He escuchado las propuestas en la Asamblea Legislativa que buscan que un ciudadano no pueda apelar a la prescripción en el tiempo de lo que podría ser un delito contra la Hacienda Pública, lo cual en la lógica del que persigue y quiere sacarle dinero a la gente, suena bien y hasta urgente, pero en el que paga sus impuestos y tiene que apegarse al sistema impositivo el tema puede tener diferente efecto.
Rafael Domínguez, 25 noviembre 2015 / elmundo.sv
El ciudadano común, de clase media, que es el que por lo general se ve afectado por el cobro de impuestos, el empresario pequeño, mediano y grande son los sujetos de esta idea que pretende abrirle o darle un derecho a Hacienda para que aparezca en sus oficinas un día menos pensado diciendo venimos por el representante legal o por fulano de tal, porque ha evadido impuestos y lo vamos a llevar a la cárcel, probando su falta con papeles de hace 40 años. ¿Se imagina lo que para el ciudadano significa pensar en que un delito fiscal no prescriba? Pues ni más ni menos que primero guardar todo papel comprobante y todas las declaraciones fiscales en físico en algún cuarto de la casa, y si es de por vida necesitará más que un cuarto, considerando el tamaño de su negocio, quizá hasta una bodega, encareciendo gastos e incomodidades; si piensa escanear sus documentos para ahorrar espacio, está bien, pero debe considerar que jurídicamente, a la hora de un juicio penal, no valen ni fotocopias ni copias escaneadas, solo las originales, y si se trata de facturas deberán ser guardadas del sol, del agua, de ratones y cucarachas, si no en menudo lío estará, porque lo acusarán de un delito sucedido hace 30 años y quizá ni siquiera recuerde haber hecho ese gasto o ese ingreso, pero usted podrá ser juzgado como criminal fiscal.
El Estado salvadoreño tiene razón en cuanto a su preocupación por reducir la evasión y la elusión fiscal, pero debe poner atención a los detalles que eso implica y que no pasan siquiera por que el delito sea perseguido toda la vida o por si yo tengo los papeles para probar mi inocencia; en primer lugar, pasa por un ministerio con eficiencia que tenga la capacidad técnica y humana para procesar la información fiscal de cada año, y en un plazo determinado –no mayor de cinco años– poder establecer si hay o no razones para investigar una falta fiscal; no tiene sentido abrir la puerta al infinito del tiempo si no tenemos mecanismos capaces de hacer el mínimo de trabajo requerido; igualmente pasa por cambiar el sistema de leyes fiscales para implementar cuanto antes el sistema de facturación digital, eliminando los papeles e interconectando de forma más directa los procesos contables y el Fisco; igualmente solicitando que las copias, fotocopias o copias escaneadas para el tema fiscal puedan tener validez judicial y así lo digital sea compatible con el interés de limitar la evasión y elusión, facilitando los procesos.
Un Ministerio de Hacienda que no es capaz de evaluar una declaración de renta o IVA en cinco años será igualmente incapaz de evaluarla 50 años después, considerando que tampoco tendrá la capacidad de archivos, personal y destreza investigativa que se requiere para ello; por lo tanto, no podemos trasladar la incapacidad y la falta de competencia a un detalle como el tiempo, para que se solucione; no está en tener un delito sin prescripción, sino en la oportunidad de hacerlo en función del interés nacional y hacerlo lo más pronto posible.
El derecho a la prescripción de un delito también es un premio a la eficiencia ciudadana, principalmente en el tema fiscal, porque si el ciudadano persona natural o jurídica ha elaborado su declaración, ha presentado todo, ha pagado lo que cree y no hay nadie que le cuestione en un tiempo razonable, pues no puede recibir el castigo de la ineficiencia; mejor que reciba el beneficio de la prescripción, porque no es su culpa que no haya un sistema eficiente que permita rápidamente determinar una falta, un error, o una intención de fraude fiscal.
No creo en las soluciones que no presentan responsable y donde lo medular se transfiere a algo tan fatuo como el tiempo, porque los delitos fiscales no pueden dejar de perseguirse, pues las necesidades se deben cubrir hoy; me opongo a una imprescriptibilidad del delito fiscal, porque debe ser una carrera entre el gobierno y el ciudadano, en la que el que sea más hábil para cumplir su responsabilidad pase y sin sufrir en el proceso persecución, ataques, investigaciones dirigidas, actuaciones arbitrarias de aquellos incapaces de usar sus ocho horas laborales para hacer bien su trabajo.