México

Violencia en México: Una guerra con muertos (pero sin heridos)

En los cuatro primeros años del conflicto contra el narco, más de la mitad de los enfrentamientos acabaron con todos los criminales muertos. Los investigadores consideran que un combate estándar concluiría con el mismo número de heridos que de muertos.

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Pablo Ferri, 10 febrero 2017 / EL PAIS

el paisLejos de ajustarse a la retórica oficial del Gobierno de Felipe Calderón en México, los datos que arrojan los primeros cuatro años de la guerra contra el narco muestran una realidad bien distinta. El Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, una prestigiosa universidad mexicana, ha analizado 3.327 combates entre autoridades y presuntos agresores ocurridos entre 2007 y 2011. Más de la mitad, 1.223, concluyeron con todos los criminales muertos.

Además, los analistas del CIDE han descubierto que la gran mayoría de los 3.327 enfrentamientos ocurrieron por “actividad” de las autoridades. Alejandro Madrazo, uno de los autores del estudio, explica que “en el 84% de los casos, cuando detona el evento, la autoridad estaba realizando una actividad, por ejemplo catear una casa, o atender un llamado anónimo”.

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue que apenas un puñado de operaciones estuvieron amparadas por el juez. “Descubrimos que fueron menos del 5%”, dice. En la mayoría de ocasiones, explica, las autoridades actuaron por su cuenta, careciendo de la supervisión del ministerio público o el mandato de un juez. “El 31% de los combates”, añade el experto, “ocurrieron cuando las autoridades estaban patrullando”.

Letalidad total

El índice de letalidad mide la relación de heridos y muertos en un enfrentamiento armado. Un combate normal arroja cifras parejas, un muerto, un herido, dos muertos, dos heridos… Cuando un combate presenta un índice de letalidad total significa que todos los de un bando murieron. No hay heridos, lo que lo hace sospechoso. De los 3.327 estudiados por el CIDE, 1.223 presentaron un índice de letalidad total.

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Fuente: Rebeca Calzada – CIDE

Cuando Calderón llegó a la presidencia en diciembre de 2006, anunció que enfrentaría al crimen organizado con toda la fuerza del estado. Para ello, desplazó a miles de policías y militares al centro y el norte de México. Era, dijo, una batalla justa e imprescindible. En la prensa empezaron a aparecer informaciones sobre enfrentamientos entre autoridades y grupos criminales. La policía o las Fuerza Armadas explicaban en escuetos boletines que algunos delincuentes habían muerto y otros habían resultado heridos; que se habían decomisado fusiles, cartuchos y granadas. En muchos de ellos, los boletines leían que todos los delincuentes habían muerto en el intercambio de disparos.

La situación degeneró muy rápido. Y entre tanto empezó a expandirse la sensación de que todo aquello era demasiado raro. ¿Era normal que en un combate hubiera más delincuentes muertos que heridos? ¿Que todos los delincuentes murieran en las balaceras? Analistas, académicos y expertos se hacían estas preguntas.

En 2011, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México adaptaron un indicador para evaluar si los uniformados habían abusado de su fuerza en esos años. Se llamaba índice de letalidad. Otros colegas ya lo habían usado en Brasil con buenos resultados.

indice-de-letalidad-1El índice de letalidad mide la relación entre civiles heridos y muertos en un enfrentamiento. “No se trata”, escribieron los académicos, “de que por sí mismo determine la existencia de privaciones arbitrarias de la vida, sino de valores que alertan sobre un contexto de preocupación”. Así, cualquier enfrentamiento que concluyera con más muertos que heridos era motivo de alarma.

Los investigadores del CIDE han retomado ahora el índice de letalidad. Gracias a una filtración de los datos que manejó el Gobierno del propio Calderón, han descubierto que la mitad de los combates acontecidos en los primeros cuatro años de su mandato acabaron con todos los delincuentes muertos. Ya no con más muertos que heridos: todos muertos. Los investigadores del CIDE consideran que un combate en el que mueren todos los civiles presenta un índice de letalidad perfecta.

Las hemerotecas de los medios mexicanos están llenas de situaciones así. El 26 de febrero de 2010, el diario Reforma informaba, por ejemplo, de la muerte de cuatro sicarios tras un enfrentamiento con militares cerca de Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos. La Secretaría de la Defensa Nacional explicaría después en un comunicado que un comando armado había agredido a los militares. En el tiroteo, los cuatro sicarios habrían muerto. Sin heridos. Sin preguntas. Sin más respuestas.

A escala regional, la mayor cantidad de escenarios de este tipo se dieron en el noreste. De los 1.223 enfrentamientos que presentaron un índice de letalidad perfecta, 502 ocurrieron en los estados de Nuevo León y Tamaulipas en 2010 y 2011. Casi la mitad. Los datos coinciden con la explosión de violencia en la zona por la guerra entre cárteles.

Zetas, Golfo y actividad militar

En febrero de 2007, el presidente Calderón puso en marcha el Operativo Conjunto del noreste. El mandatario ordenó el despliegue de 3.500 policías, militares y marinos en Nuevo León y Tamaulipas, además de nueve helicópteros, tres aviones y 48 vehículos tácticos militares. Luego llegarían más. Era el tercer operativo que organizaba el presidente en apenas dos meses de Gobierno. La batalla empezaba.

Por aquel entonces, Los Zetas aún respetaban la cadena de mando del Cartel del Golfo. Si el Cartel de Sinaloa manejaba los cultivos de marihuana y amapola en la región noroeste, el Golfo controlaba la frontera noreste y la costa atlántica de la mano de Los Zetas. Pero todo aquello cambió. La detención de varios líderes de ambas organizaciones y las continuas reyertas entre los nuevos cuadros degeneraron en una guerra que afectó a ambos estados.

Atrapados en medio de la batalla, la Policía Federal, el Ejército y la Marina trataron de tomar el control. Así, Nuevo León y Tamaulipas concentraron casi la mitad de los 3.327 combates que se dieron en el país durante esos años. En 2010 fueron 447 de 1.027. Al año siguiente la historia se repetiría: 623 de 1.441.

La cantidad de denuncias en esos cuatro años por violaciones a derechos humanos rayaron lo inmanejable. El ombudsman mexicano recibió 4.000 quejas y preparó decenas de informes abundando en la mala praxis de las autoridades, sobre todo de las Fuerzas Armadas.

La pregunta es obvia, ¿qué ocurrió realmente en esos años en el noreste de México?

¿Es posible terminar con la impunidad en México? De Alberto J. Olvera

Es urgente la creación de una Fiscalía Nacional autónoma.

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Alberto J. Olvera es profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana

Alberto J. Olvera, 16 sept. 2015 / EL PAIS

México vive un momento crucial de su historia contemporánea. El problema de la impunidad generalizada de la clase política—sea en casos de corrupción, de asesinato o desaparición forzada de personas, o por omisión de acciones esenciales en materia de justicia y de políticas públicas—ha llegado a un punto límite. El cambio de época que se perfila es en realidad la culminación de un largo proceso de acumulación de indignaciones.

Hace unos días, la Comisión Internacional de Expertos Independientes nombrada por la CIDH con el aval del gobierno federal para hacer una investigación propia sobre el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, rindió un informe contundente, que demuestra que ni la Procuraduría de Justicia de Guerrero ni la General de la República hicieron una investigación científica y fiable. Por el contrario, su trabajo fue sospechosamente parcial y ofreció conclusiones insostenibles.

Las múltiples y gravísimas omisiones en la investigación involucran a la Policía Federal y al propio ejército. El caso de Ayotzinapa es solamente la punta del iceberg de la crisis humanitaria que representa la desaparición de más de 23,000 personas y la muerte de más de 100,000 en los últimos 10 años.

El colapso patente del sistema de justicia demuestra que la crisis no puede ser resuelta por el gobierno actual, pues sus instituciones son disfuncionales. La reforma penal no avanza y abunda la simulación. Se requiere una entidad independiente. Se ha pospuesto la creación de una Fiscalía Nacional autónoma, ya prevista constitucionalmente en la llamada “reforma política” de 2014.

Es urgente que la nueva institución nazca cuanto antes con un titular intachable, con real autonomía, con un presupuesto suficiente y asesoría internacional. Si bien el gobierno mexicano no aceptará una verdadera supervisión internacional, al modo del exitoso modelo guatemalteco, al menos apoyo técnico, logístico y evaluación independiente deberían ser solicitados.

Otros tipos de impunidad existen y se conocen cada vez mejor, empezando por el conocido caso del conflicto de interés del Presidente y del Secretario de Hacienda por la compra subsidiada de unas casas que les vendió una empresa constructura favorecida con múltiples contratos del gobierno. Su exoneración por parte del Secretario de la Función Pública, nombrado por el propio Presidente, causó estupor, aunque no sorpresa, por su pobreza legal y moral.

Mientras tanto, emergen día tras día más pruebas que vinculan, no sólo a la empresa Higa, la de las casas, sino también a la española OHL en escándalos relacionados con la construcción y administración de carreteras en el Estado de México, gobernado hasta hace cuatro años por el ahora presidente Peña Nieto.

Hace unos días el abogado de una empresa que tiene un litigio con OHL por un contrato de vigilancia del aforo vehicular en una carretera, fue detenido sin orden judicial, acusándolo de haber “filtrado” a los medios audios comprometedores que involucran al Secretario de Comunicaciones y Transportes en una trama de ocultamiento de las corruptelas cometidas por la empresa trasnacional. Una investigación independiente por una Comisión Especial del Congreso sería la acción lógica a tomar en un país democrático en este caso, pero la constitución no prevé este mecanismo.

Escándalos de corrupción en los gobiernos estatales y en los poderes judiciales locales y federal emergen casi a diario, involucrando a políticos de todos los partidos. Es preciso poner en el centro de la transformación del Estado mexicano la lucha contra la corrupción, empezando por anular a nivel constitucional el fuero de los políticos y altos cargos, crear la fiscalía independiente, acelerar la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y autorizar legalmente al congreso a cumplir su función de vigilancia e investigación.

Si no hay iniciativa desde la clase política, la presión desde abajo puede dar lugar pronto a resultados insospechados

El autobús que carga con un misterio del ‘caso Ayotzinapa’

Los expertos de la OEA afirman que la Fiscalía no investigó un vehículo “clave” del que sugieren que podría transportar droga.

Captura de vídeo del 'quinto autobús' de Iguala en la noche del crimen saliendo de la central. Dentro se ve a algunos de los estudiantes que se lo apropiaron con intención de ir a México DF a una manifestación. La imagen es parte del informe de expertos de la OEA y no había sido recogida en el expediente de la Fiscalía, responsable del caso.

Captura de vídeo del ‘quinto autobús’ de Iguala en la noche del crimen saliendo de la central. Dentro se ve a algunos de los estudiantes que se lo apropiaron con intención de ir a México DF a una manifestación. La imagen es parte del informe de expertos de la OEA y no había sido recogida en el expediente de la Fiscalía, responsable del caso.

Pablo de Llano, 9 sept. 2015 / EL PAIS

En la noche salvaje de Iguala del 26 al 27 de septiembre de 2014 fueron atacados cuatro autobuses en los que viajaban estudiantes de la escuela de Ayotzinapa. De dos de ellos se llevaron a dos grupos que suman 43 víctimas del caso: 42 desaparecidos y uno identificado por ADN. Hasta aquí no hay duda. La duda, según el informe de expertos de la OEA, tiene que ver con un quinto bus que también llevaba alumnos de la escuela pero no fue atacado, sino detenido por policías armados, desalojado de estudiantes que salieron corriendo por los cerros y a la postre arrumbado en el expediente como un elemento insustancial.

La sospecha de los expertos es que tenía demasiada sustancia. Una sustancia que podría ser heroína, la droga reina del Estado mexicano de Guerrero, vivero del mercado negro de Estados Unidos, a donde las pesquisas de la OEA indican que se envían cargamentos de una manera que “podría haberse cruzado”, como se cruzan los destinos mortales, con la manera en que los estudiantes de Ayotzinapa, antiguo bastión de la pedagogía marxista rural, solían solucionar su falta de recursos para ir a manifestaciones: los narcos mandan sus alijos hacia el norte escondidos en buses y los estudiantes los confiscan para desplazarse.

La hipótesis es que en la noche de Iguala heroína e ideología viajaron en el mismo autobús. Que eso no lo sabían los estudiantes que se llevaron de la central camionera ese bus que no les pertenecía para acudir a México DF a la manifestación por la matanza de Tlatelolco. Y que sí lo sabían otros que no estaban en dispuestos a que ese bus fuese a ninguna manifestación.

El problema con el que se encontraron los expertos es que la Fiscalía (Procuraduría General de la República, PGR) no había tratado este autobús como objeto de investigación. El vehículo aparecía “consignado” en el expediente pero –a efectos de las pesquisas– con el mismo valor que un montón de chatarra: “(…) y el tercer camión el cual fue destrozado [por los estudiantes] y dejado a las afueras de la Central Camionera”. Los investigadores pidieron más información y les entregaron una declaración del chófer de junio de 2015 en la que decía que los estudiantes al salir de la central habían abandonado el bus porque no funcionaba. Sin embargo, después encontraron en el expediente un manuscrito del chófer de la misma noche del crimen en el que contaba que Policías Federales los habían parado, habían dejado ir a los jóvenes y a él le habían ordenado seguir su camino, versión coincidente con el testimonio de los estudiantes que estuvieron en ese vehículo. Pero la confusión sobre el bus no acaba ahí.

La hipótesis es que en la noche de Iguala
heroína e ideología viajaron en un mismo autobús

Los expertos consiguieron vídeos de aquella noche de la central e identificaron el autobús. Cuando después la Fiscalía les informó de que podían ver en persona el vehículo de la discordia no fueron capaces de determinar si era el mismo que el de las borrosas imágenes de vídeo. Pidieron ayuda a un perito canadiense y el especialista concluyó que había demasiadas diferencias de detalle como para poder confirmarlo. Otro elemento inconexo es que en el registro de la empresa sobre la actividad de ese autobús el 26 de septiembre se indica que cumplió con normalidad su ruta sin mencionar que había sido tomado por estudiantes.

Los expertos de la OEA han recomendado al Gobierno mexicano que investiguen a fondo lo que ocurrió con el misterioso quinto autobús, un punto de enredo que sintetiza los lastres de errores de instrucción y sombras de impunidad que envuelven al caso Ayoztinapa.

La información es letal en México

foto_10Ileana García Mora, Fotos: Gerardo Álvarez, 3 agosto 2015 / EFECTO COCUYO

Ciudad de México, 02 de agosto.- El rostro del fotoperiodista mexicano Rubén Espinosa fue ayer el rostro de buena parte de los que se concentraron en el Ángel de la Independencia para condenar su asesinato. Los organizadores de la manifestación imprimieron decenas de fotografías de Espinosa y las convirtieron en máscaras que sus colegas y amigos usaron este domingo.

El mensaje era claro: cualquiera de los ahí presentes, periodistas y fotógrafos, pudo haber corrido la misma suerte de Rubén Espinosa, cuyo cuerpo fue hallado con signos de tortura y un tiro de gracia, en un departamento al centro sur de la ciudad, luego de recibir amenazas por su trabajo periodístico.

foto_6Él cubría los movimientos sociales de Veracruz para la agencia Cuartoscuro y la revista Proceso.  Con su cámara, Espinosa registró unos desalojos violentos realizados por las policías estadales en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Veracruz, en septiembre 2013. Las autoridades lo obligaron a borrar las fotos. Luego de formalizar una denuncia penal, a Espinosa se le acercaron personas vinculadas al gobernador de ese estado, Javier Duarte, para ofrecerle dinero a cambio de su silencio. No aceptó. Luego vinieron más denuncias y una portada en la revista Proceso, en la que se muestra la fotografía de Duarte con una gorra de policía acompañada del titular: “Veracruz, estado sin ley”.

Rubén Espinosa, de 32 años de edad, vio materializada su peor pesadilla: que el amedrentamiento en su contra pasara de la amenaza a la realidad. Su temor se cristalizó en dos meses. En junio se refugió en la Ciudad de México, considerada como un bastión medianamente libre de estos crímenes. A inicios de julio declaró en medios de comunicación que le habían hecho saber que era un “fotógrafo incómodo para el Gobierno del Estado”. El 31 de julio fue asesinado junto a cuatro mujeres. Una de ellas fui identificada como Nadia Vera, antropóloga y activista del movimiento #YoSoy132, que defiende la libertad de expresión.

foto_3El homicidio de Espinosa revive una verdad aplastante: México es uno de los países más peligrosos para hacer el periodismo. ONG nacionales e internacionales han condenado las agresiones a la prensa mexicana, especialmente en el interior del país, en donde la delincuencia ha provocado muertes y desplazamientos, como el de Espinosa.

El informe 2015 de la ONG Reporteros Sin Fronteras ubicó a México en el lugar 148 de 180 países con peor libertad de prensa y señaló que era “el país más mortífero del continente americano” para este oficio. “Asesinatos, secuestros, agresiones y amenazas se multiplicaron en un clima de impunidad casi total, lo que generó miedo y autocensura”, dice el informe.

Artículo 19, una organización local que defiende la libertad de expresión, documentó que sólo en el primer semestre de 2015 ocurrieron 227 agresiones, apenas 99 menos que las registradas en 2014. Para Artículo 19, de los 31 estados federativos de México, Veracruz es el más peligroso para la prensa: van 18 periodistas asesinados desde 2000 y tres este primer semestre. En enero de este año, Espinosa manifestó en contra del asesinato de Moisés Sánchez, ocurrido en Veracruz. Siete meses después, otros protestan su muerte.

Esta es una realidad que atormenta a los comunicadores. A los pies de El Ángel de la Independencia, los manifestantes alzaron pancartas con las frases como “Ni uno más” y “No más sangre”.

foto_9El mitin fue un momento para canalizar las preocupaciones del gremio. Por ejemplo: que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se incrementaron en 65% las agresiones a la prensa y que Rubén Espinosa es el decimotercer periodista asesinado en la gestión de Javier Duarte como Gobernador de Veracruz. Varias pancartas le exigían la renuncia y lo señalaban como responsable del homicidio. Horas más tarde, Duarte envió un comunicado en el que lamentó lo sucedido y manifestó su confianza en las autoridades para esclarecer el hecho.

Con ojos hinchados y vestida de negro de pie a cabeza, apareció Patricia Espinosa, hermana de Rubén: “Mi hermano fue un ángel que siempre estuvo a favor de la verdad. Unos cobardes le tuvieron miedo. Te fuiste como un guerrero”.

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DF, nuevo territorio de violencia

Espinosa es el primer periodista refugiado en el Distrito Federal en quien se cumplen las  amenazas de muerte. Este hecho sembró una inquietud entre los manifestantes: ¿Se convertirá el DF en un territorio de violencia, similar a Veracruz?

“Este crimen marca a la Ciudad de México”, decía un comunicado que fue leído en la tarde de este domingo por las organizaciones de periodistas. “Puede convertirse en otro territorio de impunidad y violencia si las autoridades no esclarecen la muerte de nuestro compañero. La impunidad es sinónimo de muerte”.

La protesta se trasladó de El Ángel de la Independencia a la representación del Gobierno de Veracruz, a unas cuadras del Paseo de la Reforma. Hasta allá fueron los manifestantes a exigir que se aclare el múltiple asesinato y a exigir que no haya en México ni un periodista más muerto.

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México: Fotoperiodista asesinado decía que la cámara y la ética eran sus armas

En Xalapa, Veracruz, periodistas y ciudadanos protestaron ayer en la Plaza Lerdo por el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa, natural de Ciudad de México.

2 agosto 2015, CLASES DE PERIODISMO

El colaborador de la revista Proceso, Cuarto Oscuro y de la agencia de noticias AVC salió huyendo el 9 de junio pasado de Veracruz, luego de protagonizar varios episodios de acoso.

Foto: Sin Embargo

El reportero gráfico radicaba desde hace ocho años en Veracruz. En esa entidad dejó su trabajo, sus corresponsalías, amigos, su casa y hasta su perro por el miedo a ser asesinado como los 12 periodistas que ya fueron ejecutados durante la administración del Gobernador priista Javier Duarte de Ochoa, reseña Sin Embargo, en una entrevista que le hizo el 1 de julio, la última de su vida, donde dice que la cámara y su ética eran sus armas.

–¿Qué detonó tu salida de Veracruz? ¿Qué día saliste del estado?

–Salí el 9 de junio por un acoso de desconocidos. Salí a las 9:00 horas del martes 7 de junio a trabajar y una persona me observó detenidamente. No le puse mucha atención. De ahí fui a mi cobertura. Regresé a mi casa, en eso, por Facebook, me avisó una compañera que estaban estudiantes reunidos en una mesa de diálogo con autoridades de la Universidad Veracruzana. Me fui a las tres de la tarde y exactamente en la esquina de mi casa había tres sujetos con un taxi prendido. No quise mirarlos porque noté la presencia muy insistente. Pude identificar a uno. Saqué mi teléfono para anotar sus señas, cuando paro mi taxi, volteó a verlo y me toma una foto. Me subí al taxi, los tipos mal encarados, no eran de ahí de Xalapa. Tenían pinta porteña. Ahí me di cuenta que era el mismo que vi en la mañana. Por la tarde iba camino a mi casa y veo que vienen dos tipos hacia mí en actitud violenta, se vienen y no se quitaron. Yo me pegué a la pared, y uno de ellos me pasa cerca, sentí su respiración. Me puse de lado, no lo seguí con la mirada, seguí mi camino, volteo y me están viendo. Iban de negro. Me vine al DF el jueves nueve.

–¿Qué coberturas haces en Veracruz? ¿Crees que detonaron este acoso?

–Yo me especializo en movimientos sociales. Tengo una portada en la revista Proceso con el Gobernador, esa portada lastimó mucho, de hecho la compraron a granel… Es una fotografía donde el Gobernador sale con una gorra de policía y de perfil que va caminando. Nosotros en Xalapa nos hemos manifestado siempre que asesinan a un compañero. Fui golpeado en el desalojo de maestros en 2013, en la plaza Lerdo, junto con otros compañeros, a raíz de eso tuvimos que ir a marchar. Hicimos que el Congreso hiciera la Comisión para la Atención y Protección de Periodistas, que no sirve de nada. Estuve en la colocación de la placa en la plaza Lerdo, donde le pusimos Regina Martínez –otra periodista asesinada–. He dado cursos de seguridad para los fotógrafos y me han hecho saber que soy incómodo para el gobierno del estado.

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Asesinado en México un fotoperiodista que había recibido amenazas: Periódico El País

Rubén Espinosa se había ido por seguridad en junio de Veracruz a México DF

Ha sido hallado en un piso de la capital junto a los cadáveres de cuatro mujeres

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Rubén Espinosa

P. de Llano y D.M. Pérez, desde México, 2 agosto 2015 / EL PAIS

El fotoperiodista Rubén Espinosa, de 32 años, que recientemente había denunciado que su seguridad estaba en riesgo por su trabajo en Veracruz, el Estado más peligroso para el ejercicio del periodismo en México, fue hallado muerto este viernes en un piso de la capital, México DF, junto a los cadáveres de cuatro mujeres, todos ellos con impactos de bala.

Espinosa, especializado en la cobertura de movimientos sociales y activista contra las agresiones a la prensa en Veracruz, había dicho en una entrevista al portal Sinembargo que en junio empezó a seguirlo gente sospechosa y decidió moverse por seguridad a México DF. El fotógrafo, que trabajaba como freelance para la revista Proceso y la agencia Cuartoscuro, alertó de su situación a la ONG internacional en defensa de los periodistas Artículo 19 y al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) con base en Nueva York. “Yo no confío en ninguna institución del Estado, no confío en el gobierno, temo por mis compañeros, temo por mí”, afirmó.

Este sábado por la mañana había trascendido el homicidio de cinco personas en un piso de la céntrica colonia Narvarte de la capital, pero no se conocieron detalles precisos hasta que por la tarde Artículo 19 y la revista Proceso informaron de que una hermana de Espinosa había reconocido su cuerpo en el servicio forense con golpes en la cara y con dos balazos en el pecho.

La Fiscalía de México DF aún no ha emitido un comunicado sobre el caso, mientras que por parte del Gobierno federal la Comisión de Atención a Víctimas ha condenado lo ocurrido y ha llamado a una investigación “pronta y expedita”.

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos el viernes por la noche alertadas por otra chica que vivía en ese piso y que se encontró con lo sucedido al volver de trabajar. Según testimonios de amigos cercanos a Espinosa recabados por este diario, los hechos ocurrieron en algún momento pasadas las dos de la tarde del viernes. Uno de sus amigos se comunicó con él por mensajes a esa hora. Espinosa, que había ido a la casa de sus amigas el jueves por la noche para una fiesta y había dormido allí, le dijo que iba a salir ya hacia casa de sus padres, donde vivía desde que se fue de Veracruz, y que más tarde volvería a contactarlo.

“Lamentablemente han encontrado su oportunidad,
y la han aprovechado”, dice un amigo de Espinosa

Pasó un día hasta que este sábado sobre las dos de la tarde una hermana del reportero llamó a ese amigo para preguntarle si sabía algo de él. Empezaron a buscarlo. Ella llamó a otro amigo más que había ido el jueves por la noche a esa casa, pero que no había dormido allí, y al cabo de un rato fueron al edificio para ver si estaba. Al llegar se encontraron con la policía trabajando. Se llevaron a la hermana al centro forense y allí identificó el cadáver.

Otro amigo de Espinosa, que estuvo con él jueves cubriendo un acto judicial, cuenta que estaba “tranquilo” y dándole vueltas a la posibilidad de volver de nuevo a trabajar en Veracruz, aunque no se sentía seguro. “Yo le dije que mejor se quedara, para no darle a quien fuera la oportunidad de hacerle algo allá. Pero lamentablemente han encontrado su oportunidad, y la han aprovechado”.

Según sus amigos las amenazas que recibió Espinosa en junio en Veracruz fueron explícitas: “Le tomaron fotos de frente afuera de su casa y le hicieron señas con el dedo de que mejor estuviese callado”. En la entrevista con Sinembargo el reportero definió a quienes lo vigilaban como “tipos mal encarados” que iban vestidos de negro.

Veracruz: foco rojo para los periodistas

Veracruz, donde Espinosa -nacido en México DF- trabajaba desde hace siete años, es un Estado con fuerte presencia del crimen organizado, en especial del cartel de origen paramilitar de Los Zetas, y un foco rojo de la libertad de expresión en México. Desde 2011, con el gobernador del PRI Javier Duarte a cargo, han sido asesinados en su territorio 15 reporteros, uno de ellos la corresponsal de Proceso Regina Martínez, con 30 años en el oficio, que apareció estrangulada en su casa de Veracruz. Las autoridades concluyeron que fue víctima de un robo o de un crimen pasional. A principios de 2015 tras una campaña de presión civil el Hay Festival decidió abandonar su sede en la ciudad veracruzana de Xalapa por los ataques a la prensa.

En la entrevista que concedió hace un mes Espinosa subrayó la crisis de seguridad que atravesaba el Estado: “Es triste pensar en Veracruz, no hay palabras para decir lo mal que está ese Estado, ese gobierno, la prensa, y lo bien que está la corrupción. La muerte escogió a Veracruz, la muerte decidió vivir ahí”.

El asesinato marca otro salto en la violencia
contra periodistas por su crudeza
y por suceder en la capital  

En 2014 México fue el sexto país del mundo con más periodistas asesinados y el más mortífero del continente americano, según Reporteros Sin Fronteras. Ocupa el lugar 148 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, en el mismo escalón que Afganistán. El Gobierno mexicano ha registrado la muerte de más de 100 periodistas desde 2000. En lo que va de año, contando a Espinosa, ya han sido asesinados siete reporteros.

Ante la vulnerabilidad de los periodistas mexicanos, sobre todo de aquellos que trabajan en medios locales en regiones asoladas por el narco y la corrupción policial, el Gobierno creó en 2012 un mecanismo para la protección de reporteros que no ha logrado funcionar. En 2014 su primer encargado renunció y los resultados por entonces eran decepcionantes: de las 152 solicitudes de protección que había recibido un 58% (88 casos) ni siquiera había llegado a ser analizado por la junta que debe decidir si se otorgan al periodista medidas de protección.

El asesinato de Rubén Espinosa y de las cuatro mujeres que estaban con él marca un nuevo salto en el panorama de violencia contra periodistas por su crudeza y por haber ocurrido en un barrio de clase media del centro de la capital, que hasta ahora se suponía a buen recaudo de los extremos criminales de otras regiones sin su nivel de desarrollo y de presencia institucional. La reacción en las redes sociales el sábado por la tarde fue veloz y enseguida fraguó una convocatoria de protesta para este domingo en México DF con el lema #JusticiaParaRubén.

La última entrevista a Rubén Espinosa