Rual Melara

Carta al nuevo Fiscal General: hora de corregir. De Paolo Luers

23 abril 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimado Dr. Raúl Melara:
Terminando las vacaciones de Semana Santa, estoy releyendo todo lo que se escribió sobre el juicio de la tregua, que en agosto del 2017 terminó con el juez especializado absolviendo a todos los acusados de todas las acusaciones.

Bueno, lastimosamente no terminó ahí. El fiscal Douglas Meléndez apeló la sentencia absolutoria y la Cámara la declaró nula. Hay que repetir toda la vista pública, con todo el desfile de testigos y por esto, para poder nuevamente comentar el juicio, estoy leyendo todo lo que se escribió sobre este espectacular caso. Ponga “caso tregua” en google.com y le sale todo el chorro.

En agosto 2017, el juez Godofredo Salazar declaró inocentes a los 178 acusados (el mediador Raúl Mijango, un oficial de policía, el ex director general de Centros Penales, los exdirectores de varios penales y todos los integrantes del Consejo Criminológico Paracentral) con un argumento central: que todos los acusados habían actuado en cumplimiento de una política pública adoptada por el gobierno.

Esta argumentación fue atacada agresivamente por la Fiscalía General, no solo en su apelación, sino en muy violentas declaraciones mediáticas contra el juez Salazar. El mismo fiscal general de entonces, Douglas Meléndez, aprovechó una entrevista televisiva para amenazar al juez Salazar con perseguirlo penalmente. Estas amenazas motivaron a los jueces penales del Centro Judicial Isidro Menéndez a publicar una declaración conjunta, rechazando las “injerencias, señalamientos y amenazas indebidas contra la independencia judicial” y denunciaron al fiscal general ante el Relator de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados.

Estos son los antecedentes de la segunda vista pública del “caso tregua” contra los mismos acusados, a celebrarse a partir de mañana 24 de abril. La presión ahora está sobre el nuevo juez, a quien le tocará presidir el juicio y sentenciar. En una carta que publiqué sobre el tema en marzo 2018, escribí: “Presionar a los jueces con campañas mediáticas y amenazas de investigación y persecución penal es inadmisible para un fiscal general. Atenta contra su propia independencia y dignidad y las de los juzgadores. No podemos tener a un fiscal general que cada vez que pierda un caso arme berrinches contra el juez y que cada vez que obtenga la reversión de una sentencia no favorable a la Fiscalía se lance al ataque amenazando al juez de echarlo preso”.

Casi hice un llamado a sustituir al fiscal general, escribiendo: “Necesitamos que el nuevo fiscal general, que la Asamblea tendrá que elegir este año, sea una persona más equilibrada, más profesional y menos mediática. Y sobre todo que sea un profesional de derecho que entienda que el fiscal general no solo tiene la función de acusar, a nombre del Estado, a las personas imputadas de delitos, sino que también (y sobre todo) tiene que ser el garante del Estado de Derecho. Esto incluye garantizar que se aplique el principio constitucional de la presunción de inocencia, así como defender otro principio constitucional: que los jueces puedan aplicar justicia libres de presiones y amenazas”.

Bueno, Douglas Meléndez no fue reelegido y ahora tenemos un Fiscal General que ha prometido que ya no habrá juicios mediáticos y politizados.

Esperemos que en la repetición del “caso tregua”, uno de los juicios con más vicios de politización y pre condena mediática por parte de la Fiscalía, veamos la diferencia. Cierro con a misma frase de la carta de marzo 2018:

“Deje que la nueva vista pública se desarrolle sin presiones indebidas de ninguna parte. Deje que se haga justicia, basada en pruebas, y no en campañas mediáticas”.

Saludos,

Lea también:

Carta sobre el primer día de la vista pública del “caso tregua”: FGR 0-2 Defensa.

Carta sobre el último día del juicio en el “caso tregua”: La Fiscalía es una desgracia.

Carta al Fiscal General: Goleada de 0-18

Mal perdedor, mal ganador

Carta al fiscal general: Tome control de la redadas. De Paolo Luers

16 abril 2010 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimado Dr. Raúl Melara:
Hay sectores sociales que tienen que convivir con las pandillas: comunidades marginales, vendedores informales, trabajadores municipales, transportistas, profesores… También tienen que buscar la forma de convivir con la policía. Conviven con la pandilla no porque así lo quieran. No es por afinidad, es por necesidad. Un Estado que no tiene la capacidad de garantizar la paz social los condena a convivir para sobrevivir.

Convivir significa que diariamente tienen contacto con los pandilleros y que sus dirigentes (locales, comunales, gremiales, religiosos) hablen con los jefes de las clicas para facilitar la convivencia, prevenir la violencia, facilitar la vida comunal, productiva, deportiva, educativa.

Esto lo sabe todo el mundo, incluyendo los policías y fiscales. Pero de vez en cuando, de una manera arbitraria y cuando consideran que lo necesitan para su proyección pública, agarran a un dirigente de vendedores, a un alcalde, o a un representante comunal, le exhiben en ropa interior y lo acusan de colaboración con una pandilla o incluso de asociación ilícita. En otros casos no. Porque si lo hicieran con todos los dirigentes comunales, gremiales, religiosos, con todos los trabajadores municipales por igual, harían colapsar todo el tejido social. Optan por represión selectiva.

El último caso es el de Vicente Ramírez. Como dirigente de vendedores informales, es amigo de muchos y enemigo de otros. En la última redada de la Fiscalía y la PNC en el centro capitalino, Vicente fue uno de 117 personas arrestadas y acusadas de vínculos con la MS13.

Que me explique un fiscal o un jefe policial cómo alguien puede sobrevivir por décadas como dirigente de los vendedores informales en el centro capitalino sin tener contactos con las pandillas. Vicente es uno de los dirigentes de vendedores a quienes les toca resolver problemas con la alcaldía, con la PNC y el CAM, con los vendedores de otras zonas, con los transportistas y con las pandillas. Todos los días. Si no, el comercio informal no funcionaría.

Tengo años de conocer a Vicente. ¿Quién no lo conoce en San Salvador, sobre todo en el Centro? Lo he visto mediar en esta jungla que es el centro, apagar fuegos, buscar soluciones a conflictos.

¿Por qué alguien querrá sacar de circulación a gente como Vicente Ramírez, sabiendo que pone en peligro el delicado equilibrio social en el centro urbano? No sé. Puede ser que alguien quiere acumular más poder en esta jungla. O puede ser que alguien quiere mandar una señal a dirigentes sindicales, gremiales o comunales: Miren lo que les puede pasar si siguen ejerciendo esta labor de mediación en la calle, en los barrios, en los mercados…

Acusan a Vicente a haber aprovechado sus visitas a penales para mandar o recibir recados de los jefes pandilleros. ¿Y cómo es esto en tiempos de las medidas extraordinarias que reinan en todos los penales donde están recluidos pandilleros? Hay un estricto control sobre quien puede hacer visitas y sobre sus conversaciones dentro de los penales. Esta acusación absurda se le va a caer a la Fiscalía. Pero mientras tanto, Vicente Ramírez va a estar preso, mínimamente por 5 meses. Y en las calles del Centro habrá más violencia y menos convivencia pacífica.

No podemos seguir con esta lógica de redadas masivas y casos arbitrarios, todo con el pretexto de la lucha contra las pandillas. Actúe, señor Fiscal General, para erradicar los vicios que sus antecesores le han dejado.

Saludos,

Carta al nuevo Fiscal General: ¿Quién revisa los casos? De Paolo Luers

14 marzo 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimado Raul Melara:
Cualquier fiscal que presenta un requerimiento ante un juez, lo hace en nombre del fiscal general. Cualquier fiscal que presenta una prueba y acusa a un ciudadano, lo hace en nombre de su jefe máximo. Siempre es usted, como titular, quien actúa a través de sus auxiliares. De cualquier acusación, justa o abusiva, usted es el responsable. (Disculpe que se lo diga, porque obviamente usted lo sabe – pero tal vez no todos los lectores de esta carta.)

Cada fiscal general tiene sus propios criterios y prioridades – y algunos, por ejemplo los dos últimos que tuvimos, sus obsesiones y mañas. Un fiscal general nuevo no puede personalmente revisar los expedientes de todos los casos en curso o pendientes, para evitar que no vengan contaminados por obsesiones o mañas de sus antecesores, y para asegurar que correspondan a sus propios criterios del Estado de Derecho, a sus exigencias en cuanto a solidez de pruebas y coherencia de argumentos jurídicos. No puede revisar y corregir todos los casos, pero sí puede y debe instalar una instancia para hacerlo.

Sabemos que Luis Martínez tuvo la maña de armar casos para extorsionar. Douglas Meléndez, su sucesor, no tuvo esta maña, pero sí una obsesión enfermiza con los casos mediáticos y populistas. Esto lo hizo cometer el error de sacar de la gaveta de Luis Martínez algunos de estos casos mal armados, sin revisarlos debidamente. Un ejemplo: Luis Martínez estaba obsesionado con con la tregua. Armó un caso novelesco contra el ministro de Defensa, acusándole de toda una conspiración alrededor de la tregua. Pero nunca presentó este caso, porque sabía que su teoría de conspiración no iba a resistir el escrutinio de una vista pública. Lo tuvo en su arsenal para presionar a Munguía Payes y para desacreditar mediática y moralmente la tregua y a los mediadores.

Douglas Meléndez, en vez de revisar exhaustivamente el expediente tregua, solo ordenó que quitaran a Munguía Payes de los imputados – pero sin cambiar toda la narrativa sobre la conspiración encabezada por el ministro. Resultado: el caso se cayó, por la falta de coherencia de su narrativa. En abril habrá que repetir esta vista pública, porque la cámara aceptó la apelación de la fiscalía contra la sentencia absolutoria. Pero me pregunto:
¿Usted mandó a revisar bien el requerimiento fiscal, los argumentos jurídicos, y todo el manejo de pruebas y testigos criteriados? ¿O va a mandar a sus fiscales con la misma teoría de conspiración?

¿Usted formó en su oficina un Grupo de Análisis que somete a revisión a todos los casos heredados de Luis Martínez y Douglas Meléndez?

¿Se ha revisado de fondo el caso Infocentro contra Nicola Angelucci, que estaba en pleno desarrollo? Lo dudo, porque escuchamos los mismas alegatos que los fiscales han repetido durante años – y que la jueza presidente no los acepta.

¿Revisaron bien el caso de los cheques de Taiwán, antes de imputar a Juan Wright y Gerardo Balzaretti – o viene así como Luis Martínez armó el caso contra Paco Flores? Más bien parece así – y esto sí es preocupante.

Pero no solo urge revisar minuciosamente los casos emblemáticos, con imputados conocidos. Sobre todo hay que revisar los casos que involucran a criminales convertidos en testigos criteriados y los casos que tienen que ver con abusos policiales. No puede ser que sigan saliendo libres los policías responsables de ejecuciones. Por todo esto, su fiscalía necesita una instancia que revise los requerimientos fiscales y unifique criterios, compuesta por profesionales que no han sido parte de las fiscalías anteriores y sus mañas.

Quiero pensar que para esto se decidió cambiar de fiscal general. La mejor respuesta a esta carta sería que usted me dijera: No se preocupe, todo esto ya se está haciendo.

Saludos,