Ecuador

Assange y la libertad de prensa. De Cristina López

15 abril 2019 / EL DIARIO DE HOY

No me simpatiza Julian Assange. No sé si es por su actitud de patán petulante, o por los repetidos rumores reportados en varios medios de comunicación de que el Gobierno del Ecuador tuvo que enviarle repetidas peticiones escritas de que por favor cumpliera con un mínimo de hábitos higiénicos mientras se encontraba refugiado en la embajada de dicho país en Londres. No sé si son las cifras (cerca de 6 millones de dólares) que según el Ecuador le costó al gobierno tenerlo de mal agradecido huésped por obra y gracia de los caprichos de Rafael Correa. O será el aspecto pálido y grasiento, de estatua de cera a dos pelos de derretirse por completo. O quizás el hecho de que se escurrió de ser llevado a la justicia en Suecia por las acusaciones de abuso sexual en su contra. Quizá sea una combinación de todo.

Y a pesar de mi desdén contra el tipo y de lo incómodo que se siente escribir en su defensa, en nombre de la libertad, del acceso a la información y de la rendición de cuentas, espero que no sea castigado por haber expuesto secretos gubernamentales. Por el momento, la justicia estadounidense está luchando a brazo partido porque se logre una extradición rápida, para poder procesarlo por su participación en publicar información gubernamental secreta. Se le acusa específicamente de violentar una ley contra el Abuso y Fraude Computacional y de haber conspirado con una ex-analista de inteligencia militar, ayudándole a violentar una contraseña del Departamento de Defensa estadounidense, clasificada como confidencial.

Quienes quieren procesarlo consideran que a Assange no le protege la libertad de prensa, pues en teoría no era periodista. Se consideraba a sí mismo un “hacktivista”, la combinación de un hacker y un activista. Quienes quieren que los secretos del gobierno permanezcan herméticos y libres de que una ciudadanía crítica exija rendición de cuentas, consideran que al hackear esa contraseña Assange abandonó la zona de la libertad de expresión, entrando en la de pura criminalidad.

Y, sin embargo, como dijo la columnista del Washington Post Margaret Sullivan, a Assange se le está acusando con términos que hacen parecer mucho de lo que hacen los mejores periodistas del mundo como conspiración criminal. Es perfectamente normal (y de hecho, éticamente correcto) que los periodistas tengan interés en ocultar sus fuentes y protegerlas con anonimato, sobre todo cuando divulgar la información que han hecho del conocimiento del periodista podría acarrearles consecuencias negativas. No es extraño que el gobierno estadounidense esté empeñado en procesar a Assange: juega a su favor que sea un personaje tan impopular, puesto que como dijo el director de la Fundación para la Libertad de Prensa Trevor Timm, “cuando los gobiernos tratan de restringir el acceso a la prensa, de la manera que sea, la inclinación no es ir tras la persona más popular”,

La intención de la justicia estadounidense es clara. Están buscando desincentivar a los futuros Assanges de publicar información auténtica que el gobierno quiere mantener en secreto. La historia ha enseñado la corrupción que se destapa cuando se publica la información que los gobiernos no quieren que veamos. Desde los archivos del Pentágono que revelaron la corrupción detrás de la guerra de Vietnam hasta el escándalo de Watergate que le costó la presidencia a Nixon, varios episodios históricos demuestran que en situaciones de secretismo, la luz y transparencia es el mejor desinfectante. Para evitar crear un precedente en el que se lo que se criminaliza es incomodar al gobierno, lo mejor sería que no procesaran a Assange.

@crislopezg

Las cicatrices del “Correísmo”. De Luis Mario Rodríguez

Recuperar la institucionalidad y ordenar el funcionamiento del Estado después de una década de desarreglos democráticos es muy complicado. Esa es precisamente la tarea de los ecuatorianos en este momento.

28 marzo 2019 / EL DIARIO DE HOY

El Siglo XXI está siendo testigo de peligrosas embestidas a los sistemas políticos. Se han promovido nuevas constituciones, reformas a las vigentes y recursos ante los máximos tribunales de justicia para interpretar la ley fundamental al antojo de los presidentes de turno. La finalidad, en casi todos los casos, fue la de allanar la reelección presidencial indefinida, el uso de las consultas populares como forma de evadir a los partidos representados en los congresos, la toma de las instituciones de control político y el debilitamiento del sistema de partidos.

La trama también incluye a los sistemas electorales. Con el propósito de hacerse con el poder, algunos mandatarios han promovido cambios a su conveniencia. En Nicaragua se fijó en 35% el porcentaje de votos para ganar la presidencia siempre y cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar fuera mayor a cinco puntos. Luego se eliminó este último requisito.

Para habilitar la figura de la reelección, Ortega dispuso que la Corte Suprema de Justicia —lacayos del régimen— se pronunciara a favor de esa petición. En Honduras y Bolivia se recurrió a la misma estrategia. Juan Orlando Hernández fue habilitado como candidato y continúa al frente del Ejecutivo. Evo Morales, después de perder el referéndum para la reelección presidencial, obtuvo el favor del Tribunal Constitucional Plurinacional, servil a sus intereses, y ahora busca el tercer período que lo mantendría en el puesto hasta el 2025.

La otra maniobra ha consistido en manipular los organismos electorales. Esta táctica les permite a los autoritarios manosear la inscripción de las candidaturas, viciar el trazo de las circunscripciones electorales y el número de cargos que se disputarán en cada una de ellas, denegar la presencia de observadores internacionales, omitir la investigación cuando hay incumplimientos de la normativa electoral y desistir de la imposición de sanciones cuando los infractores son los que compiten con la bandera del partido oficial.

Los impulsores de estas medidas han obtenido sus cargos por el voto popular. De hecho se quedan en las sillas presidenciales por el respaldo de sus seguidores en las urnas. Sin embargo, compiten en elecciones donde la equidad está alterada, en las que el ventajismo oficial les facilita el camino, donde los tribunales electorales no son imparciales y en los que las condiciones están dadas para que su partido gane.

Luego vienen las limitaciones a los derechos fundamentales. Se restringe la libertad de expresión, se acosa a los medios y a los periodistas, se intimida a los opositores, en algunos lugares se les encarcela, se utiliza a la autoridad pública para reprimir, se tuerce la justicia, se persigue a los líderes gremiales, del sector privado y de los sindicatos, y se hace todo por desgastar a los partidos políticos mientras que se ensalza a los movimientos populares que terminan siendo grupos de fachada al servicio del oficialismo.

Recuperar la institucionalidad y ordenar el funcionamiento del Estado después de una década de desarreglos democráticos es muy complicado. Esa es precisamente la tarea de los ecuatorianos en este momento. El pasado 24 de marzo Ecuador celebró las primeras elecciones seccionales (prefectos, alcaldes, concejos urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales) después de diez años de gobierno de Rafael Correa. En 2017, Lenin Moreno, actual gobernante, ahora enemigo acérrimo del expresidente Correa, terminó con una etapa que aflojó por completo los cimientos del republicanismo.

Una de las manifestaciones de ese decaimiento institucional fue la creación, en 2008, del “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social” (CPCCS) que tiene a su cargo la organización de los procesos para el nombramiento de los titulares de la Fiscalía General, el Consejo Nacional Electoral, el Contralor General del Estado y el Tribunal Contencioso Electoral. También nombra al Defensor del Pueblo. El Consejo es una “supraautoridad” que mal utilizada sirve para secuestrar al Estado; ese fue el uso que le dio Correa. En 2018 los ecuatorianos decidieron destituir a los integrantes del CPCCS, nombrar autoridades provisionales y elegir a los nuevos consejeros por votación popular. Esta elección también tuvo lugar el domingo alrededor de una campaña de voto nulo.

Las cicatrices del “Correísmo” están profundamente arraigadas en los ecuatorianos. Debieron lidiar diez años con la censura, con el odio de clases y con la desinstitucionalización para comenzar a restablecer su confianza en el Estado de Derecho. Correa sigue vivo políticamente —su movimiento ganó consejerías en las elecciones del domingo— pero los ciudadanos ahora son menos influenciables y más sensibles para rechazar los discursos populistas.

Carta al FMLN: Están quedando solos, camaradas. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 27 septiembre 2016 / EDH

Estimados amigos militantes del Frente:
No sé hasta cuándo lo pueden negar sus dirigentes, pero ustedes se están quedando solos en el mundo. Sus principales aliados, ídolos ideológicos y financistas están en serios problemas o agarran otros caminos. Están demasiado ocupados para sobrevivir (algunos para no ir a la cárcel o para tener que buscar ‘asilo político, como lo hizo su primer presidente, Mauricio Funes de ingrata recordación), para poderles ayudar con dinero, apoyo político y fuerza ideológica.

diario hoyEn Brasil, Dilma Rousseff y el PT están fuera del poder, por manejar mal la misma crisis fiscal que ustedes también están enfrontando sin saber cómo solucionarla. Y Lula está enfrentando juicios de corrupción que lo pueden llevar a la cárcel, pero seguramente liquidarán su capital político como líder creíble de la izquierda. Lo ismo está pasando a su gran amiga Cristina Kirchner en Argentina, quien luego de haber perdido las elecciones está siendo abandonada por su propio partido en la lucha que le tocará ante la justicia.

En Nicaragua, Daniel Ortega dio un paso falso hacía el desmontaje de la democracia, y ahora enfrenta un boicot financiera por parte de Estados Unidos y los organismos internacionales, precisamente cuando el presidente Sánchez Cerén está pidiendo ayuda en Washington para salvar su gobierno.

En Cuba, el papa emérito de la izquierda latinoamericano Fidel sigue hablando de revolución y solidaridad, mientras su hermano Raul está haciendo las paces con Estados Unidos y abre el camino para una transición al capitalismo.

En Venezuela, el chavismo (el ‘faro’, que durante años ha iluminado y financiado al FMLN) enfrenta ahora ya no un movimiento opositor, sino a una movilización popular contra la miseria, la corrupción y la ruptura de la Constitución. El régimen fundado por Hugo Chávez, quien siempre supo movilizar a los pobres resentidos de su país para dar sostén a su ‘revolución bolivariana’, hoy se topa con la ira de los barrios, que siempre han sido baluartes chavistas impenetrables para la oposición.

Y la situación económica, que los chavistas han provocado en Venezuela, es tan dramática que incluso el actual gobierno de Maduro tuvo que cerrar el chorro de dólares y petróleo barato, que Chávez abrió para apoyar a los partidos alienados al ALBA y así convertir a Venezuela en una potencia regional. Siguen sosteniendo (transitoriamente y de manera reducida) la economía de Cuba, pero para poder hacerlo han tenido que sacrificar a sus ‘amigos’ en Bolivia, Ecuador, Nicaragua… y El Salvador.

Les quedan a ustedes sus fieles ‘aliados’ Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, ¿pero qué apoyos pueden esperar de ellos, a parte de sermones del ‘buen vivir’? Nada, porque con los cambios en Argentina, Brasil, Venezuela y Cuba ellos han quedado igual de abandonados y huérfanos que ustedes mismos.

Triste panorama para un partido que a la mitad de su segundo gobierno está agotado de soluciones, incluso de discursos, condenado a administrar por dos años y medio la crisis de seguridad y el descalabro fiscal, teniendo que pedir cacao a la oposición, a la empresa privada, al Fondo Monetario Internacional (el símbolo de imperialismo y neoliberalismo en su discurso ideológico de décadas) y a Washington…

Sus dirigentes ni siquiera siguen siendo dueños del imperio ALBA, que José Luis ‘Ramiro’ Merino ha construido con los petrodólares venezolanos. De este imperio quedará una cadena de gasolineras adornadas por la estrella del Frente, pero propiedad de los venezolanos, quienes necesitan recuperar algo de sus inversiones en El Salvador. Y el comandante ‘Ramiro’, durante años el paymaster y hombre fuerte del FMLN, ha desaparecido de la escena pública, seguramente para planear su defensa (o su asilo) para el momento que al fin le alcancen los casos de corrupción que ventila la fiscalía.

Se acabó la fiesta, camaradas. O regresan a la realidad y negocien con la oposición una transición que les puede asegurar un futuro como oposición consolidada, o se hunden como sus falsos a amigos del Sur.

Piénsenlo, amigos en el Frente, comiencen a movilizar energía renovadora, antes de que sea tarde. Tal vez haya futuro para una izquierda salvadoreña que se libere del autoritarismo. Muchos estaríamos dispuestos a ayudarles. Saludos,

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“Aquí nadie grita o lo mando preso…” De Mario González

Mario González, editor subjefe de El Diario de Hoy

Mario González, editor subjefe de El Diario de Hoy

Mario González, 1 mayo 2016 / EDH

“Déjame hablar… a ver, señores, estamos en emergencia nacional, aquí nadie me pierde la calma, nadie grita o lo mando detenido sea joven, viejo, o mujer, nadie me empieza a llorar o quejarse por cuestiones que falten, a no ser por seres queridos que hayan muerto…”.

Esas no son las palabras de un prepotente coronel de ejército o de un dictador de derechas latinoamericano, sino de uno de los máximos exponentes del “socialismo del siglo XXI”, de la “causa revolucionaria y progresista” y de la “solidaridad” de los pueblos.

El diario El Comercio informa que así sentenció el presidente de Ecuador, Rafael Correa, a un grupo de personas que empezó a exigirle una mejor respuesta a sus necesidades en Muisne, en la provincia de Esmeralda, en la zona afectada por el potente sismo que dejó más de 600 muertos.

diario hoyPresionado por la ola de críticas que le vino encima, según el mismo periódico, Correa asumió una posición de inocente después y argumentó que “por hacerme mal, hay un video dizque ordenando a los pobres damnificados que se callen o los detengo. Y cortan el video porque después la gente aplaude…”. Pero lo dicho, dicho está.

¡Qué tremendo que a un pueblo conmocionado se le niegue su derecho a expresarse libremente!

¿Por qué tener que recurrir a una amenaza de ese tipo, sobre todo con gente golpeada por la catástrofe? ¿Esa es la solidaridad revolucionaria con los más necesitados o los que sufren? ¿Y no es contra esa prepotencia que tanto decían luchar?

Porque si es así, no hay ninguna diferencia con los regímenes militares que las izquierdas tanto denunciaron y combatieron.

Solo así se explica la detención infundada del venezolano Leopoldo López por lo que a todas luces es un capricho de Maduro, quien ha evitado por todos los medios que él y otros prisioneros políticos puedan salir en libertad.

Cuando un gobernante tiene que recurrir a la amenaza de cárcel para intimidar a sus oponentes o a los pueblos, esos países han caído en la dictadura.

Tanto que criticaron a los militares latinoamericanos, para que ahora la esposa y la madre de Maduro denuncien que los militares venezolanos las obligan a desnudarse frente a ellos para permitirles entrar a ver a López.

Pero ellos siguen considerándose “revolucionarios” y “progresistas”, cuando son todo lo contrario. Pero ya nadie les cree esa retórica vacía, que solo ocupan para adormecer a los pueblos.

¿Qué no se dan cuenta de que el péndulo de la historia está yendo en sentido contrario y que pronto tendrán que rendir cuenta de sus actos y pagar ante la justicia por todos los atropellos que han cometido, como hace casi una década les advirtió el cardenal Rodríguez Maradiaga?

Cuando eso ocurra no valdrá que lloren o se rasguen las vestiduras denunciando “golpes de Estado” que solo están en sus cabezas, como quienes recurren a los más sucios métodos cuando tienen la ventaja, pero tiemblan cuando no les funcionan y se sienten perdidos. El péndulo de la historia debe estremecer a los autoritarios y corruptos, sean de izquierda o derecha.

Lo primero que los políticos deben hacer es reflexionar que en el momento todo les es favorable, pero el peso de sus malos actos los hundirá, no ahora ni dentro de dos o tres años, pero sí que ese día llegará con toda seguridad. Igual deben hacer los funcionarios: están de paso en sus cargos y un día tendrán que dar cuenta civil o penalmente de sus malos actos. Ya no es el tiempo de antes en que salían del poder como si nada, ayudados por la corta memoria de los pueblos.

Ahora hay instituciones que se están modernizando irreversiblemente y los políticos y funcionarios tendrán que responder ante ellas tarde o temprano, ya sea por el oscuro negocio de un sistema de transporte, por no cumplir sentencias de los tribunales, por aprovecharse del cargo para favorecer a corruptos o por cargarse los ahorros de los trabajadores.

Cada vez la impunidad tiene menos cabida en nuestros países y no es remoto que veamos tras rejas a quienes amenazan con ellas ahora.

Catalina Botero compara acciones de Bukele con Correa en Ecuador

El llamado de Bukele a no comprar los periódicos que lo fiscalizan, los ataques cibernéticos y las marchas como la del miércoles son similares a las de Venezuela y Ecuador, dijo Botero.

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Catalina Botero, exrelatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

19 febrero 2016 / LPG

La exrelatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y galardonada el año pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Catalina Botero Marino conversó ayer con LA PRENSA GRÁFICA desde su natal Colombia, sobre el fraude informático del que este periódico, junto con El Diario de Hoy, ha sido víctima, en una red liderada por el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele.

La abogada consideró que ese hecho, la postura que al respecto ha adoptado el jefe municipal en los últimos meses y el llamado a no comprar ejemplares de ambos rotativos es un intento por silenciar a los medios de comunicación, similar a lo que ha ocurrido en países de América Latina como Venezuela y Ecuador, bajo los gobiernos de Nicolás Maduro y Rafael Correa, respectivamente.

¿Cómo analiza usted que un erigido líder de la izquierda, en este caso el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, ataque a los medios de comunicación y en especial a LA PRENSA GRÁFICA, por publicar noticias relacionadas con contrataciones de familiares en su alcaldía?

De extraordinaria gravedad. Lo único que demuestra este caso es el talante (disposición natural del ánimo o manera de ser de una persona) antidemocrático de algunos funcionarios públicos, que en lugar de hacer una defensa democrática y argumentada, haga cuestionamientos del trabajo de la prensa en el ejercicio de su función, que no es la de halagar a los funcionarios públicos, sino controlar que no haya abusos de poder. Si el alcalde considera que algo es una desinformación, tiene todo el derecho de expresarlo; pero lo que no puede hacer un funcionario es utilizar, directa o indirectamente, los privilegios, las potestades y los recursos que tiene para silenciar la labor crítica de la prensa. La prensa no puede ser silenciada por funcionarios.

Según un peritaje que consta en el caso judicial, se contrató una empresa para crear una especie de “troll center” para crear cuentas falsas y desde ahí atacar a los medios de comunicación. ¿Cómo ve esta práctica?

Hoy en día mucha gente tiene acceso a las redes sociales para acceder a la discusión pública, porque son buenas herramientas para ello, pero cuando los gobernantes utilizan ese espacio democrático para distorsionarlo y ocuparlo para desinformación, pervierten el uso de las redes sociales, distorsionan el debate público, y si lo hacen con recursos públicos, es muy grave, porque además pueden estar ocupando de manera desviada estos recursos y no solo es corrupción, sino que es una violación y una distorsión de la libertad de expresión.

¿Hay otros casos de “troll center” que usted tenga conocimiento?

Hay denuncias muy graves sobre la utilización de ese tipo de mecanismos, el caso de Ecuador es el más conocido, en donde evidentemente hay un “troll center”, en donde las investigaciones han logrado identificar que las IP de los computadores están en oficinas estatales, de propiedad o de uso de estas oficinas estatales y que utilizan la misma estrategia, de pervertir estos espacios que por excelencia son democráticos. No solo hay violación de la libertad de expresión, no solo hay corrupción, no solo hay malversación de recursos públicos o uso indebido de estos recursos, sino, además, otro tipo de delitos, como los delitos cibernéticos.

En relación con lo anterior, ¿qué es lo que debe hacer la autoridad al respecto?

A mí me parece que la Fiscalía debe estudiar esto muy seriamente. Yo creo que las autoridades tienen la obligación, no solo de empezar las investigaciones, sino de terminarlas y a definir, de conformidad con el debido proceso y con todas las garantías del debido proceso, si un funcionario público está involucrado en este tipo de hechos, y si está involucrado, pues debe sancionarlo con todo el rigor de la ley. Yo creo que las personas que apoyan a estos funcionarios públicos, que en algunos países son de izquierda, en otros países son de derecha y en otros son de centro, no importando la ideología que tengan o que persigan, estas personas tienen que saber que apoyar este tipo de comportamientos va en contra del proceso democrático de un país y va en contra de la libertad de prensa y de información.

La Fiscalía capturó a cuatro personas esta semana y está buscando a una más que es prófuga de la justicia. Ahora que la Fiscalía ha actuado, el alcalde señala que el fiscal está sirviendo a los medios. ¿Qué le parece esto?

Yo lo que creo es que la Fiscalía debe trabajar de una manera transparente, para que la gente pueda tener confianza de que lo que hace está fundado en el debido proceso y sobre todo que actúe sin temor. Es normal que los funcionarios públicos que están siendo cuestionados digan que es una persecución política, porque efectivamente en muchos de nuestros países han existido persecuciones políticas. La única manera de que esto se resuelva bien es que la Fiscalía haga una investigación seria, sin temor a lo que estos funcionarios públicos puedan hacer o dejar de hacer, porque al final del camino, al fiscal, a los fiscales y a las personas del ministerio público que están trabajando en esto, la sociedad les va a recompensar el trabajo que han hecho.

Sabemos que el alcalde está presionando a otros medios para que no publiquen este tipo de cosas. ¿Cree usted que el tema de la pauta publicitaria estaría siendo usado en este caso?

Cuando los funcionarios públicos tienen el talante antidemocrático, que no es que se defienda, sino que critican la labor de la prensa y tienden a deslegitimar toda la labor del periodismo, que tienden a estigmatizar a los medios de comunicación; esos casos, cuando los funcionarios tienen ese talante, suelen utilizar todos los mecanismos que tienen a su disposición para silenciar a los medios críticos. No me extrañaría que utilizara mecanismos como la publicidad oficial para ello. Los funcionarios no pueden premiar o castigar a los medios de comunicación con la publicidad oficial, en virtud de su línea editorial.

¿Qué se debe hacer en estos casos?

Si se está utilizando la publicidad oficial para premio o castigo o si se está presionando a los anunciantes privados para no anunciarse en los medios de comunicación, que es otra cosa que suele pasar, que administran la publicidad con criterios políticos, pero también se presiona a los anunciantes privados y se les dice que se les va a castigar o que se les va a mandar auditoría; estos casos los documentamos mucho para poder presentarlos ante un juez, como pasó en Argentina.

¿Qué es lo que sucedió en Argentina?

Con el anterior gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, cuyos ministros solían hacer este tipo de cosas, se documentó el caso; porque en casos como este que hay violación de la libertad de expresión hay que documentarlos y llevarlos ante los jueces, porque los jueces en Argentina condenaron al Gobierno por hacer eso. Yo creo que los medios, sean de izquierda o de derecha, los medios en general, deben resistir ese tipo de presión, porque tienen que saber que hay garantías que tarde o temprano llegan. Los funcionarios públicos no son dueños de los recursos ni del poder que ellos quieran ejercer como lo quieran ejercer.

Ayer (el miércoles) se concretó una manifestación que el alcalde había convocado para concentrarse frente a la Fiscalía y aprovechó para vestir una camiseta con una leyenda que instaba a no comprar los periódicos que le habían criticado. ¿Qué piensa de esto?

Es el típico comportamiento de Rafael Correa en Ecuador, es un comportamiento típico de un líder antidemocrático. Él no puede pedir que no compren los medios, la obligación de un funcionario, sea de izquierda o de derecha, no es la de desvirtuar las investigaciones que se hacen en su contra. Si él tiene razón y los argumentos suficientes, no tiene por qué llamar a nadie. Lo dicho es exactamente el comportamiento de Rafael Correa, un comportamiento que está llevando a que Ecuador sea considerado en este momento como uno de los países más autoritarios que hay en la región; así lo han dicho claramente los distintos órganos de protección de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales de protección de derechos humanos.

En esa marcha estuvo el primer designado a la presidencia que es del partido FMLN, el partido político que llevó al poder al alcalde Nayib Bukele, y también se vio a otros funcionarios de Gobierno. ¿Esto también suele suceder en otros países de América Latina?

No, en América Latina no; eso suele suceder con frecuencia en Venezuela y en Ecuador, pero eso no sucede en otros países. Eso no sucede en Chile, eso no sucede en Brasil, eso no sucede nunca en Uruguay, que es un país de izquierda, por ejemplo. En Uruguay hay un gobierno de izquierda establecido en donde eso no pasaría nunca. Si hay una acusación contra un funcionario, el funcionario se defiende. Por eso es muy importante y que quede claro que esto no es un tema de derecha o de izquierda, de un gobierno o de la oposición, es un tema de quienes le apuestan a la democracia o no. Eso no pasaría nunca en la mayoría de países de la región, a excepción de Venezuela y Ecuador.

¿Qué puede generar o qué podría producirse que se quiera silenciar a la prensa?

El resultado de haber sofocado a la prensa lo estamos viendo en Venezuela. Ahí se acabaron los controles que hacía la prensa y la corrupción se tragó una bonanza que debería tener a los venezolanos en estos momentos con las más altas condiciones de vida y que los ha sumido en altos niveles de pobreza, tal vez lo más altos que puedan haber en la región y todo eso comenzó cuando comenzaron a sofocar a la prensa con controles, y sin estos la corrupción se tragó a ese país. Hoy en Venezuela la pobreza es inadmisible.

Cuando usted estuvo en El Salvador el año pasado dijo que los funcionarios corruptos temen a las primeras planas. ¿Eso sigue vigente para El Salvador hoy en día?

Sigue vigente en su país y en cualquier país del mundo. A lo que más le temen los funcionarios inescrupulosos es la prensa y por eso la silencian y a lo segundo que le temen son las investigaciones judiciales imparciales. Una prensa seria, inteligente, que haga las investigaciones que tiene que hacer y con un buen juicio independiente, es el terror de los funcionarios públicos, por eso lo primero que hacen en cualquier país, con cualquier ideología, es intentar silenciar a la prensa.

No pueden multiplicar los panes. De Gabriela Calderón

Gabriela Calderón, ecuatoriana

Gabriela Calderón, columnista ecuatoriana y analista en el Cato Institute

Gabriela Calderón, 15 enero 2016 / EL UNIVERSO

Contrario a lo que suelen hacernos creer quienes gobiernan, no todo se puede, ni siquiera en la política. Los empleos no se crean por decreto, ni los salarios aumentan con la voluntad política expresada en el sueldo mínimo. Tampoco se esfuma el déficit público simplemente con desearlo y sin incomodidades. La escasez es una realidad de la vida, y a veces los últimos en aceptarla son los políticos.

Considere el caso de Grecia. Alexis Tsipras llegó al poder prometiéndolo casi todo. A casi un año luego de haber llegado al poder le ha tocado comerse sus palabras e implementar grandes tijeretazos, incluso un recorte de hasta el 35% a las pensiones públicas. Cuando el dinero se acaba, eso de “si queremos, podemos” no se da. Y por intentar lo imposible no solo que terminó haciendo precisamente lo contrario de lo que pretendía –recortar pensiones y gasto público–, sino que de paso quebró al sistema bancario del país. Nótese que los griegos en ningún momento perdieron confianza en el euro y por eso esa economía sigue estando “euroizada”. De hecho, para septiembre de 2015 y según una encuesta realizada por GPO, el 76% de los griegos manifestó su deseo de mantener el euro.

El premio nobel de economía James Buchanan y Richard Wagner sostenían:

“Una nación no puede sobrevivir con instituciones políticas que no reconocen frontalmente el hecho esencial de la escasez. Es simplemente imposible prometerle más a una persona sin reducir aquello que se les ha prometido a otros. Y no es posible Screen Shot 2016-01-15 at 11.41.32 AMaumentar el consumo hoy, al menos sin aumentar el ahorro, sin tener menos consumo mañana. La escasez es realmente una realidad de la vida, y las instituciones políticas que no confrontan este hecho amenazan la existencia de una sociedad próspera y libre”.

Es preocupante que nuestro gobierno se niegue a enfrentar la realidad de la escasez. La verdadera raíz de nuestra recesión –que según las últimas proyecciones del Banco Mundial podría implicar al menos cuatro años perdidos en cuanto a crecimiento económico (2015-2018)– es una clase política que se comporta como una familia irresponsable que gasta más de lo que le ingresa.

Su negación a aceptar la escasez ha llevado al Gobierno a cumplir con sus obligaciones de formas cuestionables. Desde la emisión de Títulos del Banco Central (TBC) –cuya frecuencia de emisión y maduración parece estar en aumento– hasta el uso de dineros de la Reserva Internacional (RI) que no le pertenecen ni al Gobierno central ni al Banco Central del Ecuador (BCE). Esto pone en riesgo no a la dolarización, pero sí la liquidez del sistema financiero, que como cualquier sistema financiero de encaje fraccional (dolarizado o no), necesita que sus reservas bancarias estén líquidas para atender a sus depositantes. La creatividad del Gobierno podría resumirse en trasladar el riesgo de las finanzas públicas al sistema financiero del país.

Este apetito voraz del fisco no se controla con moneda propia, ni empezando a circular otros medios de pago, ni con salvaguardias o con un timbre cambiario. Esas medidas solo sirven para posponer los ajustes que tarde o temprano igual llegarán. Insistir en eso servirá para profundizar la recesión, algo que les podría pasar factura en las elecciones. (O)

La conversación que incomoda al Señor Embajador. De César Ricaurte

El cierre de Fundamedios es una grave violación a los Derechos Humanos.

César Ricaurte es Director Ejecutivo de Fundamedios.

César Ricaurte es Director Ejecutivo de Fundamedios.

César Ricaurte, 24 sept. 2015 / EL PAIS

Fiel al estilo del Presidente Correa de rebatir cualquier verdad inconveniente que publique la prensa sobre las violaciones a Derechos Humanos en el Ecuador, el Embajador Miguel Calahorrano ha contestado a los artículos de este diario dónde se informa del abusivo cierre de la organización Fundamedios que monitorea, defiende y promueve la libertad de expresión en el Ecuador.

El objetivo del representante del Gobierno ecuatoriano es claro: confundir a la opinión pública española y cambiar de conversación: el cierre de Fundamedios ya no se trata de una gravísima violación a los derechos humanos, sino un acto legítimo del Gobierno en contra de una oscura organización de la sociedad civil que incumple sus estatutos y las leyes.

La realidad suele ser porfiada y se desliza por todos los costados aunque se intente detenerla con un par de cuartillas. El cierre de una organización defensora de un derecho fundamental como la libertad de expresión no es un hecho que se produzca habitualmente en una democracia. Todo lo contrario, algo así no se ha dado ni siquiera en países con situaciones tan deterioradas como Venezuela.

Por ello cinco relatores de sistemas internacionales de derechos humanos se pronunciaron de forma contundente al expresar “grave preocupación por las recientes medidas del Gobierno de Ecuador para disolver Fundamedios, una destacada organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de la libertad de expresión y libertad de medios en ese país.” El grupo de expertos, tres de Naciones Unidas y dos de la OEA, abundan: “La disolución forzada de una asociación es una medida verdaderamente extrema que tan solo se puede justificar en los casos más excepcionales, bajo estricto cumplimiento con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de estar vinculada al alcance de fines imperativos en una sociedad democrática”. Concluyen: “Sería de especial preocupación que el Estado adoptara cualquier resolución en este caso en violación de los estándares internacionales de derechos humanos. De hecho, es la acción del gobierno la que tiene los ‘tintes políticos’ más fuertes”, subrayo el grupo, e indicó que “la razón fundamental citada para la disolución de Fundamedios podría ser utilizada para obstaculizar el ejercicio legítimo de la libertad de asociación”.

Cabe recordar quienes son los relatores que firman el comunicado emitido el pasado jueves Maina Kiai, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; David Kaye, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos; José de Jesús Orozco Henríquez, Relator de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH; y Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Este comunicado histórico, pues es la primera vez que cinco relatores se pronuncian con tal contundencia sobre un caso, nos sitúa en la verdadera conversación, la misma que el Gobierno ecuatoriano no quiere tener: el cierre de Fundamedios es una grave violación a Derechos Humanos fundamentales. En ese contexto, las afirmaciones del Embajador sobre nuestro trabajo son insostenibles y se constituyen como otro ladrillo más en el muro que el Gobierno ecuatoriano pretende construir alrededor de quienes discrepamos con algunas de sus políticas.

Solo basta ver el expediente que abrió la SECOM en nuestra contra. Se nos acusa de realizar “actividades políticas”. ¿Cuáles son estas?: 1. Nos negamos a dejar de emitir alertas sobre las violaciones a la libertad de expresión en el Ecuador. 2. La actividad en nuestras redes sociales, especialmente por la difusión de análisis político, monitoreo de medios con noticias de medios locales sobre las marchas de protesta social, entre muchas otras, menciones de terceros a Fundamedios. ¿Actividad política por 54 tuits y tres menciones en Twitter? Hemos dicho que las acusaciones son delirantes y el prestigioso periodista peruano Ricardo Uceda las llamó “macondianas”.

El Embajador ratifica el ridículo y escribe: “Su posible participación política se habría evidenciado en las alertas y boletines que Fundamedios emite mediante su web y redes sociales, donde además habría publicitado los blogs políticos de opositores al Gobierno.” A confesión de parte…

El Embajador lo ratifica: a Fundamedios la intentan cerrar porque al Gobierno no le gusta lo que decimos, lo que denunciamos, los valores de libertad de pensamiento que cultivamos. Y valga un detalle, aquello que llaman “blogs políticos de opositores al Gobierno” son las columnas virtuales de los periodistas Roberto Aguilar y José Hernández, reconocidos entre las mejores plumas de Ecuador y que quedaron sin espacio, sin voz y sin trabajo cuando por las políticas gubernamentales contra los medios privados y la aplicación de la Ley de Comunicación, Diario Hoy de Quito fue intervenido y cerrado por el Gobierno. ¿Puede haber mayor cinismo?

Más falacias a examinar. Se nos acusa de hacer política, cuando defendemos Derechos Humanos. La idea de fondo es que la política es algo que solo le pertenece al Gobierno y a su partido. Los demás ecuatorianos debemos abstenernos de tener opiniones políticas y la defensa de DDHH implica un grado de compromiso político. No partidista, por supuesto.

Es insólito que el Embajador del Gobierno ecuatoriano nos reclame por actos u omisiones que para él son actos políticos, pero que no consta en ninguna parte del expediente de disolución de la SECOM. Más insólito aún es cuando un Gobierno se toma la potestad de calificar qué acciones y omisiones de una ONG constituyen “acciones políticas”. ¿Se imaginan al Gobierno español tratando de cerrar organizaciones por los derechos de los migrantes porque alguna vez olvidaron o no pudieron defender a un refugiado que ahora es militante del PP? Inconcebible, ¿verdad? Y solo estoy dando un ejemplo sacado de la chistera. Pero triplemente insólito es que el Gobierno ecuatoriano no haya condenado ni una sola de las 1.318 agresiones contra la prensa que hemos registrado y reclame a una ONG por uno o dos casos. Cabría recordar que el Gobierno de un país, no una ONG, tiene la obligación de garantizar y proteger al trabajo periodístico.

Brevemente, voy a referirme, a los temas de financiamiento y a aquello de ser “informantes de la Embajada”. El financiamiento de Fundamedios es legal y legítimo. Nuestras fuentes son la cooperación internacional y son diversas tal como lo confirma una reciente infografía publicada en el diario oficial El Telégrafo. Hemos trabajado con USAID y con NED y ello no constituye delito ni tampoco tiene la connotación que se le quiere dar. Es más, decenas de funcionarios del Gobierno ecuatoriano han recibido este tipo de cooperación internacional: el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, el secretario particular del Presidente Correa, Omar Simon, el Fiscal General, Galo Chiriboga, el director de El Telégrafo, Orlando Pérez… Podemos seguir, que la lista es larga. ¿Todo ellos eran agentes de la CIA o tal vez esta cooperación no sea lo que dicen qué es? Para abundar, ¿Adivinen quién era el principal receptor de fondos de USAID? Exactamente: el Gobierno ecuatoriano.

Sobre aquello de informantes. Parece que las autoridades ecuatorianas tienen problemas con las traducciones desde el inglés. Los cables de la Embajada estadounidense revelados por Wikileaks hablan de un deterioro de la libertad de prensa en el Ecuador basados en los informes públicos emitidos por Fundamedios, probablemente alimentados por conversaciones de coctel con periodistas y directivos de medios. Nada oscuro, nada fuera de lo habitual. Nada que no sea más de la vieja propaganda ideológica para evadir respuestas. Toda la información que genera Fundamedios es pública. No tenemos acceso a información privilegiada o confidencial que pueda interesar a las agencias de inteligencia de ninguna parte. Nos encantaría que el Gobierno ecuatoriano también utilizara nuestra información, no para intentar cerrarnos sino para adoptar políticas de respeto y protección a la libertad de expresión y libertad de asociación.

El trabajo de Fundamedios es legal, legítimo y necesario para el Ecuador. El Gobierno debería protegerlo y respetarlo aunque las verdades que decimos le incomode.

Cabe recordarle al Señor Embajador Calahorrano que es el Embajador de un país, no de un partido político que eventualmente está en el Gobierno. Como ciudadano ecuatoriano, le pido que no utilice su cargo para sumarse al aparato de propaganda que se ha lanzado en nuestra contra. Se debe saber que localmente todos los días sufrimos notas difamatorias en los medios oficiales, 23 cadenas nacionales (mensajes que se obliga a emitir en todos los medos del país) solo en los últimos 15 días, centenares de amenazas e insultos en redes sociales por parte de trolls o fanáticos gobiernistas… Y a todo esto, debemos sumar hoy la acción de los embajadores.

Señor Embajador, lo invito a que tengamos la conversación que realmente importa, aunque esté llena de verdades incómodas para Usted y esa es, ¿cómo mejorar la situación de los Derechos Humanos fundamentales en Ecuador?

@FUNDAMEDIOS

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El Gobierno de Ecuador inicia el cierre de un observatorio de medios

La organización Fundamedios, establecida en 2006, ha denunciado intimidaciones a periodistas desde 2011.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, en 2012. / JOSÉ JÁCOME (EFE)

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, en 2012. / JOSÉ JÁCOME (EFE)

Soraya Constante, 10 sept. 2015 / EL PAIS

La Secretaría de Comunicación de Ecuador (Secom) inició este martes el proceso para cerrar la Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios (Fundamedios), una organización civil que trabaja desde 2006 por la libertad de expresión. Las autoridades argumentan que la fundación se ha alejado de sus estatutos por divulgar contenidos políticos como los blogs de opinión Estado de propaganda y Sentido Común. Los periodistas Roberto Aguilar y José Hernández, quienes gestionan estos sitios web, ya habían sido atacados por el Gobierno en el extinto Diario Hoy.

El Decreto Ejecutivo 16, de 2013, otorga amplias potestades al presidente y sus ministros para intervenir en las organizaciones de la sociedad civil. La notificación le da a Fundamedios 10 días para presentar pruebas que contradigan la acusación. Mauricio Alarcón, abogado de la entidad, critica al titular de esa secretaría, Fernando Alvarado: “Él ya ha tomado una posición”, afirma, y sugiere que ya existe una determinación: “Se intenta montar un sainete solo para guardar ciertas formas”.

Fundamedios ya advirtió sobre un plan para cerrarla en 2014, cuando quedó bajo la tutela administrativa de la Secretaría de Comunicación. La organización denunció que desde 2011 la Secom había intentado desprestigiar su labor en al menos 20 cadenas nacionales y un centenar de notas periodísticas publicadas en los medios públicos. En algunas de ellas llegó a decir de los trabajadores de Fundamedios, la mayoría periodistas, que tenían “mala fe” y “mentalidad enferma”.

Presión creciente

Las Secom conminó en junio de este año a Fundamedios a cumplir con las normas de sus propios estatutos. La difusión de alertas, mensajes y ensayos evidenciaba, según el organismo oficial, “posiciones de carácter netamente político y atentatorias al desarrollo social que consta como objetivo general de esta organización”. Pese a esto, la fundación, que funciona con fondos internacionales, continuó su trabajo. Ha señalado, por ejemplo, que desde 2008 ha habido 1.305 agresiones contra periodistas y que ha llevado casos de vulneración de derechos humanos ante la CIDH.

César Ricaurte, director de la organización, indica que sus estatutos contemplan monitorear medios, capacitar periodistas y apoyar las iniciativas como los blogs de opinión que han sido cuestionados.