Catalina Botero

Catalina Botero compara acciones de Bukele con Correa en Ecuador

El llamado de Bukele a no comprar los periódicos que lo fiscalizan, los ataques cibernéticos y las marchas como la del miércoles son similares a las de Venezuela y Ecuador, dijo Botero.

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Catalina Botero, exrelatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

19 febrero 2016 / LPG

La exrelatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y galardonada el año pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Catalina Botero Marino conversó ayer con LA PRENSA GRÁFICA desde su natal Colombia, sobre el fraude informático del que este periódico, junto con El Diario de Hoy, ha sido víctima, en una red liderada por el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele.

La abogada consideró que ese hecho, la postura que al respecto ha adoptado el jefe municipal en los últimos meses y el llamado a no comprar ejemplares de ambos rotativos es un intento por silenciar a los medios de comunicación, similar a lo que ha ocurrido en países de América Latina como Venezuela y Ecuador, bajo los gobiernos de Nicolás Maduro y Rafael Correa, respectivamente.

¿Cómo analiza usted que un erigido líder de la izquierda, en este caso el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, ataque a los medios de comunicación y en especial a LA PRENSA GRÁFICA, por publicar noticias relacionadas con contrataciones de familiares en su alcaldía?

De extraordinaria gravedad. Lo único que demuestra este caso es el talante (disposición natural del ánimo o manera de ser de una persona) antidemocrático de algunos funcionarios públicos, que en lugar de hacer una defensa democrática y argumentada, haga cuestionamientos del trabajo de la prensa en el ejercicio de su función, que no es la de halagar a los funcionarios públicos, sino controlar que no haya abusos de poder. Si el alcalde considera que algo es una desinformación, tiene todo el derecho de expresarlo; pero lo que no puede hacer un funcionario es utilizar, directa o indirectamente, los privilegios, las potestades y los recursos que tiene para silenciar la labor crítica de la prensa. La prensa no puede ser silenciada por funcionarios.

Según un peritaje que consta en el caso judicial, se contrató una empresa para crear una especie de “troll center” para crear cuentas falsas y desde ahí atacar a los medios de comunicación. ¿Cómo ve esta práctica?

Hoy en día mucha gente tiene acceso a las redes sociales para acceder a la discusión pública, porque son buenas herramientas para ello, pero cuando los gobernantes utilizan ese espacio democrático para distorsionarlo y ocuparlo para desinformación, pervierten el uso de las redes sociales, distorsionan el debate público, y si lo hacen con recursos públicos, es muy grave, porque además pueden estar ocupando de manera desviada estos recursos y no solo es corrupción, sino que es una violación y una distorsión de la libertad de expresión.

¿Hay otros casos de “troll center” que usted tenga conocimiento?

Hay denuncias muy graves sobre la utilización de ese tipo de mecanismos, el caso de Ecuador es el más conocido, en donde evidentemente hay un “troll center”, en donde las investigaciones han logrado identificar que las IP de los computadores están en oficinas estatales, de propiedad o de uso de estas oficinas estatales y que utilizan la misma estrategia, de pervertir estos espacios que por excelencia son democráticos. No solo hay violación de la libertad de expresión, no solo hay corrupción, no solo hay malversación de recursos públicos o uso indebido de estos recursos, sino, además, otro tipo de delitos, como los delitos cibernéticos.

En relación con lo anterior, ¿qué es lo que debe hacer la autoridad al respecto?

A mí me parece que la Fiscalía debe estudiar esto muy seriamente. Yo creo que las autoridades tienen la obligación, no solo de empezar las investigaciones, sino de terminarlas y a definir, de conformidad con el debido proceso y con todas las garantías del debido proceso, si un funcionario público está involucrado en este tipo de hechos, y si está involucrado, pues debe sancionarlo con todo el rigor de la ley. Yo creo que las personas que apoyan a estos funcionarios públicos, que en algunos países son de izquierda, en otros países son de derecha y en otros son de centro, no importando la ideología que tengan o que persigan, estas personas tienen que saber que apoyar este tipo de comportamientos va en contra del proceso democrático de un país y va en contra de la libertad de prensa y de información.

La Fiscalía capturó a cuatro personas esta semana y está buscando a una más que es prófuga de la justicia. Ahora que la Fiscalía ha actuado, el alcalde señala que el fiscal está sirviendo a los medios. ¿Qué le parece esto?

Yo lo que creo es que la Fiscalía debe trabajar de una manera transparente, para que la gente pueda tener confianza de que lo que hace está fundado en el debido proceso y sobre todo que actúe sin temor. Es normal que los funcionarios públicos que están siendo cuestionados digan que es una persecución política, porque efectivamente en muchos de nuestros países han existido persecuciones políticas. La única manera de que esto se resuelva bien es que la Fiscalía haga una investigación seria, sin temor a lo que estos funcionarios públicos puedan hacer o dejar de hacer, porque al final del camino, al fiscal, a los fiscales y a las personas del ministerio público que están trabajando en esto, la sociedad les va a recompensar el trabajo que han hecho.

Sabemos que el alcalde está presionando a otros medios para que no publiquen este tipo de cosas. ¿Cree usted que el tema de la pauta publicitaria estaría siendo usado en este caso?

Cuando los funcionarios públicos tienen el talante antidemocrático, que no es que se defienda, sino que critican la labor de la prensa y tienden a deslegitimar toda la labor del periodismo, que tienden a estigmatizar a los medios de comunicación; esos casos, cuando los funcionarios tienen ese talante, suelen utilizar todos los mecanismos que tienen a su disposición para silenciar a los medios críticos. No me extrañaría que utilizara mecanismos como la publicidad oficial para ello. Los funcionarios no pueden premiar o castigar a los medios de comunicación con la publicidad oficial, en virtud de su línea editorial.

¿Qué se debe hacer en estos casos?

Si se está utilizando la publicidad oficial para premio o castigo o si se está presionando a los anunciantes privados para no anunciarse en los medios de comunicación, que es otra cosa que suele pasar, que administran la publicidad con criterios políticos, pero también se presiona a los anunciantes privados y se les dice que se les va a castigar o que se les va a mandar auditoría; estos casos los documentamos mucho para poder presentarlos ante un juez, como pasó en Argentina.

¿Qué es lo que sucedió en Argentina?

Con el anterior gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, cuyos ministros solían hacer este tipo de cosas, se documentó el caso; porque en casos como este que hay violación de la libertad de expresión hay que documentarlos y llevarlos ante los jueces, porque los jueces en Argentina condenaron al Gobierno por hacer eso. Yo creo que los medios, sean de izquierda o de derecha, los medios en general, deben resistir ese tipo de presión, porque tienen que saber que hay garantías que tarde o temprano llegan. Los funcionarios públicos no son dueños de los recursos ni del poder que ellos quieran ejercer como lo quieran ejercer.

Ayer (el miércoles) se concretó una manifestación que el alcalde había convocado para concentrarse frente a la Fiscalía y aprovechó para vestir una camiseta con una leyenda que instaba a no comprar los periódicos que le habían criticado. ¿Qué piensa de esto?

Es el típico comportamiento de Rafael Correa en Ecuador, es un comportamiento típico de un líder antidemocrático. Él no puede pedir que no compren los medios, la obligación de un funcionario, sea de izquierda o de derecha, no es la de desvirtuar las investigaciones que se hacen en su contra. Si él tiene razón y los argumentos suficientes, no tiene por qué llamar a nadie. Lo dicho es exactamente el comportamiento de Rafael Correa, un comportamiento que está llevando a que Ecuador sea considerado en este momento como uno de los países más autoritarios que hay en la región; así lo han dicho claramente los distintos órganos de protección de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales de protección de derechos humanos.

En esa marcha estuvo el primer designado a la presidencia que es del partido FMLN, el partido político que llevó al poder al alcalde Nayib Bukele, y también se vio a otros funcionarios de Gobierno. ¿Esto también suele suceder en otros países de América Latina?

No, en América Latina no; eso suele suceder con frecuencia en Venezuela y en Ecuador, pero eso no sucede en otros países. Eso no sucede en Chile, eso no sucede en Brasil, eso no sucede nunca en Uruguay, que es un país de izquierda, por ejemplo. En Uruguay hay un gobierno de izquierda establecido en donde eso no pasaría nunca. Si hay una acusación contra un funcionario, el funcionario se defiende. Por eso es muy importante y que quede claro que esto no es un tema de derecha o de izquierda, de un gobierno o de la oposición, es un tema de quienes le apuestan a la democracia o no. Eso no pasaría nunca en la mayoría de países de la región, a excepción de Venezuela y Ecuador.

¿Qué puede generar o qué podría producirse que se quiera silenciar a la prensa?

El resultado de haber sofocado a la prensa lo estamos viendo en Venezuela. Ahí se acabaron los controles que hacía la prensa y la corrupción se tragó una bonanza que debería tener a los venezolanos en estos momentos con las más altas condiciones de vida y que los ha sumido en altos niveles de pobreza, tal vez lo más altos que puedan haber en la región y todo eso comenzó cuando comenzaron a sofocar a la prensa con controles, y sin estos la corrupción se tragó a ese país. Hoy en Venezuela la pobreza es inadmisible.

Cuando usted estuvo en El Salvador el año pasado dijo que los funcionarios corruptos temen a las primeras planas. ¿Eso sigue vigente para El Salvador hoy en día?

Sigue vigente en su país y en cualquier país del mundo. A lo que más le temen los funcionarios inescrupulosos es la prensa y por eso la silencian y a lo segundo que le temen son las investigaciones judiciales imparciales. Una prensa seria, inteligente, que haga las investigaciones que tiene que hacer y con un buen juicio independiente, es el terror de los funcionarios públicos, por eso lo primero que hacen en cualquier país, con cualquier ideología, es intentar silenciar a la prensa.

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Violencia y autoritarismo amenazan la libertad de prensa en la región: Catalina Botero

Catalina Botero, abogada colombiana exrelatora de la libertad de expresión de la CIDH y galardonada este año por la Sociedad Interamericana de Prensa, estuvo en el país en el marco de los 100 años de LPG.

Catalina Botero, colombiana galardonada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como Gran Premio Chapultepec 2015. Exrelatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Catalina Botero, colombiana galardonada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como Gran Premio Chapultepec 2015. Exrelatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ricardo Flores, 7 julio 2015 / LPG

La libertad de expresión y de prensa tienen dos amenazas fundamentales en la región latinoamericana hoy en día, según Catalina Botero, abogada colombiana experta en derechos humanos: la violencia que ejerce el crimen organizado y el autoritarismo “soft”. Así los resumió la también exrelatora de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un conversatorio que tuvo ayer con diplomáticos, gremiales empresariales, representantes de la industria publicitaria, periodistas, docentes, estudiantes y columnistas invitados por LA PRENSA GRÁFICA en el marco de su centenario.

Botero, galardonada este año por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como Gran Premio Chapultepec 2015, inició su charla, que duró unos 45 minutos, y destacó la importancia de la prensa escrita. La abogada dijo que los periódicos tienen tres características que diferencian al resto de medios: tiempo para investigar la corrupción, impacto y diversidad de información.

“Los funcionarios corruptos le temen a la primera plana de los periódicos”, dijo Botero para resumir el impacto que puede tener un tema bien investigado.

Esa capacidad de los periódicos, de acuerdo con lo indagado por Botero, es lo que incomoda a funcionarios y criminales que buscan crear una barrera para poder operar sin tener el escrutinio público.

La exrelatora de la CIDH dijo que existen regiones donde el crimen organizado procede a amenazar y hasta asesinar a las personas que no están dispuestas a callar. Citó ejemplos como Guatemala, Honduras y el nordeste de Brasil, zonas donde hay reportes de una altísima cantidad de periodistas asesinados por criminales, principalmente vinculados con narcotráfico.

Botero mencionó como ejemplo que la cantidad de periodistas asesinados en Latinoamérica es similar a los casos que ocurren en países que están en guerra.

En El Salvador, la experta dijo que no hay muerte o cárcel contra periodistas.

José Roberto Dutriz, presidente y director general de LA PRENSA GRÁFICA, compartió la apreciación de Botero sobre el país: “El diagnóstico de la libertad de prensa en el país en términos general es bueno. Acá no hay periodistas asesinados, pero sí hay problemas de obstaculización, de no respetar las leyes y abusos de poder”, manifestó.

Esa amenaza de la que habla Dutriz, Botero le llama “autoritarismo soft”. La experta considera que se trata de Gobiernos que buscan controlar la información pública, pero no lo hacen con la represión del pasado sino con reformas legales. Los casos más emblemáticos, de acuerdo con Botero, ocurren en Suramérica: Venezuela y Ecuador.

Botero dijo que en este último país, el gobierno ha “ajustado” las leyes para obligar a los medios de comunicación a publicar lo que el presidente considera importante. En caso de no cumplir con esa disposición, hay amenaza de multas millonarias o incluso hasta encarcelamiento.

“Hay unos autoritaristas menos brutales, más masivos, pero que ejercen un enorme control en toda la sociedad y son las que estamos viendo hoy y no creo que sea un tema ideológico”.

También dibujó una situación similar en Venezuela donde dijo que hay una persecución de parte de funcionarios contra los medios para evitar que cubran lo que consideran perjudicial. Botero aclaró que ella no ve ese control de los medios como un problema de ideología, sino de funcionarios que son antidemocráticos.

Citó el caso de Panamá, donde el expresidente Martinelli armó un equipo de espionaje, de uso de redes sociales para desacreditar y estigmatizar a los medios que no se alienaron con el gobierno.

Botero dijo que lo grave es que esas “malas prácticas” se exportan, por lo que pidió estar alertas a lo que “están haciendo los vecinos” para evitar que suceda en El Salvador.

José Luis Saca, presidente de Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), considera que en el país ya hay intentos por imitar esos controles: “Hay amenazas que se resumen en intentos de legislación como el de mal llamado de radios comunitarias, que pretende asignar una porción del espectro radioeléctrico de dedo, por decreto. Algo que atenta contra los medios independientes”.

Botero finalizó y dijo que la prensa tiene la responsabilidad de exigir que se cumpla con la libertad de expresión.

“La libertad de expresión es el derecho que permite defender otros derechos”: Catalina Botero

Botero destaca la libertad de expresión como un derecho fundamental para que se cumpla el resto de derechos. Llega al país en el marco del centenario de La Prensa Gráfica.

Catalina Botero, Experta en temas sobre libertad de expresión en América Latina. Ex-relatora de Libertad de Expresión de

Catalina Botero, Experta en temas sobre libertad de expresión en América Latina. Ex-relatora de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Entrevista a Catalina Otero, de Hermelinda Bolaños, 6 julio 2015 / LPG

Catalina Botero fue titular de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo de Colombia. Además, es exrelatora de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este año, Botero fue galardonada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como Gran Premio Chapultepec 2015. Por otra parte, Botero también es la autora del libro “Libertad de expresión en las Américas”, en el cual explica los avances y desafíos del derecho a la libertad de expresión en la región.

Este día, Botero participará en un conversatorio organizado por LA PRENSA GRÁFICA, en el cual abordará temas relacionados con la situación de la libertad de expresión en América Latina y la relevancia de la prensa escrita.

Usted es la autora del libro “Libertad de expresión en las Américas”. ¿Qué contiene el texto y cómo contribuye a la libertad de expresión de la región latinoamericana?

Se trata de un informe que da cuenta de los más importantes avances, pero también de los desafíos del derecho a la libertad de expresión en la región.

¿Cuál ha sido su experiencia al frente de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo de Colombia?

Para mí fue un reto enorme diseñar e implementar políticas de promoción de derechos humanos en un país con un conflicto armado tan doloroso y tan largo y con fenómenos de violencia profundamente arraigados, casi normalizados. Es un aprendizaje sobre la Colombia que todos tendríamos que conocer si de verdad queremos construir un país justo y en paz.

También ha sido galardonada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) este año como Gran Premio Chapultepec 2015.

Sí. Un gran honor. Creo que la libertad de expresión es el derecho que permite defender los otros derechos y por eso su notable importancia. Como Relatora defendí la libertad de expresión de medios y periodistas, de blogueros, de defensores de derechos humanos, de quienes están en la oposición –cualquiera que sea la ideología del Gobierno–, en fin, el derecho de la gente a usar su libertad para defender sus derechos, para comunicarse, para dialogar y tratar de entenderse, para actuar colectivamente contra los abusos y la injusticia. Ser galardonada por eso me honra y me compromete.

¿Cómo se crea la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

Es un momento muy especial en la región en el cual la mayoría de los países están en una transición de dictaduras o de conflictos armados a regímenes democráticos y existía un consenso en el sentido de que garantizar la libertad de expresión era una especie de salvaguarda para evitar la repetición de los abusos del pasado. Naturalmente es más difícil violar derechos humanos o ser corrupto si existe una verdadera libertad de expresión y si las personas no sufren represalias por sacar a la luz esos actos y denunciarlos. En medio de ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos crea a la Relatoría y los Estados aplauden su creación.

¿Cuál ha sido su experiencia como Relatora de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

La defensoría me permitió entender mejor mi país, la relatoría me permitió entender mucho mejor la región. Las cosas han cambiado mucho desde la creación de la oficina. A finales de los noventa existía un avanzado consenso sobre la importancia de los derechos humanos. El gran desafío era implementarlos en serio y en condiciones de igualdad. Sin embargo, en la última década algunos Estados han retrocedido de manera dramática y han acudido nuevamente a expedientes profundamente autoritarios –como encarcelar opositores o cerrar medios– que estaban en vías de ser superados. En ese contexto, la defensa regional de los derechos humanos no es una tarea fácil, pero ayuda que algunos Gobiernos no hayan cedido a la tentación autoritaria y recuerden las razones por las cuales se crearon estos órganos regionales de protección. La memoria de la barbarie muchas veces es el mejor antídoto para no dejarse engañar por cantos de sirena que conducen, la mayoría de las veces, a dolorosos callejones sin salida, ya sea sociales, económicos o políticos.

¿Cómo califica la libertad de expresión en América Latina?

Tiene enormes avances, pero también grandes desafíos. Hoy no afrontamos Gobiernos militares que de manera sistemática asesinan, desaparecen y torturan a quienes piensan distinto. La mayoría de las Constituciones prohíben la censura y en muchos Estados hay jueces independientes que se toman en serio la defensa de este derecho. Sin embargo, las cifras de violencia contra la prensa, especialmente del crimen organizado y de autoridades coludidas con los criminales, son alarmantes y algunos Gobiernos han reformado todo su marco jurídico para impedir la deliberación democrática. Ya no desaparecen, pero en algunos lugares, encarcelan, cierran medios y organizaciones de la sociedad civil, imponen multas millonarias a medios y periodistas. Todo, avalado por jueces completamente capturados por el Gobierno. Los casos emblemáticos son Venezuela y Ecuador.

¿Qué tanto considera que se respeta la libertad de expresión en la región latinoamericana?

Depende. Hay países en los cuales no hay grandes dificultades, existen garantías y las autoridades no están en la tarea de violar la libertad de expresión. Puede ser que en estos lugares existan disputas, pero son disputas normales dentro de un Estado democrático. Me refiero, por ejemplo, a Uruguay. Otros Gobiernos en Estados en los que tradicionalmente ha habido un respeto importante por la libertad de expresión han decidido ensayar experimentos muy problemáticos, como el caso de Costa Rica, en el que felizmente el Gobierno terminó retirando un proyecto de ley que tenía enormes dificultades.

En países como México u Honduras, pese a algunos avances menores, en realidad los Estados han dejado de cumplir sus obligaciones de protección de las personas amenazadas por ejercer su libertad de expresión y de lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos. Y, como ya pude mencionarle, Venezuela, Nicaragua o Ecuador son el ejemplo de modelos que han modificado toda su estructura jurídica y han empleado todos los recursos estatales para sofocar cualquier expresión disidente de izquierda o de derecha. Estos Gobiernos controlan toda la esfera pública, en la que subsisten con un altísimo costo y riesgo, espacios no capturados.

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, ha manifestado que para su gobierno es importante que las concesiones de frecuencias de radio no solo se les otorguen a los medios de comunicación del sector privado, sino también a los del ámbito público y a las radios comunitarias. ¿Qué ha dicho la Relatoría de Libertad de Expresión sobre las frecuencias radioeléctricas?

La Comisión Interamericana en su declaración de principios del año 2000 indicó que es muy importante que exista pluralismo y diversidad en el debate público y, en consecuencia, que no pueden existir monopolios u oligopolios en el control de los medios de comunicación. Ha dicho también que la radiodifusión privada es fundamental para enriquecer el debate público y que debe tener garantías para actuar de manera vigorosa e independiente y fortaleza para resistir los ataques de quienes desde el Estado u otros sectores pretendan controlar su línea informativa, y que debe existir una radiodifusión comunitaria que permita que sectores tradicionalmente excluidos de la sociedad se expresen libremente, por ejemplo, en sus propias lenguas. Finalmente, ha sostenido que la radiodifusión pública debe estar orientada a la difusión de contenidos de interés general, que distan mucho de los contenidos propagandísticos de algunos países que confunden lo público con lo gubernamental. Los medios públicos no son ni pueden ser medios de propaganda oficial y para ello deben estar regulados por órganos independientes del gobierno de turno y garantizar información de calidad y de interés general. Sobre todos estos temas hay informes de la Relatoría Especial y de la CIDH.

Según el artículo 3 del Código de Ética para los periodistas y profesionales de la comunicación en El Salvador, los periodistas también son responsables de promover la libertad de expresión y el derecho a la información; sin embargo, esto podría exponerlos. Según la SIP, cuatro periodistas han sido asesinados en lo que va del año. ¿Considera que los países latinoamericanos brindan las condiciones de seguridad necesarias para los periodistas?

De ninguna manera. Por un lado, el crimen organizado está creciendo a enormes velocidades y opera como una gran holding de pequeños carteles que tienen una poderosa agenda comunicativa. Estos carteles se han convertido en la amenaza más potente para la vida y la integridad personal de los periodistas de la región. Pero las cosas empeoran y mucho cuando las autoridades son débiles para enfrentar a los criminales, cuando se dejan capturar por los grupos ilegales o cuando intentan rescatar la seguridad como si se tratara de una guerra entre naciones en la que opera la mentalidad amigo-enemigo. En estas tres hipótesis la prensa no solo se encuentra completamente desprotegida, sino que en muchos casos quienes tienen que protegerla se convierten en su principal amenaza. En este sentido, el derecho internacional ha sido claro al establecer que los Estados tienen obligaciones internacionales destinadas a prevenir la violencia contra la prensa, a proteger a los periodistas en riesgo y a luchar contra la impunidad de los crímenes establecidos. Son obligaciones concretas que solo requieren un poco de voluntad política como lo han mostrado experiencias relativamente importantes como la de la Unidad de Protección en Colombia o las últimas actuaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en Guatemala contra presuntos asesinos de periodistas.

¿Existe alguna diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de prensa? ¿Cuál?

La libertad de prensa es una forma de ejercer la libertad de expresión a través de los medios de comunicación en cualquier formato o plataforma. Es tan importante la libertad de prensa que varias sentencias de la Corte Interamericana dedican una parte importante para defenderla y explicar su relevancia particular en cualquier sociedad democrática y las garantías reforzadas que, como la reserva de la fuente, son esenciales para asegurar su existencia.

En el caso de la prensa escrita, ¿cuál considera que es su relevancia?

La prensa escrita tiene importantes diferencias respecto de otros formatos.

Por una parte, los medios escritos pueden investigar de manera más profunda, con menos urgencia y menos limitaciones que las que existen en otros medios, historias de enorme relevancia pública. Estas historias, en general, al ser publicadas en este tipo de medios, permanecen en la opinión y en la agenda pública y no son arrolladas por la inmensa cantidad de información que circula a diario por otros formatos. En este sentido, en un mundo de enormes velocidades en el proceso comunicativo, la primera plana sigue siendo la primera plana.

Otra característica de la prensa escrita es que nos obliga a recorrer caminos que otros formatos nos evitan pero que son fundamentales si queremos realmente actuar como ciudadanas o ciudadanos informados. Cualquiera que quiera leer una determinada sección de un buen diario tendrá que recorrer, al menos de manera rápida, noticias fundamentales de interés general sobre economía, política, relaciones internacionales, derechos humanos, ciencia o arte. Verá que existen opiniones similares y divergentes a la suya y, por lo menos, por ese instante, entenderá que el mundo es ancho y ajeno y que solo la discusión franca de las ideas distintas nos permite saber si tenemos la razón o si debemos cambiar de opinión. Eso no pasa en otros formatos en los que la información puede ser severamente seleccionada, filtrada y compartimentalizada.

Por eso no estoy de acuerdo con quienes creen que la prensa escrita puede ser reemplazada por mensajes de 140 caracteres. Las redes sociales son revolucionarias, extraordinarias en muchos sentidos y han ampliado y democratizado de manera inconmensurable la esfera pública. Pero, en general, no pueden reemplazar ese baño obligado de ciudadanía que da recorrer un buen diario ni la información rigurosa y sosegada que es fruto de la labor seria de quien ejerce el oficio de periodista en medios profesionales e independientes. Por eso, la tensión entre la prensa escrita y el poder está siempre presente, con independencia de las ideologías. Y por eso es tan importante defenderla.