El llamado de Bukele a no comprar los periódicos que lo fiscalizan, los ataques cibernéticos y las marchas como la del miércoles son similares a las de Venezuela y Ecuador, dijo Botero.
Catalina Botero, exrelatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
19 febrero 2016 / LPG
La abogada consideró que ese hecho, la postura que al respecto ha adoptado el jefe municipal en los últimos meses y el llamado a no comprar ejemplares de ambos rotativos es un intento por silenciar a los medios de comunicación, similar a lo que ha ocurrido en países de América Latina como Venezuela y Ecuador, bajo los gobiernos de Nicolás Maduro y Rafael Correa, respectivamente.
¿Cómo analiza usted que un erigido líder de la izquierda, en este caso el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, ataque a los medios de comunicación y en especial a LA PRENSA GRÁFICA, por publicar noticias relacionadas con contrataciones de familiares en su alcaldía?
De extraordinaria gravedad. Lo único que demuestra este caso es el talante (disposición natural del ánimo o manera de ser de una persona) antidemocrático de algunos funcionarios públicos, que en lugar de hacer una defensa democrática y argumentada, haga cuestionamientos del trabajo de la prensa en el ejercicio de su función, que no es la de halagar a los funcionarios públicos, sino controlar que no haya abusos de poder. Si el alcalde considera que algo es una desinformación, tiene todo el derecho de expresarlo; pero lo que no puede hacer un funcionario es utilizar, directa o indirectamente, los privilegios, las potestades y los recursos que tiene para silenciar la labor crítica de la prensa. La prensa no puede ser silenciada por funcionarios.
Según un peritaje que consta en el caso judicial, se contrató una empresa para crear una especie de “troll center” para crear cuentas falsas y desde ahí atacar a los medios de comunicación. ¿Cómo ve esta práctica?
Hoy en día mucha gente tiene acceso a las redes sociales para acceder a la discusión pública, porque son buenas herramientas para ello, pero cuando los gobernantes utilizan ese espacio democrático para distorsionarlo y ocuparlo para desinformación, pervierten el uso de las redes sociales, distorsionan el debate público, y si lo hacen con recursos públicos, es muy grave, porque además pueden estar ocupando de manera desviada estos recursos y no solo es corrupción, sino que es una violación y una distorsión de la libertad de expresión.
¿Hay otros casos de “troll center” que usted tenga conocimiento?
Hay denuncias muy graves sobre la utilización de ese tipo de mecanismos, el caso de Ecuador es el más conocido, en donde evidentemente hay un “troll center”, en donde las investigaciones han logrado identificar que las IP de los computadores están en oficinas estatales, de propiedad o de uso de estas oficinas estatales y que utilizan la misma estrategia, de pervertir estos espacios que por excelencia son democráticos. No solo hay violación de la libertad de expresión, no solo hay corrupción, no solo hay malversación de recursos públicos o uso indebido de estos recursos, sino, además, otro tipo de delitos, como los delitos cibernéticos.
En relación con lo anterior, ¿qué es lo que debe hacer la autoridad al respecto?
A mí me parece que la Fiscalía debe estudiar esto muy seriamente. Yo creo que las autoridades tienen la obligación, no solo de empezar las investigaciones, sino de terminarlas y a definir, de conformidad con el debido proceso y con todas las garantías del debido proceso, si un funcionario público está involucrado en este tipo de hechos, y si está involucrado, pues debe sancionarlo con todo el rigor de la ley. Yo creo que las personas que apoyan a estos funcionarios públicos, que en algunos países son de izquierda, en otros países son de derecha y en otros son de centro, no importando la ideología que tengan o que persigan, estas personas tienen que saber que apoyar este tipo de comportamientos va en contra del proceso democrático de un país y va en contra de la libertad de prensa y de información.
La Fiscalía capturó a cuatro personas esta semana y está buscando a una más que es prófuga de la justicia. Ahora que la Fiscalía ha actuado, el alcalde señala que el fiscal está sirviendo a los medios. ¿Qué le parece esto?
Yo lo que creo es que la Fiscalía debe trabajar de una manera transparente, para que la gente pueda tener confianza de que lo que hace está fundado en el debido proceso y sobre todo que actúe sin temor. Es normal que los funcionarios públicos que están siendo cuestionados digan que es una persecución política, porque efectivamente en muchos de nuestros países han existido persecuciones políticas. La única manera de que esto se resuelva bien es que la Fiscalía haga una investigación seria, sin temor a lo que estos funcionarios públicos puedan hacer o dejar de hacer, porque al final del camino, al fiscal, a los fiscales y a las personas del ministerio público que están trabajando en esto, la sociedad les va a recompensar el trabajo que han hecho.
Sabemos que el alcalde está presionando a otros medios para que no publiquen este tipo de cosas. ¿Cree usted que el tema de la pauta publicitaria estaría siendo usado en este caso?
Cuando los funcionarios públicos tienen el talante antidemocrático, que no es que se defienda, sino que critican la labor de la prensa y tienden a deslegitimar toda la labor del periodismo, que tienden a estigmatizar a los medios de comunicación; esos casos, cuando los funcionarios tienen ese talante, suelen utilizar todos los mecanismos que tienen a su disposición para silenciar a los medios críticos. No me extrañaría que utilizara mecanismos como la publicidad oficial para ello. Los funcionarios no pueden premiar o castigar a los medios de comunicación con la publicidad oficial, en virtud de su línea editorial.
¿Qué se debe hacer en estos casos?
Si se está utilizando la publicidad oficial para premio o castigo o si se está presionando a los anunciantes privados para no anunciarse en los medios de comunicación, que es otra cosa que suele pasar, que administran la publicidad con criterios políticos, pero también se presiona a los anunciantes privados y se les dice que se les va a castigar o que se les va a mandar auditoría; estos casos los documentamos mucho para poder presentarlos ante un juez, como pasó en Argentina.
¿Qué es lo que sucedió en Argentina?
Con el anterior gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, cuyos ministros solían hacer este tipo de cosas, se documentó el caso; porque en casos como este que hay violación de la libertad de expresión hay que documentarlos y llevarlos ante los jueces, porque los jueces en Argentina condenaron al Gobierno por hacer eso. Yo creo que los medios, sean de izquierda o de derecha, los medios en general, deben resistir ese tipo de presión, porque tienen que saber que hay garantías que tarde o temprano llegan. Los funcionarios públicos no son dueños de los recursos ni del poder que ellos quieran ejercer como lo quieran ejercer.
Ayer (el miércoles) se concretó una manifestación que el alcalde había convocado para concentrarse frente a la Fiscalía y aprovechó para vestir una camiseta con una leyenda que instaba a no comprar los periódicos que le habían criticado. ¿Qué piensa de esto?
Es el típico comportamiento de Rafael Correa en Ecuador, es un comportamiento típico de un líder antidemocrático. Él no puede pedir que no compren los medios, la obligación de un funcionario, sea de izquierda o de derecha, no es la de desvirtuar las investigaciones que se hacen en su contra. Si él tiene razón y los argumentos suficientes, no tiene por qué llamar a nadie. Lo dicho es exactamente el comportamiento de Rafael Correa, un comportamiento que está llevando a que Ecuador sea considerado en este momento como uno de los países más autoritarios que hay en la región; así lo han dicho claramente los distintos órganos de protección de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales de protección de derechos humanos.
En esa marcha estuvo el primer designado a la presidencia que es del partido FMLN, el partido político que llevó al poder al alcalde Nayib Bukele, y también se vio a otros funcionarios de Gobierno. ¿Esto también suele suceder en otros países de América Latina?
No, en América Latina no; eso suele suceder con frecuencia en Venezuela y en Ecuador, pero eso no sucede en otros países. Eso no sucede en Chile, eso no sucede en Brasil, eso no sucede nunca en Uruguay, que es un país de izquierda, por ejemplo. En Uruguay hay un gobierno de izquierda establecido en donde eso no pasaría nunca. Si hay una acusación contra un funcionario, el funcionario se defiende. Por eso es muy importante y que quede claro que esto no es un tema de derecha o de izquierda, de un gobierno o de la oposición, es un tema de quienes le apuestan a la democracia o no. Eso no pasaría nunca en la mayoría de países de la región, a excepción de Venezuela y Ecuador.
¿Qué puede generar o qué podría producirse que se quiera silenciar a la prensa?
El resultado de haber sofocado a la prensa lo estamos viendo en Venezuela. Ahí se acabaron los controles que hacía la prensa y la corrupción se tragó una bonanza que debería tener a los venezolanos en estos momentos con las más altas condiciones de vida y que los ha sumido en altos niveles de pobreza, tal vez lo más altos que puedan haber en la región y todo eso comenzó cuando comenzaron a sofocar a la prensa con controles, y sin estos la corrupción se tragó a ese país. Hoy en Venezuela la pobreza es inadmisible.
Cuando usted estuvo en El Salvador el año pasado dijo que los funcionarios corruptos temen a las primeras planas. ¿Eso sigue vigente para El Salvador hoy en día?
Sigue vigente en su país y en cualquier país del mundo. A lo que más le temen los funcionarios inescrupulosos es la prensa y por eso la silencian y a lo segundo que le temen son las investigaciones judiciales imparciales. Una prensa seria, inteligente, que haga las investigaciones que tiene que hacer y con un buen juicio independiente, es el terror de los funcionarios públicos, por eso lo primero que hacen en cualquier país, con cualquier ideología, es intentar silenciar a la prensa.
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