Fiscal General

Venezuela: GOLPE AL PUEBLO. De Fernando Mires

JULIO BORGES, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, rompiendo la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que anula las facultades del parlamento

Fernando Mires, 1 abril 2017 / POLIS

Llámenlo como lo llamen – golpe al parlamento, golpe blando, golpe seco, golpe incruento, golpe de estado, golpe en el estado – lo cierto, lo evidente, lo claro, es que el gobierno de Nicolás Maduro y el grupo que lo rodea, llevó a cabo, apoyado en un TSJ -cuyos miembros fueron elegidos a dedo por el propio gobierno- un golpe a todo el pueblo venezolano. Hecho que solo encuentra algunas similitudes con el “fujimorazo” del 1992 en el Perú, delito que Fujimori todavía paga con cárcel.

Lo que no esperaba el grupo que rodea a Maduro, camarilla que gobierna autonomizada del propio partido de gobierno, fue el imponente rechazo de la OEA, de la gran mayoría de los gobiernos y parlamentos latinoamericanos, de los EE UU y de la UE. Tampoco contaban con la disposición unitaria de la mayoría de los partidos de la MUD para defender a la Asamblea. Ni con la impresionante actitud del presidente de la AN, Julio Borges, quien haciendo uso de la dignidad de su cargo, llamó a la ciudadanía a las calles a defender a su único organismo de representación: a esa Asamblea que ha llegado a ser el parlamento del pueblo.

La declaración hecha por la fiscal general de gobierno, Luisa Ortega Díaz, bautizando como inconstitucional la atrocidad cometida por el grupo civil-militar de gobierno a través del TSJ, sorprendió a todo el mundo. No importan por el momento las razones por las cuales la señora decidió dar paso tan importante. Sea por el arrepentimiento de una persona que ve confrontada la esencia de su profesión, sea por una maniobra buscada por Maduro para -a través de la fiscalía general- retroceder ante la avalancha de protestas nacionales e internacionales, lo cierto es que el chavismo ya no puede ocultar las profundas grietas que lo atraviesan. Si esas grietas llegan hasta las FAN, es por el momento sospecha o hipótesis. Pero quienes conocen a la fiscal, aseguran que ella nunca va a dar una batalla sola. Las palabras de su texto no dejan duda, además, de que están dirigidas a una fracción en el poder. Probablemente a las mafias que controla Diosdado Cabello. Dijo Ortega Díaz:

“En recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento”

El gobierno, si todavía tenía alguna gota de legitimidad, después de las declaraciones de la fiscal terminó por perderla dentro de sus propias filas. Maduro, o quienes actúan en su nombre, aunque ahora lleve a cabo -dicho en su jerga- un “retroceso táctico”, buscaba despojar al pueblo de su soberanía. Ese es el hecho objetivo. El 30-M tuvo lugar un intento de crimen de Estado.

Vanos y grotescos serán los intentos realizados por Maduro y el Consejo Nacional de Defensa para desmarcarse del golpe al pueblo. Basta recordar que pocas horas antes de que Maduro comenzara a dar muestras de tardía rectificación, dos testaferros del mismo Maduro, Aristóbulo Istúriz y Hermann Escarrá, habían ya justificado el golpe con argumentos seudopolíticos y seudojurídicos. El primero acusando de golpista nada menos que a la AN (¡!) El segundo postulando una ridícula teoría de acuerdo a la cual el TSJ es entendido como un poder supraestatal.

Algunos políticos latinoamericanos y europeos se manifestaron sorprendidos por el golpe. No así quienes han seguido con atención la línea del régimen, entre ellos, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Para quienes conocen la historia reciente de Venezuela, la inhabilitación de la AN fue solo el acto final de un proceso que comenzó cuando el régimen declaró la nulidad del revocatorio (RR16), alternativa introducida en la constitución por el propio gobierno de Chávez. El segundo paso golpista fue la negativa del gobierno Maduro a convocar a las elecciones regionales del 2016. La inhabilitación de la AN, o tercer paso, no fue más que la consecuencia lógica de los dos primeros pasos.

En otra palabras, el golpe al pueblo no fue realizado de repente sino en tres capítulos: El robo del referendo revocatorio (RR), la supresión de las elecciones y las inhabilitación de la AN. El del 30-M fue entonces el resultado de un golpe progresivo y planificado. Eso significa para la oposición que ninguna promesa de dialogo puede ser aceptada si el gobierno no restituye el curso constitucional dando rápido curso a todas las elecciones previstas. Pero no elecciones como promesa vacía o vaga, sino con calendario en mano y con fechas muy precisas e impostergables. Sin prontas elecciones, la AN, institución fundada sobre las elecciones, continuará siendo una institución proscrita aunque Maduro y sus secuaces hagan un simulacro de rectificación.

Si la oposición accede a un diálogo sin previa existencia de una condición tan elemental como es la celebración de elecciones libres y soberanas, no solo cometería un acto de torpeza como ocurrió durante el diálogo que siguió al robo del RR. Sería, además, un acto de abierta colaboración con el régimen dictatorial.

Un proceso democrático, para que exista, debe ser pacífico, constitucional y electoral. Ruta que, por lo demás, no impuso la oposición a la ciudadanía sino la ciudadanía a la oposición. La prueba es que, hasta ahora, los grupos ultrarradicales y los grupos colaboracionistas continúan siendo, dentro de la oposición y en todo el país, absolutas minorías.

Elecciones ahora y ya. No hay otra salida para la oposición. Para el gobierno, quizás, tampoco.

Nota: estas líneas han sido escritas sobre la marcha de acontecimientos que se precipitan hora a hora. Tienen, por lo mismo, un carácter y un sentido provisorio. Ya vendrán los tiempos en los cuales podremos desarrollar teorías con más precisión, profundidad y calma.

Lea también sobre el tema:
El nuevo juego de poder en Venezuela: de la ruptura al impasse constitucional; por Michael Penfold
¿Las nuevas sentencias del TSJ restablecen el orden constitucional en Venezuela?; por José Ignacio Hernández

 

Es hora para el Fiscal General de actuar. De Paolo Luers

Paolo Luers, 20 marzo 2017 / EDH-OBSERVADOR

El 7 de marzo publiqué una carta a la Fiscalía, advirtiendo el peligro de que el “caso Daniel”, que más bien es el “caso PNC”, se convierta en el “caso FGR”. Lamentablemente, esto ya pasó, y es tiempo de que el Fiscal General, como titular de la Fiscalía, lo corrija.

La PNC, en vez de corregir un error de algunos agentes corruptos, lo encubrió con otras irregularidades. Y da la impresión de que la FGR, en vez de corregir los errores e investigar las irregularidades de la PNC, las encubre y reproduce. De repente ya no se trata de “errores” o irregularidades, sino de delitos: evidencias y acusaciones falsas, manipulación de la justicia. En el lenguaje jurídico esto se llama prevaricato. El precio lo paga un bicho que ya tiene dos meses de estar preso luego de una detención a todas luces arbitraria. Y ahora enfrenta otra acusación que también deja lugar a serias dudas sobre cómo proceden PNC y FGR.

La ley obliga a la Fiscalía General a investigar y entregar a los tribunales no solo las pruebas de cargo (que indican la culpabilidad de un acusado), sino también las pruebas de descargo (que indican su inocencia). El Fiscal General, como máximo garante del Estado de Derecho, tiene que garantizar que sus fiscales no estén quebrando la ley. Tienen que revisar los dos casos presentados contra Daniel Alemán. Es hora de que actúe para reparar el daño y para restablecer la confianza en la justicia.

En el primer caso contra Daniel, la PNC fabricó evidencias y dio a la Fiscalía y al juez testimonios falsos. Esto lo prueba un informe de la Unidad de Control de la PNC, que incluso ya tuvo como consecuencia el arresto de dos agentes de Altavista. A ellos se les encontró en sus casilleros en la subdelegación fuertes cantidades de marihuana. Existe por lo menos la sospecha de que parte de esta droga en posesión de agentes de Altavista la plantaron a Daniel para justificar su detención arbitraria. Pero el escándalo se hace más grande cuando la Fiscalía, en su nueva versión de la acusación contra Daniel, ni siquiera menciona la investigación de la Unidad de Control ni el hallazgo de drogas en la subdelegación ni la existencia de múltiples testigos que testifican que a Daniel no le encontraron ninguna droga y que fue detenido en otro lugar que el indicado por los agentes.

En vez de hacer lo correcto para corregir estas irregularidades -liberar a Daniel de cargos falsos y abrir investigaciones contra los agentes de Altavista- los fiscales retoman otra acusación que la PNC le hace a Daniel. ¿Será que para encubrir errores y delitos ya cometidos incluyeron a Daniel retrospectivamente en un caso de extorsión que data del año pasado? El requerimiento fiscal recoge un relato de los agentes de la PNC, en el cual reportan que el 4 de enero 2017 Daniel fue sujeto a una “intervención policialmente hablado”. Esto es un procedimiento policial inexistente, que por supuesto no deja ninguna evidencia ni huella en ninguna acta escrita.

El colmo: la Fiscalía permitió que dos policías que, según una investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos, fueron agentes de la DAN, entraron al penal donde esta recluido Daniel para intimarlo en este nuevo caso. Esto es una ilegalidad, porque solo la Fiscalía puede entrar a un penal para intimar a un detenido. Si entran policías encapuchados y sin identificarse, es más bien intimidación. Todo esto solo nos consta por qué la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y un abogado de la Procuraduría General de la República lo investigaron.

Esto pasó el 22 de febrero. Inmediatamente la madre de Daniel, Meira Alemán, fue a la Fiscalía, tanto en Soyapango como a la oficina central en Santa Elena, y la respuesta fue contundente: en la FGR no existe ningún expediente que involucra a Daniel en una investigación de extorsión. ¿Cómo es posible que no existe expediente, pero la PNC ya lo “intimó”? Y el 1 de marzo, el director de la PNC, Howard Cotto, informa a los medios de esta nueva acusación contra Daniel que la FGR dice desconocer.

Parece que luego PNC y FGR se pusieron de acuerdo. La Fiscalía retoma las acusaciones hechas por Cotto y presenta un requerimiento fiscal. Lo absurdo: ofrecen al juez como “prueba” las declaraciones de Howard Cotto. ¿Cuándo se ha visto que la palabra del director de policía, quien obviamente no fue testigo de este presunto delito, se convierte en prueba ante un tribunal? Varios abogados consultados aseguraron que en toda su carrera de penalistas no han visto una “prueba” de este tipo. Howard Cotto más bien debería ser llamado como testigo de descargo a favor de Daniel, porque dijo públicamente: “En la detención por droga yo he recibido un informe de la Unidad de Control donde tenemos dudas razonables sobre el procedimiento que tienen que ser investigadas, constatadas y determinar si hay fallo en el procedimiento y deducir responsabilidades en los agentes captores”.

Es hora de que el Fiscal General personalmente analice los expedientes de los dos casos contra Daniel Alemán, incluyendo el informe de la Unidad de Control, el dictamen de la PDDH y la forma irregular de la intimación. Es hora de que ordene una investigación de los policías y los fiscales involucrados. Es hora de que pida a los respectivos jueces sobreseer a Daniel Alemán en ambos casos y que decreten inmediatamente su libertad.

Cuando escribí el primer reportaje sobre este caso, lo titulé: “Algo anda mal en Altavista”. Hoy tengo que decir: Algo anda muy mal en la Fiscalía General de la República.

El “caso Daniel” por sí solo es gravísimo. Pero lo realmente preocupante es que no es un caso aislado. Detrás de esto hay un patrón de procedimiento de la PNC y de la FGR, que tal vez a través de este caso se puede comenzar a corregir. Digo tal vez, porque hasta ahora no hemos visto disposición de hacerlo, ni por parte de la dirección de la PNC ni del Fiscal General y tampoco de los jueces.

LEA SOBRE EL MISMO CASO:

Editorial de El Diario de Hoy: Procuradora de Derechos Humanos declara ilegal captura de joven

Algo anda mal en Altavista o los siempre sospechosos de todo

Carta al director general de la PNC: Está en sus manos corregir una injusticia

Carta a la Fiscalía: ¿Del “caso Daniel” al “caso FGR”?

Telegramas de fin de año a políticos y funcionarios: Ya sé que nunca contestan. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 22 diciembre 2016 / EDH

Casa Presidencial: Recuérdense, hoy jueves 22 vence el plazo que les dio la sentencia del Instituto de Acceso a la Información Pública para decirme cuánto cuesta el (ir)reality show del Buen Vivir.

Fiscal General: ¿Disculpe, pero hay investigación contra Herbert Saca y Mecafé, o solamente allanaron para buscar pruebas contra Tony Saca y Mauricio Funes? ¿O ya son testigos criteriados?

Presidente: No tiene que esperar hasta el 24 para dar a los alcaldes el FODES. No es regalo de navidad. Es su deber pagarlo mes a mes.

Sala Constitucional: ¿No van a sacar la sentencia que nos devuelve el derecho de libremente circular por todos los carriles de la Juan Pablo y del Bulevar del Ejército?

Magistrado Rodolfo González: No es el ejército que los está amenazando. Es el FMLN.

Mauricio Landaverde: ¿En el Ministerio de Justicia hay alguien que ha estudiado Derecho? Si hay, que le explique que es inconstitucional su decreto de negarle a miles de privados de libertad, de manera absoluta, el derecho al sol, independientemente de su comportamiento individual.

Ministro Carlos Cáceres: ¿Va a renunciar o se queda – o es sólo un berrinche que todos los fines de año repite?

Mauricio Interiano: Usted habla mucho del rumbo que no tiene el gobierno del FMLN. Es tiempo que defina cuál es el rumbo que ARENA quiere dar al país.

Arzobispo: No es necesario que cada domingo aproveche su investidura para dar su opinión sobre política, economía, seguridad. Tampoco quiere que los ministros, generales y empresarios emitan juicios teológicos.

ANEP: No es en la Corte Suprema que van a arreglar el problema del salario mínimo. Es negociando con los sindicatos. Luego le cuentan al gobierno lo acordado.

Hugo Martínez: Si el presidente no quiere hablar de Siria, ¿qué tal que usted como canciller hable claro sobre el genocidio en Alepo y la participación de Rusia?

ARENA: Si el gobierno del FMLN no presenta un presupuesto como la Constitución manda, ¿por qué no lo hacen ustedes? No es su responsabilidad, pero alguien lo tiene que hacer. Los números están sobre la mesa.

Presidente de CEL: Permítame una entrevista para explicarme cómo los proyectos El Chaparral y Ampliación de la 5 de Noviembre serán rentables para el país, a pesar de la explosión de su costos.

Presidente de CEPA: Ya parece inútil la pregunta, ¿pero cuántos años más pasará el Puerto de La Unión sin funcionar? Ya son 8.

Ya sé que nunca contestan, pero no voy a dejar de preguntar. Felices fiestas .

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Uso arbitrario de dinero público. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 5 diciembre 2016 / EDH

En El Salvador ya pocas cosas sorprenden. Ver el cinismo con el que algunos funcionarios se desenvuelven ya no nos extraña y que estén involucrados en hechos controversiales es el pan nuestro de cada día. Sin embargo, el veintinueve de noviembre del dos mil dieciséis se juntaron tantas situaciones cuestionables, relacionadas con la mala administración de fondos estatales y con la corrupción, que un ciudadano decente no puede ocultar el asco que genera observar que estamos rodeados de personas que (por acción u omisión) han afectado los intereses de El Salvador. Ahora ya no solo lo suponemos y elucubramos la probabilidad que existan estas situaciones tan cuestionadas; si alguien era escéptico, ese día lo pudo ver y escuchar con sus sentidos.

diario hoyEn el caso del exfiscal general, dejemos a un lado por un momento la desconfianza que pueda generar la fuente que filtró un video donde se observa que recibe un paquete; es realmente preocupante ver a la persona que tuvo a cargo la defensa de los intereses del Estado recibiendo lo que parece ser un fajo de dinero. ¿A cambio de qué lo recibió? ¿Era una práctica habitual? ¿De quienes más lo recibió? Estas son algunas preguntas que el Fiscal debería estarle haciendo al exfiscal, y ojalá este último preste toda la colaboración de revelar a todos los involucrados.
Pasemos al caso de la exministra de Salud. Para desgracia del Gobierno y “suerte” de los ciudadanos, la exministra reveló algunos indicios de la mal llamada figura de los “sobresueldos”; afirmó haber recibido “complementos” como parte del indigno (?) salario de los ministros, y que estos se recibían en efectivo firmando un recibo. Es necesario poner sobre la mesa la investigación de esta práctica en todas las administraciones gubernamentales y la eliminación de la misma a partir de hoy.

Algunas personas justifican la entrega de dinero público fuera de la ley  como mecanismo para compensar el salario de los funcionarios estatales, al considerar que el dinero que reciben como salario no corresponde al cargo y responsabilidad asignada; sin embargo, es innegable que esta práctica fue realizada de manera arbitraria, sin ningún respaldo legal que la justifique y con todo el oscurantismo que merece ser reprochado. La entrega de “complementos” también es muy probable que haya sido realizada para comprar voluntades, mantener silencios y hasta sobornar a funcionarios en la toma de decisiones; esto es corrupción y tiene que ser investigada en todos los niveles de la administración pública.

Ahora bien, el tema de los indignos (?) salarios asignados a los funcionarios no solo pasa por transparentar las asignaciones presupuestarias y modificar la Ley de Salarios. El salario de un funcionario público no puede ir solamente aparejado al título que se le ha concedido; ese nombramiento debe realizarse con base en la necesidad de que alguien haga un trabajo específico de manera permanente, debe ser supervisado y evaluado para establecer si el trabajo es equivalente a la remuneración recibida.

En El Salvador hemos visto que existe una gran facilidad para crear viceministerios, secretarías, gerencias, direcciones, etc., y que estos cargos sean ocupados por personas que probablemente su único mérito sea pertenecer a un color partidario. Si nos conformamos solo con que se transparente el salario que recibirá un funcionario, sin considerar su aptitud para ocupar el cargo, corremos el riesgo que solamente conozcamos el gran cheque que se lleva una persona que no brinda resultados concretos para el país. Esto nos lleva, otra vez, a la necesidad de exigir que las personas más preparadas y con suficiente mérito sean las que pertenezcan al servicio público.

Por último, una fundación creada y presidida por la esposa del actual presidente de la Asamblea Legislativa recibió más de medio millón de dólares para su gestión. Una situación cuestionable desde una perspectiva ética, dado el claro conflicto de intereses entre quien pertenece a la Junta Directiva que asigna ese dinero y quien lo recibe; pero también es reprochable desde la óptica de la administración de fondos públicos, la cual es arbitraria y se está realizando en fines que no encuentran justificación en un país quebrado.

La olla del uso arbitrario de dinero público está destapada y huele mal; todas las instituciones estatales tienen que idear la forma de limpiarla.

Carta al exfiscal: ¿Y usted nos pidió respeto? De Paolo Luers

paolo luers caricatura

Caricatura: Alecus

Paolo Luers, 26 noviembre 2016 / EDH

Estimado Luis Martínez:
Resulta que usted cobró, mes a mes su sobrecito de billetes, primero de Mauricio Funes, luego de Salvador Sánchez Cerén. “La cantidad que se le entregaba de tal origen osciló aproximadamente entre los 36 (meses) ya expuestos, de diciembre de 2012 a diciembre de 2015, entre los 10 mil hasta 20 mil dólares”, escribió usted mismo a la Corte Suprema de Justicia. Claro, en Casa Presidencial no hay record de esto, como tampoco de tantas otras cosas. Porque nunca firmó recibos. Tampoco hay record en Hacienda, porque el acuerdo tácito con Casa Presidencial era no declarar este ingreso al fisco. Sobornos no se registran en contabilidad…

diario hoyNos enteramos de todo esto, no por un ataque de transparencia de Casa Presidencial o de usted, sino porque usted se vio obligado a justificar ante la Sección de Probidad su patrimonio y su tren de gastos personales. No había otra forma de justificarlos, así que usted tuvo que ‘confesar’. “Dicha cantidad me fue explicada someramente, como una concesión inherente al cargo de fiscal general de la República, como un sobresueldo”, afirmó usted a la Corte.

El hecho que usted concibe que es “inherente al cargo de fiscal general” recibir, aparte de su salario en la FGR y “para sus gastos personales” sobres de cash del presidente de turno, explica mucho de su errática gestión. Siempre me he preguntado como un fiscal general, supuestamente vestido de absoluta independencia frente al Ejecutivo, pudo convertirse en el fiel instrumento del presidente Funes en su cruzada de persecución política contra sus adversarios. No hay almuerzo gratis: Una vez que se vendió al diablo, vendió también la imparcialidad de la fiscalía. Una vez que aceptó 20 mil dólares mensuales de soborno del presidente de la República, puso la institución de la fiscalía en función de juicios políticos, como en los casos CEL-ENEL y Francisco Flores.

Incluso a la hora de bajarse los pantalones y ‘confesar’, todavía trata de engañar. Usted habla de sobresueldo, pero los sobrecitos de cash que usted cada mes recibió de Casa Presidencial, no era un sobresueldo. Era un vil acto de soborno del poder ejecutivo para comprar la voluntad de un funcionario que por mandato constitucional tiene que actuar con independencia.

Los sobresueldos son otra cosa, tampoco muy legal, que corresponden a una práctica de los gobiernos de compensar a sus funcionarios (ministros, viceministros y otros) con pagos en efectivo, simplemente porque los salarios oficiales no corresponden a la realidad del mercado de profesionales. Un presidente no necesita sobornar a sus ministros, porque tiene todo el derecho de darles órdenes, corregirles la plana o incluso sustituirlos. La práctica común que el mismo empleador paga, adicional al salario, un sobresueldo, no es correcta, no es legal, pero es legítimo, no es soborno, no es compra de voluntades. Y la solución es simple: asignarles a los altos ejecutivos del Estado salarios que correspondan a su preparación académica y profesional, su responsabilidad y su desempeño profesional.

Pero cuando el presidente de la República compra, con sobrecitos de cash, la voluntad de fiscales, jueces, periodistas y otros que no son sus subalternos, es otra cosa mucho más grave. Y esto es, evidentemente, el caso de usted. El fiscal general no solo tiene que ser independiente, tiene la responsabilidad de investigar y perseguir delitos cometidos dentro del órgano ejecutivo. Inmediatamente surge la interrogante: Si ya sabemos que esta práctica de comprar fiscales no terminó con la gestión de un presidente (Funes), sino se prolongó en la Casa Presidencial actual, ¿quién nos garantiza que en el caso de la fiscalía terminó con la gestión de Luis Martínez?

Pero a esta duda ya no tiene que responder usted, sino el actual presidente y el actual titular de la fiscalía. El delito que cometió usted ya está documentado, y es soborno, no es sobresueldo. Hay que nombrar las cosas por su nombre – y no es correcto que los medios (incluyendo el mismo Faro que documentó este caso), sigan hablando de sobresueldo y no de soborno.

Y a usted le pregunto: ¿Con qué cara pronunció esta célebre frase ‘¡Respeten al fiscal!’?
Saludos,

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Exfiscal Luis Martínez admite que Presidencia le tuvo a sueldo durante toda su gestión. El Faro

“El origen de dichos fondos era el mismo presupuesto del órgano ejecutivo”, escribió el exfiscal Martínez en un documento presentado a la Corte Suprema de Justicia en el que revela haber recibido de la Presidencia sobresueldos de entre 10 mil y 20 mil dólares. Martínez dio esta información para intentar explicar 486 mil dólares sin justificación en su patrimonio. El exfiscal es el primer exfuncionario ajeno al Ejecutivo que confiesa haber recibido sobresueldos. 

el faroSergio Arauz y Gabriel Labrador, 24 noviembre 2016 / EL FARO

El exfiscal Luis Martínez reveló a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que durante todo su periodo recibió un sobresueldo mensual “de entre 10 mil y 20 mil dólares” que provenían de una partida de gastos reservados administrada por la Presidencia de la República. Según Martínez,  estos fondos le fueron entregados de manera consecutiva durante los últimos 18 meses de la administración del expresidente Mauricio Funes y los primeros 18 meses de la gestión de Salvador Sánchez Cerén.

El exfiscal dio esta confesión el 16 de noviembre a la sección de Probidad, en un escrito con el cual intentó subsanar una investigación de enriquecimiento ilícito en su contra. Probidad le cuestiona cuatro irregularidades a sus cuentas que suman 486 mil dólares cuyo origen es desconocido. El monto mayor tiene que ver con el pago que Martínez y su familia hicieron a cuatro tarjetas de crédito del Banco Promérica hasta por 361 mil dólares.

Para justificar el origen de esos fondos, Martínez escribió a Probidad que él recibía dinero de “delegados de Casa Presidencial” a quienes no puede identificar, y que el dinero fluyó de manera constante durante las dos administraciones presidenciales del FMLN.

“La cantidad que se me entregaba de tal origen osciló aproximadamente entre los 36 (meses) ya expuestos, de diciembre de 2012 a diciembre de 2015, entre los 10 mil hasta 20 mil dólares de los Estados Unidos de América, ya que cuando viajaba en misiones oficiales se me hacía entrega de una cantidad mayor a la normal y me eran entregados por diferentes personeros de Casa Presidencial, que nunca identifiqué, de manera mensual (sic.)”, escribió Martínez a la sección de Probidad.

Para el exfiscal, la normalidad con la cual se le entregó el dinero le hizo entender que se trataba de un pago por su trabajo y por eso nunca sospechó de su procedencia. En mayúsculas, Martínez escribió que “EL ORIGEN DE DICHOS FONDOS ERA EL MISMO PRESUPUESTO DEL ÓRGANO EJECUTIVO, por lo que no dudé de la legalidad de los mismos”. Martínez, quien juró defender la Constitución, la cual lo revistió de independencia respecto al resto de poderes del Estado, se perfila a sí mismo como un funcionario a sueldo de los gobiernos de Funes y Sánchez Cerén.

“Dicha cantidad me fue explicada someramente, COMO UNA CONCESIÓN INHERENTE AL CARGO DE FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA como un sobresueldo, situación que no me pareció ilógica en tanto que el origen, la permanencia en las entregas y sobre todo, que sucedió durante la transición de dos regímenes diferentes sin interrupción (sic.)”, escribió.

Al leer su declaración queda claro en dos ocasiones que el sobresueldo que dice haber recibido fue entregado entre el último tramo de la gestión del primer gobierno del FMLN, de diciembre de 2012 a mayo de 2014 (18 meses); y el primer tramo de la gestión de Sánchez Cerén, de  junio de 2014 a diciembre de 2015 (18 meses), periodo que se corresponde a su mandato en la FGR. En el inicio del texto, sin embargo, Martínez parece confundirse al decir que recibió fondos “inicialmente” en 29 meses del gobierno de Funes y siete meses del gobierno de Sánchez Cerén. La sumatoria de este cálculo, aparentemente erróneo, también se corresponde con el total de meses que dura un fiscal general en el cargo.

Esta es la primera vez que un exfuncionario del Estado -ajeno al organigrama del órgano ejecutivo- revela que recibió dinero de una partida de gastos reservados a través de sobresueldos. El Faro reveló en 2013 la existencia de los sobresueldos ocultos del gabinete,  una práctica que nació en el gobierno del expresidente Armando Calderón Sol (1994). Desde hace 22 años ha sido la Presidencia de la República la dependencia responsable de gestionar y de entregar estos sobresueldos, que se pagan en efectivo y sin dejar rastro en la contabilidad oficial.

En su testimonio, el exfiscal Martínez confirma que la entrega de los sobresueldos no era algo exclusivo para funcionarios del gabinete de gobierno o del órgano ejecutivo, y que los montos podían sobrepasar la frontera de los 10 mil dólares mensuales. Un exfuncionario de la Presidencia Funes que formó parte del equipo que tramitaba estos pagos explicó a El Faro que a parte de los altos funcionarios del ejecutivo, el sobresueldo del exfiscal era solo uno más de una serie de “apoyos” que también recibían algunos diputados opositores, columnistas, periodistas, fundaciones privadas sin fines de lucro y hasta magistrados de la Corte Suprema.
La confesión de Martínez es el segundo indicio que recoge Probidad sobre el uso irregular de fondos públicos a tráves de partidas catalogadas como gastos reservados. La primera vez que este mecanismo se cruzó por el radar de la sección fue cuando Élmer Charlaix, el exsecretario privado del expresidente Antonio Saca, intentó justificar que 15.8 millones de dólares que pasaron por sus cuentas bancarias provenían de una cuenta de gastos secreta del expresidente Saca. Según Charlaix, él utilizó esos fondos para gastos de inteligencia ordenados por el presidente de la República. Más tarde, la Fiscalía logró detectar que entre esos movimientos de dinero, supuestamente destinados para operaciones de inteligencia, hubo pagos a tarjetas de crédito de la exprimera dama, Ana Ligia Mixco de Saca, y una entrega de 400 mil dólares al partido Arena, entre otros.

En el caso del exfiscal Martínez, él explicó que el dinero que le enviaba la Presidencia a través de delegados provenía de una partida presupuestaria del Ejecutivo cuyo gasto era regulado por un reglamento. Ese reglamento, según Martínez, era citado verbalmente por esos delegados cuando le entregaban el dinero. “(…) Existía ‘un reglamento interno de Casa Presidencial’ y se me hizo mención de él explicándome que el destino era mi uso personal y discrecional”, planteó Martínez.

Hasta esta nueva versión narrada por el exfiscal, el sobresueldo -según confirmaron una docena de exfuncionarios y funcionarios de Arena y el FMLN con los que habló El Faro en 2013- era un complemento al salario mensual de los altos funcionarios del Ejecutivo que se definía en una negociación entre la Presidencia y el beneficiario del estipendio.

Miembros de los últimos cuatro gobiernos que confiesan haber recibido esos pagos dicen que la cantidad entregada dependía del rango del funcionario como del salario que este tenía antes de asumir funciones: unos recibían 3 mil dólares, otros 5 mil, otros 8 mil y hay, los menos, que recibían más de 10 mil dólares mensuales en billetes de 100. Esta última cifra casi equivale a tres veces el sueldo oficial de un ministro, que según la Ley de Salarios pellizca los 3,500 dólares.
En la administración de Mauricio Funes, cuentan los exfuncionarios, existió una especie de escalera de sobresueldos asignados a cada rango. Un ministro del primer gobierno del FMLN recibía cada mes 5 mil dólares de “complemento”; mientras que un viceministro recibía 3 mil. La confesión del exfiscal Martínez revaloriza esos montos, cuando él habla que llegó a recibir hasta 20 mil dólares en algunos sobresueldos.
Según las fuentes, la entrega de este dinero, en la mayoría de ocasiones, se hacía a través de sobres de manila. Quienes lo entregaban en las oficinas de los funcionarios eran motoristas o mensajeros, aunque había algunos funcionarios que llegaban a cobrar su estipendio en una oficina de la Presidencia. Ahí eran atendidos por un empleado al que no podían identificar. Tres años después de que El Faro revelara la existencia de los sobresueldos, el exfiscal Martínez confirma cómo funcionaba este mecanismo cuando declara a Probidad que él recibía el dinero “por diferentes personeros” de Casa Presidencial.
“Las cantidades ya referidas efectivamente eran entregadas a mi persona sin mediar en ello comprobantes de entregas o recibos, pero supondría que de ello existe respaldo en casa presidencial o en el Ministerio de Hacienda”, escribió.
Según el expediente de Probidad al que tuvo acceso El Faro, esta oficina consultó a la secretaría jurídica de la Presidencia si existían documentos que respaldaran los pagos mensuales que el exfiscal general dice haber recibido. “En razón de la materia que trata el requerimiento en cuestión, el mismo fue trasladado a la Gerencia Financiera Institucional, oficina que mediante nota de esta misma fecha -18 de noviembre de 2016- respondió que, luego de instruir a la verificación de la información solicitada en el precipitado requerimiento, en los archivos y registros de la referida Gerencia, se ha constatado su inexistencia en tales archivos y registros”.
Hasta finales de octubre de 2016, tres técnicos financieros de Casa Presidencial señalados por la Fiscalía como piezas claves en una maquinaria que ordeño al Estado con más de 250 millones de dólares seguían laborando para la presidencia todavía en el segundo gobierno del FMLN. Estos funcionarios fueron contratados desde la presidencia de Armando Calderón Sol y se mantuvieron en el cargo durante 22 años.

Se trata de dos contadores: Francisco Rodríguez Arteaga, el jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia de la República, y Pablo Gómez, asistente técnico financiero de la Presidencia y subalterno de Élmer Charlaix durante la gestión Saca. Ellos crearon 12 cuentas por las que circularon $251.3 millones. Ambos están acusados de peculado (desviar fondos públicos), agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. El encargado de librar los cheques a lo largo de toda la gestión Saca, según la investigación fiscal, fue Jorge Alberto Herrera Castellanos, el jefe de Tesorería de la Presidencia. La acusación contra él es solo por los delitos de peculado y agrupaciones ilícitas. Para hacerlo, Herrera -de 71 años- debió contar con el apoyo Rodríguez Arteaga, que también tenía firma autorizada.

Un funcionario que trabajó durante más de una década para el Ministerio de Hacienda explica que el dinero para los sobresueldos se encuentra oculto en diversas partidas del presupuesto general. Él explica que en los presupuestos elaborados por Hacienda existen bolsas de cuya liquidación no hay certidumbre porque no existe un control básico y transparente de cómo se ejecutan esas partidas en la Secretaria Privada de la Presidencia. Por ejemplo, una de las partidas está asignada a la dirección y administración institucional de la Secretaría, que en el presupuesto de 2013 tenía asignados 35 millones 616 mil 230 dólares. En 2016, esta misma partida tiene asignados 37 millones 563 mil 960 dólares.
En el presupuesto se plantea que esos fondos son utilizados para “dar seguimiento a la ejecución e implementar acciones para el cumplimiento de objetivos y metas del Programa de Gobierno y realizar reuniones de trabajo con el Gabinete de Gobierno” y “administrar los recursos financieros, materiales y humanos, con eficiencia, racionalidad y transparencia, a fin de contribuir con el logro de los objetivos institucionales y su funcionamiento de manera integrada e interrelacionada.”
Si se asume que durante una gestión de cinco años un ministro recibe al menos 60 sobresueldos de 5 mil dólares, la suma arroja 300 mil dólares en ingresos de los que el Estado no recibe declaraciones de impuestos. Si trasladamos ese cálculo a los 13 ministros del gabinete de gobierno, la cifra estimada asciende a 3.9 millones de dólares en cinco años. En su declaración, el exfiscal Martínez abre una puerta detrás de la cual aparece la Presidencia de la República repartiendo sobresueldos a otros funcionarios del Estado de manera discrecional y a oscuras.
Las tarjetas de Luis Martínez

En septiembre de 2016, luego de analizar las declaraciones patrimoniales del exfiscal Martínez, Probidad concluyó que hubo movimientos de dinero en sus cuentas que no tenían justificación. En concreto, Probidad detectó 125 mil 408 dólares con 80 centavos que no cuadraban. Más tarde, el 27 de octubre, la Sección descubrió que los montos irregulares eran mayores, luego de que encontraron pagos a cuatro tarjetas de crédito por 361 mil 285 dólares que Martínez no había reportado en sus declaraciones.

Cuando la Sección le pidió explicaciones sobre el pago de esas cuatro tarjetas del Banco Promérica, Martínez respondió que estas le habían sido regaladas por la empresa Bolsas Desechables y Plásticos S.A. de C.V. Según dijo, le fueron entregadas para que él y su familia las utilizaran de manera discrecional durante su mandato.

¿Por qué una empresa estaría interesada en dar cuatro tarjetas de crédito a un fiscal general? Martínez señaló que entre algunos accionistas de esta sociedad había parientes suyos. “Existe nivel de parentesco entre algunas de las personas relacionadas con el capital accionario de la sociedad y mi persona, mismas que se vieron de alguna manera fortalecidos a través de la prestación de diversos servicios profesionales rendidos por mi persona y hacía aquella (sic.) desde antes del desempeño del cargo de fiscal”, escribió. El exfiscal tiene 26 años de prestar servicios de abogacía.

La Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal prohíben a los funcionarios públicos recibir favores o dádivas de particulares cuando con estos se intenta influir en el trabajo institucional. Pero el exfiscal explicó que la entrega de las tarjetas de crédito “no obedeció a otra circunstancia que una mera concesión dado los lazos existentes ya expresados para que mi persona pudiera hacer uso de dicho beneficio sin que ello implicara pago de honorarios o prestación de naturaleza alguna y únicamente para disponer de un crédito amplio”.

Una de las cuatro tarjetas de crédito, explicó el exfiscal, fue utilizada por él. Dos tarjetas las utilizó su esposa Carla García Rossi; y la última la utilizó uno de sus hijos, Luis Carlos Martínez. El exfiscal además explicó que para amortizar el saldo de dichas tarjetas, la empresa nunca puso ni un centavo: el dinero en efectivo lo daba él mismo, aunque a veces también enviaba a empleados de la Fiscalía a entregar el dinero a la empresa para que esta hiciera los abonos.

Este ese movimiento constante de dinero es donde, según el exfiscal, entran a escena los sobresueldos de Casa Presidencial. Martínez asegura que esas tarjetas fueron manejadas con fondos entregados por la Presidencia, pero también plantea que esos fondos los ocupó para reforzar su seguridad.

“Se me hizo mención del (reglamento interno) explicándome que el destino era mi uso personal y discrecional. Circunstancias que de inmediato relacioné con la posibilidad de fortalecer mi seguridad personal y la de mi familia por el cargo de alto riesgo que acarreó mi actividad en contra de diversos grupos delincuenciales como las pandillas”, escribió.

Probidad detectó que en los estados de cuenta de las cuatro tarjetas de crédito había compras personales, aunque en el informe al que tuvo acceso El Faro no había detalle de dichos gastos.

No todos los abonos al saldo de la tarjeta de crédito los hizo Martínez con fondos de Casa Presidencial. También dijo que algunos pagos los hizo con viáticos que le entregaba la Fiscalía cuando realizaba misiones oficiales.

La Fiscalía también había otorgado a Luis Martínez una tarjeta de crédito institucional para gastos personales. El exfiscal dijo a Probidad que cuando esa tarjeta de la FGR fallaba o no era admitida, le tocaba utilizar una de las tarjetas que le entregó la sociedad Bolsas Desechables y Plásticos S.A. de C.V.  “No me serví de fondos destinados a la institución (FGR) para pagar gastos relativos únicamente a mi persona o mi familia, por el contrario, mi persona utilizó la tarjeta tantas veces relacionada en auxilio a imprevistos ocasionados por la tarjeta institucional en misiones oficiales”, escribió Martínez.

Probidad pone en duda esta versión: “No se adjuntó ningún documento que respalde el uso de esas tarjetas de crédito para fines institucionales. En los estados de cuenta mensuales enviados a esta oficina por el Banco Promérica S.A. se observan compras personales cargadas a las cuatro tarjetas de crédito analizadas”.

El milagroso préstamo de Aldo Parducci

Antes de convertirse en fiscal general, Luis Martínez había sido un abogado y notario que entre sus clientes tuvo a uno de los hombres más poderosos de El Salvador. Martínez era abogado y notario del expresidente Francisco Flores, y la relación laboral que los unió duró cerca de dos décadas. Por ejemplo, cuando el expresidente Flores dejó su cargo en junio de 2004, necesitó los servicios de un abogado para presentar su declaración patrimonial ante la sección de Probidad. Quien ejerció esas funciones fue el abogado Luis Martínez, para aquellos años todo un desconocido en los pasillos públicos de la política salvadoreña.

La relación entre Martínez y el expresidente Flores era un hombre que formó parte del círculo íntimo del exmandatario. El 19 de diciembre de 2013, Martínez aceptó en una entrevista de televisión en el canal 33 que tenía una larga amistad con Aldo Parducci, el exsecretario privado de la presidencia Flores.  “Con él tengo la relación directa de trabajo por más de 25 años. He sido notario y abogado de Aldo y él estuvo desarrollando una lotificación al expresidente. De ahí viene la relación”, dijo el exfiscal en la entrevista.

Cuando Probidad le detectó otras tres irregularidades al exfiscal por un monto de $125 mil dólares, él invocó a su viejo amigo para intentar desvanecer parte de esos montos. Probidad le señala a Martínez que no se puede comprobar el origen del dinero con el que pagó deudas por 27 mil 305 dólares de su esposa y de un crédito que él abrió a su nombre ante el Banco Agrícola; que tampoco se puede explicar cómo es que gastó más de lo que tenía hasta por un monto de 37 mil dólares, y que tampoco se explica de dónde salieron los fondos para abonar a cuentas de su esposa y de uno de sus hijos 45 mil 760 dólares. Estos montos suman 110,065 de un total de 125 mil dólares que le repara Probidad al exfiscal. En el documento al que tuvo acceso El Faro no hay una explicación sobre los 14 mil 935 dólares de diferencia.

Según Martínez, en febrero de 2013, su amigo Aldo Parducci le otorgó un préstamo no bancario hipotecario por 220 mil dólares. Con ese préstamo Martínez canceló una deuda hipotecaria de 194 mil 442 dólares con el Banco Davivienda. Martínez había hipotecado su casa de residencia en Joya de las Piletas, una residencial privada a la entrada de Nuevo Cuscatlán, en La Libertad. Esa deuda, según explicó a Probidad, fue saldada tres meses después de haber asumido como fiscal general con el préstamo otorgado por Parducci.

Del préstamo que le hizo su amigo, según las cuentas del fiscal, le quedaban 25 mil 558 dólares que utilizó para pagar otras deudas. En concreto abonó saldos a tres tarjetas de crédito de su esposa y pagó las últimas cuotas de un préstamo personal abierto a su nombre en el Banco Agrícola. El total de estas operaciones llegó hasta los 27 mil 305 dólares.

Pero Martínez también invocó ese mismo crédito para justificar 20 mil de los 37 mil dólares que según Probidad gastó de más.

Para Probidad, el relato de Martínez no es válido porque aunque él dice que recibió 220 mil dólares de parte de Parducci, Probidad solo ha certificado un préstamo por 200 mil dólares. Eso significa que luego de haber cancelado la hipoteca de su casa, Martínez solo pudo haber utilizado 5 mil 558 dólares -lo que le quedaba del préstamo de Parducci- para otros gastos.

El último reparo de Probidad -unos depósitos por 45 mil 760 dólares en cuentas de su esposa y su hijo- Martínez intentó subsanarlo explicando que ese dinero salió de montos que provenían de sus sueldos como fiscal, de los viáticos y gastos de representación que él obtuvo de la FGR.

Probidad cuestiona esta versión porque esos fondos, según argumentaba el mismo Martínez ante la Fiscalía, eran utilizados para necesidades de su trabajo.

“Esta oficina no puede tener como válidos esos argumentos (de Martínez) ya que según consta en la información proporcionada por la FGR, mediante oficio del 11 de julio de 2016, el fiscal general pidió en repetidas ocasiones viáticos adicionales para sus misiones oficiales y su comitiva que lo acompañaba, lo que da a entender que los asignados no le eran suficientes para sufragar sus gastos”, reza el informe de Probidad.

Manuel Cruz, el abogado del exfiscal, explicó a El Faro que su cliente no quiere dar declaraciones a ningún medio sobre ninguno de los procesos de investigación en su contra. El caso de Luis Martínez está en estudio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes definirán si este pasa a una Cámara de lo Civil a un juicio por enriquecimiento ilícito.

*Con reportes de Nelson Rauda

En agosto de este año, el exfiscal general, Luis Martínez, fue detenido por agentes de la PNC para llevarlo a las bartolinas de la División Anti Narcóticos. Fue capturado en la sede de la Fiscalía General de la República, en Antiguo Cuscatlán, acusado por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal. Foto de El Faro: Víctor Peña

En agosto de este año, el exfiscal general, Luis Martínez, fue detenido por agentes de la PNC para llevarlo a las bartolinas de la División Anti Narcóticos. Fue capturado en la sede de la Fiscalía General de la República, en Antiguo Cuscatlán, acusado por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal. Foto de El Faro: Víctor Peña

Telegramas urgentes a figuras e instituciones públicas: A ver quién se anima a contestar. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 24 noviembre 2016 / EDH

Diputados: Elegir magistrados de Corte de Cuentas cercanos al PCN no es buena idea. Ya sabemos como trabajan.

Embajadores: En vez de inspeccionar un sitio de construcción en el penal Izalco, pidan visitar un penal donde pueden hablar con internos, p.ej. ejemplo Quezaltepeque. Pregunten por tuberculosis.

Alcalde Bukele: ¿Cómo se les ocurrió comprar los dominios para las clonaciones de LPG bajo mi nombre y pagarlos con su propia tarjeta de crédito?

diario hoyOscar Ortiz: ¿Quién en CAPRES tiene formación suficiente para conocer la palabra ‘Némesis’, pero no suficiente para conocer sus significados: venganza o enemigo invencible?

ARENA: ¿El partido y su fracción va a respaldar la iniciativa de René Portillo Cuadra de penalizar la manipulación del presupuesto?

Mauricio Interiano: ¿Vas a defender a las diputadas que no votaron por los 550 millones – o vas a defender el derecho del jefe de fracción de imponer como votar?

Fiscal General: ¿Por qué aun no ha emitido orden de captura contra Mauricio Funes? ¿Sólo porque ya se ausentó?

Hato Hasbún: ¿Dónde estás? De todos los temas que durante años hablaste diariamente, ahora sólo escuchamos a Oscar Ortiz.

General Atilio Benítez: Le recomiendo que, al solo tener la votación de la Asamblea a su favor, renuncie al fuero y defienda su honor ante la corte. Lo apoyaría.

Diputado Gallegos: Sólo creería en su nuevo discurso conciliador, si públicamente renunciara a postulados que ha defendido durante años: la pena de muerte y el derecho de tomar la justicia en sus manos. Ya llegó al cargo, haga un Trump…

Prensa Gráfica: Cuidadito que no vaya crear su propio ‘némesis’. Estas batallas, como la que ustedes tienen contra Bukele, o las ganan, o habrán hecho invencible al adversario. Vea Trump.

Gerson Martínez: A nombre de todos los que amamos el arte, le rogamos que deje de aprovechar su cargo para imponer sus gustos cursi. O instala un comisión de expertos independientes, o deje de poner monumentos.

Secretaria de Cultura de la Presidencia: ¿Cuándo va a cumplir la promesa de exhibir las obras de la “Ultima Cena”, censuradas el año pasado? ¿O hay un veto definitivo de CAPRES?

Casa Presidencial: ¿Qué pasa con el nieto del presidente y su salida de parranda nocturna, que terminó con un ciudadano muerto y la fuga del lugar del accidente? ¿El presidente va a mantener silencio?

Saludos a todos,

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