New York Times

Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación. Azam Ahmed/NY Times

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Una conferencia de prensa en Ciudad de México. En los últimos cinco años, el presidente Enrique Peña Nieto gastó casi 2000 millones de dólares en publicidad. Credit Alejandro Cegarra / Bloomberg

Azam Ahmed, 25 diciembre 2017 / THE NEW YORK TIMES

CIUDAD DE MÉXICO — Dirigir un periódico, una estación de radio o un canal de televisión en México generalmente significa confiar en un cliente único y poderoso que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una simple advertencia: “No te pago para criticarme”.

Ese cliente es el gobierno mexicano.

La gestión del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado cientos de millones de dólares anuales de los fondos gubernamentales en publicidad, creando lo que muchos propietarios, ejecutivos y periodistas mexicanos definen como una gigantesca marca presidencial que puede suprimir artículos de investigación, escoger portadas e intimidar a las salas de redacción que la desafían.

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A pesar de su promesa de regular la publicidad gubernamental, Peña Nieto ha gastado más dinero en publicidad que ningún otro presidente en la historia de México, casi 2000 millones de dólares en los últimos cinco años, según datos del gobierno recopilados por Fundar, un centro de análisis de transparencia. Esa organización reveló que la actual presidencia gastó más del doble del generoso presupuesto de medios que los legisladores mexicanos le aprobaron para 2016.

Y eso solo es el dinero federal.

Cada año los líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en dinero estatal para publicidad, unos recursos que distribuyen entre sus medios de comunicación favoritos, según calcula Fundar. Según los ejecutivos y editores involucrados en las negociaciones, algunos secretarios de prensa del gobierno les exigen abiertamente una cobertura positiva antes de firmar un contrato publicitario.

El resultado es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar, según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente, si es que llegan a investigarse. Dos tercios de los periodistas mexicanos admiten que se censuran.

El presidente Enrique Peña Nieto durante la presentación de su informe anual en septiembre. Su equipo propuso el diseño de un plan que regulara el gasto público en los medios, pero el proyecto no se realizó. Credit Pedro Pardo / Agence France-Presse – Getty Images

“Si un reportero profesional quiere cubrir los elementos sucios de lo que está sucediendo en el país, ni el gobierno ni las empresas privadas le darán un centavo”, dijo Enrique Krauze, un historiador que dirige Letras Libres, una revista mexicana que, entre sus anunciantes, también recibe algo de dinero del gobierno. “Ese es uno de los mayores defectos de la democracia mexicana”.

El partido de Peña Nieto, el PRI, fue pionero en la implantación de este sistema durante sus 70 años en el poder. El expresidente José López Portillo expuso explícitamente las expectativas del gobierno hace décadas, incluso fue citado diciendo que no le pagaba a los medios para que lo atacaran, y la práctica continuó cuando la oposición ganó la presidencia en 2000, y nuevamente en 2006.

Pero la influencia del gobierno sobre los medios va más allá del aspecto publicitario y, a veces, los funcionarios recurren al soborno directo. En Chihuahua, el exgobernador gastó más de 50 millones de dólares en publicidad, según los funcionarios, dejando al estado con enormes deudas públicas. Sin embargo, esa es la cifra que se manejó oficialmente.

Los fiscales también han conseguido recibos firmados con sobornos a periodistas locales, pagos tan comunes que incluso algunos reporteros fueron incluidos como contratistas del gobierno, según los documentos. Los fiscales sostienen que, con tanta cantidad de dinero oficial circulando, surgieron sitios web de noticias con el único propósito de apoyar la agenda del exgobernador.

“La relación entre los medios y el poder es uno de los problemas más graves de México”, dijo Javier Corral, el nuevo gobernador de Chihuahua. “Existe una colusión, un acuerdo, en términos de cómo se gestionan los recursos públicos para recompensar o castigar a los medios. Es una zanahoria y el palo: ‘Compórtate bien y te daré mucho dinero y publicidad. Actúa mal y te los quitaré’”.

Dependencia de la publicidad pública

Trabajadores de La Jornada durante una huelga. El gobierno apoyó a ese diario con más de un millón de dólares en publicidad oficial durante una grave crisis financiera. Los críticos dicen que el periódico perdió independencia editorial. Credit Bernardo Montoya / Agence France-Presse – Getty Images

Lea un periódico, sintonice una estación de radio o encienda la televisión en México y recibirá una avalancha de publicidad oficial. En algunos diarios, casi cualquier página es usada para publicar avisos que promueven alguna secretaría gubernamental. A veces, se destina tanto tiempo al aire a alabar el trabajo del gobierno como a cubrir las noticias.

Este gasto extraordinario se produce en un momento en que el gobierno mexicano está recortando los presupuestos en general, incluidos los de salud, educación y servicios sociales. El gobierno federal gastó tanto dinero en publicidad el año pasado, alrededor de 500 millones de dólares, como lo hizo para apoyar a los estudiantes de su principal programa de becas para las universidades públicas.

Según los historiadores, la cooptación de los medios de comunicación es más importante que el gasto de cualquier otro gobierno en promoción. Refleja la ausencia del pacto básico que la prensa libre establece con sus lectores en una democracia, un compromiso en el que responsabilizar a los poderosos forma parte de su misión.

“Es un problema común en el mundo en desarrollo pero el problema es mucho, mucho más grave en México”, dijo David Kaye, representante especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión. “Es notable lo que gasta el gobierno”.

El estado actual de los medios mexicanos, y su estrecha relación de dependencia con los fondos gubernamentales, no es una rareza en América Latina. Desde hace varios años, diversas organizaciones como la Unesco y la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH han alertado sobre el uso de la publicidad estatal para recompensar o castigar las líneas editoriales.

Casos como el de Venezuela, país en el que desde la llegada de Hugo Chávez al poder se han suscitado denuncias por el uso de la pauta oficial para presionar a los medios y donde solo este año, en la gestión de Nicolás Maduro, cerraron 49 medios de comunicación; Ecuador durante los mandatos de Rafael Correa, quien demandó a diversos medios de comunicación y llegó a prohibir que se otorgara publicidad estatal a los medios privados, o Evo Morales, quien gobierna Bolivia desde 2006 y aspira a la reelección. Este año, ante las repetidas denuncias de asfixia económica por parte de los medios locales que no reciben publicidad oficial, Morales escribió en su cuenta de Twitter: “Medios que no reciben publicidad del Estado son los que mienten, insultan, difaman y desprestigian autoridades”.

La mayoría de los medios mexicanos han dependido de la publicidad pública durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno, lo que le otorga a los funcionarios una gran influencia para presionar sobre la cobertura de ciertas noticias y dejar a un lado otras informaciones, dicen los analistas, reporteros y dueños de medios.

“Este es un problema económico”, dijo Carlos Puig, columnista del periódico Milenio, un diario que recibe fondos del gobierno sustanciales. “El modelo estadounidense clásico no existe aquí”.

El año pasado, estalló una protesta pública luego de que un alto funcionario del gobierno fue a las oficinas de Milenio para quejarse por una noticia. El artículo, que criticaba una iniciativa nacional contra el hambre, fue retirado del sitio web del periódico inmediatamente después de la visita.

La noticia volvió a ser publicada más tarde, con un titular mucho menos negativo. El periódico dijo que la razón era simple: el artículo era “deplorable”, un intento inexacto y “vulgar” de difamar a un funcionario por lo que se disculpaban con sus lectores. Pero los periodistas y defensores de la democracia, citando el poder de la publicidad del gobierno, se quejaron y el periodista renunció en señal de protesta, alegando que había sido censurado. Finalmente, el título original fue restaurado.

La interferencia gubernamental directa, a menudo es innecesaria. Un 68 por ciento de los periodistas mexicanos dijeron que se censuraban, no solo para evitar ser asesinados, sino también por la presión de los anunciantes y el impacto en los ingresos de los medios, según un estudio realizado a lo largo de tres años por académicos mexicanos y estadounidenses.

El funeral de Javier Valdez Cárdenas, un periodista premiado que fue asesinado a balazos en mayo. En México, la violencia contra la prensa es generalizada. Credit Hector Parra / Agence France-Presse – Getty Images

Francisco Pazos trabajó durante varios años en Excélsior, uno de los periódicos más grandes y antiguos de México. Cuenta que uno de los momentos más frustrantes de su carrera sucedió a fines de 2013, cuando el gobierno estaba en medio de una lucha para aumentar el costo del pasaje en el transporte público.

Pazos dijo que trató de explorar en detalle la ira de los pasajeros, hasta que un editor lo detuvo, diciéndole que el periódico ya no cubriría la controversia.

“Llegué a entender que había temas que simplemente no podía cubrir”, dijo Pazos. “Y, finalmente, dejé de buscar ese tipo de noticias. Finalmente, tú mismo te conviertes en parte de la censura”.

Muchos propietarios y directores de medios dicen que tienen tan pocas fuentes independientes de ingresos aparte del gobierno que se enfrentan a una dura elección: asfixiarse por la falta de recursos o sobrevivir como cómplices de su propia manipulación.

“Por supuesto, el uso del dinero público limita la libertad de expresión, pero sin ese dinero público no habría medios en México”, dijo Marco Levario, director de la revista Etcétera. “Todos somos cómplices en eso”.

El modelo significa que algunos medios de comunicación apenas pueden permitirse mantener sus propios principios. Hace veinte años, el diario La Jornada era uno de los más apreciados en el país, una voz crítica y una lectura obligada para los intelectuales y activistas que caminaban por la ciudad con el periódico bajo el brazo.

Pero los años no han sido amables con ese diario. Hace unos años, estaba muy cerca de la ruina financiera. Luego, el gobierno intervino rescatando la publicación con más de 1 millón de dólares en publicidad oficial y, según los críticos, afectando en el proceso la independencia editorial.

“Ahora se adueñaron de ellos”, dijo Levario. “El periódico ha sido como un portavoz del presidente”.

Otros vínculos comerciales unen a los medios de comunicación con el gobierno. Muchas empresas de medios forman parte de conglomerados más grandes que construyen carreteras u otros proyectos públicos. La misma persona propietaria de Grupo Imagen —una organización que tiene estaciones de radio, canales de televisión y varios medios impresos— también es propietaria de Prodemex, una importante empresa de construcción. Ha ganado más de 200 millones de dólares en los últimos cinco años con la construcción de instalaciones gubernamentales y desempeñará un papel importante en la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

Tanto La Jornada como Grupo Imagen, que es la empresa matriz de Excélsior, no respondieron a las repetidas solicitudes de entrevistas para este trabajo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó recientemente el tema de la publicidad oficial al dictaminar en noviembre que el gobierno debe cumplir con la promesa del presidente de regular el flujo de dineros públicos de una manera imparcial.

“La ausencia de regulación en la publicidad oficial permite el uso arbitrario de los presupuestos de comunicación, lo que indirectamente restringe la libertad de expresión”, dijo Arturo Zaldívar, un juez de la Suprema Corte.

En un comunicado, la oficina del presidente se refirió a la publicidad oficial como una forma de promoción con respaldo constitucional que le permite informar y educar al público sobre sus labores. Pero rechaza la afirmación de que ese gasto distorsiona la cobertura de los medios de asuntos importantes o asfixia la libertad de expresión de cualquier manera.

“Todos los días los periodistas de México cuestionan, con absoluta libertad, las acciones del gobierno y las de nuestros representantes, incluido el presidente”, se lee en el comunicado. “Hay una crítica permanente de los periodistas mexicanos hacia el gobierno. Con solo abrir cualquier periódico, encender la televisión e ir a las redes sociales, eso puede verificarse”.

Poco después de su elección, el equipo de Peña Nieto ideó un plan para regular el gasto de los medios, según tres personas familiarizadas con la propuesta.

Pero Aurelio Nuño, el exjefe de gabinete del presidente y exsecretario de Educación Pública, dijo que la propuesta nunca avanzó lo suficiente como para convertirse en el borrador de una ley que pudiera cambiar esa situación. El esfuerzo fue subsumido por otras promesas de campaña y se quedó atrás, dijo.

‘Calentar’ a los políticos

La mayoría de los medios de comunicación han dependido de la publicidad oficial durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno. Credit Hector Guerrero / Bloomberg

Como jefa de reclutamiento en el periódico Reforma, Diana Álvarez se ha acostumbrado a la definición flexible del periodismo en México.

Ella cuenta que hace unos años entrevistó a una joven que trabajaba en un gran periódico de Ciudad de México. La mujer, que tenía una maestría en periodismo, dijo que su trabajo en el periódico consistía en crear archivos de recortes de prensa negativos sobre los gobernadores de todo el país.

Esos archivos se le entregaban al departamento de ventas del periódico que luego se acercaba a los gobernadores para venderles “planes de cobertura” para mejorar su imagen pública, explicó la joven.

Álvarez citó más ejemplos. Un candidato a editor se jactó de que sabía cómo trabajar sus relaciones con los políticos para obtener más dinero publicitario.

Lo definía como “calentarlos”, lo que implicaba mostrarle a los políticos una noticia crítica que su periódico planeaba publicar. Luego, como le explicó a Álvarez, un contrato publicitario con su periódico que le ayudaría a “apagar el fuego”.

Sin embargo, otro solicitante, un exempleado del gobierno, dijo que sabía cómo “tratar a la prensa”, recordó Álvarez. Le contó cómo había estado a cargo de distribuir sobres llenos de efectivo para los periodistas.

“Me gustaría poder decir que estos son casos aislados, o solo algunos, pero no es así”, dijo Álvarez. “Hay muchos como ellos que hablan de esas prácticas de una forma en la que te percatas de que las han normalizado”.

Daniel Moreno, director de la publicación digital Animal Político, dice que no recibe casi nada de dinero del gobierno federal, y cantidades relativamente pequeñas de los gobernadores estatales.

No es porque no quiera el dinero, dice Moreno. Es solo que el tipo de cobertura crítica que su equipo de noticias hace no es recompensado con contratos gubernamentales, sostiene.

Recientemente, Moreno dijo que recibió una llamada de funcionarios del estado de Morelos —que invierte cerca de 3000 dólares al mes en publicidad en su medio—. La esposa del gobernador estaba atravesando un momento complicado por las afirmaciones de que estaba politizando la ayuda para las víctimas del terremoto, una acusación que ella rechazó, por lo que un funcionario estatal sugirió que Animal Político debía hacer algunas noticias positivas.

Moreno rechazó cortésmente la propuesta. “Estaban bastante ofendidos”, dijo encogiéndose de hombros. “Y estoy seguro de que el dinero se ha ido”.

Aún así, les fue mejor que con la mayoría de los estados, dijo Moreno. Como política, Animal Político despliega una notificación en las piezas que se pagan por publicidad, por lo que los lectores saben que el trabajo no es periodismo independiente, dijo.

Pero funcionarios de los estados de Chiapas, Oaxaca y Sonora se han negado a pagar por el contenido a menos de que se publique sin la advertencia, dijo. Y Moreno se ha negado. “He perdido más dinero de esa manera del que he ganado”, dijo entre risas.

Este mes, las organizaciones de noticias se unieron para denunciar la violencia contra la prensa en México, donde los asesinatos de periodistas alcanzaron un récord este año. Un total de 39 grupos de medios firmaron un comunicado.

Pero algunos medios, como Animal Político, no se unieron porque insistieron en agregarle al mensaje algunas líneas adicionales sobre el daño que la publicidad oficial le hace a la libertad de expresión.

Se produjo un pequeño alboroto, dijeron. Algunos grandes periódicos que dependen en gran medida del dinero del gobierno se opusieron.

Finalmente, la carta fue enviada sin las líneas, y sin la firma de Moreno y sus colaboradores. Aparentemente, los medios noticiosos no estaban dispuestos a desafiar su sustento.

Una revelación que plantea preguntas

Ricardo Anaya, candidato presidencial del Partido Acción Nacional: “No se puede competir con un gobierno que le paga 500 millones de dólares al año a los medios”. Credit Yadín Xolalpa / El Universal, vía Associated Press

El 23 de agosto, Ricardo Anaya, presidente del opositor Partido Acción Nacional (PAN) y ahora candidato a la presidencia en las elecciones del próximo año, se despertó con la noticia de que su nombre y su familia estaban en la portada de El Universal, un importante periódico del país.

La noticia entraba en detalles sobre el imperio de bienes raíces de su suegro y, más específicamente, las formas en que la carrera política de Anaya había ayudado a impulsar esa fortuna.

El relato era familiar en México: un líder político que había utilizado su influencia para enriquecerse a sí mismo y a su familia. El Universal expuso las direcciones y los valores de las diversas propiedades, e incluso publicó fotos de su familia extendida, 14 personas en total. Los medios de comunicación de todo el país divulgaron la historia.

Lo único que le faltó al reportaje, según dictaminó un tribunal, fue precisión. Anaya logró demostrar que gran parte de la información era errada, sesgada o simplemente incorrecta. Mientras que sus suegros poseían claramente una serie de propiedades, muchas de ellas habían sido adquiridas antes de que comenzara su carrera política, según demostraron los registros públicos.

Según Anaya, lo más desconcertante eran las fotografías de su familia. Por lo que la familia sabía, nunca habían sido publicadas. De hecho, se parecían bastante a fotos de pasaporte.

Como esas fotos estaban en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emite los pasaportes, Anaya sospechaba que sus rivales en el gobierno le habían filtrado las fotos al periódico.

“Están tratando de destruir mi carrera política con esta campaña”, afirmó. “No se puede competir con un gobierno que le paga 500 millones de dólares al año a los medios”.

Durante los siguientes dos meses, el periódico le dedicó más de 20 portadas a Anaya, acusándolo de malversar fondos públicos, beneficiarse financieramente de su posición y dividir a su partido.

Anaya presentó una demanda. En octubre, el tribunal determinó que El Universal había tergiversado la riqueza de sus suegros y acusó erróneamente a Anaya de utilizar su cargo para beneficiarlos.

El Universal afirmó que tenía derecho a publicar la noticia amparándose en la libertad de expresión, un argumento que el juez cuestionó porque el periódico “no había basado su investigación en hechos”. El diario apeló la decisión del tribunal.

Este caso plantea preguntas sobre la confianza en los medios de comunicación, en un país en el que reciben tanto dinero de la publicidad gubernamental.

El Universal recibe más publicidad gubernamental que cualquier otro periódico de la nación, alrededor de 10 millones de dólares el año pasado, reveló Fundar. Los críticos argumentan que el diario se ha convertido en algo así como un perro de ataque del gobierno para las elecciones presidenciales del próximo año.

Según el periódico, esa sugerencia es “falsa y ofensiva”. La publicidad oficial “no afecta de ninguna manera la línea editorial del periódico”, dicen los voceros del medio y agregan que “los pensadores de todos los partidos políticos” están representados en sus páginas.

No todos sus periodistas están de acuerdo. En julio, media docena de columnistas anunciaron sus renuncias en protesta por lo que calificaron como cobertura parcial, diciendo que los propietarios habían destruido la credibilidad de la institución.

José Antonio Meade, candidato del PRI a la presidencia. El editor de investigaciones de El Universal renunció porque cree que el periódico está demasiado cerca de ese partido, dicen sus colegas. Credit Jose Mendez / European Pressphoto Agency

Salvador Frausto, un exeditor de investigación que ganó muchos premios en el periódico, también se marchó. Sus colegas dijeron que estaba claramente incómodo con lo cerca que estaba el periódico del PRI y su nuevo candidato presidencial, José Antonio Meade.

La persona que remplazó a Frausto como el nuevo editor de investigación fue recientemente un funcionario de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, según su perfil de LinkedIn.

Y el director de noticias de El Universal tiene vínculos estrechos con el nuevo candidato: su esposa era la jefa de prensa internacional de Meade en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.

El diario dice que no hay conflicto de intereses y que no tolera la cobertura parcial de ningún tipo.

Pero no es la primera vez que los reporteros del periódico cuestionan su independencia. Los periodistas contaron que en 2012, cuando Peña Nieto se postulaba para su cargo actual, los editores y directores de noticias comenzaron a cambiar las columnas que eran críticas con el candidato sin advertirles, a veces en el último momento.

“La razón por la que terminé renunciando al periódico es que ya no sentía que tenía garantizado un espacio libre”, escribió Andrés Lajous, un estudiante de doctorado de la Universidad de Princeton, en un artículo que relata lo sucedido.

‘Fueron los federales’

Una vigilia por las personas que murieron en enfrentamientos con la policía federal en el estado de Michoacán. Credit Rebecca Blackwell / Associated Press

Los testigos lo definieron como una ejecución. En enero de 2015, Laura Castellanos, una periodista premiada, fue enviada por los editores de El Universal a cubrir un par de tiroteos en los que estaba involucrada la policía federal.

En ese momento, los grupos de autodefensa habían tomado las armas para luchar contra el crimen organizado y Castellanos, que había escrito extensamente sobre el tema, era considerada una experta.

Pasó 10 días reporteando la noticia contactando a sus viejas fuentes y entrevistando a los testigos en el estado de Michoacán, donde murieron 16 personas y docenas resultaron heridas.

El tema fue especialmente delicado porque un aliado cercano del presidente, Alfredo Castillo, que había sido designado para supervisar la situación de seguridad en Michoacán, afirmó que las muertes se produjeron en un tiroteo con asaltantes armados.

Castellanos dijo que grabó entrevistas con 39 personas —víctimas, transeúntes, trabajadores de hospitales— y llegó a una conclusión distinta. La policía federal ejecutó sumariamente a sospechosos desarmados, incluidos algunos que se rindieron de rodillas y con los brazos arriba, según lo que refleja su investigación.

Después de días de edición y verificación de datos, dijo que el reportaje estaba listo para publicarse. Pero eso no sucedió.

Castellanos y sus editores no se sorprendieron. Peña Nieto ya estaba bajo una fuerte presión pública por su manejo de la desaparición de los 43 estudiantes universitarios, así como por la compra que hizo su esposa de una casa multimillonaria a un importante contratista del gobierno.

Pero después de dos meses y medio —durante los cuales una de sus fuentes fue torturada y asesinada, según contó la reportera— Castellanos comenzó a preocuparse porque su reportaje nunca se publicara.

Al consultar con abogados dijo que descubrió una laguna en su contrato que le permitió publicar el material en otra parte.

Uno de los pocos medios dispuestos a contar esa historia fue el sitio web fundado por Carmen Aristegui, otra periodista galardonada, que perdió su trabajo en una estación de radio después de revelar el caso de la casa de la esposa del presidente.

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La periodista Carmen Aristegui aceptó publicar un reportaje de investigación que otros medios no quisieron divulgar. El día de la publicación su sitio web dejó de funcionar. Credit Edgard Garrido / Reuters

Pero en la mañana en la que se programó la publicación del reportaje de Michoacán, con el titular “Fueron los federales”, el sitio web de Aristegui dejó de funcionar.

Eventualmente, descubrieron lo que sucedió: el sitio web fue intervenido.

Finalmente el reportaje se publicó, pero es un caso que suscita preguntas sobre la independencia editorial en un país inundado de publicidad gubernamental.

Ni los asesinatos ni el hackeo se resolvieron por completo. El Universal dijo que no había publicado el trabajo de Castellanos porque no cumplía con los estándares del periódico.

Al año siguiente, el reportaje de Castellanos fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de periodismo de investigación, uno de los galardones más prestigiosos del país.

Un diagnóstico preocupante, que nadie quiere escuchar. Columna Transversal de Paolo Luers

El diagnóstico: La guerra que la administración Sánchez Cerén lleva adelante contra las pandillas no ha logrado pacificar al país, sino por lo contrario ha empeorado la situación de derechos humanos, ha creado fuertes tensiones con las comunidades que supuestamente iban a liberar del control pandillero.

paolo3Paolo Luers, 15 diciembre 2017 / El Diario de Hoy

El New York Times publicó una nota sobre El Salvador, que extrañamente no tuvo eco en nuestro país. El Times no es cualquier periódico, y la nota no fue cualquier noticia, sino un extenso reportaje investigado y escrito por Azam Ahmed, jefe de la oficina de este periódico para Centroamérica, el Caribe y México.

El tema: La guerra contra las pandillas. Como el título sugiere, el lector no va a encontrar un diagnóstico cómodo: “La hora de la verdad en El Salvador.” Tal vez por esto no ha tenido eco. ¿Nos asusta la hora de la verdad?

EDH logPocas veces el NY Times dedica tanto espacio a nuestro país. Y pocos periódicos y reporteros trabajan con este método tan exhaustivo de investigación, fuentes contrastantes, y fact checking como lo emplearon el Times y Azam. El diagnóstico de hecho salió devastador, y no nos conviene obviarlo.

El diagnóstico: La guerra que la administración Sánchez Cerén lleva adelante contra las pandillas no ha logrado pacificar al país, sino por lo contrario ha empeorado la situación de derechos humanos, ha creado fuertes tensiones con las comunidades que supuestamente iban a liberar del control pandillero. Y la conclusión más importante, aunque diametralmente contraria a la narrativa oficial: precisamente cuando muchos pandilleros estaban discutiendo la posibilidad de dar un viraje a su historia y buscar su reinserción, la política de militarización del conflicto los forzó a responder con más radicalidad y violencia a un gobierno decidido a erradicarlos. El gobierno del FMLN, en vez de declarar la guerra a la violencia, la declaró a los pandilleros, usando cualquier método, incluyendo ejecuciones extrajurídicas. Y esto tiene su costo.

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No voy a contar como el reportaje llega a estas conclusiones. Los interesados lo pueden leer en el New York Times. Sólo voy a poner este reportaje en su contexto.

Tuve la oportunidad de observar, durante un año, la investigación de este periodista del Times, quien antes reportaba desde Afganistán sobre terrorismo y estrategias contrainsurgentes fallidas. Para no reproducir los acercamientos superficiales de muchos medios al tema, Azam Ahmed insistió en poder convivir con comunidades expuestas a las pandillas y a los operativos anti-pandillas de la policía. Vivió durante una semana en Las Palmas, colonia vecina de San Benito; y durante otra en Valle del Sol, una de las colonias más populosas de Apopa. En ambos lugares convivió con pobladores y pandilleros.

Además insistió en tener acceso a una de las figuras claves de las pandillas, no solo para entrevistarlo y recoger sus opiniones, sino para ver cómo vive y cómo interactúa con su familia y con su comunidad. Terminó compartiendo por varios días la vida de Santiago, vocero de la pandilla 18 Sur. Varios periodistas entrevistaron a este pandillero, pero nadie lo vino a conocer como este reportero. No extraña que se convirtiera en el personaje central del reportaje. Solo por esto vale la pena leer el reportaje. Demuestra que el problema no es tan simple y blanco y negro como muchos lo prefirieron pintar.

Santiago no es el típico pandillero. Es el político entre ellos. Lo conozco desde el 2012, cuando la tregua tuvo que dar el paso de la cárcel, donde nació entre las cabezas históricas de las tres pandillas, a la calle, a los barrios, y hacerse sostenible entre las clicas dispersas en todo el país. En este proceso, Santiago jugó un papel clave, y es gracias a su liderazgo que el acuerdo inicial, la suspensión de la guerra entre las pandillas, se mantuvo hasta la fecha, incluso sin la intervención de sus protagonistas iniciales, quienes desde 2015 nuevamente se encuentran en estricto aislamiento en el penal de Zacatecoluca. Y sin la necesidad de una mediación externa, que primero fue desautorizada, luego obstaculizada y finalmente desarticulada y penalizada por el Ministerio de Seguridad, la Fiscalía General y la Asamblea Legislativa.

Fue Santiago quien contra todas las adversidades trató de mantener abiertos canales de comunicación entre las pandillas, para desmontar conflictos y cadenas de venganza, y también con la sociedad civil, los medios de comunicación y las iglesias. Fue Santiago quien no se cansó a activar estos canales para comunicar que las pandillas, aun bajo las condiciones de las medidas extraordinarias en los penales y los operativos masivos en los barrios, querían mantener viva la opción de un diálogo para parar y desmontar la escalada del conflicto. Muchos dentro de las pandillas, sobre todo entre los liderazgos que ganaron poder en ausencia de los protagonistas de la tregua recluidos en Zacatraz, comenzaron a ver a Santiago como un loco, pero también sabían que su autoridad descansaba en el mandato que le habían dejado los históricos. Cuando Santiago trató de construir un mecanismo de incluir, a través de intermediarios, las posiciones de las pandillas en el diálogo propuesto por Naciones Unidas, se enfrentó con mucho escepticismo dentro de las pandillas. Lamentablemente el gobierno, con su veto a esta iniciativa, dio razón a este escepticismo.

Fue también Santiago quien se opuso a las iniciativas del Frente de retomar el diálogo con las pandillas, pero limitado a buscar apoyo electoral. Irónicamente, quien promovió estas iniciativas fue precisamente otro cabecilla, que luego de su captura en la operación Jaque se convertiría en colaborador de la fiscalía y de los organismos de inteligencia, conducidos por cuadros del FMLN. El famoso Piwa.

Fuera de este contexto, las únicas declaraciones de Santiago que una nota del Diario de Hoy retomó del reportaje del Times suenan como declaraciones de guerra. Porque dice que antes de que pueda haber una solución, correrá más sangre. Pero al leer todo el reportaje, los lectores de darán cuenta que no lo dice para son amenazar, sino para expresar su resignación ante un gobierno que insiste en enfrentar la violencia con más violencia.

Resumen: Es necesario leer y reflexionar este reportaje del New York Times. Búsquelo en google, poniendo “NYT, La hora de la verdad en El Salvador”.

La hora de la verdad en El Salvador. De Azam Ahmed/NY Times

Los pandilleros se enfrentan a la mano dura del gobierno y a la letalidad policial mientras algunos intentan encontrar una salida a un punto muerto con las autoridades tras el fracaso de una tregua. Pero ¿eso es siquiera algo que quieren los salvadoreños?

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Santiago es integrante de la facción de Barrio 18 conocida como los Sureños. crédito Moises Saman/Magnum, para The New York Times

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Azam Ahmed es el jefe del buró de The New York Times en México.

Azam Ahmed, 29 noviembre 2017 / THE NEW YORK TIMES

EN MARZO DE 2016, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció un conjunto de “medidas extraordinarias” que, según declaró, acabarían con las pandillas que habían convertido a El Salvador en el país con el mayor número de homicidios sobre la faz de la Tierra. Una tregua respaldada por el gobierno cuatro años antes fracasó y la tasa de homicidios había aumentado a 104 por cada 100.000 personas a nivel nacional y a cerca del doble en la capital, San Salvador. Ahora el partido gobernante, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), recurriría a la mano dura. Se desplegarían las fuerzas armadas, se envalentonaría a la policía y las cárceles quedarían sobrepobladas.

Poco después del anuncio, apareció un video. Era una respuesta de las tres pandillas más importantes de El Salvador: la Mara Salvatrucha, más conocida como MS-13, y su contraparte y enemiga Barrio 18, dividida en dos facciones, los Sureños y los Revolucionarios. En el video aparecía un hombre con lentes oscuros y un pañuelo que le NEW YORK TOMES NYTcubría el rostro. Los rayos del sol se filtraban desde una puerta abierta detrás de él, haciendo resplandecer su silueta oscura, lo que le daba una atmósfera amenazante al video, como si su intención fuera exigir el pago de un rescate. Sin embargo, el mensaje tenía un propósito totalmente distinto. En la grabación, el hombre decía que a partir de ese momento no habría más matanzas. Las pandillas habían entablado una nueva tregua, independiente del gobierno. Básicamente, la mano dura no tenía razón de ser.

“Le hacemos conciencia al gobierno en general que no podrá terminar con las pandillas”, dice el hombre, “ya que somos parte de la comunidad de nuestro país”. Con ese enfoque, un ataque contra las pandillas sería un ataque contra el pueblo y un ataque de ese tipo tendría un costo. En el video se acusaba al FMLN, que surgió de la guerra civil salvadoreña hace más de dos décadas, de batallar para mantener su promesa de ser la voz del pueblo. Las pandillas son el pueblo, afirma el hombre con la cara tapada y concluye: “Tenemos herramientas como para poder venir a destruir la política de este país”.

De pie, justo al lado de la cámara, estaba un fornido hombre de 33 años de edad que pertenece a Barrio 18 Sureños. La mayoría de sus amigos lo conocen como Santiago. Él había escrito el discurso pero no pudo pronunciarlo porque se recuperaba de una operación de vesícula biliar. Santiago había ascendido de manera inusual en la jerarquía de Barrio 18. Como uno de los seis miembros de una comisión política especial instaurada por los líderes, ayudó a mantener la tregua de 2012 que disminuyó los homicidios de El Salvador casi a la mitad y despertó en las pandillas el sentimiento de poder político que ahora demostraban.

Desde entonces, se separó del trabajo cotidiano de la vida de las pandillas —que en El Salvador consiste básicamente en extorsionar a los dueños de pequeños negocios— y operaba más como un defensor de los derechos humanos en una zona de conflicto. Mantenía un registro de los miembros muertos de cada pandilla, independientemente de si habían fallecido a manos de rivales o, como sucedía cada vez con mayor frecuencia, de las autoridades. Llevaba a las víctimas de abusos policiales a presentar denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Instaba a miembros de la Iglesia, a organismos no gubernamentales y a periodistas a alzar la voz en contra de las medidas extraordinarias del gobierno. El video fue, en cierto modo, el punto final de sus esfuerzos. Si al gobierno no le importaba detener la violencia, las pandillas tratarían de conseguir la paz por cuenta propia.

“¿Qué dice nuestra
existencia del gobierno y los
servicios que no provee?
Existimos porque no
hay nada más”.
Santiago

Cuando conocí a Santiago en agosto de 2016 y me habló sobre su participación en el video, era el último de los miembros originales del comité político. Los demás fueron asesinados o estaban detenidos. El actual gobierno rechazó la tregua, no solo por considerarla una aberración, sino una asociación delictiva. Las medidas extraordinarias que dieron rienda suelta a la brutalidad de las fuerzas policiales, también se centraron en evitar que los pandilleros se comunicaran: fueron confinados en aislamiento dentro de las cárceles y se les prohibieron las visitas. Organizarse entre ellos, se volvió subversivo.

Cuando lo conocí, Santiago estaba sentado en el segundo piso de un restaurante familiar repleto de gente en San Salvador; estaba comiendo un plato de sopa. Vestía jeans, botas de trabajo y una camisa tipo polo que escondía sus tatuajes. Se veía como cualquier otro trabajador disfrutando de su almuerzo.

“Cuéntame del terrorismo”, dijo Santiago. Había escuchado que trabajé en Afganistán y me preguntó: “¿Cómo lo defines?”. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró a las pandillas como grupos terroristas, una medida que parecía diseñada —por lo menos en parte— para conseguir la colaboración de Estados Unidos. Durante más de una hora, mientras Santiago fumaba cigarrillos y tomaba una michelada, hablamos sobre el terrorismo en Afganistán, Irak, Siria y Palestina. Santiago aceptó que las pandillas de El Salvador eran violentas, pero la suya era una violencia de otra naturaleza. “El único paralelo que veo es que representamos a una comunidad determinada, a un segmento de la sociedad que ha sido marginado”, dijo. “Pero nuestra violencia no es ideológica y, sin duda, tampoco es religiosa”.

Le pregunté por qué las pandillas decían que representaban a alguien más que a sí mismas. ¿Qué servicios le brindan a las comunidades? El Talibán regía a aquellos bajo su control con leyes que, aunque brutales, se hacían cumplir con mayor frecuencia que las del gobierno. Las pandillas, en cambio, eran depredadoras que mataban a comerciantes por no pagar sobornos y se enfrentaban a pandillas rivales por cuestiones de territorio y respeto que no tenían nada que ver con las necesidades de la comunidad.

Santiago asintió con la cabeza. “La cuestión no es cuáles servicios brindamos”, dijo. “La cosa es más fundamental: ¿qué dice nuestra existencia del gobierno y los servicios que no provee? Existimos porque no hay nada más”.

AL IGUAL QUE EL FMLN, las pandillas de El Salvador fueron el resultado de la larga guerra civil que comenzó en 1980. Entonces, el FMLN era una constelación de grupos de izquierda que se enfrentaba al gobierno de derecha. A medida que las batallas se hicieron cada vez más violentas, cientos de miles de salvadoreños se mudaron a Estados Unidos, estableciéndose principalmente en Los Ángeles, donde sus hijos se organizaron para protegerse de otras minorías pobres que también habían quedado al margen del “sueño americano”. Para cuando fueron deportados, años más tarde, ya habían formado las pandillas que ahora carcomen a la sociedad salvadoreña y que han sido considerablemente brutales, famosas por decapitar a sus enemigos e ignorar por completo el destino de los civiles atrapados en el fuego cruzado. Ahora, como sucedió durante la guerra civil, cientos de miles de refugiados han huido, incluyendo a más de 50.000 menores de edad que en los últimos años han intentado hacer el viaje por tierra hasta Estados Unidos.

El primero en ejercer la mano dura fue el partido de extrema derecha Alianza Republicana Nacionalista, conocido como ARENA, que ganó por primera vez la presidencia en 1989. Eso solo sirvió para fortalecer la determinación y cohesión de las pandillas. Cuando el FMLN asumió el poder en 2009, intentó algo diferente. Comenzó a trabajar en secreto para negociar una tregua entre las pandillas en pugna del país. La premisa era sencilla: a través de intermediarios de confianza reunirían a los principales líderes en las cárceles de seguridad, permitirían que interactuaran y los alentarían a forjar la paz en las calles.

Cuando esa tregua finalmente se materializó en 2012, el índice nacional de homicidios cayó casi a la mitad. Sin embargo, a medida que se hizo pública, surgieron varios cuestionamientos: ¿las pandillas simplemente estaban consolidándose antes de desatar otra ola de violencia? ¿Los líderes recibían un tratamiento especial que incluía acceso a drogas y prostitutas? ¿El gobierno estaba apostando por una estrategia en la que las pandillas podrían exigir negociar si mataban a más personas? Una vez que se dio a conocer, la tregua nunca gozó de mucha popularidad entre los salvadoreños; Estados Unidos se opuso ferozmente a esa medida. En 2014, el gobierno comenzó a distanciarse del esfuerzo y la tasa de homicidios comenzó a aumentar de forma considerable.

Lo que está sucediendo es como una
guerra en casi todos los sentidos, pero en el vocabulario de la guerra no hay palabras para describir esta nueva variante.

Cuando Sánchez Cerén llegó al poder en junio de 2014, le retiró el apoyo gubernamental a la tregua. Siete meses después había encarcelado a los líderes de las pandillas en prisiones de máxima seguridad, cortando sus líneas de comunicación. Uno de los periodos más pacíficos desde la guerra civil dio lugar a uno de los más mortíferos y no solo porque la guerra entre las pandillas iba en aumento, sino porque la violencia policial también se incrementó de manera drástica.

Las autoridades mataron a ocho veces más presuntos integrantes de las pandillas en 2015 que en 2013. El diario salvadoreño El Faro reveló que por cada oficial de policía que murió en un tiroteo entre enero y agosto de 2016 fueron asesinados 53 presuntos pandilleros. Es mucho más probable que un combatiente resulte herido a que muera en la historia de la guerra moderna. Sin embargo, en un periodo de veinte meses en el que sucedieron 1074 tiroteos contra presuntos pandilleros, la policía mató a 693 y solo lesionó a 255. El vicepresidente Óscar Ortiz ha afirmado públicamente que los policías tienen el derecho de usar la fuerza letal “sin ningún temor a sufrir consecuencias”.

Lo que está sucediendo es como una guerra en casi todos los sentidos, pero en el vocabulario de la guerra no hay palabras para describir esta nueva variante. Las pandillas son algo parecido a una insurrección, pero no parecen tener ningún objetivo político excepto evitar que se les mate. La existencia de seudodiplomáticos como Santiago refleja una nueva dinámica, alguna vez impensable, con una potencial voluntad de algunos de los bandos para dejar las armas. En diciembre de 2016, los líderes de la MS-13 declararon a El Faro que estarían dispuestos a negociar con el gobierno; incluso mencionaron la posibilidad de desmantelar la pandilla en caso de lograr la paz.

Antes esta opción ni siquiera estaba sobre la mesa, pero los dirigentes parecen haber evolucionado a raíz de la tregua. En febrero, se creó la Mesa Coordinadora de Pandillas para el Diálogo y el grupo contactó a un enviado especial de las Naciones Unidas, pidiéndole que iniciara un diálogo entre las pandillas y el gobierno.

Presuntos pandilleros que fueron detenidos durante una redada en San Salvador en 2016. Credit Moises Saman/Magnum, para The New York Times

El FMLN, hasta ahora, no ha correspondido a estas propuestas, ni tampoco lo han hecho muchos de los salvadoreños. Una encuesta reciente arrojó que un 40 por ciento de los adultos del país avalaría el uso de la tortura para combatir a las pandillas, mientras que casi un 34,6 por ciento aprobaría asesinatos extrajudiciales. Los políticos son impopulares, pero también lo son las pandillas.

En la colonia Montreal de Mejicanos, un barrio violento ubicado en lo alto de una colina que está bajo el control de la MS-13, un residente me dijo que las pandillas mataron a un muchacho que se negó a entrar al grupo, lo sepultaron en una fosa clandestina y le prohibieron a sus padres que recuperaran el cuerpo. En Aguilares, asistí al funeral de un conductor de autobús que fue asesinado porque sus jefes se negaron a pagarle a dos pandillas diferentes en la misma ruta. Su hermano me contó que el dolor y la ira lo hicieron pensar en unirse a sus rivales pero, en cambio, dejaría que el gobierno acabara con ellos.

Una pandilla de El Salvador gana en un año lo que un cartel mexicano recaba en una semana. MS-13, la pandilla más grande del país, con 40.000 miembros, recauda unos 30 millones de dólares anualmente de los pagos de extorsiones de unos cuantos dólares, a veces recibidos en monedas, y los distribuye en dádivas a sus miembros, muchos de los cuales viven de cualquier alimento que puedan tomar por la fuerza de los vendedores locales. Parecen no tener interés en las ideologías. El poder que tienen proviene de su condición como el único grupo organizado presente en los barrios pobres de El Salvador; como la única “familia” de decenas de miles de niños salvadoreños abandonados y, para muchos, son la única economía que existe.

El poder que tienen las
pandillas proviene de su
condición como el único
grupo organizado presente
en los barrios pobres
de El Salvador.

En última instancia, comentó Santiago, las pandillas tendrían que sobrellevar las medidas extremas hasta las siguientes elecciones, en marzo de 2018. Santiago estima que las pandillas fácilmente podrían constituir un diez por ciento de los votos, una porción decisiva en un sistema bipartidista. El país celebrará elecciones de dirigentes y legisladores municipales, muchos de zonas que están bajo el control de las pandillas. Esos grupos podrían utilizar su poder para exigirle a ARENA que aligere la mano dura en caso de que el partido resulte electo en un acto de represalia contra el FMLN por adoptar una estrategia tan estricta contra ellos.

“El gobierno tendrá que pagar la factura por lo que ha hecho”, dijo Santiago. “Deberán responder ante nosotros, de una manera u otra”.

SANTIAGO RARA VEZ SE QUEDABA más de un día en el mismo lugar. A veces pasaba una o dos noches en la casa de su exnovia, con quien tuvo una hija que ahora tiene 7 años. También tiene un hijo de 5 años con otra mujer. En raras ocasiones se ha quedado con su abuela. Otras veces, cuando sentía que una zona estaba más caliente, se quedaba en casas alquiladas que parecían abandonadas, al menos desde el exterior.

Su obsesión con la seguridad estaba justificada: Marvin, su contraparte de la MS-13, había sido “levantado” a medianoche de su casa. Lo mismo le pasó a Nalo, el representante de Barrio 18 Revolucionarios en las discusiones de la tregua. Durante una noche, cuando llegamos a una de las casas alquiladas, Santiago se detuvo en un garaje donde había crecido la maleza y se quedó ahí por un minuto, observando a su alrededor.

La casa estaba a oscuras; era una estructura de un piso con las cortinas cerradas detrás de ventanas con herrería. Al otro lado de la calle, alguien instaló un sistema de bocinas y colgó un letrero para transformar una casa similar en una iglesia. Las voces de los evangélicos alabando a Dios sonaban a lo largo de la calle que, de lo contrario, estaría en silencio. Convencido de que no había nadie afuera, Santiago quitó las cadenas del garaje, abrió las puertas oxidadas y entró.

El interior se veía un poco mejor. La tela desgastada de los muebles de la sala estaba cubierta de quemaduras de cigarro. Los pasillos estaban llenos de telarañas. Santiago había cerrado el suministro de agua la última vez que fue y los baños no tenían agua. Decidió esperar a que la misa al otro lado de la calle terminara para volver a abrir la llave de paso. “Prefiero que la gente no me vea aquí”, dijo.

Había una nueva televisión de pantalla plana en la pared. Santiago se sentó en el sofá y encendió la tele para ver las noticias locales. Mencionó que le gusta mantenerse informado sobre los acontecimientos políticos en otras partes de América Latina.

“Deberán responder ante
nosotros, de una
manera u otra”.
Santiago

Mientras cambiaba los canales sonó su teléfono celular. Respondió y escuchó en silencio por un momento. “¿Quieres presentar una denuncia?”, preguntó finalmente. “Yo o alguien más del equipo puede llevarte a la oficina de derechos humanos mañana para llenar el papeleo”. Escuchó otra vez, dijo que entendía y colgó con un suspiro.

Era la esposa de uno de los líderes, dijo. Su marido llevaba años encarcelado y hacía meses que a ella no se le permitía hablar con él, desde que entraron en vigor las medidas extraordinarias. Dijo que la policía todavía la acosaba, pasaba por su casa, rompía sus muebles y le robaba objetos de valor. Ella había pensado en presentar una denuncia, pero había rumores de que las prisiones podrían volver a permitir las visitas de los familiares. Si presentaba una denuncia, la policía podría impedirle ver a su esposo. Al final decidió dejarlo todo por la paz.

A Santiago le gustaba su trabajo pero cada vez era más difícil. Comentó que la mayoría de sus amigos habían muerto o estaban en la cárcel. Unos cuantos se habían ido a Estados Unidos y vivían tranquilos con sus esposas e hijos. A veces pensaba que debería seguirlos, pero temía que lo descubrieran las autoridades estadounidenses. “Soy el último que queda de mi grupo”, dijo. “Cualquier cosa que pase, no será buena”.

Santiago se unió a Barrio 18 en 1998, a los 15 años. Su padre, que había sido un oficial de policía, abandonó a su familia para irse a Estados Unidos cuando Santiago todavía era muy pequeño; en su juventud tuvo pocas ambiciones excepto, quizá, que su vida tomara un rumbo distinto. Durante los primeros años como miembro de Barrio 18, pasó sus días trabajando en una tapicería mientras terminaba el bachillerato por la noche. Mantenía a su madre con el dinero de trabajos esporádicos, pero quería algo más. Dijo que le gustaba ser parte de una comunidad pero “no tenía ningún objetivo, además de serlo; solo quería saber cómo era la vida de pandillero”.

Poco a poco, las pandillas comenzaron a formalizarse con códigos de conducta que prohíben los ataques contra compañeros y el uso de drogas duras como el crack. El mismo Santiago fue parte de esa evolución. Justo antes de terminar la escuela secundaria, lo invitó a comer uno de los fundadores de la pandilla Barrio 18, Carlos Mojica, conocido como el Viejo Lin. Mojica se había propuesto convertir a Barrio 18 en algo más parecido a la delincuencia organizada. Santiago fue a la reunión saliendo de la escuela y todavía vestía su uniforme cuando se sentaron. Mojica sonrió.

“Sigue estudiando lo más que puedas”, recuerda que le dijo. “La gente como nosotros necesita encontrar algo que le interese, algo en qué ocupar su mente”. Le entregó a Santiago una lista de lecturas que incluía la Constitución de El Salvador y la Biblia. “Me dijo que debería ir a la iglesia”, recordó Santiago. “Pensé que estaba loco pero luego me dijo: ‘No estoy diciendo que te hagas cristiano pero confía en mí, no encontrarás paz en ningún otro lugar’”. Santiago tomó en serio su consejo, memorizó pasajes bíblicos y comenzó a organizar eventos evangélicos. El suyo fue un evangelio extraño, uno que combinaba principios cristianos, como la unidad y el amor, con la aceptación de la violencia y la delincuencia que define a las pandillas.

Todo eso cambió en 2006, cuando Santiago fue acusado de intento de homicidio tras un tiroteo con la MS-13, aunque afirma que él no participó. Después de que el gobierno retiró los cargos por falta de pruebas, decidió que era hora de poner fin al capítulo criminal de su vida. Preguntó a los dirigentes si podría concentrar sus energías en encontrar canales para la paz. Estuvieron de acuerdo.

Después de una persecución a pie, un policía arresta a un hombre sospechoso de ser pandillero y de haber participado en el robo de una camioneta. Credit Moises Saman/Magnum, para The New York Times

Santiago nunca me dijo cómo ni con qué se le pagaba por su trabajo, pero no podría haber sido mucho. Su hija se mantenía de las remesas que enviaban los parientes de la madre de la niña desde Estados Unidos. El único flujo de ingresos lucrativo al que podrían haber tenido acceso, de los carteles de narcotráfico que pasaban por su territorio, estaba vedado.

Le pregunté a Santiago por qué las pandillas, dada la cantidad de miembros que tenían, nunca intentaron cobrarles dinero a los carteles. Se rio. “No, cómo crees, hombre”, dijo. Con la guerra del gobierno en su contra, las pandillas difícilmente podían darse el lujo de entablar una pelea con los carteles. “He leído un poco sobre Hitler”, comentó Santiago. “Lo agarraron porque abrió demasiados frentes”.

Santiago es un conversador ágil y lleno de energía y cuando se le da rienda suelta —puede pasar de hablar sobre el gobierno comunista de China al proceso de paz en Colombia y la Rusia de Putin— mueve los brazos y el torso como un director de orquesta, como si estuviera convocando sus mejores ideas. Una vez me dijo que, en otra vida, le habría gustado estudiar Derecho, una profesión más a tono con su curiosidad intelectual. También me contó que no lamentaba haberse unido a una pandilla, pero sí no haber iniciado sus esfuerzos de reforma antes.

Las estructuras de pandillas son celulares y, a nivel de barrio, a menudo operan independientemente de la dirección general. Santiago conocía a casi todos y pasaba sus días al teléfono con sus rivales; algunas veces se reunía con ellos en persona. Intercambiaban detalles de la muerte más reciente a manos de un rival o de la policía. Hablaban de las próximas reuniones con la iglesia o con líderes de organizaciones no gubernamentales. Planeaban la emisión de comunicados conjuntos y mantenían abiertas las líneas de comunicación para evitar cualquier contratiempo en el cese al fuego.

“Nos dimos cuenta del error
quizá 24 meses después de
que había comenzado la
tregua, pero ya era
demasiado tarde”.
Santiago, pandillero

A veces se preguntaba si se habría unido a la pandilla, si su crianza hubiese sido distinta. Aunque muchos miembros de las pandillas culpan al gobierno por romper la primera tregua, para Santiago el fracaso fue más simple que eso. La tregua había mejorado las vidas de los pandilleros, quienes morían en menor cantidad, y del gobierno, que podía darse el crédito por las estadísticas de homicidios más bajas. Sin embargo, los salvadoreños promedio no veían muchas mejoras en sus vidas. Las extorsiones continuaron, al igual que el asesinato de inocentes. Santiago comentó que el principal error de la tregua fue continuar exigiéndole dinero a los civiles, ya que eso la había condenado al fracaso.

“Es muy triste llegar a esa conclusión”, me comentó. “Nos dimos cuenta del error quizá 24 meses después de que había comenzado la tregua, pero ya era demasiado tarde. Debimos haber empezado por ahí”.

Le pregunté a Santiago si alguna vez permitiría que su hijo se uniera a una pandilla. “Mi hijo es el niño más extrovertido que te puedas imaginar”, comentó, dejando escapar una sonrisa. “Te da la mano, te pregunta tu nombre y quiere contarte todo sobre la escuela. Si quisiera unirse a una pandilla, sería como en unos diez años. Para entonces, espero que esta dinámica de violencia haya cambiado; de no ser así, nadie va a querer formar parte de eso”.

MÁS DE 22.000 AGENTES de policía son responsables de la seguridad en El Salvador y ahora trabajan junto con 14.000 soldados. En vez de que las fuerzas armadas se volvieran algo parecido a una fuerza policial interna, la policía es la que se ha convertido en una especie de cuerpo militar invasor. Una noche, temprano, acompañé a un capitán de policía a patrullar Soyapango, municipio con una población de 300.000 habitantes repleto de casas de techos bajos y casuchas de lámina al este de la capital. Es considerado uno de los lugares más peligrosos del país. Mientras nos desplazábamos por una avenida estrecha y repleta de peatones, pasamos junto a un hombre que llevaba en brazos a una mujer inconsciente; el pánico era evidente en el rostro del hombre. Ni él detuvo a la patrulla para pedir ayuda ni los policías se la ofrecieron.

El capitán y un conductor recogieron a tres jóvenes oficiales que estaban en la banqueta de la plaza central, todos ellos de 27 años y graduados el mismo año de la academia de policía. Nos alejamos de las bulliciosas calles del centro de Soyapango y nos encaminamos hacia un barrio llamado Horizontes, en medio del territorio de la MS-13. Hubo un cambio perceptible en cuanto al abandono de la zona, incluso pese al ruinoso estado general de San Salvador. Las calles estaban reducidas a escombros, los lotes baldíos estaban llenos de maleza y abandonados; la mayoría de las casas estaban hechas de bloques de hormigón, sin una capa de pintura o yeso. Los terrenos estaban llenos de basura, como si fuera hierba silvestre.

El plan, en el supuesto de que hubiera uno, era buscar una casa “destroyer” —un escondite o casa de seguridad— en Horizontes, donde se creía que algunos miembros de la MS-13 podrían estarse refugiando después de un tiroteo con la policía. En realidad, la misión era mucho más simple: hacer “acto de presencia”, para mostrar que podían ir y venir como quisieran en territorio enemigo; un recordatorio para las pandillas, o cualquier persona que les ayudara, de que el gobierno no se quedaría de brazos cruzados.

Un oficial me dijo que él y sus compañeros habían matado a cinco pandilleros en un enfrentamiento armado dos semanas antes, justo en el lugar por donde caminábamos. Señaló hacia a una tubería de aguas residuales. “Uno de ellos murió allí”, dijo, ajustando su rifle de asalto. Contó que los sobrevivientes habían corrido, pero la policía creía que los pandilleros se ocultaban en esa casa “destroyer”.

La casa, sin pintura y con las ventanas tapadas con maderas, parecía abandonada. Un policía al que apodaban el Chino, golpeó la puerta. Al no recibir respuesta, golpeó el pánel de la ventana frontal. Para nuestra sorpresa, un joven que solo traía calzoncillos puestos entró en la sala, con las manos levantadas. El policía brincó por la ventana y le apuntó con el arma. “De rodillas”, gritó: “¿Qué estás haciendo aquí?”.

El joven se dejó caer de rodillas. “Aquí vivo”, contestó, alzando apenas la mirada. “Mentira”, espetó el policía. “Te estás escondiendo”.

En el centro de la habitación había un sofá de hule espuma con una sábana sucia y retorcida. Un sofá muy rasgado, con los resortes expuestos a través del terciopelo desgastado, yacía contra la pared. El Chino le preguntó desde cuándo estaba en la banda. “No estoy en nada”, contestó, “vendo tomates en el mercado central. Aquí vivo con mi novia. Está embarazada de nuestro segundo hijo”.

El policía le ordenó que se tumbara en el suelo y después colocó la punta de su bota debajo de la barbilla del joven y con ella le levantó un poco el rostro, mirándolo directamente a los ojos. “No creo que tu esposa viva aquí”, dijo. “Así”.

Otro oficial entró por el patio trasero; traía en las manos un cinturón de policía con la funda de la pistola colgando. “¿Le quitaste esto a un policía?”, reclamó el Chino, lanzando el cinturón sobre el colchón.

El muchacho comenzó a suplicar. “No, ustedes me matarían”, dijo, meneando la cabeza. “Imagínense, cómo voy a hacer algo como eso, con dos hijos”. Los policías salieron para avisar por la radio sobre el presunto robo del cinturón. Desde el otro extremo, recibieron órdenes de dejar al chico en paz. Tenía 17, era menor de edad, así que no valía la pena.

Pasando esa casa, llegamos a un campo de tiro utilizado por las pandillas. En la pared de bloques de hormigón había grafitis de unas burdas siluetas humanas con círculos torcidos a la altura del corazón. El hormigón estaba lleno de orificios de bala. En una pared contigua, alguien había garabateado las palabras “Ver, oír y callar”, un lema de las pandillas en El Salvador.

“Me entristece la pobreza.
Siento pena por estas familias,
por los que se involucran
en las pandillas, pero sobre todo
por los inocentes que mueren”.
Policía salvadoreño

Caminamos al Valle de las Delicias, un barrio situado a pocas calles de ahí. Las paredes de los edificios estaban revestidas de enormes murales de color azul y negro, monumentos conmemorativos a los líderes caídos que, a pesar de la decadencia de la zona, todavía tenían buen aspecto. Mientras íbamos caminando por un callejón encontramos a otro joven delgado, de pelo rizado y cicatrices de acné en todo el rostro, que estaba haciendo una llamada con uno de esos enormes teléfonos celulares que se fabricaban en los noventa. Un oficial le arrebató el teléfono, arrojándolo a un colega, y procedió a cachear al hombre con rudeza.

“No he hecho nada”, dijo el joven. Sus padres se asomaron de inmediato a la puerta.

El padre, que era más pequeño que su hijo y llevaba una camiseta amarillenta, preguntó: “No hizo nada, ¿por qué lo están hostigando?”. El oficial presionó el cuello del muchacho hasta torcerle la espalda. Le pidió a sus colegas una cámara para grabarlo. “No tiene antecedentes penales, ¿por qué lo van a meter al sistema?”, preguntó el padre.

“Cállate o sigues tú”, espetó el oficial.

Los policías dejaron a los familiares que estaban furiosos en el porche. “Mira cómo lo maltratan, solo porque es joven”, me dijo el padre. “No entiendo cómo pueden vivir consigo mismos, si también tienen hijos. ¿Qué les parecería que alguien les hiciera eso a sus hijos?”.

Un grupo de jóvenes observan las andanzas de las pandillas en el vecindario de Las Palmas, controlado por Barrio 18 Revolucionarios. Credit Moises Saman/Magnum, para The New York Times

Al terminar el patrullaje caminamos por los márgenes del barrio, marcados por un inmenso árbol de ceiba que se elevaba casi 40 metros por encima del estacionamiento, al fondo de un terreno baldío. El oficial que había registrado al chico me preguntó por lo que me había dicho la familia. Le dije e hizo una pausa para reflexionar.

“En estas comunidades marginadas, cada familia tiene al menos una persona involucrada con las pandillas”, dijo. “Claro que me entristece. Me entristece la pobreza, siento pena por estas familias, por los que se involucran en las pandillas, pero sobre todo por los inocentes que mueren”. Un camión de policía estaba parado debajo del follaje del árbol. Los oficiales se subieron al camión uno por uno.

“Todo esto tiene que ver con la pobreza y la marginación”, dijo, asintiendo con la cabeza mientras miraba un bote de basura cerca de las raíces del árbol, donde estaban escritas, en inglés, las palabras: Fuck Police.

POR LO GENERAL, SANTIAGO se sentía solo en su trabajo. La vida de pandillero gira en torno a la delincuencia, no la paz, por lo que se mantenía al margen. Hasta el año pasado, su comunidad incluía a un grupo informal de algunos altos líderes religiosos, diplomáticos y el comité de la pandilla. Se reunían para discutir estrategias encaminadas a reiniciar la tregua o por lo menos mantener abiertas las líneas de comunicación.

Con la presión ejercida por las medidas extraordinarias, las reuniones prácticamente habían cesado. A pesar de ello, Santiago trataba de comunicarse con los miembros del grupo y en ocasiones visitaba a algunos. Así fue como en una tarde de sábado, en octubre, condujo su auto a las oficinas de la Iglesia luterana para ponerse al día con el obispo Medardo Gómez.

“¿Dígame?”, preguntó la recepcionista, mirando a Santiago. “Vengo a ver al obispo”, dijo Santiago con una sonrisa de oreja a oreja. “Está en una reunión”, respondió ella, sin levantar la vista de la computadora.

Santiago tomó asiento y esperó. Casi era mediodía y había un puñado de personas haciendo antesala en la oficina del obispo. La mayoría vestía ropa formal. Santiago llevaba una camisa, jeans y un par de Nike que le había dado un amigo. Después de unos minutos, una mujer mayor con un traje planchado y joyería fina entró en el vestíbulo. Se paró en seco cuando vio a Santiago en la sala de espera.

“Ay, Dios mío, si eres tú”, exclamó, y corrió hacia él para darle un abrazo. “¿Sabe que estás aquí?”, preguntó ella, girando la cabeza hacia la puerta de la oficina del obispo. “Hace meses que no te vemos”, dijo entusiasmada. “¿Cómo va todo? Supimos de Alex”, agregó, refiriéndose a un miembro del comité político de Barrio 18 Revolucionarios al que habían detenido. “La situación es horrible ahora. Eres el primero que vemos en meses”.

Lo llevó hasta la puerta del obispo y lo anunció. El obispo, un anciano de ojos vidriosos, estaba sentado a la cabecera de una sencilla mesa de conferencias, en una reunión con unas cuantas personas. Los demás asistentes dejaron la sala cuando entró Santiago y el obispo se puso de pie para saludarlo. “Qué bueno verte aquí, no estaba seguro de si te habían agarrado también”, dijo al colocar su mano sobre la cabeza de Santiago. “Le dije a Alex que necesitaba hacer cambios en su rutina. Pero lo pescaron en su casa, al amanecer”.

“Gracias a Dios que no le hicieron nada más”, respondió Santiago.

Alex, al igual que Santiago, formaba parte de la comisión política desde sus inicios, a partir de que se anunció la tregua. Ahora estaba en prisión acusado de homicidio, dijo el obispo Gómez.

“Me han dicho que hay testimonios que afirman que no fue él”, continuó el obispo, con la mirada fija en la mesa como si no hablara con nadie en particular. “Tal vez lo prueben”. Dirigió la mirada hacia Santiago, que observaba la vasta colección de fotos en el escritorio y las paredes de la oficina del obispo. “Parece que eres el último que queda”.

Marvin, contraparte de Santiago dentro de MS-13, estaba en la cárcel y se sospechaba que estaba colaborando con las autoridades con base en un acuerdo negociado de culpabilidad. Nalo, uno de los principales líderes de Barrio 18 Revolucionarios, cuyo verdadero nombre es Carlos Eduardo Burgos Nuila, corrió la misma suerte. Mientras tanto, Alex fue encarcelado pero, hasta donde se sabía, no había firmado ningún acuerdo de ese tipo. Aunque las pandillas buscaron remplazos para todos con el fin de retomar las comunicaciones con el resto de la comisión, los vínculos eran nuevos y todavía inciertos.

La policía salvadoreña durante una redada en el vecindario Horizontes, en Soyapango Credit Moises Saman/Magnum, para The New York Times

Santiago le preguntó al obispo qué había pasado con los demás miembros del grupo informal: los diplomáticos, los trabajadores de las ONG y los líderes religiosos. La recepcionista entró con el almuerzo del obispo, un estofado caldoso que el obispo miró con decepción.

El obispo dijo que estaba planeando un foro para reunir a los líderes locales y funcionarios del gobierno para hablar sobre las medidas extraordinarias, en específico sobre el impacto de la violencia en los barrios. Levantó el tazón a la altura de los labios y dio un sorbo antes de agarrar un pedazo de costilla que se veía duro de roer. “Debemos insistir en el diálogo y hacerlo avanzar a todos los niveles”, dijo. “No hay que verlo solamente como un diálogo con las pandillas, hay que integrar y fomentar esto con todos”.

El obispo tenía la débil esperanza de que si los residentes de las zonas afectadas se acercaban a hablar con los funcionarios, ellos escucharían las historias de la miseria que había ocasionado su política. “Las medidas solo han empeorado las cosas, en vez de ayudar”, dijo. “La idea de un foro es para decir a nivel nacional e internacional: ‘Miren, las medidas extraordinarias no están funcionando’”. Hizo una pausa y suspiró. “No podemos negar que la cantidad de muertos ha disminuido”, continuó. “Pero la forma en la que la policía se comporta ha hecho que dejen de ser agentes de seguridad. Ahora son agentes de la muerte”.

Santiago se entusiasmó. Escuchar que un respetado líder religioso se hiciera eco de sus palabras le hizo sentir algo parecido a una catarsis. Estos días, dijo, la policía montaba supuestos tiroteos solo para matar a pandilleros y la explicación que daban después era que se trataba de terroristas. “¿Parezco terrorista?”, le preguntó al obispo.

El obispo negó con la cabeza y empujó su silla hacia atrás. Tenía unas ojeras pronunciadas. Se le hacía tarde para una reunión en otra parte de la ciudad. Miró a Santiago. “No, no tengo duda de que solo dicen eso para justificar la represión y solicitar asistencia internacional”, dijo.

Santiago acompañó al hombre hasta la salida y, acto seguido, encendió un cigarrillo en el patio del edificio, al lado de una fuente vacía y repleta de follaje. “Estas charlas me dan fuerza; me dicen que no estoy solo”, agregó, mientras sacudía las cenizas en un bote de basura vacío. “Al menos alguien piensa como yo”.

ESTE VERANO las cosas comenzaron desmoronarse para Santiago. La campaña del gobierno contra las pandillas continuó y la tregua, aunque todavía en efecto, pendía de un hilo. En agosto, los fiscales sometieron a juicio a 18 personas que no pertenecían a las pandillas pero que participaron en la creación de la tregua original de 2012; en su mayoría funcionarios y servidores públicos de escalafones bajos a los que le achacaron cargos de asociación delictiva y contrabando de mercancías prohibidas en las cárceles.

Santiago vio el juicio en televisión. Marvin y Nalo se habían convertido en testigos del gobierno después de su arresto; el segundo fue testigo estrella durante el juicio. Testificó que a los pandilleros en prisión les daban cenas de pollo frito y televisores de pantalla plana por su disposición a reducir la tasa de homicidios, pero también describió el reparto de dinero proveniente de los partidos políticos más importantes antes de las elecciones presidenciales de 2014, que incluyó más de 250.000 dólares como retribución por el apoyo de las pandillas.

Sin embargo, no se acusó ni se citó a dar testimonio a ningún político ni tampoco a los autores intelectuales de la tregua, entre los cuales estaba el actual ministro de Defensa. Finalmente, todos los acusados fueron absueltos y el juez convocó a los fiscales a acusar a los individuos que solo seguían órdenes del gobierno.

Sin dejarse abatir por esa derrota en los tribunales, el gobierno apeló la decisión del juez de inmediato y presentó una nueva ronda de acusaciones por extorsión, pero ahora en contra de quienes participaron en la tregua de 2012. Poco importaba: la mano dura del gobierno ya había desintegrado a la comisión política. Aunque la tregua seguía vigente entre las pandillas, se trataba más de la supervivencia frente las agresiones del gobierno que de forjar la paz.

Si bien Santiago sentía pena por los pandilleros exintegrantes de la comisión, sobre todo se sentía devastado debido a que los años de trabajo —construyendo alianzas y generando confianza en la sociedad civil, forjando relaciones con rivales, convenciendo a la gente de las calles sobre su visión— se habían convertido en un espectáculo público.

Santiago tenía sus propios problemas y preocupaciones. Para fines de agosto pasado, incluso antes de que los acusados fueran declarados inocentes, ya se preparaba para huir del país.

“La violencia tiene que alcanzar
un nivel mucho mayor que el
actual para que llegue la
hora de la verdad”.
Santiago, pandillero de Barrio 18

Sabía que no habría ningún respiro, al menos no hasta las elecciones de 2018. Mucho antes del juicio, Santiago escribió un manifiesto para las pandillas. Por primera vez en décadas, no apoyarían al FMLN en las urnas. En cambio, usarían su poder político para hacer que perdieran las elecciones, ya fuera apoyando a un partido de derecha o, posiblemente, a candidatos independientes.

El acuerdo tradicional, según cuenta, era que ellos recibían una compensación monetaria por apoyar al FMLN. Sin embargo, el presidente Sánchez Cerén, del FMLN, había roto su larga relación con las pandillas al emprender la guerra en su contra. Por eso, las pandillas responderían retirando su diez por ciento de los votos para castigar al partido en la legislatura. Los demás partidos políticos empezaron a tener acercamientos: políticos que buscaban acceso, favores, los votos antes de las elecciones del próximo año. “Ahora somos la chica bonita con la que todos quieren bailar”, me comentó Santiago.

Pero lo harían sin él. Las autoridades lo habían encontrado.

En febrero de este año, meses antes de que comenzara el juicio y después de una reunión con el obispo Gómez, su auto fue detenido para una inspección de rutina. La policía revisó los registros de su automóvil, así como su identificación, y lo dejó ir. Pero Santiago tenía sus sospechas. Mandó a revisar su auto con un especialista, que encontró un dispositivo de rastreo GPS pegado al chasis. Santiago cambió de vehículo.

En abril, poco después de Semana Santa, la policía lo detuvo de nuevo. En esa ocasión, lo acusaron de resistirse al arresto y lo detuvieron. Cuatro días después llegaron dos fiscales y un investigador de la policía con una oferta. El juicio por la tregua estaba a unos meses de comenzar y Santiago podía testificar contra sus excompañeros o ir a la cárcel por el resto de su vida, por posibles cargos de tráfico de armas, fraude electoral y contrabando en las cárceles. Luego de hacer la oferta, las autoridades se vieron obligadas a dejarlo ir, pues no tenían ningún motivo para retenerlo.

Pero sabía que lo arrestarían otra vez y se enfrentaría al mismo dilema. No quiso delatar a nadie ni debilitar lo que él genuinamente creía que era la única forma de salir del ciclo de violencia que consume a El Salvador. Eso equivaldría a darle la espalda a todo aquello por lo que había trabajado, así como a todos a los que había tratado de convencer. Tampoco podía imaginarse, a sus 34 años, pasar el resto de su vida en una celda de aquellas prisiones sobrepobladas y llenas de enfermedades. Decidió huir.

La última vez que hablamos no quiso decirme dónde estaba, solo que no tenía planes de regresar a El Salvador, por lo menos no durante el próximo año. Ya no era el optimista de hacía seis meses. Aún pensaba que el FMLN perdería las elecciones presidenciales de 2019 y que su pueblo, las pandillas y su comunidad se asegurarían de dificultarles las legislativas y municipales del próximo año. Pero, mientras tanto, creía que no podía hacer nada para avanzar el diálogo; el esfuerzo, por ahora, estaba fracturado.

“Ahorita soy un poco más realista”, manifestó. “Podría decir que, sin importar cuál partido gane, no van a buscar una alternativa”. Para que ambos lados de la guerra civil negociaran se requirieron años en los que se perdieron decenas de miles de vidas. Lo mismo sucedería con esta guerra, porque las guerras solo terminan cuando alguien gana o cuando ambas partes se hartan de las muertes. “La violencia tiene que alcanzar un nivel mucho mayor que el actual para que llegue la hora de la verdad”, dijo. “Solo entonces se comenzará a pensar en una solución integrada. La verdad es que este país aún tiene que derramar más sangre”.

Gobierno venezolano recrudece la persecución a miembros de la oposición

Una simpatizante del líder opositor Henrique Capriles Radonski discute con un oficial de la Guardia Nacional en las afueras de la Contraloría General de la República en Caracas, Venezuela, 12 de enero de 2017. Credit Ariana Cubillos/Associated Press

Albinson Linares, 12 enero 2017 / THE NEW YORK TIMES

CARACAS — Esta semana el gobierno venezolano ha iniciado una serie de acciones judiciales contra miembros de las organizaciones políticas opositoras y los grupos disidentes del país. El miércoles, oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) arrestaron al diputado Gilber Caro, miembro del partido Voluntad Popular cuyo líder, Leopoldo López, también se encuentra detenido desde el 18 de febrero de 2014, así como varios miembros de ese movimiento político.

Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, vinculó este jueves a Jorge Luis González —diputado de Primero Justicia— y al general retirado Raúl Isaías Baduel con supuestos planes desestabilizadores. Ambos fueron detenidos. El mismo día se condenó también a ocho ciudadanos por los delitos de rebelión y faltas al decoro militar que las autoridades relacionaron con el “Golpe Azul”, un supuesto intento de rebelión militar realizado en febrero de 2015. Los procesados, entre los que se cuentan cinco oficiales de la aviación, recibieron penas de 5 a 10 años de prisión.

Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda y líder opositor del país, también fue citado el jueves a una audiencia en la Contraloría General de la República por su supuesta vinculación con la empresa constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber sobornado a funcionarios venezolanos con un monto cercano a los 98 millones de dólares para obtener contratos de obras públicas por cerca de once mil millones de dólares.

Capriles ha declarado que los contratos de Odebrecht con la gobernación de Miranda fueron firmados durante la gestión de Diosdado Cabello, diputado y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). “En este país hay que ser hampón y corrupto para que la contraloría no lo investigue”, dijo en una entrevista con Unión Radio, al enterarse de su citación. “Producto de la lucha por el revocatorio me montaron una olla en la contraloría”.

Además denunció desde su cuenta de Twitter que a sus partidarios se les impidió el acceso a la contraloría, y fueron reprimidos por efectivos de la Guardia Nacional. La audiencia fue privada; por este motivo, el gobernador no asistió y envió en representación a su abogado.

Este conjunto de detenciones se produjo luego de la reciente creación del “Comando Antigolpe”, una unidad que busca desarticular lo que el gobierno califica como los intentos opositores para desestabilizar el país. El vicepresidente de la república, Tareck El Aissami, acusó a Gilber Caro de planificar acciones terroristas y aseguró que en el momento de su detención le encontraron un fusil FAL calibre 72.6, cuatro barras de C4 y un cargador.

El diputado de Voluntad Popular (VP) Gilber Caro fue detenido por oficiales de inteligencia el miércoles. Esta foto registra su llegada a la Asamblea Nacional el 11 de enero de 2016, acompañado de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, el líder de VP que fue encarcelado en 2014. Credit Fernando Llano/Associated Press

Los grupos de derechos humanos dijeron que la detención de Caro empaña la reciente liberación de varios activistas encarcelados. Durante un proceso de diálogo auspiciado por el Vaticano, la oposición le ha exigido al gobierno que libere a decenas de detenidos considerados como prisioneros políticos.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organización que agrupa a los movimientos opositores, dijo en un comunicado que las medidas tomadas por el gobierno eran acciones desesperadas y que, tanto en el caso de Caro como en el de Capriles, eran acusaciones falsas.

“En ambos casos es evidente la intención del régimen de, por un lado, amedrentar a la oposición política y al pueblo en general; y por otro avanzar en un proceso de degeneración institucional al estilo de Nicaragua, donde la dictadura hace ‘elecciones’ en las que la gente vota pero no elige”, reza el documento.

La coalición opositora rechazó un fallo reciente del Tribunal Supremo de Justicia que anuló la declaración de la Asamblea Nacional de abandono de cargo del presidente Nicolas Maduro. Esta semana, la asamblea aprobó una resolución simbólica en la que afirma que Maduro ha descuidado sus deberes al frente del Poder Ejecutivo, mientras el país se hunde en una profunda crisis económica signada por el desabastecimiento de alimentos y servicios básicos, así como una inflación que el Fondo Monetario Internacional pronostica que podría superar el mil por ciento este año.

Algunos miembros de la oposición están presionando para organizar más protestas callejeras, mientras que otros dirigentes abogan por asistir a una nueva ronda de conversaciones con el gobierno que está programada para el viernes. Los principales líderes opositores han dicho que no participarán en la reunión a menos que las autoridades ordenen la liberación de más de 100 presos políticos.

El año pasado, el gobierno liberó a 43 activistas de la oposición —incluyendo al excandidato presidencial Manuel Rosales— pero encarceló a otros 55, comentó Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal, un grupo de abogados que defiende a los activistas encarcelados.

Killers on a Shoestring: Inside the Gangs of El Salvador/La mafia de pobres que desangra El Salvador. NYT y EL FARO

Una investigación conjunta de THE NEW YORK TIMES y EL FARO

The scene after gang members in Olocuilta, El Salvador, killed six people on a bus in 2014 because the owner refused to pay extortion. Fred Ramos / El Faro

The scene after gang members in Olocuilta, El Salvador, killed six people on a bus in 2014 because the owner refused to pay extortion.
Fred Ramos / El Faro

The gangs that make El Salvador the murder capital of the world are not sophisticated global cartels but mafias of the poor.

SAN SALVADOR — On a sultry evening in late July, the Salvadoran authorities executed their very first assault on what they called the financial cupola of Mara Salvatrucha, or MS-13, the largest of the ruthless gangs that have made El Salvador the murder capital of the world.

Until that point, the National Civil Police had followed an almost choreographed routine, again and again, as they sought to cripple the gangs economically. In the dead of night, often accompanied by television cameras, officers would batter down the doors of ramshackle houses in marginalized communities and then arrest and put on display a cluster of tattooed and half-naked men.

Between 2012 and 2015, the total amount confiscated in these showy anti-extortion raids was $34,664.75 — an absurdly tiny sum considering that the United States has designated MS-13 as a global criminal organization on a par with the Zetas of Mexico, or the Yakuza of Japan.

On July 27, however, in a mission baptized Operation Check, the authorities shifted gears. They deployed 1,127 police officers to raid scores of supposed gang fronts, including car dealerships and bars, motels and brothels.

With great fanfare, they presented to the news media rows and rows of impounded buses and cars, along with 77 suspects identified as the financial operatives of MS-13 and their collaborators. Among them were the supposed C.E.O. of the street gang, Marvin Ramos Quintanilla, and two other leaders portrayed as controlling millions and possessing luxuries unimaginable to the destitute gang members beneath them.

But the presentation was something of an exaggeration, as are many official characterizations of the gangs whose criminal sophistication and global reach tend to be overstated by authorities frustrated that they cannot vanquish them. For instance, that supposed chief executive officer hardly lived like a kingpin; he leased a squat concrete house with a corrugated roof in a neighborhood where rents rarely reach $400. He owned an old Honda Civic and a Nissan van.

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Leaders of the MS-13 street gang in the Ciudad Barrios prison in 2012. The gang’s supposed chief executive, Marvin Ramos Quintanilla, is on the far right, and its senior national leader, Borromeo Henríquez Solórzano, known as El Diablito de Hollywood, is seated and wearing a black cap. Paul Coll / Ruido Photo

With an estimated 60,000 members in a country of 6.5 million people, the gangs hold power disproportionate to their numbers. They maintain a menacing presence in 247 of 262 municipalities. They extort about 70 percent of businesses. They dislodge entire communities from their homes, and help propel thousands of Salvadorans to undertake dangerous journeys to the United States. Their violence costs El Salvador $4 billion a year, according to a study by the country’s Central Reserve Bank.

And yet, the reporting determined, MS-13 and its rival street gangs in El Salvador are not sophisticated transnational criminal enterprises. They do not begin to belong in the same financial league with the billion-dollar Mexican, Japanese and Russian syndicates with which they are grouped. If they are mafias, they are mafias of the poor. El Salvador has been brought to its knees by an army of flies.

screen-shot-2016-11-20-at-6-39-45-pmMS-13’s annual revenue appears to be about $31.2 million. That estimate is based on information in the 1,355-page file of Operation Check, to which El Faro got exclusive access. Wiretapped conversations reveal that the gang’s national leadership ordered its 49 “programs,” or chapters, to turn over all the money earned in a single, typical week, which happened to be in April. It collected $600,852.

It sounds like a lot of money. But if divided equitably among the estimated 40,000 members of MS-13, each gang member would earn $15 a week and about $65 a month. That is half the minimum wage of an agricultural day laborer.

But the gangs — MS-13 and its main rival, the 18th Street gang — do not distribute their proceeds equitably. They use them to pay for lawyers and funeral services, for weapons and munitions, and for the support of those serving long prison terms and their families. Theirs is a criminal subsistence economy; even many of their leaders are barely solvent.

“That the authorities call them ‘businessmen’ — either their intelligence is invalid or it’s pretty crude,” said Rolando Monroy, a former Salvadoran prosecutor who oversaw money-laundering investigations until 2013. “The gangs are like an anthill. They are all after the same thing: something to eat.”

Unlike other groups considered global organized crime syndicates, the Salvadoran gangs do not survive on the international trafficking of cocaine, arms and humans. While they dabble in small-time drug dealing, gun sales and prostitution, they engage primarily in a single crime committed over and over within Salvadoran territory: extortion.

Inside El Salvador, they hold the reins of power largely because of a chilling demand repeated — or implied — daily across the country: Pay or die.

“Look, the thing is we’re not joking around,” said one threat in childlike handwriting delivered to a bus owner recently. “Get something together. If not, we are going to burn one of your new minibuses.” It was signed by the 18th Street gang: “18 sends its best.”

A Message Written in Lead

At 4 p.m. on a summer day in 2015, two young gang members intercepted a businessman as he was returning home from work. “I have kids. Calm down, please,” he managed to say before the youths grabbed him, threw him to the ground and shot him: in a shoulder, in the stomach, and twice in the face.

They were delivering a message written in lead.

“It was because of the extortion, not for any other reason,” the man’s son said.

The man owned a bus. His son, who also owned a bus, said his father, tired of being extorted, had finally stopped making his $1 daily payment to the gang three weeks before his death. It murdered him because of $21.

Among Salvadoran businesses, transportation companies, whose vehicles crisscross gang territory, have proved especially vulnerable to extortion. Over the last five years, it has been more dangerous to drive a bus than to fight gang crime: The gangs have killed 692 transportation workers — and 93 police officers. (This is according to an analysis of internal government data that, like most data in this article, is not considered public information but was obtained by El Faro.)

Genaro Ramírez, the owner of a large bus company and a former member of Congress, calculates that he has handed over $500,000 in gang extortion payments over the last 19 years. “It’s a matter of survival,’’ he said. “When they tell you they are going to kill you, you don’t have a choice.”

Between 2013 and 2015, the National Police received 7,506 reports of extortion, which the authorities see as just a small fraction of the total. In the same period, some 424 gang members were convicted of this crime, most of them low-level people who made the pickups and were caught with the cash.

The payment of extortion by bus companies is so commonplace that some have employees whose principal role is to negotiate with the gangs, which are continually raising their rates and demanding extras like Christmas bonuses or buses to take them to the beach or to the funerals of associates.

The only transportation company chief who has refused to be extorted — and has made his refusal public — is Catalino Miranda. Mr. Miranda owns a fleet of several hundred buses.

Since 2004, the gangs have killed 26 of his employees. But he refuses to reconsider his position.

“As I told one of them,” he said, referring to a gang representative, “go ahead and kill them. This cannot continue for a lifetime.”

Mr. Miranda spoke in his office, with a 9-millimeter pistol lying atop a mess of papers on his desk, and rifles and flak jackets piled in a corner. He spends $30,000 a month on security, he said. He has cameras posted in all his buses and stations, and eight security guards, armed with assault weapons, who patrol the gang zones his buses move through.

When his employees are killed, he hires private detectives to investigate, because “the state does not have the capacity to protect witnesses.”

“They use you,” Mr. Miranda continued, “and they abandon you.”

Resisting the gangs is not an option for small-business owners, however. Many of them live in gang-controlled neighborhoods themselves and cannot escape the pressure to pay. That was the situation for the bus owner killed in the summer of 2015.

The bus owner’s son, who is 38, spoke of his father’s death in an open-air restaurant beside the Pan-American Highway. The son carried a pistol — he always has one by his side, even when he sleeps, he said — and sat facing the entrance, with his back to a ravine, so he could track comings and goings.

Like most businessmen who recounted their experiences with shakedowns, the man spoke on the condition of anonymity. His father was one of 154 transportation workers who lost their lives to gang-run extortion rings in 2015. To talk is to risk becoming another statistic.

It all started one afternoon in 2004, he recounted, when a couple of teenage gangsters boarded a bus on their route. The youths demanded the driver’s license and registration, reviewed the documents and then handed the driver a disposable phone before jumping off.

After the shaken driver returned to the terminal, the phone rang. The voice on the other end laid out the terms of their new relationship: $10 a week not just for the one bus but for each of the 10 buses on the route.

The man, his father and the other bus owners held an emergency meeting to discuss whether to report the demand to the police.

Many victims do not bother. Extortion investigations require them to make payments to the gangs while the police watch and collect evidence. But the gangs almost always find out, and the victim is threatened or killed before the investigation is completed.

Even so, the men decided to call the police. Soon, two detectives stationed themselves inside their terminal and, posing as bus owners, negotiated a rate with the gang: $1 a day per bus.

Over the next three years, the police arrested three gang leaders, including one who lived next door to the man’s father. The investigation expanded to other crimes and dragged on. The bus owners kept paying extortion.

The situation deteriorated. Between 2004 and 2012, MS-13 killed five bus drivers on their routes and one of the police investigators assigned to their case. In 2012, the gang tried to kill the man himself, surrounding his house, he said at the restaurant.

After his father’s murder, the gang increased its extortion on the route — to $1.50 a day.

The man sold his bus.

Little Devil of Hollywood

When the Salvadoran authorities draw a flow chart of MS-13’s organizational structure, they always put a mug shot of El Diablito de Hollywood, the Little Devil of Hollywood, at the very top.

Hierarchically, El Diablito — Borromeo Henríquez Solórzano, 38 — is as far above “homeboy” as one can get. If gang leaders are enriching themselves at the expense of the rank and file, Mr. Henríquez should be the wealthiest capo di tutti. And yet.

In the late 1970s or early 1980s, Mr. Henríquez and his family fled the Salvadoran civil war along with thousands of their compatriots who resettled in Los Angeles neighborhoods dominated by Mexican gangs. Mara Salvatrucha was born there and then.

At the end of the 1990s, as part of an anti-gang offensive and a crackdown on “criminal aliens,” the United States shipped planeloads of gang members made in the United States back to El Salvador and other Central American countries. El Diablito returned to his homeland in one of those waves of deportation.

He was just a teenager, but in that era coming from Los Angeles conferred status in the branch of Mara Salvatrucha that had sprouted in El Salvador. (Loosely affiliated but largely autonomous branches now exist in other Central American countries and in pockets of the United States outside California.) It was like arriving with a seal of “original product,” and El Diablito, clever and garrulous, quickly parlayed that into a position of power.

Prison, where he was sent in 1998 after getting a 30-year sentence for homicide, only solidified his stature.

Soon after he was first locked up, Mr. Henríquez summoned the leader of one of Mara Salvatrucha’s most powerful cells to visit him in prison, the leader related in an interview. At that time, the gang had no reliable revenue stream, though members sold drugs on street corners, committed petty robberies and demanded small handouts from bus drivers. But Mr. Henríquez had a moneymaking plan, he told the leader.

El Diablito said he wanted to institutionalize extortion nationwide, the leader related. He was insistent that the leader accede to the plan, or quit: MS-13 would tolerate no dissidents. The leader communicated the new directive to his troops. A few years later, the leader quit and emigrated to Washington, D.C., where he now owns a small business in a Salvadoran neighborhood.

Like El Diablito, most of the national gang leaders operate from behind bars. Through ready access to cellphones and private visits with lawyers, they retain tight control of their organizations — the money the gangs earn and the havoc they wreak.

This became chillingly apparent in 2012 when the government was negotiating a truce with the gangs and Mr. Henríquez was emerging into the public eye as a spokesman for MS-13. The leaders sent out an order from behind bars: Stop killing. And from one day to the next, homicides dropped 60 percent to a level that, with small variations, was maintained until the government’s negotiations with the gangs, which were highly unpopular, ended two years later.

During the truce, a team from El Faro was allowed to interview gang leaders in the Ciudad Barrios jail, which was dominated by MS-13. For over a decade, the gangs have been separated by institution to reduce internecine warfare; this has had the unintended effect of strengthening them by uniting rather than dispersing their leadership.

Dressed gang-fashionably in baggy, black athletic attire, Mr. Henríquez insisted that he survived on money sent by relatives in the United States and by a brother who sold used cars in El Salvador.

“Do you realize it is difficult to believe that one of the most visible leaders of MS-13 does not derive a penny of his income from illicit activities?” a reporter from El Faro said.

Mr. Henríquez paused, then responded: “My money does not come from extortion.” But he was pressed: What about illicit activities more generally? El Diablito answered with a derisive smile: “It doesn’t come from extortion.” And all the other gang leaders laughed, cryptically.

That year — 2012 — the United States Treasury Department designated MS-13 as a transnational criminal organization, alongside four criminal syndicates: the Zetas, the Yakuza, the Russian Brothers’ Circle and the Italian Camorra. It was the first street gang that had ever received that designation.

The next year, the Treasury put personal sanctions on Mr. Henríquez, which had the effect of forbidding Americans to do business with him and authorizing federal investigators to freeze his financial assets.

No evidence has surfaced that any of Mr. Henríquez’s properties or assets in the United States were frozen.

Sanctions were also placed on El Diablito’s wife, Jenny Judith Corado. The Salvadoran government arrested her in 2013 and accused her of belonging to a Mara Salvatrucha extortion ring. It could not prove her connection to the ring, however; she was freed and ordered to turn over the money that a judge considered the provenance of extortion: $50.

Now, Ms. Corado does not appear to be enjoying a life of luxury or even comfort. With her children beside her, she spends her days hawking used clothing and lingerie from a stall constructed of tin cans in the busy public marketplace of San Salvador.

In the news conference announcing Operation Check (as in the chess move), the authorities spoke of gang leaders’ “luxuries,” their “investments” and their “various millions of dollars.”

“These leaders are living a different life than the gang members beneath them,” Douglas Meléndez, the attorney general, said. “The gang members beneath them should know.”

It was a communiqué directed at the street, at those rank-and-file gangsters who put their lives on the line for little tangible reward: While their leaders may have been preaching a doctrine of brotherhood, they were secretly enriching themselves at the expense of their brothers, their soldiers, their homeboys.

The luxuries, however, consisted of 22 imported but used cars, each valued at about $8,000. The confiscated cash amounted to $34,500. And the investments numbered three: a taqueria and bar in Soyapango, a working-class community in the San Salvador metropolitan area; a vegetable stand in a rural marketplace; and a highway restaurant that is decorated with a deer’s head, offers karaoke and has three waiters who primarily serve buckets of beer bottles.

The gangs’ credo of fraternity and equality does not allow for any personal gain at the expense of the brotherhood, and they at least theoretically enforce it brutally. “He who makes himself rich at the expense of the street is going to die,” a leader of the 18th Street gang said in an interview.

So even a vegetable stand is a risky venture, and the wiretapped conversations in the Operation Check file reveal that some gang leaders went so far as to pay extortion fees to their own gangs on their private businesses in order to hide their involvement with them.

Howard Cotto, the general director of the National Police, estimated in an interview that 50 to 70 gang leaders, including Mr. Henríquez, have accumulated some money or business interests. But only enough, he said, to permit their families to escape “conditions of poverty, overcrowding, unhealthy conditions and sheet metal” and have a chance at a future.

“I cannot say the leaders are living in places of luxury,” he acknowledged.

Most of the leaders, in fact, are expected to spend the rest of their lives in prison, either in solitary confinement or in malodorous cells shared with dozens of others.

‘Keep Two Bucks’

One day in 2014, an imprisoned leader of the 18th Street gang who goes by the alias Chiki was issuing instructions to a low-level gang member identified as Shaggy.

Speaking by phone from the Izalco penitentiary, Chiki, who was serving time for extortion, ordered Shaggy to make a pickup of an extortion payment. It was $100 from an operation in Colonia Rubio in the department of La Unión. And, though Shaggy risked up to 20 years in prison if caught, there was something special in it for him, Chiki said.

“Keep two bucks so you can get yourself something to eat,” Chiki said, in what turned out to be a wiretapped conversation. He added: “And tell El Demente,” the Demented One, “to give you some custards for your kid.”

Chiki, whose real name is José Luis Guzmán, was the third in command of the 18th Street gang’s Southerners faction in eastern El Salvador. Another prison wiretap recording showed an even higher-level 18th Street leader, Carlos Ernesto Mojica, getting involved in negotiations with a chicken vendor who sought to lower her monthly extortion payment to $200 from $400.

That these leaders were overseeing such small-bore operations typifies the pettiness of gang business. While officials publicly portray the gangs as international criminal syndicates and narco-gangs, law enforcement records and data tell a different story — as do some authorities when speaking privately or in one-on-one interviews.

In the four years before Operation Check, the biggest sum collected in a police anti-extortion raid was $6,377; some raids netted only $5.

“I have never had a case involving the quantity of money necessary to maintain organized crime,” said Nora Montoya, a judge who has handled gang extortion cases for decades.

Similarly, Mr. Cotto, the police director, said the term “narco-gang” was “sensationalism” and could be misinterpreted as suggesting that Salvadoran street gangs were working directly with the Gulf Cartel or the Zetas in the transshipment of drugs from South America to the United States.

“This is not the case. It is definitely not the case,” he said.

Although Salvadoran gangs sell drugs, they do it like street-corner dealers, not international operatives. From 2011 to 2015, the National Police seized 13.9 kilograms of cocaine from gangs; that was less than 1 percent of the total seized. Three-quarters of the gang members prosecuted on drug charges over the last few years were charged with possessing less than an ounce.

A veteran cocaine dealer in San Salvador said serious drug-trafficking organizations wanted nothing to do with the street gangs, which are considered unreliable and volatile.

“The wholesalers I work with would not sell to the gang guys,” he said. “They don’t trust them.”

Over a decade ago, the police confiscated an account ledger from José Luis Mendoza Figueroa, a founder of MS-13, that contained no evidence of any drug business. Instead it showed weekly receipts that averaged $14 from the 19 “cliques” — the smallest gang units — he controlled, and trivial outlays for bullets ($8), taxis ($25), Christmas dinners, liquor and “$50 for the homeboys in prison.”

A couple of years ago, federal agents seized a similar ledger from the treasurer of the Park View Locos clique of the MS-13 in Usulután in southeast El Salvador. A log of one day’s expenses showed $30 for a cellphone chip, $10 for “mujer chief” (the chief’s wife or woman), $35 for “another woman” and $10 for food, with $29 listed as the balance.

The notebook also contained the gang member’s grandiose musings: “The day I die I want to be remembered as a strong street-level soldier, a committed delinquent, and at the hour that the shots ring out, I want to be marked ‘present.’”

Grunts Seeking Respect

According to an internal code, only leaders can speak on behalf of the 18th Street gang. But in the rural department of La Paz, one of the most violent in El Salvador, a 15-year-old gang member clambered to his feet from an old mattress on the dirt floor of a mud-walled house to defy that rule. He had agreed to grant an interview on two conditions: that his identity be protected, and that breakfast be provided.

The boy, gangly and pimply, is a fledgling member of the 18th Street Revolutionaries, a faction of the 18th Street gang, and he works as an extremely small-time roadside extortionist. He collects $15 monthly from each of three food trucks that rumble through his district carrying chewing gum, Pepsi sodas and Bimbo bread. He then turns over the proceeds to the leader of his clique.

“All the loot goes to weapons,” the youth said; he himself was awarded a 9-millimeter pistol and many nights takes it out on “patrol.”

Like so many young recruits, the teenager is an obedient soldier who risks his life to protect his territory without earning a penny from his organization. It is a bargain for the gang leaders who manage the gang economy: tens of thousands of grunts who are not seeking personal profit, only respect and a sense of belonging.

One of 14 children, the boy never went to school and does not know how to read or write. He probably could have found work in the nearby sugar-cane fields, where, even if conditions were miserable, he would have earned $100 a month. But, feeling bullied and vulnerable at 13, he believed that gang membership would give him something less tangible but more valuable at that age.

“I was a kid: I was stupid,” he said about joining. “A bunch of crazy guys were messing with me because I was a kid, smacking me in the head, knocking me around. It made me think: I have had enough. Since I joined up, nobody screws with me.”

The department of La Paz, with all its sugar-cane production, is fairly lucrative for the gangs. The Federation of Associations of Sugar Cane Producers said in June that its members had paid $1.5 million in extortion fees over a recent five-month period.

But none of that trickles down to the rank and file. So in order to survive, the boy runs his own little racket on the side: “private extortion,” gang members call it. His particular clique forbids members to extort their neighbors. Instead, he collects and pockets “rent” from a few poor businesses on the periphery of his clique’s zone.

He said he netted $40 a month — “only enough for what I’m going to eat.” Despite his age, he is mostly left to fend for himself by a hapless mother with too many mouths to feed.

While the teenage gang member talked, three of his little siblings circled the breakfast — scrambled eggs, beans and plantains — that waited in cartons on the floor. He gave his younger brother permission to open a carton. The little boy, who had matted hair and a dirty face, let out a squeal of delight, and proceeded to attack the meal with his hands.

In two years of gang life, the teenager has already witnessed and participated in significant bloodshed. He said he had been involved in two “collective homicides.” In both cases, members of a rival gang had dared to breach the invisible border that separates MS-13 from 18th Street territory. One man was looking to buy some marijuana; the other to meet girls at a village festival. They were killed for their defiance.

In the spring, the 26-year-old leader of the teenager’s clique — whom he knew as Shadow — died in what the police described as a clash between the authorities and gang members. The boy was not present, but he had witnessed the deaths of three other clique members in February in another encounter described as a clash, he said.

The boy said none of his homeboys had been carrying weapons that winter day. Hiding in a trash pile, he watched as the police killed his friends, teenagers like him, and then, he said, placed guns around their bodies to make it look as if they had fallen in crossfire.

Two neighbors who are not gang members supported his version of events in interviews, and it is not far-fetched: El Salvador’s attorney general for human rights has 31 open cases against the police for alleged summary executions of 100 gang members over the last year and a half.

The day of that interview and in follow-up conversations throughout the summer, the boy made it clear he was scared of the police. Since February, officers had been stopping by his house from time to time, and he had spent much of his time hiding from them in the mountains.

“I need to save money to get out of here,” he said. “If they catch me, they’re not going to let me live.”

They did catch him, in October, and arrested him for extorting $40 — his private extortion — from a local merchant. He was jailed, and faces up to 15 years in prison.

Failure of the ‘Iron Fist’

As violence peaked in 2015, reaching levels unseen since the aftermath of El Salvador’s long and brutal civil war, entire communities abandoned their homes because of gang threats. It became such a recurring phenomenon that television channels interrupted their programming to broadcast live the precise moment in which dozens of families fled, on foot or in pickup trucks tightly packed with suitcases, mattresses, chickens and pigs.

Having failed to guarantee them daily security, the police nonetheless supervised their moves. Pedro González, the chief of the anti-gang unit, showed up at one mass exodus, from a condominium building in suburban San Salvador. After imploring residents in vain to stay put, he led them in an alternate response.

“It doesn’t matter who here is Catholic or evangelical, let us raise a prayer,” he said. “That is the most important, let us turn to God.”

Over the years, the Salvadoran authorities have tried to quash the gangs with military might, to prosecute them into oblivion, to banish them with lengthy prison terms and, briefly, to negotiate with them. (The dialogue was corrupted by, among other things, the secret efforts of the two major political parties to court the gang leaders’ electoral support at the same time.)

When the government ratcheted up its “iron fist” approach last year, three gangs, working in coordination, responded with a show of force. On a Sunday night, they distributed written and oral messages to bus owners and employees: “He who takes out a vehicle tomorrow is going to end up glued to his steering wheel.” To underscore their seriousness, they killed a driver and burned three microbuses as a warning.

The next day, six drivers who had disobeyed their order were killed. The authorities sent soldiers and tanks into the streets, and deployed government vehicles to substitute for the buses, but the gangs succeeded in almost completely paralyzing San Salvador’s transportation system for four days. Some 1.3 million Salvadorans were affected; many high schools and universities suspended classes and the economy suffered an $80 million loss, according to the Chamber of Commerce. It was a ruthless show of force.

This year, with Operation Check, the government conducted one of its most professional law enforcement efforts to date, and comments by senior officials suggested a new willingness to approach the gangs as a complex phenomenon with deep roots in the profound inequalities of a country where a third of the population lives in poverty.

Yet by hyping its findings, the government continued to misrepresent the gangs as sophisticated criminal organizations, ruthlessly driven by a thirst for financial gain. And though in Operation Check it acknowledged a distinction between the culpability of leaders and rank-and-file members, that distinction was lost on the street.

The authorities have continued to treat all gangsters as mortal enemies and have doubled down on their use of force. Some 424 gang members had died in confrontations with the police this year as of September.

“If the use of force is not the correct path in this moment, at this stage, at this juncture, then what is?’’ Óscar Ortiz, the country’s vice president, asked in late October.

The government cites as evidence a recent drop in murders: 4,431 by mid-October, compared with 5,363 by that point in 2015. But that is still the second highest toll since 1995.

In Operation Check, the government sought to sow dissent in gang ranks by portraying the leaders of MS-13 as self-interested profiteers. Afterward, a written message sent out from a Mara Salvatrucha-dominated prison demanded that “justice” be meted out to those revealed by Operation Check to have betrayed the gang, according to an American official in El Salvador who monitors the gangs.

As of yet, though, there do not seem to have been any revenge killings, internal purges or mass defections.

For a gang member tired of the gang life, at any rate, there is nowhere to go. Those who are not incarcerated are marked, quite literally with tattoos, for life. There are no rehabilitation centers where they can seek refuge, no programs to reintegrate them into society and no gang-prevention initiatives aimed at high-risk youths.

The only alternatives appear to be those that gang members themselves spray-paint on walls throughout the country: “Jail or the Cemetery.”

En la prensa estadounidense comienza un debate autocrítico sobre el ascenso de Donald Trump

My Shared Shame: The Media Helped Make Trump. De Nicolas Kristof/ The New York Times

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nicolas kristofNicolas Kristof, 26 marzo 2016 / THE NEW YORK TIMES

THOSE of us in the news media have sometimes blamed Donald Trump’s rise on the Republican Party’s toxic manipulation of racial resentments over the years. But we should also acknowledge another force that empowered Trump: Us.

I polled a number of journalists and scholars, and there was a broad (though not universal) view that we in the media screwed up. Our first big failing was that television in particular handed Trump the microphone without adequately fact-checking him or rigorously examining his background, in a craven symbiosis that boosted audiences for both.

NEW YORK TOMES NYT“Trump is not just an instant ratings/circulation/clicks gold mine; he’s the motherlode,” Ann Curry, the former “Today” anchor, told me. “He stepped on to the presidential campaign stage precisely at a moment when the media is struggling against deep insecurities about its financial future. The truth is, the media has needed Trump like a crack addict needs a hit.”

Curry says she’s embarrassed by the unfairness to other Republican candidates, who didn’t get nearly the same airtime.

An analysis by The Times found that we in the news media gave Trump $1.9 billion in free publicity in this presidential cycle. That’s 190 times as much as he paid for in advertising, and it’s far more than any other candidate received. As my colleague Jim Rutenberg put it, some complain that “CNN has handed its schedule over to Mr. Trump,” and CNN had lots of company.

Larry Sabato, a politics professor at the University of Virginia, says television networks “have a lot to answer for.”

“We all know it’s about ratings, and Trump delivers,” Sabato says. “You can’t take your eyes off him. When Trump is on, I stop what I’m doing and wait for the car crash.”

Sabato is particularly critical of Sunday morning news program hosts who have allowed Trump to “appear” by telephone, instead of in person.

Although many of us journalists have derided Trump, the truth is that he generally outsmarted us (with many exceptions, for there truly have been serious efforts to pin him down and to investigate Trump University and his various business failings). He manipulated television by offering outrageous statements that drew ever more cameras — without facing enough skeptical follow-up questions.

It’s not that we shouldn’t have covered Trump’s craziness, but that we should have aggressively provided context in the form of fact checks and robust examination of policy proposals. A candidate claiming that his business acumen will enable him to manage America deserved much more scrutiny of his bankruptcies and mediocre investing.

All politicians spin, of course. But all in all, I’ve never met a national politician in the U.S. who is so ill informed, evasive, puerile and deceptive as Trump.

When the fact-check website PolitiFact was ready to choose its “lie of the year” for 2015, it found that the only real contenders were falsehoods by Trump. So it lumped them together and awarded the title to “the many campaign misstatements of Donald Trump.”

That pattern of prevarication is what we in the media, especially television, didn’t adequately highlight, leaving many voters with the perception that Trump is actually a straight shooter.

The reason for this passivity goes, I think, to a second failure: We wrongly treated Trump as a farce. “The media made a mistake by covering Trump’s candidacy at the start as some sort of joke or media prank,” notes Danielle S. Allen, a political scientist at Harvard. “The repeated use of references to ‘the Donald’ across all platforms structured the conversation around ironical affection for a celebrity rather than around serious conversation of character and policy.”

“Trump was quite literally a laugh line,” says Ralph Begleiter, a former CNN correspondent and communications professor at the University of Delaware. Begleiter notes that Sarah Palin received more serious vetting as a running mate in 2008 than Trump has as a presidential candidate.

I personally made the mistake of regarding Trump’s candidacy as a stunt, scoffing at the idea that he could be the nominee. Mea culpa.

We failed to take Trump seriously because of a third media failing: We were largely oblivious to the pain among working-class Americans and thus didn’t appreciate how much his message resonated. “The media has been out of touch with these Americans,” Curry notes.

Media elites rightly talk about our insufficient racial, ethnic and gender diversity, but we also lack economic diversity. We inhabit a middle-class world and don’t adequately cover the part of America that is struggling and seething. We spend too much time talking to senators, not enough to the jobless.

All this said, I have to add that I don’t know if more fact-checking would have mattered. Tom Brokaw of NBC did outstanding work challenging Trump, but he says that when journalists have indeed questioned Trump’s untrue statements, nothing much happens: “His followers find fault with the questions, not with his often incomplete, erroneous or feeble answers.”

Likewise, Bob Schieffer of CBS tells me: “I’m not sure more fact-checking would have changed that much. We’re in a new world where attitude seems to count more than facts.”

That may be true. But I still think that we blew it and that this should be a moment for self-reflection in journalism.

Despite some outstanding coverage of Trump, on the whole we in the media empowered a demagogue and failed the country. We were lap dogs, not watchdogs.

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Can Paul Ryan and Donald Trump coexist within the Republican Party? De Dan Balz/The Washington Post

Dan Balz is Chief Correspondent at The Washington Post. He has served as the paper’s National Editor, Political Editor, White House correspondent and Southwest correspondent.

Dan Balz is Chief Correspondent at The Washington Post. He has served as the paper’s National Editor, Political Editor, White House correspondent and Southwest correspondent.

Dan Balz, 26 marzo 2016 / THE WASHINGTON POST

House Speaker Paul D. Ryan attempted to lift the horizons of his party with a speech last week in which he called for a competition of ideas rather than insults, and constructive political debate rather than the politics of demonization.

Ryan’s speech was aimed at pulling the Republican Party away from Donald Trump’s embrace — though he never actually mentioned Trump by name. Events quickly showed what he is up against. The speaker was quickly drowned out by a snarling argument between Trump and Sen. Ted Cruz of Texas over their wives that almost eclipsed the terrorist attacks in Brussels in the U.S. media.

By week’s end, the Republican race had gone into the gutter over tabloid charges of infidelity, which the senator vehemently denied and for which he blamed the New York billionaire, who called it unfounded. A race that seemed already at the bottom managed to find another low.

Ryan’s speech was a relatively high-minded moment in the middle of this mud fight of a Republican nominating contest. His effort to rescue the party from a coming crisis is laudable, but the root causes of the condition go far beyond Trump.

washington postThe front-runner for the nomination of the Republican Party is as much a reflection of the condition as a cause, a reality that Ryan (R-Wis.) touched on only lightly in calling for a more positive and uplifting approach to politics by all sides. Which means stopping Trump alone won’t necessarily solve all of the party’s problems.

Four years ago, scholars Thomas Mann, then with the Brookings Institution, and Norman Ornstein, then and now with the American Enterprise Institute, published a book examining the breakdown in American politics. It was titled “It’s Even Worse Than It Looks.”

The authors took aim at the gridlocked and dysfunctional politics of Washington and the broader issue of political polarization that has become endemic in recent years. They were unsparing but not even-handed in their critique. They were ahead of others in describing the underlying causes of polarization as asymmetrical, with the Republican Party — in particular its most hard-line faction — as deserving of far more of the blame for the breakdown in governing.

Mann and Ornstein are back again with a second and updated paperback edition, called “It’s Even Worse Than It Was.” The paperback arrives in the middle of the most raucous presidential campaign in memory, one that has exposed even more the fissures, fractures and divisions within the Republican Party coalition.

What played out primarily in the party’s congressional wing has come to consume the presidential nominating contest. In their own ways, Trump and Cruz have brought to the surface the economic and cultural anger among many of those in the party’s base as well as the distrust of the party leadership — the same motivating forces behind the Freedom Caucus rebels in the House Republican conference.

The current campaign only adds fuel to the Mann-Ornstein thesis of a Republican Party at war with itself in ways that have helped cripple the governing process. Trump and Cruz reflect the yearning within the Republican base for anti-establishment outsiders to topple the insiders in Washington.

Ohio Gov. John Kasich, the third remaining candidate for the nomination, is a dissenting voice, calling for cooperation and compromise. At this point, he is not just a dissenting voice; he is a minority voice in the presidential competition, unless he can start winning more primaries.

Trump and Ryan represent bookends in a political debate that has considerable consequences for the Republican Party and for the country. Trump’s position as front-runner not only highlights the degree to which the party is being taken over by anti-establishment forces but also foreshadows the possibility of a significant defeat in November if, as the GOP nominee, Trump is unable to reverse his standing among women, Hispanics, African Americans and other voting groups.

Ryan represents something far different, politics grounded in ideas and policies and an attitude of goodwill toward the opposition that he inherited from his mentor, Jack Kemp, the former House member from Buffalo who prodded his party to be more open and inclusive.

Yet Ryan’s speech left unanswered key questions about his capacity to change the behavior of his party’s conference in the House and in particular the degree to which he is willing to find a governing coalition apart from the hard-liners in the Freedom Caucus.

As the country’s highest-ranking Republican elected official, Ryan symbolizes the establishment’s backlash to Trump’s candidacy, a backlash that has so far failed to stop the New York businessman’s march to the nomination. The resistance might yet succeed. Whether it does or doesn’t, it raises the question of whether this presidential campaign ultimately will produce a true course change for the party or merely end up intensifying the forces that have brought it to this moment.

I put that question to Ornstein in an email exchange Friday: “This really is, I believe, an existential crisis for the Republican Party,” he wrote. “Will it be a Ryan-style conservative, problem-solving party, or will it be either a Trump-style, authoritarian, nativist and protectionist party, or a Cruz-style radical anti-government party content with blowing things up as they now stand? Or, just as possible, will the party break apart, with no clue as to what will replace it or how the pieces will fit into the broader political system?”

The prospects for a crackup are real, given what Trump’s candidacy has revealed about the party’s fractured coalition. Trump’s views on issues, outlined on the campaign trail and in a recent interview with The Washington Post editorial board, represent a fundamental break with many of the conservative ideas that have been at the party’s core for years.

Trump’s constituency finds his support for protecting rather than transforming Social Security and Medicare appealing. His words of praise for the work of Planned Parenthood, apart from performing abortions, are anathema to many religious conservatives. His views on trade run counter to the free-trade philosophy of the GOP elites. His comments about reevaluating the U.S. role in NATO shocked many in the Republican foreign-policy establishment.

That’s the threat Ryan and others in the party see as they watch the nominating contest move into the next rounds of primaries. But it isn’t clear that what the speaker advocated in his speech would be enough to put the Republican Party in a better place, even absent Trump. House Republicans are still an unruly group and, with some exceptions, the GOP still prefers to try to do business with itself.

The Republican Party remains a party of protest. It continues to struggle to demonstrate that, on the national level, it can be a true governing party.

Brazil’s Political Crisis Deepens. Editorial/The New York Times

 Protests in Sao Paoulo against Brazilian President Dilma Rousseff and her new chief of staff, and former president, Luiz Inacio Lula da Silva.

Protests in Sao Paoulo against Brazilian President Dilma Rousseff and her new chief of staff, and former president, Luiz Inacio Lula da Silva.

NEW YORK TOMES NYTThe Editorial Board, 18 marzo 2016 / THE NEW YORK TIMES

President Dilma Rousseff of Brazil is fighting for political survival as calls for her impeachment grow louder amid a widening corruption investigation and a tanking economy.

Astonishingly, however, she appears to have felt she had political capital to spare last week when she appointed her predecessor and political mentor, Luiz Inácio Lula da Silva, to be chief of staff, a move that largely shields him, for now, from prosecution in the corruption scandal involving his ties to giant construction companies.

Ms. Rousseff’s explanation was tone deaf and ridiculous. She characterized the appointment as an opportunity to bring back to the government a maverick politician and talented negotiator to help Brazil contend with an assortment of crises, including the spread of the Zika virus.

“If Lula’s arrival strengthens my government, and there are people who don’t want it strengthened, then what can I do?” Ms. Rousseff said.

Ms. Rousseff has now created yet another crisis, one of confidence in her own judgment. Mr. da Silva, who led Brazil from 2003 to 2010, has been dealing with charges of illicit self-enrichment since he left office. Close associates, including his former chief of staff, José Dirceu de Oliveira e Silva, and the former treasurer of the ruling Workers’ Party, João Vaccari Neto, are in prison for corruption.

Early this month, investigators raided Mr. da Silva’s home and took him into custody for questioning. Prosecutors then sought to arrest him, accusing him of having accepted $200,000 worth of renovations for a beachfront property investigators believed he planned to occupy. Federal prosecutors are also investigating whether the millions of dollars Mr. da Silva and his foundation have received from companies linked to the scandal surrounding Petrobras, the national oil company, were actually bribes.

Mr. da Silva, a leftist leader, says he is not guilty and is entitled to his day in court. But he and Ms. Rousseff want to delay that day for as long as possible by giving him the protections from prosecution that cabinet members enjoy.

Roughly 50 officials — including politicians from other political parties — have been implicated in the Petrobras scandal, and Brazilians are rightly disgusted with their leaders. This latest move by the governing party sent protesters to the streets to demand Ms. Rousseff’s resignation and to express their outrage at what amounts to blatant cronyism. If her latest blunder pushes the impeachment effort across the finish line, Ms. Rousseff will have only herself to blame.

El zika irrumpe en El Salvador y desata medidas de emergencia. The New York Times

 Un empleado del Ministerio de Salud fumiga una casa para prevenir la propagación del virus de Zika cerca de San Salvador. Credit Marvin Recinos/Agence France-Presse — Getty Images

Un empleado del Ministerio de Salud fumiga una casa para prevenir la propagación del virus de Zika cerca de San Salvador. Credit Marvin Recinos/Agence France-Presse — Getty Images

Azam Ahmed, 28 enero 2016 / THE NEW YORK TIMES

SAN SALVADOR — ¿Cuándo, en la historia de la humanidad, una epidemia se ha vuelto tan alarmante que un país ha sentido la necesidad de pedirle a su gente que no tenga hijos durante dos años?

NEW YORK TOMES NYTEso es precisamente lo que El Salvador está haciendo para luchar contra un virus transmitido por un mosquito y vinculado con el daño cerebral infantil; le aconseja a todas las mujeres del país que no se queden embarazadas hasta el 2018: para muchos aquí, se trata de un recurso de última hora que solo ilustra la desesperación del gobierno.

Vanessa Iraheta, de 30 años, espera su segundo hijo. Está embarazada de siete meses. “No depende del gobierno; depende de Dios. No creo que los jóvenes dejen de tener hijos”.

La nota en el original:
El Salvador’s Advice on Zika Virus: Don’t Have Babies

El virus, conocido como Zika, ha sacudido Latinoamérica y el Caribe, particularmente Brasil, donde más de un millón de personas ya se han contagiado y cerca de 4000 niños han nacido con microcefalia, una enfermedad que provoca que los bebés tengan cabezas inusualmente pequeñas.

Un hombre sacó a su hijo de su casa mientras trabajadores de salubridad fumigaban la semana pasada. Ya han habido 5000 casos de zika en El Salvador. Credit Jose Cabezas/Reuters

Otros países de la región han emitido alertas similares a la de El Salvador; las autoridades colombianas y ecuatorianas también han pedido a las mujeres que posterguen sus planes para quedarse embarazadas al menos unos meses, hasta que los peligros del virus se entiendan mejor.

Es probable que el virus de Zika, originado por un mosquito y vinculado al daño cerebral infantil en Brasil, se extienda por la mayoría de los países del continente americano según anunció la Organización Mundial de la Salud el lunes.

Pero que El Salvador haya aconsejado dejar de tener niños durante dos años es algo que le ha parecido especialmente radical a muchos expertos que se preguntan ahora sobre otros casos en los que un país haya intentado detener su índice de natalidad para enfrentarse a una epidemia.

“Puedo decirles que jamás he leído, escuchado o encontrado una petición pública como esa”, dijo David Bloom, profesor de economía y demografía en la Harvard School of Public Health.

Según algunos analistas, si el consejo de El Salvador suena a grito de ayuda, es porque lo es.

“Qué inútil es decir algo así”, dijo el Dr. Ernesto Selva Sutter, un destacado experto en salud pública en El Salvador. “¿Van a dejar de tener sexo?”

Este pequeño país ya sufre de una epidemia de violencia generada por las pandillas, responsables de que miles de jóvenes abandonen el país rumbo al norte cada año y de que el gobierno se sienta continuamente bajo presión. El Salvador ya se ha ganado el nada envidiable título de ser el país más violento del hemisferio occidental.

Y ahora el virus de Zika irrumpe en la realidad. Tras diagnosticarse 5000 casos en un país de seis millones de habitantes (más de 1500 solo el mes pasado), el gobierno ha estado buscado soluciones. Ha enviado equipos de fumigadores y potabilizado las redes de conducción de agua para combatir al mosquito Aedes, que también propaga enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla o el chikungunya.

Un líder vecinal dijo que la clínica de salud pública de su colonia cerró hace tres meses debido a las amenazas de las pandillas, uno de los factores que, según los expertos, hace más difícil tratar y combatir el virus.

El viceministro de salud de El Salvador, el Dr. Eduardo Espinoza, dijo que la recomendación de dejar de tener hijos no es la primera opción del gobierno para enfrentarse a la epidemia. La considera, más bien, una estrategia “secundaria” derivada del “hecho de que estos mosquitos existen y transmiten esa enfermedad”.

“Nos sentimos obligados a hacer esta recomendación a las parejas que intentan embarazarse”, agregó.

La Organización Mundial de la Salud dijo que no recomendaría suspender los embarazos durante dos años.

“Hay muchas preguntas a las que responder antes de emitir esa recomendación”, comentó el Dr. Marcos Espinal, director de enfermedades contagiosas de la Organización Panamericana de la Salud.

Una de las más importantes, dijo, es saber si el país ya ha alcanzado el punto máximo de la epidemia. “Se tiene que evaluar el riesgo de emitir una recomendación así para saber cómo impactará la tasa de natalidad del país”, enfatizó.

Otros expertos dijeron que el zika ha situado a países como El Salvador a una situación ante la que no sabe cómo actuar.

Howard Markel, profesor de historia de la medicina en la Universidad de Michigan, dijo “nunca he visto o leído que ninguna instancia gubernamental advierta a sus ciudadanos que no se embaracen”.

Una casa en El Salvador es fumigada. También hay esfuerzos para eliminar el agua estancada, donde los mosquitos se reproducen. Credit Oscar Rivera/European Pressphoto Agency

Markel se refirió a otros consejos médicos relacionados con el embarazo: se advierte a las mujeres que se alejen de cualquier personas con rubeola, por ejemplo, porque puede ser la causa de defectos de nacimiento devastadores, entre ellos la microcefalia.

También explicó que cuando comenzó a extenderse el VIH “había un debate silencioso acerca de si era moralmente ético que un doctor le aconsejara a una mujer no embarazarse debido al riesgo en el que pondría a su hijo”. Aún no existía tratamiento y con frecuencia las madres transmitían el virus a sus bebés. “Pero nadie dijo: ‘Está prohibido; no lo hagan’”.

La recomendación gubernamental de posponer los embarazos es una cuestión delicada en este país, conservador y religioso. Requeriría el uso extendido de anticonceptivos, algo complicado en un lugar donde más del 50 por ciento de los ciudadanos son católicos.

Espinoza, el viceministro de salud, dijo que el gobierno no ha debatido específicamente sobre la petición de que las mujeres se abstengan de tener hijos. Sin embargo, le ha pedido a varios líderes religiosos que convenzan a sus fieles para que limpien el agua estancada y recojan la basura, usen repelente y tomen medidas preventivas.

“Aunque los líderes religiosos puedan ayudarnos a combatir estos mosquitos, aún nos sentimos obligados a emitir esta recomendación a las parejas”, dijo Espinoza, refiriéndose al consejo de evitar los embarazos.

Al igual que el gobierno, tampoco parece que la Iglesia Católica en El Salvador esté preparada para un conflicto sobre este tema. El arzobispo todavía no ha dado su opinión. Muchos esperaban que aludiera al tema este fin de semana, pero no pudo oficiar la misa del domingo porque estuvo enfermo. El arzobispo auxiliar, Gregorio Rosa Chávez, anunció que se celebraría una reunión de arzobispos la semana que viene que podría ofrecer algunas respuestas.

“En efecto, este es un tema nuevo y debe considerarse con calma”, dijo en una entrevista. “Creo que la iglesia se tomará esto muy en serio. Yo solo esperaría un poco”.

Esperar no parece ser un problema para algunas mujeres. A diferencia del índice de natalidad en muchos países en desarrollo, el de El Salvador ya es bajo, y el miedo de que el zika infecte a un niño ya ha sido citado como la tercera o cuarta razón por la que muchas mujeres no deseaban un embarazo.

La primera razón, dicen, es la violencia. Las pandillas operan con impunidad, y la guerra entre ellas y contra la policía ha causado niveles de homicidios que no se conocían desde la guerra civil del país, que terminó en 1992.

Las mujeres también mencionan problemas como la mala situación económica, una tasa de desempleo y subempleo muy alta o que más de un tercio de la población vive por debajo de la línea de la pobreza.

“No es por esta enfermedad”, dijo Sara Galdámez, de 21 años, acompañada por su hija de 3 años y su esposo. “Honestamente, es una cuestión económica y de inseguridad”.

A pesar de la influencia de la iglesia, los anticonceptivos no parecen estar estigmatizados en El Salvador. Datos del gobierno estadounidense sugieren que su uso es similar al de los Estados Unidos.

“Las personas van a estar juntas sin importar ninguna enfermedad”, dijo Daniella Hernández, de 17 años, al lado de su novio. “Pero hay otras formas de evitar los embarazos”.

Otros señalan teorías de la conspiración. Verónica Velásquez sugirió que la recomendación del gobierno para que la gente no tenga hijos es, en realidad, un intento para detener el crecimiento de la población. El Salvador ya está tan poblado que sus gobernantes podrían tratar de disminuir el número de habitantes, argumentó Velásquez.

“Este gobierno no quiere a nadie más”, dijo con una carcajada. “¡Ya no cabemos!”

El gobierno ha hecho todo lo posible por advertir sobre el virus, su impacto potencial y cómo evitarlo. Pero cuando se han pedido explicaciones sobre las consecuencias que tendría el hecho de que ningún niño naciera en el país en los próximos dos años, el viceministro de salud reconoció que no sería el peor escenario.

“El Salvador es el país con más densidad demográfica en todo el continente”, dijo durante una conferencia de prensa. “No estaría tan mal que hubiese una disminución en los nacimientos”.

¿Quién quiere pasar 2 años trabajando y aprendiendo en The New York Times? The David Carr Fellowship

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Chester Higgins Jr./The New York Times

About the Fellowship

David Carr, who died in February, was the media columnist for The New York Times and one of the most important voices in journalism. The first David Carr Fellow will spend two years at The Times doing work in the spirit of David’s. The focus of the fellow’s work could be steady, sustained news stories; magazine-style features; investigative efforts; videography; or a mix of approaches, depending on the interests of the fellow and the recommendation of Times editors. David’s work focused on the intersection of media, tech and culture, but the Carr Fellow need not be limited to those fields of interest.

The fellowship is an opportunity for a journalist still fairly early in his or her career to build upon David’s commitment to holding power accountable and telling engaging, deeply reported stories. Candidates should have at least three years of experience and be eager to experiment with creative ways of storytelling through video, text, social media and other means.

Journalists with experience of all types are welcome, especially those from digital and new media. The Times wants the David Carr Fellow to be selected from a diverse group of candidates, so journalists of all backgrounds are encouraged to apply.

The deadline for applications has been extended to Dec. 1, and the fellowship will begin in early 2016. The fellow will receive a competitive compensation package with benefits.

About David Carr

David demonstrated a sophisticated understanding of how the convergence of technology and media is reshaping business and culture. Applicants should have some fluency in that subject, but mostly should exhibit a deep curiosity about the changing media landscape and an eagerness to find compelling and human stories that illuminate it.

David began his journalistic career with alternative weekly papers. He embodied the frankness, enthusiasm, skepticism and outrage of the best reporters. He was a finalist for the Pulitzer Prize in 2015 for his weekly “Media Equation” column that chronicled the rapidly changing media landscape.

David was a passionate and voracious consumer of media of all kinds. He gained a substantial following on social media, especially Twitter; wrote a memoir, “The Night of the Gun”; and starred in “Page One,” a documentary about The Times.

A strong advocate for young writers, David last year began teaching a course at Boston University’s school of communications. This fellowship honors his commitment to mentoring talented young journalists and his unwavering belief in the future of the profession.

Application

To apply for the inaugural David Carr Fellowship at The New York Times please submit the following:

  • A resume
  • A short essay about how your career and your coverage is in keeping with Mr. Carr’s legacy
  • Five samples of your best journalistic work

Para accesar el formulario de aplicación,
entre en este sitio:
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Aún en prisión, voy a luchar por una Venezuela libre. De Leopoldo López

Leopoldo López, 25 sept. 2015 / THE NEW YORK TIMES

 Credit Irene Rinaldi

Credit Irene Rinaldi

CÁRCEL DE RAMO VERDE, Venezuela — El 12 de febrero de 2014, la élite represora e inepta que gobierna Venezuela ordenó mi arresto acusándome de instigación pública, incendio intencional, asociación delictuosa, daños a la propiedad pública y otros delitos. A finales de esa semana, luego de dos visitas inesperadas del presidente de la Asamblea Nacional a mi casa, me sugirieron que buscara refugio en una embajada extranjera.

En lugar de aceptar la sugerencia, decidí entregarme el día 18 de febrero de 2014 y enfrentar el juicio que había planeado el régimen. Tomé esta decisión con plena consciencia de los riesgos que estaba enfrentando y las posibles consecuencias de un juicio con fines políticos y un poder judicial comprometido. Así que, el 10 de septiembre de 2015, cuando la Jueza Susana Barreiros (mero títere de estos gobernantes que buscan defender su riqueza y privilegios) me sentenció a más de 13 años de prisión, no me arrepentí de la decisión que había tomado. Estaba convencido de lo absurda que era la acusación de que yo había usado “mensajes subliminales”, en mis discursos pacíficos, con el fin de incitar a la violencia durante las protestas de febrero de 2014.

Ahora me encuentro en aislamiento solitario en una celda de 2 m x 3 m en la que sólo hay una cama individual, un baño y una repisa pequeña para mis pocos cambios de ropa. Tengo prohibido escribir cualquier tipo de material y el único libro que tengo permitido es la Biblia. Ni siquiera tengo una luz o vela para cuando oscurece afuera. Aunque ha sido difícil para mi familia, ellos entienden que las grandes causas requieren grandes sacrificios.

Estoy convencido de la justicia de nuestra causa: liberar a la gente de las consecuencias dolorosas de un sistema de gobierno que ha fallado económica, social y políticamente. Nuestra economía es la de peor desempeño en la región: se prevé que el Producto Interno Bruto caerá 7 por ciento en 2015 y sufrimos la inflación más alta en el mundo. Esta inflación ha llevado a una escasez devastadora de la cesta básica y ha destruido la producción nacional, incluida la industria petrolera. La desesperación creada por estas condiciones, junto con las amplias fallas en la impartición de justicia, han hecho que nuestro país sea uno de los más violentos en el mundo, con casi 25.000 asesinatos sólo en 2014.

Y por si fuera poco, hemos perdido nuestra democracia. El gobierno acosa a quienes piensan diferente y utiliza la represión para mantenerse en el poder. La sentencia en mi contra tiene la intención de mandar un mensaje a todos los venezolanos que luchan por tener un país mejor: salvo que desistan y cedan ante el régimen, ellos serán los siguientes. Nuestro gobierno quiere aplastar nuestras aspiraciones y hacernos creer que esta lucha no tiene esperanza. Quieren que nos rindamos. Pero rendirnos no es una opción, porque el que se cansa, pierde.

Estamos trabajando para una Venezuela en la que los derechos sean garantizados para todos, incluso el derecho a vivir dignamente. Queremos cambios regulares en el poder a través de elecciones libres y justas, de forma que todos los venezolanos podamos coexistir respetuosamente, sin importar nuestras ideologías.

Para la economía, queremos un modelo que permita que todos nos beneficiemos del crecimiento, en especial quienes tienen menos. Queremos impulsar a la industria local y la inversión privada para incrementar la producción y crear empleos. Queremos incrementar la producción petrolera y utilizar los ingresos para diversificar nuestra economía, y no para comprar votos. Y queremos proporcionar la educación de alta calidad necesaria para que prosperen todos los venezolanos.

Nuestros planes son ambiciosos, pero tienen el apoyo de millones de personas. Para que Venezuela avance, primero debemos cambiar el sistema y quitar democráticamente al partido corrupto que nos gobierna. Las elecciones parlamentarias fijadas para el 6 de diciembre nos dan esta oportunidad. Sin embargo, para tener éxito en las urnas, debemos estar unidos. Ya se ha formado una alianza opositora, la Mesa de la Unidad Democrática, pero queremos expandir esta unidad a todos los miembros de la sociedad que desean el cambio.

No podemos hacerlo solos. Agradezco sinceramente a todos aquellos que nos han apoyado en todo el mundo. Ese apoyo nos da fe, pero estos esfuerzos no deben terminar hoy. Necesitamos a la comunidad internacional para que haga presión a fin de que se respeten nuestros derechos democráticos, llamando la atención sobre los abusos directos del gobierno venezolano, condenando la represión y promoviendo la solidaridad en materia de derechos humanos en la región. Necesitamos que la Organización de las Naciones Unidas incluya estos asuntos en la agenda del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Y queremos que la Organización de los Estados Americanos aplique su Carta Democrática Interamericana para discutir nuestra situación desesperada.

Se debe presionar al gobierno para que permita que haya observadores electorales de la O.E.A. y la Unión Europea en las elecciones de diciembre, lo cual no ha ocurrido desde 2006. Se requiere de su independencia e imparcialidad ahora más que nunca con el fin de garantizar que nuestra oportunidad de cambio no se vea comprometida.

Por último, el gobierno de Venezuela debe dejar de descalificar sin fundamentos a los líderes de oposición en las próximas elecciones. Entre los inhabilitados para ocupar cargos públicos se encuentran los exgobernadores estatales Manuel Rosales y Pablo Pérez, los líderes de oposición María Corina Machado y Carlos Vecchio, y el autor de estas líneas. El régimen también debería liberar a los 76 presos políticos, incluyendo quienes se encuentran en arresto domiciliario, como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el alcalde de San Cristóbal, destituido ilegalmente, Daniel Ceballos.

Una elección no puede ser libre ni justa cuando aquellos que piensan distinto tienen prohibido postularse o se encuentran tras las rejas.