Democrática, debe pasar a ocupar ahora un lugar prioritario. El país está demandando elecciones libres con plenas libertades políticas, empezando con la libertad de opinión y movilización. Es decir, elecciones libres sin represión.

Bienvenido a Nicaragua, señor Almagro. Nadie espera de la OEA una solución política o una plataforma de cambio que los nicaragüenses no seamos capaces de construir con nuestras propias fuerzas. Lo único que le demandamos es que invite a la sede de la OEA en Managua, a doña Francisca Ramírez, la líder del movimiento campesino que ha hecho posible el milagro político de evidenciar la desnudez del rey. Si su intención es escuchar a todas las fuerzas políticas y sociales representativas del país, reúnase con doña “Chica”. Usted tiene en sus manos la llave para frenar la represión, al menos durante veinticuatro horas, para que la caravana campesina avance hacia Managua.

Crónicas de un funeral electoral. De Carlos Fernando Chamorro

El 6 de noviembre pasará a la historia como un día triste del cual no hay nada que celebrar porque no gana nadie en el país cuando falla la democracia.

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, 15 noviembre 2016 / EDH

Lejos de ser una “fiesta cívica”, la farsa electoral transformó las elecciones del pasado 6 de noviembre en un funeral electoral donde se enterró la democracia en Nicaragua, la que radica en la credibilidad del sistema representativo y la alternabilidad en el poder público.

No se puede congratular a Daniel Ortega por haber destruido  poco a poco, golpe a golpe, la confianza del pueblo nicaragüense en el proceso electoral representativo, transparente y libre que es la base fundamental de la paz y la convivencia pacífica. La apatía no es presea democrática, sino la participación.

Diga lo que digan las cifras de abstención que da el Consejo Supremo electoral, para los ojos de cualquier observador internacional este es un proceso fallido porque hubo una abstención que ronda entre el 70 % y el 80 %, lo cual es fácilmente comprobable con la evidencia gráfica de miles de reporteros ciudadanos que con sus celulares tomaron fotos de unas inexistentes filas de votación, las que en 1990 y otras elecciones subsiguientes, le daban la vuelta a la manzana.

Solo en Corea del Norte una mentira tan grande puede ser asimilada como verdad por el control totalitario que existe sobre la ciudadanía y los medios de comunicación.

La farsa electoral se convirtió en un verdadero plebiscito: ganó el NO a la farsa electoral, lo que equivale a decir que ganó el SI a elecciones libres, transparentes y con observación nacional e internacional.

diario hoyNo se puede congratular Ortega ni Doña Rosario de haber erosionado poco a poco la confianza del pueblo nicaragüense que su voto realmente cuenta, que su voto elige, porque tarde o temprano  deberán corregir el camino andado y revertir el rumbo que lleva el país, que inexorablemente nos lleva a la confrontación.

Podrán celebrar ahora el autoengaño, pero es una victoria pírrica ya que el poder escogió a sus adversarios. Es como al boxeador que le ponen contrincantes “de paquete” por temor a que sorpresivamente aparezca uno que lo pueda derrotar, como ocurrió con este mismo boxeador en la contienda de 1990.

Los resultados son tan inverosímiles como los de Corea del Norte, excepto que allá no tienen empacho en adjudicarle el 100 % de los votos a Kim Jon-un y donde abstenerse, o votar “No” es considerado como un acto de traición a la patria.

Aquí aún se permite el voto por los otros candidatos de la farsa para darle más credibilidad y no se castiga la abstención como  una traición, así que aún estamos mucho más avanzados democráticamente hablando, que Corea del Norte.

El periodista Jan Martínez Ahrens del prestigioso diario español El País, resume el “triunfo” de Ortega en el primer párrafo de su nota del lunes 7 noviembre de la siguiente manera:

“No han hecho falta mítines, ni debates, ni tan siquiera campaña. El triunfo electoral de Daniel Ortega era tan previsible como su candidatura. Ilegalizada la única oposición real, barridos los observadores internacionales, controlados todos los resortes del poder, era imposible que el antiguo comandante sandinista perdiese los comicios de este domingo. El desenlace estaba escrito de antemano e incluso ese masivo 72 % que le han otorgado las urnas, importaba poco. Lo grave, lo vital, lo único, era su continuidad. Y ese objetivo se ha logrado. Aunque a un alto coste”.

El periodista español casi acierta justamente, porque de acuerdo al conteo final del Consejo Supremo Electoral, Ortega obtuvo el 72.5 % de los votos, e increíblemente los magistrados vieron participar al 68.2% de la población, algo que va en contra de todos los que tuvieron ojos para ver y cámaras para comprobar la raquítica afluencia ciudadana en las JRV.

A los partidos “opositores” les asignaron un 27.5 % de esa invisible montaña de votos por lo que tendrán alguna representación en el parlamento, pero mucho menos que el 40% que les otorgó Somoza al Partido Conservador zancudo de Agüero por participar en la farsa electoral de 1974 en que, también sin sorpresas, resultó reelecto.

El 6 de noviembre pasará a la historia como un día triste del cual no hay nada que celebrar porque no gana nadie en el país cuando falla la democracia y se pierde la confianza en el voto para elegir.

 

“Ortega está orquestando una sucesión dinástica en Nicaragua”: Carlos Fernando Chamorro

diario hoySegún el director del periódico nicaragüense Confidencial, el presidente Daniel Ortega busca preservar el poder en su familia y consolidar un modelo político basado en el autoritarismo y la corrupción.

Carlos Fernando Chamorro habló del chantaje Ortega y el FSLN con los medios de comunicación.

Carlos Fernando Chamorro habló del chantaje de Ortega y el FSLN con los medios de comunicación.

Entrevista de Ricardo Avelar, 2 agosto 2016 / EDH

El 29 de julio pasado, el presidente nicaragüense Daniel Ortega consolidó una de sus principales pretensiones desde que asumió el poder en enero de 2007: gobernar sin una oposición formal, después de la destitución de 28 diputados opositores en la Asamblea Nacional.

El Diario de Hoy conversó sobre el clima político, las alianzas del régimen y el deterioro de las libertades civiles con el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, director del periódico Confidencial y del Centro de Investigaciones de la Comunicación, quien ilustró con mayor profundidad las ambiciones de poder de Ortega  y su esposa, Rosario.
 
¿Cómo se resumen los últimos sucesos en Nicaragua?
Esto empieza el 4 de junio, cuando Daniel Ortega prohíbe la observación electoral para las elecciones del 6 de noviembre y dice que los observadores son unos sinvergüenzas.
El 8 de junio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emite una resolución en la cual despoja de la representación legal del PLI  a quienes en 2011 representaron a la oposición y obtuvieron 26 diputados. Había otro grupo que impugnaba la forma en que se constituyó el partido.
Le dicen a la oposición que la personería en torno a la que hicieron coalición ya no es legal y los candidatos ya no son los que nominaron. Le trasladan representación a otro grupo sin peso político, a la oposición la dejan sin derecho de ir a la elección. La semana pasada se cierra el periodo para inscribir alianzas electorales y la oposición no pudo inscribirse, esta no tiene casilla electoral o candidato.
Lo último sucedido la semana pasada es que el Consejo Supremo Electoral (CSE) ratificó la resolución de la CSJ diciendo que los 16 diputados propietarios y 12 suplentes opositores del PLI quedan destituidos. El CSE argumenta que a estos diputados se le aplican los artículos legales que se hicieron para castigar el transfuguismo. Todos estos son subterfugios legales. Ni la CSJ ni el CSE son poderes autónomos o plurales, son extensiones partidarias del Frente Sandinista y el control de Ortega en el Ejecutivo. Dos instituciones que deberían ser del Estado y aplicar la ley están solo ejecutando órdenes políticas y partidarias que dejaron a la oposición sin casilla y sin posibilidad de elecciones y destituyen a diputados electos.
 
¿Qué reacción popular se ha generado?
Hicimos un sondeo en la calle y no se vive un ambiente de alarma o emergencia por la trascendencia que tienen estas acciones. Eso se explica por varias razones. Por un lado, la población está desconectada de la política. Esta se ha desprestigiado en los últimos años como resultado de los fraudes electorales, el control social y la cooptación del sandinismo. Además no hay expectativa de que estas elecciones iban a ser competitivas.
 
¿Hay una base de clientelismo en apoyo al régimen que pueda contrarrestar una posible movilización de la oposición?
Objetivamente hablando, Ortega llegó al poder en 2007 con un apoyo del 38%. Después de nueve años en el poder, el techo electoral sobrepasa el 50%, en gran parte por el asistencialismo y la cooptación del Estado y que la oposición se ha debilitado. Este es un régimen autoritario con apoyo popular.
 
Numéricamente hablando, la base del oficialismo puede callar cualquier protesta…
Cuando ha habido intentos de disputarle al régimen espacios públicos la respuesta ha sido represión con fuerzas paramilitares, policiales. Hay intimidación pues los derechos de movilización política han sido conculcados. Hay miedo de manifestarse. Es real que el gobierno tiene un músculo en su estructura, en el control de todas las alcaldías del país y el control de todo el aparato del estado. En Nicaragua no hay un movimiento opositor pujante sino un oficialismo con gran capacidad de movilizar fuerzas políticas.
 
El relato popular dice que Nicaragua es una especie de “dictablanda”, con estabilidad e inversiones. ¿Son los eventos recientes una confirmación de una dictadura pura y dura?
Las acciones de junio para acá son una realidad muy específica pero esto es un proceso regresivo desde 2008, cuando se impuso un fraude electoral descarado en las elecciones municipales. Hubo represión contra las protestas y se fueron cooptando a las fuerzas armadas y la policía que dejaron de ser fuerzas profesionales para ser extensiones políticas del régimen.
En 2011 hubo otra elección donde Ortega se reeligió ilegalmente. No tenía forma de presentarse como candidato pero a través de un subterfugio de la CSJ reformó la Constitución para ser candidato a presidente. Se reeligió y obtuvo mayoría calificada. En 2014 estableció reelección indefinida. Esto no es algo que ha ocurrido solo en los últimos dos meses. Estos últimos eventos son la consecuencia natural de un proceso progresivo de concentración del poder y regresión autoritaria en el país.
Lo que puedo decir es que cada vez que el régimen es desafiado responde duro, con represión paramilitar, policial y en el interior del país ha habido hasta ejecuciones de opositores.
El régimen también tiene desde 2009 una alianza muy consistente con el sector empresarial, en torno a la estabilidad macroeconómica y favorecer que se desarrollen inversiones y negocios. Aquí hay autoritarismo político puro y duro y oportunidades de negocio para el capital si este no se involucra en política.

¿Esta luna de miel con el empresariado sigue viva?
En este momento se mantiene inalterable. Lo que se conoce es que hay preocupación en el empresariado; en comunicados dicen que estas últimas acciones no le convienen al país porque puede afectar a mediano plazo el clima de negocios al deteriorarse el pluralismo político, la división de poderes y la democracia. Ahora, esta es una declaración que expresa preocupación. Que eso se transforme en una acción de los grandes empresarios es incierto y no se tiene conocimiento de alguna presión sobre el gobierno. Se conoce que el capital le pidió a Ortega desde inicios de junio una reunión para hablar sobre estos temas y que no ha habido respuesta del gobierno.
El gobierno mantiene su política con el capital de dialogar sobre las leyes económicas y negocios, pero no sobre política.
 
¿Esta relación será sostenible? ¿No hay riesgo de que Ortega rompa esta cordialidad?
Ese es uno de los dilemas que enfrenta este régimen a mediano plazo. Hasta ahora ha conjugado autoritarismo y represión con un clima de negocios pro inversión privado. La historia demuestra que hay muchos ejemplos de gobiernos que han hecho esta combinación, pero no es duradera. El clima de negocios requiere de instituciones democráticas permanentes, de transparencia, rendición de cuentas. Este es un dilema que los propios empresarios enfrentarán en los próximos años en la medida en que otros factores económicos afecten al país.
Yo entrevisté al representante del FMI la semana pasada y decía que Nicaragua tiene nubarrones en el horizonte. Hay proyecciones estables pero nubarrones asociados al deterioro de los precios de productos internacionales y la reducción de la cooperación venezolana que ha sido uno de los pilares de este régimen. La pregunta de si durará o no la deben responder los empresarios pero han sido los principales beneficiarios de la alianza con el gobierno.
 
Ha hecho comparaciones con el somocismo. ¿Este régimen trasciende las ideologías?
Ortega predica un discurso que intenta asociarse a las banderas de la revolución de 1979, pero en la práctica sigue políticas represivas y aspectos neoliberales. Él critica los 16 años de neolibralismo en Nicaragua de 1990 a 2006 pero sus políticas dan continuidad a estas políticas. Es un régimen de discurso revolucionario con políticas autoritarias, no hay ningún progresismo o revolución.
 
¿Qué tanto han empeorado las limitaciones a las libertades y a la prensa?
Si se compara la situación actual con 2006, es más fácil entender que se ha producido una drástica regresión, de un sistema que era competitivo, pluralista y abierto a muchas voces a un sistema actual en el que predomina un duopolio en la televisión donde de los nueve canales, están en manos de la familia Ortega Murillo o en manos del mexicano Ángel González, además de un clima de autocensura.
Además ha existido un drástico deterioro en los derechos ciudadanos de manifestarse, expresarse o tener acceso a los medios de comunicación. Se practica la libertad de expresión con represalias en algunos pocos medios independientes que aún quedan en Nicaragua.
 
¿Como medio han tenido problemas ?
Los pocos medios independientes tienen cero acceso a publicidad pública, a fuentes oficiales, se nos excluye de conferencias de prensa y hasta de las audiencias judiciales. Hay también campañas de intimidación y hostigamiento contra periodistas y medios. En 2008 fuimos objeto de una presunta investigación de lavado de dinero que derivó en la ocupación de nuestras oficinas por la Fiscalía con más de 40 policías. Se nos quería atribuir un delito que nunca pudieron probar, pero en el fondo eso respondía a un acto de intimidación por la labor de periodismo independiente y la labor de fiscalización del poder que realizamos.
 
¿Qué viene para Nicaragua, especialmente con elecciones a la vuelta de la esquina?
Las elecciones persiguen refrendar el tercer periodo de Ortega. La legitimidad de su reelección está cuestionada por la oposición y otros sectores de la sociedad civil como una farsa electoral. Participará el FSLN y partidos satélite o “zancudo” sin credibilidad o legitimidad.
Hay que ver si la oposición logra movilizar a la población para denunciar la farsa electoral. No se prevé un cambio político inmediato. Ortega asumirá en enero de 2017 en un contexto de mayor ilegitimidad, pero lo que viene es difícil de predecir porque hay muchos factores.
Entre los factores externos, es diferente una dictadura en bonanza que una en miseria…
El apoyo venezolano ha sido clave para financiar el clientelismo y afianzar la alianza con el sector privado, unos $3,500 millones en los últimos ocho años, de los cuales como el 60% se ha desviado a actividades privadas lucrativas. Con ese dinero se ha creado un consorcio económico que controla la familia Ortega que se llama Albanisa. Esa cooperación que se manejó como un presupuesto paralelo sin auditoría estatal se ha reducido.
No es que el gobierno se vaya a desplomar pero le resta flexibilidad para resolver problemas o mantener la alianza con el capital. Para decirlo sencillamente, esa cooperación le permitió a Ortega no tener que hacer una verdadera reforma tributaria. Al reducirse esos recursos sus relaciones serán tensas porque siempre hay una disputa por recursos del estado.
 
¿En Nicaragua no ha habido procesos sistemáticos de reforma tributaria?
Las principales leyes económicas implementadas han sido consensuadas con el capital. Aquí no se discuten ni en el parlamento ni en consultas públicas. Esa ha sido la prerrogativa del régimen al empresariado, que ha dictado las reglas económicas a su conveniencia.
 
En un país poco acostumbrado a una oposición pujante, ¿qué puede venir después?
Lo que vemos es un régimen que no está en una etapa de debilidad, sino en una etapa de fortalecimiento, adoptando medidas que lesionan su propia legitimidad y por otro lado se sostiene esa alianza pero también se sostiene en un estado de control personalista que difícilmente es sostenible.
Además se sostiene en una estructura que fomenta la corrupción pública porque no hay sistema de control o rendición de cuentas.
 
El modelo de Ortega no está agotado entonces…
Este martes (hoy) es el día tope para inscripción de candidaturas presidenciales y de diputados para el 6 de noviembre. Ahí sabremos si en la lista de candidatos aparece Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega. Ortega está orquestando no una sucesión democrática sino una heredada o dinástica.
 
Entonces el rol de Rosario Murillo es clave…
Ella juega un rol de “copresidenta”. Formalmente es vocera del gobierno y en la práctica es como una primera ministra atendiendo los asuntos del día a día del gobierno, pero no tiene una relación institucional con la sucesión del poder.
 
Se ha hablado de las recientes acciones como un golpe de Estado. ¿Se le puede considerar así o compararlo a lo que hizo Fujimori en Perú o Serrano Elías en Guatemala?
No creo que sea un autogolpe porque no se trata de suprimir el parlamento, sino un golpe al pluralismo. Se está eliminando la representación de diputados electos por el voto popular y se le cercena a los electores su derecho no