Federico Hernández Aguilar

Manipulación infame. De Federico Hernández Aguilar

Jugar con fósforos al lado de un enorme tanque de gasolina es lo que el gobierno de El Salvador viene haciendo desde hace dos años. Para resolver su grave déficit fiscal (el tanque de gasolina), nuestras autoridades han optado por manipular una cajita de fósforos que se llama “politiquería”. Y así, en el afán de quemar a sus adversarios, no advierten que están a punto de incendiar al país entero.

Federico Hernández Aguilar, 20 abril 2017 / LPG

Lo que se nos quiere vender como excusa, en torno a los impagos que se han venido produciendo desde el 7 de abril, es que las obligaciones con las pensiones de los trabajadores necesitaban de la aprobación de una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, alegando que no se disponía de la “asignación presupuestaria indispensable” de acuerdo con la reforma a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), misma que desde noviembre del año pasado tiene suspendidos sus efectos por una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional.

Lo que ningún comunicado del Ministerio de Hacienda nos confiesa es que la administración Sánchez Cerén ha tenido entonces cinco meses para diseñar alternativas constitucionales a su polémica reforma a la Ley FOP, no solo respetando a la Corte Suprema de Justicia sino liderando las negociaciones políticas que le permitieran cumplir con sus pagos. En lugar de eso, el gobierno ha estado –por casi medio año– intercambiando epítetos con el principal partido opositor, que con razón se ha negado a aceptar que la única solución viable sea endeudar más a los salvadoreños o seguir ahorcándolos con impuestos.

Amén de este infantil berrinche, los diputados oficialistas y sus adláteres aprobaron un presupuesto que incluía el monto “simbólico” de mil dólares para enfrentar los vencimientos de los Certificados de Inversión Previsional, a sabiendas que se requerían más de $200 millones. Y por si lo anterior fuera poco, el Ministerio de Hacienda quiere que creamos algo absurdo: que justo en la plenaria extraordinaria antes de las vacaciones de Semana Santa, bordeando el impago, 56 diputados iban a hacerse presentes en el Salón Azul para votar por una reforma a la Ley del Presupuesto que nadie había presentado. ¡Por favor!

Nuestro gobierno nos ha mentido con descaro y pretende continuar. No admite los errores que comete, pero endilga responsabilidades a diestra y siniestra. Habla de dialogar y de buscar consensos, pero el lenguaje hostil de algunos de sus voceros desmiente tal voluntad conciliadora. Se ha dado el lujo de contar con recursos que jamás soñaron administraciones anteriores, pero es la actual gestión, paradójicamente, la que nos está llevando al default.

El jueguito peligroso ha terminado por chamuscar la imagen de El Salvador, que siempre fue apreciado internacionalmente como país que sabía tomarse en serio sus compromisos. Gobiernos responsables con el bienestar de sus ciudadanos no manipulan la caja de los cerillos tan cerca del combustible. Ahora estamos a un paso de perder la credibilidad que por muchos años fuimos construyendo, a fuerza de disciplina y manejos más sensatos de las finanzas públicas. ¿Y quién es capaz de predecir el tiempo que nos llevará recuperar la percepción positiva que alguna vez gozamos?

En política es posible excusar la torpeza, incluso cuando sus causas son coyunturales; pero los cálculos politiqueros que provocan descalabros económicos son, además de inexcusables, abiertamente infames. Lo que los salvadoreños podríamos sufrir por culpa de quienes llevan las riendas de la nación es inédito, difícil de pronosticar. No existen precedentes para los efectos que nos traerán degradaciones que nunca debimos tener en el mercado internacional. Y una vez desatado el incendio, ¿quién cree que nuestro gobierno sabrá enfrentarlo?

¿Liberales versus conservadores? No es tan simple. De Federico Hernández Aguilar

Federico Hernández Aguilar, 19 abril 2017 / EDH

Cuando alguien exige que los “verdaderos liberales” piensen o actúen de determinada manera, lo que en realidad está diciendo es algo sorprendente e inquietante a la vez: no solo es que se atribuya la autoridad de señalar a quienes serían, desde su punto de vista, “falsos liberales”, sino que se apropia de la facultad de dictaminar qué ideas y opiniones hacen “verdadero” a un liberal. Esta postura es curiosa y paradójica, sobre todo viniendo de alguien que reclama tener una mentalidad “antiautoritaria”.

El problema se complica si arribamos con este espinoso asunto al plano de lo moral, porque allí el liberalismo no ha definido —ni pretende hacerlo— qué conclusiones debe sacar obligadamente un liberal que enfrenta los dilemas de la libertad individual en una sociedad pluralista, en la que conviven (casi siempre con tensiones) diversas formas de pensar y conducirse.

Desde una lógica que pretenda edificar murallas —a lo Trump— en la gran familia del liberalismo, dependiendo del lado que ocupa en un debate moral concreto, liberales “verdaderos” serían, imagino, Mario Vargas Llosa, Milton Friedman y Carlos Alberto Montaner, mientras que liberales “falsos” serían Thomas Sowell, Rafael Termes y Alejandro Chafuén. ¡Vaya arbitrariedad! No conozco un solo autor liberal que seriamente defienda tal segmentación.

Pero en el fondo existe una dificultad filosófica que toca resolver si pontificamos sobre liberales “verdaderos”, y es la mera noción de “verdad”. Al plantear el deseo de orden, por ejemplo, como un denominador de la mentalidad “conservadora”, oponiéndola sin matices a una supuesta mentalidad “liberal”, lo que se está sosteniendo es la necesidad de establecer verdades objetivas para reconocer esta división. Por ende, si lo que hace reconocible a este pretendido “conservadurismo” es el orden, sería también verdad que el liberalismo preferiría siempre rechazar el orden en nombre de la libertad. ¿Estaríamos, así, delante de una feliz alternativa al autoritarismo? Examinando la fragilidad de esta idea descubriremos varias de las razones por las que esta clase de debates permanecen abiertos entre nosotros, los liberales.

La historia y la convivencia humana demuestran que ninguna noción de orden es inocua moralmente. De hecho, lo que con frecuencia vuelve autoritario un concepto de orden es, precisamente, su fuente moral. El marxismo justificaba el caos y la violencia desde una raíz ideológica, del mismo modo que lo hacía el nazismo para defender su idea del orden. En ambos casos, curiosamente, lo que se relativizaba era la objetividad moral de toda acción humana: Marx para deducir el imperativo de demoler el sistema capitalista y Hitler para sostener la superioridad de una raza sobre las demás.

Contraponer cualquier noción de orden a la libertad es, con perdón, un reduccionismo. Ni siquiera habría manera de argumentar a favor del Estado de Derecho para los liberales que se tragaran ese cuento. En Massachusetts, hoy, algo tan subjetivo como la “construcción de la propia identidad sexual” ha sido impuesto por ley en nombre de la libertad individual. En los hechos, sin embargo, lo que ha producido esta sublimación legal de la subjetividad personal es el no reconocimiento de ninguna objetividad biológica, con lo cual se han visto reprimidas o limitadas otras libertades individuales: de conciencia, de opinión, de pensamiento, de credo y de contratación (solo por mencionar algunas). He aquí, en resumen, una nueva tiranía, instalada —para variar— sobre una ideología de moda: en este caso, la de género.

El rechazo intelectual y ciudadano frente a estas modernas formas de autoritarismo rebasa esa superficial dicotomía entre “liberales” y “conservadores” que algunos plantean. Simplificar estas cuestiones bajo formas antitéticas cerradas —“autoridad” o “disidencia”, “armonía” o “caos”, “orden” o “libertad”— es otra forma de obviar el decisivo papel que juegan las subjetividades en la conducta moral humana, incluyendo las decisiones políticas en que derivan. Y quien se atreva a sancionar un consenso liberal alrededor de estos dilemas es probablemente un genio. O quizás, sencillamente, ignora el alcance de lo que dice.

Insensato letargo. De Federico Hernández Aguilar

Luis Almagro ha entendido que su organización no está para ver desde una torre cómo el desgobierno de Maduro se precipita en el abismo llevándose consigo a su propio pueblo.

Federico Hernández Aguilar, 5 abril 2017 / EDH

Quienes defendemos la democracia en columnas de opinión hace rato nos quedamos sin calificativos para describir la situación de Venezuela. Ni siquiera las metáforas más creativas consiguen ya abarcar, en su colorido extremismo, lo que han significado 18 años de chavismo en la patria natal de Bolívar. Solo queda volver a las palabras cajoneras del léxico periodístico, aquellas que usualmente se usan para hablar de una calamidad pública o un conflicto sanguinario: catástrofe, desastre, caos, penuria, miseria… El diccionario no suele hacer favores cuando la realidad sobrepasa a la ficción.

Todo, eso sí, fue advertido. Con puntualidad se hicieron los avisos que debían hacerse. Desde que Hugo Chávez era candidato, prometiendo el paraíso a una ciudadanía descreída del partidismo tradicional, hasta las bufonadas de Nicolás Maduro, el “ungido” del comandante, no hubo demócrata auténtico en el mundo que dejara de señalar el rumbo que llevaba aquel experimento de socialismo locuaz y camorrista.

El planeta, sin embargo, siguió girando como si nada. Los pocos estados y funcionarios internacionales que se atrevieron a hacer prevenciones fueron ahogados por el clamoroso silencio cómplice del resto de naciones y organismos de cooperación, sea porque muchos le debían favores “extracurriculares” al chavismo, sea porque los efectos de la propaganda convencieron de las bondades del ensayo a demasiados egos influyentes, o por esa cíclica globalización de la cobardía que suele echar raíces allí donde el patio todavía es verde… aunque el de los vecinos esté empezando a agrietarse.

Hoy, por supuesto, la ola viene de regreso. La insulsa OEA de Insulza dejó de existir en 2015, dando paso a una agenda hemisférica diáfana y valiente, en la que términos como “democracia”, “control de poderes” y “Estado de derecho” han recuperado sus viejos significados. Luis Almagro ha entendido que su organización no está para ver desde una torre cómo el desgobierno de Maduro se precipita en el abismo llevándose consigo a su propio pueblo. La “Carta Democrática Interamericana” por fin está sirviendo para lo que fue redactada.

Pero cuando en el futuro se hable de los esfuerzos que se hicieron para impedir la profundización de la tragedia venezolana, también tendrá que recordarse a los gobiernos en quienes esa misión histórica no encontró apoyos sino obstáculos. Y para vergüenza nuestra, la administración que encabeza el profesor Sánchez Cerén, en nombre del Estado salvadoreño, figurará entre esos liderazgos pusilánimes, sordos y anacrónicos. El insostenible argumento de la “soberanía” de Venezuela en sus “asuntos internos”, verbalizado ahora por quienes no hace mucho fueron a pedir la intervención de la Corte Centroamericana de Justicia en un conflicto de poderes local, viene a ser la última contradicción con que nuestro gobierno pagará su aberrante cuota de fidelidad ideológica. Y lástima, claro, por el buen nombre de El Salvador en el mundo.

Lo más preocupante, sin embargo, del voto del país en la OEA no es tanto lo que revela sobre la gente que tenemos en el poder, sino la absoluta confirmación de lo que les encantaría hacer aquí. Borrar la independencia del poder judicial es una de las ambiciones claramente expresadas por el FMLN, tanto en sus documentos como en las declaraciones públicas de sus dirigentes. Si ha sido capaz de actuar como comparsa, ante el foro de la OEA, del alevoso asalto que el Tribunal Supremo de Justicia, rehén del chavismo, quiso materializar a la Asamblea Nacional venezolana, ¿qué razones tenemos para creer que el oficialismo en El Salvador actuará diferente llegado el momento?

Las advertencias, por numerosas y claras que en su día fueron, lamentablemente ya no tienen ninguna utilidad para los venezolanos, que ahora luchan a diario por salir del infierno. Pero, ¿y nosotros, salvadoreños? ¿Cuántos avisos más necesitamos, por el amor de Dios, para caer en la cuenta del tipo de autoritarismo que nos espera si no despertamos de nuestro insensato letargo?

Hombre de una pieza. De Federico Hernández Aguilar

A hombres de una pieza, como el Dr. Abraham Rodríguez, la patria debe más que a muchos que llegaron a ser presidentes o ministros. La coherencia fue su gran divisa política.

Federico Hernández Aguilar, 8 marzo 2017 / EDH

Allá por la cintura del siglo XX, cuando los partidos políticos salvadoreños nacían y morían a punta de golpes de Estado, el Dr. Abraham Rodríguez y un puñado de intelectuales jóvenes se reunían dos veces por semana para estudiar la Doctrina Social de la Iglesia. Sabían que era necesario buscar alternativas a los regímenes militares en boga, pero en sus mentes inquietas bullía la intuición de fundar un amplio movimiento humanista y cristiano.

Pronto los acontecimientos precipitaron sus planes. El presidente José María Lemus fue arrojado del poder y la Junta de Gobierno entrante anunció que convocaría a elecciones. Así nació, en 1960, el Partido Demócrata Cristiano, con el Dr. Abraham Rodríguez a la cabeza, levantando adhesiones por doquier. Buena parte de la clase media abrazó con regocijo aquella formación política en la que creía ver a profesionales e intelectuales con capacidad para transformar el país.

El golpe contra la Junta al año siguiente dio oportunidad a que el PDC, recién nacido, recibiera ofrecimientos para formar gobierno. Demostrando una madurez inusitada, los bisoños líderes demócratas cristianos se resistieron a caer en esa tentación, pues veían en aquel camino la “oficialización” de su estructura y la pérdida de su independencia. Al coronel Julio Rivera, miembro del Directorio Cívico Militar en el poder, le invitaron a integrarse al partido y competir allí por una candidatura, pero el carismático militar prefirió formar su propia agrupación política, el PCN, a través del cual obtuvo finalmente la presidencia que tanto ansiaba.

Abraham Rodríguez

¿Por qué vale la pena recordar estos hechos medio siglo después? Porque el ejemplo del Dr. Abraham Rodríguez, cuyo reciente fallecimiento ha sido tan sentido, demuestra que es posible hacer política defendiendo principios y no sirviéndose de ella para acumular poder. La integridad es una apuesta decidida, estable y firme por los valores que no estamos dispuestos a negociar nunca, por nada ni con nadie.

Desde la perspectiva de un hombre íntegro como era el Dr. Rodríguez, perder una elección era menos trágico que perder el horizonte de sus ideales. En 1967, por ejemplo, cuando Napoleón Duarte, alcalde capitalino, era la opción ideal que el PDC podía llevar para la presidencia de la República, Abraham Rodríguez decidió correr él tras la candidatura a sabiendas que iba a ser derrotado en los comicios. Como se discutió al interior del partido en aquel momento, no se trataba de ganar, sino de posicionar la marca y probar su fuerza territorial, resguardando a las figuras emergentes. Era una época de persecuciones e intimidaciones, en la que, al decir del propio fundador del PDC, “para ser presidente del país se necesitaban dos requisitos: uno, ser militar, y dos, ser electo en los cuarteles, es decir, por los militares”.

Demás está decir que el candidato opositor no cumplía con esos requisitos. Y perdió, claro, alcanzando el segundo lugar. Al año siguiente, como Secretario General del partido, dirigió una exitosa campaña electoral para alcaldes y diputados que por primera vez convirtió a los demócratas cristianos en una amenaza a la hegemonía de los cuarteles. Luego, sin embargo, vendrían los fraudes de 1972 y 1977… Y la historia política nacional entraría en otra etapa durísima, todavía más vertiginosa, en la que trayectorias limpias como la del Dr. Rodríguez, enemigo de la violencia y partidario del diálogo, tenían poca cabida.

En sus últimos años, fiel a los principios democráticos que defendió siempre, todavía vimos a este insobornable jurista luchar por la Constitución, el estado de derecho y la independencia de los poderes públicos. Y contra quienes defraudaron sus convicciones volvió a alzar su voz clara, valiente, sin doblez, legándonos un ejemplo de rectitud que merece vivir en el recuerdo de las nuevas generaciones. A hombres de una pieza, como el Dr. Abraham Rodríguez, la patria debe más que a muchos que llegaron a ser presidentes o ministros. La coherencia fue su gran divisa política.

Motivaciones 2017. De Federico Hernández Aguilar

federicoFederico Hernández Aguilar, 28 diciembre 2016 / EDH

El valor cronológico de cada año es el mismo: 365 días, horas más, horas menos; en cambio, el valor simbólico de cada año puede llegar a ser incalculable, inmenso, porque depende del provecho que nosotros saquemos a cada uno de nuestros días. De ahí que poner fin a un año equivale a ponderar lo que vivimos, a obtener el fruto de las lecciones aprendidas, a recoger lo más precioso de cada experiencia. En paralelo, dar la bienvenida al nuevo año implica el ejercicio de ver hacia adelante con renovado optimismo, creyendo que la página en blanco a punto de escribirse nos ofrece oportunidades fascinantes, dignas de ser vividas.

diario hoySi pensamos en El Salvador como única medida para calificar el año 2016, el resultado es, digámoslo pronto, poco alentador. La política ha mostrado algunos de sus peores ángulos en los meses transcurridos, la economía apenas ha conseguido evitar el naufragio —que por momentos parecía inminente— y la situación de la sociedad en general se ha mantenido en una línea constante hacia el declive. Que nuestras autoridades hayan acertado a dar con las soluciones integrales que el país reclama es la variable ausente en cualquier balance objetivo de la realidad actual. En enero teníamos un país con muy mala salud y en diciembre casi nos lo han metido en cuidados intensivos.

¿Qué hacer, sin embargo, para que el pesimismo no termine siendo la única herencia posible del año que termina? Una alternativa consoladora es enfocarnos también en los avances obtenidos, algunos de calado significativo en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia. Pese a la retórica cínica de la politiquería criolla, enfrascada en tratar de defender lo indefendible, el 2016 se cierra con un balance muy positivo alrededor del combate a los abusos de poder y la falta de controles efectivos sobre el manejo de los dineros públicos.

La Sala de lo Constitucional, la Sección de Probidad de la CSJ, la Fiscalía General de la República, el Instituto de Acceso a la Información y algunas otras entidades, han demostrado que ciertas enfermedades endémicas de la política nacional podrían hallarse en ruta de severo tratamiento institucional, al menos para limitar drásticamente sus alcances y reducir al mínimo sus efectos. En este año, quizá como nunca antes, los corruptos han recibido mensajes claros de reprobación, y solo faltaría que los ciudadanos fuéramos un poco más protagónicos en esa demanda de justicia y limpieza para que los cambios experimentados lograran adquirir el carácter de irreversibles.

La reacción del oficialismo, así como de quienes tienen razones para sentir miedo, ha estado en las noticias casi durante todo el año. Y cabe augurar que esas reacciones antidemocráticas se harán sentir también en 2017, quizá hasta con mayor fuerza. Nada de eso, sin embargo, tendría que parecernos extraño. Lo importante es que tengamos claro que el nuevo año trae consigo el desafío de profundizar el camino de transformaciones iniciado, al mismo tiempo que se consolide en nosotros, los ciudadanos, una conciencia más robusta sobre las consecuencias positivas de estos avances.

Pese a las muchas cosas que no caminan como deberían, un mínimo de humildad nos hará caer en la cuenta de que nuestro Divino Salvador del Mundo ha tenido siempre la generosidad de pagarnos con bendiciones inmerecidas —toda bendición lo es— esa poquedad de ánimo con que tal vez le hemos correspondido en este moribundo 2016. Habría que desear, pues, a manera de inicio para el 2017, que todo lo malo del año viejo se quede justo en la orilla, es decir, entre las 11:59 p.m. del 31 de diciembre y las 12:00 de la madrugada del 1 de enero, en ese instante precioso en que nos abrazamos a quienes más queremos y deseamos para ellos, y ojalá para el mundo entero, 365 días pletóricos de esperanza, trabajo, prosperidad y paz. Que así sea.

Cuestión de credibilidad. De Federico Hernández Aguilar

federicoFederico Hernández Aguilar, 14 diciembre 2016 / EDH

¿Cómo se le cree a un gobierno que promete ser responsable? A menos que se gane ese crédito con hechos, no habría manera. ¿De qué forma puede hacerse digno de nuestra confianza un administrador que nos asegura ser austero con el dinero? Practicando esa austeridad cuando la ocasión se lo permita; de lo contrario, ese administrador nos estaría mintiendo. Y si quienes manejan las finanzas públicas se comprometen a desarrollar ciertas virtudes, a cambio de un acuerdo político, pero en la primera oportunidad que tienen de cumplir lo prometido no solo evitan la virtud sino que obran exactamente con el defecto opuesto, ¿por qué habríamos de creer que esos funcionarios que manejan las finanzas públicas van a respetar cualquier acuerdo?

diario hoyEs suficiente darle un vistazo al proyecto de Presupuesto 2017, presentado por el gobierno en septiembre pasado, para despertar sospechas fundadas respecto de la sinceridad con que nuestras autoridades están buscando resolver el grave deterioro fiscal del país.

Hablemos, por ejemplo, de la famosa austeridad. Esa promesa ha aparecido en el discurso oficial cuantas veces se ha necesitado, pero se esfuma a la hora de ponerla en blanco y negro. Si tantas veces se nos aseguró que, como mínimo, el monto global del presupuesto del año 2016 iba a mantenerse para el siguiente, ¿cómo es que el monto proyectado para 2017 registra un aumento de 97 millones de dólares comparado con el actual ejercicio?

Pero eso no es todo. El presupuesto del próximo año suprime la deuda que el Estado tiene con los trabajadores del Fondo de Pensiones, porque no contempla el pago de capital e intereses de los certificados de inversión previsional. La promesa de austeridad, entonces, queda incumplida a través de dos vías peligrosas: aumenta efectivamente el monto global que registra el gobierno para su proyecto de presupuesto, y encima quedan sin honrarse los 106 millones de dólares que ya en 2016 se habían asignado (por cierto, subestimándolos) al pago de los CIP.
En total, cuando hacemos la suma de las cifras que se reconocen y las partidas que se eliminan, el presupuesto 2017 estaría viéndose incrementado ¡en más de $200 millones!

No solo hacen bien los partidos de oposición negándose a aprobar un presupuesto con estas enormes deficiencias, sino que cumplen con la responsabilidad histórica de evitar que las mentiras gubernamentales lleven al país a la ruina. Si los funcionarios intentan engañar a la ciudadanía, el engaño debe ser exhibido y explicadas sus consecuencias, porque solo votantes bien informados hacen posible que las artimañas de los políticos, en su afán de burlar los controles sobre el dinero de los contribuyentes, vayan siendo cosa del pasado.

Por las mismas razones es que causa asombro que el oficialismo insista en esconder la información de sus financistas y a la vez se empeñe en azuzar a los “movimientos sociales” que le son afines para amenazar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Desde la calle se profieren las peores calumnias contra los miembros del máximo tribunal de justicia del país, mientras visibles figuras del partido de gobierno justifican esas barbaridades en nombre de una libertad de expresión que jamás han entendido.

Vemos por fin a una Fiscalía General de la República haciendo el trabajo que por décadas se había exigido a esa instancia defensora de los bienes del Estado, y saltan a la palestra una serie de objeciones que parecerían destinadas a favorecer la impunidad. ¿Por qué tanto nerviosismo? ¿Por qué esas palabras altisonantes contra una labor que más bien debería encomiarse?

Amenazar a los magistrados de la Corte Suprema o poner en duda las investigaciones de la Fiscalía son reacciones impropias de una clase política dispuesta a rendir cuentas y ganarse así la confianza de los ciudadanos. Esa desproporción entre sus discursos y sus actos es lo que les arriesga a perder la poca credibilidad que les va quedando.