Federico Hernández Aguilar

Motivaciones 2017. De Federico Hernández Aguilar

federicoFederico Hernández Aguilar, 28 diciembre 2016 / EDH

El valor cronológico de cada año es el mismo: 365 días, horas más, horas menos; en cambio, el valor simbólico de cada año puede llegar a ser incalculable, inmenso, porque depende del provecho que nosotros saquemos a cada uno de nuestros días. De ahí que poner fin a un año equivale a ponderar lo que vivimos, a obtener el fruto de las lecciones aprendidas, a recoger lo más precioso de cada experiencia. En paralelo, dar la bienvenida al nuevo año implica el ejercicio de ver hacia adelante con renovado optimismo, creyendo que la página en blanco a punto de escribirse nos ofrece oportunidades fascinantes, dignas de ser vividas.

diario hoySi pensamos en El Salvador como única medida para calificar el año 2016, el resultado es, digámoslo pronto, poco alentador. La política ha mostrado algunos de sus peores ángulos en los meses transcurridos, la economía apenas ha conseguido evitar el naufragio —que por momentos parecía inminente— y la situación de la sociedad en general se ha mantenido en una línea constante hacia el declive. Que nuestras autoridades hayan acertado a dar con las soluciones integrales que el país reclama es la variable ausente en cualquier balance objetivo de la realidad actual. En enero teníamos un país con muy mala salud y en diciembre casi nos lo han metido en cuidados intensivos.

¿Qué hacer, sin embargo, para que el pesimismo no termine siendo la única herencia posible del año que termina? Una alternativa consoladora es enfocarnos también en los avances obtenidos, algunos de calado significativo en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia. Pese a la retórica cínica de la politiquería criolla, enfrascada en tratar de defender lo indefendible, el 2016 se cierra con un balance muy positivo alrededor del combate a los abusos de poder y la falta de controles efectivos sobre el manejo de los dineros públicos.

La Sala de lo Constitucional, la Sección de Probidad de la CSJ, la Fiscalía General de la República, el Instituto de Acceso a la Información y algunas otras entidades, han demostrado que ciertas enfermedades endémicas de la política nacional podrían hallarse en ruta de severo tratamiento institucional, al menos para limitar drásticamente sus alcances y reducir al mínimo sus efectos. En este año, quizá como nunca antes, los corruptos han recibido mensajes claros de reprobación, y solo faltaría que los ciudadanos fuéramos un poco más protagónicos en esa demanda de justicia y limpieza para que los cambios experimentados lograran adquirir el carácter de irreversibles.

La reacción del oficialismo, así como de quienes tienen razones para sentir miedo, ha estado en las noticias casi durante todo el año. Y cabe augurar que esas reacciones antidemocráticas se harán sentir también en 2017, quizá hasta con mayor fuerza. Nada de eso, sin embargo, tendría que parecernos extraño. Lo importante es que tengamos claro que el nuevo año trae consigo el desafío de profundizar el camino de transformaciones iniciado, al mismo tiempo que se consolide en nosotros, los ciudadanos, una conciencia más robusta sobre las consecuencias positivas de estos avances.

Pese a las muchas cosas que no caminan como deberían, un mínimo de humildad nos hará caer en la cuenta de que nuestro Divino Salvador del Mundo ha tenido siempre la generosidad de pagarnos con bendiciones inmerecidas —toda bendición lo es— esa poquedad de ánimo con que tal vez le hemos correspondido en este moribundo 2016. Habría que desear, pues, a manera de inicio para el 2017, que todo lo malo del año viejo se quede justo en la orilla, es decir, entre las 11:59 p.m. del 31 de diciembre y las 12:00 de la madrugada del 1 de enero, en ese instante precioso en que nos abrazamos a quienes más queremos y deseamos para ellos, y ojalá para el mundo entero, 365 días pletóricos de esperanza, trabajo, prosperidad y paz. Que así sea.

Cuestión de credibilidad. De Federico Hernández Aguilar

federicoFederico Hernández Aguilar, 14 diciembre 2016 / EDH

¿Cómo se le cree a un gobierno que promete ser responsable? A menos que se gane ese crédito con hechos, no habría manera. ¿De qué forma puede hacerse digno de nuestra confianza un administrador que nos asegura ser austero con el dinero? Practicando esa austeridad cuando la ocasión se lo permita; de lo contrario, ese administrador nos estaría mintiendo. Y si quienes manejan las finanzas públicas se comprometen a desarrollar ciertas virtudes, a cambio de un acuerdo político, pero en la primera oportunidad que tienen de cumplir lo prometido no solo evitan la virtud sino que obran exactamente con el defecto opuesto, ¿por qué habríamos de creer que esos funcionarios que manejan las finanzas públicas van a respetar cualquier acuerdo?

diario hoyEs suficiente darle un vistazo al proyecto de Presupuesto 2017, presentado por el gobierno en septiembre pasado, para despertar sospechas fundadas respecto de la sinceridad con que nuestras autoridades están buscando resolver el grave deterioro fiscal del país.

Hablemos, por ejemplo, de la famosa austeridad. Esa promesa ha aparecido en el discurso oficial cuantas veces se ha necesitado, pero se esfuma a la hora de ponerla en blanco y negro. Si tantas veces se nos aseguró que, como mínimo, el monto global del presupuesto del año 2016 iba a mantenerse para el siguiente, ¿cómo es que el monto proyectado para 2017 registra un aumento de 97 millones de dólares comparado con el actual ejercicio?

Pero eso no es todo. El presupuesto del próximo año suprime la deuda que el Estado tiene con los trabajadores del Fondo de Pensiones, porque no contempla el pago de capital e intereses de los certificados de inversión previsional. La promesa de austeridad, entonces, queda incumplida a través de dos vías peligrosas: aumenta efectivamente el monto global que registra el gobierno para su proyecto de presupuesto, y encima quedan sin honrarse los 106 millones de dólares que ya en 2016 se habían asignado (por cierto, subestimándolos) al pago de los CIP.
En total, cuando hacemos la suma de las cifras que se reconocen y las partidas que se eliminan, el presupuesto 2017 estaría viéndose incrementado ¡en más de $200 millones!

No solo hacen bien los partidos de oposición negándose a aprobar un presupuesto con estas enormes deficiencias, sino que cumplen con la responsabilidad histórica de evitar que las mentiras gubernamentales lleven al país a la ruina. Si los funcionarios intentan engañar a la ciudadanía, el engaño debe ser exhibido y explicadas sus consecuencias, porque solo votantes bien informados hacen posible que las artimañas de los políticos, en su afán de burlar los controles sobre el dinero de los contribuyentes, vayan siendo cosa del pasado.

Por las mismas razones es que causa asombro que el oficialismo insista en esconder la información de sus financistas y a la vez se empeñe en azuzar a los “movimientos sociales” que le son afines para amenazar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Desde la calle se profieren las peores calumnias contra los miembros del máximo tribunal de justicia del país, mientras visibles figuras del partido de gobierno justifican esas barbaridades en nombre de una libertad de expresión que jamás han entendido.

Vemos por fin a una Fiscalía General de la República haciendo el trabajo que por décadas se había exigido a esa instancia defensora de los bienes del Estado, y saltan a la palestra una serie de objeciones que parecerían destinadas a favorecer la impunidad. ¿Por qué tanto nerviosismo? ¿Por qué esas palabras altisonantes contra una labor que más bien debería encomiarse?

Amenazar a los magistrados de la Corte Suprema o poner en duda las investigaciones de la Fiscalía son reacciones impropias de una clase política dispuesta a rendir cuentas y ganarse así la confianza de los ciudadanos. Esa desproporción entre sus discursos y sus actos es lo que les arriesga a perder la poca credibilidad que les va quedando.

Bribonada legislativa. De Federico Hernández Aguilar

Nuestras autoridades quieren que creamos en su sinceridad cuando se autocalifican de democráticas, abiertas y dialogantes. Pero lo que hicieron en la más reciente sesión plenaria es mostrarse autoritarias, cerradas y prepotentes.

federicoFederico Hernández Aguilar, 5 octubre 2916 / EDH

La política es, en muchos sentidos, el arte de negociar. Si además existen riesgos tan evidentes como los que nuestro país afronta en materia fiscal, la alta negociación política se convierte en una necesidad histórica. Y de cara a la historia no existe nada que justifique la pésima actuación que el gobierno y sus adláteres tuvieron la semana pasada en la Asamblea Legislativa. Lo que perpetraron es una villanía en toda regla: contradictoria con su propio discurso, ocultando la intención, exhibiendo alevosía y haciendo a un lado los escrúpulos. El gobierno sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y quien menos facultado está para alegar ignorancia es el propio Presidente de la República.

Cuando a fines de 2006 se aprobó la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, el FMLN decidió no acompañar la medida con sus votos declarando que se violaban preceptos constitucionales. Más tarde, en junio de 2007, quien en ese momento era el jefe de fracción del partido opositor, Salvador Sánchez Cerén, acudió ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de diario hoyJusticia para reiterar los argumentos esgrimidos y pedir a los magistrados que se expulsara del ordenamiento jurídico la normativa aprobada por ARENA, PCN y PDC.Las críticas del profesor Sánchez eran atinadas. Al exigirle a la Corte que se pronunciara “contra este atropello a la institucionalidad del país”, unía su voz a la de varios economistas que reprochaban el juego peligroso que estaba iniciando Tony Saca con las pensiones. Destacados abogados constitucionalistas también advertían que aquella emisión de deuda pública se había aprobado por mayoría simple, contraviniendo el artículo 148 de nuestra Carta Magna. El coordinador parlamentario del Frente no solo se sumó a esa correcta observación de carácter legal, sino que ahondó en las razones que habían llevado a la “derecha legislativa” a manipular la figura del fideicomiso. En su opinión, por esa vía la administración Saca conseguía obviar la negociación política con la oposición (el FMLN) y se saltaba el trámite de conseguir los 56 votos necesarios para aprobar la nueva deuda. Menos de diez años después, cuando los economistas y abogados que criticaron la movida de 2006 hoy también señalan al FMLN —porque los argumentos no cambian si el fondo es el mismo—, quien sí se ha dado el lujo de variar sustancialmente de opinión es el profesor Sánchez, que ahora se permite hacer uso del fideicomiso que él llamó inconstitucional para ahorrarse la democrática “molestia” de negociar con ARENA la mayoría calificada que necesita su gobierno para emitir deuda.

Por supuesto, lo que el FMLN, GANA, PCN y PDC hicieron el pasado 29 de septiembre tiene consecuencias mucho peores que el daño producido en 2006 por la creación del fideicomiso. La reforma a la ley vigente introduce un subterfugio para evadir la obligación de pagar los intereses que el Estado adeuda a los ahorrantes del sistema de pensiones, pero además faculta al gobierno a echar mano de esta figura cada año, con lo cual los trabajadores se convierten en patrocinadores permanentes del aumento incontrolable de la deuda que se tiene con ellos mismos. ¡Una auténtica bribonada!

Nuestras autoridades quieren que creamos en su sinceridad cuando se autocalifican de democráticas, abiertas y dialogantes. Pero lo que hicieron en la más reciente sesión plenaria es mostrarse autoritarias, cerradas y prepotentes. La verdadera enemiga del diálogo no es la diferencia de criterio sino la deshonestidad. Los obstáculos reales del consenso no son los contrastes sino los ocultamientos. Con agendas escondidas detrás de los llamados a conversar solo se está contribuyendo a minar la confianza en el éxito de cualquier tipo de acercamiento. Si se empeña en seguir jugando a la politiquería, a la imposición legislativa y al embuste, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén será el único responsable, ante la historia, de haber dado el empujón que al país le faltaba para caer en el barranco.

Justo en la orilla. De Federico Hernández Aguilar

Hace un par de años, cuando se advertía el pronunciado declive en que estaban cayendo las finanzas públicas, la estrategia del gobierno era negar que las cosas estuvieran tan mal.

IXVT_federicoFederico Hernández Aguilar, 23 septiembre 2016 / LPG
El presidente de la República hasta llegó a emplear el calificativo de “agoreros de la desesperanza” refiriéndose a los líderes empresariales que llamaban la atención sobre aspectos tan cruciales como el incontrolable aumento de la deuda, el creciente déficit fiscal, la ausencia de planes de austeridad y la presentación anual de leyes de presupuesto con evidentes omisiones y sobrestimaciones.

la prensa graficaEn aquel momento la negación hacia afuera sustituyó las necesarias acciones hacia adentro. Poco o nada se hizo para impedir que el país siguiera dando pasos de suicida hacia el abismo. Hoy ya estamos frente a él y nuestras autoridades quieren que nadie pregunte por qué llegamos hasta aquí. Pretenden que nos creamos el cuento de que los culpables de un potencial “default” son la Sala de lo Constitucional o la oposición política, pero se olvidan que la primera e indelegable responsabilidad de manejar correctamente las finanzas estatales ha sido suya desde el año 2009.

Ahora sí, por supuesto, se reconoce la amenaza del impago. Hoy se demandan soluciones con la actitud perentoria de los maquinistas imprudentes, porque el tren está a punto de descarrilar y se necesita la fuerza conjunta de todos los pasajeros para manipular el freno. Ya el camino fácil de desmentir a los críticos se volvió intransitable, así que se opta por criticar la dura realidad y por exigir a los demás que se comprometan a cambiarla. Pero, ¿y el compromiso de cambiar los patrones de conducta financiera que nos han metido en este lío? ¿Por qué no se escucha fuerte y clara esa oferta desde el oficialismo, pero traduciéndola en obligaciones serias y medibles, de modo que erradiquemos de una buena vez las causas –y no solo los efectos– de nuestra crisis fiscal?

Es absolutamente improcedente, por otro lado, obviar las consecuencias dramáticas que para la economía salvadoreña podría tener un “default”. Solo pensemos en el ajuste inmediato que el gobierno tendría que hacer para reducir drásticamente su presupuesto: recortes de personal, adopción de nuevas políticas salariales, impago generalizado a proveedores del Estado… Y mientras tanto, nuestras fuentes externas de financiamiento se cerrarían, el acceso a los mercados internacionales nos quedaría vedado y el perfil crediticio del país llegaría a su punto histórico más bajo. Según estimaciones de FUSADES, nuestra economía podría experimentar un retroceso de 40 años, haciendo que para cada empleado salvadoreño aumentara hasta en un 20 % el riesgo de perder su fuente de ingresos.

Duro. Durísimo. Nadie debería permitirse el lujo de minimizar los efectos devastadores que para El Salvador tendría un “default”. Y más que nadie deben tenerlo presente el FMLN y ARENA, a quienes los electores dimos la cuota de representación parlamentaria suficiente para negociar acuerdos sustanciales y de gran calado. Los ajustes que no se hicieron hace dos años, desde luego, hoy tienen un costo mayor, pero también los entendimientos han dejado de ser opcionales.

ARENA tiene la obligación histórica de renunciar a los cálculos electorales, y el FMLN debe renunciar al simplismo de exigir dinero para resolver sus problemas de caja. La oposición se equivoca si cree conveniente exhibirse como el tuerto que puede gobernar en tierra de ciegos. Y el oficialismo comete un grave error si sigue considerando que la falaz repartición de culpas es un discurso inteligente.

A pocos meses de la celebración del primer cuarto de siglo de aquellos Acuerdos de Paz de 1992, urge llegar al gran acuerdo nacional que nos aleje del abismo.

Retorno del boomerang. De Federico Hernández Aguilar

Federico Hernández Aguilar, 21 septiembre 2016 / EDH

En las últimas semanas hemos sido testigos de una implacable ofensiva pública destinada a poner en entredicho la honorabilidad de uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Dr. Belarmino Jaime, a quien funcionarios y personajes políticos le están vinculando con una millonaria evasión de impuestos a través de cierta empresa de telefonía en la que miembros de su familia tienen participación accionaria.

diario hoyAnte estas acusaciones, y sin saber qué camino tomará el magistrado para demandar las aclaraciones pertinentes, conviene hacer reflexiones sobre lo que ha ocurrido. Estaba claro desde el principio que estos nuevos ataques contra la Sala de lo Constitucional tenían una muy débil sustentación; lo que debemos preguntarnos es qué hubo detrás de la malicia con que los señalamientos fueron expuestos, y si a partir de ellos estaríamos delante de un notorio caso de hostigamiento político en el que además se ha utilizado información reservada del Ministerio de Hacienda, circunstancia particularmente grave en sí misma.

Pero vayamos por partes. Ninguno de los acusadores enseñó jamás el documento que comprobara la relación actual del Dr. Jaime con GCA Telecom, S.A. de C.V. Este nexo, que solo quedaba establecido por el parentesco del magistrado con los accionistas mayoritarios, era considerado inadecuado por la supuesta evasión tributaria de la empresa.

Según la publicación que hace una semana hiciera el Secretario de la Junta Directiva de GCA Telecom, José Eduardo Cáceres Chávez, esta sociedad se ha manejado siempre con el debido respeto a la legalidad y a “una ética escrupulosa”. Y tan seguro está de ello don “Pino” Cáceres, que cuando en 2014 circuló un panfleto que extraía —tergiversándolos— datos confidenciales de Hacienda para acusar a GCA Telecom de incumplimiento de deberes tributarios, quiso de buena fe alertar al señor presidente de la República a través de su Secretario Privado, pues la mera existencia de aquel documento difamatorio, antes que demostrar nada contra la empresa, constituía prueba de que se había cometido otro delito: el de fuga de información reservada.

¿Qué pasó entre la alerta temprana hecha ante Casa Presidencial por don “Pino” Cáceres, en 2014, y las irresponsables declaraciones de la diputada Lorena Peña, que dos años más tarde alude a “denuncias por evasión de impuestos” y vuelve a mencionar a GCA Telecom? ¿Procedió Salvador Sánchez Cerén conforme a la ley y notificó a la Fiscalía del indicio delictivo que se había hecho de su conocimiento? Y si tal cosa ocurrió, ¿de dónde ha salido la información reservada que hoy ha sido puesta a la orden de la FGR y que justificarían las temerarias afirmaciones de la señora Peña?

Quienes aleguen que el parentesco del Dr. Jaime con accionistas de una empresa de telefonía basta para desacreditarlo tendrían que admitir una relación todavía más problemática entre el propio Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y su hermano “Pino”, directivo de una empresa que a juicio de Lorena Peña evadía impuestos. En la presente coyuntura, sin embargo, conviene acordarse de aquel penoso incidente de fines de 2011, cuando la misma diputada, presidiendo la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, filtró a la prensa información parcial —y confidencial, no lo olvidemos— de empresas que supuestamente habían evadido sus obligaciones tributarias en 2008, pero que en realidad estaban siendo víctimas de una sucia triquiñuela pues se obviaban sus pagos a cuenta a lo largo de aquel año fiscal.

En diciembre de 2011, en un intento por minimizar el escándalo, el Ministerio de Hacienda se declaró “conocedor de las regulaciones de orden legal que contemplan la confidencialidad en el manejo de la información relacionada con los contribuyentes de los Impuestos Internos”. Por tanto, y dado que ese respeto a la legalidad no pierde vigencia, yo pregunto: ¿Quién ha tratado de manipular a la opinión pública en este caso? Y más importante todavía: ¿Altos funcionarios del partido oficial está usando información confidencial de los contribuyentes para entablar juicios políticos?

¡Sinvergüenzas! De Federico Hernández Aguilar

IXVT_federicoFederico Hernández Aguilar, 7 septiembre 2016 / EDH

En el proceso que actualmente se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito, el expresidente Mauricio Funes cuenta con la ventaja de no tener en contra suya a un mandatario en ejercicio, es decir, a alguien que desde el poder se dedique a sembrar dudas sobre su honorabilidad —utilizando para ello recursos públicos—, y que aproveche cada oportunidad disponible para exigir a las instituciones del Estado que le investiguen, le allanen sus propiedades, vayan tras su pista y le enjuicien.

diario hoyFrancisco Guillermo Flores Pérez (Q.D.D.G.) no tuvo la misma suerte, y fue precisamente Mauricio Funes quien se encargó de que no la tuviera. El 30 de enero de 2014, por ejemplo, hablando ante cámaras con el periodista Moisés Urbina, Funes no solo aseguró que el caso Flores ya estaba “debidamente demostrado”, sino que se apoyó en la Comisión Investigadora de la Asamblea (montada para interrogar a su antecesor) y en las acciones que ya para entonces había tomado la Fiscalía. Así negaba la existencia de una “persecución política” contra Flores.

“Persecución política es cuando se persigue por las ideas, por las actuaciones políticas”, nos instruyó Mauricio en aquella entrevista televisiva. “A un presidente que se le está investigando por haberse apropiado de recursos que son del erario nacional, no se le persigue políticamente: se le está haciendo un juicio (…). ¿Y si no, por qué congela cuentas y bienes el Fiscal General de la República?”. (Pues sí, ¿verdad?).

Unas semanas después, el 26 de febrero, también en TCS, afirmaba Funes que Paco debía ser procesado. “¿Cuál es el problema de juzgar al presidente Flores en ausencia?”, se preguntaba, y le daba instrucciones a la Fiscalía para que actuara en ese sentido. Luego, en mayo de 2014, cuando se desconocía el paradero del exmandatario, Mauricio se mostraba inquieto de que aún no se hubieran allanado sus propiedades. Desde su espacio radial, además, exigía que se negaran opciones de escape a su antecesor: “Según la prensa”, dijo entonces, “el expresidente Flores está en Panamá y va a pedir asilo político. Yo esperaría que el presidente Martinelli lo piense bien, porque no es un perseguido político… Hay una persecución penal por delitos cometidos siendo presidente de la República”.

El FMLN, por su lado, acompañando a Funes en sus denuncias públicas, mostraba su “indignación” cuando a Flores se le trataba con alguna consideración. En diciembre de 2015, por ejemplo, el oficialismo lamentaba la decisión de la Cámara Primera de lo Penal que había enviado a su casa, siempre bajo arresto, al exgobernante. Criticaba aquella resolución “según la cual el reo Francisco Flores, Presidente Honorario del partido ARENA y ex-Presidente de la República, fue exculpado (sic) del delito de lavado de dinero y enviado de la bartolina donde guarda prisión a su residencia”. Y en Maya Visión, aparte de acusar a uno de los jueces de ser “militante de ARENA”, Medardo González agregaba, con su particular sintaxis: “Es pura picardía lo que ha habido en esto… Lo más grave de las dos cosas, porque son dos cosas: uno, que le ha quitado los dos delitos de Lavado de Dinero, y otro es que de la bartolina lo pasan a su casa para que pase sus vacaciones con la familia”.

Pero la vida, como es habitual, ha seguido dando vueltas, y a quien tenemos hoy enredado en cuestiones legales es a Mauricio Funes. Si usáramos los criterios que escuchamos de él contra Flores, no habría razones para calificarlo de “perseguido político” ni para extenderle asilos o librarlo de allanamientos a sus propiedades. Esta vez, sin embargo, Medardo González sí pide que se respete la presunción de inocencia del expresidente, recordando que todavía no ha sido vencido en juicio. Hoy quiere el FMLN que se concedan a Funes las garantías que él mismo negó a otros. ¡Ah, políticos mediocres! ¿Qué pegamento usarán para evitar que se les caiga la cara de vergüenza?