Caso Tony Saca

Procesos abreviados. De Luis Mario Rodríguez

16 agosto 2018 / EL DIARIO DE HOY

En ningún sistema penal del mundo el proceso abreviado se considera sinónimo de fracaso. Es un recurso utilizado por las respectivas fiscalías para asegurar una condena y la devolución de buena parte de los fondos malversados cuyo origen ilícito se compruebe con las pericias financieras.

Este método no supone debilidad en la investigación fiscal. Es un modo de prevenir estrategias dilatorias que buscan la prescripción de los delitos o que se cumplan los plazos máximos establecidos para que una persona permanezca en detención provisional. Los procedimientos ordinarios por su parte son costosos, lentos y problemáticos y, en ciertas situaciones, pueden convertirse en la “tabla de salvación” de los que han infringido la ley.

Los “preacuerdos”, como se conocen en Colombia, no son arreglos bajo la mesa ni negociaciones oscuras ni mucho menos soluciones “de consuelo” ante una posible derrota judicial. Son auténticas formas de terminar anticipadamente una causa. Se ahorra tiempo de los fiscales y jueces involucrados, se garantiza un castigo proporcional al delito cometido tomando en cuenta el reconocimiento de su culpabilidad por parte de los imputados, y se consigue información para indagar otras posibles infracciones que involucren a terceras personas.

Los fiscales no recurren a este mecanismo como “escape” ante la debilidad de las pruebas. Es todo lo opuesto. Aquellos cuentan con argumentos, análisis, testimonios y documentos suficientes para alcanzar una sentencia que sirva de escarmiento a los culpables. Eso sí, no se busca una “justicia retaliativa” en la que impere “el ojo por ojo y diente por diente”, sino una “justicia retributiva” en la que se imponga una contraprestación razonable al daño cometido y confesado.

Este tipo de pactos previene circunstancias súbitas que podrían entorpecer un veredicto a favor de los intereses del Estado. Sucede en hechos complejos, vinculados a la corrupción, en los que se estructura una red de sociedades como ardid legal para esconder, por ejemplo, el lavado de dinero. Aunque se tenga la absoluta certeza de una victoria, la fiscalía debe adelantarse a cualquier táctica de la defensa. La desaparición de un testigo, la modificación de su testimonio incriminatorio en el último momento o el cambio de criterio por el juez superior ante las apelaciones que se interpongan, allanaría la posibilidad de una absolución frustrando aún más a la sociedad entera.

Este último aspecto —el enojo de la gente— es el más temido por las fiscalías en los países que aplican los procedimientos abreviados. El antídoto con el que se enfrentó la presión ciudadana ante la ola de críticas fue el fomento de la cultura de legalidad. La Embajadora de los Estados Unidos dijo públicamente que el 95 por ciento de los casos a nivel federal se resuelve de esta manera. Ellos también sufrieron el rechazo de la población. Al inicio este sistema se consideró una “venta de justicia” pero en 1969 fue reconocido por la Corte Suprema como una “práctica basada en la ley”. Venía siendo una forma recurrente de solventar los asuntos penales desde finales del siglo XIX.

Los ciudadanos entendieron que concluir una querella por este medio no inhibe a la autoridad a investigar otros presuntos crímenes vinculados a los acusados. Tampoco restringe la extinción del dominio sobre los bienes que los inculpados hayan obtenido con el dinero malversado. En definitiva, los procesos abreviados no fomentan la impunidad, por el contrario son el camino para asegurar una pena de prisión y la recuperación de aquella parte de lo defraudado que se localice, se trate de bienes inmuebles, dinero u otros valores.

La corrupción del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, del exsenador Otto Bula, involucrado en el escándalo de Odebrecht, y de los siete implicados en el desfalco de “agroingreso seguro” cuyo detrimento patrimonial ascendió a 2,473 millones de pesos, todos en Colombia, son ejemplos de preacuerdos o procesos abreviados.

Los delitos de Antonio Saca ciertamente son muy graves. La figura empleada para obtener justicia ha sido la que la ley señala. Esto no impide que la Fiscalía investigue otras conductas que se deriven del “destape de la corrupción” siempre y cuando configuren tipos penales y se actúe conforme a derecho sin ceder a presiones mediáticas, intereses ideológicos o agendas oscuras como lo ambicionan algunos sujetos.

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Observador: El sistema Saca/Funes. De Paolo Luers

15 agosto 2018 / EDH-Observadores 

La desgracia del “caso Saca” (y de la fiscalía, que al final tuvo que negociar un juicio abreviado y penas mínimas) comenzó desde el principio, cuando el fiscal general Douglas Meléndez presentó su caso diciendo que se trataba de 300 millones de dólares robados. El mismo error cometió en el “caso Funes”, hablando de un robo aun mayor: 350 millones. Y en este caso le va a pasar lo mismo: Al final no podrá comprobar este monto.

¿Por qué no lo puede comprobar, ni en el caso de Saca, ni en el de Funes? No es porque ambos no hayan robado a manos llenas. Lo hicieron. No lo puede comprobar el fiscal, porque o no entiende el “sistema Saca/Funes”, o le hace trampa su propio populismo judicial.

El elefante blanco en Casa Presidencial

Saca no se robó 300, ni Funes 350 millones de dólares. Así funcionó el sistema que Saca inventó y Funes perfeccionó: Armar un gran elefante blanco en Casa Presidencial, una especie de gobierno paralelo encima del gabinete ministerial; luego crear, para financiar al elefante blanco, un desorden fiscal, con fondos de cientos de millones de dólares, todos discrecionales, todos sin rendición de cuentas, todos sin escrutinio de la Corte de Cuentas. En este desorden y esta informalidad consistía la oportunidad de robar. Para crear esta gran masa de fondos oscuros en CAPRES, Saca se inventó un sistema de transferencias de todos los ministerios a CAPRES, de la manera que tuvo a su disposición 219 millones adicionales al presupuesto asignado a CAPRES. Esta es la cifra que al final de la presidencia Saca documentamos en una investigación publicada en El Diario de Hoy. Ahora parece que nos quedamos cortos con esta suma. Para hacer estas transferencias, se inflaron desde el principio artificialmente los presupuestos de los ministerios. O sea, cada ministro sabía de antemano que parte de los fondos asignados a su cartera eran para transferirlas a CAPRES.

Este desorden, en el se manejaba en efectivo y sin rendición de cuentas tanto los gastos reales (por ejemplo para el funcionamiento de la Organización de Inteligencia del Estado OIE), como los sobresueldos (que realmente se desembolsaron), como los fondos para campañas electorales, lo aprovechó Saca para robarse 50, 100 o 150 millones para enriquecerse él, su familia y sus empresas. Cuánto de estos 300 millones se robó, todavía no sabemos. Hubiera sido tarea de la fiscalía establecerlo, y acusarlo por montos exactos y comprobables. El fiscal general no lo hizo así, se dejó ir con una acusación genérica de 300 millones. Y probablemente nunca sabremos qué porción de este total se robó Saca, ya que con el juicio abreviado varias líneas de investigación quedarán cerradas.

El caso Funes

Lo más preocupante es que la fiscalía hizo lo mismo en el caso Funes, aunque ya en el caso Saca andaban perdidos en el labirinto de trucos que el ex presidente y sus cómplices habían generado. El sistema Saca pasó a ser el sistema Funes, con algunas modificaciones, porque en el camino la Sala de lo Constitucional reclamó los fondos reservados en cada ministerio, que fueron las fuentes de los sistemáticos transferencias a CAPRES. Entonces, en la presidencia de Funes crearon en cada ministerio “fondos para improvistos”, que al no gastarlos, fueron transferidos a CAPRES. Estos fondos no tenían nada de “imprevisto”, porque desde el momento de diseñar el presupuesto, ya estaban previsto pasarlos a CAPRES, para usos discrecionales del presidente. A partir de ahí, aunque con diferentes mecanismos contables, pasó exactamente lo mismo que antes en la era de Saca. Del mismo fondo discrecional, esta vez de 350 millones, se cubrieron gastos reales, sobresueldos, pagos de soborno y propaganda, y una cantidad todavía no establecida terminó en el patrimonio de Funes, sus familiares, sus testaferros y prestanombres.

Para desarmar este sistema, primero hay que eliminar el elefante blanco en Casa Presidencial. Luego hay que ordenar el presupuesto nacional, prohibiendo que en las diferentes carteras se incluyan fondos destinados a terminar en CAPRES. Luego hay que establecer mecanismos confiables de control sobre cualquier tipo de transferencias. A la Presidencia y sus secretarías (que por cierto deben reducirse al mínimo necesario) hay que asignarse un presupuesto real que cubra sus gastos institucionales – y este debe ejecutarse con transparencia, rendimiento de cuentas y controles. Nada de pagos en efectivo. Nada de sobresueldos. Nada de pagos debajo de la mesa a diputados, partidos, periodistas, funcionarios de otras instituciones del Estado. Desarmar el elefante blanco y los fondos discrecionales en CAPRES es la primera tarea del próximo presidente.

Tres reflexiones

Hay que hacer 3 reflexiones finales: Hablamos del sistema Saca/Funes, porque es sustancialmente diferente a los manejos financieros de los anteriores gobiernos. Es el paso de la corrupción que siempre existió a una trama sistémica e institucionalizada de corrupción y enriquecimiento ilícito. Con Saca fue la primera vez que el presupuesto de la nación, desde su concepción, se diseñó para crear el desorden propicio para el abuso, y para generar masas enormes de fondos disponibles para malversación, corrupción y robo.

La segunda reflexión: Aunque la verdad es que ni Saca se robó 300 millones, ni Funes 350 millones, el daño en ambos casos es varias veces más alto que estos números. Los costos laterales de la corrupción siempre son múltiples del monto de lo robado. Si un gobierno comienza a diseñar el presupuesto de la nación para crear oportunidades de robar, todas las prioridades del Estado se están pervirtiendo, y esto causa inmensos daños a la economía, al crecimiento, y a los servicios a la población.

La tercera reflexión: La vía correcta de la fiscalía hubiera sido identificar, dentro de este labirinto de corrupción, los casos parciales, pero comprobables. Con la información que ya se tiene, a Saca hubieran podido acusar y condenar, sin necesidad de negociar con él, por los 8 millones que robó para construir su palacio bayunco en El Carmen. Y luego hubieran investigado y documentado lo demás para llevarlo a otros juicios. Se perdió esta oportunidad porque como resultado de la negociación con Saca, todo será cosa juzgada.

 

Lea también el análisis de los 219 millones de dólares de transferencias a la Casa Presidencial de Tony Saca

Los 219 millones de Tony Saca

En diciembre del año 2009, a seis meses de haber salido Elías Antono Saca de la presidencia, un equipo de periodistas y analistas de El Diario de Hoy reveló por primera vez el mecanismo de transferencias de las diferentes carteras del gobierno a cuentas discrecionales de Casa Presidencial. Ahora, a la luz de las “confesiones” del ex mandatario, esta información adquiere mayor relevancia para entender el “sistema Saca” de corrupción, luego perfeccionado por Mauricio Funes. Vea también el análisis actualizado: El Sistema Saca/Funes.

Segunda Vuelta

 

La Corte Suprema de Justicia envía a juicio al expresidente Antonio Saca

Por un acuerdo de 13 magistrados, Saca se convierte en el segundo exgobernante que enfrentará un proceso judicial por enriquecimiento ilícito.

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, 24 febrero 2016 / EDH

diario hoyAntonio Saca se convirtió ayer en el segundo expresidente de la República en ser enviado a juicio por presuntamente haberse enriquecido ilícitamente durante su mandato entre 2004 y 2009. Ayer, 13 de 15 magistrados acordaron que su caso debe ser procesado por una Cámara de lo Civil por no haber justificado más de $5 millones de su patrimonio.

Los únicos dos magistrados que se abstuvieron de votar fueron Ovidio Bonilla y Ricardo Iglesias (suplente de Óscar López Jerez), según trascendió.

La resolución quedará firmada hoy pues había una serie de correcciones menores que hacer al documento.

La Corte en pleno tomó la decisión horas después que el  el director de la Sección de Probidad, Carlos Pineda, junto al oficial de información de la CSJ, Luis Fernando Avelar, entregaron las auditorías practicadas a las cuentas y bienes tanto del expresidente Saca como de su sucesor, Mauricio Funes.

Las auditorías fueron entregadas por la Corte al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que las hizo públicas junto al Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

La auditoría del expresidente Saca, que fue divulgada ayer, refleja que Probidad le detectó 13 “irregularidades” que inicialmente alcanzaban los $6 millones 574 mil 445 y que, tras haber justificado algunos señalamientos, quedó reducida a $5 millones 62 mil 371.

Probidad  detectó depósitos iguales o mayores a los $2 mil en cuentas bancarias de Saca.

Sin embargo, señalaron que si bien Saca justificó que tras cesar sus funciones como presidente había liquidaciones de tres depósitos a plazos, así como traslados a su cuenta por gastos cubiertos anteriormente por la cuenta de Grupo Samix, una de sus empresas, según Probidad, no presentó ninguna documentación que respalde esas operaciones.

En otro de los hallazgos sobresale el de $1 millón 94 mil 507 dólares en concepto de depósitos realizados durante su mandato a una cuenta que él tenía en conjunto con la firma Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V.

Saca justificó que “esta es la cuenta desconsolidadora de los pagos efectuados por los clientes del grupo de empresas radiales, de lo cual detalló el origen que son cobros por pautas comerciales en los medios radiales del Grupo”.

Probidad señaló en el examen de auditoría que el exmandatario presentó fotocopias simples de comprobantes de crédito fiscal, junto con la lista de los clientes, pero que al verificar la lista de cobros por pautas comerciales los valores consignados tenían diferencias.

“Se concluye que la información proporcionada en el escrito de contestación y los anexos no son confiables. Además de esto existen depósitos señalados por la Sección de Probidad de los cuales no se presentó ninguna documentación soporte que estableciera su motivación… nada puede justificar no llevar en regla los registros contables y sus estados financieros”, se establece en la auditoría.

Este es el único caso donde Probidad además señala “transgresión del ordenamiento jurídico contable”.

“Esta sección en el ejercicio de sus facultades de verificación de la información ha detectado que en las irregularidades mencionadas (…) se ha transgredido el ordenamiento jurídico contable”, dice en el documento.

Mencionan el artículo 443 del Código de Comercio, el cual establece que “todo balance general debe expresar con veracidad y con la exactitud compatible con sus finalidades, la situación financiera del negocio en la fecha a que se refiera”.

También asevera que ha transgredido el Código Tributario, las normas internacionales de información financiera y el principio contable de “Entidad contable”.

Asimismo, dos de las 13 irregularidades detectadas son referentes a fondos declarados por su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca y que no han logrado ser desvanecidas (ver nota aparte).

Probidad asevera que solicitó información a diferentes entidades, entre ellas al Ministerio de Hacienda y Viceministerio de Transporte, a quienes les pidió expresamente informes sobre las Sociedades Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V. y Grupo Samix S.A. de C.V., referente a declaraciones de IVA y renta, así como vehículos de su propiedad.

También pidió a Migración reporte de los viajes turísticos de Saca y su familia, pero no les remitieron dicha información.

La Corte no entregó aún la auditoría practicada a los bienes del fallecido expresidente Francisco Flores, por lo cual el IAIP le dio 15 días más de prórroga para entregárselas a Funde.

Dijeron que ex Primera Dama prestaba dinero

 

La Corte Suprema de Justicia envía a juicio al expresidente Antonio Saca

Por un acuerdo de 13 magistrados, Saca se convierte en el segundo exgobernante que enfrentará un proceso judicial.

SCarlos Pineda, de Probidad; Roberto Rubio, de Funde; y Luis Avelar, de OIR de la CSJ. | Foto por Mauricio Cáceres

SCarlos Pineda, de Probidad; Roberto Rubio, de Funde; y Luis Avelar, de OIR de la CSJ. | Foto por Mauricio Cáceres

, 23 febrero 2016 / EDH

diario hoyAntonio Saca se convirtió ayer en el segundo expresidente de la República en ser enviado a juicio por presuntamente haberse enriquecido ilícitamente durante su mandato entre 2004 y 2009. Ayer, 13 de 15 magistrados acordaron que su caso debe ser procesado por una Cámara de lo Civil por no haber justificado más de $5 millones de su patrimonio.

Los únicos dos magistrados que se abstuvieron de votar fueron Ovidio Bonilla y Ricardo Iglesias (suplente de Óscar López Jerez), según trascendió.

La resolución quedará firmada hoy pues había una serie de correcciones menores que hacer al documento.

La Corte en pleno tomó la decisión horas después que el  el director de la Sección de Probidad, Carlos Pineda, junto al oficial de información de la CSJ, Luis Fernando Avelar, entregaron las auditorías practicadas a las cuentas y bienes tanto del expresidente Saca como de su sucesor, Mauricio Funes.

Las auditorías fueron entregadas por la Corte al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que las hizo públicas junto al Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

La auditoría del expresidente Saca, que fue divulgada ayer, refleja que Probidad le detectó 13 “irregularidades” que inicialmente alcanzaban los $6 millones 574 mil 445 y que, tras haber justificado algunos señalamientos, quedó reducida a $5 millones 62 mil 371.

Probidad  detectó depósitos iguales o mayores a los $2 mil en cuentas bancarias de Saca.

Sin embargo, señalaron que si bien Saca justificó que tras cesar sus funciones como presidente había liquidaciones de tres depósitos a plazos, así como traslados a su cuenta por gastos cubiertos anteriormente por la cuenta de Grupo Samix, una de sus empresas, según Probidad, no presentó ninguna documentación que respalde esas operaciones.

En otro de los hallazgos sobresale el de $1 millón 94 mil 507 dólares en concepto de depósitos realizados durante su mandato a una cuenta que él tenía en conjunto con la firma Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V.

Saca justificó que “esta es la cuenta desconsolidadora de los pagos efectuados por los clientes del grupo de empresas radiales, de lo cual detalló el origen que son cobros por pautas comerciales en los medios radiales del Grupo”.

Probidad señaló en el examen de auditoría que el exmandatario presentó fotocopias simples de comprobantes de crédito fiscal, junto con la lista de los clientes, pero que al verificar la lista de cobros por pautas comerciales los valores consignados tenían diferencias.

“Se concluye que la información proporcionada en el escrito de contestación y los anexos no son confiables. Además de esto existen depósitos señalados por la Sección de Probidad de los cuales no se presentó ninguna documentación soporte que estableciera su motivación… nada puede justificar no llevar en regla los registros contables y sus estados financieros”, se establece en la auditoría.

Este es el único caso donde Probidad además señala “transgresión del ordenamiento jurídico contable”.

“Esta sección en el ejercicio de sus facultades de verificación de la información ha detectado que en las irregularidades mencionadas (…) se ha transgredido el ordenamiento jurídico contable”, dice en el documento.

Mencionan el artículo 443 del Código de Comercio, el cual establece que “todo balance general debe expresar con veracidad y con la exactitud compatible con sus finalidades, la situación financiera del negocio en la fecha a que se refiera”.

También asevera que ha transgredido el Código Tributario, las normas internacionales de información financiera y el principio contable de “Entidad contable”.

Asimismo, dos de las 13 irregularidades detectadas son referentes a fondos declarados por su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca y que no han logrado ser desvanecidas (ver nota aparte).

Probidad asevera que solicitó información a diferentes entidades, entre ellas al Ministerio de Hacienda y Viceministerio de Transporte, a quienes les pidió expresamente informes sobre las Sociedades Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V. y Grupo Samix S.A. de C.V., referente a declaraciones de IVA y renta, así como vehículos de su propiedad.

También pidió a Migración reporte de los viajes turísticos de Saca y su familia, pero no les remitieron dicha información.

La Corte no entregó aún la auditoría practicada a los bienes del fallecido expresidente Francisco Flores, por lo cual el IAIP le dio 15 días más de prórroga para entregárselas a Funde.

Elías Antonio Saca no logra aclarar $5 millones en informe de Probidad. Corte Plena decidirá el lunes si lo manda a juicio

14 magistrados de la Corte Plena aprobaron este viernes un informe de la Sección de Probidad del expresidente Antonio Saca sobre posible enriquecimiento ilícito. Lunes deciden si lo mandan a juicio.

tony saca

Eugenia Velásquez, 19 febrero 2016 / EDH

Con 14 votos de los magistrados presentes la Corte Plena aprobó esta mañana el informe del jefe de la Sección de Probidad, Carlos Pineda, en el que se determina que hay indicios de enriquecimiento ilícito en contra del expresidente Elías Antonio Saca, durante su administración entre 2004 y 2009.

Sin embargo, los magistrados no resolvieron enviarlo a la Cámara de lo Civil para iniciar un juicio porque la próxima semana conocerán un proyecto de resolución que implique medidas cautelares como congelación de cuentas, inmovilización y embargo de bienes y a partir de su análisis decidirán si lo envían a juicio o no.

El aval al informe de Probidad se modificó en cuanto al monto a investigar de $6.5 millones a $5 millones que no han sido desvanecidos por el expresidente Saca, informó una fuente de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Plena ha enviado a juicio por supuesto enriquecimiento ilícito al expresidente Mauricio Funes, al exdirector del Seguro Social Leonel Flores, y al diputado Reynaldo Antonio López Cardoza.

Probidad CSJ cuestiona a Saca aumento de patrimonio

La Sección de Probidad de la CSJ notificó a Elías Antonio Saca que no ha encontrado justificación para más de $6 millones en sus ingresos durante su período como presidente de la República y le ha dado tres días para presentar pruebas.

Descargo. El expresidente Elías Antonio Saca González tiene tres días hábiles para presentar pruebas de descargo y justificar los supuestos incrementos en su patrimonio mientras fue funcionario. - See more at: http://www.laprensagrafica.com/2016/02/11/probidad-csj-cuestiona-a-saca-aumento-de-patrimonio#sthash.ZRyVAlgj.dpuf

Descargo. El expresidente Elías Antonio Saca González tiene tres días hábiles para presentar pruebas de descargo y justificar los supuestos incrementos en su patrimonio mientras fue funcionario.

Suchit Chávez/Jessica Ávalos/Fernando Romero, 11 febrero 206 / LPG

la prensa graficaLa Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó ayer al expresidente de la República Elías Antonio Saca (2004-2009) de un hallazgo de $6,574,445.40 sin justificación en sus ingresos, mientras fungió como funcionario.

Saca, al igual que el expresidente Mauricio Funes, tendrá tres días hábiles para presentar documentación y pruebas de descargo a la Sección de Probidad, con el fin de fundamentar y desvanecer los hallazgos de esa oficina.

La cantidad cuestionada a Saca es, hasta el momento, la más alta que se ha hecho pública luego de auditorías a los patrimonios de exfuncionarios y funcionarios bajo la lupa de la Sección de Probidad. Es superior a los montos no justificados por otros funcionarios o exfuncionarios que ya enfrentan un juicio civil por enriquecimiento ilícito: el diputado Reynaldo López Cardoza, el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Leonel Flores Sosa y más recientemente el expresidente Funes. Las cantidades cuestionadas a los procesados oscilan entre los $600,000 a $1,000,000.

La Sección de Probidad llegó a esa cifra preliminar tras el análisis de las declaraciones patrimoniales de inicio y cese de funciones de Saca; un análisis que fue efectuado bajo la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP). Las declaraciones de Saca consignan que cuando ingresó a la presidencia aseguró tener un patrimonio líquido de $3,689,632.07. De este monto, $725,213.25 constituía “cuentas por cobrar”, según plasmó el exfuncionario en su declaración.

Saca reseñó, además, que cuando asumió el patrimonio líquido de su grupo familiar ascendía a $326,617.67. Cinco años después, cuando finalizó su período de presidente, declaró a Probidad que su patrimonio líquido se había incrementado a $13,156,270.65, es decir, casi $13 millones más de cuando tomó posesión; y esto pese a que su salario como presidente nunca creció más allá de los $3,467.43 mensuales, más los $22,069.68 anuales que él mismo declaró como ingresos de aguinaldos, sobresueldos, vacaciones y otros.

En ambas declaraciones, Saca aseguró que ni él ni su grupo familiar tenían deudas. Según el escrito de finalización de su cargo, Saca incrementó su fortuna mayoritariamente en el rubro de “Otros activos e inversiones”, por un total de $9,258,680.

Su grupo familiar también tuvo incrementos en sus ingresos, según ese mismo escrito, ya que declaró dicho patrimonio líquido en $1,285,318.55.

Además de consignar el incremento millonario en “Otros activos e inversiones”, Saca también aseguró haber obtenido mientras era presidente de la República $409,640.50 en concepto de “Otras rentas: honorarios, alquileres, intereses, dividendos, agricultura y ganadería, etc.”.

El crecimiento reflejado en la declaración patrimonial, sin embargo, es prácticamente mínimo si se toman en cuenta los cuestionamientos que le hicieron miembros de ARENA , partido político con el que llegó a la presidencia y que lo expulsó poco después de finalizar su gestión y perder las elecciones frente a Funes. ARENA había apostado como candidato, entonces, por el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) Rodrigo Ávila Avilés.

Ayer se trató de contactar con el exmandatario para obtener una reacción sobre la notificación que le hizo la Sección de Probidad. Fuentes cercanas a Saca explicaron que se encuentra trabajando para responder a las observaciones realizadas por Probidad y que considera que las observaciones serán sustentadas en su momento, por lo cual, se mencionó que no iba a emitir declaraciones sobre este proceso.

Antes de su toma de posesión, Saca era ya empresario de medios de comunicación y poseía la administración de varias frecuencias de radio, algo que riñe con las leyes salvadoreñas. En la campaña legislativa pasada, de hecho, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anuló la candidatura a diputada por San Miguel de Sandra Salgado, hermana del exalcalde Will Salgado, precisamente porque era concesionaria del Estado, al tener bajo su nombre frecuencias de radio y televisión en San Miguel.

En el caso de Saca, en cambio, nunca se objetó su inscripción ni el ejercicio de la Presidencia, pese a ser un empresario de radios.

Recientemente, diversos dirigentes de ARENA han señalado que recibieron $10 millones como donativo de Taiwán para impulsar la campaña presidencial de Saca. Por esos fondos es por los que fue procesado el también expresidente Francisco Flores (ya fallecido).

La investigación penal contra Flores, quien era procesado por enriquecimiento ilícito, arrojó que $10 millones provenientes de la cooperación taiwanesa en 2003 finalizaron en cuentas del partido ARENA.

Jorge Velado, presidente de ARENA, ha asegurado que los fondos eran donados al partido y no para obras sociales. En 2009, Saca buscó la Presidencia, a través de una coalición de los partidos GANA, PCN y PDC, denominada “Unidad”.

Quedó en tercer lugar y obtuvo el 11 % de la votación. Después de eso, ha estado alejado de la política partidaria.