¿Quién paga las chapas de las puertas rotas? De Marlon Manzano

No se trata de defender a criminales, se trata de defender las garantías constitucionales y los derechos humanos que fundamentan a cualquier Estado de Derecho y hacen viable y sostenible una democracia, y por ende a una comunidad. Los debidos procesos deben ser la guía para cualquier procedimiento policial.

Marlon Manzano, 11 julio 2015 / EDH

En las últimas semanas hemos sido testigos de los operativos policiales (y militares) más importantes de la década, las razones no son menores, la muerte de dos militares a sangre fría, el ataque cobarde a un taller policial y el más reciente ataque a dos policías en las instalaciones del Parlacen en el centro de San Salvador demuestran el recrudecimiento de la violencia en el país, situación a la que algunos medios extranjeros se refieren como «la nueva capital del asesinato».

Al ver las imágenes de estos últimos operativos policiales pude observar un patrón, la policía ingresaba derribando puertas y chapas a diferentes viviendas (allanar), como si se tratase de un allanamiento completo a la comunidad. Recuerdo que en uno de estos procedimientos policiales se logró la captura de más de 50 sospechosos, los cuales salieron libres a los pocos días, mi duda en ese momento fue, ¿quién les pagará las chapas de sus puertas rotas?

El art. 20 de la Constitución dice que la morada (vivienda) es inviolable, salvo ciertas circunstancias, como por ejemplo «Por flagrante delito», o «En persecución actual de un delincuente» como lo detalla el art. 195 número 1 del Código Procesal Penal (Pr. Pn.). Adicional a esto, el mismo Manual de Procedimiento Policiales explica a los agentes policiales que es «completamente razonable» ingresar a una vivienda sin orden judicial en situaciones de «emergencia», y les especifica a los agentes «que violente lo que haya que violentar» en ese sentido.

Como puede observarse todas estas normativas habilitan a las fuerzas policiales a que se proceda al ingreso de una vivienda sin orden judicial cuando hay un delito en flagrancia, entendiendo esto último cuando un criminal es sorprendido en el momento de intentar o cometer un delito dentro de las veinticuatro horas siguientes al hecho. (Art. 323 Inc. 2º Pr. Pn.).

La misma Sala Constitucional ha sentado postura en casos previos (23-2003; 232-2004) al tema de la flagrancia, «el fundamento de la flagrancia estriba en la necesidad de garantizar los fines que constitucional y legalmente corresponden a la Policía Nacional Civil, cual es la prevención del delito, el aseguramiento de las fuentes de prueba y la detención del presuntamente responsable».

Ahora bien, en ningún momento se habla de la posibilidad de allanar a toda una comunidad. ¿En qué momento se volvió delito vivir en una comunidad controlada por pandillas? ¿Se puede criminalizar y considerar «en flagrancia» a toda una comunidad por el hecho de que el delincuente que disparó corrió a una comunidad marginal en particular?

No se trata de defender a criminales, se trata de defender las garantías constitucionales y los derechos humanos que fundamentan a cualquier Estado de Derecho y hacen viable y sostenible una democracia, y por ende a una comunidad. Los debidos procesos deben ser la guía para cualquier procedimiento policial, la misma ley establece los criterios fundamentales para utilizar el recurso legal del allanamiento sin orden judicial después de un acto punible en flagrancia, e invita al mismo tiempo a los cuerpos policiales a no abusar y utilizar este recurso como una medida excepcional.

Si un delincuente entra a una comunidad después de cometer un delito, es una clara presunción de que se esconde en alguna de las viviendas, pero no se puede caer en el extremo de derribar y allanar a toda la comunidad. La apuesta debe seguir siendo la tecnificación de la Policía Nacional Civil, mejores prestaciones e incentivos salariales para los agentes, mayor inversión en sistemas de monitoreo y control del crimen en zonas de alta peligrosidad, reduciendo así, el peligroso escenario de encontrarnos allanando nuestra propia democracia.

@marlonmanzano_

Traduciendo la denuncia de la UCA: caso CEL-ENEL

Para muchos salvadoreños el caso CEL-ENEL se resume en un juicio contra «la oligarquía» que el expresidente Funes vociferó y promovió inicialmente por enriquecimiento ilícito y luego por perjuicios al Estado, argumentando que se entregaría la producción geotérmica del país a una empresa Italiana (ENEL).

Marlon Manzano, 27 junio 2015 / EDH

La semana pasada la UCA denunció categóricamente que ese juicio, «contra la oligarquía», promovido inicialmente por el expresidente Funes «No tiene fundamentación legal, no es ético, ni responde a los intereses del Estado. Es un caso político, y como tal debe ser revertido». Se puede leer textualmente en el editorial. (http://www.uca.edu.sv/noticias/editorial-3716).

Lastimosamente, el editorial de la UCA causó una reacción inmediata del expresidente Funes en redes sociales, en la que en una serie de tuits desacreditó la voz de la UCA, misma voz de la que se ha valido para apalancar muchos de sus dudosos argumentos legales en el pasado. La desacreditación llegó al punto de presunción de que representantes de la UCA se vendieron y que están cayendo en actos difamatorios.

Digo lastimosamente porque la mayoría de gente no profundizó en el editorial de la UCA y se quedó con «el pleito» generado por Funes en twitter contra diferentes personajes de la vida nacional como el periodista Carlos Dada, Hermann Bruch, la familia de esta casa editorial, entre otros. Para toda la gente que no se considera voto duro de partidos políticos los invito a que lean con seriedad la verdadera denuncia de la UCA en dicho editorial.

El editorial de la UCA tiene 3 grandes denuncias:

1. Desde la época del ex presidente Francisco Flores se diseñó una «corrupta» forma de mover utilidades sin supervisión de la Corte de Cuentas generadas por la estatal geotérmica La Geo, vía una empresa privada creada para dichos fines llamada La INE, de la cual CEL es su mayor accionista, lo cual permitía que finalmente esas jugosas utilidades, de $100,000,000.00 (cien millones de dólares) pudieran ser dispuestos por el presidente de turno bajo la venía de las autoridades en la CEL. Esta forma «perversa» de utilizar fondos públicos desde la administración Flores, luego por la de Tony Saca, quien bloqueó que la italiana ENEL adquiriera la mayoría accionaria de la Geo por dudosas motivaciones, continuó durante toda la gestión Funes, llegando sin ningún a la actual administración del presidente Sánchez Cerén.

2. De acuerdo al editorial, este caso de «corrupción» de esta forma fraudulenta de administrar millonarias utilidades de La Geo, vía La INE y CEL para la discreción del presidente de turno solo sería superada por el caso de «enriquecimiento desmesurado» de la privatización de la banca en los tiempos del expresidente Cristiani.

3. La continuidad de prácticas de poca transparencia desde las administraciones de ARENA y que son «una burla al Estado de Derecho», a las cuales el editorial se refiere como «sombras de corrupción», y finaliza con el ejemplo de la forma en como se aumenta el salario mínimo en el país, a la cual el editorial se refiere como «desigualmente injustos».

La importancia del editorial de la UCA radica en un llamado a la ciudadanía pensante y a la gente que está cansada de la polarización política entre el FMLN y ARENA a que abramos los ojos de una vez por todas de que las prácticas de corrupción, entre corruptos, se heredan, y que la justicia en este país es lenta, incluso más lenta que nuestra propia indignación.

En lo personal, el editorial de la UCA sobre el caso CEL-ENEL-INE-La Geo, que señala a 4 figuras presidenciales (Flores, Saca, Funes, Cerén) y decenas de exfuncionarios de todas las instituciones antes mencionadas es quizás el último vagón del tren para tratar de salvar este país de la inactividad y la pasividad de nosotros como ciudadanos.

 @marlonmanzano_

Caso Roberto Rubio y una ley contra «troles» (Comunicaciones maliciosas). De Marlon Manzano

El caso Roberto Rubio ha puesto en la agenda del debate nacional las campañas de guerra sucia y su posible relación con instituciones estatales. Marlon Manzana comenta:

Marlon Manzano, 23 mayo 2015/EDH

En nuestro país estamos tan acostumbrados a los ataques y a la polarización política que muchas veces eso limita los esfuerzos por canalizar la indignación y malestar que esos ataques políticos causan en la vida de las personas afectadas. Hace unos días Roberto Rubio fue víctima del más reciente y sonado caso de acoso cibernético que fue dirigido cobardemente a más miembros de su familia. Rubio es representante del capítulo de Transparencia Internacional en el país y director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, Funde.

Este tipo de ataques busca desprestigiar la imagen, la moral y la dignidad de las personas, con el objetivo de amedrentar su causa o su participación en la política, o peor aún, para silenciar sus denuncias contra las irregularidades de ciertos funcionarios públicos.

La Anep, la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), y Aliados por la Democracia, salieron en defensa de las libertades democráticas en riesgo por este tipo de amedrentamiento, y mostraron su repudio ante este tipo de prácticas de ataques políticos en Internet, algo loable, pero se puede hacer mucho más, de hecho están invitados a hacer más por la importancia que sus instituciones representan en la vida democrática del país.

Rubio no es la primer persona que sufre estos ataques, decenas y decenas de personajes políticos partidarios y no partidarios han sido víctimas en los últimos años de estas prácticas de acoso, ya como una práctica sistemática y aparentemente con financiamiento permanente para operar redes sociales y páginas webs especializadas para cometer estos delitos, lo cual lo ubica en el nivel máximo de alerta.

Reino Unido, compuesto por Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, comparten además de una bandera, una cultura y un legado histórico importante para la humanidad, tanto así, que ponen ante nuestros ojos una solución sumamente práctica que ellos empezaron a anticipar desde 1988 con la Ley de Comunicaciones Maliciosas (LCM 1988), «The Malicious Communications Act 1988».

La LCM 1988, tiene otra ley hermana, la Ley de Protección contra el Acoso 1997, que incluyó todo lo relacionado al acoso y difamaciones en la Internet, y más recientemente la LCM 1988 tuvo su principal modificación en 2003, creándose así la LCM 2003. Todas protegen de alguna u otra forma contra las amenazas de muerte, acoso de toda índole, «offline» (vida real) u «online» (Internet), difamaciones, etc., de hecho, la legislación del Reino Unido permite solicitar las identidades de los «troles» a Twitter y Facebook para procesar penalmente aquellas cuentas que han hecho cualquier tipo de daño al ofendido.

Para ver la efectividad de esta ley basta con analizar una cifra, en Reino Unido, de noviembre de 2010 a noviembre de 2013 fueron procesados legalmente más de 6,300 cuentas de troles, de los cuales casi 4,000 fueron ya condenados y amonestados bajo el artículo 127 de la LCM 2003, «uso inapropiado de mensajes públicos vía electrónica», los cuales son «sumamente ofensivos, indecentes, obscenos o de carácter amenazante».

Roberto Rubio no es la primera persona a la que acosan ciberneticamente, pero sí podría ser la última, si él, y las organizaciones a las que tiene acceso, como DTJ, Anep, Aliados,Transparencia Internacional, entre otras, se organizan y hacen lo que tienen que hacer: canalizar toda esa indignación al escenario correcto, la Asamblea Legislativa. En estos casos se requiere menos conferencias y comunicados y más lobbying y concientización de líderes políticos.

Al final, y en última instancia, la decencia, probidad y prontitud de las leyes que protejan nuestros derechos y libertades ciudadanas dependen de los diputados, hoy más que nunca, cuando inicia la nueva bancada legislativa es cuando tenemos que exigir más y ver de qué lado están nuestros diputados electos, del lado de los troles o del lado de la defensa de la libertad de expresión.

Los frutos de la débil institucionalidad. De Marlon Manzano

Marlon Manzano
16 mayo 2015/EDH

Amargos, así son los frutos de ese temible árbol de la débil institucionalidad, de la falta de cordura, de la falta de sentido común, del cinismo, de la falta de voluntad política y del abuso del poder.

La actual oposición ha tenido que comer a manos llenas de estos frutos que en el pasado cayeron de su árbol, ahora, con un gran pesar, le toca recogerlos junto al árbol del poder que reside en un partido político que con aires totalitaristas, que a modo de agravante prometió «el cambio», y que trata de perpetuarse en el poder y hacer suya la finca de la institucionalidad de este país.

Como sectores empresariales, académicos, ciudadanía, empleados públicos y privados, cooperación, entre otros, debemos evitar caer en la trampa de rasgarnos las vestiduras por un comportamiento que si no se corrige como debe ser, en cinco años más estaremos viendo la misma película, el partido de turno en el gobierno, en nombre de «rescatar el país», se valdrá del poder que le brinda el Ejecutivo para negociar a su conveniencia la presidencia de la Asamblea Legislativa, dejando a la otra gran masa de personas que se ven representadas en los partidos de oposición con la misma sensación que tienen muchos ahora: abuso de poder.

Rasgarnos las vestiduras es poner el dedo sobre la llaga equivocada, es jugar el juego que los partidos políticos quieren que juguemos: a dividirnos, pensar que el país saldrá adelante mientras se desarrolla la función del circo que nos tienen acostumbrados a ver.

Donde debemos presionar como sectores vivos del país, y en especial las instituciones que movilizan la opinión pública referente a los temas de democracia y transparencia, es en el sentido de los que mismos partidos políticos asuman su responsabilidad de regular un punto, tan espinoso como absurdo, de no tener criterios claros, objetivos y verificables regulados explícitamente en alguna normativa para designar al presidente de la Asamblea Legislativa.

Se habla de «proporcionalidad» y acuerdos políticos, ambas se prestan a interpretaciones subjetivas y a obscuras negociaciones que recaerán en la mayoría de los casos en la voluntad de las cúpulas de los partidos, o en el peor de los casos, en la voluntad de diputados envalentonados con deseos de poder y venganza para asumir una posición privilegiada para detentar el poder que no le puede dar ni su inteligencia ni su personalidad ni sus valores éticos y morales.

Quejarnos porque el partido de gobierno ha dejado fuera a la primer fuerza política del país de acuerdo con los resultados de la última elección popular es seguir patinando en el mismo lugar, es ponerle abono al temible árbol de la débil institucionalidad y a la tensión política que nos tiene técnicamente regresando en el tiempo a las condiciones previas al conflicto armado a finales de los años Setenta.

Regular, palabra que no es de muy agradable para muchas personas, pero tan necesaria en los momentos en que hay que aceptar que no se tiene la posición ganadora, cuando se está del lado del equipo de fútbol visitante y con diez jugadores. No se puede dejar que las principales dinámicas de desarrollo político que impactan significativamente en la vida del país caigan en la interpretación subjetiva de los negociadores de turno que acostumbran a negociar principios y valores, que ponen al centro, casi siempre, aquel sentimiento de dar como premio los puestos claves, como la presidencia de la Asamblea, a las personas más capaces para dividir, polarizar políticamente y sembrar los frutos amargos de la débil institucionalidad.