Carlos Fernando Chamorro

Derrotar la “Nica Act” en Managua. De Carlos Fernando Chamorro

Es imperativo vencer el miedo para denunciar y documentar la corrupción.

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, 7 abril 2017 / CONFIDENCIAL

La nueva versión de la ley Nica Act que pretende establecer el veto del gobierno de Estados Unidos a los créditos de Nicaragua ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), y el Fondo Monetario Internacional (FMI), es condenable por razones éticas y también prácticas. La pretensión de cercenar el acceso del pais a créditos internacionales para obras de desarrollo, no admite ninguna clase de justificación política. No solamente porque el acceso a los organismos multilaterales de crédito es un derecho soberano, sino además porque su suspensión perjudicaría más a la población al privarla de obras de infraestructura productiva y social, que a la dictadura que pretende sancionar.

Se trata de un proyecto de ley contrario al interés nacional. Pero la causa de la Nica Act no reside en las supuestas gestiones de sectores de la oposición en el congreso de Estados Unidos, como alega irresponsablemente un comunicado oficial, sino en la demolición de las instituciones democráticas provocada por el Gobierno. El único responsable de eventuales sanciones económicas y políticas es el presidente Ortega que ha violado de forma recurrente la Constitución de la República, en tanto con los fraudes electorales, la anulación de la separación de poderes, la represión política, y la corrupción, ha atropellado convenios internacionales suscritos por Nicaragua sobre democracia y derechos humanos.

El nuevo proyecto de la Nica Act amplía y endurece las condicionalidades que ya estaban contempladas en la ley aprobada el año pasado, pero es más grave áun porque ignora totalmente los resultados del acuerdo político entre el Gobierno y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que fueron concebidos para frenarla. Para nadie es un secreto que la única razón por la que el comandante Ortega accedió a dialogar con la OEA, fue por la amenaza de la Nica Act que surgió como consecuencia del cierre del espacio político antes de las elecciones de noviembre. Súbitamente, el Gobierno pasó de pedir la destitución de Almagro a dialogar a puertas cerradas con la OEA, mientras Almagro engavetó su informe sobre el colapso de la democracia en Nicaragua, para incentivar a Ortega a hacer pequeñas concesiones sobre la mecánica electoral.

El resultado fue un acuerdo político a ejecutarse en tres años que incluye un “borrón y cuenta nueva”, evidenciando el doble rasero de Almagro para tratar los casos de Nicaragua y Venezuela. Pero al revivir la Nica Act ignorando el diálogo con la OEA, los congresistas norteamericanos confirman que Almagro y Ortega desperdiciaron una oportunidad. El acuerdo no resulta creíble como una hoja de ruta para restablecer la democracia en Nicaragua, porque no toca los asuntos torales relacionados con la violación de la misma Carta Democrática de la OEA. Y si alguna duda quedaba, Ortega ha desacreditado el acuerdo con Almagro en el debate sobre la crisis de Venezuela, en el que su gobierno aparece defendiendo a la dictadura de Nicolás Maduro y atacando a la misma OEA, que supuestamente le serviría de paraguas ante el congreso norteamericano. De manera que mientras Almagro le reclama a los congresistas que la Nica Act “no es constructiva” y pide tiempo hasta que su diálogo brinde resultados, en su comunicado el gobierno de Ortega ni siquiera reivindica los compromisos mínimos que adquirió con Almagro y la OEA, porque en realidad su único interés ha sido ganar tiempo, sin haber tenido jamás la convicción de restablecer la democracia.

El futuro de la Nica Act como ley es, por ahora, impredecible pues depende de factores políticos asociados a la dinámica interna del Congreso y el Senado norteamericano. Lo único claro es que la amenaza de sanciones económicas solo puede ser derrotada en Managua y no en Washington. Aquí es donde está la raíz del problema: la demolición de las instituciones democráticas y la corrupción pública, que en este medio de comunicación hemos documentado con pruebas, sin que la Contraloria, la Fiscalía, la Asamblea Nacional, o la Corte Suprema de Justicia, hayan realizado alguna investigación oficial para castigar a los corruptos. La única virtud que tiene la Nica Act es que obligará a la sociedad nicaraguense, y en particular al sector privado que mantiene una alianza económica con el régimen autoritario, a confrontarse con el cáncer de la corrupción y la falta de transparencia pública, que por ahora no forma parte de su agenda.

En Nicaragua no necesitamos que el Departamento de Estado de EE.UU. publique un informe sobre la corrupción, como demanda la Nica Act, para constatar la existencia de una corrupción desenfrenada. Bastaría que las autoridades investiguen las denuncias que ha presentado la prensa independiente sobre el desvío ilegal de más de 4,000 millones de dólares de la cooperación estatal venezolana que, sin rendición de cuentas, han estado al servicio de los negocios privados de la familia presidencial. Y aunque esto no es viable a corto plazo, porque carecemos de un Estado democrático, es imperativo vencer el miedo para denunciar y documentar la corrupción. Si de verdad queremos frenar la Nica Act, el primer paso es ponerle límites a los abusos del poder y la corrupción. De lo contrario, el país seguirá siendo rehén de una dictadura institucional que ahora enfrenta la amenaza de sanciones sanciones económicas. Mañana puede ser incluso peor.

Nicaragua da refugio a los corruptos: Carlos Fernando Chamorro

El periodista nicaragüense cuestiona la forma en la que Ortega le dio asilo al expresidente Mauricio Funes.

Crítico. Chamorro cuestionó la llegada de Funes a tierra nicaragüense. Dice que casos como el del expresidente salvadoreño dañan imagen de su país.

Cristian Meléndez, 31 marzo 2017 / LPG

El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro aseguró que su país se está convirtiendo en refugio para exfuncionarios que son señalados en sus países de origen de haber cometido posibles actos de corrupción mientras estuvieron al frente de la gestión pública. Uno de los últimos inquilinos del país centroamericano es el expresidente de la república Mauricio Funes.

Funes actualmente es investigado por al menos cinco delitos que están relacionados con posibles actos de corrupción: peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias. Todos habrían sido cometidos entre 2009 y 2014 como el primer presidente de la república bajo la bandera del FMLN. Eso lo llevó a pedir, con ayuda de dicho instituto político, asilo en Nicaragua, el cual fue aprobado por Daniel Ortega de forma exprés el 1.º de septiembre de 2016.
“Dar asilo es parte de una política muy particular del gobierno del presidente Daniel Ortega, que en los últimos meses ha acogido a varios exfuncionarios públicos que en sus países están siendo señalados por sus autoridades por casos de corrupción o que están en proceso de investigación”, expresó Chamorro al consultarle sobre el beneficio que le otorgó el gobierno sandinista a Funes.

Para Chamorro, quien también es el director del diario Confidencial, de Nicaragua, lo más recomendable es que el expresidente Funes dirima sus problemas legales en los tribunales salvadoreños.

Chamorro considera que la forma en la que Ortega da protección a exfuncionarios, y en este caso al ex presidente salvadoreño, afecta la imagen del país ante la región por obstaculizar los debidos procesos.

“Desde la óptica de Nicaragua, yo considero que daña la imagen de Nicaragua el que nuestro país esté de manera recurrente ofreciendo protección bajo el concepto de asilo político a ex funcionarios públicos que están siendo señalados en sus países por casos de corrupción”, dijo el periodista.

El comunicador aseguró que en Nicaragua poco o nada se sabe de la situación del expresidente salvadoreño, excepto, según dijo, que es uno de los protegidos del presidente Ortega.

“El Gobierno de Nicaragua es un Gobierno secretista, es un Gobierno que actúa de manera discrecional y que no se rige por leyes ni ninguna rendición de cuentas”, dijo Chamorro.

El periodista dice que lo mejor que debería hacer el expresidente Funes, así como el resto de exfuncionarios a los que Ortega les ha dado asilo, “es someterse a los requerimientos que la justicia está planteando en sus países”.

Compromiso con Maduro

Otro de los aspectos de los que habló Chamorro es de la situación que se ha vivido en la región y la problemática en Venezuela.

Para Chamorro, Nicaragua apoya a Venezuela en las reuniones de la Organización de Estados Americanos (OEA) como “consecuencia de la relación clientelar que el gobierno de Ortega tiene con Nicolás Maduro”.

El periodista dice que hay contradicción en el discurso que maneja el gobierno nicaragüense, porque por un lado acepta dialogar con el secretario general de la OEA, pero por otro lado cataloga de injerencia las acciones de la organización en Venezuela.

También, para el director del diario Confidencial, de Nicaragua, todo esto es parte de los procesos de regresión autoritaria que se han implementado en la gestión de Ortega.

La segunda derrota política de Ortega. De Carlos Fernando Chamorro

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Campesinos enfrentan a antimotines en La Lechera, Nueva Guinea

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaraguense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, 30 noviembre 2016 / CONFIDENCIAL

La represión generalizada desatada por el régimen Ortega-Murillo para impedir una movilización campesina hacia Managua, representa la segunda gran derrota política de la dictadura familiar este año, después de la jornada nacional de protesta que se plasmó en la abstención masiva en las elecciones del seis de noviembre.

El recién reelecto mandatario, que supuestamente cuenta con un abrumador apoyo del 72% del electorado, ha demostrado que mantiene un férreo control sobre las fuerzas policiales –ahora dirigidas por su consuegro el general Francisco Díaz–, pero no puede gobernar tolerando la existencia de una oposición democrática. Ortega estableció decenas de retenes con policías antimotines en las principales carreteras del país, imponiendo un virtual estado de sitio a nivel nacional. Bloqueó las salidas de las comunidades rurales y las entradas a la capital para impedir una protesta pacífica, la número 82 del movimiento campesino, cuyo objetivo es demandar la derogación de la ley canalera y la celebración de elecciones libres.

confidencialComo en la época de la guardia de Somoza, la policía cateó los buses para detener “sospechosos” y disparó balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Y en las zonas núcleo de la protesta, en las comunidades campesinas de Nueva Guinea, llegó al extremo de cortar las carreteras e inutilizar los puentes, una infraestructura nacional utilizada por todos, para impedir el tránsito de los camiones. Este acto inverosímil ilustra cuán aislada de la realidad se encuentra la pareja presidencial, que en su afán de aplicar una odiosa represión no le importó incurrir en el vandalismo oficial, aún a costa del daño que ha causado a toda la sociedad. Pero también revela los niveles de peligrosidad a los que puede llegar la represión en Nicaragua, pues los que detentan el poder no solo carecen de escrúpulos éticos o morales, sino que tampoco existen límites o contrapesos legales o institucionales ante su ambición e irracionalidad, y sólo podrán ser frenados por la fuerza del pueblo que les hace resistencia.

La militarización está demostrando que ante una oposición democrática –en este caso un movimiento social que ha logrado encarnar un anhelo nacional de soberanía y elecciones libres–, el régimen autoritario solo puede gobernar con más represión. La estabilidad que Ortega ofrece a sus aliados, los grandes empresarios y los inversionistas, es por lo tanto precaria porque no se sustenta en el consenso democrático. Es una estabilidad autoritaria basada en el garrote que a la larga, como la corrupción, conduce a la inestabilidad. De manera que si de verdad los grandes empresarios están preocupados por el deterioro del clima de negocios y las amenazas de la ley Nica Act, deberían empezar por exigir democracia y transparencia, y además libertad de movilización y el cese de la represión.

La jornada nacional en demanda de soberanía y elecciones libres aun no ha terminado, pero ya ha logrado un resultado político irreversible. En primer lugar, el reconocimiento nacional al liderazgo campesino agrupado en torno al Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, que representa la primera línea de defensa de la decencia nacional. La resistencia campesina ha obligado a Ortega a exhibirse ante la Organización de Estados Americanos, OEA, no solo como un caudillo tramposo que realiza farsas electorales sin competencia ni observación electoral, sino además como el patrón de un régimen represivo que ha conculcado los más elementales derechos civiles y políticos de la población. En consecuencia, en la agenda del diálogo político entre la OEA y el gobierno, que según el secretario general Luis Almagro se ha ampliado hacia todas las fuerzas políticas y sociales del país, las violaciones a todos los derechos políticos contemplados en la Carta Democrática, debe pasar a ocupar ahora un lugar prioritario. El país está demandando elecciones libres con plenas libertades políticas, empezando con la libertad de opinión y movilización. Es decir, elecciones libres sin represión.

Bienvenido a Nicaragua, señor Almagro. Nadie espera de la OEA una solución política o una plataforma de cambio que los nicaragüenses no seamos capaces de construir con nuestras propias fuerzas. Lo único que le demandamos es que invite a la sede de la OEA en Managua, a doña Francisca Ramírez, la líder del movimiento campesino que ha hecho posible el milagro político de evidenciar la desnudez del rey. Si su intención es escuchar a todas las fuerzas políticas y sociales representativas del país, reúnase con doña “Chica”. Usted tiene en sus manos la llave para frenar la represión, al menos durante veinticuatro horas, para que la caravana campesina avance hacia Managua.

Crónicas de un funeral electoral. De Carlos Fernando Chamorro

El 6 de noviembre pasará a la historia como un día triste del cual no hay nada que celebrar porque no gana nadie en el país cuando falla la democracia.

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, 15 noviembre 2016 / EDH

Lejos de ser una “fiesta cívica”, la farsa electoral transformó las elecciones del pasado 6 de noviembre en un funeral electoral donde se enterró la democracia en Nicaragua, la que radica en la credibilidad del sistema representativo y la alternabilidad en el poder público.

No se puede congratular a Daniel Ortega por haber destruido  poco a poco, golpe a golpe, la confianza del pueblo nicaragüense en el proceso electoral representativo, transparente y libre que es la base fundamental de la paz y la convivencia pacífica. La apatía no es presea democrática, sino la participación.

Diga lo que digan las cifras de abstención que da el Consejo Supremo electoral, para los ojos de cualquier observador internacional este es un proceso fallido porque hubo una abstención que ronda entre el 70 % y el 80 %, lo cual es fácilmente comprobable con la evidencia gráfica de miles de reporteros ciudadanos que con sus celulares tomaron fotos de unas inexistentes filas de votación, las que en 1990 y otras elecciones subsiguientes, le daban la vuelta a la manzana.

Solo en Corea del Norte una mentira tan grande puede ser asimilada como verdad por el control totalitario que existe sobre la ciudadanía y los medios de comunicación.

La farsa electoral se convirtió en un verdadero plebiscito: ganó el NO a la farsa electoral, lo que equivale a decir que ganó el SI a elecciones libres, transparentes y con observación nacional e internacional.

diario hoyNo se puede congratular Ortega ni Doña Rosario de haber erosionado poco a poco la confianza del pueblo nicaragüense que su voto realmente cuenta, que su voto elige, porque tarde o temprano  deberán corregir el camino andado y revertir el rumbo que lleva el país, que inexorablemente nos lleva a la confrontación.

Podrán celebrar ahora el autoengaño, pero es una victoria pírrica ya que el poder escogió a sus adversarios. Es como al boxeador que le ponen contrincantes “de paquete” por temor a que sorpresivamente aparezca uno que lo pueda derrotar, como ocurrió con este mismo boxeador en la contienda de 1990.

Los resultados son tan inverosímiles como los de Corea del Norte, excepto que allá no tienen empacho en adjudicarle el 100 % de los votos a Kim Jon-un y donde abstenerse, o votar “No” es considerado como un acto de traición a la patria.

Aquí aún se permite el voto por los otros candidatos de la farsa para darle más credibilidad y no se castiga la abstención como  una traición, así que aún estamos mucho más avanzados democráticamente hablando, que Corea del Norte.

El periodista Jan Martínez Ahrens del prestigioso diario español El País, resume el “triunfo” de Ortega en el primer párrafo de su nota del lunes 7 noviembre de la siguiente manera:

“No han hecho falta mítines, ni debates, ni tan siquiera campaña. El triunfo electoral de Daniel Ortega era tan previsible como su candidatura. Ilegalizada la única oposición real, barridos los observadores internacionales, controlados todos los resortes del poder, era imposible que el antiguo comandante sandinista perdiese los comicios de este domingo. El desenlace estaba escrito de antemano e incluso ese masivo 72 % que le han otorgado las urnas, importaba poco. Lo grave, lo vital, lo único, era su continuidad. Y ese objetivo se ha logrado. Aunque a un alto coste”.

El periodista español casi acierta justamente, porque de acuerdo al conteo final del Consejo Supremo Electoral, Ortega obtuvo el 72.5 % de los votos, e increíblemente los magistrados vieron participar al 68.2% de la población, algo que va en contra de todos los que tuvieron ojos para ver y cámaras para comprobar la raquítica afluencia ciudadana en las JRV.

A los partidos “opositores” les asignaron un 27.5 % de esa invisible montaña de votos por lo que tendrán alguna representación en el parlamento, pero mucho menos que el 40% que les otorgó Somoza al Partido Conservador zancudo de Agüero por participar en la farsa electoral de 1974 en que, también sin sorpresas, resultó reelecto.

El 6 de noviembre pasará a la historia como un día triste del cual no hay nada que celebrar porque no gana nadie en el país cuando falla la democracia y se pierde la confianza en el voto para elegir.

 

“Ortega está orquestando una sucesión dinástica en Nicaragua”: Carlos Fernando Chamorro

diario hoySegún el director del periódico nicaragüense Confidencial, el presidente Daniel Ortega busca preservar el poder en su familia y consolidar un modelo político basado en el autoritarismo y la corrupción.

Carlos Fernando Chamorro habló del chantaje Ortega y el FSLN con los medios de comunicación.

Carlos Fernando Chamorro habló del chantaje de Ortega y el FSLN con los medios de comunicación.

Entrevista de Ricardo Avelar, 2 agosto 2016 / EDH

El 29 de julio pasado, el presidente nicaragüense Daniel Ortega consolidó una de sus principales pretensiones desde que asumió el poder en enero de 2007: gobernar sin una oposición formal, después de la destitución de 28 diputados opositores en la Asamblea Nacional.

El Diario de Hoy conversó sobre el clima político, las alianzas del régimen y el deterioro de las libertades civiles con el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, director del periódico Confidencial y del Centro de Investigaciones de la Comunicación, quien ilustró con mayor profundidad las ambiciones de poder de Ortega  y su esposa, Rosario.
 
¿Cómo se resumen los últimos sucesos en Nicaragua?
Esto empieza el 4 de junio, cuando Daniel Ortega prohíbe la observación electoral para las elecciones del 6 de noviembre y dice que los observadores son unos sinvergüenzas.
El 8 de junio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emite una resolución en la cual despoja de la representación legal del PLI  a quienes en 2011 representaron a la oposición y obtuvieron 26 diputados. Había otro grupo que impugnaba la forma en que se constituyó el partido.
Le dicen a la oposición que la personería en torno a la que hicieron coalición ya no es legal y los candidatos ya no son los que nominaron. Le trasladan representación a otro grupo sin peso político, a la oposición la dejan sin derecho de ir a la elección. La semana pasada se cierra el periodo para inscribir alianzas electorales y la oposición no pudo inscribirse, esta no tiene casilla electoral o candidato.
Lo último sucedido la semana pasada es que el Consejo Supremo Electoral (CSE) ratificó la resolución de la CSJ diciendo que los 16 diputados propietarios y 12 suplentes opositores del PLI quedan destituidos. El CSE argumenta que a estos diputados se le aplican los artículos legales que se hicieron para castigar el transfuguismo. Todos estos son subterfugios legales. Ni la CSJ ni el CSE son poderes autónomos o plurales, son extensiones partidarias del Frente Sandinista y el control de Ortega en el Ejecutivo. Dos instituciones que deberían ser del Estado y aplicar la ley están solo ejecutando órdenes políticas y partidarias que dejaron a la oposición sin casilla y sin posibilidad de elecciones y destituyen a diputados electos.
 
¿Qué reacción popular se ha generado?
Hicimos un sondeo en la calle y no se vive un ambiente de alarma o emergencia por la trascendencia que tienen estas acciones. Eso se explica por varias razones. Por un lado, la población está desconectada de la política. Esta se ha desprestigiado en los últimos años como resultado de los fraudes electorales, el control social y la cooptación del sandinismo. Además no hay expectativa de que estas elecciones iban a ser competitivas.
 
¿Hay una base de clientelismo en apoyo al régimen que pueda contrarrestar una posible movilización de la oposición?
Objetivamente hablando, Ortega llegó al poder en 2007 con un apoyo del 38%. Después de nueve años en el poder, el techo electoral sobrepasa el 50%, en gran parte por el asistencialismo y la cooptación del Estado y que la oposición se ha debilitado. Este es un régimen autoritario con apoyo popular.
 
Numéricamente hablando, la base del oficialismo puede callar cualquier protesta…
Cuando ha habido intentos de disputarle al régimen espacios públicos la respuesta ha sido represión con fuerzas paramilitares, policiales. Hay intimidación pues los derechos de movilización política han sido conculcados. Hay miedo de manifestarse. Es real que el gobierno tiene un músculo en su estructura, en el control de todas las alcaldías del país y el control de todo el aparato del estado. En Nicaragua no hay un movimiento opositor pujante sino un oficialismo con gran capacidad de movilizar fuerzas políticas.
 
El relato popular dice que Nicaragua es una especie de “dictablanda”, con estabilidad e inversiones. ¿Son los eventos recientes una confirmación de una dictadura pura y dura?
Las acciones de junio para acá son una realidad muy específica pero esto es un proceso regresivo desde 2008, cuando se impuso un fraude electoral descarado en las elecciones municipales. Hubo represión contra las protestas y se fueron cooptando a las fuerzas armadas y la policía que dejaron de ser fuerzas profesionales para ser extensiones políticas del régimen.
En 2011 hubo otra elección donde Ortega se reeligió ilegalmente. No tenía forma de presentarse como candidato pero a través de un subterfugio de la CSJ reformó la Constitución para ser candidato a presidente. Se reeligió y obtuvo mayoría calificada. En 2014 estableció reelección indefinida. Esto no es algo que ha ocurrido solo en los últimos dos meses. Estos últimos eventos son la consecuencia natural de un proceso progresivo de concentración del poder y regresión autoritaria en el país.
Lo que puedo decir es que cada vez que el régimen es desafiado responde duro, con represión paramilitar, policial y en el interior del país ha habido hasta ejecuciones de opositores.
El régimen también tiene desde 2009 una alianza muy consistente con el sector empresarial, en torno a la estabilidad macroeconómica y favorecer que se desarrollen inversiones y negocios. Aquí hay autoritarismo político puro y duro y oportunidades de negocio para el capital si este no se involucra en política.

¿Esta luna de miel con el empresariado sigue viva?
En este momento se mantiene inalterable. Lo que se conoce es que hay preocupación en el empresariado; en comunicados dicen que estas últimas acciones no le convienen al país porque puede afectar a mediano plazo el clima de negocios al deteriorarse el pluralismo político, la división de poderes y la democracia. Ahora, esta es una declaración que expresa preocupación. Que eso se transforme en una acción de los grandes empresarios es incierto y no se tiene conocimiento de alguna presión sobre el gobierno. Se conoce que el capital le pidió a Ortega desde inicios de junio una reunión para hablar sobre estos temas y que no ha habido respuesta del gobierno.
El gobierno mantiene su política con el capital de dialogar sobre las leyes económicas y negocios, pero no sobre política.
 
¿Esta relación será sostenible? ¿No hay riesgo de que Ortega rompa esta cordialidad?
Ese es uno de los dilemas que enfrenta este régimen a mediano plazo. Hasta ahora ha conjugado autoritarismo y represión con un clima de negocios pro inversión privado. La historia demuestra que hay muchos ejemplos de gobiernos que han hecho esta combinación, pero no es duradera. El clima de negocios requiere de instituciones democráticas permanentes, de transparencia, rendición de cuentas. Este es un dilema que los propios empresarios enfrentarán en los próximos años en la medida en que otros factores económicos afecten al país.
Yo entrevisté al representante del FMI la semana pasada y decía que Nicaragua tiene nubarrones en el horizonte. Hay proyecciones estables pero nubarrones asociados al deterioro de los precios de productos internacionales y la reducción de la cooperación venezolana que ha sido uno de los pilares de este régimen. La pregunta de si durará o no la deben responder los empresarios pero han sido los principales beneficiarios de la alianza con el gobierno.
 
Ha hecho comparaciones con el somocismo. ¿Este régimen trasciende las ideologías?
Ortega predica un discurso que intenta asociarse a las banderas de la revolución de 1979, pero en la práctica sigue políticas represivas y aspectos neoliberales. Él critica los 16 años de neolibralismo en Nicaragua de 1990 a 2006 pero sus políticas dan continuidad a estas políticas. Es un régimen de discurso revolucionario con políticas autoritarias, no hay ningún progresismo o revolución.
 
¿Qué tanto han empeorado las limitaciones a las libertades y a la prensa?
Si se compara la situación actual con 2006, es más fácil entender que se ha producido una drástica regresión, de un sistema que era competitivo, pluralista y abierto a muchas voces a un sistema actual en el que predomina un duopolio en la televisión donde de los nueve canales, están en manos de la familia Ortega Murillo o en manos del mexicano Ángel González, además de un clima de autocensura.
Además ha existido un drástico deterioro en los derechos ciudadanos de manifestarse, expresarse o tener acceso a los medios de comunicación. Se practica la libertad de expresión con represalias en algunos pocos medios independientes que aún quedan en Nicaragua.
 
¿Como medio han tenido problemas ?
Los pocos medios independientes tienen cero acceso a publicidad pública, a fuentes oficiales, se nos excluye de conferencias de prensa y hasta de las audiencias judiciales. Hay también campañas de intimidación y hostigamiento contra periodistas y medios. En 2008 fuimos objeto de una presunta investigación de lavado de dinero que derivó en la ocupación de nuestras oficinas por la Fiscalía con más de 40 policías. Se nos quería atribuir un delito que nunca pudieron probar, pero en el fondo eso respondía a un acto de intimidación por la labor de periodismo independiente y la labor de fiscalización del poder que realizamos.
 
¿Qué viene para Nicaragua, especialmente con elecciones a la vuelta de la esquina?
Las elecciones persiguen refrendar el tercer periodo de Ortega. La legitimidad de su reelección está cuestionada por la oposición y otros sectores de la sociedad civil como una farsa electoral. Participará el FSLN y partidos satélite o “zancudo” sin credibilidad o legitimidad.
Hay que ver si la oposición logra movilizar a la población para denunciar la farsa electoral. No se prevé un cambio político inmediato. Ortega asumirá en enero de 2017 en un contexto de mayor ilegitimidad, pero lo que viene es difícil de predecir porque hay muchos factores.
Entre los factores externos, es diferente una dictadura en bonanza que una en miseria…
El apoyo venezolano ha sido clave para financiar el clientelismo y afianzar la alianza con el sector privado, unos $3,500 millones en los últimos ocho años, de los cuales como el 60% se ha desviado a actividades privadas lucrativas. Con ese dinero se ha creado un consorcio económico que controla la familia Ortega que se llama Albanisa. Esa cooperación que se manejó como un presupuesto paralelo sin auditoría estatal se ha reducido.
No es que el gobierno se vaya a desplomar pero le resta flexibilidad para resolver problemas o mantener la alianza con el capital. Para decirlo sencillamente, esa cooperación le permitió a Ortega no tener que hacer una verdadera reforma tributaria. Al reducirse esos recursos sus relaciones serán tensas porque siempre hay una disputa por recursos del estado.
 
¿En Nicaragua no ha habido procesos sistemáticos de reforma tributaria?
Las principales leyes económicas implementadas han sido consensuadas con el capital. Aquí no se discuten ni en el parlamento ni en consultas públicas. Esa ha sido la prerrogativa del régimen al empresariado, que ha dictado las reglas económicas a su conveniencia.
 
En un país poco acostumbrado a una oposición pujante, ¿qué puede venir después?
Lo que vemos es un régimen que no está en una etapa de debilidad, sino en una etapa de fortalecimiento, adoptando medidas que lesionan su propia legitimidad y por otro lado se sostiene esa alianza pero también se sostiene en un estado de control personalista que difícilmente es sostenible.
Además se sostiene en una estructura que fomenta la corrupción pública porque no hay sistema de control o rendición de cuentas.
 
El modelo de Ortega no está agotado entonces…
Este martes (hoy) es el día tope para inscripción de candidaturas presidenciales y de diputados para el 6 de noviembre. Ahí sabremos si en la lista de candidatos aparece Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega. Ortega está orquestando no una sucesión democrática sino una heredada o dinástica.
 
Entonces el rol de Rosario Murillo es clave…
Ella juega un rol de “copresidenta”. Formalmente es vocera del gobierno y en la práctica es como una primera ministra atendiendo los asuntos del día a día del gobierno, pero no tiene una relación institucional con la sucesión del poder.
 
Se ha hablado de las recientes acciones como un golpe de Estado. ¿Se le puede considerar así o compararlo a lo que hizo Fujimori en Perú o Serrano Elías en Guatemala?
No creo que sea un autogolpe porque no se trata de suprimir el parlamento, sino un golpe al pluralismo. Se está eliminando la representación de diputados electos por el voto popular y se le cercena a los electores su derecho no

Cuando se cierra el espacio político. De Carlos Fernando Chamorro

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, 9 junio 2016 / CONFIDENCIAL

En las elecciones municipales de 2,008, los observadores nacionales documentaron un fraude a favor del FSLN en al menos 40 de los 153 municipios — incluida la capital —, mientras en las presidenciales y legislativas del 2011, la misión de la Unión Europea resaltó la ¨opacidad y falta de transparencia¨, que le permitieron al partido de gobierno alzarse con el control de dos tercios del parlamento. Ahora, por las vías de hecho, Ortega intenta establecer el precedente de que su modelo político ya no requiere de elecciones limpias, transparentes, y competitivas para legitimarse, y ha decretado la anulación de la observación electoral independiente.

El último zarpazo contra la democracia ha sido una resolución de la Corte Suprema de Justicia controlada por los magistrados partidarios de Ortega que despoja a la coalición opositora de la personería jurídica del Partido Liberal Independiente. La sentencia va más allá y anula una convención partidaria en la que la oposición eligió a su fórmula presidencial la semana pasada, de manera que las elecciones del seis de noviembre, que ya no eran libres ni transparentes tampoco serán competitivas, al carecer la oposición de casilla electoral y de candidatos. Con una apuesta sumamente peligrosa que revive la historia de la dictadura somocista en el siglo pasado, Ortega cierra el espacio político electoral a la oposición, y abre las puertas a los partidos ¨zancudos¨, colaboracionistas¨, para institucionalizar su régimen de partido hegemónico.

confidencial¿Por qué liquidar a la oposición y anular la observación electoral, si el régimen de Ortega no está en crisis y más bien ha logrado ampliar su base política, combinando clientelismo, cooptación y represión, en un clima de estabilidad económica y autoritarismo político? Esta interrogante solo pueden responderla Ortega y su esposa co-gobernante Rosario Murillo, lo que está fuera de debate es que estamos en un parteaguas en la consolidación del autoritarismo vía la reelección indefinida, aunque ésta carezca de legitimidad electoral.

Lo único que podemos celebrar es que a partir de este momento la contienda política se despoja de máscaras y subterfugios: mientras Ortega apuesta abiertamente al continuismo para consolidar su régimen como una dictadura familiar dinástica, la oposición enfrenta el desafío de convocar a la gente a luchar contra la corrupción, el desempleo, la falta de oportunidades, la represión, y la reelección. Aún está por verse si la coalición opositora logrará formular un proyecto alternativo que genere esperanza entre la gran mayoría de los pobres y excluidos, pero ahora queda más claro para todos que la salida nacional ante esta encrucijada no reside en los organismos internacionales o en la comunidad donante, sino únicamente en la soberanía popular.

Al ilegitimar el proceso electoral y cerrarle el espacio político a la oposición, Ortega también está legitimando el derecho a la rebelión y a la protesta cívica, como el único camino para lograr el restablecimiento de la democracia.

Lea tmabién en Condidencial:
Ortega cierra espacio electoral

El desatador de nudos. De Carlos Fernando Chamorro

La triple transición no desembocó en una consolidación democrática, ahora hay que desatar el nudo autoritario.

Antonio Lacayo, ex-mi istro de presidencia en el gobierno de Violeta Chamorro; empresario, cuñado del autor. Falleció en un accidente aéreo.

Antonio Lacayo, ex-mi istro de presidencia en el gobierno de Violeta Chamorro; empresario, cuñado del autor. Falleció en un accidente aéreo.

 

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, 25 noviembre 2015 / EL PAIS

el paisAntonio Lacayo fue el desatador de uno de los más intrincados nudos del problema nacional. Durante la transición democrática desató el nudo de la confrontación, una herencia maldita de casi dos siglos en nuestra vida independiente. En 1990 insistió hasta el cansancio en que se ¨había ganado una elección, no una guerrra¨, y sentó el precedente de una nueva cultura política en la que el ganador, aún después de un inédito plesbicito fundacional, no se lleva todo ni manda al perdedor al destierro.

A diferencia de Alejandro Magno, que cortó el mítico nudo gordiano con la fuerza de la espada, Toño desenredó el nuestro con las uñas, recurriendo al camino más largo del diálogo y la negociación con mucha paciencia y más determinación. Invocando el liderazgo moral de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro y su ideario de democracia y reconciliación refrendado por una sólida mayoría política, adoptó decisiones complejas con la astucia de un ingeniero político democrático, y en los momentos más difíciles se las jugó combinando firmeza y flexibilidad. También se equivocó y cometió errores, como corresponde en todos los grandes emprendimientos de riesgo, pero el balance de la obra, al menos a finales del siglo pasado, era claramente favorable a Nicaragua al grado que algunos logros lucían irreversibles. Se conquistó la paz y el fin de la guerra, se fijó un rumbo de reconstrucción económica –aunque con un enorme déficit social–, y se sentaron las bases de instituciones democráticas, con libertad de prensa y más transparencia que nunca. Sin embargo, ese legado de la ¨triple transición¨, no logró alcanzar la etapa de la consolidación democrática y ahora atraviesa por una auténtica regresión autoritaria.

Se descarriló la transición democrática, por los pactos y la corrupción que facilitaron la captura del estado por un liderazgo autoritario que ha demolido las bases más profundas del estado de derecho y el sistema de separación de poderes.

Se abortó la transición militar en el ejército y la policía nacional, al imponerse otra vez el caudillismo político con leyes que eliminan el plazo de los jefes de ambas instituciones en el cargo, subordinando su reelección y permanencia a la discrecionalidad del ¨El Supremo¨.

Se perdió la democracia electoral como resultado de los fraudes y la partidización del sistema en todos sus niveles, eliminando las garantías básicas de elecciones libres y transparentes. Y se desmontó un embrionario sistema de autonomía municipal, participación ciudadana y rendición de cuentas, a punta de garrote y cooptación, para sustituirlo por el régimen de ordeno y mando de la pareja presidencial que, apuntalada en el desvío y la apropiación ilegal de la millonaria cooperación venezolana, ha creado un nuevo ¨orden social¨ que, irónicamente, excluye el derecho a ejercitar la ciudadanía.

Ciertamente, la macroeconomía funciona y el país mantiene el rumbo hacia el crecimiento económico y la atracción de inversiones, pero bajo un esquema corporativista que prodiga grandes oportunidades al sector empresarial, a costa de transparencia y democracia. Este intercambio entre ventajas económicas sin institucionalidad democrática, bajo una suerte de estabilidad autoritaria, es un mal negocio a largo plazo para las empresas y los países, como lo demuestra exhaustivamente el análisis histórico del profesor James Robinson coautor del libro ¨Por qué fracasan las naciones¨, que está siendo debatido en Managua en estos días.

Al conmemorarse los primeros 25 años de las elecciones de 1990, el pasado 25 de febrero Toño publicó un artículo en La Prensa reflexionando sobre este dilema estratégico y la incidencia determinante de los ¨factores sociopolíticos¨ en nuestro desarrollo. Vale la pena releer con atención su texto ¨Los próximos 25 años¨, que concluye así: ¨Si los nicaragüenses ahora no tomamos en serio la necesidad de poder elegir libremente, sea quien sea el que elijamos, vamos a haber tirado al traste el inmenso logro de haber derrotado en 1979 una dictadura de 45 años y haber podido elegir libremente nuestras autoridades en 1990. La agricultura moderna, la agroindustria, la pesca, la minería, el turismo y la producción de energías renovables pueden muy bien permitirnos a los nicaragüenses alcanzar dignos niveles de vida. Si vienen los megaproyectos, mejor. Pero debemos convencernos de una vez por todas que el gran megaproyecto de Nicaragua es la democracia, y esta demanda, por encima de todo, elecciones libres.¨

¿Cómo desatar el nudo del autoritarismo en un régimen que actúa con mentalidad de partido único, manteniendo la formalidad democrática pero sin tolerar la existencia de una oposición democrática beligerante? Esta es sin duda la tarea más acuciante que enfrenta Nicaragua hoy, cuando se invoca con respeto y gratitud la memoria y el legado de Antonio Lacayo, para intentar despejar la incertidumbre del futuro. Un desafío formidable, en primer lugar para todas las fuerzas políticas: independientes, opositores, sandinistas, movimientos sociales, pero también para las élites económicas que tienen igual responsabilidad en la calidad de las instituciones del país. No se trata de que los empresarios sustituyan a la oposición política o renuncien a dialogar con el gobierno, sino que ese diálogo trascienda sus actuales objetivos cortoplacistas y ponga en la agenda nacional el desmontaje gradual del corporativismo autoritario: empezando por restituir el derecho al debate público, terminar con las “misas negras” en que se deciden las leyes al margen del parlamento, poner límites estrictos a los abusos de poder, denunciar la corrupción y restablecer la transparencia pública, y sobre todo priorizar la credibilidad y renovación del sistema electoral.

Pero el clamor nacional por elecciones libres nunca se traducirá en un cambio en las reglas del juego como una concesión del poder, sino únicamente como resultado de la presión de la gente. Y en esos momentos inciertos, cuando la estabilidad autoritaria resulte desbordada por la represión y el chantaje, el imperativo del cambio pacífico demandará en los nuevos líderes del país la misma voluntad y determinación de Toño Lacayo para desatar el nudo autoritario. Ojalá esta vez sea irreversible.