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Procurador de Derechos Humanos incumple orden de la Sala de lo Constitucional

Se niega a reinstalar abogada que fungió como procuradora de Derechos Civiles y que despidió en enero del 2014. Se gestionó entrevista con el funcionario y se dijo que andaba en misión oficial.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, se resiste a cumplir con la resolución de la Sala de lo Constitucional de reinstalar a una...

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, se resiste a cumplir con la resolución de la Sala de lo Constitucional de reinstalar a una…

, 10 octubre 2015 / EDH

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, se ha negado de forma reiterada a cumplir con una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que le ordena reinstalar a una exprocuradora adjunta a quien despidió en enero de 2014.

La denunciante, Gricelda de Ramírez, quien se desempeñaba como procuradora adjunta de los Derechos Civiles e Individuales de la PDDH, interpuso un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ, por considerar que el procurador Morales “le violentó su derecho de defensa al despedirla de forma arbitraria sin que se cumpliera con el procedimiento para poder exponer sus argumentos, controvertir la prueba en su contra y ejercer su defensa”.

Consideró que además de violarle el derecho de audiencia y defensa, también le violentó el derecho a la estabilidad laboral por el hecho de que ella estaba  amparada bajo el régimen de Ley de Salarios. La demandante acudió el 14 de enero del 2014 a la Sala de lo Constitucional a promover el amparo en contra de la decisión del procurador.

Se gestionó una entrevista con Morales, pero en la Unidad de Comunicaciones de la PDDH se dijo que el funcionario estaba en una misión oficial en México.

El despido de la exprocuradora ocurrió el 20 de diciembre del 2013, fecha en la cual el procurador Morales le notificó a través de un memorándum que había tomado la decisión de dejar sin efecto su nombramiento, cargo que había desempeñado desde el 11 de febrero del 2013, bajo la administración del exprocurador Oscar Luna. La destitución tuvo efecto a partir del uno de enero de 2014.

Señala la demandante que Morales le pidió a ella y al resto de procuradores, a mediados de diciembre del 2013, que pusieran a su disposición sus cargos por considerarlos de “confianza y esenciales para el cumplimiento de las grandes líneas estratégicas a más tardar el 20 de diciembre del 2013.

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Sin embargo, de Ramírez le respondió en otro memorándum que no podía deponer su cargo en vista de que no contaba, por la premura de la solicitud, con otra opción laboral. Sin embargo, ella le explicó que una vez tuviera otra oferta laboral, pondría a su disposición el cargo.

Señala la denunciante que cuando ella habló con Morales sobre su situación laboral, él le dijo que necesitaba llevar a personal de su confianza a la PDDH y con quien había trabajado. Le aseguró que de todas maneras él podría disponer del cargo en cualquier momento para sustituirla por personas de su confianza, y le dio dos meses de plazo para buscar otro empleo.

“Tal circunstancia constituye despido de hecho arbitrario, pues la separación de mi cargo se decidió sin que previamente se hubiera realizado un proceso en mi contra en el que tuviera todas las garantías para mi defensa”, justifica la demandante en el  recurso.

Para el 12 de marzo de ese mismo año, la Sala le admite la petición de Amparo y le ordena al procurador Morales que tiene  que reinstalar a la demandante con el mismo cargo de Procuradora Adjunta de los Derechos Civiles e Individuales, hasta que exista una sentencia definitiva, ya sea que la demandante sea amparada o le da la razón al procurador Morales. Además le ordena de abstenerse de nombrar a otra persona para sustituirla para dicho cargo.

En todo caso, si ya había sido nombrada otra persona para desempeñarse en ese puesto, Morales deberá de garantizarle el cargo en el que fungía o en otro de igual categoría.

Posteriormente, el uno de octubre del 2014, la Sala de lo Constitucional le reitera que debe de cumplir con el reinstalo de la exprocuradora de Ramírez en las condiciones señaladas en la resolución del 12 de marzo del 2014.

Y en enero de este año, los magistrados constitucionalistas le vuelven a ordenar que debe cumplir con el reinstalo de la exprocuradora.

Pese a las tres resoluciones de la Sala, Morales se resiste a cumplir con lo ordenado por los magistrados constitucionalistas, o sea que tiene más de un año de estar incumpliendo con la orden del máximo tribunal, y según la demandante, el funcionario está dilatando el  proceso con la presentación de escritos en los que asegura que le ofreció una opción laboral similar al cargo que desempeñaba al momento de ser despedida y que ella no ha aceptado.

En los escritos presentados por Morales a la Sala, en los cuales pide que anulen el reinstalo de la demandante y que él sea absuelto de cargos, el funcionario ha señalado que  al revisar el expediente profesional de la demandante se verificó que “no cumplía con el cargo de idoneidad para el cargo, que es  tener amplios conocimientos sobre la tutela, promoción, y educación en el campo de los derechos civiles e individuales, pues ninguna acreditación al respecto constaba en su expediente”.

Señala Morales que al no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de la PDDH decidió no refrendar su nombramiento para el  2014 y prescindir de sus servicios.

Sin embargo, la exprocuradora despedida asegura que Morales busca con la presentación de los escritos, en la que afirma que está cumpliendo con lo ordenado, evitar de que los magistrados  pidan a la Fiscalía General que lo investigue por el incumplimiento a una orden judicial lo que constituye delito

Y en efecto, Morales le ofreció a la demandante el cargo de Comisionada para la Gestión de Asuntos Penitenciarios de la Procuraduría, pero según ella, dicha plaza quedaba sujeta a las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias en el Ministerio de Hacienda para su contratación, y sin especificar la fecha.

La exprocuradora asegura que la opción laboral que le ofrecía Morales era por contrato con un plazo mensual, es decir, que cada mes se renovaría el contrato de la referida plaza; y el cargo que ella desempeñaba estaba regido por la Ley de Salarios.

“Dejándose ver una clara desmejora, ya que mi nombramiento del cual me destituyó arbitrariamente, inobservando el debido proceso que para ello debió seguir, era por Ley de Salarios y no por contrato mensual, como él pretende contratarme, violando e incumpliendo con la medida cautelar que se emitiera por la honorable Sala, mediante resolución del 12 de marzo del 2014”, dijo de Ramírez.

Aseguró que Morales corre el riesgo de que sea destituido del cargo por la Asamblea Legislativa, si en caso la Sala de lo Constitucional resuelve que le ha violentado sus derechos constitucionales.

El modelo de la Policía Comunitaria ha fracasado por el control de pandillas

Más de 7,600 delitos en zonas con Policía Comunitaria

Registros de la PNC detallan que en los primeros ocho meses de ejecución del modelo, más de 1,100 personas fueron asesinadas en sectores custodiados por agentes comunitarios. Según analistas, ha fracasado por control territorial de las pandillas.

Miembros de la policia comunitaria, escuchan las peticiones de pobladores de la colonia miramonte en San salvador

Miembros de la policia comunitaria, escuchan las peticiones de pobladores de la colonia miramonte en San salvador

30 agosto 2015 / EDH

El 11 de agosto del 2014, el presidente Salvador Sánchez Cerén y el gabinete de Seguridad Pública desplegaron  el modelo de Policía Comunitaria, como la apuesta principal de este gobierno para reducir los altos índices de violencia criminal, en especial la que provocan  las pandillas, la cual se ha profundizado en las últimas semanas hasta alcanzar promedios de 39 homicidios por día.

El despliegue se hizo en la colonia Costa Rica de San Salvador, sitio donde algunos residentes han manifestado que se continúan registrando hechos delictivos como asaltos a peatones y robo de vehículos,además de la poca la presencia de los policías comunitarios.

Sin embargo, a un año de haberse impulsado este modelo preventivo en más de 1,500 sectores en todo el país, la Policía Comunitaria no ha sido capaz de reducir el crimen en los sectores bajo su responsabilidad y, sobre todo, en aquellas zonas con presencia de las pandillas, grupos que han sido declarados terroristas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En los sitios donde se supone se encuentran los policías comunitarios se han registrado más de 7,680 hechos delictivos, según datos proporcionados por la Oficina de Información Pública de la Policía Nacional Civil (PNC).

El informe de la referida oficina corresponde a los primeros ocho meses de la implementación del modelo preventivo.

La Policía Comunitaria es la principal apuesta de las autoridades de Seguridad y con la que, aseguran, se reduciría el problema de violencia e inseguridad ciudadana.

Las cifras oficiales proporcionadas por la referida oficina reflejan reducciones en delitos menores, pero un considerable aumento en los delitos graves como homicidios, lesiones e intentos de homicidios.

Asimismo, que no menos de 1,100 personas han sido asesinadas en los sitios donde opera la Policía Comunitaria.

Además, las estadísticas indican que más de 150 personas han desaparecido en sitios del Gran San Salvador, donde opera la Policía Comunitaria y en el mismo período.

Información de solo una parte del país
El informe proporcionado por la referida oficina corresponde a la incidencia delictiva en los municipios del área metropolitana de San Salvador, menos la ciudad capital, y las poblaciones de los departamentos de San Miguel, La Unión y Usulután.

Sin embargo, los datos sobre los delitos en los sitios con Policía Comunitaria de la zona Occidental, Central y Paracentral no fueron proporcionados por la Oficina de Información Pública de la PNC.

 Lo que llama la atención es que en municipios con altos índices delictivos del área metropolitana de San Salvador, como Soyapango, Ilopango, San Martín, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Mejicanos se tengan registrados pocas denuncias por extorsiones.

Por ejemplo, las cifras policiales solo reportan una denuncia por extorsión en Ilopango este año, mientras que en San Martín y Soyapango, ninguna. El año pasado solo registran seis denuncias de extorsión en Soyapango e Ilopango, pero ninguna en San Martín.

Sin embargo, las delegaciones de Policía en seis municipios de la zona norte de San Salvador recibieron las denuncias de  330 personas por extorsión en sectores donde se encuentra la Policía Comunitaria.

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Al defender la estrategia impulsada por las autoridades de Seguridad Pública desde agosto de 2014, el director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que la meta del proyecto es mantenerlo durante los próximos cuatro años del presente gobierno, pero que las aspiraciones prioritarias son que la Policía  pueda adoptar un nuevo modelo de trabajo que comprende aliarse con la comunidad para enfrentar y solucionar de forma conjunta, comunidad y Policía, el problema de la inseguridad en su sector de responsabilidad.

Luego de transcurrido un año de haberse implementado este modelo de prevención de la criminalidad, Ramírez Landaverde destacó como logros del mismo la cobertura nacional que ha alcanzado la Policía Comunitaria y en segundo lugar, que se cuenta con los diagnósticos del problema de la inseguridad en la mayoría de los sectores donde se ha impulsado.

Sostuvo que estos diagnósticos le servirán a las autoridades para diseñar estrategias locales, de modo que tanto Policía como las comunidades puedan enfrentar conjuntamente no solo los homicidios, sino también el comportamiento de la delincuencia en esas zonas.

El director de la corporación destacó el impacto que ha tenido el despliegue de la Policía Comunitaria en las zonas con alta incidencia delictiva, y que se traduce en términos de reducción del delito en la mayoría de los  sectores donde se trabaja bajo esta estrategia.

“Lógicamente el impacto que este proyecto va a tener a mediano y largo plazo dependerá también de que esos planes (preventivos) puedan desarrollarse, porque son planes que se han orientado bajo un enfoque de corresponsabilidad basados en las necesidades locales y buscando la integralidad”, expuso.

A juicio de Ramírez Landaverde, “no es posible continuar pretendiendo de que solo con el uso de la fuerza o la mera aplicación de la ley penal se va a resolver el problema en todos estos sectores”.

En ese sentido, el jefe policial señaló que “es necesario desarrollar otras acciones de prevención y atender los riesgos sociales situacionales”.

Ramírez Landaverde aseguró que los policías comunitarios le ayudan a la gente a solventar sus problemas comunales y es “así como vemos a los policías en todo el país, con corvo en mano, brocha en mano, con la comunidad, reparando las calles, subido en una escalera cambiando lámparas”.

Agregó que “cada vez hay más comunidades que trabajan con la Policía para atender de manera conjunta las necesidades de seguridad locales”.

El director aclaró que respeta las opiniones de analistas de seguridad  que han cuestionado los resultados de la Policía Comunitaria.

Según su criterio, esas personas “lo hacen sin ningún conocimiento, sin ningún acercamiento a la Policía para al menos conocer o preguntar cómo se trabaja, qué se está haciendo y cuáles son los resultados que se están obteniendo”.

Analistas en el tema de seguridad ciudadana han coincidido en que el modelo de la Policía Comunitaria es una estrategia preventiva del delito que servirá en aquellas comunidades y colonias que no estén sometidas bajo el terror, temor la intimidación de las pandillas.

También explicaron que la desconfianza de la gente hacia los policías y la fuerte presencia de las pandillas en las comunidades han sido dos de los factores que no ha ayudado al éxito de la Policía Comunitaria en las zonas donde la misma ha sido desplegada.

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Analistas aseguran que el modelo de la Policía Comunitaria ha fracasado por el control de pandillas

Coinciden en que la Policía Comunitaria, principal apuesta del gobierno, no ha reducido delitos por la desconfianza ciudadana.

Despliegue de la Comunitaria en colonia Belén de Conchagua, La Unión.

Despliegue de la Comunitaria en colonia Belén de Conchagua, La Unión.

30 agosto 2015 / EDH

La desconfianza ciudadana y la presencia de las pandillas en las comunidades son dos de los factores que, según analistas en seguridad, han llevado a que el modelo de Policía Comunitaria sea un fracaso y que, además, no  haya tenido los resultados que esperaban las autoridades de Seguridad Pública, luego de un año de haber implementado esa estrategia.

Los analistas sostienen que es necesaria la recuperación de los territorios con  alta presencia de pandillas, para echar a andar programas de prevención de la delincuencia y desarrollo comunitario.

Los analistas coincidieron en que la Policía Comunitaria es una estrategia de carácter preventivo y no represivo del crimen, y que solo funciona en aquellas zonas donde no existe presencia de pandillas y que, además, son vulnerables a la infiltración de esos grupos.

El diputado por Arena y exdirector de la Policía, Rodrigo Ávila, sostiene que la Policía Comunitaria puede funcionar en sectores donde no haya pandilleros y la gente le tenga confianza a la PNC.

Sostuvo también que este modelo de seguridad le da la oportunidad a la gente de “poder interactuar con los policías responsables de darle tranquilidad en su comunidad o colonia.

No obstante, considera que “en esta situación (de violencia) la gente tiene tanto miedo, que es obvio que la gente no va a participar. Entonces, este modelo de policía y comunidad funciona en las zonas donde la gente se puede organizar, donde puede interactuar con las autoridades de una manera preventiva”.

Agregó que “esto no sucede porque la gente tiene temor, tiene pavor. Entonces, ni los conceptos tradicionales de prevención del crimen funcionan, porque hay un dominio territorial y ocupación de los territorios por parte de estos criminales que subyugan mentalmente a los pobladores, no solo físicamente con la intimidación”.

Ávila señaló que la violencia generada por las pandillas “genera una subyugación y sometimiento sicológico, la gente tiene pavor, si hasta los miembros de la policía, de la Fuerza Armada, están diciendo que están abandonando sus casas. Es el colmo”.

El director del Instituto de Medicina Legal, José Miguel Fortín Magaña, también cuestiona que el gobierno haya impulsado el modelo de Policía Comunitaria en zonas con alta presencia de pandillas, y consideró que esa estrategia es de carácter preventiva y no represiva.

“Nosotros con tristeza sonreímos. Con tristeza digo porque era evidente que esa no es la solución. Eso es cuando uno empieza a ver que se puede formar alguna mara en algún lugar, pero no cuando ya se formó la pandilla. Poner a un policía comunitario es casi tanto como condenarlo a muerte en un momento determinado”, consideró Fortín Magaña.

Añadió que la estrategia de Policía Comunitaria es una buena medida preventiva, pero “no en los sitios donde hay más violencia, sino limpiar la zona, poner restricciones, volver a tomar el control de los territorios que el gobierno está perdiendo”.

Agregó que a ese ingrediente preventivo en las comunidades, también se le debe de dar prioridad al área de reinserción social de los pandilleros que desean retirarse de esos grupos declarados como terroristas y volverlos a reinsertarlos a la sociedad.

Pero aclaró que quienes están en las maras y han delinquido difícilmente podrán ser reinsertados.

Fortín Magaña cree que la solución para evitar  que se repita el mismo círculo vicioso dentro de las pandillas  es trabajar en cómo se incorporan  a los hijos de los mareros a la sociedad, porque “si no se les atiende con programas preventivos, entonces, se va a tener la posibilidad de que haya otra generación de pandilleros y eso ya no se puede permitir en el país”.

Por su parte, el criminólogo y articulista de El Diario de Hoy, Carlos Ponce, sostuvo que haber impulsado la Policía Comunitaria en zonas contaminadas de pandillas es el “más claro ejemplo de cómo una idea, un modelo excelente puede echarse al traste por una mala ejecución, resultante de la interferencia político-partidaria en el aparato de seguridad”.

Para Ponce, las “instituciones y unidades no están en manos de personas técnicamente capaces y profesionalmente proficientes, están en manos de personas ineptas cuya única cualidad es su lealtad inamovible y cercanía extrema al oficialismo y a la izquierda radical”.

No comparte que la prioridad de las actuales autoridades de Seguridad sea “la consecución de objetivos ideológicos y partidarios. Siempre habrá funcionarios incapaces de ejecutar con éxito hasta la más brillante de las estrategias o el más sencillo de los planes y formular y desarrollar acciones innovadoras y abordajes complejos del problema delictual”.

Ávila recomendó que para que las autoridades responsables de la Seguridad Pública recuperen el control de los territorios asediados por las pandillas es necesario que se imponga un régimen especial contra grupos organizados delincuenciales como las pandillas.

“Éstas medidas deberán de establecer prohibiciones como que no se puedan reunirse entre ellos, que no acosen a los menores de edad para reclutarlos, a excepción del  segundo grado de consanguinidad, que no se acerquen a las escuelas, manchar paredes con grafitos, y en cualquier momento se le puede retener en vías de investigación y hacer allanamientos a las casas que ellos ocupan para planear delitos”, dijo Ávila.

Mientras, el director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, sostuvo que los policías tienen ahora mayor acercamiento con la comunidad y se les apoya para solucionar sus problemas.

Ramírez Landaverde, quien dijo respetar los comentarios de los analistas sobre la policía comunitaria, explicó que la meta del proyecto es mantenerlo durante el actual gobierno, para que la PNC adopte un nuevo modelo de trabajo de aliarse con la comunidad para atender de forma conjunta el problema de la inseguridad. 

Otto Pérez Molina sigue en la Presidencia: Prensa Libre

Otto Fernando Pérez Molina se mantiene al frente de la Presidencia de la República, pese al debilitamiento de su propio gabinete de Gobierno y en contra del clamor de sociedad civil, grupos sociales y académicos.

Por Alex Rojas

Otto Pérez Molina sigue en la presidencia, con un proceso de antejuicio solicitado en su contra desde el pasado viernes. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Alex Rojas, 23 agosto 2015 / PRENSA LIBRE

Pérez Molina, convocó a sus ministros, luego de la renuncia de cuatro de ellos este fin de semana, los últimos  en presentar su renuncia fueron Sebastián Marcucci de Agricultura y Luis Enrique Monterroso de Salud, para evaluar el apoyo y junto a ellos ofrecer una conferencia de prensa alrededor de las 20 horas.

Fuentes cercanas al Ejecutivo afirman que el mandatario, pese a la presión de numerosos sectores de la sociedad que desde el pasado viernes han pedido su renuncia, no dimitirá a la Presidencia, por el contrario dejará que el debido proceso siga su marcha y se de trámite al proceso de antejuicio en su contra.

Ministros ingresan por el callejón Manchén a Casa Presidencial. (Foto Prensa Libre: ESbin García)

Marcucci y Monterroso habrían presentado su renuncia durante la reunión de gabinete a la que fueron convocados este domingo, sin embargo el Presidente no las aceptó y permanecerían en el cargo hasta que las mismas sean aceptadas.

Monterroso explicó que su renuncia al ministerio de Salud es en atención a “las voces ciudadanas” y tiene la “intención personal” de contribuir a la legitimidad de las instituciones. La renuncia la habría presentado en la reunión de gabinete este domingo y fue confirmada a través de la cuenta de tuiter de la cartera de Salud.

El ministerio de Salud en un mensaje en tuiter aclaró que Monterroso seguirá en el cargo hasta que oficialmente le sea aceptada la renuncia.

El destino de Pérez Molina

La decisión de Otto Pérez Molina de permanecer en la presidencia, implicaría que la Corte Suprema de Justicia conozca y de trámite al antejuicio en su contra, solicitado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por supuestamente liderar desde antes de ser Presidente, una estructura dedicada a la defraudación fiscal en las aduanas.

El Congreso tendría que conocer por segunda ocasión en menos de tres meses, un proceso de antejuicio en contra del mandatario e integrar una Comisión Pesquisidora que evalúe los cargos imputados por el Minsterio Público: Asociación Ilícita, Cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.

De retirarle la inmunidad a Pérez Molina en el Congreso, el Ministerio Público podría investigarlo como a cualquier ciudadano y enfrentar el proceso en Tribunales, aunque podría seguir en la presidencia sino solicitan orden de captura en su contra, de ser así debería abandonar el puesto y ser encarcelado.

Aumenta reserva a datos públicos en instituciones

Instituciones como la Corte de Cuentas y la Presidencia ponen candado a información que, según la LAIP, es oficiosa.

Corte de Cuentas pone llave a la auditoría que cuestiona emisión del DUI . Foto Douglas Urquilla

Corte de Cuentas pone llave a la auditoría que cuestiona emisión del DUI
. Foto Douglas Urquilla

, 23 AGOSTO 2015 / EDH

A pesar de que hace más de cuatro años entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), con la que la población puede conocer datos referentes al funcionamiento de las instituciones públicas y el desempeño de  los funcionarios, instituciones como la Casa Presidencial y la Corte de Cuentas siguen  impidiendo el acceso a datos oficiosos que dicta la ley y son de interés para la ciudadanía.
Tanto ciudadanos como investigadores y  medios de comunicación vienen recibiendo un no por respuesta a solicitudes de información oficiosa argumentando reserva, es decir, no se pueden dar a conocer a la ciudadanía.

Recientemente, la Corte de Cuentas de la República le negó a El Diario de Hoy  una copia del examen especial a la ejecución del contrato llave en mano suscrito entre CEL y la empresa Astaldi S.p.A. para la construcción de la presa El Chaparral, cuya finalización se hizo mediante un cuestionado arreglo directo.

La Corte no accedió, alegando que se trata de “información reservada”. El Diario de Hoy ha recurrido al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que el documento sea liberado.

Por el interés del público, El Diario de Hoy publicó el informe preliminar de la  Corte, al cual  tuvo acceso, y en el cual se le cuestiona a la CEL que pagara a Astaldi $108.5 millones, pese a que esta dejó abandonada la obra.

Aunque la CEL ahora dice tener el informe final en el que no le señalan irregularidades, en el preliminar los auditores sí le cuestionaron que el cálculo de los $108.5 millones no fue respaldado con documentos, que no procedió contra la Astaldi por incumplir el contrato ni tomó en cuenta las advertencias de sus propios supervisores ni los de las dos firmas externas de que la obra estaba atrasada en más de un 68 % al momento del arreglo directo, por tanto no correspondía lo pagado con el avance real de la obra.

Otro ejemplo reciente es el aval que dio el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a la reserva a la información a pagos por servicios de publicidad, a los gastos de los viajes del expresidente Mauricio Funes y  Vanda Pignato, así como a los gastos en atenciones protocolarias a funcionarios internacionales.

De esa manera, el IAIP respaldó el alegato de la Presidencia de que, por ejemplo, revelar los gastos de viajes de Funes y Pignato pone en peligro la seguridad nacional, pese a que el solicitante, la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), a través del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), argumentó que había pedido costos de viajes pasados no de los futuros ni datos de planes de seguridad.

Tras la apelación de la Funde-Alac ante el IAIP, este ratificó su decisión de mantener el secretismo  impuesto por Capres que había dictado en diciembre.

Otro ejemplo es la negativa de la Corte de Cuentas a brindarle a El Diario de Hoy una  copia de una auditoría a la “Gestión de tecnologías e información del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN)”.

En ese documento, al que también tuvo acceso El Diario de Hoy, se le señaló por ejemplo la duplicidad de 410 Documentos Únicos de Identidad (DUI), es decir, asignó dos documentos con distinto número a una misma persona.

Además le achacaron los auditores al RNPN que no hizo pruebas de huellas dactilares en duicentros sino que en la empresa contratada para emitir los DUI, así como errores de digitación, entre otros.

La auditoría vino luego de las elecciones presidenciales de 2014 que dejaron como ganador al efemelenista Salvador Sánchez Cerén.
La importancia de esta auditoría es que advierte de fallas en el proceso de registro de ciudadanos que vigila el RNPN y del que se elabora el padrón de electores.

La LAIP establece claramente en los artículos 10 y 16 que información de este tipo que ha sido negada debe estar al alcance del público.

El artículo 10 le obliga a todas las instituciones publicar de oficio gastos en viajes (viáticos incluidos), presupuesto asignado y su ejecución, salarios entre otros.

En el artículo 16 le obliga a la Corte de Cuentas a publicar los informes finales de auditorías practicadas a los entes estatales obligados.
Fusadeslo ha advertido

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) advirtieron  en mayo pasado de la creciente negativa a datos oficiosos por parte de varias instituciones.

Fusades destacó en su informe importantes avances en acceso a la información pública desde la  entrada en vigencia de la LAIP, pero que se percibía “un creciente abuso en la aplicación de las causales de reserva” por parte de las entidades obligadas.

Según Fusades, a esto también se agregaba la práctica de declarar información como inexistente, como un mecanismo para evadir la entrega de la información, con base en datos que presentó la institución pero que después de 30 apelaciones ante el IAIP por esa causa, en siete ocasiones resultó que a información sí estaba en poder de las entidades públicas.

De acuerdo al análisis elaborado por Fusades, el lenguaje técnico que se maneja en el interior del Instituto también ha sido una de las limitantes para obtener información y cita el ejemplo de una entrevista brindada por el comisionado Jaime Campos en la que concordó en que se visualiza un ánimo de denegar información a partir de tecnicismos.

Y como ejemplo, decía que se solicitó a la Corte Suprema de Justicia el número de jueces que habían aprobado o reprobado las últimas dos evaluaciones que ha llevado dicha institución y que la respuesta fue no se le podía dar dicha información porque no existe la categoría de aprobado o reprobado, sino que se da la de satisfactorio o no satisfactorio.

Fusades denunció que  investigadores de su Observatorio Judicial han tenido similares experiencias, al hacer consultas a dicha oficina de información, donde no se cumple con el mandato de la LAIP de facilitar el acceso a los solicitantes, sino que se exige utilizar el lenguaje interno de la institución o detalles excesivos e implícitos cuando se realizan las solicitudes.

Funde-Alac: hay abuso

En su  informe sobre el derecho al acceso a la información, la Funde-Alac  reveló que instituciones como la Presidencia de la República y el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)  se resisten a brindar información pública.

Pero además destacaba a la Corte de Cuentas y a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa entre las que dilataban datos solicitados.

El informe se basó en 71 solicitudes de información que contienen 217 requerimientos a distintas instituciones del Estado. Las peticiones fueron hechas por ciudadanos con apoyo de Funde-Alac entre enero y abril de 2015.

El director ejecutivo de Funde, Roberto Rubio, afirmó en ese momento que hay un abuso en establecer reservas en las instituciones que se resisten a brindar datos públicos, algo que “vuelve bastante complicado el acceso a la información”.

Roberto Burgos, coordinador de Alac, es de la idea que se ha mantenido una constante en las instituciones que se niegan a brindar cierta información y en los argumentos para clasificar los datos.

En su defensa, el secretario de Transparencia y Anticorrupción del Gobierno, Marco Rodríguez, dijo que los señalamientos de Funde de que los índices de reserva se habían incrementado no tenían fundamento y dio cifras a su favor de que han entregado la mayor parte de los requerimientos de información.

Chaparral: Hay poca transparencia en contrato con Astaldi

Roberto Burgos dice que se debe investigar anticipos del Estado a la firma.

Roberto Burgos, FUNDE

Roberto Burgos, FUNDE

, 22 agosto 2015 / EDH

El gasto sin justificación de $7.5 millones que realizó la compañía Astaldi S.p.A, como parte del anticipo que recibió de la CEL para la construcción de la presa El Chaparral; y el traslado de $2 millones a otros proyectos de la empresa italiana, ponen en relieve la escasa transparencia que existe en los acuerdos entre empresas transnacionales y el Gobierno, expresó ayer Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción de El Salvador, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Burgos.

Un informe preliminar de la Corte de Cuentas de la República señala que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), quien contrató a la Astaldi para la construcción de la presa, no verificó esos movimientos de fondos realizados por su contratante. Además, los auditores cuestionan que la autónoma no hizo efectiva la garantía para este caso.

A juicio de Burgos, los acuerdos realizados entre la empresa italiana y el Estado han sido “poco transparentes”, incluyendo el pago de $108 millones de CEL a la Astaldi para dar por terminado el contrato, un arreglo acordado en el gobierno de Mauricio Funes. 

“A mí siempre me ha parecido que esta clase de arreglos no solo son muy poco transparentes, sino que aunque se ven como una forma de facilitar la gestión de los negocios entre el Estado y grandes empresas privadas, especialmente transnacionales, siempre ponen en duda la efectividad del Estado de derecho en un país”, señaló el abogado.

Asimismo, Burgos es de la idea que este tipo de transferencias y uso de fondos de los anticipos recibidos por las empresas contratistas deberían ser investigados.

“Yo creo que este caso amerita una investigación más a fondo, que permita determinar responsabilidades de quiénes, obviamente, las tienen”, acotó.

Por otra parte, Burgos considera que para evitar arreglos entre empresas internacionales y el Estado que lesionen los intereses financieros del Estado, se requiere que este tipo de conflictos sean sometidos a los tribunales nacionales, antes que a un tribunal en el extranjero, como ha sucedido en otros casos.

“La solución de conflictos debería estar sometida a la jurisdicción local, de manera que se evite esta clase de arreglos que sirve para evitar, supuestamente, un resultado contraproducente para los intereses nacionales ante un tribunal internacional de arbitraje, pero el resultado al final termina siendo peor que la medicina; se tienen arreglos directos en los cuales se han gastado sumas cuantiosas”, opinó el experto.

En ese sentido, aseguró que se necesita revisar “la potestad de las instituciones, incluyendo las autónomas, que en su misma legislación se les permite hacer esta clase de contrataciones”, que al final terminan con un arreglo que favorece al contratista y afecta al Estado.

No obstante, la CEL se ha desvinculado de su obligación de verificar los gastos realizados por la empresa con el dinero que le dio como adelanto de la obra. El coordinador del proyecto El Chaparral asignado por la CEL señaló en una carta a los auditores de la Corte de Cuentas que el contrato con  Astaldi S.p.A “no faculta a la CEL para la verificación de los documentos contables de gastos realizados por el contratista del proyecto”, según el informe preliminar.

Corte se tardó

Otro de los aspectos que de acuerdo con Burgos no han contribuido a la transparencia en el contrato con la empresa italiana es el atraso de la Corte de Cuentas para presentar informes preliminares sobre dichas contrataciones.

“Los informes de auditoría de la Corte de Cuentas siguen siendo informes a posteriori, es decir el examen de las obras y procesos es un examen que se da cuando muchas veces el daño está consumado y el uso arbitrario de fondos públicos es una realidad”, criticó.

Burgos también consideró que se requiere una contraloría con capacidad para prevenir que se den este tipo de “casos de corrupción o de abuso de poder en la gestión de fondos públicos”.

“Mientras tengamos una institución contralora que deja mucho que desear en materia de objetividad, que sigue estando partidarizada, que parece que solo persigue a los funcionarios en el uso de fondos públicos cuando son de los partidos de oposición y no el propio, vamos a seguir teniendo informes de auditoría que son secretos”, agregó.

Burgos aseguró que en la CEL hay un “historial” en el que se ha responsabilizado de irregularidades a jefaturas de nivel medio y no a los titulares de la autónoma, quienes “son los que ahora tienen que dar cuenta sobre esos casos”.

“Hay que revisar esa potestad de las instituciones, i
ncluyendo las autónomas, que en su legislación se les permite hacer estas contrataciones”,
Roberto Burgos

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Forma en que se administró conflicto con Astaldi no fue la adecuada

Dijo que cuando se dio el arreglo con la empresa buscaban opinión de expertos.

22 agosto 2015 / EDH

El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica  del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, admitió  ayer que la manera en que se manejó el conflicto con la constructora Astaldi S.p.A. cuando ésta abandonó  las obras de El Chaparral, no fue la adecuada y que la autónoma no  tenía el control total.

“La forma como se administró esta parte en esa época para mí no fue como la adecuada pero así sucedió”  mientras se buscaba opinión en expertos sobre ese  punto, afirmó el funcionario en una entrevista en la  radio 102 Nueve.

La CEL pagó $108.5 millones a la constructora italiana en el gobierno Funes,  reconociéndole casi un 50% de avance de la obra, cuando  el avance real que registraron los supervisores  externos y los mismos de la CEL apenas llegaba a 29.28 %, según plasmaron auditores de la  Corte de Cuentas en su informe preliminar.

El “arreglo directo”, que fue defendido en su momento por el expresidente Funes, llegó luego de que la Astaldi abandonara los  trabajos alegando “imprevistos imprevisibles”, situación que los  supervisores tampoco le aceptaron porque según dijeron  las conocía anticipadamente desde que licitó el  contrato.

Ante esos antecedentes, los auditores de la Corte realizaron un examen a la ejecución de ese  contrato, desaprobaron la forma en que se llegó al  arreglo directo y el monto que se le pagó a la Astaldi, pues según concluyeron, no correspondía al avance de la  obra.

Cuando se le pregunta cuál debía ser la forma más  adecuada de arreglar el problema, López Villafuerte  responde que “la atención directa”, y que en la época  en que se dio el conflicto (2010), la CEL no tenía todo  el control de la situación.

“Cuando uno está administrando un contrato, pero como  ya la CEL había caído en una forma de solo administrar y no tener el control total como lo queremos tener  ahora”, dijo el funcionario.

En ese sentido, dijo, es necesario contar con un equipo integrado que esté  “encima” para atender “cualquier cosa que sea  vulnerable”.

De esa manera, ahondó, “uno tiene control total de la  obra”.

Pese a estos señalamientos, López Villafuerte sostuvo  que en todo el proceso que siguió la administración de  Leopoldo Samour, su antecesor,  no hubo irregularidad.

El funcionario dijo que había un informe final de la  auditoría que realizó la Corte de Cuentas al contrato, que fue emitido en junio pasado, pero nadie lo ha mostrado y la contraloría ha alegado que  lo tiene en “reserva”.

López restó importancia al  informe preliminar en el que se le hacen serios  señalamientos al “arreglo directo”.

“No hay ninguna irregularidad”, afirmó y aseguró que  para hacer el arreglo con Astaldi se hizo cuatro consultas  a la Corte de Cuentas y se basaron en la ley LACAP que  permite esa conciliación.

Sobre si fue justo el pago de $108.5 millones a Astaldi por una obra con bajo avance, López Villafuerte dijo que sí le “parece adecuado y pudo haber sido mayor o menor dependiendo de las circunstancias en ese momento”.

ARENA denuncia que FMLN usa a la OIE para “persecución política”

Nidia Díaz dijo ayer que irán a la FGR con pruebas en contra de tres alcaldes de ARENA por nexos con maras.

, 20 agosto 2015 / EDH

“El FMLN está ocupando a la OIE, que es la inteligencia del Estado, para hacer una persecución política a nuestros funcionarios”. Así de contundentes fueron las palabras del jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero, ante la amenaza de la dirigente del FMLN, Nidia Díaz, de que irán a la Fiscalía a poner la denuncia contra alcaldes y varios diputados de ARENA por “nexos” con las pandillas y acciones para desestabilizar al Gobierno.

Díaz aseveró ayer en la Asamblea Legislativa que la cúpula del FMLN está por presentar al Fiscal General, Luis Martínez, una serie de “pruebas” que involucrarían a tres ediles areneros y algunos diputados de ese partido. Afirmó que parte de esas supuestas evidencias ya fueron enviadas al fiscal.

La diputada y dirigente efemelenista aseguró que la información la han obtenido de “labores de inteligencia” internas del FMLN, aunque no descartó que Medardo González, secretario general del partido oficial, tiene más datos que le han proporcionado a través de otros mecanismos.

González declaró en una entrevista a Telesur el miércoles que los “organismos de Inteligencia del Estado tienen información, nosotros como partido político también tenemos información de reuniones de dirigentes del partido ARENA con líderes de las pandillas aquí en el país”.

Ante esas declaraciones, el principal partido de oposición rechazó que sus alcaldes o diputados tengan que ver con la actuación de las pandillas y volvió a negar las acusaciones de que intenten desestabilizar al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.

El jefe de la fracción tricolor afirmó que el FMLN está actuando como lo hizo en el pasado: “al estilo comunista, fabricando pruebas” y realizando “persecución política” en contra de quienes los critican, tal como lo están haciendo los gobiernos en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Por ello, Romero pidió al Gobierno que en vez de atacarlos por auditar su gestión, explique los 125 muertos en tres días, la falta de medicinas y camas en los hospitales, y brinde alternativas a los agricultores que “se están muriendo de hambre” por la fuerte sequía.

“Lo que demuestran es la misma incapacidad para gobernar, le quieren echar la culpa a otra gente; si desestabilizar es ir a denunciar la enorme corrupción que tuvo (Mauricio) Funes (expresidente del país) en El Chaparral, vamos a seguir siendo desestabilizadores”, respondió Romero.

También el concejal de ARENA en la alcaldía de San Salvador, Edwin Zamora, reprochó los señalamientos del oficialismo.

“No entiendo cómo no tienen vergüenza, cómo es posible que estén haciendo acusaciones de esa naturaleza, cuando todo el pueblo salvadoreño sabe que a pesar que al principio nos mintieron, finalmente quedó comprobado el acuerdo del pacto con las pandillas que el FMLN hizo el año pasado”, aseveró.

Luego agregó: “Fue evidente cómo los asesinatos bajaron por las prebendas que les dieron a las pandillas y después de dos años pagamos la consecuencias de ese mal acuerdo. Que ellos vengan a hacer una acusación de esa naturaleza me parece irresponsable, es un tremendo descaro”.

Zamora indicó que miembros del partido hablan con todos los sectores de la sociedad, pero aclaró: “que el partido vaya a llegar a un acuerdo con ellos, no hacemos lo que hace el FMLN”.

González aseguró en la entrevista televisiva que tiene fotos que “evidencian” reuniones privadas de ellos (areneros) con los líderes de las pandillas”, aunque no las mostró, pero dijo que diputados de ARENA han visitado comunidades en las que predominan las maras.

Y luego de que en redes sociales circulara una foto del diputado arenero, Johnny Wright Sol, junto al analista Paolo Lüers, durante una visita a la comunidad Las Palmas, en San Salvador, el pasado fin de semana, ambos explicaron ayer el objetivo de su asistencia al lugar.

Wright Sol afirmó que trabaja en un plan para la comunidad denominado “La Paz en vos” que contempla un proyecto de inclusión de jóvenes que puedan trabajar en programas deportivos dentro de su comunidad. “Es un trabajo que estoy haciendo, no es ningún secreto, no hay nada que quiera ocultar…”, afirmó.

Y agregó: “Todos sabemos que la comunidad Las Palmas es una comunidad marginada, se conoce como una comunidad de alto nivel de pandilleros, y difícilmente podríamos ocultar la realidad de esa comunidad, pero también vive gente que no son pandilleros, no son criminales, son salvadoreños trabajadores y merecen que en sus comunidades se les dé la debida atención, porque son comunidades que han quedado abandonadas por el Gobierno”, argumentó el diputado arenero.

Lo dicho por Wright Sol coincide con lo expresado el lunes por el ministro de Seguridad, Benito Lara, de que es “un error” creer que todos los que viven en comunidades de riesgo son pandilleros.

Por ello, Lüers cuestionó: “¿Quiere decir que cualquier diputado del FMLN que va a Soyapango es pandillero?, es una cosa ridícula”.