Chaparral

Los archivos perdidos de El Chaparral (I. – IV.)

I. Documentos revelan nuevas fallas en construcción de represa El Chaparral

La autónoma hizo el pago y cerró el contrato en julio de 2012, luego de un polémico proceso de “Arreglo_Directo” entre ambas partes, pese a que la obra...

La autónoma hizo el pago y cerró el contrato en julio de 2012, luego de un polémico proceso de “Arreglo_Directo” entre ambas partes, pese a que la obra…

Una serie de documentos  que forman parte del expediente de supervisión del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral revelan el mal manejo de la zona de trabajos, la falta de un diseño detallado para continuar su ejecución y hasta la mala construcción de una estructura de paso de aguas (ataguía), así como otras fallas que dejan sin fundamento el pago del pago de $108.5 millones de la Comisión_Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) a la empresa Astaldi SpA.

La autónoma hizo el pago y cerró el contrato en julio de 2012, luego de un polémico proceso de “Arreglo_Directo” entre ambas partes, pese a que la obra  sólo tenía un 29.29% de avance.

El archivo de más de 300 páginas, en poder de El Diario de Hoy, fue preparado por los consultores Euroestudios-Ingetec luego de analizar los problemas en la margen derecha de la montaña donde se asentaría la presa y descubre los cuestionamientos de la supervisora a la constructora.

Las fallas eran tan evidentes que la ataguía colapsó un 30 de mayo de 2010 durante la tormenta tropical Agatha, ante lo cual Astaldi SpA abandonó los trabajos.

Todo lo anterior queda claro cuando se revisa el documento titulado “Informe General de la Margen Derecha” de agosto de 2010. Su principal conclusión es que, para la supervisión, no hubo argumentos “que demostraran el movimiento de todo el macizo de la margen derecha” y recomiendan a CEL_que Astaldi SpA le presente “de inmediato” un planteamiento completo de diseño de la presa para no incumplir con los plazos contractuales.

En el mismo expediente también hay una presentación a la junta directiva de CEL_en julio de 2010 donde Euroestudios-Ingetec deja claro que Astaldi SpA, desde que inició la obra en 2008, excavó  el estribo (margen) derecha sin un patrón de soporte.

“Las excavaciones han sido ejecutadas como exploratorias, provisionales y sin control”, enfatiza el documento planteado ante la junta.

Las cartas entre Astaldi y Euroestudios-Ingetec

En el transcurso de la ejecución de la obra la constructora italiana y el asocio supervisor mantenían comunicación a través de una serie de cartas donde se plantean aspectos técnicos que nunca serían corregidos por el contratista de CEL y que desembocarían en  un desconocimiento “de facto” del rol que juega la supervisión en un proyecto de gran envergadura.

Por ello los anexos del documento en poder de El Diario Hoy registran las cartas enviadas entre el superintendente de la supervisión, Germán Rivera, y el gerente de El Chaparral por parte de Astaldi SpA, Edy Lucchini. En una primera misiva se advierte de la necesidad de un diseño detallado, ya que CEL_solo había entregado un documento básico con el cual la constructora debía iniciar los trabajos, algo ya contemplado en el contrato llave en mano_(sin cambios) a un monto de casi $220 millones.


* Documento del 24 de febrero de 2010


LO QUE ARGUMENTARON…

 “Fue Astaldi que presentó a la junta directiva de CEL un informe en el que aseguraba que el margen derecho de la montaña que iba a sostener el dique de la central había sido dañado y se estaba moviendo luego de las tormentas Agatha y Alex.”

MAURICIO FUNES,  Expresidente de la República, en octubre 2013

 “Estamos seguros, y lo hemos visto ya por más de un año con diferentes geólogos, que la montaña no tiene el problema que se había especulado, la presa El Chaparral va a estar en el mismo lugar, aunque será necesario un rediseño”

LEOPOLDO SAMOUR ,  Expresidente de CEL, en agosto de 2013


Previo a esta fecha, un 17 de agosto de 2009, los supervisores le indicaban a Lucchini que Astaldi SpA no había efectuado el análisis de estabilidad de la montaña para iniciar las excavaciones , además que no se tenía previsto la instalación de elementos de soporte ante “posibles inestabilidades” y que estos trabajos se habían desarrollado sin un programa, lo que conllevaba obras esporádicas sin una secuencia organizada.

Más adelante, un 6 de marzo de 2010, Rivera le envía a Lucchini otra  carta con el asunto_“Margen derecha, trabajos sin diseños detallados aprobados” donde se dice que es riesgoso para el proyecto, incluso para el contratista, la ejecución de obras que no tienen diseño de detalle que permitan planificar de manera clara y ordenada, lo que puede conllevar a la pérdida de recursos importantes para el desarrollo del proyecto e incluso afectar los plazos.

“Como es de su conocimiento la supervisión en diferentes documentos como comunicaciones, actas de reunión e informes de revisión de diseños  ha manifestado la necesidad que el contratista entregue el diseño detallado de manera integral. No resulta aceptable la entrega separada de partes de un mismo elemento”, enfatiza la supervisión.

Después Euroestudios-Ingetec envió otras cuatro cartas en las que enfatizaba en el mismo hecho:_la urgencia del diseño detallado y el cuido de la margen derecha, sobre todo por filtraciones del río Torola que se presentaban.



El detonante de las diferencias entre Astaldi SpA y Euroestudios-Ingetec fue la carta del 30 de abril de 2010 en respuesta a una enviada por la firma italiana donde dice que los supervisores “le están haciendo requerimientos más allá de lo que pide el contrato de la obra”

“No aceptamos lo indicado por el contratista en su comunicación y le solicita (a  Astaldi SpA) que se apegue a los requerimientos técnicos y contractuales que le corresponden (…) ratificamos nuestra preocupación con la estabilidad de los taludes de la margen derecha, hay aspectos de seguridad pendientes”, contesta el supervisor al contratista de la CEL.

Ataguía, mala construcción que colapsó

Una estructura fundamental en la construcción de la obra fue la ataguía para frenar el cauce del río Torola, sobre todo en momentos de invierno copioso pero, según el archivo de la supervisión consultado, Astaldi SpA no realizó un trabajo adecuado para garantizar la estabilidad de la margen derecha, que incidió en el daño durante la tormenta Agatha.

“La ataguía no tiene ningún diseño geotécnico de detalle (…) se solicita revisar completamente el informe  de las ataguías de manera que se incluyan criterios básicos del diseño y las propiedades de los materiales que se utilizarán (…) muy seguramente será desbordada y deteriorada”, indica el informe sobre la ataguía por parte de Euroestudios-Ingetec que incluso adjunta imágenes del daño.

Por todo esto al final se desconoce porque CEL_no inició un proceso sancionatorio contra Astaldi Spa y se llegó a un millonario arreglo, pagando incluso por obras inexistentes y recibiendo más adjudicaciones del gobierno.

Lea mañana: Contrato era “llave en mano” y Astaldi tenía que asumir costos

*Así cambió el proyecto en dos días, luego de la tormenta

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La supervisión deja constancia que a la fecha el contratista Astaldi SpA no ha entregado el diseño detallado de la estructura de la presa cuando ya se llevan 14 meses de ejecución del proyecto (…) reiteramos la solicitud de entrega de dicha información a la mayor brevedad…

II. Contrato por la represa El Chaparral no permitía pagarle más a empresa constructora

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Juan José Morales, 26 mayo 2016 / EDH

Los asesores legales, Curtis, Mallest-Prevost, Colt & Mosle, no recomendaron a la junta directiva de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) hacer un  “arreglo directo” con la firma italiana Astaldi SpA, sino que le advirtieron que debía hacer cumplir el contrato que exigía la entrega de la represa El Chaparral totalmente concluida, sin el pago de sobreprecios, o iniciar un arbitraje.

Lo anterior consta en documentos oficiales a los que tuvo acceso El Diario de Hoy y que establecen que la obra tenía que ser entregada terminada y que si había costos adicionales, tenían que ser asumidos por Astaldi.

Es decir y según el contrato, legalmente era inviable el pago de $108.5 millones por una obra que fue dejada inconclusa.

Esto se relaciona con el hecho de que el contrato CEL 4143-S para el polémico proyecto se firmó un 28 de septiembre de 2008 bajo la modalidad “llave en mano”, un esquema de contratación en el que, según el artículo 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el contratista debe hacer desde el diseño detallado de la obra hasta su terminación total.

La documentación en poder de este periódico es parte de una presentación hecha por el despacho Curtis, Mallet-Prevosta, Colt y Mosle para informar a la junta directiva de CEL el 25 de noviembre de 2010 sobre las consideraciones jurídicas del abandono del proyecto El Chaparral. Además plantearon una estrategia a seguir y los pasos posteriores para encontrar alternativas de solución, según se confirmó también en el acta de la sesión 3430 de la junta directiva de CEL.

Al respecto los abogados externos de esta firma internacional, Ricardo Castrillo y Javier Jiménez, explicaron a la directiva de CEL que conforme a la modalidad “llave en mano” el contrato entre CEL y Astaldi no preveía ajustes de precios ni órdenes de cambio e incluye cualquier tipo de imprevistos relacionados con su ejecución. En ningún momento de la presentación hacen recomendaciones de llegar a un arreglo directo con el contratista, que recibió un anticipo de $65.9 millones.

El documento también recuerda que este tipo de contratos le traslada la responsabilidad al contratista de elaborar “ingeniería de detalle, dándole flexibilidad para las variaciones de diseño y obras adicionales que se requieran al enfrentar los problemas técnicos que en la ejecución de se vayan presentando”, es decir todos aquellos imprevistos que luego Astaldi plantearía.

En este sentido la presentación elaborada por el bufete de abogados recuerda que en noviembre de 2009 el contratista italiano presentó un primer reclamo, considerando que los detalles de la fundación de la presa (el dique) resultaron ser distintos a los descritos en el diseño básico de licitación, lo cual implicaba obras adicionales que aumentarían el costo del megaproyecto y que según Astaldi deberían de ser asumidas por CEL.

Sin embargo Astaldi conocía de la situación, ya que fue descrita en las bases de licitación del proyecto, reconocen los abogados,  que citan a la supervisión de la obra, a cargo del asocio colombiano-español Euroestudios-Ingetec.

“Si Astaldi plantea una solución alternativa que sea técnicamente aceptable, esta puede ser implementada pero con cargo a Astaldi conforme al artículo 14 del contrato”, indican los abogados.

Suspende trabajos

Más adelante Astaldi suspendió las obras aduciendo que detectó dos problemas: una falla en el cauce del río Torola y supuestos desplazamientos registrados entre mayo y junio de 2010, con el desarrollo de las tormentas Agatha y Alex en la margen derecha. En ese momento el cronograma de la obra requería un avance del 52% pero el real era del 23.68%, según la supervisión de Euroestudios-Ingetec, y 34.63%, según la realizada por Astaldi.

El entonces presidente Mauricio Funes informó en octubre de 2013 que le pagaron $108.5 millones a la constructora Astaldi con el argumento de que se cerraba el contrato “Llave en mano” con un 38 % de avance de la obra.

Sin embargo, en el Informe Físico Financiero del Programa Anual de Inversiones, presentado a la Junta Directiva de CEL en septiembre de 2012, definió —con técnicos y supervisores de la autónoma— que sólo se construyó el 29.29 % de la represa El Chaparral.

Las actas incluso reflejan que en la negociación entre ambas partes se hizo una sobreestimación aproximada de un 8.71 %, ya que según el Arreglo Directo y el comunicado conjunto entre CEL y la constructora italiana, el valor a julio de 2012 de la central hidroeléctrica inconclusa era de un 38 %, lo que permitió sustentar el pago de $28.7 millones como cifra definitiva de sobreprecio.

La documentación consultada por este periódico también revela que los problemas anteriores fueron el argumento para que Astaldi frenara la construcción de la presa y propuso la suspensión de las obras en el margen derecho de la montaña (continuó con la ejecución de la casa de máquinas), un nuevo estudio de factibilidad (a cargo de la CEL), la elaboración de un diseño básico (siempre por la autónoma) y un diseño de detalle a cargo de la firma italiana.

“En relación a la falla parece ser que ésta ya estaba identificada en las bases de licitación, aunque sin determinar su naturaleza geológica. La supervisión de obra incluso nos ha mostrado un mapa incluido en las bases de licitación, en donde la falla ya estaba identificada”, indican los abogados en el documento presentado a la junta de CEL.

Incluso se le dice a los directivos de la CEL que el tema a resolver “no es si existe la falla o no” sino si ésta es de naturaleza tectónica, es decir, si se encuentra en movimiento.

Ya en 2012, según varias actas de la junta directiva de CEL, se insistió en que se debía resolver vía arbitraje los costos adicionales que Astaldi reclamaba  y que la CEL debía pagar “solo por obras realmente ejecutadas”, algo que va en sintonía con la LACAP y con la modalidad contractual optada por el gobierno en 2008.

Así, el acta número 3507 del 19 de marzo de 2012, confirma que una parte del proceso de negociación se realizó entre el 12 y el 16 de marzo de 2012 y que se tenía que pagar por las obras construidas conforme a precios contracta de un 8.71 %, ya que según el Arreglo Directo y el comunicado conjunto entre CEL y la constructora italiana, el valor a julio de 2012 de la central hidroeléctrica inconclusa era de un 38 %, lo que permitió sustentar el pago de $28.7 millones como cifra definitiva de sobreprecio.

Si Astaldi plantea una solución alternativa que sea técnicamente aceptable, esta puede ser implementada pero con cargo a Astaldi conforme al artículo 14 del contrato

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III. La montaña de la represa El Chaparral no se movió y constructora conocía las fallas

Empleados de la empresa constructora Dycsa realizan trabajos alrededor en la casa de máquinas. | Foto por Drone/ Mauricio Castro

Empleados de la empresa constructora Dycsa realizan trabajos alrededor en la casa de máquinas. | Foto por Drone/ Mauricio Castro

Juan José Morales, 27 mayo 2016 / EDH

Una presentación hecha a la junta directiva de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), en julio de 2010, por el consorcio supervisor de la construcción de la represa El Chaparral, el asocio Euroestudios-Ingetec, revela que las fallas alegadas por la constructora Astaldi SpA para solicitar un “arreglo directo” eran de su conocimiento desde 2008 y que la montaña del margen derecho de proyecto “no se había movido” como  argumentó  la firma italiana.

Además, una carta  firmada por el ex coordinador de proyectos de CEL, Jaime Contreras, del 12 de agosto de 2010, enviada a Mario Pieragostini, apoderado general administrativo de Astaldi, le recuerda al contratista italiano que no hay evidencias de los supuestos movimientos planteados en la margen derecha de la montaña que respalden la  emergencia que la constructora alegó para abandonar los trabajos.

“Se concluye que los reclamos presentados por Astaldi no son procedentes en vista de que no cuentan con los sustentos técnicos que puedan confirmar los argumentos en que se basan y no demuestran la concurrencia de razones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito, debiendo continuar con el desarrollo de las obras para no incumplir con los plazos contractuales. No omitimos manifestar que en ninguna de las cartas se indicó el daño o perjuicio del que presuntamente fue objeto Astaldi”, dice la carta enviada por Contreras.

El documento, que fue presentado a los directivos de CEL mientras duró el contrato de supervisión (marzo 2009-mayo de 2013), también reconoce un mal manejo en las tareas de excavación y de soporte del macizo montañoso, lo cual generó “un problema de estabilidad”, sobre todo por el abuso de dinamita y otros materiales para adecuar la montaña.

“Se concluye que era claro para los licitantes que la situación geológica y geotécnica de la margen derecha era extremadamente complicada y desfavorable, siendo por lo tanto algo previsible para Astaldi”, dice un extracto del análisis de la supervisión, consultado por este periódico.

En contraste, según el mismo documento, el supervisor cuestiona al asesor de Astaldi, Giovanni Lombardi, quien insistió ante los técnicos de Euroestudios-Ingetec que las condiciones en la montaña “fueron inesperadas”, detalle que permitió la justificación de no continuar con la responsabilidad en el megaproyecto.

“Desde el diseño básico se establece la necesidad de colocar anclajes para prevenir deformaciones o relajaciones de roca. Hay un grado de descompresión que deterioraron la montaña”, asegura la supervisión, que más adelante agrega que se excavó “sin control”.

En la carta de Contreras a Pieragostini también se le recuerda a Astaldi  que, por respeto a sus obligaciones contractuales, tenía que reanudar los trabajos en cada uno de los frentes de obra sin implicación con la situación margen derecha y que tenían que tomar en cuenta que dicha decisión, unilateral, afectaría el programa de ejecución de las obras.

Asimismo enfatiza que Astaldi SpA debía presentar un planteamiento completo del diseño detallado de la presa El Chaparral, asociado a medidas técnicas y constructivas que se tomarían en cuenta para no incumplir con los plazos contractuales, un aspecto que no conllevó sanciones por parte de la CEL.

Obra con poco avance

Durante los tres años (2008-2011) en los que Astaldi SpA realizó obras  de El Chaparral siempre hubo claras diferencias en relación a los porcentajes de avance en la ejecución de los trabajos, no solo con Euroestudios-Ingetec sino que también con la misma CEL, que realizaba su propio seguimiento a través de su gerencia de proyectos.

Al respecto un documento de Astaldi con el que reportó a CEL su avance de obra en mayo de 2012 indica que lograron un 42.65% de avance.

Sin embargo la supervisión interna de la autónoma dijo, previo al pago de $108.5 millones, que solo se había construido un 29% de la obra cuando el contratista italiano las abandonó, aduciendo “imprevistos imprevisibles” en la zona de trabajos.

Pero además el Informe Físico Financiero del Programa Anual de Inversiones de septiembre de 2012, que  fue presentado a la directiva de CEL_dos meses después que se firmó el arreglo directo, deja claro que solo se construyó un 29.29% de la obra.

No obstante CEL y Astaldi, en un campo pagado tres días después de firmar el controversial “Arreglo Directo”, afirmaron que el contrato se cerraba con un 38% de avance, tanto en obras como en la instalación de varios equipos electromecánicos.

Hay que destacar que, según el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), se puede optar por la modalidad de terminación de contrato por mutuo acuerdo, no pudiendo en este caso reconocer cantidades que no pertenezcan al valor “de la ejecución de la obra realizada, al servicio parcialmente ejecutado o a los bienes entregados o recibidos”.

Esto no sucedió con El Chaparral en el pago de $108.5 millones.

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IV. Administración de CEL se desliga del anterior manejo de El Chaparral

David López Villafuerte, presidente de la CEL. | Foto por EDH

David López Villafuerte, presidente de la CEL. | Foto por EDH

Juan José Morales, 27 mayo 2016 / EDH

La falta de adecuados criterios técnicos llevó al fracaso del proyecto de El Chaparral en la anterior administración, según lo expone el actual presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, a El Diario de Hoy.

Esto llevó a que el proyecto fuera abandonado y a un cuestionado pago de $108 millones a la constructora Astaldi pese a que dejó inconclusa la obra.

López Villafuerte refuerza la tesis de que en el arreglo directo entre CEL y Astaldi no se cumplieron varias cláusulas del contrato de obras y que la institución, lejos de pagar por obras realizadas, terminó desembolsando $108.5 millones sin dar la batalla ante su contratista.

En esta entrevista López Villafuerte además habla del futuro de El Chaparral, un proyecto que CEL jecutará solo con empresas salvadoreñas bajo la modalidad de múltiples contratos y que podría star generando energía eléctrica en 2018 luego de una inversión de $290 millones.

— El proyecto El Chaparral es para varios sectores nacionales como un enigma con respuesta: nadie sabe qué sucedió pero sí tienen claro que se hizo un millonario desembolso para una obra que aún no genera energía eléctrica, ¿por qué se tomó esa decisión? ¿Era la única opción viable?

Considero que desde esta importante institución se tomaron decisiones que quizá no fueron las adecuadas, pero todo proviene de no administrar técnicamente el proyecto, con la anterior gestión la CEL vivió otra época, se manejó con ambigüedad el problema con Astaldi desde que comenzó con los supuestos reclamos y nunca se construyó una salida rápida a los inconvenientes en la margen derecha de la montaña donde se asentaría el dique, desde ahí las cosas no pintaban bien…

— ¿Color oscuro?

Probablemente. Lo que pasa es que si usted tiene un terreno y quiere construir una casa debe hacer estudios, evaluaciones, sondeos y en todos los sitios posibles para construir El Chaparral la prefactibilidad decía que habían ciertas fallas que corregir, lo cual modificaba muchas cosas, incluso el presupuesto. Yo debo de decir la verdad: hubo un error de los técnicos porque ya en 2004 en el estudio que dejaron los japoneses (J-Power) se decía que se tenían que hacer más perforaciones, más análisis técnicos pero esto no se realizó en 2007 y así se licitó y se adjudicó a Astaldi el proyecto en 2008, eso no fue lo correcto.

— En estos términos, ¿CEL estafó a Astaldi al entregar las bases y los documentos de licitación?

La disputa era algo que podía darse. CEL esperaba recibir El Chaparral terminado pero Astaldi le reclamaba por los estudios previos y en estos términos quizá podría decirse que CEL se estafó a Astaldi.

Por eso creo que lo mejor era hacer más estudios, más sondeos, más exploraciones geológicas y eso era obligación de la autónoma, darle más certeza a su contratista para asegurar la responsabilidad de una obra tan delicada y transcendental para el país.

— En este sentido ¿qué falló? ¿cómo podían hacerse las cosas de otra manera?

La solución estaba en resolver técnicamente el problema, arreglar todo este conflicto con Astaldi pasaba por una decisión y un criterio técnico que fue abandonado en la anterior gestión de la CEL.

Lamentablemente hubo ignorancia técnica, y los que podíamos hacer recomendaciones técnicas y resolver estas fallas estábamos relegados y en un segundo plano, todo era otra cosa porque en CEL era otra época…

— … ¿de errores?

Sí, pero sobre todo de decisión porque hubo una deficiencia técnica para resolver el problema con Astaldi, eso fue muy determinante, CEL no hizo lo que tenía que hacer y pasaban meses sin resolver las consultas hechas y las quejas sobre El Chaparral. Con el tiempo todo se fue prolongando, se le dio largas y no se veían las soluciones para echar a andar el proyecto, un exceso de burocracia. Se decía que se había contratado a una empresa para hacer estudios y análisis pero estos nunca llegaban , todo se iba dilatando y nunca se planteaban alternativas.

— ¿Hubo irresponsabilidad de los técnicos y de las autoridades de CEL por no resolver de manera inmediata esto?

Yo considero que en esto tuvo mucho que ver el hecho de que la anterior gestión de esta importante institución se perdió por completo el perfil técnico, ¿cómo podíamos enfrentar a Astaldi en un tema tan delicado si ellos también tienen a su gente y a sus especialistas? Y lo que terminó de agravar la situación es que nunca hubo respuestas rápidas, diligentes, la burocracia incidió y durante todo ese tiempo donde CEL no daba respuestas Astaldi se preparó para el arreglo directo.

— ¿Qué situaciones conoció usted de falta de celeridad en querer resolver el problema con Astaldi?

Yo recuerdo que en las sesiones de junta directiva de CEL se presentó un inconveniente. Se había fijado que todos los jueves a las 2 de la tarde se tenían que celebrar las reuniones para ver estos problemas pero nunca había quórum (asistencia) y lo mismo sucedía una semana después y así sucesivamente.

Esa fue una clara muestra de falta de diligencia y ahí rompimos, en cuestiones como esta si yo digo que hoy hay que hacer una reunión de junta quizá solo un miembro faltaría, hemos enfrentado momentos donde hay que hacer hasta tres reuniones a la semana y se hacen. Pero antes las dinámicas eran bien pasivas y no generan mayores cambios y ese modo de operar era evidente en todo, incluyendo El Chaparral.

— ¿Por qué la supervisión de la obra (Eroestudios-Ingetec) no metió más presión para que se buscara terminar el proyecto?

De nuevo, por el mismo problema técnico, no se tenía una tropa fuerte que empujara esto, la CEL prácticamente estaba relegada, a pesar de ser el dueño del proyecto, ellos ponían los tiempos. Yo, si no tuviera el conocimiento técnico, fácilmente aceptaría plazos prolongados y millonarias cantidades de dinero para resolver algo que en términos teóricos y prácticos es mucho menos complejo. Todas eran justificantes y nunca se pudo sacar adelante una verdadera solución.

— ¿Qué es hoy de El Chaparral? ¿Ya hay avances en las obras que CELactualmente ejecuta?

El proyecto ya lo retomamos, ya superamos todos los problemas que impedían que lo echáramos a andar. De momento estamos trabajando en la turbina en los laboratorios de la firma rusa Tyazhmash y en la estructura de la casa de máquinas, la cual la está elaborando la constructora salvadoreña Dycsa. El plan de inversión del proyecto se mantiene, aunque de momento no tenemos el estimado final de costos pero estamos seguros que lograremos un ahorro mínimo de $10 millones.

Además en los próximos días anunciaremos otros tres nuevos contratos donde esperamos definir quien será el que suministrará el concreto, todo según lo esperado para generar energía en 2019.

 

La CEL era feudo de intereses particulares en anterior gobierno

El actual presidente de la autónoma dice que dichos grupos de interés influían hasta en las licitaciones y contrataciones.

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diario hoyEl presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, reveló que la anterior administración de la autónoma era similar a “un feudo” y que había “intereses particulares” que frenaban la marcha de proyectos estratégicos como la represa El Chaparral y la expansión de la central 5 de Noviembre.

Además señaló que se tomaron malas decisiones en el proyecto de El Chaparral, sobre todo aquellas relacionadas con la elección del sitio y el pago de dos diseños que se desecharon a la consultora brasileña Intertechne por un monto de $9.2 millones.

Screen Shot 2015-12-03 at 7.47.57 PM“En la anterior administración de CEL se perdió por completo el perfil técnico. Había muchas cuestiones individuales y grupales, parecía un feudo. Incluso no había relaciones ni con subsidiarias importantes como LaGeo, no se tenía unido a todo el equipo”, explicó López a El Diario de Hoy.

En este sentido, inclusive dijo que les tomó dos meses “desmontar” todas las relaciones de interés que había en CEL y que se habían creado malas prácticas que no correspondían a la misión de la institución.

“Sabíamos lo que había adentro, que era difícil enfrentarlos, pero pusimos gente de Junta Directiva con nueva visión. En dos meses nos habíamos tomado la CEL, quitamos los feudos que respondían a intereses externos, creamos nuevos equipos de trabajo y eliminamos todas las malas prácticas. Con eso ya teníamos un poder positivo y línea clara a seguir”, agregó el funcionario.

López no quiso confirmar de dónde eran los grupos de interés, pero dijo que existían un caudillismo “que favorecía a particulares hasta en las licitaciones y contrataciones”, lo cual, desde  su punto de vista, afectó el desarrollo de obras estratégicas de la autónoma.

“Cada administración tenía su visión, no era un equipo sólido, no era compartido, el pastel estaba bien repartido, no prevalecía el interés público y eso sin duda retrasó todos los proyectos que tenía que ejecutar la CEL”, reflexionó el presidente.

Por ello, el titular de la autónoma recordó que en la CEL y en todas sus subsidiarias había esquemas administrativos aislados y que existían lineamientos de otras instancias para el manejo de esta empresa estatal.

“Antes las inversiones y decisiones de CEL eran cuestionadas porque quizá había instrucciones desde afuera para hacer o no hacer algo ”, valoró.

En este sentido el funcionario dijo que el primer objetivo de la institución fue el de colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en entregar toda la documentación relacionada con El Chaparral, una obra que fue abandonada en la gestión del ex presidente de CEL, Leopoldo Samour, y por la que se pagó $108.5 millones como parte de un “arreglo directo” con la firma italiana Astaldi.

Pese a que las obras quedaron inconclusas, el entonces presidente Funes defendió el pago multimillonario, alegando que era mejor pagar que irse a un arbitraje con Astaldi.

“En toda la parte legal hemos colaborado con la Fiscalía y con el juzgado del municipio de San Luis de la Reina. Nosotros nos bajamos de cualquier interés privado para que nos entregaran el sitio y por ello el miércoles (hoy) vamos a oficializar el reinicio de obras en el proyecto”, enfatizó López (ver nota aparte).

El presidente de CEL  recordó que el “arreglo directo” entre la autónoma y  Astaldi fue una decisión de la anterior administración en el gobierno Funes y que hubo “una negociación” para llegar al pago entre las partes.

Además indicó que en las discusiones entre la autónoma y Astaldi se plantearon diferentes montos para dar salida al conflicto y que al final fue Samour el que firmó el arreglo directo.

“Ahí se llegó a ese monto, para algunas personas puede ser mucho y para otras poco, pero al final es una negociación,  es un arreglo y así queda, así se firma, más allá de críticas o cuestiones mediáticas al respecto”, acentuó López, que no quiso entrar en detalles sobre este punto porque existe una investigación de la FGR en curso.

Lo cierto es que el pago a Astaldi ha incidido en el presupuesto global de El Chaparral y que hará que la obra cueste $71 millones más, reconoció.

Así justifica la apuesta a contratar empresas nacionales, agremiadas a la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) y a un crédito que todavía está vigente con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Compleja relación con Intertechne, de Brasil

Otro de los puntos que tuvo que abordar la CEL fueron los contratos que la gestión Samour y la anterior junta directiva dejó con la firma brasileña Intertechne, tanto en El Chaparral como en la supervisión de la Expansión de la presa 5 de Noviembre.

En el caso del proyecto sobre el río Torola el rediseño no era una alternativa viable para seguir con la obra, ya que no corregía, según López, los problemas en la margen derecha de la montaña.

“Intertechne, cuando nos planteó su rediseño, no nos dijo que Astaldi había encargado una turbina a la empresa rusa Tyazhmash, lo estaba descartando y nosotros le cuestionamos porque aumentaba costos. Ellos querían que abandonáramos esto e iniciáramos un nuevo proceso que nos iba a significar 18 meses de retrasos, fue una decisión complicada pero que favoreció continuar el proyecto”, afirmó López.

Mientras tanto en obras sobre el río Lempa, en la central más antigua del país, los brasileños tenían un desfase en la ejecución, ya que no tenían suficiente personal técnico en el país y no habían ajustado el cronograma de trabajos.

“En la 5 (de Noviembre) vimos en ellos mucho incumplimiento, les dimos tiempo, les metimos presión, les pedimos más gente, pero no mejoraron y les finiquitamos. Por eso hemos contratado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para que nos ayude con estas tareas de supervisión a un monto menor”, puntualizó.

López también consideró que en El Chaparral las anteriores dos gestiones de CEL pudieron tomar mejores decisiones, sobre todo relacionadas con el lugar de la represa y los estudios complementarios para “anticiparse” a las fallas encontradas en la montaña.

Acciones en INE

Por otra parte, López Villafuerte anunció que CEL está en el proceso de recuperar el ciento por ciento de las acciones de LaGeo en Inversiones Energéticas S.A. de C.V. (INE) a través de un proceso en el que esperan la “no objeción” del BCIE debido a que este organismo aportó $48.8 millones para la segunda fase de la Central Térmica Talquine, en el departamento de La Libertad.

“Queremos cerrar esto porque ya no hay razón de ser de que la INE sea la propietaria de LaGeo, vamos a devolver todas las acciones de esta empresa para que dependa directamente de la CEL, sobre todo porque sus utilidades ayudan a pagar más de $140 millones en subsidios a la energía eléctrica”, finalizó López.

Las acciones de CEL en LaGeo separaron a la INE para darle un respaldo financiero y no afectará la titularización que hizo la autónoma para pagar $286 millones a Enel Green Power, anterior socio y propietario de una parte de las acciones.

CEL firma con rusos y reinicia El Chaparral

 

 

Leopoldo Samour y suplentes decidieron pago de CEL a Astaldi

El acta de sesión del 5 de junio de 2012 revela que el presidente de la CEL y cinco directores más autorizaron suscribir el acuerdo por $108.5 millones con Astaldi por las obras inconclusas de El Chaparral.

Samour, presidente de Cel, y Cáceres, responsable del proyecto, en la zona de la presa.

Samour, presidente de Cel, y Cáceres, responsable del proyecto, en la zona de la presa.

diario de hoy22 octubre 2015 / EDH

La firma para el acuerdo de arreglo directo entre el Gobierno y la empresa Astaldi por $108.5 millones, pese a que dejó abandonada la obra de la presa hidroeléctrica El Chaparral, fue avalada por el entonces presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour, y cinco directores más, entre ellos dos suplentes, según detalla el acta de sesión 3521 celebrada el 5 de junio de 2012.

EDH20151022NAC008PLa autorización para que la CEL suscribiera el arreglo con la empresa fue firmado, además de Samour, por el director ejecutivo, Jaime Eduardo Contreras Lemus, y los directores propietarios Eric David Schwank Martínez y Tom Hawk, así como los directores suplentes Rubén Ernesto Rivas Castro y Julio Alberto Olano Noyola, según se desprende del documento entregado por la CEL a los exdiputados de ARENA, Mario Valiente y Mariela Peña Pinto.

Entre los directores que pidieron ser sustituidos están el ahora presidente de la CEL, David López Villafuerte y Manuel Fermín Oliva.

“CEL dice que me entreguen la información porque se establece en el acta que él (Villafuerte) no firmó el acuerdo”, interpretó el otrora diputado Valiente.

Es más, en la notificación que el oficial de información de la CEL entregó al exlegislador se detalla que entre los informes está el acta de sesión donde se autoriza el pago del monto acordado entre ambas partes, en la cual constan los nombres de las personas que “exclusivamente” tomaron la decisión de autorizar a Samour para suscribir el acuerdo con Astaldi.

Según el exdiputado, el pago de los $108.5 millones, que equivaldría a un 50 % de la obra cuando solo se había reportado un avance del 29.28 %, merece una investigación a fondo. La obra estaba valorada en $219 millones.

Por ello, detalló que tiene previsto presentar una demanda, pero aún no tiene claro si será contra el Estado o los directores de la autónoma, ni tampoco ha determinado a qué instancia judicial acudirá.

El informe que recibió Valiente detalla que en la sesión del 5 de junio 2012 se autorizó a Samour para suscribir “el documento” donde se había establecido el pago de $108.5 millones “como vía de arreglo directo” del contrato “llave en mano” 4143-S para la construcción de la obra.

Asimismo, explica que la autónoma negoció la cantidad del pago a la empresa, proponiendo en un inicio $105 millones, menos la deducción de las cantidades pagadas en concepto de avance y construcción de la obra.

En dicha acta, además, se registra que la última propuesta de Astaldi fue de $120 millones, monto que la CEL no aceptó, por lo que la empresa concluyó con la oferta de $108.5 millones como cantidad mínima autorizada por su casa matriz.

También se detalla que los asesores legales de la CEL le recomendaron aceptar la oferta presentada por Astaldi, con lo cual “se evitarían litigios” que llevaran a mayores gastos para el Estado.

De hecho, el expresidente Mauricio Funes defendió públicamente el acuerdo, en octubre de 2013, argumentando que era más adecuado haberlo suscrito para evitar que el caso llegara a un tribunal internacional.

No obstante, según señala la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en los contratos “llave en mano” como el de la construcción de El Chaparral, la obra tenía que ser entregada en su totalidad y solo se paga por los trabajos ejecutados.

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Un informe de supervisión interna de la CEL indicó que únicamente se construyó el 29.28 % de la presa.

Sin embargo, en la negociación que hicieron ambas partes hubo una sobreestimación del 8.71 %, pues el arreglo entre el gobierno y la constructora italiana señalaba que a julio de 2012 el valor de El Chaparral ascendía a un 38 %, lo cual refleja un pago sobreestimado de $28.7 millones.

Tal como lo señalan otros documentos entregados a los exlegisladores por parte de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la CEL , la autónoma utilizó dos informes de la Corte de Cuentas de la República para respaldar el arreglo con Astaldi.

Uno de los informes, del 28 de junio de 2012, indica que el Artículo 95 de la LACAP advierte que culminar un contrato conlleva reconocer al contratista el pago de las obras o servicios ejecutados.

El otro documento, del 5 de julio (seis días antes de que se firmara el acuerdo final), la Corte respaldó la decisión del entonces presidente de pagar los $108.5 millones.

Corte de Cuentas autorizó a CEL el pago de $108.5 millones por El Chaparral

Aunque la contraloría dijo en 2012 que sus opiniones no son de cumplimiento obligatorio, CEL usó dos informes para justificar el pago a Astaldi.

Screen Shot 2015-10-21 at 4.05.23 PMEL-DIARIO-DE-HOY-LOGO21 octubre 2015 / EDH

Pese a que la Corte de Cuentas de la República (CCR)  afirmó en 2012 que las opiniones de esa institución no son de cumplimiento obligatorio, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) usó dos informes de la contraloría estatal para hacer el arreglo directo y pagarle $108.5 millones a la constructora italiana Astaldi por las obras inconclusas en la presa El Chaparral.

Eso se desprende de los documentos que ayer entregó la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la CEL a los exdiputados de ARENA Mario Valiente y Mariella Peña Pinto, en cumplimiento a una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) emitida el pasado 14 de octubre, en la que obligó a la estatal a dar la documentación. 

Valiente y Peña Pinto pidieron la información a CEL en julio de este año. Y aunque la autónoma dio los documentos a los exlegisladores, indicó que mantendrá la reserva sobre el caso porque existen investigaciones en curso.

“Nosotros insistimos que hay reserva judicial sobre este caso pero tenemos que cumplir una resolución del IAIP. Esto no significa que la información adquiere carácter público”, dijo Óscar Lara, apoderado legal de la CEL.

Los informes

Uno de los informes que usó la CEL para justificar el millonario pago, durante el gobierno de Mauricio Funes, data del 28 de junio de 2012 y fue firmado por el coordinador general de auditoría, Alfonso Bonilla Hernández.

La opinión emitida señala que el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) prevé que terminar un contrato implica reconocer al contratista el pago de las obras o servicios ejecutados. “En cuanto a la decisión de extinguir el contrato y pagar la suma que se acuerde, la Junta Directiva de CEL debe apegarse a las disposiciones legales aplicables”.

La obra estaba valorada en $219 millones, lo que significa que le pagaron a la empresa como si hubiera construido la mitad del proyecto, cuando en realidad tenía un avance del 29.28%.

El otro informe que usó la autónoma es del 5 de julio de 2012, es decir 6 días antes de firmar el arreglo directo. En ese documento, la Corte respaldó la decisión del entonces presidente de CEL, José Leopoldo Samour, de hacer el pago de los $108.5 millones.

Screen Shot 2015-10-21 at 4.05.56 PMEl informe también fue firmado por Bonilla Hernández, quien consideró correcta la decisión del arreglo directo, tal y como se negoció con Astaldi. Tras esa opinión, el 11 de julio, se firmaba el acuerdo entre CEL y la empresa en las oficinas de la autónoma.

“La figura de mutuo acuerdo, como forma anticipada de extinguir los contratos administrativos y sus efectos están contemplados en la LACAP, por lo que su utilización está en concordancia con el principio de legalidad (…) consideramos que es correcta la actuación de la junta directiva de la entidad que usted preside (Samour)”, dice la correspondencia.

También se confirma en los documentos que Samour fue autorizado de forma unilateral para suscribir junto con el apoderado legal y presidente de Astaldi, Mario Pieragostini, el arreglo directo. Según el acta 3,521 de fecha 5 de junio de 2012, la junta directiva ratificó las actuaciones realizadas por Samour, incluyendo las consultas a la Corte y otros procedimientos previos.

CEL también entregó una copia del acuerdo de arreglo directo con Astaldi, opiniones de auditoría interna de la autónoma y los informes de los auditores externos de la Comisión, los cuales al final recomendaron liquidar el contrato por la vía del areglo directo entre las partes.

Esos documentos forman parte de la información que recibieron ayer Valiente y Peña Pinto (ver listado).

Pero las opiniones de la Corte de Cuentas no son de cumplimiento obligatorio, según declaró el entonces presidente de la Corte de Cuentas, Gregorio Sánchez Trejo, al periódico electrónico El Faro en agosto de 2012.

Aclaró que si bien el artículo 114 de la Ley de la Corte de Cuentas faculta a las instituciones a plantear consultas sobre la LACAP, “estas consultas no son vinculantes, el administrador puede acatarlas o no acatarlas”.

No puede hacer licitación

Por otra parte la Corte, según la información entregada a Valiente y Peña Pinto, también dio luz verde para que la autónoma no haga una licitación pública para la contratación de diseño y construcción de la presa, la cual a la fecha continúa abandonada, aunque las actuales autoridades de CEL han anunciado su continuación.

“La figura que bajo estas circunstancias puede invocarse es el calificativo de urgencia de conformidad a las leyes vigentes”, indica la Contraloría.

Otro documento de la Unidad de Auditoría Interna de la CEL recomendó terminar la relación contractual de la autónoma con su contratista en base a la LACAP pagando solo  $85 millones (el valor de la obra realizada), sin justificar el pago de  $23.5 millones adicionales.

Esos documentos emiten   otras “recomendaciones” a la junta directiva de CEL e incluso revelan que Samour buscaba continuar con la obra con un nuevo estudio realizado por Novotec, una empresa española que en enero de 2012 recomendó seguir la obra pero con ciertas modificaciones de diseño tras realizar un análisis técnico-científico. 

El Chaparral: Más preguntas que respuestas. De Karla Hernández

Llama mucho la atención las condiciones perjudiciales para el país, con que CEL favoreció los reclamos de la empresa italiana Astaldi, a pesar de que todo apunta a que fueron ellos quienes incumplieron el contrato para construir la represa El Chaparral.

karla hernandez

Karla Hernández, diputada por La Libertad (ARENA)

Karla Hernández, 9 octubre 2015 / EDH

¿Por qué no hicieron cumplir a Astaldi con las garantías del trabajo que debían realizar? Ceder de manera tan fácil millones de los fondos públicos no debe suceder, por lo que, se debe mostrar a los salvadoreños el camino recorrido para pagar $108 millones por un trabajo ejecutado en menos del 30 %.

Los salvadoreños merecemos conocer en detalle, si lo pagado por CEL corresponde a lo acordado en el contrato con la mencionada empresa. También nos deben informar cuál fue el verdadero estado en que Astaldi entregó lo que a todas luces solo parece un enorme hoyo, pues suponemos que debe existir un informe de esa recepción, porque nadie en su sano juicio entrega $ 108 millones de dólares por un trabajo que no corresponde a lo acordado según lo contratado.

Entendemos que esa empresa se destacó por los atrasos en el calendario de construcción de la represa, por lo que además merecemos una explicación sobre las acciones ejecutadas por CEL ante ese hecho, como solicitar aumento del personal en la obra, porque es de suponer que la estatal haya incluido todas las medidas de prevención en un contrato de esta envergadura.

Pienso que a estas alturas la Fiscalía General de la República ya tendría que haber dado por lo menos indicios de lo que allí ha sucedido, sobre todo cuando entre sus objetivos está: promover las acciones legales necesarias para mejorar la gestión económica y patrimonial del Estado.

¿Por qué siguen dilatando ese informe señor fiscal?, si todos sabemos que para cerrar el contrato con Astaldi la CEL recurrió al arreglo directo, dejando de lado el derecho y potestad para hacer reclamos por la no entrega de la obra. Los salvadoreños merecemos las explicaciones del caso por parte de la FGR antes de que el Fiscal General termine su mandato; la verdad es que resulta sorprendente que con deudas como estas, el señor fiscal quiera reelegirse.

Los legisladores deberemos meditar y evaluar con mucho cuidado, a fin de llevar a la FGR a un funcionario que sí muestre capacidad para no dilatar procesos que, a todas luces dan indicios de corrupción.

Quienes solicitan la creación de una CICIES se amparan entre otros, en casos como el de El Chaparral y con justa razón, porque ya se conoce que existen empresas relacionadas a la construcción de la misma, involucradas en lo que la fiscalía brasileña ha llamado “la mayor confabulación de corrupción descubierta hasta ahora en Brasil”, en referencia a la empresa Odebrecht, una de las preseleccionadas en el gobierno salvadoreño anterior para continuar la construcción de la represa.

Caso por el que se está investigando al expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula, por supuesta participación a favor de Oderbrecht en el extranjero, para conceder contratos inflados. La fiscalía de ese país investiga supuesta desviación de dineros de esas empresas hacia el Partido de los Trabajadores, uno de cuyos fundadores es el expresidente Lula.

Asimismo debemos recordar el caso de la también brasileña Intertechne, investigada por el caso de corrupción de Petrobras y contratada por CEL para realizar dos diseños de la represa El Chaparral. Lo anterior sin mencionar el arresto del presidente de la constructora brasileña Queiroz Galvao (una de las empresas responsables de la ampliación de la presa 5 de noviembre) cuyo presidente ha sido arrestado implicado también en la corrupción de Petrobras.

Como es evidente, los salvadoreños tenemos motivos de sobra para exigir transparencia en el caso El Chaparral, no solo de CEL y la Corte de Cuentas de la República, que curiosamente cambió el informe que dejaba clara la ruta que siguió CEL para terminar el contrato con Astaldi, sino además al señor Fiscal General de la República, quien debe procurar una fiscalía “fuerte y justa” no solo para el Estado, sino especialmente para los ciudadanos.

Observador político: 749 millones de dólares botados – y quieren más. De Paolo Luers

paoloPaolo Luers, 24 sept. 2015 / EDH

Ayer tuve el gusto de almorzar con Billy Sol Bang, cosa que acostumbramos a hacer cada dos o tres semanas – y que disfruto mucho.

Estos almuerzos nunca son formales, siempre amenos, llenos de anécdotas, risas, bayuncadas – pero también de discusión política e intercambio de ideas, propuestas y polémicas.

Luego de comer el Pollo al Chipotle, receta de mi esposa Daniela, y el pie de manzana, receta de mi madre Verena, nos recostamos en nuestras sillas para hablar política.

“¿Cómo se atreven a ponernos nuevos impuestos y amenazarnos con expropiar nuestros ahorros de pensiones, cuando acaban de botar 750 millones de dólares?”

“Billy, ¿cuáles 750 millones – y adónde los botaron?”

“280 millones para comprar las acciones de ENEL en La Geotérmica. Son 280 millones perdidos, sin ningún beneficio para el país. Por lo contrario: Con esta ‘inversión’, la CEL y La Geo quedan más débiles. Otros 280 millones para el Chaparral – cuando hace años los estudios nos indicaron que esta presa sólo será rentable si no costaba más de 145 millones de dólares. Faltan los 189 millones para la ampliación de la 5 de noviembre, otro proyecto que nunca será rentable. Agrega generación extra sólo cuando hay abundante agua, pero no nos rinde nada cuando hay escasez de energía. Suma: 759 millones botados, solamente en el sector energético.”

Tiene razón don Billy. ¿Cuál porción de estas ‘inversiones’ no productivas quedó en los bolsillos de funcionarios de los gobiernos Saca, Funes y (¿quien sabe?) Sánchez Cerén y sus respectivas administraciones en la CEL, La Geo e INE? No sabemos. Y no lo sabremos, mientras no exista institución (nacional o internacional) que lo investigue en serio.

318-los 749 millonesLa pregunta que uno tiene que hacerse es: Si estos tres proyectos fracasados y fraudulentos (Chaparral, ampliación de la 5 de noviembre, expansión de la generación geotérmica) fueron responsabilidad de los gobiernos de Saca y Funes y sus hombres en la CEL, ¿entonces por qué el FMLN los defiende, los asume, y sigue botando dinero público para salvarlos?

Lo más lógico hubiera sido que el FMLN, al asumir el control del gobierno y de la CEL, cortara en sano estos proyectos, asumiera las pérdidas, y echara la culpa a Saca y Funes… Pero hicieron lo contrario: Se metieron en el mismo hoyo que ya habían cavado Saca y Funes. Hoy son parte del complot. Y aún el país no tiene una política energética capaz de bajar los costos de energía que ahogan la economía…

En este contexto hay que discutir la crisis fiscal del gobierno y su urgencia de poner nuevos impuestos, robar los ahorros a los futuros pensionados, y aprobar créditos. Así tendrá que comenzar la discusión en la Asamblea y en la Interpartidaria. El que pide dinero primero tiene que rendir cuentas, antes de que le aprueban nuevos impuestos o créditos. Así es la vida. Vaya usted al banco a buscar refinanciamiento de sus deudas, y vea si le dan pisto sin que usted se baje los pantalones.

Repito lo que pregunté en una columna sobre el “Pacto de Ataco”: ¿Pueden y deben la oposición, la empresa privada y la sociedad civil entrar en la búsqueda de un acuerdo nacional con el gobierno, sin que este esté abierto a cambiar el rumbo de sus políticas?

Al concluir el almuerzo, con don Billy llegamos a una respuesta: No.

CEl pagó a Astaldi pese a que sus abogados sugirieron arbitraje

Además enfatizaron en que se debían de resolver todos los costos adicionales exigidos por el contratista. Previo a ello la autónoma pidió una “opinión” a la Corte de Cuentas, que al final dio el aval para el millonario pago.

El ex presidente de CEL, Leopoldo Samour (izq.), firmó el arreglo directo con Astaldi.

El ex presidente de CEL, Leopoldo Samour (izq.), firmó el arreglo directo con Astaldi.

24 sept. 2015 / EDH

Las firmas contratadas en 2012 por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) recomendaron en varias sesiones de junta directiva de la autónoma priorizar un arbitraje internacional para resolver todos los costos adicionales que planteaba el contratista italiano Astaldi y pagar, según la supervisión y el valúo del proyecto, “sólo por obras ejecutadas”.

Esto, según las firmas asesoras de la Comisión, los bufetes Curtis Mallet-Prevost Colt & Moles, S.C. y Rusconi, Medina & Asociados Central Law, se fundamentaba en el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que indica que las partes contractuales podrán acordar un mutuo acuerdo sin más responsabilidad que la obra realizada, al servicio parcialmente ejecutado o los bienes entregados y recibidos, detallan actas de junta directiva de la autónoma.

En este sentido el ex presidente de CEL, Leopoldo Samour, realizó varias consultas a la Corte de Cuentas de la República (CCR) previo a firmar el arreglo directo con Astaldi. De todas estas es de subrayar que a finales de junio de 2012 el entonces coordinador general de auditoría, Alfonso Bonilla, le recuerda a la autónoma que “se debe de apegar a las disposiciones legales aplicables”, entre ellas la LACAP.

Al respecto, el acta de Junta Directiva de CEL 3527, consultada por El Diario de Hoy, cita esta correspondencia de la Corte  y reconoce que es procedente efectuar la liquidación del contrato “a efecto de determinar el derecho económico que corresponde al contratista, con base al artículo 95 de la LACAP”.

EDH20150924EN_003P“Utilizar la figura de mutuo acuerdo en el proceso de búsqueda de soluciones a la problemática existente está en concordancia con el principio de legalidad (…) por ello se considera correcta la actuación de la Junta Directiva de CEL”, sintetiza el documento de la paraestatal.

Además, cabe destacar que el acta, con fecha del 5 de julio de 2012 (seis días antes de que se firmara el Acuerdo de Arreglo Directo) la directiva de CEL delegó a Samour los trámites del procedimiento, la negociación de los puntos controvertidos y la toma de acuerdos, según lo dispuesto en el punto V de la sesión 3520 de fecha 1 de junio de 2012 y en el punto I de la sesión 3521 de fecha 5 de junio de 2012.

Previo a ello,  el acta número 3507 del 19 de marzo de 2012, enfatiza que una parte del proceso de negociación se realizó entre el 12 y el 16 de marzo de 2012 y recuerda que  se tenía que pagar por las obras construidas conforme a precios contractuales y resolver vía arbitraje internacional los costos “incrementales o adicionales” que Astaldi reclamaba y CEL no reconocía. Esta fue al final la solución que se planteó pero que no se cumplió por parte de la autónoma al redactar el arreglo directo y negociar cuatro cuotas para pagar a Astaldi.

De este modo es importante enfatizar que el acta número 3520 con fecha 1 de junio de 2012 deja claro que según la supervisión de la obra (tanto la realizada por los técnicos de CEL como por el asocio Euroestudios-Ingetec), el valor de la obra era del orden de $85 millones, lo cual confirma que nunca se  definió, en los acuerdos de junta directiva, un sobreprecio o pago adicional en las negociaciones previas a la firma del Acuerdo.

En este punto tanto Samour como el ex presidente Mauricio Funes defendieron que en los $108.5 millones se incluyera un pago adicional de $28.7 millones como parte de un “costo-beneficio” para evitar un arbitraje internacional.

“Si nos íbamos a un arbitraje ante un tribunal extranjero el costo para el país iba a ser mayor, encontramos la mejor solución para el proyecto y evitamos demandas contra el Estado”, justificó en su momento Funes.

Por su parte, el abogado Francisco Bertrand Galindo considera que el excedente cancelado no debía que incluirse en el arreglo directo y que eso formaba parte de otro procedimiento legal porque no estaba contemplado en la LACAP.

Además recordó que la CCR no es una institución que tenga como facultad brindar opiniones sobre decisiones que deben de tomar los funcionarios públicos.

“Hubo una extra limitación en conceder el pago por evitar el litigio internacional. Eso debió definirse por vía judicial, ya que es algo que no corresponde a la figura jurídica que se empleó para dar por terminado el contrato. No hay base legal para pagar dinero adicional en la ley”, dijo el jurista.

Incluso Bertrand opina que en un escenario de conflicto ante un tribunal fuera del país, el Estado y CEL “podía ganar”, sobre todo porque Astaldi conocía los problemas en el margen derecho de la montaña y realizó un mal manejo del dique donde se asentaría la presa del megaproyecto, según el estudio de supervisión de Euroestudios-Ingetec en 2010.

Asimismo los italianos firmaron un contrato “llave en mano”, el cual obliga al contratista a responder sin cambios en condiciones, plazos ni montos.

Funes informó en octubre de 2013 que se le pagó en total $108.5 millones a la constructora Astaldi con el argumento de que se cerraba el contrato “Llave en mano” con un 38 % de avance de la obra.

Sin embargo, en el Informe Físico Financiero del Programa Anual de Inversiones, presentado a la Junta Directiva de CEL en septiembre de 2012, definió -con técnicos y supervisores de la autónoma- que sólo se construyó el 29.29 % de la presa El Chaparral, algo que también esta detallado en un informe de la Dirección de Auditoría Cuatro de la Corte de Cuentas de diciembre de 2014 y que no es abordado con profundidad en el informe final de junio pasado con el que el caso pasó a la etapa de Juicio de Cuentas.

Las actas incluso reflejan que en la negociación entre ambas partes se hizo una sobreestimación aproximada de un 8.71%, ya que según el Arreglo Directo y el comunicado conjunto entre CEL y la constructora italiana, el valor a julio de 2012 de la central hidroeléctrica inconclusa era de un 38 %, lo que permitió sustentar el pago de $28.7 millones como cifra definitiva de sobreprecio.

Este periódico ha buscado la posición del apoderado legal y presidente de Astaldi en El Salvador, Mario Pieragostini, pero, a través de su secretaria, se notificó en la última solicitud de entrevista que el proyecto de El Chaparral está concluido para la empresa por haber finalizado la relación contractual que le dio origen.

Las actuales autoridades de CEL han confirmado que el proyecto costará $71 millones más debido a cambios en el diseño, sobre todo en la construcción del dique de la presa en la margen derecha de la montaña, el cual se moverá 570 metros aguas arriba del Río Torola, lugar donde se construirá la central en el oriente del país.

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Sánchez Trejo: “Consultas no son vinculantes”

El ex presidente de la Corte le dijo al periódico El Faro que CEL no se podía refugiar en su resolución para pagar a Astaldi.

El informe se publicó en la transición de Sánchez Trejo (izq.) con Rosalío Tochez, ambos ex presidentes de la Corte de Cuentas.

El informe se publicó en la transición de Sánchez Trejo (izq.) con Rosalío Tochez, ambos ex presidentes de la Corte de Cuentas.

24 sept. 2015 / EDH

Si bien la Corte de Cuentas de la República (CCR) emitió un último informe que descarta posibles irregularidades de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en el pago de $108.5 millones a Astaldi, la misma contraloría estatal aclaró en su momento que sus opiniones vertidas no tienen fuerza legal y que estás “pueden o no ser acatadas por los funcionarios”.

El periódico electrónico El Faro publicó en agosto de 2012 que el entonces presidente de la CCR, Gregorio Sánchez Trejo, aclaró que si bien el artículo 114 de la Ley de la Corte de Cuentas faculta a las instituciones a plantear consultas sobre la LACAP, “estas consultas no son vinculantes, el administrador puede acatarlas o no acatadas.

“No se pueden refugiar en nuestra resolución para hacerlo ni tampoco tiene problemas si no lo hace. La Corte puede dar una opinión favorable en este momento y al auditar posteriormente puede llegar a determinar hallazgos de carácter administrativo o patrimonial”, dijo Sánchez Trejo a El Faro.

Precisamente, el segundo de los informes que favorecen el cuestionado Arreglo Directo fue emitido en julio de 2013 a solicitud del ex presidente de CEL, Leopoldo Samour, luego de firmar el acuerdo con Astaldi.

El documento se publicó en la transición entre la presidencia de Sánchez Trejo y Rosalío Tóchez. Este fue solicitado por el ex presidente de la CEL, Leopoldo Samour, luego de que firmara el documento con Astaldi.

El informe dice que  fueron procedentes los argumentos que expuso la CEL para llegar a la negociación del arreglo directo ya que de lo contrario un arbitraje hubiera retrasado la disponibilidad del sitio de la obra, se hubiera deteriorado la inversión  y la autónoma hubiera cancelado entre $20 y $24 millones como perdidas ante un juicio internacional.

Pero Sánchez Trejo fue claro en su momento cuando dijo que  la Corte no avala pagos y que los titulares de las instituciones deben de apegarse a la legalidad.

“ No damos opiniones abiertas, decimos que siempre se deben de tomar medidas precautorias para que la ejecución del proyecto sea válida”, puntualizó el hoy ex funcionario a El Faro.

Al respecto el abogado Francisco Bertrand Galindo criticó que la CCR, en su informe, nunca señala  la legalidad o no del acuerdo sino que se reduce a estudiar el método con el que se pagó los $108.5 millones.

“Eso se hizo bajo otros criterios y queda claro que se utilizó a la Corte ante cualquier posible investigación”, acotó Bertrand.