Daniel Olmedo

¿Y si la Sala de lo Constitucional queda acéfala? De Daniel Olmedo

Tras nueve años la Sala de lo Constitucional se renovará casi en su totalidad. Y esto ocurrirá en un momento en que ese tribunal ha alcanzado una posición protagónica en la dinámica institucional.

Daniel Olmedo, 11 mayo 2017 / EDH

El 15 de julio de 2018 termina el período de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. Lo mismo sucederá con cuatro de sus cinco suplentes. Por ello las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia del próximo año serán de particular importancia.

Tras nueve años la Sala de lo Constitucional se renovará casi en su totalidad. Y esto ocurrirá en un momento en que ese tribunal ha alcanzado una posición protagónica en la dinámica institucional.

De ahí que es previsible que sean muy intensos los procedimientos ante el Consejo Nacional de la Judicatura y ante el gremio de abogados para proponer la lista de treinta candidatos. De igual manera se augura una dura negociación en el seno de la Asamblea Legislativa para elegir, de entre esos candidatos, a quienes finalmente ocuparán esas magistraturas hasta 2027.

Nuestra reciente historia parlamentaria nos muestra que la Asamblea Legislativa se ha caracterizado por retrasarse en la elección de ciertos funcionarios. Así han dejado acéfalas a las instituciones durante tres o doce meses sin que eso cause mayor grima en muchos diputados. Por ello es previsible que lleguemos al 15 de julio de 2018 sin los nuevos magistrados.

Esa circunstancia nos pondrá en una situación particularmente grave. Mientras la Asamblea Legislativa no elija a los nuevos magistrados, la Sala de lo Constitucional permanecerá acéfala. Únicamente contará con la participación de un magistrado propietario y un suplente. Dos magistrados son insuficientes para formar quórum y tomar cualquier decisión.

Esto significa que mientras no se elijan a los nuevos magistrados, las autoridades podrán emitir actuaciones, o aprobar normas sin el control constitucional de la Sala. Eso puede convenir a quienes les incomoda la separación de poderes; pero sería algo muy peligroso para la democracia, y en particular para usted, ciudadano.

Por eso, desde ya debemos prepararnos ante esa situación. Y una manera de hacerlo es identificar alternativas para mitigar los riesgos en que nos colocaría la Asamblea Legislativa ante una demora –deliberada o no– para elegir a los magistrados en 2018.

Desconozco cómo enfrentar el riesgo que supondrá la ausencia de una Sala que resuelva procesos de inconstitucionalidad –cuyo objeto es controlar la constitucionalidad de leyes y normas de un modo general–. Pero sí pueden haber alternativas para enfrentar la imposibilidad de resolver procesos de amparo –cuyo objeto es controlar la constitucionalidad de un acto de autoridad en un caso concreto–.

Si ante una acefalía de la Sala no se puede reclamar vía amparo la violación de derechos fundamentales provocadas por autoridades administrativas, la solución pasará por migrar esos reclamos a la Sala de lo Contencioso Administrativo. En las demandas ante ese tribunal también pueden invocarse como objeto de control categorías constitucionales.

Y en cuanto a violaciones a derechos fundamentales provocadas por otro tipo de autoridades –y que tengan una connotación patrimonial– los afectados podrán migrar sus reclamos hacia los tribunales civiles y mercantiles, presentando demandas por responsabilidad extracontractual contra los funcionarios directamente, y exigiéndoles la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. La base para ello será el artículo 245 de la Constitución, que dispone: “Los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en esta Constitución”.

De ese modo, si en 2018 la Asamblea Legislativa nos deja sin un tribunal constitucional, los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y los jueces civiles y mercantiles tendrán una oportunidad especial para protagonizar la defensa del Estado de Derecho y la Constitución.

@dolmedosanchez

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Excelencia en el Estado y retos ciudadanos. De Daniel Olmedo

Daniel Olmedo, abogado

Daniel Olmedo, abogado

Daniel Olmedo, 14diciembre 2015 / EDH

Las instituciones que combaten la corrupción están funcionando.

Todo inició con un ciudadano que solicitó una declaración de probidad. Estas se mantuvieron reservadas por casi 50 años; pero en julio de 2015 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó que esa declaración se entregara.

Fue un ciudadano que tomó una iniciativa, y con ella detonó un cambio significativo. Provocó una cadena de efectos que llevó a muchos exfuncionarios de todo nivel a investigaciones civiles, administrativas y penales.

No fueron necesarios reformas legislativas, ni mayor presupuesto. Solo hubo un grupo de funcionarios que se tomaron en serio su trabajo. Algo tan simple y revolucionario como eso.

diario hoyLos comisionados del IAIP, el director de la Sección de Probidad, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la República, y jueces y magistrados de cámara en materia civil y penal entraron en una dinámica distinta a la de décadas anteriores. Ellos y su equipo de colaboradores anónimos –de quienes poco sabemos, pero que tienen un papel fundamental en estos cambios– demuestran que sí se puede luchar contra la corrupción de manera efectiva.

Las investigaciones oficiales y periodísticas pueden llevarnos al pesimismo. A mí me ha ocurrido. Pero algo bueno ocurre: las instituciones funcionan. Y estas no son entes abstractos. Detrás de ellas hay personas. De manera que estas investigaciones reflejan que en el aparato estatal hay gente haciendo su trabajo, y haciéndolo con excelencia a pesar de las adversidades.

Hace apenas algunos meses muchos considerábamos que era necesaria una comisión internacional contra la impunidad parecida a la de Guatemala. Algunos sostenían que no; planteaban que era preferible fortalecer la institucionalidad local. Creo que el tiempo les ha dado la razón. Esta vía parece ser una mejor ruta para fortalecer nuestro Estado de Derecho.

La impunidad es un lastre histórico en El Salvador. Y vivimos tiempos en que ocurren avances importantes para superarla. En esta coyuntura los ciudadanos tenemos por lo menos tres retos:

1. Prudencia. Debemos respetar y promover la presunción de inocencia. Frustrados ante la sistemática impunidad, hoy podemos caer en la tentación de señalar como culpables a quienes solo están siendo investigados. Debemos contenernos y esperar las decisiones finales. Esto supone también evitar el acoso y señalamiento precipitado a funcionarios que a partir de su análisis del caso estimen que no procede una condena o una detención provisional. Seamos prudentes, dejemos que las instituciones funcionen, y respetemos sus decisiones.

2. Reconocimiento. Los muchos casos de despilfarro y desviación del dinero que dejamos de darle a nuestras familias para entregárselo al Estado mediante impuestos pueden llevarnos a descalificar de manera absoluta a la función pública. Reconozcamos que en el Estado hay mucha gente buena e íntegra. Varios de ellos son los responsables de esta lucha contra la corrupción. Si esos funcionarios y empleados públicos observan que reconocemos su esfuerzo, esta dinámica se potenciará. Debemos alentarles. Así como el Estado debe prescindir de quienes parasitan de los contribuyentes, también debe atraer y promover a quienes demuestran excelencia en su trabajo. A todos nos conviene que el Estado tenga a las mejores personas para prestarnos servicios de calidad.

3. Proactividad. No debemos ser simples espectadores de la lucha contra la corrupción. Tenemos la responsabilidad de ser protagonistas. Así como aquel ciudadano tuvo una iniciativa que desencadenó este cambio, usted y yo debemos hacer lo propio. Nos corresponde participar utilizando las herramientas institucionales a nuestra disposición para incidir en la administración y limpieza del Estado. Ser ciudadano no es solo votar; ser ciudadano también es denunciar, plantear demandas, y presentar solicitudes de información.

dolmedo@espinolaw.com

Esa amnistía es inconstitucional, ¿y ahora? De Daniel Olmedo

daniel olmedoDaniel Olmedo, 30 julio 2016 / EDH

La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía. Han circulado varios análisis sobre ello. El debate es sano en una democracia. Pero al margen del acuerdo o desacuerdo con los motivos de la Sala, hay efectos jurídicos por delante.

Muchos dicen que esta decisión debe impulsar un diálogo entre las principales fuerzas políticas. Es cierto. Pero esas conversaciones no deben ser para buscar maneras de eludir el cumplimiento de la sentencia o adoptar represalias contra la Sala de lo Constitucional.

diario hoyLos partidos deben reunirse para aprobar las medidas concretas que la Sala les ha impuesto en la sentencia. En la página 35, el tribunal ordena a la asamblea que, en un “plazo razonable”, realice las siguientes acciones: 1. Regular los medios para garantizar el acceso a la información pública relacionada a los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; 2. Establecer mecanismos para agilizar las investigaciones y los procesos civiles y penales que a partir de ahora se inicien; y 3. Establecer las medidas para reparar los daños provocados a las víctimas. Son esos puntos los que deben ocupar la agenda de los partidos políticos en este tema.

La demora en desarrollar legislativamente esos aspectos no puede ocuparse como un obstáculo para la activación de los procesos penales y civiles respectivos. La Sala de lo Constitucional lo dice así: “Lo anterior no impide que el juzgador o tribunal en cada caso concreto, en aplicación directa de la Constitución y con fundamento en lo decidido por esta sentencia, adopte en sus resoluciones aquellas medidas de reparación que considere pertinentes en orden a garantizar los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al [Derecho Internacional Humanitario]”.

De manera que ni la Fiscalía General de la República ni los tribunales podrán invocar la omisión de actuación por la Asamblea Legislativa para incumplir sus obligaciones.

Por otra parte, del voto en contra del magistrado Belarmino Jaime se destaca una consecuencia muy importante cuya responsabilidad corresponde a la sociedad.

El magistrado disidente se refiere a una de las categorías constitucionales a las que alude la Sala de lo Constitucional para tomar su decisión: El derecho a la verdad.

Sobre ese derecho los cuatro magistrados que suscriben la sentencia expresan: “La verdad solo es posible si se garantiza, a través de investigaciones serias, exhaustivas, responsables, imparciales, integrales, sistemáticas y concluyentes por parte del Estado, el esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción”.

Pero el doctor Jaime expresa: “En cuanto al derecho a la verdad, como expresión del derecho a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional, si de lo que trata es de tutelar tal derecho, la búsqueda de la verdad histórica no puede invocarse y ser satisfecha plenamente en el proceso penal, dado que el método de la investigación judicial no es el propio del historiador o cronista, a quien le corresponde establecer la verdad sobre los eventos de tipo social”.

El magistrado acierta en señalar que sería limitado considerar que el derecho a la verdad se satisface con los hechos declarados por el Estado a través de una sentencia. Corresponderá a los historiadores, periodistas, y a cualquier ciudadano preguntar a los protagonistas de la guerra qué pasó.

La Comisión de la Verdad dejó muchos cabos sueltos. Por ejemplo, en los cuatro párrafos del Caso Peccorini no se identifica a los individuos responsables de ese crimen. Tal vez es momento de preguntarle más detalles a quienes se refirieron a ese crimen en una reunión ante el International Center for Development Policy en la Hacienda Cocoyoc (México) en julio de 1989.

dolmedo@espinolaw.com

¿Efecto Pomperipossa o efecto del sapo hervido? De Daniel Olmedo

Se dice que si un sapo se lanza a un recipiente con agua hirviendo, este reacciona de inmediato y sale. Pero si se sumerge en una olla con agua fresca, y gradualmente se le sube la temperatura a esta, el sapo puede morir hervido sin reaccionar.

Daniel Olmedo, abogado

Daniel Olmedo, abogado

El año pasado publiqué el artículo titulado Pomperipossa en Monismania. En él me referí al cuento así titulado de la escritora sueca Astrid Lindgren. La traducción del cuento al español, y cuyos extractos recogí en el referido artículo, es de la investigadora chilena Mónica Mullor; y puede consultarse en el siguiente sitio: http://www.ilustracionliberal.com/54/pomperipossa-en-monismania-astrid-lindgren.html

Aludí a cómo el cuento infantil de una señora de 69 años detonó una indignación popular en Suecia ante el acoso fiscal. Unos meses después de la publicación de ese cuento, Olof Palme no alcanzaba los votos suficientes para mantenerse en el poder. El Partido Social Demócrata Sueco dejaba el gobierno que ocupaba desde cuarenta años atrás.

diario hoyEn ese artículo dije: “Ahora se escuchan tambores de guerra invocando nuevos impuestos. Sería prudente que antes de cargar más a los contribuyentes, se demostraran resultados con los ingresos que ya se administran”. Y terminaba expresando: “Deberían sacarse lecciones de lo ocurrido a los sabios de Monismania. No sea que un día a alguien se le ocurra escribir un cuentito”.

El artículo lo publiqué en junio de 2015. Llegó noviembre y, en efecto, la Asamblea Legislativa aprobó dos nuevos tributos: La contribución especial para grandes contribuyentes, y la contribución especial para la seguridad (que grava los productos y servicios de telecomunicaciones).

Nadie escribió cuentito alguno. Y, salvo algunos ciudadanos que presentaron demandas de inconstitucionalidad, la agudización de la presión fiscal no provocó una indignación popular que lograra hacer que el gobierno se echara para atrás.

Los tributos se aprobaron. Siguen ahí. Y mientras la Sala de lo Constitucional no ordene alguna medida cautelar que suspenda sus efectos, o no emita una sentencia que los declare inconstitucionales permanentemente, estos continuarán aspirando su dinero de su bolsillo.
Pero los tambores no cesaron su repique. Identificaron un nuevo objetivo: Sus ahorros para pensiones.

Al momento de escribir estas líneas se desconoce el texto de la reforma del sistema de pensiones. Pero el hermetismo del gobierno en dar a conocer su contenido, y las pistas que sobre ella se filtraron el año pasado en unas presentaciones del Ministerio de Hacienda, abre espacio a especular sobre el contenido de esa iniciativa.

Pareciera que, en lugar de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones para mañana, se pretende únicamente solucionar el problema fiscal que el gobierno enfrenta hoy.

Un escenario que puede preverse en los próximos meses es que en el caso pensiones se replique la ruta que siguieron las contribuciones especiales. Si eso ocurriere, los reclamos no pasarían de ser ruido; incómodo para los políticos, pero solo ruido. Y así se cumpliría el objetivo que estos persiguen: Incrementar sistemáticamente el peso en los hombros (bolsillos) de los ciudadanos. Léase, de usted.

En ese escenario, nuevamente, nadie escribiría un cuentito, ni habría esa indignación popular que obligue a los políticos a ser mas austeros, en lugar de exprimir más el bolsillo del ciudadano/contribuyente/cotizante/pensionado.

Es probable que lo que más nos identifique no sea el efecto Pomperipossa, sino el efecto del sapo hervido.

Se dice que si un sapo se lanza a un recipiente con agua hirviendo, este reacciona de inmediato y de alguna manera brusca logra salir de ese infierno. Pero si se sumerge en una olla con agua fresca, y gradualmente se le sube la temperatura a esta, el sapo puede morir hervido sin reaccionar.

No me consta que eso sea cierto. No suelo cocinar sapos vivos (ni muertos). Pero probablemente la alegoría nos aplica. Tal vez solo seamos sapos cociéndonos a fuego lento.

dolmedo@espinolaw.com