Federico Hernández Aguilar

Enterrando la brújula. De Federico Hernández Aguilar

Mientras en ARENA se pelean por la renuncia de dos diputados, en el Tribunal Supremo Electoral se libra una batalla crucial para la transparencia de las próximas elecciones.

IXVT_federicoFederico Hernández Aguilar, 13 julio 2917 / LPG

Mientras en el principal partido de oposición se lanzan improperios y desafíos porque dos precandidaturas suplentes no han sido aceptadas en la lista final de aspirantes, el FMLN se afana en la búsqueda de los votos legislativos que necesita para darle un golpe letal al sistema de pensiones. Y yo me pregunto: ¿quién dijo que para encontrar la salida a la crisis que vivimos en el país había que enterrar la brújula?

LPGEs increíble. Tenemos por delante el desafío de garantizar que la voluntad de los salvadoreños, expresada en las urnas, sea fielmente respetada en marzo de 2018. De igual manera, quienes sabemos las amargas consecuencias –políticas, sociales y económicas– que podría tener para el país que el oficialismo tenga éxito en su confesada intención de meter mano a los ahorros de los trabajadores, tenemos la obligación moral de oponernos a ese robo con todos los recursos que nos otorga la Constitución.

¿Cómo es, entonces, que permitimos que el TSE se amarre a escáneres coreanos para apoyar el conteo de votos, sin que medie una licitación pública inexplicablemente atrasada hasta el día de hoy? ¿Cómo es que no salimos a advertir a los señores diputados, de todos los partidos, que reformar la Ley de Pensiones se agenciará un repudio generalizado y contundente?

Entiendo a quienes piden que ARENA sea un partido más incluyente y dialogante, pero no es haciendo más grande una discusión sobre procesos internos que vamos a conseguir, del principal partido de oposición, lo que ninguna otra organización política ofrece, y menos que nadie el FMLN. Semejante falta de perspectiva es incongruente con la defensa de las libertades, porque se está lanzando un chorizo a los perros bravos para que se despedacen entre sí, mientras el bistec queda a merced del perro que más pulgas tiene.

¡Por favor, señores, no perdamos el norte! Dejemos de confundir los altercados de poca monta con las batallas épicas. Aprendamos a distinguir el cebo de la manteca, el rábano de sus hojas, la piedra pómez de la roca inamovible. Discutir las formas de la democracia entre congéneres es casi un divertimento cuando el sistema democrático no está en juego; pero cuando lo está, me disculpan, cualquier empujón ególatra al debate divisivo equivale al suicidio.

Dijo Benjamín Franklin a los patriotas estadounidenses: “Si no aprendemos a caminar juntos, nos colgarán por separado”. Esta frase la recordó recientemente el mayor René Martínez en la presentación del movimiento cívico Defensa Ciudadana de la Democracia (DECIDE), espacio que ha nacido para aglutinar los esfuerzos de decenas de organizaciones civiles que hasta ese día permanecían atomizadas. Y Franklin, claro está, sabía muy bien por qué lo decía. Sin unidad ciudadana frente a la tiranía, esta última tiene seguro el triunfo; la cohesión de los patriotas, en cambio, es la única barrera contra la que se estrellan los dictadores.

A los demócratas venezolanos les llevó demasiado tiempo guardar los egos para más tarde; cuando vinieron a reaccionar, y se olvidaron por fin de verse a los ombligos, era imposible defender la libertad sin derramamiento de sangre. Nadie quiere que eso pase en El Salvador. ¿Cuándo es, entonces, la hora de la unidad? ¡Hoy! ¡Es hoy, y solo hoy! En 2019, pasadas las elecciones presidenciales, debatamos si las agendas personales de algunos tienen sustancia o no. Pero este día, para los que somos amantes de la libertad y la democracia, únicamente existen razones para –juntos– desenterrar la brújula… y caminar.

Su error no es de principios, sino de coherencia. De Federico Hernández Aguilar

Si yo tengo claro cuáles son mis principios y valores, explicarlos a los demás debería ser pan comido. La coherencia en política es una virtud imprescindible a la hora de luchar por determinadas causas.

Federico Hernández Aguilar, 12 julio 2017 / EDH

En medio del alboroto causado por las clamorosas renuncias de dos diputados, alguien tendría que responder a algo que creo es fundamental: ¿el problema de ARENA se encuentra en los principios que dice defender o en la debilidad institucional del partido para defenderlos? Si me lo preguntan a mí, el dilema está en lo último.

Si yo tengo claro cuáles son mis principios y valores, explicarlos a los demás debería ser pan comido. La coherencia en política es una virtud imprescindible a la hora de luchar por determinadas causas, y la coherencia se adquiere de predicar lo que se vive y de vivir lo que se predica. Esto, por cierto, no es rigidez ni “conservadurismo”; bien mirado, es justo lo contrario, porque únicamente quien conoce lo que defiende —y por qué lo defiende, y contra qué lo defiende— puede aprender a reconocer esas mismas características en quienes piensan distinto.

Repasando lo que dicen los principios de ARENA, francamente no entiendo por qué experimentan ustedes dificultades para sostenerlos ante quien sea y donde sea. ¿Cómo alguien, si en verdad es congruente con el carácter republicano de un partido político, podría tener argumentos que demolieran estos principios o los alteraran en su esencia? Esto no es asunto de tener catorce maestrías en Harvard o siete doctorados en Oxford, sino de haber reflexionado sobre la esencia misma de lo que hoy llamamos “civilización occidental”. (Y no voy a detenerme en esto porque lo he explicado ya bastante en mis columnas desde el año 2003).

La mejor forma de resolver un conflicto es evitando que crezca. Jamás entendí por qué ARENA no llamó nunca a John Wright, por ejemplo, para pedirle que tratara de convencer al COENA —o a la comisión creada para tal efecto— de la validez de sus tesis sobre los temas polémicos en que basó parte de su campaña a diputado. Si hubieran hecho esto al inicio, Wright habría conocido los argumentos por los cuales ustedes no tenían ninguna obligación de acompañarle en su agenda particular.

Pero la pregunta que me asalta es: ¿existe alguien en ARENA que sea capaz de defender los principios del partido de manera firme e integral? Si una chica graduada en Yale o Cambridge, talentosa pero confundida, tocara a las puertas de ARENA con ideas propias sobre la ideología de género, por decir algo, ¿hay allí un directivo o dirigente —o, mejor, algún intelectual— que pueda refutarle con conocimiento y categoría cada uno de sus juicios? ¿Hay en el principal partido de oposición de El Salvador siquiera una persona que sepa fundamentar con datos estadísticos, históricos, antropológicos, jurídicos y filosóficos los 13 principios que dicen ustedes defender? Si la respuesta es no, a nadie debe extrañar entonces —perdónenme— que un par de diputados rebeldes les metan en líos.

Y ya entrados en gastos, también a los rebeldes quisiera invitarles, respetuosamente, a hacer una reflexión. Si ustedes dos querían impulsar cambios importantes dentro de ARENA, la paciencia y la serenidad debieron ser siempre sus divisas. A un partido que nació en el contexto de la Guerra Fría y que ha tenido los liderazgos que ha tenido en más de 35 años de historia, no se le cambia, créanme, de la noche a la mañana. Para lograr eso, las buenas intenciones y los discursos emocionales no bastan: se necesitan argumentos, inteligencia estratégica y mucha perseverancia.

La renovación de un partido político solo es posible cuando nadie afirma encarnarla. Quien diga que la transformación de ARENA pasa necesariamente por sus personales posturas y opiniones, está haciendo justo lo que dice criticar. Sé que ustedes no pretenden eso, pero la beligerancia con que han actuado en estos días, aunque pueda haberles conseguido algunas simpatías, en algunos sectores también les está haciendo perder el crédito que pudieron haber ganado con más prudencia y sosiego. Piénsenlo. (Y a Paolo Lüers, por favor, díganle: “Mejor no me ayudes, compadre”).

Carta a los areneros: ¿Ven que tenía razón? De Federico Hernández Aguilar

Solo la típica ofuscación antirreligiosa puede llevar a alguien a concluir, leyendo con sesgo mi columna anterior, que la alternativa al relativismo kelseniano sea el clericalismo de Estado. Jamás he propuesto eso y estaría profundamente en contra de quien así lo planteara.

IXVT_federicoFederico Hernández Aguilar, 8 julio 2017 / EDH

La asombrosa carta que Paolo Lüers me dedicó el pasado 6 de julio no solo confirma todo lo que les dije sobre él, sino que demuestra dos cosas interesantes alrededor de las controversias de orden moral: que los dogmas laicos propuestos por el relativismo son tan peligrosos como el fanatismo religioso —los extremos, ya lo sabemos, terminan juntándose— y que es imposible llegar a acuerdos básicos en estos temas espinosos si no existe una mínima honestidad intelectual.

EDH logLa carta de Paolo es decepcionante, y lo es en los dos aspectos mencionados arriba. Por un lado, exuda más prejuicios de los que su autor sería capaz de reconocer; por otro, apunta a una lectura deficiente y selectiva de la primera carta que dirigí a ustedes.

Solo la típica ofuscación antirreligiosa puede llevar a alguien a concluir, leyendo con sesgo mi columna anterior, que la alternativa al relativismo kelseniano sea el clericalismo de Estado. Jamás he propuesto eso y estaría profundamente en contra de quien así lo planteara. Que Paolo no tenga claro a estas alturas con quién está tratando me resulta inconcebible. (Remito al lector a una columna mía titulada “Verdad, libertad, dignidad”, publicada hace dos años en este mismo espacio de opinión).

Pero lo peor de inventarse una controversia falsa es cuando se quiere ubicar a la gente en un extremo u otro de ella, con el deshonesto propósito de favorecer artificiosamente la propia postura. Si Paolo, al traer a cuento la admiración que Rodolfo González profesa a Kelsen, lo que busca insinuarnos es que el magistrado constitucionalista abraza el relativismo, mucho me temo que quien ha perdido todos los papeles es Paolo. Casi ninguna de las resoluciones emanadas de la Sala de lo Constitucional en los últimos ocho años habría sido firmada por Rodolfo si él fuera un relativista convencido.

“Tus planteamientos son contrarios a nuestro orden constitucional”, me ha dicho Paolo en otro arrebato de obnubilación. Curioso que me lo diga alguien que quiere reformas a la Carta Magna que no están respaldadas por ninguna encuesta seria. Abro, sin embargo, nuestra Constitución, leo sus primeras páginas y me topo con el preámbulo del decreto que la sanciona y proclama, el número 38. Nada. Repaso los artículos que hablan de la “persona humana”, y lo mismo. ¿Tendrá idea mi amigo de lo absurdo que es afirmar lo que ha afirmado sobre mis planteamientos?

Paolo Lüers dice preferir “que los valores, las verdades y las leyes sean relativas, dependiendo de la voluntad ciudadana, que a su vez es resultado de transformaciones sociales, económicas y culturales”.

He aquí un encadenamiento de presuposiciones optimistas que ningún proceso histórico en el mundo corrobora (y menos el de su natal Alemania, por cierto, que de la tolerante República de Weimar pasó a la implantación del nazismo en menos de 20 años).

Pero veamos cómo funcionaría, aplicado a un ejemplo, este conjunto de dogmas laicos. En los Estados Unidos de la primera mitad del siglo XIX la esclavitud de la población negra era moralmente aceptada por la mayoría. Lincoln hizo posible que la opinión pública norteamericana empezara a reconocer la existencia de una verdad moral distinta. ¿Alguna vez fueron ciertas ambas perspectivas morales, excluyentes entre sí? No, por supuesto. Siguiendo a Paolo, empero, la esclavitud tendría que ser moralmente objetivada como “buena” si una nueva mayoría en Estados Unidos lo decidiera así.

Pero, ojo: Si quienes son relativistas alegaran que el fin de la esclavitud es un evidente “signo de evolución”, entonces habrían dejado de ser relativistas, porque tomarían por cierta e incuestionable una verdad moral que ya estaba allí.

Ustedes en ARENA, por tanto, no tienen por qué dar crédito a quienes se rehúsan a tomar consciencia de lo insostenible de sus opiniones. De mi parte les tengo, eso sí, una tercera carta, porque creo que los altercados que se han producido en su partido recientemente debieron manejarse de otra manera.

La carta de Paolo Luers que originó el debate:
Carta a los areneros: Aprendan de Angela Merkel

La primera respuesta de Federico Hernández Aguilar:
Carta a los arenero: cuidado con los “consejos” de Paolo

La segunda carta de Paolo Luers:
Carta a Federico Hernández Aguilar: Me declaro culpable

La columna de Joaquín Samayoa:
ARENA persiste en ignorar a Darwin

 

Carta a los areneros: cuidado con los “consejos” de Paolo. De Federico Hernández Aguilar

Siguiendo, pues, el “consejo” de Paolo, ustedes tendrían que depositar en el voto mayoritario (praxis política) un criterio de decisión despojado de verdades o valores que le precedan, otorgando así al poder de turno (el apoyo mayoritario en una encuesta o la sumatoria coyuntural en el congreso) una fuente muy dudosa de valor y verdad moral.

Federico Hernández Aguilar, 5 junio 2017 / EDH

Paolo Lüers, lo he dicho más de una vez, es un columnista que vale la pena leer. Aunque no siempre coincido con sus planteamientos, reconozco que su estilo provocador consigue animar el debate público como muy pocos colegas articulistas lo hacen. Y eso es una ganancia para nuestra sociedad desde cualquier punto de vista.

Dicho lo anterior, sin embargo, y precisamente porque se trata de un columnista cuya lectura suele ser provechosa, Paolo es al mismo tiempo alguien a quien debe saberse refutar a tiempo, también desde el libre ejercicio de la opinión. Esa aguda tendencia a justificar el relativismo filosófico y moral, por ejemplo, es una característica suya que en algunas ocasiones he creído necesario adversar. Su inocultable desprecio contra las creencias religiosas ajenas, por otra parte, constituyen un rasgo de su personalidad que debe señalarse como contradictorio, porque está lejos —muy, muy lejos— de esa hermosa tolerancia que, en otras materias menos espinosas, él suele defender con tanto vigor y acierto.

El pasado 1 de julio, Paolo les escribió a ustedes para invitarles a acompañarle en una peligrosa mezcla de libertad y conciencia humanas, arquetípica de la corriente positivista de las ciencias jurídicas impulsada en su día por Hans Kelsen (1881-1973). Efectivamente, la visión kelseniana del poder atribuye al órgano legislativo un grado especial de legitimidad nacido de la democracia representativa, entendiendo que los valores objetivados por el legislador equivalen teóricamente a los valores de las mayorías representadas. De esta manera, como analiza a Kelsen un punzante jurista salvadoreño, Aldo F. Álvarez, “una norma jurídica es válida no por ser justa, sino exclusivamente por haber sido puesta por una autoridad dotada de competencia normativa (el legislador)”.

Para ver qué tan riesgoso es creer en estos postulados, cabe aquí recordar que Kelsen llegó a proponer a Poncio Pilato, el célebre procurador romano bíblico, como un “modelo de demócrata”, puesto que no esperó la respuesta de Cristo a su interrogante “¿Qué es la verdad?” y más bien corrió a preguntar a la muchedumbre apiñada en su patio qué debía hacer con aquel reo injustamente acusado. (Algo muy parecido a lo que Ángela Merkel, con el acrítico aplauso de Paolo Lüers, acaba de hacer en Alemania con el tema de los matrimonios entre personas homosexuales).

Siguiendo, pues, el “consejo” de Paolo, que sería el de aplicar al pie de la letra la lógica kelseniana —también digamos “merkeliana”—, ustedes tendrían que depositar en el voto mayoritario (praxis política) un criterio de decisión despojado de verdades o valores que le precedan, otorgando así al poder de turno (el apoyo mayoritario en una encuesta o la sumatoria coyuntural en el congreso) una fuente muy dudosa de valor y verdad moral.

Kelsen no admite ninguna fuente de verdad o de bien anterior a la que estipula la democracia en su concreción formal. De hecho —como Paolo suele hacer, creo que sin darse cuenta—, afirma prescindir de verdades o bienes estables por considerarlos propios del “absolutismo filosófico”, al que pretende contraponer la aspiración democrática (que, dicho sea de paso, no viene a ser sino otra forma de absolutismo, quizá más dañina y perdurable que la otra, porque pretende fundamentarse en la libertad humana).

Debido a esa paradoja entre la libertad más absoluta y la urgencia de prescindir de valores absolutos —tan sospechosos de “metafísica irracional” según el prejuicio positivista—, Cristo muere, en definitiva, “legalmente asesinado”. Hoy mismo, también con todas las de la ley, en otras partes del mundo “civilizado” están siendo asesinados millones de embriones humanos y las legislaciones “reivindicativas” son usadas para coartar las libertades de los ciudadanos no alineados.

Mi amigo Paolo Lüers es un aguerrido provocador y sus sugerencias suelen ser dignas de tomarse en cuenta. Pero él no es ningún filósofo del derecho ni un experto en moralidad humana. Por el contrario, gracias a “consejos” bienintencionados como los suyos, se están cometiendo graves injusticias en nuestro planeta.

Lea la carta de Paolo a la cual se refiere esta nota

De Berlín a Antiguo Cuscatlán. De Federico Hernández Aguilar

Federico Hernández Aguilar, 29 junio 2017 / LPG

“Todavía hay jueces en Berlín”. Y parece que todavía los hay también en El Salvador, específicamente en Antiguo Cuscatlán. Cuenta la leyenda que hasta Federico II, rey de Prusia, se alegró de que un juez tuviera el atrevimiento de impedirle a él, el monarca, derribar un molino feo y avejentado, propiedad de un humilde campesino, que le estorbaba la vista desde su glamuroso palacio de Sans-souci, en Potsdam. El fallo, al beneficiar al molinero, obligó al soberano a reconocer la importancia de los poderes jurisdiccionales de Berlín, la entonces capital prusiana, como límites necesarios a su propio poder real. Federico “el Grande”, por supuesto, era un hombre sensato, con inclinaciones bastante democráticas para su época, cosa que a veces es difícil hallar en ciertos políticos salvadoreños, por jóvenes y modernos que parezcan.

El juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, José Antonio Palma Trejo, ha emitido una sentencia que el país entero debería aplaudir, porque sienta un precedente que urgía en el siempre tortuoso camino de la protección a los derechos fundamentales ciudadanos, en particular el de la libertad de expresión. De paso, con fallo tan bien razonado, el juez Palma ha puesto en su sitio a un funcionario que, a varios años-luz de Federico II, sí que exhibe ínfulas de absolutista europeo.

Por alguna razón que se me escapa, hay políticos que tienen ideas extrañas sobre el funcionamiento de la democracia. Piensan que la gente debe rendirles pleitesía y estarles agradecida por las cosas que hacen, como si su sola presencia en ese fugaz y movedizo mundillo de la política fuera una especie de “don divino”. No se dan cuenta de que el servicio público, lejos de ser un trono o un altar, o un escenario para coreografiar las columnas de humo del propio ego, es una oportunidad valiosa para trabajar por los demás mientras se apechuga con la carga del escudriñamiento ciudadano, aspecto en el cual la prensa juega un protagónico rol de intermediación.

El político que se ofende personalmente por la labor crítica de los periodistas, incluso cuando esta crítica es insistente o agresiva, en realidad está mostrando su escasa tolerancia hacia la democracia, entendida como el ejercicio de convivencia e interacción –a veces armonioso, a veces tenso, pero siempre problemático– entre los derechos de los ciudadanos y los deberes de los funcionarios. Por eso suele entrañar un peligro cuando los políticos caen en la tentación de mezclar su personal trayectoria –por muy buenas perspectivas que tenga– con las libertades de la gente, pretendiendo que la popularidad o el mero poder temporal se conviertan, a su favor, en fuente de “castigo” o “aprobación” para los demás, incluyendo en el mismo saco a adversarios ideológicos, críticos independientes o la prensa.

Desde Adolfo Hitler a Donald Trump, pasando por Joseph Stalin, Francisco Franco y Hugo Chávez, quien desde el servicio público pretende erigirse en “juez” que determina la bondad o la maldad objetivas del periodismo de un país, y además insta a los ciudadanos a seguirle en ese camino de intolerancia, ese, sin duda, es un político peligroso.

Contener y limitar a esta clase de personalidades es, por cierto, trabajo de una judicatura sagaz e independiente. Sin jueces que tengan las agallas y los argumentos para impedir los abusos de los poderosos de turno, la ciudadanía honrada estaría en manos de sátrapas y tiranos. A Dios gracias, nos quedan “jueces en Berlín”. Y así como aquel viejo molino puede verse todavía en Potsdam, junto al fastuoso palacio de Sans-souci, aquí en El Salvador aún tenemos, rechinando pero en pie, pilares de la democracia que todos debemos defender.

¡Húndanse solos, por favor! De Federico Hernández Aguilar

Por qué defender a José Luis Merino con tanta porfía? ¿Es que acaso la información que maneja este hombre oscuro, sobre el FMLN y sus dos gobiernos, es tan comprometedora?

Federico Hernández Aguilar, 28 junio 2017 / EDH

Aunque nadie de su entorno quiera decírselo, Presidente, yo sí voy a hacerlo, por su propio bien y por el futuro inmediato de su gobierno: lo de José Luis Merino va en camino de terminar mal, muy mal. Pregúntele a su Canciller qué significado tiene que los dos grandes partidos políticos estadounidenses, demócratas y republicanos, se hayan puesto de acuerdo para pedir una exhaustiva investigación —de alcances internacionales— del actual “Viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo” (Por cierto, ¿a quién se le ocurrió semejante nombre para semejante cargo?).

Si Hugo Martínez se lo explica bien, Presidente, entonces usted tendrá claro que el “comandante Ramiro” está frito. (Perdone mi forma tan directa de planteárselo, pero no existe otra). La pregunta es por cuánto tiempo seguirán su partido y su administración buscando proteger a José Luis Merino. Ambos, FMLN y gobierno, se enfrentan a la misma disyuntiva luego de conocerse las sospechas que pesan sobre el excomandante: o se apartan de él, exhortándole a defenderse solo, o cierran filas para blindarlo y poner trabas a la investigación internacional que está encima. El oficialismo que usted dirige, Presidente, se decidió por lo último. Y las consecuencias de esa decisión son imprevisibles.

El primer efecto adverso es, por cierto, local. Merino está al borde del precipicio y su gobierno, Presidente, ha elegido encadenarse a él. El despeñamiento de “Ramiro”, por lo tanto, cuando se produzca, arrastrará consigo a la misma gestión que prometió una lucha frontal contra la corrupción, las mafias y el crimen organizado. La contradicción es demasiado grande como para querer taparla con el pulgar. Y por defender lo indefendible, profesor Sánchez, muchos votos que pudieron haber ido a parar al FMLN, el año que viene serán de la oposición o de nadie.

El segundo efecto es internacional, pero con importantes repercusiones nacionales. Estados Unidos ha condicionado su ayuda a El Salvador exigiendo el efectivo combate de la corrupción, el crimen y la impunidad. Proteger a José Luis Merino confeccionándole inmunidades a su medida —dentro de la diplomacia o a través de la Asamblea Legislativa— es una cachetada al rostro de nuestro principal socio comercial, que a la vez es el hogar de casi tres millones de salvadoreños. No hay manera de salir bien librado de tan “mal negocio”. El excomandante será investigado de todos modos, y su gobierno le habrá confirmado a los Estados Unidos que el compromiso del oficialismo salvadoreño contra la corrupción y el crimen tiene límites bastante nítidos: el castigo a priori es para el adversario político; el derecho a la presunción de inocencia es una disculpa adelantada para el “compañero”.

Usted disculpe, Presidente, pero me da vergüenza haber creído que su trayectoria de luchador social le iba a imponer ciertas jerarquías éticas a su administración. Lo cierto es que no solo ha campeado la ambigüedad moral en su gobierno, sino que ha sido notoria la intención de disfrazarla de fraseología ideológica. “Luchar contra el imperialismo yanqui” es una consigna que llevó a la muerte a muchas personas bien intencionadas; siquiera por respeto a esos muertos, digo yo, debería su partido de abstenerse de usarla para exculpar a delincuentes.

La historia juzgará hacia atrás, a partir de los errores de hoy, hasta las razones verdaderas por las que personas como usted fueron a la guerra. Y eso debería preocuparle mucho a un revolucionario que llegó al extremo de justificar el asesinato de personas con tal de concretar el sueño socialista.

¿Por qué defender a José Luis Merino con tanta porfía? ¿Es que acaso la información que maneja este hombre oscuro, sobre el FMLN y sus dos gobiernos, es tan comprometedora? Lo entiendo si así fuera, Presidente, porque entonces su administración estaría protegiendo a la cúpula entera del partido oficial. Lo que le pido, sin embargo —¡lo que le exijo como salvadoreño!—, es que no arrastre al país entero con ustedes. ¡Húndanse solos, por favor!

Se lo explico, Presidente. De Federico Hernández Aguilar

Si desea que las gremiales empresariales salgan a desconocer un fallo judicial, uniéndose a las voces de sus funcionarios, le recuerdo primero que les está invitando a bordear el delito.

Federico Hernández Aguilar, 17 mayo 2017 / EDH

A usted le resulta difícil entender por qué el sector privado salvadoreño no ha salido a defender a los “empresarios del Sitramss”, quienes son, en su opinión, “los más perjudicados con esa medida irresponsable de la Sala”. Ante semejante desafío, señor Presidente, permítame explicarle algunas cosas.

Cuando usted habla de “irresponsabilidad”, se refiere a una medida cautelar dictada por nuestro máximo tribunal de justicia. Si desea que las gremiales empresariales salgan a desconocer un fallo judicial, uniéndose a las voces de sus funcionarios, le recuerdo primero que les está invitando a bordear el delito. Comprarse un pleito tan estéril para quedar bien con el mandatario de turno, créame, no le será atractivo a ninguna de las gremiales serias, que ya suficientes problemas tienen tratando de ayudar a sus socios a sobrevivir el actual periodo gubernamental.

Pero profundicemos un poquito más, Presidente, para que nos entendamos mejor. ¿Fue el Sitramss un proyecto transparente desde el principio? Si su respuesta es afirmativa, me temo que quien debe dar explicaciones es usted. Le explico.

Antes de cumplir dos años de gestión, la primera administración del FMLN inició la construcción de andenes, áreas terminales y carriles únicos para los buses articulados del Sitramss. Curiosamente, luego de la disputa que se produjo en el seno de la “mesa nacional” que discutió el proyecto, el gobierno tomó la decisión de entregarle la exclusividad del uso de la infraestructura construida —construida, ojo, con dinero público— a una empresa privada denominada Sistema Integrado Prepago (Sipago), conformada por transportistas que también tenían el “encargo” de licitar, “privadamente”, la entrega del negocio de cobranza del pasaje electrónico.

Los señores de Sipago, Presidente, hicieron su trabajo con gran diligencia, al punto que adjudicaron el millonario contrato a Subes El Salvador, filial de una compañía creada hacía apenas dos meses en Uruguay. Esta última firma uruguaya, sin experiencia previa en materia de transporte, consiguió dos cosas importantes en tiempo récord: que su filial salvadoreña “ganara” la licitación sin tampoco tener que demostrar su trayectoria en los asuntos que se licitaban, y una providencial alianza con la empresa argentina Unetel S.A., destinada a proporcionar la tecnología que necesitaba el Sitramss. Unetel, por su parte, entre mayo y julio de 2011, firmó y echó a andar contratos de “consultoría” con los transportistas agrupados en Sipago, de forma que ellos quedaban comprometidos, antes del proceso de licitación, a recibir dinero a cambio de “asistir” al contratista (Unetel) “en la obtención de la adjudicación”.

Las interrogantes que se desprenden de todo lo anterior saltan a la vista, pero voy a tomarme el atrevimiento de formularle algunas por si a usted se le dificultara armar este rompecabezas. Siendo Sipago una empresa privada, ¿podía el Ejecutivo otorgarle en exclusividad una infraestructura edificada con dinero de nuestros impuestos y obviando el trámite respectivo en la Asamblea Legislativa? ¿Cuáles fueron los criterios para definir el perfil de los transportistas que conformarían Sipago y qué garantías de equidad se ofrecieron al resto? ¿Puede una “licitación privada” conceder derechos exclusivos sobre bienes públicos sin cumplir procesos mínimos de transparencia?

¿Conoce usted, señor Presidente, los requisitos técnicos que cumplió Subes El Salvador para obtener el negocio, siendo filial de otra firma que también acababa de ser creada en Uruguay? ¿Cómo es que el Viceministerio de Transporte no hizo objeciones al proceso, avalando por completo las actuaciones de Sipago? ¿Le parece correcto que los transportistas involucrados recibieran dinero, en concepto de “consultorías”, de una de las empresas internacionales aliadas a Subes Uruguay? Y finalmente: ¿sabía usted que existen claros nexos entre toda esta trama y Albapetróleos?

Invíteme a su despacho, Presidente. Y ordénele a dos de sus secretarios, jurídico y de transparencia, que estén presentes, porque es obvio que ellos le están asesorando muy mal. Solo así me explico que usted exija al sector privado que le secunde en esa estrafalaria “defensa empresarial” de un negocio con tantas señales de corrupción.