pandillas

El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en Centroamérica. Un reporte del International Crisis Group

El “International Crisis Group”es una organización independiente que trabaja para prevenir guerras y desarrollar políticas que construyen un mundo más pacífico. La función del “Internacional Crisis Group” es ofrecer análisis y recomendaciones sobre conflictos.

Su Board of Trustees es compuesto por ex presidentes, ex ministros, expertos de seguridad naconal, ex funcionarios de organismos internacionales, académicos y empresarios de 33 paises.

Publicamos su reporte completo titulado “Mafia of the Poor: Gang Violence and Extortion in Central America” en su  versión en español.

Segunda Vuelta

6 abril 2017 / THE INTERNATIONAL CRISIS GROUP

Resumen ejecutivo

Nacidas tras la guerra civil e impulsadas por las deportaciones masivas desde EE.UU., las maras centroamericanas son responsables de actos de violencia brutal, abusos crónicos de mujeres y, más recientemente, el desplazamiento forzado de niños y familias. Con un número estimado de 54.000 personas en los tres países del Triángulo Norte –El Salvador, Guatemala y Honduras– sus miembros, jóvenes tatuados según el estereotipo popular, son una de las principales fuentes de ansiedad pública en la región. Si bien no son los únicos grupos que se dedican a la violencia criminal, las maras han contribuido a elevar las tasas de homicidio en Centroamérica hasta niveles sin igual en el mundo: cuando las pandillas declararon una tregua en El Salvador, el número de homicidios se redujo a la mitad de la noche a la mañana. Pero lo que constituye el sustento criminal de las maras, y su negocio ilegal más extendido, es la extorsión. Mediante el acoso a los negocios locales a cambio de protección, estos grupos reafirman su control sobre los enclaves urbanos más pobres pagando sueldos miserables a sus miembros. Disminuir el impacto de estas extorsiones, reemplazándolas con empleos legales y restaurando la libertad de movimiento en las zonas urbanas del Triángulo Norte reduciría enormemente los daños causados por las actividades de las pandillas.

Trazar esta ruta, no obstante, requiere un marcado cambio en las actuales políticas. Desde que la inseguridad relacionada con las maras se hizo visible a principios de la década del 2000, los gobiernos de la región han respondido con medidas punitivas que reproducen los populares estigmas y prejuicios del conflicto armado interno. En programas como Mano Dura en El Salvador, el Plan Escoba en Guatemala o Tolerancia Cero en Honduras, el encarcelamiento masivo, el endurecimiento de las condiciones en los penales, y el recurrir a ejecuciones extrajudiciales proporcionaron una variada gama de castigos. Los efectos cumulativos, no obstante, distan mucho de las expectativas. Las diversas formas de represión no han tenido en cuenta las profundas raíces sociales de las maras, que brindan identidad y estatus a jóvenes que se sienten fuera de lugar en sus propias sociedades y que “nacen muertos”. Las respuestas tampoco han logrado reconocer los efectos contraproducentes de las medidas de seguridad que han entregado a las maras cárceles en las cuales organizarse y han confirmado su identidad como parias sociales.

Esta sucesión de medidas punitivas sin éxito ahora está siendo sometida a un escrutinio más riguroso en todo el Triángulo Norte. Los tres países están experimentando con nuevas formas de colaboración regional en materia de seguridad. Guatemala ha introducido medidas innovadoras para combatir las redes de extorsión, muchas de las cuales se manejan desde las prisiones, y ha propuesto una gama de alternativas diferentes a las penas de cárcel. A pesar de que el colapso de la tregua con las maras en 2014 generó niveles de violencia sin precedentes en El Salvador, las tasas de homicidio parecen haber descendido de nuevo, mientras tanto algunos elementos de las maras han propuesto nuevas negociaciones con miras a su futura disolución – una oferta rechazada por el gobierno. Con las posibles nuevas deportaciones masivas desde EE.UU a estos países, se corre el riesgo de provocar un constante recrudecimiento de la violencia de las maras. Sin embargo, el afán de EE.UU. de reducir el flujo de migrantes desde Centroamérica ha generado un volumen considerable de nuevos fondos para el desarrollo en la región a través del Plan Alianza para la Paz y la Prosperidad.

En el núcleo de un nuevo enfoque debería estar el reconocimiento de las raíces sociales y económicas de la cultura de las maras, imposibles de erradicar en el corto plazo, junto con un esfuerzo concertado del Estado para minimizar la violencia de las actividades ilegales de las pandillas. Investigaciones penales más focalizadas y sofisticada deberían apuntar a las pandillas responsables de los delitos más atroces, sobre todo el homicidio, la violación y el desplazamiento forzado. Las tramas de extorsión que dependen del control coercitivo sobre las comunidades y negocios, y que han provocado el asesinato de cientos de trabajadores del transporte y el éxodo de miles de personas en la última década, podrían verse transformadas progresivamente mediante un enfoque caso por caso. Las negociaciones y transacciones ad hoc con las maras responsables de la extorsión no son raras en el Triángulo Norte, y han arrojado luz sobre cómo se podría orientar a estos grupos hacia actividades económicas formales. Una inversión económica focalizada y sustancial en las comunidades empobrecidas con una presencia significativa de las pandillas podría reducir los incentivos para el chantaje.

A pesar de la desconfianza que dejó la tregua, así como la clasificación de las maras como grupos terroristas en El Salvador y Honduras, podrían establecerse nuevas formas de comunicación con las ellas, potencialmente fomentadas por líderes religiosos, que apunten a construir la confianza entre ambos lados. El apoyo del gobierno y los donantes hacia las comunidades pobres y hacia la mejora de las condiciones en las prisiones podría provocar, idealmente, una reducción significativa de la violencia por parte de las maras. Un enorme paso de las pandillas, sobre todo en El Salvador, sería garantizar el libre movimiento de todos los ciudadanos a lo largo de territorios controlados por estas, así como la restauración del veto sobre la violencia y el reclutamiento en las escuelas.

Capturar a todos los mareros, o invitar a las maras a una negociación abierta, representan un par de extremos que han demostrado ser infructuosos en el Triángulo Norte. Estos grupos están arraigados en la sociedad, y a la vez son sus depredadores, víctimas y perpetradores. Las políticas para lidiar con las maras deben reconocer su capacidad de adaptación social y encontrar formas de reducir los daños que sin duda causan, teniendo cuidado de no tacharlas como enemigas del pueblo.

 

Recomendaciones

Para reducir los daños causados por la violencia de las pandillas, restaurar el Estado de derecho y abordar las bases socioeconómicas del reclutamiento de las maras y la extorsión

A los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras:

  1. Reconocer que el Triángulo Norte se enfrenta a una grave crisis de seguridad y desplazamiento forzado, y solicitar apoyo internacional para abordar las consecuencias humanitarias colaborando con organizaciones locales para ofrecer albergue temporal y ayuda a las personas desplazadas por la violencia.
  2. Participar de forma transparente en medidas de fomento de la confianza con las maras, sin necesariamente entablar un diálogo directo; y estar dispuestos a apoyar la mejora de las condiciones carcelarias a cambio de señales de paz por parte de las pandillas.
  3. Fomentar un enfoque responsable hacia la inversión integral y el apoyo empresarial en áreas y comunidades que muestren indicios de pacificación pero sigan afectadas por los negocios criminales dirigidos por las maras, en especial la extorsión.
  4. En Honduras, revocar la clasificación de las maras como grupos terroristas; y respetar el Estado de derecho fomentando los esfuerzos por mejorar la rendición de cuentas a través de la Fiscalía General y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
  5. En El Salvador, exonerar a todos los facilitadores de la tregua de las maras acusados de asociación ilegal como una medida de fomento de la confianza; revertir la decisión de renovar las “medidas extraordinarias” contra las maras; y aprobar la estancada ley de rehabilitación.
  6. Priorizar la colaboración trinacional entre las fiscalías a fin de identificar los enfoques de reducción de daños más eficaces contra la delincuencia de las pandillas; y abordar de inmediato como prioridad ciertos delitos de las maras, sobre todo el asesinato, la violación y el desplazamiento forzado.

Al gobierno de EE.UU.:

  1. Seguir brindando apoyo financiero a los gobiernos centroamericanos para que desarrollen iniciativas de prevención de la violencia y desarrollo comunitario bajo los auspicios de la Alianza para la Prosperidad, pero con mayor énfasis en los programas de desarrollo a largo plazo en los que participen las organizaciones de base.
  2. Abstenerse de instigar deportaciones masivas o medidas más duras contra la inmigración procedente de los países del Triángulo Norte sin previas garantías de inversión en las comunidades de los repatriados, atención adecuada a las necesidades laborales y profesionales de los repatriados, y una estrecha supervisión de las repercusiones en materia de seguridad; y respetar los derechos humanos de los migrantes y deportados.
  3. Abandonar la designación de la pandilla MS-13 como una organización significativa del crimen organizado transnacional.

A la ONU:

  1. Prorrogar el mandato del enviado especial de la ONU en El Salvador por otros seis meses y diseñar objetivos a largo plazo en las áreas de educación y economía; crear un grupo de trabajo sobre la consolidación de la paz e invitar a todas las partes, incluidas las iglesias locales, a explorar la posibilidad de un diálogo inclusivo.

A la Mara Salvatrucha y el Barrio 18:

  1. Iniciar esfuerzos de pacificación y estimular el futuro diálogo declarando la libertad de movimiento a través de territorios manejados por las pandillas; asegurar que las escuelas y los hospitales sean zonas libres de violencia; y renunciar a la violencia como medio de intimidación pública masiva.

Ciudad de Guatemala /Bogotá/Bruselas, 6 de abril de 2017

Recomendamos leer el documento completo en el sitio de
“International Crisis Group”, en el cual son dispoibles
numerosos piés de página con identificación de fuentes,
que aquí no los podemos reproducir.

I. Introducción

Las pandillas callejeras, o maras, como se conocen en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras, han mutado de grupos juveniles que defendían su territorio en los barrios durante la década de los ochentas, a estructuras jerárquicas altamente organizadas que coaccionan, amenazan y asesinan para generar insignificantes salarios para sus miembros en pleno siglo XXI.

Las maras no son las típicas organizaciones delictivas con fines de lucro, sino el producto de la deportación masiva, tensiones sociales, la desintegración familiar y la debilidad institucional en países que no logran distribuir entre sus ciudadanos adecuadamente la riqueza que producen.

Las maras son a la vez víctimas de la extrema desigualdad
social y perpetrado-res de brutales actos de violencia.

Las maras son a la vez víctimas de la extrema desigualdad social y perpetradores de brutales actos de violencia. Muchos de los asesinatos cometidos en El Salvador y Honduras, países que sufren algunas de las tasas de homicidios más elevadas del mundo, pueden ser atribuidos a enfrentamientos con la policía, rivalidades, ajustes de cuentas o intimidación por parte de las dos principales organizaciones de maras: la Mara Salvatrucha (MS-13); y Barrio 18 (B-18).
Los vínculos transfronterizos entre las maras en los tres países del Triángulo Norte, así como los supuestos vínculos entre éstas y organizaciones traficantes de drogas, armas y personas que operan en la región, han generado el temor de que estos grupos representen una amenaza para la seguridad internacional. Pero el delito emblemático de las maras es inherentemente microterritorial. Tanto la principal fuente de ingresos de éstas como el delito con que reafirman su control sobre enclaves territoriales en las afueras de las zonas urbanas es la protección extorsiva con amenazas de muerte.

La extorsión sustenta a miles de miembros de las maras, a la vez que perpetúa la peor violencia ejercida por éstas, como el asesinato de los trabajadores del transporte, el control criminal ejercido sobre los sistemas carcelarios y el desplazamiento forzado de familias de sus hogares.  Tan extrema es la extorsión en Honduras que la Cámara de Comercio ya no publica una lista de sus miembros. En Guatemala, se estima que el 80 por ciento de las extorsiones se manejan desde las prisiones. Las extorsiones que dirigen las maras han sido descritas como un “sistema de terror que somete a los habitantes de las comunidades a ver, escuchar, y permanecer en silencio”.

Las políticas represivas y militarizadas contra las maras han demostrado ser no solo ineficaces, sino también contraproducentes. Los esfuerzos por negociar una tregua con éstas también se han desmoronado, lo que ha resultado en un pico de homicidios en El Salvador tras el fracaso de las negociaciones. No obstante, por toda la región se pueden encontrar ejemplos de nuevos enfoques económicos, policiales, judiciales y de mediación hacia el fenómeno de las maras. En un momento en el cual la posibilidad de deportaciones masivas desde EE.UU. entraña el riesgo de agravar la anomia social y la actividad criminal en el Triángulo Norte, establecer formas de atenuar la extrema violencia y minimizar los daños provocados por la actividad de las maras, y a la vez reconocer que éstas dan sentido, identidad y sustento a miles de jóvenes centroamericanos pobres, es esencial.

Este informe está basado en docenas de entrevistas con funcionarios y expertos en El Salvador, Guatemala y Honduras, incluidos agentes de seguridad, fiscales, donantes, académicos, activistas y miembros de la comunidad en barrios marginales de San Salvador, Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa y San Pedro Sula.

II. Las violentas secuelas del conflicto

Una rápida urbanización, un desarrollo democrático fallido, un mercado transnacional de drogas y la represión a manos del Estado son algunas de las causas no resueltas de la extrema violencia que azota actualmente al Triángulo Norte, y cuyas raíces se remontan a las largas y destructivas guerras civiles de la segunda mitad del siglo XX

.

A. Contexto histórico

Con disparidades en la distribución de la tierra, los controvertidos resultados de las elecciones de 1972 en El Salvador alimentaron los movimientos revolucionarios. Bajo una junta cívico-militar, escuadrones de la muerte de extrema derecha respaldados por el ejército asesinaron a decenas de miles de personas. Para fines de 1980 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se había consolidado como una fuerza guerrillera que luchaba en una guerra civil que dejó más de 75.000 muertos.

En 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz, pero no antes de que cientos de miles huyeran a países vecinos y a EE.UU. Los daños a la infraestructura nacional se estimaron en $1,5 a $2 mil millones, cerca del 30 por ciento del PIB de 1990. Los ingresos reales per cápita se redujeron en un 25 por ciento durante los años ochenta, el 56 por ciento cayó por debajo de la línea de la pobreza y la inflación anual alcanzó el 25 por ciento para fines de la década.

En Guatemala, los rebeldes se levantaron en armas contra los regímenes militares que siguieron al golpe respaldado por EE.UU. contra el presidente democráticamente electo Jacobo Árbenz en 1954. A finales de los setentas y principios de los ochentas, las políticas de tierra quemada produjeron niveles genocidas de violencia en áreas rurales predominantemente indígenas, mientras la represión asolaba a la sociedad civil urbana. Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz en 1996, el conflicto había dejado 200.000 muertos y había desplazado a más de 40.000 más allá de las fronteras del país, principalmente a México, acompañado de un creciente flujo de migrantes económicos hacia EE.UU..

En Honduras, tras el golpe militar contra el presidente democráticamente electo Ramón Villeda en 1963, los regímenes militares persistieron hasta que se aprobó una nueva constitución en 1982. El país sirvió como base para el apoyo de EE.UU. a los contras que lucharon para derrotar el régimen sandinista en Nicaragua en los ochentas, mientras el gobierno reprimía internamente a los activistas de izquierda. A principios de los noventas, las políticas de ajuste económico llevaron a un aumento de la pobreza, impulsando los flujos migratorios hacia el norte.

Las secuelas socioeconómicas del conflicto han sido crudas. En Latinoamérica, Haití es el único país que ha obtenido sistemáticamente peores resultados que el TNCA en el Índice de Desarrollo Humano.

En 2014, el 11,3 por ciento de la población en El Salvador, el 24,1 en Guatemala, y el 31,2 en Honduras cayeron por debajo de la línea de la pobreza conforme a las mediciones del Banco Mundial. La prevalencia de la desnutrición en 2015 fue del 12 por ciento en El Salvador, el 16 por ciento en Guatemala, y el 12 por ciento en Honduras.

En El Salvador, se implementaron parcialmente componentes críticos del acuerdo de paz. A medida que la ayuda extranjera comenzó a mermar, los gobiernos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) priorizaron la estabilidad macroeconómica mediante la disciplina fiscal, sobre el desarrollo social y el alivio de la pobreza. La estrategia de transformar a los excombatientes en agricultores resultó difícil.

Muchos se dirigieron a las ciudades a pesar de no contar con ninguna fuente de ingresos estables una vez allí.

El constante flujo de la población rural hacia las periferias urbanas junto con importantes reveses en procesos de reforma policial y judicial, también menoscabaron la transición de Guatemala. La violencia urbana de las maras, el crimen organizado, la corrupción del Estado y las debilidades institucionales llevaron a la duplicación de las tasas de homicidio a partir de 1999. El país parecía “un buen lugar para cometer un asesinato, porque es casi seguro que saldrías impune”.

La transición democrática de Honduras, que comenzó en los ochentas, se vio igualmente afectada por graves falencias en las nuevas fuerzas de seguridad, y fue finalmente interrumpida por un golpe militar contra el presidente Manuel Zelaya en 2009. Posteriormente, la influencia militar sobre el aparato de seguridad se fortaleció, y los controles democráticos se debilitaron. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los grupos criminales arraigados en el territorio adquirieron importancia en Honduras a partir del golpe, y hay pruebas de un aumento en la participación de las maras en el narcotráfico.

El TNCA actualmente incluye algunas de las sociedades más violentas del mundo. Las tasas de muertes violentas en El Salvador últimamente han superado a todos los países afectados por el conflicto armado excepto Siria, con una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 y 81 en 2016.

La tasa de Guatemala ha descendido de 46 en 2009 a 27 en 2016, aproximándose al promedio latinoamericano de 23, aunque existen importantes discrepancias regionales. La tasa de 59 en Honduras en 2016 representa una mejora sobre el pico de 86 en 2012 . Mientras tanto, las dificultades económicas y parálisis social han hecho que amplios sectores de las sociedades del TNCA dependan de las remesas de los migrantes, las cuales conformaron el 17 por ciento del PIB en El Salvador en 2015, el 10,3 en Guatemala y el 18,6 en Honduras.

B. Deportación masiva y formación de las maras

Los conflictos armados y el debacle socio-económico de los años setentas y ochentas desplazaron por la fuerza a cientos de miles, en su mayoría campesinos o habitantes pobres de zonas urbanas con escasa educación. EE.UU. era un destino codiciado, pero el gobierno de Reagan aprobaba menos del 3 por ciento de las solicitudes de asilo de salvadoreños y guatemaltecos. La población inmigrante centroamericana en EE.UU. aumentó de 354.000 en 1980 a 1,1 millones en 1990, y se estima que alcanzó los 2 millones para el 2000.

La mayoría de ellos dependían de empleos de bajos ingresos, y el 21 por ciento vivían por debajo de la línea de la pobreza.

Muchos niños y adolescentes llegaron a barrios marginados en zonas urbanas, principalmente en Los Ángeles, donde las pandillas callejeras operaban al amparo de organizaciones criminales manejadas desde las cárceles. Estos jóvenes, principalmente salvadoreños, se unieron para protegerse entre ellos. Algunos se incorporaron a las pocas pandillas de chicanos que permitían la integración de latinoamericanos, como la antigua banda Barrio 18 (B-18).

Otros crearon la Mara Salvatrucha, que posteriormente pasó a llamarse MS-13.

Varios de los primeros miembros de éstas habían presenciado, sufrido o participado en actos brutales en sus países de origen. Rápidamente adoptaron los rasgos subculturales empleados por las maras para identificar a sus miembros, incluidos los tatuajes, la ropa, el lenguaje, las señales de manos y los gustos musicales, y participaron en guerras territoriales, narcomenudeo y otras actividades delictivas que requerían el uso de violencia, en ocasiones homicida. No están claros los motivos por los cuales la B-18 y la MS-13 finalmente se distanciaron.

Tras los disturbios de 1992 en Los Ángeles, al menos 1.000 salvadoreños fueron deportados.

La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996 cambió la legislación en EE.UU., convirtiendo ciertas infracciones menores como el hurto en tiendas y sobrepasar ilegalmente los plazos de estadía en el país en causas de deportación. Se establecieron Fuerzas de Tareas Interinstitucionales contra las Bandas Violentas, que incluyeron al FBI y al Servicio de Inmigración y Naturalización; desde 1993 a 1999, 60.450 nacionales del TNCA fueron expulsados de EE.UU., de los cuales el 32,9 por ciento fueron clasificados como “criminales”. Si bien los salvadoreños representaron el 35,7 por ciento del total de los expulsados, conformaron el 47,5 por ciento de los “criminales” deportados.

Una vez de regreso en sus países de origen, los jóvenes mareros fueron estigmatizados tanto por las comunidades que los albergaban como por las autoridades. Frente al escaso acceso a la educación, servicios sociales limitados y un mercado laboral esclerótico, pronto se agruparon y se expandieron.

Al momento de la llegada de los deportados de California, un miembro de una pandilla local dijo que la MS-13 “…son nuestros enemigos porque quieren dominar, quieren darnos órdenes, tomar nuestro barrio y brincarnos en contra de nuestra voluntad” . Las maras que surgieron estaban mejor organizadas, participaban en delitos más violentos, usaban armas más pesadas y resultaban más atractivas que los muchos grupos callejeros más pequeños que ya existían. Estos últimos en su mayoría fueron reintegrados o bien a la B-18 o a la MS-13.

C. Mano dura: encarcelamiento, represión y crecimiento de las maras

Durante la primera década del siglo XXI, las maras establecieron el control sobre las áreas marginales en las grandes ciudades a lo largo del TNCA, pero también en barrios de clase media y áreas rurales en El Salvador. Los operadores de transporte público, los dueños de comercios, y las empresas de distribución comenzaron a ser obligados a pagar por el derecho a operar allí. Actos de extrema violencia propagaron el miedo a las maras. Diecisiete personas fueron asesinadas y quince resultaron heridas en Mejicanos, El Salvador, el 20 de junio de 2010, cuando se prendió fuego a un minibús; los pasajeros que intentaron escapar recibieron disparos.

Ese mismo año, miembros de la MS-13 en Guatemala secuestraron y decapitaron a cuatro víctimas aleatorias y dejaron sus cabezas en la calle (una de ellas frente al Congreso Nacional) con la intención de coaccionar a las autoridades para que derogaran ciertas medidas contra miembros del grupo que se encontraban encarcelados.

Tras décadas de conflicto armado y del percibido estereotipo de enemigos internos, los gobiernos y las autoridades de seguridad, así como los medios y el público, no estaban dispuestos a considerar estos actos de violencia, al menos en parte, como los efectos de la desintegración social y el empobrecimiento.

Por el contrario, veían a las maras solo como una cuestión de seguridad que requería respuestas aún más draconianas.

Los tres estados del TNCA implementaron enfoques represivos basados en el encarcelamiento masivo y las redadas en barrios pobres. Los sospechosos eran identificados con base en pruebas tan endebles como los tatuajes.

Las políticas implementadas en El Salvador en 2003 y 2004 se definieron como políticas de mano dura. Honduras implementó enfoques similares bajo el programa Cero Tolerancia, y Guatemala bajo el Plan Escoba, que no fue legalmente formalizado.

Parte del público y la mayoría de los medios celebraron las políticas de mano dura, mientras que las organizaciones de derechos humanos en general protestaron contra la represión . Pero las medidas fueron incapaces de mantener una reducción de la violencia a largo plazo, ya que la mayoría de los sospechosos eran liberados por falta de pruebas, o eran arrestados brevemente una y otra vez . Aún más importante, estas medidas transformaron a las maras en organizaciones criminales más sofisticadas . Los mareros fueron enviados a prisiones reservadas para cada pandilla, donde pudieron fortalecer su sistema de liderazgo, organizar operaciones criminales y reclutar nuevos miembros . Las tramas de extorsión comenzaron a operar desde las cárceles, que se convirtieron en “incubadoras” del delito . Las cárceles salvadoreñas están entre las más sobrepobladas del mundo, con una ocupación del 310,4 por ciento de su capacidad en 2016, y 567 de cada 100.000 salvadoreños están encarcelados.

La política en la región ha girado cada vez más en torno a propuestas para endurecer las respuestas al delito, también conocidas como “populismo penal”. Antonio Saca en El Salvador (2004) y Otto Pérez Molina en Guatemala (2011), por ejemplo, fueron elegidos presidentes tras prometer mano dura contra las maras y el delito. El atractivo de la abolición de las maras se ha mantenido, especialmente en El Salvador, pero el éxito en materia de reducción de la violencia y rehabilitación de los delincuentes aún está por verse.

D. Tregua en El Salvador 2012-2014

En marzo de 2012, el periódico digital El Faro anunció el comienzo de una tregua entre los dos principales grupos de El Salvador, la MS-13 y la B-18 (incluidas sus dos facciones, los Revolucionarios y los Sureños), y sus negociaciones con el gobierno. Los líderes habían acordado abstenerse de asesinar a miembros de otros grupos a cambio de una mejora en las condiciones carcelarias. Treinta líderes detenidos en la cárcel de alta seguridad en Zacatecoluca (conocida como “Zacatraz”) fueron transferidos a instalaciones menos restrictivas. En una semana, la violencia homicida se redujo de catorce a seis asesinatos al día. Posteriormente, varios grupos más pequeños se sumaron al proceso, que se mantuvo en pie durante varios meses. Abril de 2013 fue el mes menos violento en más de una década, con menos de cinco homicidios al día.

La tregua fue facilitada por el capellán militar Fabio Colindres y el ex diputado y comandante de la guerrilla Raúl Mijango. Pero a menudo se cita a David Munguía Payés, un estratega militar que había negociado con las guerrillas durante la guerra civil y posteriormente fue ministro de seguridad, como el funcionario que decidió emprender el diálogo después de que los enjuiciamientos y las duras medidas de seguridad demostraran ser ineficaces. El expresidente Mauricio Funes, jefe del primer gobierno del FMLN, aún niega la participación formal del gobierno en el proceso . Una vez se hizo pública, pidió algo de flexibilidad para que los facilitadores pudieran seguir trabajando, una decisión muy controvertida dada la prohibición de colaborar con las maras establecida en una ley de 2010.

Durante la tregua, las maras elaboraron 30 comunicados. El primero afirmaba que no buscaban ser sobreseídas de los cargos en su contra, pedían ser tratadas con humanidad, y solicitaban apoyo para reintegrarse a la vida civil mediante empleos y oportunidades de estudios. Los miembros encarcelados posteriormente llamaron a reducir los ataques contra civiles, declararon las escuelas “zonas de paz”, prohibieron el reclutamiento forzoso, pidieron que se entregaran las armas a las autoridades, y solicitaron que se les permitiera contribuir a un nuevo programa de “municipios libres de violencia”. Las autoridades estatales siguieron liberando a presos de Zacatraz, expulsaron a los militares de las cárceles, y redujeron las redadas en barrios controlados por las maras. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza se reunió con líderes de las maras en la cárcel de Mariona en julio de 2012, ofreció a la OEA como garante del proceso y defendió la afirmación del gobierno de que la tregua era un pacto entre grupos facilitado por líderes religiosos.

Sin embargo, el hecho de que el gobierno no reconociera su participación y el secretismo del proceso fueron dos de los principales motivos del colapso final de la tregua. Infiltrados por adversarios de la tregua, los medios publicaban regularmente informes, a menudo infundados, sobre el aumento de las desapariciones y las muertes de personas “honestas”.

Frente a las inminentes elecciones de 2014 y la pérdida de apoyo público por la tregua, la reanudación del populismo penal parecía cada vez más una estrategia preferible para atraer votos. El acérrimo opositor a la tregua Ricardo Perdomo reemplazó a Payés como ministro de Seguridad, implementó cambios en el aparato de seguridad, y buscó remover de sus cargos a Colindres y Mijango. Los miembros de las maras ya en libertad, que se enfrentaban a una reactivación de las medidas de mano dura sin beneficiarse de los privilegios con los que contaban sus colegas encarcelados, comenzaron a violar los acuerdos. Las tasas de homicidio comenzaron a escalar hasta niveles anteriores a la tregua, alcanzando un máximo sin precedentes en 2015. El mediador Mijango protestó en 2014 que “[el gobierno salvadoreño] ha sido incoherente, y poco valiente… ha querido explotar los beneficios del proceso pero no quiere pagar los costos de asumir el apoyo a un proceso que es rechazado por un sector de la sociedad.

Las maras salvadoreñas fueron capaces de imponer la tregua gracias a su liderazgo vertical, la eficacia de su sistema de castigos, y su consenso interno en torno a diversas demandas. “No estaban pidiendo nada insensato. En algunos lugares no hay agua, o estaban pidiendo que se respetaran sus derechos humanos fundamentales, no verse afectados por infecciones de hongos, o que a un hombre que está defecando por un tubo se lo lleve al hospital. Pedían programas de desarrollo para las comunidades, y la reducción de los abusos policiales”.

Las secuelas de la tregua han sido desalentadoras. El fiscal general Douglas Meléndez se convirtió en el principal instigador de la reacción contra los exnegociadores. Mijango fue detenido durante casi un mes, y otras diecisiete personas acusadas de delitos como asociación ilícita y tráfico de objetos prohibidos dentro de las cárceles. Un sacerdote español fue condenado a dos años y medio de cárcel, y puesto en libertad condicional, acusado de ingresar elementos ilegales a la prisión. En 2015, el gobierno comenzó a redistribuir a los miembros de pandillas por todo el sistema penal, y dejó de respetar la designación de cárceles especiales para cada organización. El video de una masacre particularmente impactante supuestamente perpetrada por miembros de los Revolucionarios de la B-18 en marzo de 2016 impulsó a la Asamblea Nacional a apoyar el conjunto de “medidas extraordinarias” del presidente Salvador Sánchez . Estas incluían “el aislamiento inhumano, casi medieval, de miembros de pandillas encarcelados en siete prisiones”, mediante la denegación absoluta de cualquier momento fuera de las celdas, el aumento de las restricciones a las visitas y la intensificación de los esfuerzos por cortar las comunicaciones mediante teléfonos celulares desde y hacia las cárceles, y llevaron a la destitución de guardias penitenciarios, entre otras medidas.

No obstante, la tregua ha dejado un legado significativo. Este intento frustrado de lograr la paz ha tenido la consecuencia imprevista de establecer a las maras como actores políticos con capacidad para negociar y hacer cumplir acuerdos. En particular, líderes de las maras fueron buscados subrepticiamente por los dos partidos principales para apoyar las campañas de 2014, evidenciando cómo la clase política competía por los votos cautivos de las maras. “Ya aprendimos cómo se cobra al gobierno, y eso es en las elecciones”.

III. Pandillas y extorsión

La debilidad de los organismos de investigación, la confidencialidad penal, las escisiones en las maras y sus actividades rápidamente cambiantes hacen que sea difícil conocer el número exacto de miembros de estos grupos hoy en día. La estimación del Comando Sur de EE.UU. de 70.000 en Centroamérica sigue siendo citada, aunque se remonta una década atrás. Otros estudios más recientes y especializados afirman que hay 70.000 miembros tan solo en El Salvador, mientras que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ofrece estimaciones más modestas de 20.000 en El Salvador, 22.000 en Guatemala, y 12.000 en Honduras . Las redes familiares y comunitarias que brindan asistencia a las maras y dependen de los ingresos que éstas generan se estiman en cifras mucho más elevadas, alcanzando 400.000 en El Salvador.

Aunque sean imprecisas, estas cifras subrayan la magnitud del desafío que presentan las maras. Arraigadas en la sensación de exclusión y la necesidad de pertenencia de los jóvenes en periferias urbanas a lo largo del Triángulo Norte, las maras se han convertido en organizaciones criminales violentas y complejas. Sus dos facetas –como redes de apoyo social, y como aparatos de coerción y depredación– no son mutuamente excluyentes, y tanto el estatus de víctima como el de perpetrador son parte integral de la autopercepción de los principales grupos de la región, y hacen parte de su persistente atractivo.

El delito emblemático de las maras, mientras tanto, es en gran medida responsable de su crecimiento y longevidad. La extorsión es el motor económico que las impulsa, y representa la mayor porción de los ingresos de éstas, con un costo directo para las empresas estimado en $756 millones al año tan solo en El Salvador. Es una de las principales causas del desalojo forzado en las comunidades controladas por las maras debido a la amenaza que representa para los civiles indefensos, en especial las mujeres y los niños. Este delito colectivo garantiza un sueldo insignificante para miles de miembros, reafirmando a la vez la identidad grupal de los mareros y cubriendo sus necesidades de subsistencia. Poner freno a la extorsión y reducir los daños que causa representaría un gran paso para erradicar la amenaza a la seguridad que posan las maras centroamericanas, pero lograr esto requiere una comprensión más clara de los propósitos que sirven y las alternativas que podrían ocupar su lugar.

A. Identidad, territorio y organización

La transformación de las maras de redes de apoyo a los inmigrantes en las grandes ciudades estadounidenses a amenaza a la seguridad en Centroamérica se articuló en torno a las formas en las cuales éstas se adaptaron a sus nuevos hogares. La satisfacción emocional –obtener estatus, respeto y un fuerte sentido de identidad colectiva– siempre ha sido un elemento integral de los atractivos de la vida pandillera, y ha desempeñado un papel mucho más importante en el surgimiento y adaptabilidad de éstas que la acumulación ilícita de riqueza. Las maras en efecto proporcionan una muleta psicológica y una vida social, especialmente a jóvenes varones desencantados y provenientes de familias rotas. Las maras “generan la ilusión de pertenecer a una familia, ya que las suyas no funcionan, y de estar peleando por una causa importante”, dijo un antropólogo. “Cuando no tienes nada, cuando ya naciste muerto, es muy importante”.

Los delitos de las maras se llevan a cabo en grupos, y los miembros se pasan casi toda la vida en compañía de otros mareros. Los relatos sobre las pandillas en EE.UU., y los precursores de las maras MS-13 y B-18 en Centroamérica, indican que ninguna de ellas era notablemente violenta, y que en Honduras las pandillas de principios de los noventas se dedicaban principalmente al vandalismo, agresiones con armas blancas, y pintar grafitis con aerosol.

No obstante, una vez arraigadas en los países del Triángulo Norte, estos grupos se adaptaron a las condiciones de las comunidades urbanas marginales caracterizadas por servicios públicos casi inexistentes, oportunidades económicas limitadas, y una población recientemente desplazada por la guerra civil, la deportación y el empobrecimiento. La necesidad de subsistir fomentó las actividades ilícitas, mientras que la ausencia del Estado permitió a estos grupos ejercer su propio control sobre los territorios, a menudo después de un combate brutal con la mara rival para establecer un jefe territorial inobjetable . Esta tendencia fue especialmente pronunciada en El Salvador, donde la guerra civil de los ochentas había familiarizado a la población con las zonas controladas por la guerrilla.

La estrecha solidaridad de las maras emergentes y la consolidación del control sobre los territorios urbanos propiciaron la propagación del cobro por protección, lo que generó ingresos para todo el grupo, sirviendo para mantener el control territorial y delimitar las fronteras del grupo. Tras la detención masiva de miembros de las maras por todo el Triángulo Norte, el núcleo de estas redes de cobro por protección se trasladó a las cárceles, donde éstas en efecto establecieron nuevos enclaves territoriales, consecuencia del extremadamente débil control oficial sobre las prisiones. En Guatemala, los estimativos sugieren que alrededor del 80 por ciento de las extorsiones son coordinadas desde las cárceles, mientras que un funcionario de la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía General informa que el teléfono de un preso se usó 400 veces en un día para realizar llamadas de chantaje.

Asimismo, las duras sentencias dictadas a principios de la década del 2000 significaron que los viejos ranfleros, o líderes de primera y segunda generación, necesitaban más recursos para mantener a sus familias fuera de la cárcel y para mejorar sus propias condiciones de encierro, o para pagar a los abogados y sobornar a los guardias. En el penal Fraijines I, en las afueras de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, los ingresos de la extorsión se han empleado para modernizar los circuitos eléctricos del edificio y para comprar camas nuevas para miembros de las maras.

Estos nuevos arreglos llevaron al surgimiento de estructuras más complejas que vinculaban a los líderes de las maras encarcelados con los miembros libres. El reclutamiento forzoso se ha vuelto habitual, y el ingreso a las maras a menudo supone una iniciación mediante el asesinato. A nivel barrial, las clicas (o células) controlan el territorio local bajo la supervisión de un líder, conocido como ranflero o primera palabra. Un programa, por su parte, une a miembros de varias clicas en delitos específicos con el fin de obtener dinero, mientras que los miembros encargados de los asesinatos se conocen como sicarios o gatilleros. En los niveles más bajos, los llamados paros o banderas hacen de ayudantes, recolectores de pagos de extorsión, contrabandistas de armas, espías y reclutadores. Al mismo tiempo, la MS-13 y la B-18 han asumido características ligeramente diferentes a lo largo de los tres países del Triángulo Norte. Mientras que la primera se ha vuelto más organizada, más orientada a los negocios y más disciplinada, adoptando un sistema de castigo interno por incumplir las reglas del grupo, la segunda ha sido descrita por un funcionario guatemalteco de alto nivel como una volátil “jauría de machos alfa”.

B. Actividades y presencia criminales

Las maras que surgieron a finales de los noventas respondieron de formas distintas a las condiciones sociales, geográficas e institucionales de cada país del Triángulo Norte. El entorno y las oportunidades ilícitas del territorio que las maras tomaron y las características de las comunidades que vivían allí formaron el núcleo de esta flexibilidad y capacidad de adaptación. En su conjunto, estos factores determinaban si era posible establecer un control territorial y qué tipos de medios de vida criminales podían desarrollarse.

Las maras se inclinaron o bien por la extorsión, como en Guatemala y El Salvador, o la venta de drogas al menudeo, como la MS-13 en Honduras, donde supuestamente ha participado en el lavado de dinero mediante la compra de pequeñas empresas. La B-18 hondureña ha respondido buscando tomar el control del pujante negocio de la extorsión, lo que ha derivado en una violenta competencia con grupos más pequeños o herederos de las maras como Los Benjis o Los Chirizos. Algunas de éstas han recibido apoyo de pequeños empresarios que buscaban defenderse de ataques predatorios por parte de las maras más grandes.

El narcotráfico en Guatemala ha sido un negocio marginal para las maras, debido al control sobre el comercio que mantienen las organizaciones criminales locales existentes con fuertes vínculos con el Estado y las fuerzas de seguridad. Estas organizaciones en ocasiones han recurrido a miembros de las maras para la venta callejera de drogas y la violencia selectiva o intimidación . En territorios controlados por narcotraficantes, incluidas la regiones fronterizas y áreas urbanas empleadas para el almacenamiento y transbordo de drogas, las maras pueden funcionar como vigilantes, guardias de seguridad, transportadores o sicarios . En zonas pobres de la Ciudad de Guatemala, los pandilleros han desplazado a familias y los narcotraficantes han usado temporalmente sus casas como depósitos . Algunas clicas en las zonas costeras al oeste de El Salvador supuestamente están comenzando a participar en el tráfico de drogas hacia el norte, mientras que se ha visto a pandilleros salvadoreños comprando armas de narcotraficantes guatemaltecos . Mientras, el consumo de drogas (principalmente marihuana) por parte de las maras en todo el Triángulo Norte es sumamente habitual. En 2003-2004, miles de supuestos miembros de maras fueron arrestados por posesión de pequeñas cantidades de drogas en Guatemala.

La propagación geográfica de la violencia criminal y la presencia de las pandillas en Guatemala ilustran las condiciones que permiten la proliferación de las maras o inhiben su crecimiento. La mayoría de los delitos extorsivos tienen lugar en los grandes centros urbanos, mientras que las regiones dominadas por los cárteles del narcotráfico, como Zacapa, Baja Verapaz y Chiquimula, así como los departamentos con grandes poblaciones indígenas y sólidos sistemas informales de justicia como Quiché y Sololá reportan muchos menos. Inicialmente, ni el Salvador ni Honduras tenían estructuras criminales rivales ni redes comunitarias tan fuertes como las de Guatemala. Además, la densidad de población de El Salvador –la más elevada de las Américas– ha dejado al país particularmente vulnerable al hacinamiento urbano, la segregación espacial y el fácil acceso de los delincuentes a pequeños negocios que dependen del flujo de efectivo.

C. El negocio de la extorsión

La extorsión como delito y fuente de ingresos más importante para las maras, es fundamental para comprender tanto su adaptabilidad como el miedo que han sembrado en las sociedades que las acogen. La extorsión ha demostrado ser el delito más fiable para las maras debido a la forma en que éste se acopla a sus recursos, principalmente su control sobre enclaves territoriales, fácil acceso a las armas de fuego, y a la limitada presencia de organismos de seguridad o del Estado. En El Salvador, las empresas de transporte locales introdujeron a grupos barriales emergentes de principios de los noventas a la extorsión, pagándoles para que intimidaran a empresas rivales o llevaran a cabo asesinatos selectivos.

Por todo el Triángulo Norte, pequeños empresarios, trabajadores del transporte, trabajadores autónomos e incluso hogares se ven obligados a pagar a las maras a cambio de protección. Alrededor del 79 por ciento de las pequeñas empresas registradas en Honduras y el 80 por ciento de los comerciantes informales del país informan que han sido extorsionados; la Cámara de Comercio de Honduras ha dejado de publicar un registro de sus miembros . Una encuesta reciente en El Salvador halló que la extorsión está aumentando y actualmente afecta al 22 por ciento de las empresas, aunque solo el 15 por ciento de los incidentes son denunciados, lo que refleja la falta de confianza en la capacidad de respuesta de la policía y el poder judicial locales. Supuestamente, en el 76 por ciento de los casos las maras estaban detrás de la extorsión.

En un contexto de violencia competitiva entre maras rivales y un estado fallido o ausente –en el que la policía no cuenta con equipamiento ni con recursos humanos o técnicos para brindar protección suficiente, o a menudo son cómplices de los mismos extorsionistas– el “servicio” que prestan los extorsionistas que cobran por brindar protección es a veces tolerado e incluso aceptado de mala gana por los negocios. Varias empresas en el mercado municipal de la Ciudad de Guatemala han establecido sistemas de pagos regulares a las pandillas para protegerse a sí mismas contra rivales más predatorios . Durante la tregua de las maras de El Salvador, algunos negocios locales alcanzaron sus propios acuerdos informales con éstas. Una empresa manufacturera y una empresa de transporte ofrecieron empleos a sus miembros a cambio de que dejaran de extorsionarlos. Una empresa de distribución de alimentos reclutó a las maras para transportar bienes a cambio de tasas más bajas de extorsión. Los residentes de un complejo residencial emplearon a miembros de las maras para supervisar las rutas de acceso a sus propiedades.

En otros casos, las empresas buscan protegerse trabajando con distribuidores locales vinculados a estos grupos, a menudo familiares de los mareros. Estos arreglos negociados a menudo resultaron en un uso más selectivo de la violencia. “Cuando nos saltamos un pago de la extorsión en cierto lugar, me llamaron educadamente para pedir que les pagara”, dijo un experto en seguridad y negociador de la extorsión para una gran empresa de distribución. “Anteriormente, habrían disparado a nuestro chofer”.

Sin embargo, estos casos de acuerdos con redes de extorsión no eliminan la extrema violencia de las economías de protección. Las empresas de transporte y en particular sus trabajadores han pasado a ser blancos de la intimidación sistemática y el homicidio, obligados a pagar por cruzar territorios controlados por las maras. Un total de 692 transportistas fueron asesinados entre 2011 y 2016 en El Salvador, donde las maras paralizaron el transporte público en 2012 y de nuevo en 2015. También afectan periódicamente la movilidad en Guatemala, donde 498 choferes de autobús, 158 inspectores de boletos y 191 pasajeros fueron asesinados entre 2009 y 2011, lo que provocó que muchas rutas de autobús eliminaran los servicios en áreas controladas por las maras. Los taxistas en Tegucigalpa, Honduras, son uno de los objetivos preferidos de la extorsión y se ven obligados a pagar a los grupos que controlan las áreas en las que se encuentran sus paradas: en 2012, 84 fueron asesinados.

El papel de la extorsión como motor del desplazamiento forzado es más difícil de identificar debido a la falta de estadísticas confiables, así como la dificultad de identificar una única causa detrás de la emigración. Pero el papel central que desempeña la protección extorsiva como forma de manifestar y mantener el control coercitivo de las maras sobre los territorios y comunidades sugiere, de manera inequívoca, que ésta está estrechamente relacionada con la violencia y el miedo que impulsan el creciente éxodo del Triángulo Norte, sobre todo El Salvador y Honduras . En 2012, el municipio de San Miguel, al este de El Salvador, registró las tasas de extorsión y homicidio más elevadas del país . Un estudio reciente halló que las amenazas y homicidios eran dos de los principales factores que impulsaban el desplazamiento interno en dicho país, y que las mujeres eran las principales víctimas. Se reportó que las maras habían sido responsables del 86 por ciento de los desplazamientos.

Las mismas maras, mientras tanto, han pasado a depender de los ingresos de la extorsión para mejorar las condiciones de los líderes encarcelados y brindar sustento a sus miembros, aunque sea mediante pagos paupérrimos. “Una vez que un pandillero es sentenciado, crea una lista mental de diez personas a quienes puede extorsionar para mantenerse a sí mismo y su familia”, dijo el ex mediador de la tregua Mijango. Otros grupos criminales que no son pandillas, conocidos como paisas, supuestamente están buscando hacerse con una mayor cuota del mercado de la extorsión. Sin embargo, recientes medidas represivas y detenciones masivas focalizadas en las redes de extorsión y finanzas de las maras, tanto en El Salvador como en Guatemala, han fracasado en demostrar que éstas manejan lucrativas operaciones delictivas . Más de 50 personas detenidas en la Ciudad de Guatemala en 2016 residían en viviendas insalubres en barrios pobres. Los ingresos de la extorsión se dividían entre tantos miembros que los que se comunicaban con las víctimas recibían menos de $5 por semana.

Resultados similares surgieron en El Salvador a raíz de un estudio realizado por The New York Times y El Faro sobre la extorsión por protección que expuso la Operación Jaque en julio de 2016, cuando investigadores policiales arrestaron a más de 70 personas acusadas de gestionar negocios que servían de fachada para lavar los ingresos ilícitos de las maras. Suponiendo que los ingresos totales estimados de la extorsión se dividen en partes iguales entre todos los miembros de la MS-13 –lo cual es impreciso, dada la necesidad de pagar a los abogados y mejorar las condiciones en las cárceles– cada uno recibiría $15 por semana, equivalente a la mitad del sueldo mínimo de un trabajador rural. La mayoría de los miembros languidecen en actividades ilegales de subsistencia. Si bien las operaciones podrían estar tornándose más técnicas y eficientes, no hay evidencia de que las maras se estén transformando en organizaciones criminales de mayor nivel, a la altura de cárteles transnacionales. Desde el punto de vista de sus víctimas, no obstante, esto ofrece escaso consuelo. “Me parece más peligroso […] que haya personas dispuestas a matarte por una deuda de $15. Si han establecido un pago diario de $1 y dejas de pagar por dos semanas, te pueden matar. No es ningún alivio que sea una mafia de pobres”.

D. Las mujeres como víctimas y aliadas

Las mujeres son elementos centrales de las operaciones de las maras por todo el Triángulo Norte. Se estima que entre el 20 y el 40 por ciento de los miembros de las maras son mujeres

. Las tareas fundamentales pero serviles que llevan a cabo incluyen transmitir mensajes de líderes encarcelados y cobrar pagos de extorsión . Varias mujeres activas en las maras han informado que formaron relaciones desde adolescentes con miembros de pandillas para huir de una vida de ingratas tareas domésticas, pobreza y violencia, incluidos los abusos sexuales. Otras siguieron los pasos de un familiar que ya estaba en el grupo para poder obtener un empleo estable y mantener a su familia.

Sin embargo, tras ingresar a las maras muchas de ellas quedan expuestas a la violencia y la sumisión. El control masculino sobre los cuerpos femeninos, y la definición de actividades femeninas dentro del grupo, son elementos integrales de la cultura pandillera. “Es increíble lo violentos que pueden llegar a ser (…) cómo tratan a sus esposas y sus madres. Ni siquiera necesitan portar un arma para comportarse tan brutalmente como lo hacen”, dijo una ex miembro de la B-18 . Numerosos testimonios apuntan a la prevalencia de la violación en grupo de las pandilleras, en un caso denunciado por hasta 30 hombres, así como las relaciones sexuales forzadas con líderes pandilleros como preludio al reclutamiento de niñas adolescentes . Estos casos son supuestamente responsables del aumento en la migración hacia el norte de niñas centroamericanas, así como las elevadísimas tasas de niñas salvadoreñas que cambian o abandonan la escuela.

Las sociedades centroamericanas sufren elevados niveles de violencia doméstica, y segmentos de la sociedad admiran la virilidad y poder masculinos, lo que hace que a las niñas expuestas a la violencia de las pandillas en ocasiones les resulte difícil reconocer los delitos que padecen. Una encuesta reciente sobre violencia contra adolescentes en el Triángulo Norte demostró que “existen temas que permanecen silenciados, ignorados, invisibilizados, y no se están abordadando. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes son abusados por sus hermanos y sus papás, y lo ven como normal”.

La violencia sexual extendida en la sociedad y los abusos específicos dentro de las maras no parecen haber disuadido a las niñas a unirse a ellas. Algunos observadores especulan que las mujeres jóvenes en las pandillas al menos pueden elegir si se someten o no a los deseos de los miembros varones. Asimismo, según trabajadores sociales, ciertas pandilleras que conectan a otras niñas a redes de trata de personas y explotación sexual supuestamente encuentran consuelo en la perpetuación de los abusos que ellas mismas han sufrido. Si bien los motivos precisos y la libertad para elegir de las pandilleras varían, la presencia de las mujeres en las maras y su papel en el cobro de pagos por protección no parecen estar disminuyendo. Un reciente informe sobre Honduras indica una creciente presencia femenina, con varias mujeres en puestos de liderazgo.

IV. Respuestas públicas y políticas

Las respuestas públicas a los delitos de las maras naturalmente han estado dominadas por el miedo. Algunas organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas han tratado de incrementar las oportunidades económicas para los miembros de estos grupos, pero por lo general siguen siendo vistas como enemigos públicos. Una encuesta de 2016 afirma que el 54 por ciento de los salvadoreños está de acuerdo con que en ocasiones la policía debería actuar por encima de la ley para capturar a sospechosos. En 2015, la misma encuesta halló que el 59,1 por ciento se oponía al diálogo con las maras.

A. Respuestas oficiales

Los países del TNCA en gran medida ignoraban la creciente presencia de las maras en los barrios urbanos hasta que a principios de siglo varios informes mediáticos dirigieron la atención pública hacia la violencia y el delito asociado con ellas. Pero el consenso inicial en torno a las medidas represivas de seguridad ha evolucionado hacia enfoques mucho más diversos.

Tras abandonar la tregua en 2014, El Salvador ha vuelto a criminalizar a las maras. El contínuo fracaso en la provisión de servicios básicos a los barrios marginalizados de El Salvador, combinado con supuestas ilegalidades, incluida la formación de escuadrones de la muerte o de “limpieza social” para eliminar a los miembros de las maras, y la complicidad de agentes de seguridad en la extorsión y el narcotráfico, ha fomentado la impunidad, la hostilidad y los incentivos para la delincuencia . El gobierno afirma que las “medidas extraordinarias”, entre ellas penas más duras de cárcel, están detrás del descenso en la tasa de homicidios de 103 en 2015 a 81 en 2016, pero las maras, que declararon un cese al fuego unilateral en mayo de 2016, se han atribuido el mérito del descenso . Los críticos en los medios y varios académicos han calificado el enfoque del gobierno de “nueva guerra” y “una especie de estrategia de tierra arrasada en las barriadas y cantones donde las pandillas ejercen control territorial”.

Tras la promulgación de legislación contra las maras en Honduras a principios de la década del 2000, una serie de redadas masivas inflaron la población carcelaria, y desde entonces la creciente militarización del sistema de seguridad ha representado la principal respuesta oficial a las extremadamente elevadas tasas de homicidio y extorsión. La Policía Nacional ha depurado sus filas, que estaban plagadas de corrupción. Se estableció una nueva policía militar temporal, que desde entonces ha pasado a ser una importante fuerza en los asuntos de seguridad interna bajo la estrecha supervisión del presidente . Incluso las organizaciones de la sociedad civil dispuestas a cooperar con el gobierno critican su fracaso a la hora de abordar las desigualdades sociales como una fuente de delincuencia.

Un enfoque diferente hacia la violencia de las pandillas se está probando en Guatemala, donde la Fiscalía General manifestó su compromiso con poner fin a las estrategias de seguridad basadas en la destrucción del enemigo. En abril de 2015 se creó una oficina especializada en delitos de extorsión con unidades separadas dedicadas a la MS-13 y la B-18. Una línea telefónica para denunciar casos de extorsión está permanentemente disponible, y a través de ella se brinda apoyo a las víctimas, mientras que se puede descargar gratis una aplicación para teléfonos inteligentes para prevenir la extorsión. La aplicación emplea y actualiza la base de datos de la Fiscalía General de los números de teléfono que han sido identificados como pertenecientes a extorsionistas, y puede grabar llamadas y guardar números telefónicos para su posterior investigación penal. En 2016 se asestaron tres importantes golpes contra redes de extorsión, que produjeron un total de 225 capturas. Las operaciones conjuntas policiales y judiciales “Rescate del Sur”, “Rescatando a Guatemala” y “Guatemala es Nuestra” se basaron en investigaciones realizadas a lo largo de varios meses.

Hay evidentes fallas institucionales en los sistemas de seguridad y justicia de los tres países. Expertos en El Salvador apuntan a la profusión de documentos, organismos y funcionarios, así como a una tendencia a usar estas organizaciones para contratar a políticos leales. Según un experto en seguridad, los fracasos del Estado no son “una cuestión de falta de voluntad, ni de oscuros intereses, ni de conspiraciones perversas y subterráneas. Veo una profunda incapacidad de gobernar, de liderar estratégicamente, coordinar y poner en práctica . El vicepresidente Óscar Ortiz y su asesor Benito Lara, el anterior ministro de Justicia, dominan parte de los esfuerzos del Estado en esta área. Hato Hasbún, un veterano político, coordina el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, a cargo del llamado Plan El Salvador Seguro . Mientras, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el Gabinete de Justicia y el Subgabinete de Prevención de la Violencia buscan implementar diferentes aspectos de varias políticas públicas. Es difícil lograr consenso, las decisiones están paralizadas y la implementación es débil.

A lo largo del TNCA, los esfuerzos por prevenir la violencia han dado escasos resultados, y existe poca evidencia de algún logro a largo plazo. Aún así, algunas señales apuntan a un fortalecimiento de la prevención. Un nuevo Viceministerio de Prevención Social fue creado en 2016 en El Salvador, y estará a cargo de coordinar el trabajo de todas las instituciones gubernamentales en materia de prevención como parte del Plan El Salvador Seguro . El Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito en Guatemala está reuniendo a las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil para diseñar e implementar una estrategia nacional de prevención . Los esfuerzos de Honduras incluyen a varios organismos oficiales que se reúnen en el marco de un “gabinete de prevención” del gobierno, pero no cuentan con un plan conjunto o sólidos mecanismos de coordinación.

B. Actitudes públicas

Según una reciente encuesta, el 42,2 por ciento de los salvadoreños, el 20,6 por ciento de los guatemaltecos, y el 29,3 por ciento de los hondureños identifican el delito y la inseguridad pública como el principal problema social en sus respectivos países. En El Salvador, el 19,7 por ciento de la población dice que las maras son el principal problema al que se enfrenta el país, comparado con el 8 por ciento en Guatemala y el 2,6 por ciento en Honduras.

El sentimiento de amenaza y aprisionamiento de los residentes de las comunidades afectadas depende de con qué nivel de organización de las maras éstos se encuentren. La seguridad de la que gozan en su comunidad puede implicar restricciones a su libertad de movimiento, o limitaciones en el acceso a la comunidad. “Las personas que viven en comunidades controladas por las pandillas tienen que lidiar con fronteras invisibles, con retenes para entrar a sus comunidades […] romper el protocolo puede resultar letal”, dijo un trabajador de una ONG de base en El Salvador.

Las escuelas y las familias pueden convertirse en fuentes de violencia. La principal estrategia de supervivencia de los jóvenes es encerrarse en sus hogares, evitando el contacto con las maras e intentando evitar meterse en problemas

. Según un antropólogo la “juventud encerrada” conforma la mayoría de la población en los barrios marginados de la Ciudad de Guatemala; “buscan refugio en la televisión, el internet, la radio, y los celulares. Prácticamente no socializan en persona con sus pares, y no tienen un sentido de pertenencia”. Fuera de sus comunidades, se enfrentan a la exclusión social y la estigmatización, ya que los empleadores tienden a negarse a contratar personas que viven en comunidades controladas por las maras.

En contextos de postconflicto en el TNCA, donde el discurso público ha estado dominado por la caracterización de las maras como enemigos públicos, el apoyo a la represión o incluso la eliminación de los miembros de éstas es elevado. Esta guerra simbólica y real contra las maras impide la discusión de los complejos problemas generados por sociedades profundamente desiguales. Algunos observadores cercanos señalan las diferencias de clase en las sociedades del TNCA como un factor importante en la incapacidad de lidiar con el problema de las maras de forma más integral. Quienes cuentan con ingresos familiares superiores a $500 mensuales pueden librarse de la peor violencia mediante el pago de escuelas y servicios de salud privados y patrullas de seguridad barrial. “Este sector no se considera parte del problema ni de la solución”.

Debido a los elevados niveles de confianza de los que gozan las organizaciones religiosas, a menudo son llamadas a buscar espacios de diálogo con las maras. Líderes locales católicos y protestantes han facilitado la tregua en El Salvador, y han intentado hacer lo mismo en Honduras, mientras que la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) ha explorado la posibilidad de mantener un diálogo similar. Las iglesias evangélicas, por su parte, brindan a quienes desean abandonar las maras una salida que, inusualmente, es respetada por éstas, y que podría utilizarse como espacio seguro para la formación profesional y educativa de ex miembros de estos grupos. Según una encuesta reciente, más del 58 por ciento de los mareros encarcelados creen que las iglesias serían las organizaciones más indicadas para liderar los programas de rehabilitación.

C. Cooperación internacional

La presencia en varios países de grupos que dicen tener una identidad común ha generado temores de que las maras estén convirtiéndose en organizaciones criminales transnacionales, o “pandillas de tercera generación que han desarrollado objetivos políticos” comparables de alguna manera con los yihadistas radicales. La designación por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU. de la MS-13 como una organización transnacional criminal significativa ha provocado una animada discusión entre los expertos en esta materia, aunque ha sido difícil encontrar pruebas irrefutables de la necesidad de combatirlas como tales. Las instituciones de ayuda internacional se han mostrado reacias a participar directamente en estrategias de prevención que involucren directamente a perpetradores y sus víctimas, después del fracaso de varios programas para sacar a los jóvenes de las maras implementados a principios de la década del 2000, que resultaron en la muerte de varios miembros que intentaron dejarlas. Si bien se ha considerado renovar estas iniciativas bajo los auspicios de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI, por sus siglas en inglés), los intentos de prevención de la violencia se dirigen principalmente a las comunidades afectadas, y no a los miembros de las maras.

El financiamiento para proyectos de prevención de la violencia o de seguridad ciudadana a gran escala centrados en estas áreas se ha triplicado en el último año hasta alcanzar cientos de millones de dólares. Otros observadores han señalado la creación de centros asistenciales en comunidades de alto riesgo en Honduras como ejemplos relativamente exitosos de iniciativas financiadas por EE.UU. . Existen al menos tres convocatorias abiertas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para proyectos similares en cada uno de los países del TNCA, con un financiamiento promedio de $40 millones cada uno. Hay financiamiento adicional disponible del Plan Alianza para la Prosperidad, una iniciativa lanzada en 2014 con el objetivo de frenar la migración hacia el norte mediante el abordaje de cuestiones de seguridad y desarrollo. A pesar de representar un importante aumento del financiamiento de EE.UU. a la región, el plan ha sido criticado por elementos de la sociedad civil por su énfasis en la inversión extranjera directa en proyectos de infraestructura por encima de la inversión social, el apoyo a políticas de seguridad con participación de los militares, y por la falta de mecanismos de transparencia para supervisar el uso de los recursos.

Parece improbable que EE.UU. siga apoyando estas actividades en años venideros dada la adopción por parte del gobierno de Trump de medidas más duras de seguridad fronteriza y control migratorio, incluida la posible deportación masiva de migrantes indocumentados. La implementación de estas políticas sin duda agravaría las presiones económicas en el Triángulo Norte e impulsaría un aumento del reclutamiento de jóvenes marginalizados por parte de las maras, especialmente si no se hacen esfuerzos por proporcionar ayuda, seguridad y oportunidades económicas a los repatriados. Sin embargo, durante los primeros meses de 2017, altos funcionarios estadounidenses visitaron la región para expresar su apoyo por las reformas institucionales en curso y la lucha contra la corrupción. Estos gestos podrían indicar la voluntad de partes de la nueva administración de continuar con políticas estadounidenses ya establecidas, en particular la estrategia hacia Centroamérica que apunta a “la evolución de una Centroamérica económicamente integrada que sea plenamente democrática, brinde oportunidades económicas a su gente… y garantice un entorno seguro para sus ciudadanos”.

En la misma línea, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano Luis Videgaray llamó a que se organice una reunión que incluya a México, EE.UU., los países del Triángulo Norte y otros vecinos para establecer los términos de “una responsabilidad regional conjunta para el desarrollo de América Central, entendiendo que es a través del desarrollo y la estabilidad como realmente pueden atenderse las causas de la migración”.

Por el momento, los tres países del Triángulo Norte parecen estar avanzando hacia una colaboración más estrecha en su esfuerzo por combatir a las maras, si bien bajo un marco primordialmente militarizado. El Salvador y Guatemala establecieron un Grupo de Seguridad de Alto Nivel en agosto de 2016 para mejorar el intercambio de información e implementar programas conjuntos en su lucha contra el crimen organizado transnacional. Honduras se sumó al esfuerzo regional con la propuesta de un grupo de trabajo trinacional contra el crimen organizado lanzado en noviembre de 2016 en Nueva Ocotepeque, una ciudad hondureña cercana a la triple frontera. La fuerza ha sido establecida para coordinar la lucha contra el crimen transnacional, incluyendo explícitamente las maras, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, y se espera que involucre operaciones conjuntas entre las agencias policiales, fiscales y el ejército de cada país. Si bien en un inicio las fiscalías generales de los tres países fueron excluidas de este acuerdo, éstas ya han establecido mecanismos de coordinación, incluidos la creación de una base de datos común, procesos de capacitación conjuntos y un esfuerzo para armonizar sus procedimientos penales.

V. Nuevos enfoques en materia de políticas

Los países del Triángulo Norte, en especial El Salvador y Honduras, continúan sufriendo niveles de inseguridad que hacen que muchas personas se vean desplazadas por la fuerza. El reconocimiento de esta crisis, como ha hecho Honduras, y la voluntad de aceptar la ayuda internacional humanitaria colaborando con organizaciones para ofrecer albergue temporal y ayuda a las personas desplazadas por la violencia, son imperativos para la región. A más largo plazo, aminorar la violencia de las maras dependerá de varias innovaciones complementarias en materia de políticas, varias de las cuales se sugieren a continuación.

A. Comunicación sin negociación

El infructuoso proceso de tregua en El Salvador ha estigmatizado la noción de una “negociación” con las maras. Pero los gobiernos no necesitan participar en un diálogo directo con éstas para poner en marcha un proceso de pacificación, tanto a través de claros mensajes de los gobiernos en cuanto a su voluntad de abordar las causas subyacentes del fenómeno de las pandillas, como mediante medidas de las maras para reducir los niveles de violencia.

La MS-13 y una de las facciones de la B-18 han expresado recientemente su voluntad de emprender negociaciones con el gobierno salvadoreño, el cual hasta ahora se ha negado a contemplar la idea. Las maras han mencionado la posibilidad de su propia disolución, de poner fin a las tramas de extorsión y revelar la ubicación de los cementerios clandestinos. Iniciativas similares, aunque a menor escala, podrían explorarse en Honduras y Guatemala, mientras EE.UU. podría desempeñar un papel importante de apoyo a este proceso poniendo fin a la designación de la MS-13 como una organización criminal transnacional en respuesta a claras señales de que las maras están dispuestas a reducir la violencia. Asimismo, los gobiernos de Honduras y El Salvador podrían considerar revocar su clasificación de los delitos de las maras como actividades terroristas para fomentar la confianza con éstas. Las organizaciones religiosas están bien ubicadas para asistir en este proceso, ya que gozan de la confianza del público, mientras que la conversión religiosa se ha convertido en un motivo aceptable entre los miembros de las maras para calmarse – expresión propia de las maras que hace referencia a dejar de participar en las actividades del grupo.

En enero de 2017, se dio a conocer una misión de mediación de seis meses del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas liderada por el diplomático mexicano Benito Andión cuyo fin era encontrar un terreno común entre los dos principales partidos políticos de El Salvador en torno a una serie indeterminada de cuestiones. El gobierno rápidamente anunció que las maras no formarían parte de ningún futuro diálogo, y la misión aún no ha abordado la cuestión de la prevención de la violencia ni el diálogo con las maras. No obstante, si la misión prorroga su mandato y logra mediar con éxito entre las dos partes, un grupo de trabajo sobre iniciativas de consolidación de la paz podría explorar la posibilidad de un diálogo más inclusivo. Incluso si excluye explícitamente a las maras, el gobierno de El Salvador podría centrar sus iniciativas en curso para fortalecer la presencia y respuesta de las instituciones del Estado, en el marco del Plan El Salvador Seguro, por ejemplo, en territorios que hayan observado una reducción significativa de la violencia durante la tregua.

B. Espacios para el movimiento libre y seguro

Las maras deberían adoptar medidas de fomento de la confianza que puedan ser reconocidas como tales por el público en general, y que puedan preceder o seguir a señales de que los gobiernos del Triángulo Norte tienen la intención de lidiar honestamente con los reclamos de éstas. Durante la tregua, las maras salvadoreñas declararon las escuelas zonas seguras y participaron en iniciativas locales de consolidación de la paz. Dichas medidas podrían ser emuladas por las maras en Guatemala y Honduras. Deberían incluir promesas de poner fin al reclutamiento forzoso, en particular de niñas, y garantías públicas de que los vecinos y ciudadanos sean libres de moverse por territorios afectados por estos grupos sin riesgo de violencia.

Dicho esto, tales llamamientos podrían, inadvertidamente, otorgar mayor influencia política y social a las maras una vez que se demuestre su poder de garantizar la plena libertad de movimiento. El riesgo de transformarlas en importantes actores políticos debe ser cuidadosamente evaluado por las autoridades y los grupos que participen en los procesos de consolidación de la paz. Los delitos no deben ser desestimados, y es de esperar que sean castigados. El hecho de que durante la tregua salvadoreña las maras jamás solicitaran ser exoneradas de sus responsabilidades penales ofrece un precedente sobre el cual construir.

C. Inversión focalizada en las comunidades y las empresas

Los miembros de mayor edad de las maras han expresado a menudo su voluntad de reducir los niveles de violencia. Según explicó un ex miembro de uno de estos grupos: “He visto lo dura que puede ser esta vida, y no quiero que mis hijos pasen por todo esto”. Medios de vida alternativos y dignos son fundamentales para que las maras desistan de la delincuencia violenta, pero la ayuda al desarrollo en el contexto de las comunidades controladas por las maras presenta enormes desafíos. Varias iniciativas de ONGs para financiar pequeñas oportunidades empresariales en comunidades controladas por las maras en Honduras han sido abandonadas ante las presiones de redes de extorsión violentas . La inversión sustantiva en las comunidades afectadas y la creación de más espacios públicos seguros, como los llevados a cabo en la ciudad colombiana de Medellín, es otra opción, pero dependería del financiamiento disponible y la colaboración eficaz entre organismos estatales.

Otra alternativa es usar procesos de mercado para integrar a ex miembros de las maras a actividades productivas, como ha ocurrido en algunas instancias. El cuidadoso monitoreo de estas iniciativas ayudaría a evaluar su eficacia, y determinar hasta qué punto podrían replicarse. Se debería prestar especial atención a la manera en que las oportunidades laborales se ajustan al sentido de identidad y autoestima de los miembros de las maras, así como los aspectos más positivos de la solidaridad al interior de éstas.

Los esfuerzos por pasar gradualmente de los esquemas extorsivos a la actividad económica formal, como se intentó durante la tregua en El Salvador, deberían renovarse. Para lograr esto, los programas deben reconocer los atractivos económicos y psicológicos de la actual forma de vida delictiva de las maras. Un miembro típico de un grupo, según un experto en seguridad con experiencia directa de negociar con las maras, “está involucrado en un modelo de negocio que produce sustento para él, su esposa, sus primos, hermanitas, toda la fanta, como dicen… La pelea con el actual miembro de la pandilla es cómo reducir su dependencia de la economía criminal. Dado que actualmente no hay ninguna política que permita a la parte bonita de la ciudad ampliarse hacia territorios marginalizados, cuando pasamos de la parte bonita a la parte fea pagamos impuestos”.

D. La cárcel y las alternativas a la cárcel

Las prisiones se han vuelto fundamentales para el desarrollo criminal de las maras. La concentración de miembros de éstas en las cárceles en la década del 2000 les permitió tomar el control y manejar esquemas extorsivos desde el interior de las cárceles. El abandono de las prisiones por parte del gobierno llevó a un aumento del hacinamiento, y al deterioro de las condiciones de vida hasta extremos espantosos. Los motines y la violencia interpersonal, a menudo homicida, son habituales.

El hacinamiento debería abordarse mediante un esfuerzo concertado de los Estados y los sistemas judiciales para reducir el número de detenciones provisionales. Las instituciones judiciales deberían evitar enviar a los sospechosos no violentos a la cárcel, en especial los acusados de posesión de drogas para consumo personal. Las alternativas deberían incluir la reducción de las penas a cambio de confesar los delitos, el uso de mecanismos como brazaletes de localización GPS en lugar del encarcelamiento, y la reducción del número de acusados en prisión preventiva.

Asimismo, los gobiernos deberían respetar los derechos de los presos a unas condiciones de vida dignas y a atención en salud. La ayuda internacional en materia de seguridad, incluido el Plan Alianza para la Prosperidad, así como los impuestos especiales para la seguridad que se aplican en El Salvador y Honduras, deberían centrarse en invertir más en infraestructura carcelaria y programas de rehabilitación; la Ley de Rehabilitación presentada en el Congreso de El Salvador en 2015, que pretendía introducir programas de educación y capacitación para miembros de las maras que no estuvieran acusados de delitos graves, debería reactivarse. El sistema carcelario debería ser reformado para fortalecer la gestión a través de mejoras en la capacitación y la protección. La depuración periódica de los agentes penitenciarios y mayores controles sobre las comunicaciones electrónicas y personales de los presos, pero sin pisotear su derecho a recibir visitas, son medidas fundamentales para poner freno a la explotación criminal de los sistemas carcelarios.

E. Investigaciones sofisticadas centradas en las actividades más dañinas

Las tácticas duras no han tenido los efectos esperados sobre el delito y la violencia en el TNCA. El fortalecimiento de la aplicación de la ley es necesario, pero debería implementarse con cautela para evitar cualquier repercusión negativa y tener en cuenta la diversidad de los comportamientos delictivos locales.

En El Salvador, las maras dependen de la extorsión para su sustento. En Guatemala y Honduras también dependen de la extorsión, pero gozan de relaciones más estrechas con los narcotraficantes y otros grupos criminales. El análisis y mapeo de estas actividades y relaciones ayudaría a informar las estrategias policiales y judiciales dirigidas tanto a las maras como a sus miembros que llevan a cabo las actividades más dañinas, ante todo homicidios, violaciones y desplazamientos forzados. Los fiscales y la policía deberían enviar mensajes claros y consistentes acerca de qué delitos serán priorizados por la aplicación de la ley, mientras que otras actividades de las maras deberían ser abordadas mediante enfoques centrados en la prevención del delito, las alternativas económicas y la provisión de servicios en las comunidades afectadas.

Las iniciativas recientes de Guatemala en materia de investigación penal se destacan en este sentido. La creación de una metodología de “persecución penal estratégica” en la Fiscalía General busca establecer posibles vínculos entre los delitos denunciados y otras causas abiertas, y se le atribuye haber contribuido a reducir los niveles de impunidad en los últimos años. La Fiscalía General también informa que el uso de métodos especiales de investigación, incluidas las escuchas y el monitoreo de las conversaciones telefónicas de sospechosos cuya vigilancia ha sido aprobada por un juez, ha salvado miles de vidas cada año. El desempeño e impacto de la aplicación para teléfonos inteligentes descrita anteriormente deberían ser evaluados y tomados en cuenta por los países vecinos.

VI. Conclusión

Tras salir de la guerra civil y la dictadura militar hace más de una generación, las sociedades divididas del Triángulo Norte de Centroamérica han demostrado ser caldo del cultivo para el desarrollo de un nuevo fenómeno de las maras. En cuanto a su estética rebelde, brutalidad criminal y complejo funcionamiento interno, las dos principales maras se destacan como un desafío a la vida civil y una amenaza para la paz a lo largo de toda la región. Pero las respuestas públicas y políticas a ellas, arraigadas en la estigmatización de los pobres y una fe ciega en los efectos de las duras medidas de seguridad, solo han agravado la violencia y los niveles de animosidad social.

Ni las políticas de mano dura ni las negociaciones abiertas con las maras han tenido éxito, ya que ambas estrategias se han visto socavadas por la debilidad de las instituciones estatales supuestamente encargadas de implementarlas y la capacidad de las maras de adaptarse a las nuevas circunstancias y sacar provecho de ellas. Por toda la región, las maras siguen siendo un problema social crónico arraigado en un desarrollo económico y político fallido. En su afán de abordar la inseguridad y la delincuencia que estos grupos perpetúan, los estados y el sistema judicial no pueden ignorar las condiciones que han dado lugar a las maras, ni esperar que la identidad pandillera –y los vacíos existenciales que ha llenado en las vidas de los jóvenes– desaparezcan.

Las redes de extorsión son fundamentales para los ingresos de las maras, sobre todo en El Salvador, y para el control violento sobre el territorio y las comunidades que es el sello del poder y el estatus de estos grupos. Por tales motivos, abordar estas tramas delictivas debería también considerarse parte esencial de cualquier nueva estrategia que apunte a reducir la delincuencia y violencia de las maras. El diálogo indirecto y el fomento de la confianza entre las maras y el gobierno, la inversión en las comunidades y la creación de empleo, las alternativas a la cárcel y las investigaciones penales centradas en los delitos más atroces de éstas –sobre todo el homicidio, la violación y el desplazamiento forzado– ayudarían, con el tiempo, a debilitar los atractivos de las redes de extorsión y los daños resultantes. Los líderes de las maras deberían responder reconociendo que su futuro como organizaciones sociales depende de su capacidad de garantizarle al público su buena fe. No hay mejor manera de comenzar este proceso que las maras garanticen la no interferencia en los edificios públicos, sobre todo las escuelas, y la libertad de movimiento para todos los ciudadanos por todas las áreas, ya estén controladas por ellas o por el Estado.

Es posible lograr avances en estas áreas. Pero dependerá del apoyo internacional, en particular la moderación de la nueva administración de EE.UU. en cuanto a los actuales planes de redoblar las deportaciones de inmigrantes ilegales. Las deportaciones contribuyeron a crear las maras centroamericanas; repetir lo mismo demostraría una ciega ignorancia de la historia.

Ciudad de Guatemala /Bogotá/Bruselas, 6 de abril de 2017

 

Vea otro reporte de “international Crisis Group”:
Presa fácil: violencia criminal y migración en Centroamérica

Killers on a Shoestring: Inside the Gangs of El Salvador/La mafia de pobres que desangra El Salvador. NYT y EL FARO

Una investigación conjunta de THE NEW YORK TIMES y EL FARO

The scene after gang members in Olocuilta, El Salvador, killed six people on a bus in 2014 because the owner refused to pay extortion. Fred Ramos / El Faro

The scene after gang members in Olocuilta, El Salvador, killed six people on a bus in 2014 because the owner refused to pay extortion.
Fred Ramos / El Faro

The gangs that make El Salvador the murder capital of the world are not sophisticated global cartels but mafias of the poor.

SAN SALVADOR — On a sultry evening in late July, the Salvadoran authorities executed their very first assault on what they called the financial cupola of Mara Salvatrucha, or MS-13, the largest of the ruthless gangs that have made El Salvador the murder capital of the world.

Until that point, the National Civil Police had followed an almost choreographed routine, again and again, as they sought to cripple the gangs economically. In the dead of night, often accompanied by television cameras, officers would batter down the doors of ramshackle houses in marginalized communities and then arrest and put on display a cluster of tattooed and half-naked men.

Between 2012 and 2015, the total amount confiscated in these showy anti-extortion raids was $34,664.75 — an absurdly tiny sum considering that the United States has designated MS-13 as a global criminal organization on a par with the Zetas of Mexico, or the Yakuza of Japan.

On July 27, however, in a mission baptized Operation Check, the authorities shifted gears. They deployed 1,127 police officers to raid scores of supposed gang fronts, including car dealerships and bars, motels and brothels.

With great fanfare, they presented to the news media rows and rows of impounded buses and cars, along with 77 suspects identified as the financial operatives of MS-13 and their collaborators. Among them were the supposed C.E.O. of the street gang, Marvin Ramos Quintanilla, and two other leaders portrayed as controlling millions and possessing luxuries unimaginable to the destitute gang members beneath them.

But the presentation was something of an exaggeration, as are many official characterizations of the gangs whose criminal sophistication and global reach tend to be overstated by authorities frustrated that they cannot vanquish them. For instance, that supposed chief executive officer hardly lived like a kingpin; he leased a squat concrete house with a corrugated roof in a neighborhood where rents rarely reach $400. He owned an old Honda Civic and a Nissan van.

20salvadorgang-7-articlelarge

Leaders of the MS-13 street gang in the Ciudad Barrios prison in 2012. The gang’s supposed chief executive, Marvin Ramos Quintanilla, is on the far right, and its senior national leader, Borromeo Henríquez Solórzano, known as El Diablito de Hollywood, is seated and wearing a black cap. Paul Coll / Ruido Photo

With an estimated 60,000 members in a country of 6.5 million people, the gangs hold power disproportionate to their numbers. They maintain a menacing presence in 247 of 262 municipalities. They extort about 70 percent of businesses. They dislodge entire communities from their homes, and help propel thousands of Salvadorans to undertake dangerous journeys to the United States. Their violence costs El Salvador $4 billion a year, according to a study by the country’s Central Reserve Bank.

And yet, the reporting determined, MS-13 and its rival street gangs in El Salvador are not sophisticated transnational criminal enterprises. They do not begin to belong in the same financial league with the billion-dollar Mexican, Japanese and Russian syndicates with which they are grouped. If they are mafias, they are mafias of the poor. El Salvador has been brought to its knees by an army of flies.

screen-shot-2016-11-20-at-6-39-45-pmMS-13’s annual revenue appears to be about $31.2 million. That estimate is based on information in the 1,355-page file of Operation Check, to which El Faro got exclusive access. Wiretapped conversations reveal that the gang’s national leadership ordered its 49 “programs,” or chapters, to turn over all the money earned in a single, typical week, which happened to be in April. It collected $600,852.

It sounds like a lot of money. But if divided equitably among the estimated 40,000 members of MS-13, each gang member would earn $15 a week and about $65 a month. That is half the minimum wage of an agricultural day laborer.

But the gangs — MS-13 and its main rival, the 18th Street gang — do not distribute their proceeds equitably. They use them to pay for lawyers and funeral services, for weapons and munitions, and for the support of those serving long prison terms and their families. Theirs is a criminal subsistence economy; even many of their leaders are barely solvent.

“That the authorities call them ‘businessmen’ — either their intelligence is invalid or it’s pretty crude,” said Rolando Monroy, a former Salvadoran prosecutor who oversaw money-laundering investigations until 2013. “The gangs are like an anthill. They are all after the same thing: something to eat.”

Unlike other groups considered global organized crime syndicates, the Salvadoran gangs do not survive on the international trafficking of cocaine, arms and humans. While they dabble in small-time drug dealing, gun sales and prostitution, they engage primarily in a single crime committed over and over within Salvadoran territory: extortion.

Inside El Salvador, they hold the reins of power largely because of a chilling demand repeated — or implied — daily across the country: Pay or die.

“Look, the thing is we’re not joking around,” said one threat in childlike handwriting delivered to a bus owner recently. “Get something together. If not, we are going to burn one of your new minibuses.” It was signed by the 18th Street gang: “18 sends its best.”

A Message Written in Lead

At 4 p.m. on a summer day in 2015, two young gang members intercepted a businessman as he was returning home from work. “I have kids. Calm down, please,” he managed to say before the youths grabbed him, threw him to the ground and shot him: in a shoulder, in the stomach, and twice in the face.

They were delivering a message written in lead.

“It was because of the extortion, not for any other reason,” the man’s son said.

The man owned a bus. His son, who also owned a bus, said his father, tired of being extorted, had finally stopped making his $1 daily payment to the gang three weeks before his death. It murdered him because of $21.

Among Salvadoran businesses, transportation companies, whose vehicles crisscross gang territory, have proved especially vulnerable to extortion. Over the last five years, it has been more dangerous to drive a bus than to fight gang crime: The gangs have killed 692 transportation workers — and 93 police officers. (This is according to an analysis of internal government data that, like most data in this article, is not considered public information but was obtained by El Faro.)

Genaro Ramírez, the owner of a large bus company and a former member of Congress, calculates that he has handed over $500,000 in gang extortion payments over the last 19 years. “It’s a matter of survival,’’ he said. “When they tell you they are going to kill you, you don’t have a choice.”

Between 2013 and 2015, the National Police received 7,506 reports of extortion, which the authorities see as just a small fraction of the total. In the same period, some 424 gang members were convicted of this crime, most of them low-level people who made the pickups and were caught with the cash.

The payment of extortion by bus companies is so commonplace that some have employees whose principal role is to negotiate with the gangs, which are continually raising their rates and demanding extras like Christmas bonuses or buses to take them to the beach or to the funerals of associates.

The only transportation company chief who has refused to be extorted — and has made his refusal public — is Catalino Miranda. Mr. Miranda owns a fleet of several hundred buses.

Since 2004, the gangs have killed 26 of his employees. But he refuses to reconsider his position.

“As I told one of them,” he said, referring to a gang representative, “go ahead and kill them. This cannot continue for a lifetime.”

Mr. Miranda spoke in his office, with a 9-millimeter pistol lying atop a mess of papers on his desk, and rifles and flak jackets piled in a corner. He spends $30,000 a month on security, he said. He has cameras posted in all his buses and stations, and eight security guards, armed with assault weapons, who patrol the gang zones his buses move through.

When his employees are killed, he hires private detectives to investigate, because “the state does not have the capacity to protect witnesses.”

“They use you,” Mr. Miranda continued, “and they abandon you.”

Resisting the gangs is not an option for small-business owners, however. Many of them live in gang-controlled neighborhoods themselves and cannot escape the pressure to pay. That was the situation for the bus owner killed in the summer of 2015.

The bus owner’s son, who is 38, spoke of his father’s death in an open-air restaurant beside the Pan-American Highway. The son carried a pistol — he always has one by his side, even when he sleeps, he said — and sat facing the entrance, with his back to a ravine, so he could track comings and goings.

Like most businessmen who recounted their experiences with shakedowns, the man spoke on the condition of anonymity. His father was one of 154 transportation workers who lost their lives to gang-run extortion rings in 2015. To talk is to risk becoming another statistic.

It all started one afternoon in 2004, he recounted, when a couple of teenage gangsters boarded a bus on their route. The youths demanded the driver’s license and registration, reviewed the documents and then handed the driver a disposable phone before jumping off.

After the shaken driver returned to the terminal, the phone rang. The voice on the other end laid out the terms of their new relationship: $10 a week not just for the one bus but for each of the 10 buses on the route.

The man, his father and the other bus owners held an emergency meeting to discuss whether to report the demand to the police.

Many victims do not bother. Extortion investigations require them to make payments to the gangs while the police watch and collect evidence. But the gangs almost always find out, and the victim is threatened or killed before the investigation is completed.

Even so, the men decided to call the police. Soon, two detectives stationed themselves inside their terminal and, posing as bus owners, negotiated a rate with the gang: $1 a day per bus.

Over the next three years, the police arrested three gang leaders, including one who lived next door to the man’s father. The investigation expanded to other crimes and dragged on. The bus owners kept paying extortion.

The situation deteriorated. Between 2004 and 2012, MS-13 killed five bus drivers on their routes and one of the police investigators assigned to their case. In 2012, the gang tried to kill the man himself, surrounding his house, he said at the restaurant.

After his father’s murder, the gang increased its extortion on the route — to $1.50 a day.

The man sold his bus.

Little Devil of Hollywood

When the Salvadoran authorities draw a flow chart of MS-13’s organizational structure, they always put a mug shot of El Diablito de Hollywood, the Little Devil of Hollywood, at the very top.

Hierarchically, El Diablito — Borromeo Henríquez Solórzano, 38 — is as far above “homeboy” as one can get. If gang leaders are enriching themselves at the expense of the rank and file, Mr. Henríquez should be the wealthiest capo di tutti. And yet.

In the late 1970s or early 1980s, Mr. Henríquez and his family fled the Salvadoran civil war along with thousands of their compatriots who resettled in Los Angeles neighborhoods dominated by Mexican gangs. Mara Salvatrucha was born there and then.

At the end of the 1990s, as part of an anti-gang offensive and a crackdown on “criminal aliens,” the United States shipped planeloads of gang members made in the United States back to El Salvador and other Central American countries. El Diablito returned to his homeland in one of those waves of deportation.

He was just a teenager, but in that era coming from Los Angeles conferred status in the branch of Mara Salvatrucha that had sprouted in El Salvador. (Loosely affiliated but largely autonomous branches now exist in other Central American countries and in pockets of the United States outside California.) It was like arriving with a seal of “original product,” and El Diablito, clever and garrulous, quickly parlayed that into a position of power.

Prison, where he was sent in 1998 after getting a 30-year sentence for homicide, only solidified his stature.

Soon after he was first locked up, Mr. Henríquez summoned the leader of one of Mara Salvatrucha’s most powerful cells to visit him in prison, the leader related in an interview. At that time, the gang had no reliable revenue stream, though members sold drugs on street corners, committed petty robberies and demanded small handouts from bus drivers. But Mr. Henríquez had a moneymaking plan, he told the leader.

El Diablito said he wanted to institutionalize extortion nationwide, the leader related. He was insistent that the leader accede to the plan, or quit: MS-13 would tolerate no dissidents. The leader communicated the new directive to his troops. A few years later, the leader quit and emigrated to Washington, D.C., where he now owns a small business in a Salvadoran neighborhood.

Like El Diablito, most of the national gang leaders operate from behind bars. Through ready access to cellphones and private visits with lawyers, they retain tight control of their organizations — the money the gangs earn and the havoc they wreak.

This became chillingly apparent in 2012 when the government was negotiating a truce with the gangs and Mr. Henríquez was emerging into the public eye as a spokesman for MS-13. The leaders sent out an order from behind bars: Stop killing. And from one day to the next, homicides dropped 60 percent to a level that, with small variations, was maintained until the government’s negotiations with the gangs, which were highly unpopular, ended two years later.

During the truce, a team from El Faro was allowed to interview gang leaders in the Ciudad Barrios jail, which was dominated by MS-13. For over a decade, the gangs have been separated by institution to reduce internecine warfare; this has had the unintended effect of strengthening them by uniting rather than dispersing their leadership.

Dressed gang-fashionably in baggy, black athletic attire, Mr. Henríquez insisted that he survived on money sent by relatives in the United States and by a brother who sold used cars in El Salvador.

“Do you realize it is difficult to believe that one of the most visible leaders of MS-13 does not derive a penny of his income from illicit activities?” a reporter from El Faro said.

Mr. Henríquez paused, then responded: “My money does not come from extortion.” But he was pressed: What about illicit activities more generally? El Diablito answered with a derisive smile: “It doesn’t come from extortion.” And all the other gang leaders laughed, cryptically.

That year — 2012 — the United States Treasury Department designated MS-13 as a transnational criminal organization, alongside four criminal syndicates: the Zetas, the Yakuza, the Russian Brothers’ Circle and the Italian Camorra. It was the first street gang that had ever received that designation.

The next year, the Treasury put personal sanctions on Mr. Henríquez, which had the effect of forbidding Americans to do business with him and authorizing federal investigators to freeze his financial assets.

No evidence has surfaced that any of Mr. Henríquez’s properties or assets in the United States were frozen.

Sanctions were also placed on El Diablito’s wife, Jenny Judith Corado. The Salvadoran government arrested her in 2013 and accused her of belonging to a Mara Salvatrucha extortion ring. It could not prove her connection to the ring, however; she was freed and ordered to turn over the money that a judge considered the provenance of extortion: $50.

Now, Ms. Corado does not appear to be enjoying a life of luxury or even comfort. With her children beside her, she spends her days hawking used clothing and lingerie from a stall constructed of tin cans in the busy public marketplace of San Salvador.

In the news conference announcing Operation Check (as in the chess move), the authorities spoke of gang leaders’ “luxuries,” their “investments” and their “various millions of dollars.”

“These leaders are living a different life than the gang members beneath them,” Douglas Meléndez, the attorney general, said. “The gang members beneath them should know.”

It was a communiqué directed at the street, at those rank-and-file gangsters who put their lives on the line for little tangible reward: While their leaders may have been preaching a doctrine of brotherhood, they were secretly enriching themselves at the expense of their brothers, their soldiers, their homeboys.

The luxuries, however, consisted of 22 imported but used cars, each valued at about $8,000. The confiscated cash amounted to $34,500. And the investments numbered three: a taqueria and bar in Soyapango, a working-class community in the San Salvador metropolitan area; a vegetable stand in a rural marketplace; and a highway restaurant that is decorated with a deer’s head, offers karaoke and has three waiters who primarily serve buckets of beer bottles.

The gangs’ credo of fraternity and equality does not allow for any personal gain at the expense of the brotherhood, and they at least theoretically enforce it brutally. “He who makes himself rich at the expense of the street is going to die,” a leader of the 18th Street gang said in an interview.

So even a vegetable stand is a risky venture, and the wiretapped conversations in the Operation Check file reveal that some gang leaders went so far as to pay extortion fees to their own gangs on their private businesses in order to hide their involvement with them.

Howard Cotto, the general director of the National Police, estimated in an interview that 50 to 70 gang leaders, including Mr. Henríquez, have accumulated some money or business interests. But only enough, he said, to permit their families to escape “conditions of poverty, overcrowding, unhealthy conditions and sheet metal” and have a chance at a future.

“I cannot say the leaders are living in places of luxury,” he acknowledged.

Most of the leaders, in fact, are expected to spend the rest of their lives in prison, either in solitary confinement or in malodorous cells shared with dozens of others.

‘Keep Two Bucks’

One day in 2014, an imprisoned leader of the 18th Street gang who goes by the alias Chiki was issuing instructions to a low-level gang member identified as Shaggy.

Speaking by phone from the Izalco penitentiary, Chiki, who was serving time for extortion, ordered Shaggy to make a pickup of an extortion payment. It was $100 from an operation in Colonia Rubio in the department of La Unión. And, though Shaggy risked up to 20 years in prison if caught, there was something special in it for him, Chiki said.

“Keep two bucks so you can get yourself something to eat,” Chiki said, in what turned out to be a wiretapped conversation. He added: “And tell El Demente,” the Demented One, “to give you some custards for your kid.”

Chiki, whose real name is José Luis Guzmán, was the third in command of the 18th Street gang’s Southerners faction in eastern El Salvador. Another prison wiretap recording showed an even higher-level 18th Street leader, Carlos Ernesto Mojica, getting involved in negotiations with a chicken vendor who sought to lower her monthly extortion payment to $200 from $400.

That these leaders were overseeing such small-bore operations typifies the pettiness of gang business. While officials publicly portray the gangs as international criminal syndicates and narco-gangs, law enforcement records and data tell a different story — as do some authorities when speaking privately or in one-on-one interviews.

In the four years before Operation Check, the biggest sum collected in a police anti-extortion raid was $6,377; some raids netted only $5.

“I have never had a case involving the quantity of money necessary to maintain organized crime,” said Nora Montoya, a judge who has handled gang extortion cases for decades.

Similarly, Mr. Cotto, the police director, said the term “narco-gang” was “sensationalism” and could be misinterpreted as suggesting that Salvadoran street gangs were working directly with the Gulf Cartel or the Zetas in the transshipment of drugs from South America to the United States.

“This is not the case. It is definitely not the case,” he said.

Although Salvadoran gangs sell drugs, they do it like street-corner dealers, not international operatives. From 2011 to 2015, the National Police seized 13.9 kilograms of cocaine from gangs; that was less than 1 percent of the total seized. Three-quarters of the gang members prosecuted on drug charges over the last few years were charged with possessing less than an ounce.

A veteran cocaine dealer in San Salvador said serious drug-trafficking organizations wanted nothing to do with the street gangs, which are considered unreliable and volatile.

“The wholesalers I work with would not sell to the gang guys,” he said. “They don’t trust them.”

Over a decade ago, the police confiscated an account ledger from José Luis Mendoza Figueroa, a founder of MS-13, that contained no evidence of any drug business. Instead it showed weekly receipts that averaged $14 from the 19 “cliques” — the smallest gang units — he controlled, and trivial outlays for bullets ($8), taxis ($25), Christmas dinners, liquor and “$50 for the homeboys in prison.”

A couple of years ago, federal agents seized a similar ledger from the treasurer of the Park View Locos clique of the MS-13 in Usulután in southeast El Salvador. A log of one day’s expenses showed $30 for a cellphone chip, $10 for “mujer chief” (the chief’s wife or woman), $35 for “another woman” and $10 for food, with $29 listed as the balance.

The notebook also contained the gang member’s grandiose musings: “The day I die I want to be remembered as a strong street-level soldier, a committed delinquent, and at the hour that the shots ring out, I want to be marked ‘present.’”

Grunts Seeking Respect

According to an internal code, only leaders can speak on behalf of the 18th Street gang. But in the rural department of La Paz, one of the most violent in El Salvador, a 15-year-old gang member clambered to his feet from an old mattress on the dirt floor of a mud-walled house to defy that rule. He had agreed to grant an interview on two conditions: that his identity be protected, and that breakfast be provided.

The boy, gangly and pimply, is a fledgling member of the 18th Street Revolutionaries, a faction of the 18th Street gang, and he works as an extremely small-time roadside extortionist. He collects $15 monthly from each of three food trucks that rumble through his district carrying chewing gum, Pepsi sodas and Bimbo bread. He then turns over the proceeds to the leader of his clique.

“All the loot goes to weapons,” the youth said; he himself was awarded a 9-millimeter pistol and many nights takes it out on “patrol.”

Like so many young recruits, the teenager is an obedient soldier who risks his life to protect his territory without earning a penny from his organization. It is a bargain for the gang leaders who manage the gang economy: tens of thousands of grunts who are not seeking personal profit, only respect and a sense of belonging.

One of 14 children, the boy never went to school and does not know how to read or write. He probably could have found work in the nearby sugar-cane fields, where, even if conditions were miserable, he would have earned $100 a month. But, feeling bullied and vulnerable at 13, he believed that gang membership would give him something less tangible but more valuable at that age.

“I was a kid: I was stupid,” he said about joining. “A bunch of crazy guys were messing with me because I was a kid, smacking me in the head, knocking me around. It made me think: I have had enough. Since I joined up, nobody screws with me.”

The department of La Paz, with all its sugar-cane production, is fairly lucrative for the gangs. The Federation of Associations of Sugar Cane Producers said in June that its members had paid $1.5 million in extortion fees over a recent five-month period.

But none of that trickles down to the rank and file. So in order to survive, the boy runs his own little racket on the side: “private extortion,” gang members call it. His particular clique forbids members to extort their neighbors. Instead, he collects and pockets “rent” from a few poor businesses on the periphery of his clique’s zone.

He said he netted $40 a month — “only enough for what I’m going to eat.” Despite his age, he is mostly left to fend for himself by a hapless mother with too many mouths to feed.

While the teenage gang member talked, three of his little siblings circled the breakfast — scrambled eggs, beans and plantains — that waited in cartons on the floor. He gave his younger brother permission to open a carton. The little boy, who had matted hair and a dirty face, let out a squeal of delight, and proceeded to attack the meal with his hands.

In two years of gang life, the teenager has already witnessed and participated in significant bloodshed. He said he had been involved in two “collective homicides.” In both cases, members of a rival gang had dared to breach the invisible border that separates MS-13 from 18th Street territory. One man was looking to buy some marijuana; the other to meet girls at a village festival. They were killed for their defiance.

In the spring, the 26-year-old leader of the teenager’s clique — whom he knew as Shadow — died in what the police described as a clash between the authorities and gang members. The boy was not present, but he had witnessed the deaths of three other clique members in February in another encounter described as a clash, he said.

The boy said none of his homeboys had been carrying weapons that winter day. Hiding in a trash pile, he watched as the police killed his friends, teenagers like him, and then, he said, placed guns around their bodies to make it look as if they had fallen in crossfire.

Two neighbors who are not gang members supported his version of events in interviews, and it is not far-fetched: El Salvador’s attorney general for human rights has 31 open cases against the police for alleged summary executions of 100 gang members over the last year and a half.

The day of that interview and in follow-up conversations throughout the summer, the boy made it clear he was scared of the police. Since February, officers had been stopping by his house from time to time, and he had spent much of his time hiding from them in the mountains.

“I need to save money to get out of here,” he said. “If they catch me, they’re not going to let me live.”

They did catch him, in October, and arrested him for extorting $40 — his private extortion — from a local merchant. He was jailed, and faces up to 15 years in prison.

Failure of the ‘Iron Fist’

As violence peaked in 2015, reaching levels unseen since the aftermath of El Salvador’s long and brutal civil war, entire communities abandoned their homes because of gang threats. It became such a recurring phenomenon that television channels interrupted their programming to broadcast live the precise moment in which dozens of families fled, on foot or in pickup trucks tightly packed with suitcases, mattresses, chickens and pigs.

Having failed to guarantee them daily security, the police nonetheless supervised their moves. Pedro González, the chief of the anti-gang unit, showed up at one mass exodus, from a condominium building in suburban San Salvador. After imploring residents in vain to stay put, he led them in an alternate response.

“It doesn’t matter who here is Catholic or evangelical, let us raise a prayer,” he said. “That is the most important, let us turn to God.”

Over the years, the Salvadoran authorities have tried to quash the gangs with military might, to prosecute them into oblivion, to banish them with lengthy prison terms and, briefly, to negotiate with them. (The dialogue was corrupted by, among other things, the secret efforts of the two major political parties to court the gang leaders’ electoral support at the same time.)

When the government ratcheted up its “iron fist” approach last year, three gangs, working in coordination, responded with a show of force. On a Sunday night, they distributed written and oral messages to bus owners and employees: “He who takes out a vehicle tomorrow is going to end up glued to his steering wheel.” To underscore their seriousness, they killed a driver and burned three microbuses as a warning.

The next day, six drivers who had disobeyed their order were killed. The authorities sent soldiers and tanks into the streets, and deployed government vehicles to substitute for the buses, but the gangs succeeded in almost completely paralyzing San Salvador’s transportation system for four days. Some 1.3 million Salvadorans were affected; many high schools and universities suspended classes and the economy suffered an $80 million loss, according to the Chamber of Commerce. It was a ruthless show of force.

This year, with Operation Check, the government conducted one of its most professional law enforcement efforts to date, and comments by senior officials suggested a new willingness to approach the gangs as a complex phenomenon with deep roots in the profound inequalities of a country where a third of the population lives in poverty.

Yet by hyping its findings, the government continued to misrepresent the gangs as sophisticated criminal organizations, ruthlessly driven by a thirst for financial gain. And though in Operation Check it acknowledged a distinction between the culpability of leaders and rank-and-file members, that distinction was lost on the street.

The authorities have continued to treat all gangsters as mortal enemies and have doubled down on their use of force. Some 424 gang members had died in confrontations with the police this year as of September.

“If the use of force is not the correct path in this moment, at this stage, at this juncture, then what is?’’ Óscar Ortiz, the country’s vice president, asked in late October.

The government cites as evidence a recent drop in murders: 4,431 by mid-October, compared with 5,363 by that point in 2015. But that is still the second highest toll since 1995.

In Operation Check, the government sought to sow dissent in gang ranks by portraying the leaders of MS-13 as self-interested profiteers. Afterward, a written message sent out from a Mara Salvatrucha-dominated prison demanded that “justice” be meted out to those revealed by Operation Check to have betrayed the gang, according to an American official in El Salvador who monitors the gangs.

As of yet, though, there do not seem to have been any revenge killings, internal purges or mass defections.

For a gang member tired of the gang life, at any rate, there is nowhere to go. Those who are not incarcerated are marked, quite literally with tattoos, for life. There are no rehabilitation centers where they can seek refuge, no programs to reintegrate them into society and no gang-prevention initiatives aimed at high-risk youths.

The only alternatives appear to be those that gang members themselves spray-paint on walls throughout the country: “Jail or the Cemetery.”

PDDH concluye que Policía y militares cometieron ejecuciones extralegales. El Faro

Entrada principal de la finca cafetalera San Blas, en San José Villanueva, lugar en el que la madrugada del 26 de marzo de 2015 el Grupo de Reacción Policial mató a ocho personas, entre los que había dos civiles. Foto archivo El Faro.

Entrada principal de la finca cafetalera San Blas, en San José Villanueva, lugar en el que la madrugada del 26 de marzo de 2015 el Grupo de Reacción Policial mató a ocho personas, entre los que había dos civiles. Foto archivo El Faro.

Casi nueve meses después de que se abrió el expediente de la primera de las dos matanzas investigadas, la máxima instancia que vela por los derechos humanos en el país, la PDDH, concluyó que policías y soldados no solo masacraron a personas rendidas y el farodesarmadas, sino que trataron de encubrirlo. Según el procurador David Morales, ni la PNC ni Fiscalía ni Fuerza Armada dieron la información necesaria para aclarar dos masacres perpetradas en 2015 por fuerzas de seguridad, una en la finca San Blas (San José Villanueva) y la otra en el cantón Pajales (Panchimalco), que dejaron 13 personas muertas. La institución tiene otros 28 casos en estudio y admite que podrían ser aún más.

Óscar Martínez y Roberto Valencia, 25 abril 2016 / EL FARO

La Policía Nacional Civil (PNC) mintió en su versión de lo ocurrido el 26 de marzo de 2015 en la finca San Blas, en el cantón El Matazano II de San José Villanueva. No mataron a ocho personas (entre ellas dos menores de edad) en un enfrentamiento, como aseguraron, sino que fueron “ejecuciones extralegales”. Asimismo, la Fuerza Armada mintió en su versión de lo ocurrido el 15 de agosto de 2015 en el cantón Pajales, de Panchimalco. No mataron a tres hombres y a dos menores de edad en un enfrentamiento, sino que esos homicidios fueron “ejecuciones extralegales”. Estas fueron las conclusiones de las investigaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presentadas en conferencia de prensa tras casi nueve meses de investigación por David Morales, el procurador general.

La investigación de la PDDH se basó en el análisis de autopsias, entrevistas a forenses, entrevistas a sobrevivientes de ambas masacres, visita a los lugares y, en el caso de San Blas, en el análisis del dictamen de la Unidad de Control de la PNC. La Fuerza Armada, dijo Morales, no entregó ni un documento. La Policía y la Fiscalía colaboraron lo mínimo. Más bien, en palabras de Morales, todas las instituciones involucradas “dificultaron la investigación”. El informe de la PDDH no solo habla de las ejecuciones, sino de la alteración de las escenas del crimen. En ambos casos, concluye la institución estatal, la escena fue contaminda. En la masacre de la finca San Blas, agrega, cuatro cadáveres fueron cambiados de lugar antes de que llegara el Instituto de Medicina Legal.

Ambas investigaciones fueron abiertas por la PDDH tras la publicación de materiales periodísticos. El Faro publicó en julio de 2015 la crónica ‘La Policía masacró en la finca San Blas’, mientras que La Prensa Gráfica publicó en octubre del mismo año el reportaje ‘Cinco muertes sin explicación’.

Negligencia en las investigaciones y negación de información

Antes de desmenuzar las investigaciones, Morales pidió un momento para rechazar las “informaciones falsas” que acusan a la PDDH de brindar “protección a delincuentes”. “Es falso que para tener seguridad haya que ejercer violencia ilegal y violentar los derechos humanos… El Estado no puede ser igual o peor que el criminal”, sentenció. Remató trayendo a cuento una década oscura para el país: “Si el Estado comienza otra vez, como hacía en la década de los ochenta, a ejercer la violencia ilegal, y esta es tolerada, lo único que tendremos es un escalamiento de la violencia, una respuesta más atroz de las pandillas”.

Según la PNC, desde finales del año pasado se registran entre dos y tres “enfrentamientos” al día con pandilleros. Esa es la categoría bajo la que Policía y Fuerza Armada presentaron los hechos de los que se habla en el reporte de la PDDH. En la gran mayoría de enfrentamientos no hay bajas ni heridos de parte de las autoridades, pero sí muertos del lado de los supuestos delincuentes.

La introducción del procurador fue una reprimenda para las autoridades de seguridad de El Salvador: “Es motivo de preocupación para esta Procuraduría que se estén presentando desde el año pasado hasta lo que va de 2016 casos de supuestos enfrentamientos armados entre autoridades de seguridad con grupos delictivos, y en los cuales diferentes medios de comunicación están recogiendo elementos de información en el sentido de que pudieron haberse producido ejecuciones extralegales. Evidencia de que no necesariamente hubo un enfrentamiento; o, si se dio, el grupo de personas intervenidas fueron neutralizadas y pudieron ser objeto de privación arbitraria de la vida con posterioridad. Alrededor de 30 expedientes de trabajo han sido abiertos en mi gestión por casos que suponen este tipo de sospechas. Esos 30 casos suponen un aproximado de un centenar de personas fallecidas”, dijo Morales, antes de iniciar con los reclamos concretos a las autoridades por omisiones realizadas en los casos San Blas y Pajales.

Morales lamentó “la debilidad de las unidades de control interno de la Policía”. Dijo que en ambos casos “no han garantizado una investigación seria y efectiva, y que han ignorado información relevante o cometido negligencias graves”.

Tras cuestionar los métodos de contraloría interna en la PNC, Morales enfiló contra el exfiscal Luis Martínez; el ministro de Defensa, David Munguía Payés, y contra la dirección de la PNC: “Tuvimos una total negativa de colaboración para acceder a la información fiscal por el anterior fiscal general, Luis Martínez. Parece estar cambiando a raíz de una mayor apertura del actual fiscal… Falta total de cooperación por parte del actual ministro de Defensa en el caso Pajales. Se negó a entregarnos la información requerida… Recibimos poca colaboración de los últimos dos directores de la Policía: comisionado Ramírez Landaverde y comisionado Howard Cotto. Tampoco remitieron la información requerida”.

David Morales, procurador para la Defensa de lso Derechos Humanos (PDDH). Foto cortesía PDDH.

David Morales, procurador para la Defensa de lso Derechos Humanos (PDDH). Foto cortesía PDDH.

 

Según Morales, las excusas para no entregar información, al menos entre la Policía y la Fiscalía, venían encadenadas: la Policía aseguraba que ya la había remitido a la Fiscalía y que no se había quedado con ninguna copia; la Fiscalía aseguraba que ya la había recibido, pero que era información bajo reserva. El procurador invitó al actual fiscal, Douglas Meléndez, a ordenar una investigación para determinar si hubo encubrimiento de parte de altos funcionarios.

Cadáveres arrastrados y armas cargadas

La PDDH presentó un resumen de los hallazgos. En el caso de la masacre en la finca San Blas, aparte de la negligencia en el procesamiento de la escena, agrega dos inconsistencias determinadas durante la investigación. La primera se trata de una “inconsistencia con el estudio fotográfico de la escena y manipulación de las armas encontradas”. Ya en la publicación del reportaje se señalaba que en el caso de Sonia Guerrero, de 16 años y novia de uno de los pandilleros, la pistola Glock encasquillada junto a su cadáver y los dos cargadores aparecían en dos posiciones distintas. Eso era evidente en fotografías que circularon en las redes sociales, tomadas antes de que forenses del Instituto de Medicina Legal llegaran a la escena.

Sonia murió de un solo tiro en la boca. Consuelo Hernández, madre de uno de los muertos, escuchó todo a pocos metros de distancia, sometida por los policías en la parte baja de la finca. Según Consuelo, Sonia suplicó por su vida. Los agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP), con insultos, le ordenaron que se hincara. Ella lloraba y les pedía tiempo para explicarse. Sonia era novia de Taz, un pandillero de 34 años que murió en la misma matanza.

La segunda inconsistencia resaltada por la PDDH es la contradicción entre las declaraciones de agentes y la familiar de una de las víctimas. Consuelo era la madre de Dennis Alexander Martínez Hernández, de 20 años. Él no era pandillero, era el escribiente de la finca que poco a poco se tomaron pandilleros de la Mara Salvatrucha. Este lunes, Morales lo reconoció: “Hemos confirmado que Dennis Alexander Martínez no habría sido miembro activo de pandillas, sino el joven escribiente de la finca”. Sobre el testimonio de Consuelo, el procurador dijo que es “consistente y creíble”. Consuelo Hernández de Ramírez, pobre y campesina, escuchó a su hijo suplicar también por su vida la madrugada del 26 de marzo. Luego escuchó el disparo que, de arriba hacia abajo, atravesó la cabeza de Dennis.

En la escena registrada por la Policía, a Dennis le habían colocado a su alrededor dos corvos y un cuchillo.

El hermano de Consuelo, Jesús Hernández, que habló por teléfono con Dennis hasta que el muchacho salió del cuarto y fue asesinado, desapareció 19 días después de la masacre, mientras iba hacia la finca. Apareció un día después con el cráneo destrozado y un lazo alrededor del cuello, muy cerca de la finca San Blas. Murió asfixiado y macheteado, según la autopsia. Él, a gritos, acusó a los policías de asesinos mientras procesaban la escena. Miembros de la familia, tras el asesinato de Dennis, recibieron llamadas del teléfono celular que Dennis tenía, el mismo que ocupó para hablar con Jesús antes de ser sometido por los policías. Los familiares no contestaron, pero interpretan las llamadas como una amenaza.

Consuelo, la madre de Dennis y única testigo que declaró ante la PDDH, fue amenazada de muerte vía telefónica en noviembre de 2015. Ese mes huyó del cantón El Matazano II, donde está la finca San Blas.

El informe de la PDDH agrega una lista de razones más por las que condena la actuación policial de aquella madrugada. Dan crédito a que la escena fue “contaminada deliberadamente”; que “cuatro cuerpos fueron movidos de su posición original”; que el examen serológico no registra muestras de sangre en las armas, algo muy raro teniendo en cuenta que se presentó el hecho como un enfrentamiento y que quienes supuestamente portaban esas armas murieron baleados; que los cuerpos no estaban en “posición de atrincheramiento”, sino expuestos, como si no se hubieran cubierto o no hubieran estado en ningún enfrentamiento; que cargadores de las armas que presuntamente tenían los masacrados estaban “llenos de munición, pese al supuesto enfrentamiento de 45 minutos”; que hay una persona con “edema cerebral y múltiples lesiones… lo que hace presumir nuevos disparos causados ya estando herido”.

Imagen tomada un día después de la masacre de la finca San Blas. La sangre pertenece a Ernesto Hernández Aguirre (a) Bote, de 17 años de edad, uno de las ocho personas fallecidas en la matanza. Foto archivo El Faro.

Imagen tomada un día después de la masacre de la finca San Blas. La sangre pertenece a Ernesto Hernández Aguirre (a) Bote, de 17 años de edad, uno de las ocho personas fallecidas en la matanza. Foto archivo El Faro.

Sobre esta masacre, el expediente SS-0309-2015 de la PDDH concluye que hay elementos suficientes para establecer “la privación arbitraria de la vida por ejecución extralegal en perjuicio de Dennis Alexander Hernández Martínez y Sonia Esmeralda Guerrero, por responsabilidad de efectivos policiales que formaron parte del operativo”.

Acerca de los otros seis muertos en la finca San Blas, el informe dice que “existen elementos suficientes de investigación para establecer la presunción respecto a que se haya producido igualmente la privación arbitraria de la vida por ejecución extralegal”.

Disparos a quemarropa

La versión oficial en el caso del cantón Pajales se dio por medio de comunicados de prensa de la Policía y la Fuerza Armada. La versión consigna que la noche del 15 de agosto de 2015, militares y policías habían detectado movimiento de pandilleros en la zona del caserío La Loma, cantón Pajales, Panchimalco. Llegaron al lugar y fueron recibidos a balazos por miembros del Barrio 18-Revolucionarios. Los pandilleros, consignó la versión oficial, los atacaron desde el interior de una vivienda de adobe. Ellos respondieron y los mataron a todos, menos a uno, a quien detuvieron.

Testimonios recavados por periodistas de La Prensa Gráfica revelaron que las ejecuciones ocurrieron fuera de la vivienda, que los cuerpos fueron arrastrados luego a su interior y que en la casa estaban un hombre y una mujer mayores, tres mujeres jóvenes, una niña de dos años y un niño de cuatro.

Los pandilleros no vivían ahí, sino que habían llegado huyendo de los militares y policías. Llegaron armados pero, según la versión de los testigos, dejaron las armas cuando se vieron acorralados en la casa. Se entregaron y fueron fusilados ahí mismo.

En el caso SS-0369-2015 presentado por la PDDH se le da crédito absoluto a la versión publicada por La Prensa Gráfica. El informe detalla que, aparte de todas las evidencias que también presenta el caso de la masacre de la finca San Blas, en esta ocasión hay dos elementos contundentes más que personal de la Procuraduría corroboró en su propia investigación: “Un cuerpo revela tatuaje de pólvora y otro ahumamiento”. Eso significa que a uno le dispararon desde una distancia menor a 60 centímetros, y a otro a una distancia inferior a los 30 centímetros. Tres de los cuerpos muestran edema cerebral, además de otros disparos que debieron provocarles la muerte. Todo apunta a que fueron rematados cuando ya estaban heridos.

En este caso, la PDDH concluye que para los cinco muertos “hay elementos suficientes de investigción para establecer la privación arbitraria de la vida por ejecución extralegal… Por responsabilidad de efectivos  policiales y militares que formaron parte del operativo conjunto”.

La PDDH, al final del documento, hace sus recomendaciones y conclusiones finales. Por ambos casos declara el incumplimiento de la ley de la PDDH por parte del exfiscal Luis Martínez; del exdirector de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde (hoy ministro de Justicia y Seguridad); del actual director, Howard Cotto; y del ministro de Defensa, general David Munguía Payés. Exige a la Fiscalía investigar las amenazas contra Consuelo Hernández y los familiares de Camila, una testigo que desapareció tras la masacre de Pajales. Pide investigar la muerte de Jesús, el hermano de Consuelo, así como brindar protección a ella y su familia. Pide a la PNC y a la Fiscalía que se realicen investigaciones “objetivas y efectivas” en ambos casos. Pide lo mismo a la Inspectoría de la Policía.

Oenegés cuestionan al gobierno; también Estados Unidos

Los señalamientos de la PDDH a la administración de Salvador Sánchez Cerén y a la Fiscalía en materia de derechos humanos son el más reciente episodio de la preocupación que en distintos sectores han despertado el guerrerismo del gobierno, desatado en enero de 2015 y que con el paso de los meses no ha hecho sino aumentar en intensidad y en número de víctimas.

El pasado lunes 4 de abril, el Estado salvadoreño –representado por su canciller, Hugo Martínez– tuvo que comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las oenegés Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) acusaron al gobierno de desatender los derechos humanos en su estrategia de seguridad ciudadana.

“Las masacres sobre las que se ha pronunciado la PDDH no son dos casos aislados”, dijo Abraham Ábrego, director de Fespad, quien señaló que tanto la PNC como la Fuerza Armada están haciendo “un uso excesivo de la fuerza”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, fue interpetado ante la CIDH por representantes de las oenegés Fespad, SSPAS y Cejil el pasado 13 de abril en Washington, Estados Unidos. Las tres organizaciones creen que el Gobierno está violando los derechos humanos en su estrategia de combate a las pandillas. Foto cortesía CIDH.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, fue interpetado ante la CIDH por representantes de las oenegés Fespad, SSPAS y Cejil el pasado 13 de abril en Washington, Estados Unidos. Las tres organizaciones creen que el Gobierno está violando los derechos humanos en su estrategia de combate a las pandillas. Foto cortesía CIDH.

Verónica Reyna, subdirectora de derechos humanos del SSPAS, fue más explícita en su denuncia: “Desde el Estado se ha dado la permisividad para que se cometa este tipo de arbitrariedades; hay elementos para creer que se está permitiendo una política de exterminio a la Policía Nacional Civil, y los controles internos no están funcionando, e incluso están facilitando que se den estos casos”. De la Fiscalía dijo que durante el mandato de Luis Martínez se hizo “del ojo pacho” ante las denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad.

Tanto Ábrego como Reyna se mostraron confiados en que en las próximas semanas la comisionada Margarette May Macaulay, relatora para El Salvador de la CIDH, viaje a El Salvador para corroborar sus denuncias contra el Estado salvadoreño.

Aunado a los señalamientos de las oenegés, el interés de la CIDH y la investigación de la PDDH, Estados Unidos también se ha pronunciado sobre este asunto.

En su informe sobre la violación de los derechos humanos en el mundo que el Departamento de Estado presentó el pasado 13 de abril, Washington señaló al Gobierno: “En 2015 hubo numerosos reportes de fuerzas de seguridad relacionadas con asesinatos extrajudiciales”. Entre los casos señalados está la masacre de la finca de San Blas.

Pandillas aseguran que tenían pacto electoral con el FMLN. El Faro

Un comunicado firmado por las tres pandillas asegura que en los días de la elección presidencial de 2014 sostuvieron reuniones con los más el faroaltos dirigentes del partido hoy en el gobierno y que llegaron a acuerdos para procurar que el FMLN ganara la elección presidencial. Aseguran que dan por roto el acuerdo y que no permitirán que el Frente se organice ni haga campaña en “sus” comunidades.

Carlos Martínez, 18 abril 2016 /EL FARO

Voceros de las tres pandillas más grandes de El Salvador hicieron llegar este lunes 18 de abril un comunicado a El Faro en el que aseguran haber tenido un pacto con el partido de gobierno para favorecerlos durante la elección presidencial que en 2014 se resolvió en una segunda ronda.

El documento, firmado por los “voceros nacionales” de la Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18 (Sureños y Revolucionarios), dice que las pandillas dan por roto los acuerdos que aseguran haber hecho con el gobierno: “Hemos decidido suspender definitivamente cualquier tipo de acuerdos que en años pasados han existido con el FMLN para generar en nuestras comunidades apoyo electoral para ellos y para impedir el voto para la oposición”.

En el comunicado, los pandilleros no se limitan a hacer señalamientos generales, sino que agregan nombres de dirigentes políticos del partido con los que dicen haber entrado en negociaciones directas: “Luego de la publicación del video de una reunión entre pandilleros y dirigentes de Arena, el gobierno ha acusado a Arena de haber hecho pactos con las pandillas, cuando en verdad los que han negociado nuestro apoyo electoral han sido dirigentes del FMLN al más alto nivel, como Benito Lara, Medardo González y José Luis Merino. Todos ellos se han reunido con nosotros y nos han ofrecido que el nuevo gobierno del FMLN iba a reducir la represión contra nuestra gente y abrir canales para buscar el diálogo…”, afirma el comunicado.

CgYBD9jVAAA-DSJ

Medardo González es el secretario general del FMLN y José Luis Merino forma parte de la cúpula del partido y es pieza clave en la estructura de la empresa Alba Petróleos de El Salvador. Benito Lara fue diputado y cuando inició el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, el 1 de junio de 2014, asumió como ministro de Justicia y Seguridad Pública. En enero de este año dejó el cargo y ahora es asesor presidencial en materia de seguridad.

El Faro contactó con voceros de las dos facciones del Barrio 18, quienes avalaron el texto y aseguraron que la MS-13 también comparte el contenido del comunicado. Sin embargo, no fue posible establecer contacto con algún miembro de alta jerarquía de esa pandilla.

Según los pandilleros contactados, las sesiones con el FMLN tuvieron lugar en el contexto de la elección presidencial y afirmaron que se reunieron con los dirigentes de izquierda “antes de la primera vuelta (electoral) y después de la primera vuelta electoral”. La primera ronda electoral tuvo lugar el 2 de febrero y la segunda, el 9 de marzo. De resultar real la versión de las pandillas, significaría que los políticos de izquierda citaron a los líderes pandilleros, más o menos en las mismas fechas en que también se reunieron con ellos el vicepresidente de Ideología de Arena, Ernesto Muyshondt, y el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano.

Uno de los pandilleros consultados explicó: “Es que cuando Arena nos buscó para equilibrar las cosas ya teníamos un pacto con el FMLN. O sea que no se podía porque ya había un acuerdo con el Frente”.

Posterior a la primera vuelta electoral, voceros de Arena acusaron reiteradas veces al FMLN de tener pactos con pandilleros para que estos impidieran a los votantes areneros acudir a las urnas. De hecho, el ahora diputado Muyshondt justificó su reunión con pandilleros argumentando que el encuentro buscaba convencer a las pandillas de que le permitieran a sus seguidores salir a votar.

CgYBFSeUkAQjQNb

En el comunicado también se asegura que ha habido reuniones con el diputado Guillermo Gallegos, del partido Gana, quien en noviembre próximo asumirá la presidencia de la Asamblea Legislativa gracias al pacto que su partido ha hecho con el FMLN. Gallegos es impulsor de medidas de corte “manodurista”, como juzgar a los pandilleros menores de edad como adultos y ofrecer armas a la población civil para que combatan a las maras. En el comunicado, las pandillas también dicen haber sostenido encuentros con el expresidente de la Asamblea Legislativa y del partido Arena Walter Araujo. Araujo, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, fue candidato a alcalde de San Salvador por Gana en marzo de 2015.

El Faro intentó contactar con los dirigentes del FMLN mencionados en el comunicado. El teléfono de Medardo González se encontraba apagado; a Benito Lara se le explicó por medio del sistema de mensajería Whatsapp las razones por las que el periódico quería contactarlo, pero no respondió. Se intentó buscar al vocero del gobierno, Eugenio Chicas, pero no atendió las llamadas a ninguno de los dos celulares.

El único que se pronunció fue Guillermo Gallegos, quien negó cualquier encuentro con pandilleros: “Nunca me reuní con terroristas. Eso es falso. Mucho menos con Walter Araujo, casi nunca coincidimos en campaña. Ellos (pandilleros) pueden decir cualquier cosa, pero yo con terroristas no me he reunido ni me reuniré. Que sepan los terroristas que nunca me amedrentarán y que seguiré haciendo todo los esfuerzos que sean necesarios para que no castiguen a los salvadoreños”, dijo.

Anuncian boicot contra FMLN y Gana

En el comunicado, los pandilleros aseguran sentirse “defraudados” por los dos partidos que mantienen una alianza en la Asamblea Legislativa y advierten que para elecciones próximas (las de alcaldes y diputados están programadas para 2018) no permitirán que ninguno busque votos en lo que consideran sus territorios, prohibiendo incluso cualquier tipo de propaganda alusiva al Frente o a Gana.

“Los dirigentes del FMLN y Gana nos han defraudado, porque ninguna de sus promesas se han hecho realidad. Por lo contrario, promueven nuestra aniquilación por medios militares. Por tanto, nuestras comunidades nunca jamás volverán a ser canchas para que el FMLN o Gana busquen votos y organización partidaria. Por eso hemos dado instrucciones a nuestros territorios de no permitir actividades partidarias del FMLN y Gana, ni el uso de sus distintivos, como banderas, camisetas, gorras, etc”, dice el documento, que agrega con letras resaltadas: “Quienes nos han declarado la guerra no pueden esperar que los recibamos en nuestros territorios”.

En el documento también se dice que las tres organizacio nes criminales se adjudican la reducción de los asesinatos ocurrida desde finales de marzo, cuando cayeron de más de 20 diarios a un promedio que ha rondado los 10 cada día: “Las cifras de homicidios de las últimas semanas demuestran que somos hombres de palabra y cumplimos. Debido a nuestra decisión de suspender todas las acciones ofensivas, la cuota de sangre ha bajado de 24 muertos diarios a 11”, aseguran, aludiendo a su compromiso lanzado el 26 de marzo de frenar su propia violencia mortal y se comprometen a mantener su ofrecimiento vigente.

El Salvador’s gangs call a cease-fire, but many doubt it will hold. The Washington Post

Joshua Partlow, Mexico Bureau Chief, The Washington Post

Joshua Partlow, Mexico Bureau Chief, The Washington Post

Joshua Partlow y , 3 abril 2016 / THE WASHINGTON POST

One of the gangsters, a black bandanna over his mouth and two rosaries around his neck, tapped his clawlike fingernail on the table.

Next to him was a sworn enemy, a man with a black fisherman’s hat pulled down over rainbow-tinted sunglasses.

The two rivals, and their tens of thousands of followers in El Salvador’s dominant gangs, have called a halt, for the moment, to their street war with each other and the government. On March 25, Mara Salvatrucha and two factions of the 18th Street gang announced a cease-fire, a respite from the fighting that has made El Salvador one of the world’s deadliest countries.

Inmates stand next to a police vehicle while being transferred to the Quezaltepeque prison in El Salvador on March 29. (Fred Ramos/For The Washington Post)

Inmates stand next to a police vehicle while being transferred to the Quezaltepeque prison in El Salvador on March 29. (Fred Ramos/For The Washington Post)

washington post“We’re not friends,” one of the gangsters, a spokesman for the 18th Street gang, said in a rare interview last week, alongside a Mara Salvatrucha representative. “But the three gangs are united in this effort to come together to stop the violence that’s assaulting our country.”

 Many, though, expect the cease-fire will be temporary, a lull in an ever more chaotic battle, a moment that simply shows the enormous gap that separates these gangs from the government. El Salvador’s ferocious pace of violence, with more than 2,000 murders in the past three months, has exhausted all sides. Dozens of police and their relatives have been hunted down and killed by gangsters, provoking defections from the ranks. The gangsters complain about police running death squads, their friends being driven off in pickup trucks and disappearing.

But despite the enormous toll on both sides, the administration of President Salvador Sánchez Cerén has remained defiant, vowing to tighten security at prisons and relentlessly pursue gang members.

“The government has said there’s no chance of dialogue with the gangs,” Mauricio Ramírez Landaverde, the minister of security and justice, said in an interview.

The Salvadoran gangs are descendants of gangs formed in Los Angeles in the 1980s by immigrants who fled this country’s civil war. Many of their leaders were eventually deported back to El Salvador. The country is now a patchwork of gang-controlled neighborhoods. Their members extort residents, kill, kidnap, rape and serve as sentries against rival cliques. The gangs and experts who study them estimate their active ranks at 70,000 people, not including the tens of thousands behind bars.

After Sánchez Cerén was elected in 2014, he criticized his predecessor’s decision to negotiate with the gangs, and vowed to punish them with the full force of the law. The conflict has steadily escalated.

“I think there is really a fatigue with the war,” said Juan Jose Martinez, an anthropologist who studies Salvadoran gangs.

“This is not like the violence we’ve always had,” he added. “This is a crisis of violence.”

But Sánchez Cerén, a former leftist guerrilla leader during El Salvador’s 12-year civil war, has vowed to intensify the crackdown on the gangs. Following months of police raids, his government plans to transfer hundreds of jailed gang leaders to solitary confinement, and has proposed what it calls “extraordinary measures” to further disrupt gang communications. “With these cruel criminals, it is not possible to have an attitude of tolerance,” Sánchez Cerén said last week.

Ramírez Landaverde dismissed the possibility that the current pause could stretch into a more durable peace, saying the gang landscape is fragmented with hundreds of small cells and cliques.

“Often it turns out they [gang leaders] don’t have the backing of all the groups, or all of the members,” he said. “Many of them don’t participate, and you can see proof in the streets. They’re killing like nothing happened.”

‘This is kicking the hornet’s nest’

The streets, however, do seem to have calmed. Over the first six days of the gang cease-fire, initially set for 72 hours but now with no official endpoint, an average of 10 people were slain each day, less than half the rate of killing in the first two months this year.

The representatives from Mara Salvatrucha and 18th Street agreed to an interview, speaking on the condition of anonymity to discuss their self-imposed cease-fire. They met with a reporter in the top-floor office of a Lutheran church in an industrial part of San Salvador, where they have come repeatedly to see religious and community leaders in recent months.

They said they have agreed, for now, to respect each other’s territorial limits.

“They have their territory, we have ours,” the Mara Salvatrucha spokesman said. “We are demonstrating to the Salvadoran people, the international community, that we are capable of coming here, stopping this whole wave of violence. We can stop everything.”

The gang members said, however, that they had lost faith in the possibility of negotiating directly with the government, and asked for the international community — the United Nations, the European Union, Pope Francis — to step in as a mediator.

Past attempts at ending the gang war have failed. A 2012 truce, negotiated by former guerrillas and religious leaders, with the support of former president Mauricio Funes, lasted for two years and then fell apart after the government imposed tighter conditions on jailed gang members. Critics say that the gangs used the time to rearm and grow stronger.

The current one-sided truce could quickly be followed by more violence, as the gangs seem determined to fight back if the police do not ease up.

“This is kicking the hornet’s nest,” Raul Mijango, a politician and former guerrilla who helped negotiate the previous gang truce, said of the government’s current approach. “These iron-fisted actions — today it’s total war declared against the gangs — have not been effective against these types of problems. On the contrary, what they’ve always done is increase them.”

Some of the gang members’ statements had a political flavor: They described the government as corrupt and exploitative and labeled members of the administration as hypocrites, former guerrillas who betrayed the poor people of El Salvador once they got into power. The gang members cast themselves as benefactors, offering survival in a poor job market.

“If there isn’t work, how are you going to survive? You can’t eat air,” the Mara Salvatrucha spokesman said.

They also said they were frustrated that the government has not invested more in programs to reintegrate gang members into society, or provide jobs for them. They seemed particularly outraged about the conditions inside prisons, where they said gang members are sick and dying and receive insufficient medical care. In their neighborhoods, they complained, there were indiscriminate arrests and killings.

“The police arrive in a community and grab everyone in sight,” the Mara Salvatrucha spokesman said. “They show up, push the kids against the wall, beat them, put them in the cop car, and drive them to a rival territory, where they know they’ll be killed.”

But the gangs have also murdered police at an ever-increasing rate — at least 12 this year, plus dozens of their relatives. The growing danger has devastated police morale. Over the past year, a movement has surged within police ranks, led by lower-ranking officers who complain about poor pay, insufficient equipment and the risk of dying. Hundreds have quit, police said, many of them heading north to try to cross illegally into the United States.

In response to the rising gang violence, authorities have cut off family visits to inmates and deployed soldiers to guard prisons. The legislature approved Sánchez Cerén’s request for more power to transfer inmates to higher-security facilities, where they would have less access to phones, visitors and weapons. His government has already moved some 300 mid-level gang leaders to more secure facilities in an attempt to block imprisoned leaders from running their gangs. The president has also called for building three jails for people awaiting trial in an effort to ease the crowded conditions.

Some doubt that the government’s defiance is as strong as it seems. Throughout the conflict, governments have often denounced the gangs publicly while reaching out to them privately. The existence of the 2012 truce, revealed by the El Faro newspaper, was never supposed to have been public knowledge. Some experts suspect a new covert deal is already in the works between the gangs and the government. Religious leaders are among the only people openly working toward that outcome now.

“The whole world is opposed to dialogue,” said Rafael Menjivar Saavedra, a Lutheran pastor who has met with the gang members. “My response to them is, ‘So what’s your alternative?’ ”

– – – – – – – – – –

Two Salvadoran gangsters walk into a church

The spokesmen for the 18th Street gang Revolucionarios and MS-13 sit side by side making gang signs but discussing their truce. (Fred Ramos for The Washington Post)

The spokesmen for the 18th Street gang Revolucionarios and MS-13 sit side by side making gang signs but discussing their truce. (Fred Ramos for The Washington Post)

Joshua Partlow, 3 abril 2016 / THE WASHINGTON POST

SAN SALVADOR — For such a small country, just 6 million people, and one not in openly declared war, the number of killings El Salvador endures is hard to fathom. So far this year, there have been more than 2,000 murders (the D.C. metro region, with roughly the same population, has had 52). Many consider El Salvador’s homicide rate to be the highest in the hemisphere or the world.

That’s why the recent cease-fire declared by the country’s most powerful gangs, including Mara Salvatrucha (MS-13) and the 18th Street Revolutionaries, was so important, even if it ends up being temporary. In the first days of the cease-fire, homicides have dropped by more than half. But such truces have fallen apart before.

Spokesmen for two of the gangs agreed to meet with The Washington Post to talk about their cease-fire inside an office in a Lutheran church in San Salvador. The 18th Street spokesman showed up first. He was telling us a bit about his life, how he’d joined up as a kid because he thought it was cool — “I never wanted to be president or an airplane pilot” — and how, he claimed, police had recently slammed the left side of his face into the pavement, when a spokesman from his enemy gang walked into the church office.

The two had met during the temporary truce a couple of years ago. They agreed to talk as long as they weren’t identified. Before they went on camera, they wrapped black bandannas and towels around their faces and pulled hats down low over their eyes.

The Washington Post: Could you explain why this cease-fire started on Friday, and why you’re here now?

18th Street Revolutionaries gang spokesman: We’ve arrived at a moment of reflection to see how we can control all of this. We’re seeing too much suffering, not just among my men and the other gang’s men, but also in the civilian population. It’s too much. It’s not just at our hands — people say we’re responsible for the majority of crimes in this country, and we know that’s not true. There’s also another class of delinquents. We call them political delinquents. They’re not going to sit down with us here. They’re not here, they operate in another way. And they don’t call themselves delinquents, they call themselves “representatives.”

Let’s not talk about truces. This isn’t a truce. This is a peace agreement, a reflection on everything that has happened recently, all of the injustice. It’s the people who are dying. They’ve had enough. And still, even after we declared peace, the deaths are still filling the news. It’s not us. Now it’s clear that we’re the victims of this injustice.

WP: So are the three gangs [Mara Salvatrucha, 18th Street Revolutionaries and the 18th Street Sureños] now united? Are you now friends?

Mara Salvatrucha gang spokesman: No, we’re not friends. But the three gangs are united in this effort to come together to stop the violence that’s assaulting our country, so the Salvadoran people can see that it’s not just gangs that kill. There’s another group of people that’s killing: the police, the army, and the whole world knows it. But in our country right now, human-rights advocates aren’t doing their work. They’re not supporting the people in the way they should be. They’ve been threatened so they’re staying quiet. They don’t investigate what’s happening in our country.

The rich people are living peacefully in gated communities, they go everywhere in their cars. It’s the poor people that risk their lives to travel in buses, work and go to school in violent communities.

The police arrive in a community and grab everyone in sight. In a neighborhood dominated by the Barrio 18 gang, or the Mara Salvatrucha, they show up, push the kids against the wall, beat them, put them in the cop car and drive them to a rival territory, where they know they’ll be killed. We have proof of this. It’s why we’re saying that our people are victims of abuses of the army and the police. It’s abuse of authority.

And people face discrimination for living in communities dominated by gangs. If they go to a bank and ask for a loan, they’ll be refused. If they apply for a job, they’ll get rejected. Employers ask, where do you live? In such-and-such town. If it’s a town dominated by gangs, the person will be turned down.

So, what opportunities exist for people? None. There are no opportunities for people.

WP: What is your opinion of the emergency measures the government announced?

18th Street: The governments have invented these kinds of measures before, and what I have to say about it is this: Repression doesn’t reduce violence, it just brings more repression. Because if someone’s attacking my family, I’m going to attack them. We’re demonstrating to the Salvadoran people and to the international community that we are capable of stopping all violence. We have stopped it all. We did the same thing last time. For 72 hours, we promised that there would be no homicides, and we kept our promise. Now we’re shifting the responsibility to the government, to the Minister of Security and Justice.

WP: So this effort is intended to show that the government is committing violence, too?

MS-13: Correct.

18th Street: El Salvador is so obsessed with the gangs, it forgets about the rest of the population, about health care, about everything. We believe that the country as a whole has to advance, and the gangs are sucking up all the resources — the schools, the hospitals.

WP: There was a truce two years ago. The homicide rate declined but then rose again. Some critics say it’s because the gangs used the time to re-arm and become stronger. Is that what’s happening now?

MS-13: Everyone criticizes the truce. But during the truce, there were days with zero homicides. The average dropped from 23 homicides to 15 homicides, and there were many days with four, or three. And those homicides weren’t committed by the gangs, they were committed by others. But remember, Salvadoran politics is dirty and corrupt. There are congressmen who own funeral parlors, congressmen who own private security firms. The violence benefits them.

WP: One of the principal complaints against the gangs is rampant extortion.

MS-13: With respect to extortion, it’s something that not only the gangs do. The gangs always get blamed for everything. We’re used as the towel for the whole world to wipe itself on. If you read the news, you’ll see the police is extorting, too. Other people who aren’t from the gangs — criminal bands — are extorting. People in the government. The whole world is extorting. But who gets blamed? The gangs.

WP: How do you see the future of the gangs, in the long term? Do you want to become a political party?

MS-13: We’re never going to become politicians. We are always going to be the gangs. They’re the politicians, we’re the gangs, and the only thing we ask for are reinsertion programs — for the population, for the communities, for the prisons. If you go to a prison, all you’re going to find is a storage space. You’re going to find sick prisoners. There are no doctors that prisoners can go to for treatment when they’re sick. If you go to Zacatecoluca, the maximum-security prison, they’re killing the prisoners there. This government is killing them psychologically. They’ve put sheet metal above them so the cells heat up. They can’t withstand the heat. The prisoners suffer from colon sickness, from ulcers, from terminal illnesses. But no one sees it. People are dying inside the prison, and nobody sees it.

WP: During the cease-fire, are the gangs going to keep killing the police?

MS-13: The gangs have never declared war on the police. The police and the government have declared war on the gangs. But the gangs on the police? On the government? No. If the gangs declared war on the police or on the government, there would be a ton of deaths every day.

WP: More than there already are?

MS-13: More than there already are. You know why? Because in the communities where the gang members live, there are also police officers and government workers. If we declared war on them, every day there would be 40 police officers dead.

This transcript has been edited and condensed.

 

Gobierno aísla a mandos medios de las maras, y estas responden con cese indefinido de la violencia. El Faro

El Ministerio de Seguridad quiere cortar la comunicación entre los máximos líderes, los mandos medios y las bases de las pandillas, y este 29 de marzo dio un paso firme en esa dirección con el traslado de 299 cabecillas a un modulo de aislamiento construido en el penal de Quezaltepeque, además de otras medidas complementarias. Todo esto, en una coyuntura en la que las pandillas han demostrado con su cese de hostilidades de 72 horas –prolongado indefinidamente según anunciaron a El Faro voceros de los tres grupos– que tienen capacidad para desplomar las cifras de homicidios a voluntad.

traslado

Foto Fred Ramos/Faro

Roberto Valencia y Carlos Martínez, 29 marzo 2016 / EL FARO

el faroUn módulo especial del Centro Penal de Quezaltepeque acoge desde este martes 29 de marzo, y en teórico régimen de estricto aislamiento, a 299 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de las dos facciones del Barrio 18 (Revolucionarios y Sureños). Con esta medida de fuerza, sumada a un estado de emergencia declarado por 15 días en las siete cárceles con presencia mayoritaria de pandilleros y otras decisiones complementarias, el Gobierno trata de cortar la comunicación entre los líderes encarcelados y las clicas que operan a lo largo y ancho del territorio salvadoreño. Un golpe rotundo.

“Y este nomás es el inicio”, dijo exultante el ministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, en una multitudinaria conferencia de prensa celebrada en el penal, en medio de un despliegue policial y militar propio de una visita papal.

El nuevo módulo del penal quezalteco bien podría considerarse, por sus condiciones, como una ‘sucursal de Zacatraz’, como se le conoce la cárcel de máxima seguridad ubicada en el municipio de Zacatecoluca, La Paz. El traslado de los 299 cabecillas -que se hizo con un despliegue militar que incluyó Humvees blindados y cuatro helicópteros- se desarrolló pocas horas después de finalizar el cese unilateral de acciones violentas por 72 horas que las pandillas anunciaron el sábado 26 de marzo.

Durante esos tres días, el promedio de asesinatos cometidos en El Salvador ha sido de 9.3, muy por debajo de los 22.8 promediados en los 25 primeros días del mes.

“Los 299 trasladados son las personas identificadas, tras procesos exhaustivos de investigación de la PNC y de nuestras unidades, como las que tienen un alto grado de responsabilidad a la hora de enviar órdenes desde los centros penales para el acometimiento de actos delictivos contra la población salvadoreña”, dijo Rodil Hernández, director general de Centros Penales.

Antes de su llegada a Quezaltepeque, estos reos eran inquilinos de las cárceles de Izalco, Chalatenango, Cojutepeque, Gotera y Ciudad Barrios.

En la estructura organizativa de las pandillas, el principal centro de mando recae, por lo general, en un pandillero encarcelado, que es el titular de la clica, o uno de sus titulares cuando la clica es muy numerosa o forma parte de una programa, en el caso de la MS-13; o de una tribu, en el caso de la 18.

A partir del 16 de abril de 2015, el Gobierno regresó al Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca a los máximos líderes de las tres pandillas, y con ello dificultó sus posibilidades de comunicarse con el exterior con fluidez. Ese papel lo habrían asumido, según la información que maneja el ministerio, los 299 pandilleros ahora encerrados en el módulo especial de Quezaltepeque.

“Esperamos garantizar su aislamiento, y con ello el cese de la comunicación desde los penales hacia afuera”, dijo Ramírez Landaverde.

La elección del penal de Quezaltepeque, tradicionalmente uno de los más vulnerables del sistema penitenciario, tiene una doble explicación: por un lado, Zacatraz está lleno; y por otro, según señaló Rodil Hernández, el módulo se ha construido con celdas pequeñas e independientes que separan a los internos y permiten su control, con galeras distintas para cada pandilla, no hay condiciones de hacinamiento, no tienen tomas de corriente ni cableado que permitan recargar teléfonos u otros aparatos, la iluminación es con dispositivos no manipulables, y el personal asignado para su cuidado es proporcionalmente mayor.

Estado de emergencia y más

Además del traslado y aislamiento de cabecillas, el Ejecutivo declaró un estado de emergencia por 15 días –el máximo tiempo que permite la Ley Penitenciaria– que afecta a las seis cárceles que el Estado asignó de forma exclusiva a las pandillas, y también al penal Zacatecoluca. Esta medida tendrás que ser avalada por los jueces de vigilancia penitenciaria encargados de cada una de las prisiones.

Durante dos semanas, estarán suspendida las visitas familiares de todo tipo, incluida la visita íntima, y solo se permitirán “visitas de asistencia profesional, pero también estará reguladas y monitoreadas”, dijo Rodil Hernández.

Asimismo, los privados de libertad estarán en encierro permanente en su celdas, sin horas de patio, y se suspenden las salidas, salvo emergencias médicas.

Pero además de los traslados y del estado de emergencia, el Ministerio de Seguridad anunció medidas adicionales, que suponen en la práctica una intromisión de la Policía Nacional Civil en labores propias de la Dirección General de Centros Penales.

Desde este martes 29 de marzo, y hasta nuevo aviso, cada uno de los siete centros penitenciarios seleccionados tendrá como “enlace” a un integrante de la PNC. “Esta día inicia un nuevo modelo de cooperación interinstitucional”, dijo Rodil Hernández. El director del centro penal tendrá que coordinar todos los temas de seguridad con ese representante de la Policía.

El cambio es unas de las consecuencias de que la Inspectoría General de Centros Penales haya sido asumida de forma permanente por el subcomisionado Fernando Roque Mártir.

Y por último, tanto la PNC como la Fuerza Armada comenzarán a verificar viviendas y establecimientos que operan en las colonias aledañas a las cárceles. ¿La razón? “Porque tradicionalmente, los alrededores de los centros penales han sido ocupados por personas que buscan introducir ilícitos”, dijo el ministro.

Algunas de estas medidas solo podrán ejecutarse durante los 15 días que permite el estado de emergencia, por lo que Ramírez Landaverde aprovechó para pedir a los diputados que hagan reformas legales que respalden las iniciativas contras las maras diseñadas por el Gabinete de Seguridad.

299 cabecillas de pandillas fueron trasladados a un nuevo módulo de aislamiento en el penal de Quezaltepeque. 29 de febrero 2016. Foto: Fred Ramos

Foto Fred Ramos.

“Las medidas que se han tomado son las que la Ley Penitenciaria ya establece, pero para mantenerlas y potenciarlas se requieren otro tipo de disposiciones que las regulen”, dijo, y pidió a los diputados que “nos aporten herramientas para establecer un cerco” contras las pandillas, y “no solo en el tema de las comunicaciones”.

Consultado sobre si una efectiva interrupción de la comunicación de los ranfleros con las clicas dispersas en el territorio nacional no sería como patear un avispero, esta fue la respuesta del ministro: “Ante cualquier medida en el sistema penitenciario, es necesario considerar la posibilidad de que haya repercusiones negativas tanto dentro como fuera de los penales, pero el Gobierno ha dispuesto medidas extraordinarias en diferentes ámbitos relacionados con la seguridad”.

En otras palabras, es un riesgo que merece la pena correrse y para el que creen estar preparados.

Las 72 horas de ‘calma marera’

En los primeros 25 días del mes de marzo hubo 571 asesinatos en El Salvador, un promedio de 22.8 cada día. En los días 26, 27 y 28 de marzo, se cometieron 28 homicidios –según la PNC–, lo que deja un promedio de 9.3, un descenso brutal de casi el 60 %.

El sábado hubo 17 homicidios; el domingo, 9; y el lunes, ‘solo’ 4.

Cuando se acerca la lupa, las cifras incluso se redimensionan. Así, de los cuatro homicidios de este lunes 28 de marzo, uno es un pandillero que murió en un supuesto intercambio de disparos con policías; otro, una señora que murió en el Hospital Zacamil luego de ser agredida, pero que estaba ingresada desde el 12 de enero; un tercero, fue un joven que la PNC baleó porque el carro en el que se desplazaba no se detuvo en un retén; y el cuarto, es un pandillero de la 18 asesinados en Coatepeque (Santa Ana), sin que aún se sepa quién lo mató.

De algunas manera, las pandillas han mostrado que aún mantienen la capacidad sobre sus estructuras en la libre.

Hablan las pandillas

Cerca de una hora después de que las autoridades concluyeran su conferencia en el penal de Quezaltepeque, las pandillas convocaron a un reducido número de medios a su propia conferencia de prensa. Un periodista de El Faro recibió una llamada en la que se le convocaba de urgencia a un lugar –que se acordó no mencionar– en el que las pandillas harían pública su reacción a las medidas especiales anunciadas por el Gobierno.

Representantes de la MS-13, de los Sureños y de la Revolución aseguraron que sus estructuras han decidido prolongar indefinidamente su disposición de reducir los asesinatos.

“Hemos hecho el llamado a nuestra gente… ya que terminó a medianoche las 72 horas, a que le demos continuidad, que prorroguemos esto, que se continúe la baja de homicidios, que estemos a la expectativa de lo que suceda y que veamos de qué manera nos cuidamos…”, mencionó el representante de la facción Sureños de la 18.

Los otros dos representantes, luego de decir el nombre de su pandilla y de realizar los gestos que los identifican, lanzaron órdenes similares a sus respectivas estructuras.

Para los pandilleros resultó importante subrayar que esta decisión es absolutamente unilateral, que prescinde de mediadores, y que no tiene a la base ningún tipo de diálogo con las autoridades; sin embargo, también resaltaron que esta decisión no obedece a que las medidas extraordinarias del Gobierno les hayan hecho sentir acorralados.

“No lo estamos haciendo por miedo, eso jamás ha sido nuestra reflexión, sino que creemos que ya es tiempo que esto pare. Sin mediadores, sin política…. nos está funcionando, hasta que las estadísticas lleguen a cero. No estamos acorralados, claro lo hemos dicho: ¡Jamás van a poder exterminar a las pandillas!”, sentenció el vocero de la Revolución.

Los pandilleros se negaron a ponerle plazo o condiciones a su ofrecimiento y aseguraron que para mantener este descenso de asesinatos basta con que la PNC no abuse de su autoridad. “No le pedimos al Gobierno que nos agradezca nada, ni a la Policía que nos agradezca, sino que nos dejen seguir trabajando en esta dirección”, mencionó el pandillero de los Sureños.

Los tres representantes de pandillas hicieron ver que existen permanentes canales de comunicación entre sus estructuras y que son capaces de llegar a acuerdos entre sí.

Al finalizar la conferencia, El Faro se detuvo a conversar con uno de los pandilleros, quien aseguró que si es cierto que el Gobierno ha conseguido aislar a los mandos medios de las tres organizaciones, corre el riesgo de que sea imposible mantener autoridad sobre sus miembros en las calles: “Si llegara a ser cierto… quiere decir que de 22 asesinatos pudieran subir a 27 o 30”, advirtió y se apresuró a matizar: “No es amenaza, es una realidad que sin cabeza este volado pierde el control”.

299 cabecillas de pandillas fueron trasladados a un nuevo módulo de aislamiento en el penal de Quezaltepeque. 29 de febrero 2016. Foto: Antonio Montes

Foto Antonio Montes.

 

The Executioners of El Salvador. El Salvador is in Serious Trouble. Reflections on Salvador’s Gangs

El incremento de la violencia ha puesto nuevamente a El Salvador en el ojo de la prensa internacional, sobre todo en Estados Unidos. Reproducimos aquí 3 artículos de diferentes medios, que nos parecen los más interesantes y mejor investigados, y agregamos links para los demás que recientemente han salido.

Segunda Vuelta

The Executioners of El Salvador. By Daniel Alarcón/The Newyorker

 A suspected gang member detained by police in San Salvador. PHOTOGRAPH BY MANU BRABO/AP

A suspected gang member detained by police in San Salvador. PHOTOGRAPH BY MANU BRABO/AP

Daniel Alarcón, escritor peruano-estadounidense

Daniel Alarcón, escritor peruano-estadounidense

Daniel Alarcón, 4 agosto 2015 / THE NEWYORKER

Earlier this year, the International Business Times ran this bewildering headline: “El Salvador to Become Deadliest Peace-Time Country in the World.” It’s an odd turn of phrase; something about it doesn’t quite scan. Perhaps, given the context of life in El Salvador, it’s best to reëxamine what we mean when we say “peacetime.” Consider this: since the collapse, early last year, of the truce between local gangs and the government, the murder rate has risen by a staggering fifty-two per cent. Or this: El Salvador, with a population of a little over 6.3 million, registered more than six hundred murders in May, the most since the end of the civil war. (For comparison: despite its reputation for violence, Chicago, with a little under half the population of El Salvador, had forty-eight murders that same month.) Or this: more than thirty-five police officers have been killed so far in 2015. Everyone has been touched, directly or indirectly, by the chaos, and Salvadorans of every social class have learned to cope with the constant sense of insecurity. One friend likened returning home from abroad to being splashed with boiling water—and he wasn’t referring to the heat. If this is peacetime, one shudders to think what a war would look like.

Screen Shot 2015-08-04 at 7.08.29 PMI was in San Salvador two weeks ago, when El Faro, a local online newspaper, published an explosive investigation into a killing at a farm just a few hours from the capital. The article was entitled “Police Massacre in San Blas,” and it re-creates, through eyewitness testimony, the examination of forensic and ballistic reports, and private social-media postings by police who were present, the events of March 26th of this year, when eight alleged members of the gang Mara Salvatrucha were killed at a coffee plantation. The official story, reported at the time, told of a police raid and a subsequent shootout; Roberto Valencia, Daniel Valencia Caravantes, and Óscar Martínez, reporting for El Faro, uncovered something very different, a series of events that sounds more like an extrajudicial police killing. Most but not all of the dead were gang members, and some appeared to have been executed. The official story of an extended gun battle has also been called into question by El Faro’s reporters. One of the victims, Dennis, was just twenty years old, and had worked at the farm for six years as an “escribiente.” Basically, he lived onsite and kept track of the hours that all the employees worked. He was, by all accounts (except those of police), a quiet, church-going young man, not a gang member. Months before the killing, a local Mara Salvatrucha clique forced its way onto the compound. Its members occasionally slept at the house or partied there, and there was little the employees of the farm could do about it. Men like these don’t ask permission. A few weeks before he was killed by police, Dennis told his pastor about the uncomfortable situation. He said he was afraid. Moments before he died, Dennis was on the phone with his mother, Consuelo. She told El Faro’s reporters that she heard her son begging for his life. She lived close enough to hear the shots that killed him.

I met with one of the authors of the story, Óscar Martínez, the night before it went live on the Web site. Óscar is best known in the United States for “The Beast,” his 2013 chronicle of life on the harrowing migrant trail through Mexico. He’s always a bit manic, but that night, Óscar seemed unusually jittery, even anxious. He and his co-authors were all preparing to leave the country the following morning, for their own safety. This extraordinary measure says a lot about the kind of backlash that El Faro was expecting. As the violence has increased, the debate about what exactly should be done about it has become even more poisonous. Thus far, President Salvador Sánchez Cerén’s populist response has been to disown the truce that held for the better part of two years, and instead confront the gangs directly. No politician wants to be seen as soft on the gangs, which are rightly seen as a scourge. The public, for the most part, supports this strategy. For El Faro to criticize the police is to risk being seen as defenders of the gangs that everyone despises. Óscar had already received death threats for an earlier story about police misconduct.

Óscar, who is thirty-two, sees things differently. “We’re a society that knows nothing about peace,” he told me. “I’ve never lived it.” These days, El Salvador, he argued, is in the grip of something terrible, something frightening and lawless, and it’s natural for people to be outraged. But allowing police to kill with impunity is far too dangerous a proposition in a country with El Salvador’s history of state violence.

Last week, the Salvadoran defense minister, David Munguía Payés, told the press that there were somewhere between five and six hundred thousand people involved with gangs. Mara Salvatrucha and Barrio 18 are the two most powerful organizations, but there are many others. If that figure is to be believed, that’s about ten per cent of the country’s population dedicated to drug dealing, extortion, and mayhem—so what do you do? Again and again, I heard the same solution being offered, sometimes blithely, sometimes through jaws clenched in rage: kill them all. Kill their girlfriends and their families. Kill their children. One man apologized as he proposed this solution—he found it unseemly to be advocating genocide—but most did not. One young woman, soft-spoken, exceedingly polite, detailed her life in a gang-ridden neighborhood on the outskirts of the capital. It was one terrifying encounter after another, each delivering the same dispiriting lesson: she was helpless in the face of the gangs and their malevolent power. She had done everything she could to avoid them, and still they found ways to control her life. Her father was forced to pay extortion money to one of the gangs—she wouldn’t say which one. By the end of our conversation, she was almost weeping with fury. “I’m a Christian,” she told me, “but those people aren’t my brothers. I would burn them all.”

It’s easy to empathize with that anger. I heard her stories and others like them, and I confess that I began to feel it, too. But can you create policy from rage? Every time I heard this horrifying solution discussed, I felt despondent. Leaving aside the ethics, mass murder like that is not plausible, neither politically nor practically. I found myself making this argument again and again, and afterward would replay the conversation and my role in it, and feel even more depressed. The very fact that a proposed genocide has to be discussed in terms of its practicality, and not its immorality, tells you a great deal about the gravity of the situation in El Salvador.

The night before he left the country, Óscar told me that he understood the anger, and he knew that he and his co-authors would be attacked for his investigation. “I only hope,” he said, “that the readers who applaud the fact that the police are now judge, jury, and executioner don’t suffer one day at the hands of the police they’ve empowered.”

Aquí el link a la nota del International Business Times
mencionada al principio de la nota arriba:
El Salvador to become deadliest peace-time country in the world

–  –  –  –  –  –

Screen Shot 2015-08-04 at 3.39.19 PMCentral America, it often seems, is a region that lurches from one crisis to the next. So much so that the whole concept of crisis has become somewhat hackneyed and a tad meaningless.

Tim Rogers, Fusion's senior editor for Latin America

Tim Rogers, senior editor for Latin America of FUSION, the joint digital platform of UNIVISION and ABC News

Tim Rogers, 30 julio 2015 / FUSION

Central America, it often seems, is a region that lurches from one crisis to the next. So much so that the whole concept of crisis has become somewhat hackneyed and a tad meaningless.

There are loud calls for the president to resign in Guatemala, and serious concerns about a return to dictatorship and dynastic rule in Honduras and Nicaragua. Human rights abuses abound throughout the region.

But nowhere in Central America is the situation more worrisome than El Salvador. The country is immersed in an escalating conflict that increasingly looks like a new civil war between gangs and the state. As the government’s offensive against the gangs gears up, the country’s murder rate has jumped by an appalling 55 percent, pushing the country towards a level of violence it has not seen since the worst days of its civil war in the early 1990s. The government insists it won’t negotiate with the gangs or allow itself to be defeated by the criminal organizations.

But increasingly, it’s a conflict that’s claiming collateral damage — including tourists. Last Saturday night, two unidentified gangsters on a motorcycle hurled a grenade into the restaurant at the Sheraton Hotel, blowing out windows but — miraculously— injuring no one. The incident was quickly denounced by the Salvadoran attorney general as an “act of terrorism.”

On Wednesday, gangsters fired on a group of Canadian tourists who were driving back to their hotel in the colonial town of Suchitoto. The car was hit with bullets but nobody was seriously injured.

The U.S. embassy issued a security message yesterday warning U.S. citizens in El Salvador to avoid outdoor seating in restaurants and bars.

EL ANTERIOR ARTICULO DE TIM ROGERS SOBRE EL TEMA:
How a bucket of fried chicken could prevent gang war in El Salvador

“The U.S. Embassy is aware that criminal elements in El Salvador have threatened to escalate the level of violence by attacking hotels, restaurants, shopping malls and other public venues,” the embassy warned in its July 29 release. “The grenade attack at a major hotel on July 25 demonstrates both a will and a capability to carry out such plans.”

The embassy also reiterated its boilerplate list of other recommendations for U.S. citizens in El Salvador to avoid using public transportation, avoid wearing jewelry, avoid walking around the city after nightfall, and avoid exercising outside.

fusionThe embassy’s long not-to-do list is not appreciated by El Salvador’s tourism sector. Mercedes Perla, executive director of the Salvadoran Tourism Chamber (CASATUR), says she thinks the embassy’s warning is blowing the situation out of proportion, and is entirely counterproductive to the U.S. government’s efforts to help El Salvador’s small business growth.

“This is terrible for tourism,” Perla told Fusion, referring to the embassy’s warning, not the terrorist attack on the Sheraton. Perla acknowledges concerns about El Salvador’s worsening security problem, but says the tourism sector’s real problem is the media, not the gangs.

“The media is affecting us more than gang violence,” Perla told me. “Tourists are not normally targets of gang violence. These were isolated events.”

Crime happens everywhere, she says, but not all crime is treated equally. “In Costa Rica you can get robbed at any red light, but nobody talks about security problems there. And I lived in the U.S. for one year and had my credit card cloned and my car stolen.”

But unfortunately for El Salvador’s tourism industry, which draws more than a 1 million foreign visitors each year —mainly to its famous surf breaks — the universal nature of crime has little bearing on the escalation of brazen violence in El Salvador, which appears to be taking on more of a political nature, as evidenced by a foiled gang plot to attack the presidential palace earlier this month.

Increasingly, the violence is affecting everyone. This week an estimated 80 percent of public transportation in the capital was shut down for three days when bus companies went on strike to protest gang extortion. The government blamed the transportation shutdown on the Pandilla 18 Revolucionarios, or 18R, and in retaliation moved two of its incarcerated leaders back to solitary confinement Zacatecoluca maximum security prison.

Screen Shot 2015-08-04 at 3.52.26 PMIn another worrisome sign of trouble, the office of the presidency released a statement this week denying that the Salvadoran Army is conspiring against the government of left-wing President and former FMLN guerrilla leader Salvador Sánchez Cerén.

“There are absolutely no soldiers implicated in any operation to destabilize the government,” the presidency said in a statement, as the president himself left for Cuba for what he called routine medical treatment.

Whether the plot rumors are true or not, it’s never a good sign when the president feels the need to assure the country of the army’s loyalty.

So why should anyone else care about the problems in the smallest country in Central America? Because, as Refugees International pointed out in a report released today, gang violence in El Salvador is forcing thousands to flee their homes into neighboring countries, including the United States.

While the government focuses its attention on trying to combat the gangs, very little attention is being paid to the gangs’ victims,” said Sarnata Reynolds, senior advisor on human rights for Refugees International. “With no official government programs in place to help them internally, the only option for many is to flee to other countries.”

The D.C.-based group claims that “roughly 90 percent of the country under the de facto control of criminal gangs,” making El Salvador “one of the deadliest countries in the world.” Last year alone more than 32,000 unaccompanied Salvadoran children arrived at the U.S. border, many fleeing gang violence. The exodus continues now, though many more immigrants are getting nabbed in Mexico as border-control efforts move south.

If the situation of violence continues to spiral in El Salvador, the country will continue to export its problems on the rest of the region. Then there won’t be any reason to visit El Salvador at all, because it will come to you.

–  –  –  –  –  –

Screen Shot 2015-08-04 at 3.54.45 PM

WARSCAPES

Michael Busch is senior editor of Warscapes, an independent online magazine that provides a lens into current conflicts across the world.

Michael Busch, 3 agosto 2015 / WARSCAPES

A Warscapes reader from El Salvador wrote to me last night, requesting clarification on something I wrote in my post on El Salvador’s gangs and ISIS. Specifically, he queried a passage that I realize now was very poorly phrased. I had written, “How the responsibilities of the government to its people can be meaningfully balanced against the preferences of gangs, who wield real power across El Salvador, is a puzzle that has so far eluded a solution.”

It strikes me that the passage is not only badly written but coy, as well. What I intended to suggest, without explicitly arguing the point, is that I’ve come to think that another round of peace negotiations between the gangs and the government is the country’s best hope. It’s a position I’ve taken up in another piece I hope will be published soon, but as I discussed with the reader in a private email exchange, the short and long of it is this.

The gangs exercise power throughout the country, and they’re not going away any time soon. They maras have outlined a series of demands that are politically unappetizing but, from what I can tell, are no worse than the price of continued bloodshed at increasingly grotesque levels. Too, these demands have been put forth as distinctly negotiable items, not hardline, take-it-or-leave-it deal breakers. Initiating dialogue with the gangs on these issues—as well as any others that the government puts forward—seems to me a much better approach than ratcheting up the violence through a militarized response.

The idea of another truce is not popular, politically or otherwise. A piece in InsightCrime this morning warns that the likelihood of peace through negotiations is doubtful. The author, Michael Lohmuller, points out that,

…it is unclear to what extent the MS13 and Barrio 18 leadership can control its members and deliver immediate benefits such as a reduction of violence. The gang leaders have been transferred back to a maximum-security prison facility, ostensibly limiting their ability to coordinate and exert control over the day-to-day activities of members on the street. Furthermore, gang leaders reportedly agreed to halt violence in early 2015, yet El Salvador just experienced the two deadliest months the country has seen since its civil war.

Another gang truce also heightens the potential for increased violence in the long term, similar to how murder rates in El Salvador have been soaring since the breakdown of the first truce. A second gang truce thus raises the possibility of a cyclical effect, with periods of lowered homicide rates punctuated with periods of extreme violence.

From where I sit, Lohmuller’s first point about gang leadership is precisely why negotiations make sense. As I argued in my previous post, gang leaders probably have substantial interest in keeping control of their rapidly growing organizations. Peace talks would allow them to pursue this objective, which would be to great public benefit if it translated into dramatically reduced body counts. Whether that would happen immediately is anyone’s guess, and beside the point. If gang leaders failed to demonstrate command and control, their bargaining power would be greatly reduced to the government’s advantage.

As to Lohmuller’s second observation about igniting cycles of future violence: this tastes like thin soup. The threat of future conflict hangs over all peace negotiations—their very raison d’etre. The specter of future conflict should be the motivation for talks, not a deterrent. And while collapse of the first truce has resulted in extreme violence, a sample of one is just that. Whether another effort is doomed to failure and more violence can hardly be divined from the experiences of 2013-14.

All of this aside, prospects for peace appear remote. The government of Salvador Sánchez Cerén—like the old mano dura regimes of the ARENA era—appears to believe it can kill its way to peace, an approach I don’t think is true, or good. Figuring out ways that the government can engage productively with the gangs on some things—without sacrificing the security and well-being of its citizens—seems to me to be the biggest challenge El Salvador currently faces. Sadly, it’s one that the government so far has rejected even considering.

El anterior artículo de Michael Busch:
Are El Salvador’s Gangs “More Vicious than ISIS”?

El reportaje de TIMES MAGAZINE:
Inside El Salvador’s ‘War Without Sense’

La nota de THINK PROGRESS:
How America Exported A Gang War

Joaquín Villalobos en EL PAIS:
Un millón y medio de muertos

La nota de INSIDE CRIME:
Should El Salvador Renew the Gang Truce?

El reportaje de National Public Radio NPR:
In El Salvador, Gang Killings Take An Agonizing Toll