Fiscal General

Un retrato violento. De Alberto Barrera Tyszka

ALBERTO BARRERA TYSZKA, GUIONISTA, ESCRITOR Y COLUMNISTA VENEZOLANO

Alberto Barrera Tyszka, 18 junio 2017 / PRODAVINCI

Luisa Ortega Díaz los tiene locos. Las respuestas del oficialismo solo han logrado demostrar, de manera rápida y bastante obvia, que las denuncias de la Fiscal son ciertas.  Las reacciones del poder han sido tan importantes como las propias actuaciones y declaraciones del Ministerio Público.  Ellos solitos, de forma instantánea, sin mediar ningún tipo de discernimiento, se han delatado, han hecho evidente que la democracia no les interesa, que no creen en la independencia de las instituciones, que su plan es quedarse en el gobierno para siempre.  El madurismo ha resultado el coctel político más letal de toda nuestra historia.  Combina lo peor de nuestro presente con lo peor de nuestro pasado.  No solo ejerce la violencia del Estado en todas las direcciones sino que, además, la premia, la glorifica.

De un día para otro, la Fiscal General de la República pasó a ser el enemigo público número 1 de los poderosos. Esa élite, esos privilegiados que pueden adquirir dólares baratos, que consiguen comida y medicinas,  que tienen escoltas y pasaportes;  esa minoría que ya no quiere contarse, ahora acaba de decretar que Luisa Ortega Díaz es “indigna”, “fascista”, “corrupta”, “traidora”, “jefa de la oposición”….y que además está loca (“insanía mental”, según Pedro Carreño),  es cómplice de todo lo que ocurra (“anima la violencia”, según Jorge Rodríguez), y por lo tanto es responsable de todas los homicidios que se produzcan en las manifestaciones (según Tarek El Aissami).  Casi todos los altos líderes de la casta se han pronunciado. Diosdado Cabello ya afirmó que “la Fiscalía no es un poder” y sugirió una purga futura, amenazando con “revisar” el Ministerio Público con detalle. “Uno a uno”.

Mientras en Telesur, una abogada constitucionalista, supuesta experta en el tema,  afirma que el TSJ debería abrir una investigación por “falta de ética” en contra de la Fiscal,  el oficialismo introduce en el mismo máximo tribunal una petición de antejuicio de mérito y la solicitud para prohibir la salida del país de Luisa Ortega Díaz. Si alguna persona, de dentro o de fuera, tenía alguna duda sobre cómo el madurismo ejerce el poder en Venezuela,  la forma en cómo se ha actuado en contra de la Fiscal es una confesión contundente. Una prueba irrefutable de una legalidad secuestrada, de un sistema que no es confiable.  Sin darse cuenta,  la reacción de la dirigencia oficialista en contra de la Fiscal le ofrece al país un subtexto muy claro: toda la institucionalidad es una estafa.  El mensaje es nítido: la legalidad no importa. O haces lo que yo digo, o te jodo.

La foto de Pedro Carreño frente a Mikel Moreno es un testimonio para la historia. Todo forma parte de una secuencia, filmada en video, retratada para su publicación. Es una puesta en escena.  Los dos posan, sin demasiada gracia, como niños en la escuela, unidos por un diploma. Ninguno parece tener mucho entusiasmo. Solo están tratando de otorgarle solemnidad a una pillería. Y ambos lo saben. Pero necesitan  que el disimulo continúe. Ni siquiera se están viendo fijamente. Hay algo esquivo en sus posturas, en sus miradas. Sus cuerpos se juntan en un documento insostenible. Es el retrato de una mafia que pretende ser legítima, que aspira a sobrevivir a su propia historia delictiva. En vez de disfrazarse de pistoleros, se disfrazan de diputados y de jueces. Curiosamente, desde el fondo, el retrato de Bolívar parece sonreír de medio lado.  Su imagen cruza entre ambos, saboteando el instante.

En todas estas respuestas ante la actuación de la Fiscal General, se va conformando un argumento para rechazar más aún el proyecto de la Constituyente.  Aquí están. Míralos. Escúchalos. Estos son los que pretenden cambiar el marco legal del país. Estos son los que supuestamente defienden la independencia e invocan el respeto a la diversidad. Estos son lo que hablan de imparcialidad. Estos son los que critican el sesgo en las instituciones. En ellos debemos creer.

Tanto que mencionan a Chávez y, tal vez, ahora vale la pena recordarles estas palabras: “Hoy tenemos una gran concentración del poder porque unas cúpulas se fueron adueñando  del poder judicial y del legislativo y lo manipulan y lo usan a su antojo. Y lo mismo ocurrió con la Fiscalía, con la Contraloría. En Venezuela lo que ha funcionado no es una democracia sino una tiranía de pequeñas cúpulas partidistas, sectores horrorosamente corrompidos que destrozaron a Venezuela”.  Lo dijo en Cartagena, en mayo de 1999.  Pero la frase calza perfectamente con el momento actual, con el gobierno de Nicolás Maduro. Con su proyecto constituyente.  Podría ser la leyenda perfecta para la imagen de Carreño y Moreno.  No es el registro de un acto legal. Todo lo contrario. Es en verdad una advertencia, una intimidación.  Es un retrato violento. La legalidad como amenaza.

 

Carta al Fiscal General: El código de la venganza. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 8 junio 2017 / EDH y MAS!

Estimado Douglas Meléndez:
En otra acción jurídica bien publicitada, usted inició el proceso de confiscar 9 propiedades de la familia del ex presidente Francisco Flores. La cereza del pastel que ofrece a la opinión pública: la hacienda Zapotitán, con sus lagos artificiales, presentada como ilustración y símbolo de los lujos que se da un político a costa de fondos públicos.

EDH logEn esta historia que cala perfectamente con el imaginario y el resentimiento popular, ya no importan los hechos. Ya no importa el hecho que esta hacienda ha estado en propiedad de la familia materna de Paco Flores desde los tiempos de Stanislao Pérez, hacía como 120 años. No importa que las mejoras a esta propiedad -por ejemplo los famosos lagos artificiales y la caballería- fueron hechos años antes de que Francisco Flores se convirtiera en maspresidente. No importa que 8 de las 9 propiedad que usted está confiscando estaban en su propiedad mucho antes de asumir la presidencia. Y la novena propiedad confiscada, situada en la isla Sebastián, la adquirió Flores canjeándola por otra de don Juan Wright. Tampoco nada ilícito.

Tampoco importa que Francisco Flores no ha sido condenado, ni en el juicio penal relacionado con los cheques de Taiwán (porque nunca se comprobó que tales cheques eran parte de fondos del Estado); ni en el caso civil por enriquecimiento ilícito derivado del examen de la Sección de Probidad de la Corte Suprema.

A pesar de todo esto, usted quiere confiscar a su familia sus bienes, haciendo uso de la controversial Ley de Extinción de Dominio – controversial porque permite confiscación de bienes antes de comprobar culpabilidad en juicios civiles o penales. Pero sobre todo usted está haciendo uso de otro mecanismo que ya se ha hecho costumbre en el período de su antecesor Luis Martínez, hoy procesado por fraude procesal, y que lastimosamente usted sigue cultivando: Primero llevar a cabo un juicio mediático, buscando una condena en la opinión pública, apelando a los resentimientos populares, para luego ir al juicio formal bajo la sombra y presión de esta pre condena. El resultado: juicios viciados. Con un daño colateral, ya no a los acusados sino al sistema de justicia. Este daño colateral se llama: justicia populista.

Yo no sé si Francisco Flores se ha enriquecido durante su mandato presidencial. Muchos lo creen, pero nadie lo sabe, porque ningún juicio lo ha comprobado. Esto fue uno de grandes problemas de Luis Martínez en el juicio Flores/Taiwán: No pudieron comprobar que los fondos de estos cheques se reflejaran en cuentas o bienes del ex presidente.

Lo que sí sabemos -usted igual que yo- es que las propiedades de la familia Flores que hoy usted quiere expropiar no han sido adquiridas ni por los cheques de Taiwán, ni tampoco por un enriquecimiento presuntamente establecido por la Sección Probidad. Sin embargo, usted procede con su confiscación.

Usted está haciendo uso malintencionado de una ley que a todas luces es inconstitucional. Ojala que la Sala, antes de terminar su mandato en 2018, revise la constitucionalidad de la Ley de Extinción de Dominio.

Hay una lógica que sólo conocemos de la Mafia y de dictadores: ‘A mis enemigos los perseguiré aunque hayan muerto, persiguiendo a sus hijos y hasta sus nietos. En esto reside mi poder…’

No puede ser que usted, que como fiscal general tiene el mandato de garantizar el Estado de Derecho, aplique este código de la venganza.

Saludos,

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PD: Y no me digan que estoy defendiendo a Paco Flores. Estoy defendiendo al Estado de Derecho, porque la fiscalía no lo hace.

 

 

 

Carta al Fiscal General: Algo huele mal en su fiscalía. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 5 mayo 2017 / EDH y MAS!

Estimado Douglas Meléndez:
Me imagino que no le han enseñado el video que Tatiana Alemán puso ayer en Facebook, luego de enterarse que pospusieron la audiencia contra su hermano Daniel. Tiene obligación moral de ver la desesperación de esta muchacha y su familia.

masEn esta audiencia el juez tenía que liberar a Daniel, dado que ya está comprobado que los agentes de la PNC Altavista lo detuvieron ilegalmente, con testimonios y cargos falsos. La misma Fiscalía emitió ordenes de captura contra estos agentes y los acusa de fraude procesal, igual que a otro agente de Altavista por tenencia de drogas. Pero la Fiscalía no retiró los cargos a Daniel, preso desde el 10 de enero, por tenencia de droga que los policías de Altavista le pusieron para justificar su detención arbitraria.

La PNC actuó muy mal en este caso. Con una excepción que hay que resaltar: la Unidad de Control de la PNC investigó las circunstancias de la captura de Daniel, a pesar de que públicamente lo precondenó el director general de la PNC.

diario hoyPero no toda la culpa es de la PNC. La dirección de las investigaciones corresponde a la Fiscalía. El fiscal asignado al caso de Daniel debería estar preso igual que los malos policías. Le pregunto: ¿Como Fiscal General ha ordenado una investigación del fiscal que avaló y llevó a la justicia el caso amañado contra Daniel? Es más: ¿Van a investigar a los jefes fiscales que supervisaron este caso y permitieron que Daniel siga preso?

El colmo: La audiencia programada para el 3 de mayo, en la cual tenía que salir libre Daniel, fue suspendida por inasistencia del fiscal encargado. ¿Cómo es posible que el fiscal responsable de la acusación falsa no da la cara ante el juez – y ante el ciudadano acusado y su familia?

El argumento fue: La Fiscalía no tiene suficientes recursos. O sea, ¿el costo por este pleito institucional sobre el presupuesto de la FGR lo van a pagar el muchacho y su familia?
Cuando se trató de quedar bien con Estados Unidos y la opinión pública, usted se jactó públicamente que asignó 50 fiscales al caso de Chepe Diablo. ¿Y ahora usted no tiene a un solo fiscal para ir a la audiencia en Ilopango para dar trámite a la liberación de Daniel?

Igual que Howard Cotto es responsable de las actuaciones fuera de la ley de sus agentes, usted lo es para la pésima labor de sus fiscales en este caso. Repito: No es la PNC que dirige las investigaciones, sino la Fiscalía. Solo ella, y en última instancia usted mismo, es responsable de las acusaciones, sobre todo de las falsas.

Cada día que Daniel y su familia pasan por el infierno de una justicia inoperante corre a cuenta de usted, señor Fiscal General.

Saludos,

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Venezuela: GOLPE AL PUEBLO. De Fernando Mires

JULIO BORGES, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, rompiendo la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que anula las facultades del parlamento

Fernando Mires, 1 abril 2017 / POLIS

Llámenlo como lo llamen – golpe al parlamento, golpe blando, golpe seco, golpe incruento, golpe de estado, golpe en el estado – lo cierto, lo evidente, lo claro, es que el gobierno de Nicolás Maduro y el grupo que lo rodea, llevó a cabo, apoyado en un TSJ -cuyos miembros fueron elegidos a dedo por el propio gobierno- un golpe a todo el pueblo venezolano. Hecho que solo encuentra algunas similitudes con el “fujimorazo” del 1992 en el Perú, delito que Fujimori todavía paga con cárcel.

Lo que no esperaba el grupo que rodea a Maduro, camarilla que gobierna autonomizada del propio partido de gobierno, fue el imponente rechazo de la OEA, de la gran mayoría de los gobiernos y parlamentos latinoamericanos, de los EE UU y de la UE. Tampoco contaban con la disposición unitaria de la mayoría de los partidos de la MUD para defender a la Asamblea. Ni con la impresionante actitud del presidente de la AN, Julio Borges, quien haciendo uso de la dignidad de su cargo, llamó a la ciudadanía a las calles a defender a su único organismo de representación: a esa Asamblea que ha llegado a ser el parlamento del pueblo.

La declaración hecha por la fiscal general de gobierno, Luisa Ortega Díaz, bautizando como inconstitucional la atrocidad cometida por el grupo civil-militar de gobierno a través del TSJ, sorprendió a todo el mundo. No importan por el momento las razones por las cuales la señora decidió dar paso tan importante. Sea por el arrepentimiento de una persona que ve confrontada la esencia de su profesión, sea por una maniobra buscada por Maduro para -a través de la fiscalía general- retroceder ante la avalancha de protestas nacionales e internacionales, lo cierto es que el chavismo ya no puede ocultar las profundas grietas que lo atraviesan. Si esas grietas llegan hasta las FAN, es por el momento sospecha o hipótesis. Pero quienes conocen a la fiscal, aseguran que ella nunca va a dar una batalla sola. Las palabras de su texto no dejan duda, además, de que están dirigidas a una fracción en el poder. Probablemente a las mafias que controla Diosdado Cabello. Dijo Ortega Díaz:

“En recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento”

El gobierno, si todavía tenía alguna gota de legitimidad, después de las declaraciones de la fiscal terminó por perderla dentro de sus propias filas. Maduro, o quienes actúan en su nombre, aunque ahora lleve a cabo -dicho en su jerga- un “retroceso táctico”, buscaba despojar al pueblo de su soberanía. Ese es el hecho objetivo. El 30-M tuvo lugar un intento de crimen de Estado.

Vanos y grotescos serán los intentos realizados por Maduro y el Consejo Nacional de Defensa para desmarcarse del golpe al pueblo. Basta recordar que pocas horas antes de que Maduro comenzara a dar muestras de tardía rectificación, dos testaferros del mismo Maduro, Aristóbulo Istúriz y Hermann Escarrá, habían ya justificado el golpe con argumentos seudopolíticos y seudojurídicos. El primero acusando de golpista nada menos que a la AN (¡!) El segundo postulando una ridícula teoría de acuerdo a la cual el TSJ es entendido como un poder supraestatal.

Algunos políticos latinoamericanos y europeos se manifestaron sorprendidos por el golpe. No así quienes han seguido con atención la línea del régimen, entre ellos, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Para quienes conocen la historia reciente de Venezuela, la inhabilitación de la AN fue solo el acto final de un proceso que comenzó cuando el régimen declaró la nulidad del revocatorio (RR16), alternativa introducida en la constitución por el propio gobierno de Chávez. El segundo paso golpista fue la negativa del gobierno Maduro a convocar a las elecciones regionales del 2016. La inhabilitación de la AN, o tercer paso, no fue más que la consecuencia lógica de los dos primeros pasos.

En otra palabras, el golpe al pueblo no fue realizado de repente sino en tres capítulos: El robo del referendo revocatorio (RR), la supresión de las elecciones y las inhabilitación de la AN. El del 30-M fue entonces el resultado de un golpe progresivo y planificado. Eso significa para la oposición que ninguna promesa de dialogo puede ser aceptada si el gobierno no restituye el curso constitucional dando rápido curso a todas las elecciones previstas. Pero no elecciones como promesa vacía o vaga, sino con calendario en mano y con fechas muy precisas e impostergables. Sin prontas elecciones, la AN, institución fundada sobre las elecciones, continuará siendo una institución proscrita aunque Maduro y sus secuaces hagan un simulacro de rectificación.

Si la oposición accede a un diálogo sin previa existencia de una condición tan elemental como es la celebración de elecciones libres y soberanas, no solo cometería un acto de torpeza como ocurrió durante el diálogo que siguió al robo del RR. Sería, además, un acto de abierta colaboración con el régimen dictatorial.

Un proceso democrático, para que exista, debe ser pacífico, constitucional y electoral. Ruta que, por lo demás, no impuso la oposición a la ciudadanía sino la ciudadanía a la oposición. La prueba es que, hasta ahora, los grupos ultrarradicales y los grupos colaboracionistas continúan siendo, dentro de la oposición y en todo el país, absolutas minorías.

Elecciones ahora y ya. No hay otra salida para la oposición. Para el gobierno, quizás, tampoco.

Nota: estas líneas han sido escritas sobre la marcha de acontecimientos que se precipitan hora a hora. Tienen, por lo mismo, un carácter y un sentido provisorio. Ya vendrán los tiempos en los cuales podremos desarrollar teorías con más precisión, profundidad y calma.

Lea también sobre el tema:
El nuevo juego de poder en Venezuela: de la ruptura al impasse constitucional; por Michael Penfold
¿Las nuevas sentencias del TSJ restablecen el orden constitucional en Venezuela?; por José Ignacio Hernández

 

Es hora para el Fiscal General de actuar. De Paolo Luers

Paolo Luers, 20 marzo 2017 / EDH-OBSERVADOR

El 7 de marzo publiqué una carta a la Fiscalía, advirtiendo el peligro de que el “caso Daniel”, que más bien es el “caso PNC”, se convierta en el “caso FGR”. Lamentablemente, esto ya pasó, y es tiempo de que el Fiscal General, como titular de la Fiscalía, lo corrija.

La PNC, en vez de corregir un error de algunos agentes corruptos, lo encubrió con otras irregularidades. Y da la impresión de que la FGR, en vez de corregir los errores e investigar las irregularidades de la PNC, las encubre y reproduce. De repente ya no se trata de “errores” o irregularidades, sino de delitos: evidencias y acusaciones falsas, manipulación de la justicia. En el lenguaje jurídico esto se llama prevaricato. El precio lo paga un bicho que ya tiene dos meses de estar preso luego de una detención a todas luces arbitraria. Y ahora enfrenta otra acusación que también deja lugar a serias dudas sobre cómo proceden PNC y FGR.

La ley obliga a la Fiscalía General a investigar y entregar a los tribunales no solo las pruebas de cargo (que indican la culpabilidad de un acusado), sino también las pruebas de descargo (que indican su inocencia). El Fiscal General, como máximo garante del Estado de Derecho, tiene que garantizar que sus fiscales no estén quebrando la ley. Tienen que revisar los dos casos presentados contra Daniel Alemán. Es hora de que actúe para reparar el daño y para restablecer la confianza en la justicia.

En el primer caso contra Daniel, la PNC fabricó evidencias y dio a la Fiscalía y al juez testimonios falsos. Esto lo prueba un informe de la Unidad de Control de la PNC, que incluso ya tuvo como consecuencia el arresto de dos agentes de Altavista. A ellos se les encontró en sus casilleros en la subdelegación fuertes cantidades de marihuana. Existe por lo menos la sospecha de que parte de esta droga en posesión de agentes de Altavista la plantaron a Daniel para justificar su detención arbitraria. Pero el escándalo se hace más grande cuando la Fiscalía, en su nueva versión de la acusación contra Daniel, ni siquiera menciona la investigación de la Unidad de Control ni el hallazgo de drogas en la subdelegación ni la existencia de múltiples testigos que testifican que a Daniel no le encontraron ninguna droga y que fue detenido en otro lugar que el indicado por los agentes.

En vez de hacer lo correcto para corregir estas irregularidades -liberar a Daniel de cargos falsos y abrir investigaciones contra los agentes de Altavista- los fiscales retoman otra acusación que la PNC le hace a Daniel. ¿Será que para encubrir errores y delitos ya cometidos incluyeron a Daniel retrospectivamente en un caso de extorsión que data del año pasado? El requerimiento fiscal recoge un relato de los agentes de la PNC, en el cual reportan que el 4 de enero 2017 Daniel fue sujeto a una “intervención policialmente hablado”. Esto es un procedimiento policial inexistente, que por supuesto no deja ninguna evidencia ni huella en ninguna acta escrita.

El colmo: la Fiscalía permitió que dos policías que, según una investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos, fueron agentes de la DAN, entraron al penal donde esta recluido Daniel para intimarlo en este nuevo caso. Esto es una ilegalidad, porque solo la Fiscalía puede entrar a un penal para intimar a un detenido. Si entran policías encapuchados y sin identificarse, es más bien intimidación. Todo esto solo nos consta por qué la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y un abogado de la Procuraduría General de la República lo investigaron.

Esto pasó el 22 de febrero. Inmediatamente la madre de Daniel, Meira Alemán, fue a la Fiscalía, tanto en Soyapango como a la oficina central en Santa Elena, y la respuesta fue contundente: en la FGR no existe ningún expediente que involucra a Daniel en una investigación de extorsión. ¿Cómo es posible que no existe expediente, pero la PNC ya lo “intimó”? Y el 1 de marzo, el director de la PNC, Howard Cotto, informa a los medios de esta nueva acusación contra Daniel que la FGR dice desconocer.

Parece que luego PNC y FGR se pusieron de acuerdo. La Fiscalía retoma las acusaciones hechas por Cotto y presenta un requerimiento fiscal. Lo absurdo: ofrecen al juez como “prueba” las declaraciones de Howard Cotto. ¿Cuándo se ha visto que la palabra del director de policía, quien obviamente no fue testigo de este presunto delito, se convierte en prueba ante un tribunal? Varios abogados consultados aseguraron que en toda su carrera de penalistas no han visto una “prueba” de este tipo. Howard Cotto más bien debería ser llamado como testigo de descargo a favor de Daniel, porque dijo públicamente: “En la detención por droga yo he recibido un informe de la Unidad de Control donde tenemos dudas razonables sobre el procedimiento que tienen que ser investigadas, constatadas y determinar si hay fallo en el procedimiento y deducir responsabilidades en los agentes captores”.

Es hora de que el Fiscal General personalmente analice los expedientes de los dos casos contra Daniel Alemán, incluyendo el informe de la Unidad de Control, el dictamen de la PDDH y la forma irregular de la intimación. Es hora de que ordene una investigación de los policías y los fiscales involucrados. Es hora de que pida a los respectivos jueces sobreseer a Daniel Alemán en ambos casos y que decreten inmediatamente su libertad.

Cuando escribí el primer reportaje sobre este caso, lo titulé: “Algo anda mal en Altavista”. Hoy tengo que decir: Algo anda muy mal en la Fiscalía General de la República.

El “caso Daniel” por sí solo es gravísimo. Pero lo realmente preocupante es que no es un caso aislado. Detrás de esto hay un patrón de procedimiento de la PNC y de la FGR, que tal vez a través de este caso se puede comenzar a corregir. Digo tal vez, porque hasta ahora no hemos visto disposición de hacerlo, ni por parte de la dirección de la PNC ni del Fiscal General y tampoco de los jueces.

LEA SOBRE EL MISMO CASO:

Editorial de El Diario de Hoy: Procuradora de Derechos Humanos declara ilegal captura de joven

Algo anda mal en Altavista o los siempre sospechosos de todo

Carta al director general de la PNC: Está en sus manos corregir una injusticia

Carta a la Fiscalía: ¿Del “caso Daniel” al “caso FGR”?

Telegramas de fin de año a políticos y funcionarios: Ya sé que nunca contestan. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 22 diciembre 2016 / EDH

Casa Presidencial: Recuérdense, hoy jueves 22 vence el plazo que les dio la sentencia del Instituto de Acceso a la Información Pública para decirme cuánto cuesta el (ir)reality show del Buen Vivir.

Fiscal General: ¿Disculpe, pero hay investigación contra Herbert Saca y Mecafé, o solamente allanaron para buscar pruebas contra Tony Saca y Mauricio Funes? ¿O ya son testigos criteriados?

Presidente: No tiene que esperar hasta el 24 para dar a los alcaldes el FODES. No es regalo de navidad. Es su deber pagarlo mes a mes.

Sala Constitucional: ¿No van a sacar la sentencia que nos devuelve el derecho de libremente circular por todos los carriles de la Juan Pablo y del Bulevar del Ejército?

Magistrado Rodolfo González: No es el ejército que los está amenazando. Es el FMLN.

Mauricio Landaverde: ¿En el Ministerio de Justicia hay alguien que ha estudiado Derecho? Si hay, que le explique que es inconstitucional su decreto de negarle a miles de privados de libertad, de manera absoluta, el derecho al sol, independientemente de su comportamiento individual.

Ministro Carlos Cáceres: ¿Va a renunciar o se queda – o es sólo un berrinche que todos los fines de año repite?

Mauricio Interiano: Usted habla mucho del rumbo que no tiene el gobierno del FMLN. Es tiempo que defina cuál es el rumbo que ARENA quiere dar al país.

Arzobispo: No es necesario que cada domingo aproveche su investidura para dar su opinión sobre política, economía, seguridad. Tampoco quiere que los ministros, generales y empresarios emitan juicios teológicos.

ANEP: No es en la Corte Suprema que van a arreglar el problema del salario mínimo. Es negociando con los sindicatos. Luego le cuentan al gobierno lo acordado.

Hugo Martínez: Si el presidente no quiere hablar de Siria, ¿qué tal que usted como canciller hable claro sobre el genocidio en Alepo y la participación de Rusia?

ARENA: Si el gobierno del FMLN no presenta un presupuesto como la Constitución manda, ¿por qué no lo hacen ustedes? No es su responsabilidad, pero alguien lo tiene que hacer. Los números están sobre la mesa.

Presidente de CEL: Permítame una entrevista para explicarme cómo los proyectos El Chaparral y Ampliación de la 5 de Noviembre serán rentables para el país, a pesar de la explosión de su costos.

Presidente de CEPA: Ya parece inútil la pregunta, ¿pero cuántos años más pasará el Puerto de La Unión sin funcionar? Ya son 8.

Ya sé que nunca contestan, pero no voy a dejar de preguntar. Felices fiestas .

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Uso arbitrario de dinero público. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 5 diciembre 2016 / EDH

En El Salvador ya pocas cosas sorprenden. Ver el cinismo con el que algunos funcionarios se desenvuelven ya no nos extraña y que estén involucrados en hechos controversiales es el pan nuestro de cada día. Sin embargo, el veintinueve de noviembre del dos mil dieciséis se juntaron tantas situaciones cuestionables, relacionadas con la mala administración de fondos estatales y con la corrupción, que un ciudadano decente no puede ocultar el asco que genera observar que estamos rodeados de personas que (por acción u omisión) han afectado los intereses de El Salvador. Ahora ya no solo lo suponemos y elucubramos la probabilidad que existan estas situaciones tan cuestionadas; si alguien era escéptico, ese día lo pudo ver y escuchar con sus sentidos.

diario hoyEn el caso del exfiscal general, dejemos a un lado por un momento la desconfianza que pueda generar la fuente que filtró un video donde se observa que recibe un paquete; es realmente preocupante ver a la persona que tuvo a cargo la defensa de los intereses del Estado recibiendo lo que parece ser un fajo de dinero. ¿A cambio de qué lo recibió? ¿Era una práctica habitual? ¿De quienes más lo recibió? Estas son algunas preguntas que el Fiscal debería estarle haciendo al exfiscal, y ojalá este último preste toda la colaboración de revelar a todos los involucrados.
Pasemos al caso de la exministra de Salud. Para desgracia del Gobierno y “suerte” de los ciudadanos, la exministra reveló algunos indicios de la mal llamada figura de los “sobresueldos”; afirmó haber recibido “complementos” como parte del indigno (?) salario de los ministros, y que estos se recibían en efectivo firmando un recibo. Es necesario poner sobre la mesa la investigación de esta práctica en todas las administraciones gubernamentales y la eliminación de la misma a partir de hoy.

Algunas personas justifican la entrega de dinero público fuera de la ley  como mecanismo para compensar el salario de los funcionarios estatales, al considerar que el dinero que reciben como salario no corresponde al cargo y responsabilidad asignada; sin embargo, es innegable que esta práctica fue realizada de manera arbitraria, sin ningún respaldo legal que la justifique y con todo el oscurantismo que merece ser reprochado. La entrega de “complementos” también es muy probable que haya sido realizada para comprar voluntades, mantener silencios y hasta sobornar a funcionarios en la toma de decisiones; esto es corrupción y tiene que ser investigada en todos los niveles de la administración pública.

Ahora bien, el tema de los indignos (?) salarios asignados a los funcionarios no solo pasa por transparentar las asignaciones presupuestarias y modificar la Ley de Salarios. El salario de un funcionario público no puede ir solamente aparejado al título que se le ha concedido; ese nombramiento debe realizarse con base en la necesidad de que alguien haga un trabajo específico de manera permanente, debe ser supervisado y evaluado para establecer si el trabajo es equivalente a la remuneración recibida.

En El Salvador hemos visto que existe una gran facilidad para crear viceministerios, secretarías, gerencias, direcciones, etc., y que estos cargos sean ocupados por personas que probablemente su único mérito sea pertenecer a un color partidario. Si nos conformamos solo con que se transparente el salario que recibirá un funcionario, sin considerar su aptitud para ocupar el cargo, corremos el riesgo que solamente conozcamos el gran cheque que se lleva una persona que no brinda resultados concretos para el país. Esto nos lleva, otra vez, a la necesidad de exigir que las personas más preparadas y con suficiente mérito sean las que pertenezcan al servicio público.

Por último, una fundación creada y presidida por la esposa del actual presidente de la Asamblea Legislativa recibió más de medio millón de dólares para su gestión. Una situación cuestionable desde una perspectiva ética, dado el claro conflicto de intereses entre quien pertenece a la Junta Directiva que asigna ese dinero y quien lo recibe; pero también es reprochable desde la óptica de la administración de fondos públicos, la cual es arbitraria y se está realizando en fines que no encuentran justificación en un país quebrado.

La olla del uso arbitrario de dinero público está destapada y huele mal; todas las instituciones estatales tienen que idear la forma de limpiarla.