Venezuela

Venezuela: Se materializó un proceso electoral fraudulento sin precedentes. Comunicado de la oposición

logo-mud_nacima20150313_0082_1916 octubre 2017 / MUD

Mesa​ ​de​ ​la​ ​Unidad​ ​Democrática​ ​ante​ ​el​ ​proceso​ ​electoral​ ​fraudulento​ ​consumado​ ​el día​ ​de​ ​ayer

El 15 de octubre se materializó un proceso electoral fraudulento sin precedentes en nuestra historia. Como Mesa de la Unidad Democrática asumimos la responsabilidad de desconocer los resultados, profundizar la lucha para que se respete la voluntad del pueblo expresada el 15-O y cambiar este corrupto sistema electoral para lograr el cambio de régimen y la vuelta a​ ​la​ ​democracia.

Desde el inicio de este proceso, denunciamos todas y cada una de las arbitrariedades que
violaron la ley y los derechos electorales de los venezolanos. A pesar de ello, asistimos a este proceso con la firme convicción que al régimen también debíamos enfrentarlo en este terreno para lograr, o bien continuar la conquista de nuevos espacios para la lucha democrática, o por el contrario mayor deslegitimación nacional e internacional de la dictadura​ ​como​ ​consecuencia​ ​de​ ​un​ ​proceso​ ​electoral​ ​amañado.

Lamentablemente, el régimen optó por la segunda opción. Asumió el camino del fraude, la violencia, irregularidad, manipulación, ventajismo, corrupción, trampa, extorsión, coacción y chantaje para torcer y desconocer la voluntad de nuestro pueblo. Nadie duda que las elecciones​ ​en​ ​Venezuela​ ​no​ ​son​ ​libres,​ ​justas​ ​ni​ ​transparentes.

Hasta este momento, hemos podido detectar y recopilar un gran número de irregularidades ocurridas antes y durante la elección, sin menoscabo de otras que podamos encontrar en el camino,​ ​que​ ​confirman​ ​nuestra​ ​posición.​ ​Algunas​ ​de​ ​ellas​ ​son:

1- Una población electoral de al menos 1.000.080 electores se les impidió u obstaculizó votar en centros históricamente favorables a la oposición, por máquinas dañadas, mesas que​ ​no​ ​abrieron​ ​o​ ​que​ ​tuvieron​ ​retrasos​ ​injustificados​ ​hasta​ ​altas​ ​horas​ ​de​ ​la​ ​noche.

2- Más de 700 mil venezolanos que fueron migrados de sus centros 48 horas antes de la elección​ ​e​ ​inclusive​ ​el​ ​mismo​ ​día​ ​de​ ​la​ ​elección.

3- Una población electoral de al menos 350.000 ciudadanos afectados por violencia e intimidación dentro y fuera de los centros electorales lo que impidió u obstaculizó el ejercicio libre​ ​al​ ​voto.

4- Al menos 90.537 votos nulos que debieron haber sido adjudicados a los candidatos de la oposición producto del impedimento de sustitución de candidatos ya retirados en fraude a la ley.

5- Coacción y chantaje a empleados públicos y beneficiarios de programas sociales obligándolos a votar con el acompañamiento de dirigentes del PSUV y a través del carnet
de​ ​la​ ​patria,​ ​lo​ ​que​ ​impide​ ​el​ ​ejercicio​ ​del​ ​voto​ ​libre.

6- Electores que ejercieron multiples votos e irrespetando el principio “un elector un voto”, facilitado​ ​por​ ​la​ ​ausencia​ ​de​ ​tinta​ ​indeleble​ ​por​ ​primera​ ​vez​ ​en​ ​nuestra​ ​historia.

7-​ ​Prórrogas​ ​irregulares​ ​luego​ ​de​ ​la​ ​hora​ ​del​ ​cierre​ ​legal.

8- Obstaculización de las auditorías del proceso de verificación ciudadana lo que impide
verificar​ ​la​ ​consistencia​ ​entre​ ​los​ ​votos​ ​emitidos​ ​y​ ​los​ ​resultados​ ​transmitidos.

9 Inconsistencia numérica de resultados electorales históricos así como con todos los estudios,​ ​encuestas​ ​y​ ​bocas​ ​de​ ​urnas​ ​realizadas.

Todo ello adicional a irregularidades anteriormente denunciadas que vale la pena volver a recordar y no acostumbrarnos a ellas: i. la persecución, encarcelamiento e inhabilitación de candidatos, ii. la ausencia de observación electoral nacional e internacional confiable y iii. el uso de recursos del estado para promover candidatos y movilizar votos para los candidatos del​ ​régimen.

Ante​ ​todo​ ​esto,​ ​la​ ​Mesa​ ​de​ ​la​ ​Unidad​ ​Democrática​ ​anuncia:

1. Convocamos al pueblo y al mundo a luchar por un nuevo sistema electoral y la convocatoria urgente de elecciones libres y transparentes. El pueblo de Venezuela debe elegir​ ​un​ ​nuevo​ ​Presidente,​ ​alcaldes​ ​y​ ​gobernadores​ ​bajo​ ​un​ ​sistema​ ​electoral​ ​confiable.

2. Declarar en emergencia a los equipos técnicos de la Unidad para que en un plazo perentorio presenten un informe exhaustivo del proceso en general y de las irregularidades particulares, en conocimiento de que las artimañas del Estado fueron diseñadas quirúrgicamente de acuerdo a la realidad concreta de cada región.

3. Convocamos a una reunión de emergencia a nuestros 23 candidatos y sus equipos técnicos para continuar la acción política de respuesta.

4. Exigimos una auditoría total, cuantitativa y cualitativa, que no sea impuesta por el ente comicial, de todo el proceso electoral con verificación internacional confiable. Se trata de un proceso total que no se puede limitar únicamente a comparar el contenido de las cajas con las actas. Estamos ante un proceso de grandes dimensiones y de múltiples variables que requiere la más rigurosa e independiente investigación para determinar la verdad sobre el sistema electoral venezolano. Sólo así podremos reconocer lo que haya que reconocer y exigir​ ​las​ ​repeticiones​ ​donde​ ​haya​ ​que​ ​realizarlas.

5. No asistiremos a ningún proceso de exploración, conversación o negociación hasta tanto no se hayan aceptado las auditorias y cambios que requieren la pulcritud inherente al ejercicio los derechos políticos de los venezolanos.

6. Solicitamos el respaldo de los pueblos, parlamentos y gobiernos del mundo para lograr
estos objetivos así como la mayor condena, presión y sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Enviaremos una delegación a reunirse con los gobiernos democráticos para explicar la naturaleza de las irregularidades electorales, y las exigencias y propuestas para​ ​superarlas.

7. Haremos una evaluación profunda de las políticas y estructuras desarrolladas por la Unidad con el propósito de identificar oportunidades de mejora, cambio o reforzamiento
orientadas a servir mejor a los intereses del pueblo de Venezuela. Hacemos un llamado a
todos los sectores y liderazgos de la sociedad democrática, que estén dentro o fuera de la MUD,​ ​para​ ​la​ ​discusión,​ ​reflexión​ ​y​ ​unificación​ ​de​ ​estrategias​ ​para​ ​alcanzar​ ​la​ ​libertad.

8. Convocamos a todos los sectores sociales y políticos del país para la activación y movilización de la sociedad venezolana a luchar por las demandas y derechos del pueblo. Lograr una auditoría total del sistema electoral, un nuevo sistema electoral y la convocatoria de elecciones libres y justas sólo podrá realizarse con la participación de todo el pueblo y el respaldo​ ​de​ ​la​ ​comunidad​ ​internacional.

Reiteramos nuestro reconocimiento al bravo pueblo de Venezuela que salió a votar a pesar de todos los obstáculos, a los miles de testigos y voluntarios que colaboraron en esta lucha y​ ​a​ ​todos​ ​los​ ​que​ ​durante​ ​meses​ ​han​ ​luchado​ ​en​ ​las​ ​calles​ ​para​ ​conquistar​ ​la​ ​libertad.

Somos mayoría, la dictadura cada día se deslegitima más y cada día aumenta más el rechazo​ ​popular​ ​y​ ​la​ ​condena​ ​mundial​ ​contra​ ​este​ ​régimen​ ​hambreador.

Por el pueblo que sufre, por nuestro mártires, por nuestros presos y perseguidos políticos y por todo lo que hemos sacrificio para llegar hasta acá, estamos obligados a mantenernos de pie​ ​y​ ​continuar​ ​la​ ​lucha​ ​hasta​ ​lograr​ ​el​ ​cambio​ ​y​ ​la​ ​libertad.

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El debate en Venezuela: ¿Ir o no a elecciones en una dictadura?

Nuevamente entre los opositores hay un fuerte debate sobre participar o no en las elecciones de gobernadores convocadas para final de este año. No es por primera vez: las elecciones parlamentarias de 2005 los partidos de la oposción decidieron boicotear, dejando al chavismo el control total del Estado. Luego la oposicn camb de estrategia y consiguió, en 2015, la mayoría calificada en la Asamblea. Sin embargo, el gobierno y el Tribunal de Justicia, controlado por el chavismo, desconocieron la autoridad de la Asamblea Nacional. Para deshacerse del parlamento, Maduro convocó a un proceso constituyente, que por la oposición y la mayoría de países democráticos fue considerado como una ruptura constitucional. 

En esta nueva situación que ha cambiado el carácter del régimen chavista, la oposición venezolano tiene que decidir si tiene sentido participar en elecciones. La Mesa de Unidad democrática decidió inscribir candidatos, pero partes de la oposición llaman a boicotear estas elecciones. Documentamos aquí parte de este debate.

Segunda Vuelta

Trece razones para votar. De Fernando Mires

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Fernando Mires, 18 agosto 2017 / TALCUAL

En Venezuela, antes de cada elección, surge la misma controversia. Los argumentos son, si no iguales, parecidos. Al final se impone la razón y la mayoría de la oposición vota. Si la oposición gana, todos festejan el triunfo. Esta vez, en cambio, hay algunas variantes. Las anunciadas elecciones regionales que deberían haberse realizado un año atrás, están por venir. Tendrán lugar después de las grandes demostraciones de masas en defensa de la Constitución, iniciadas en abril del 2017. Los ánimos están enervados y no es para menos: el régimen ha asesinado a muchos seres humanos. Casi todos, jóvenes.

talcual.pngLa dictadura, ya abiertamente declarada, ha impuesto mediante el fraude más grosero conocido en toda la historia electoral latinoamericana, una asamblea constituyente, fascista y cubana a la vez. El ambiente es propicio para todo tipo de aventuras antipolíticas, y también hay razones que lo explican: la lógica de la fuerza representada en una mafia de poder en alianza con los altos mandos del ejército se ha impuesto por sobre la voluntad de la inmensa mayoría. Bajo estas condiciones ha crecido en el seno de la oposición un abstencionismo políticamente anómico pero a la vez militante; muy destructivo con respecto a la única organización política de oposición que existe en Venezuela: la MUD.

Frente a las amenazas que provienen del régimen y de los divisionistas, los sectores democráticos de la oposición intentan defender los pocos espacios que restan. Como una contribución solidaria a la lucha que ellos libran en condiciones tan adversas, he redactado trece puntos que, en mi opinión, son razones que deben tenerse en cuenta para participar en las elecciones regionales de 2017. Siempre y cuando tengan lugar. Pues bajo una dictadura ejercida por personajes sin principios, seres brutales al servicio de sus propias ansias de poder, todo puede ser posible.

  1. Las elecciones regionales están pautadas en la Constitución. Desconocerlas o renunciar a participar es seguir a la pauta de la dictadura -la que como toda dictadura es antielectoral-. Es faltar a la letra y al espíritu de la Constitución. Es romper con la línea histórica de la oposición. Línea que ha sido definida por sus principales líderes y suscrita por la gran mayoría de sus partidos como pacífica, democrática, constitucional y electoral. La Constitución es la guía, es el programa y es la ruta de la oposición. Sin la Constitución la oposición no existiría. Todo lo que es la oposición se lo debe a la Constitución. La decisión divisionista, derrotista y abstencionista de una parte de la oposición liderada por el grupo VENTE, es anticonstitucional y por lo mismo hace el juego a los planes de la dictadura.
  2. Entre oposición y Constitución hay una relación simbiótica. Todo voto a favor de la oposición es un voto a favor de la Constitución. Por esa misma razón, todo voto a favor de la Constitución es un voto en contra de la constituyente cubana. La principal contradicción política de las próximas regionales deberá ser  -siempre y cuando los partidos y candidatos entiendan la esencia del problema-: o Constitución o constituyente. Agitar esa contradicción es más importante que el número de gobernaciones que puedan ser ganadas. Las elecciones, en ese sentido, no son solo un fin sino, además, un medio de agitación política a favor de la Constitución. Convertir a las regionales en un movimiento democrático, popular y constitucionalista es la gran tarea política del momento.
  3. El 16/J la mayoría del pueblo venezolano votó (simbólicamente) en contra de la constituyente, no en contra de las elecciones. Y la razón es elemental: la constituyente fue inventada para evitar las elecciones, sobre todo las regionales, destinadas a privar a la dictadura de todos sus poderes locales. Luego, al votar en contra de la constituyente, los venezolanos votaron a favor de la reivindicación del sufragio universal. Los puntos 2 y 3 tampoco auspician el abstencionismo. Por eso, los que hablan del mandato del 16/J, tergiversan su sentido, tanto en su letra como en su intención. Aparte del rechazo terminante a la constituyente, no hay, en ninguno de los tres puntos del 16/J, un mandato explícito a favor de la abstención electoral.
  4. La Unidad al ir a las elecciones regionales no interrumpe, más bien confirma su continuidad política. La MUD siempre ha sido electoral. Nació y se configuró como una asociación electoral. Que, obligada por las circunstancias, hubiera debido asumir otras funciones, es otro tema. Lo importante es que la MUD ha continuado la línea trazada el año 2007 cuando defendió la Constitución en contra del propio Chávez. Sus más grandes éxitos han sido electorales. Electoral fue el triunfo que robaron a Capriles en las presidenciales del 2013. Electoral fue el grandioso triunfo del 6D. Electorales son las alcaldías y gobernaciones arrancadas a la dictadura. Electorales fueron las grandes manifestaciones por el RR16. La defensa de la AN, elegida electoralmente, fue el punto de partida de las grandes movilizaciones que llevaron a Maduro a imponer la constituyente cubana. Electorales por último fueron las jornadas que llevaron a votar el 16/J en contra de la constituyente. No hay ningún motivo para que la MUD se aparte de la vía electoral, la única que conoce. Romper la vía electoral es romper la oposición. Quienes lo hacen están por cierto en su derecho. Pero para ejercerlo deben presentar una línea política diferente. Y hasta ahora, definitivamente, no la tienen. Son como los perros hortelanos de la política: no hacen ni dejan hacer.
  5. Al plantearse en contra de las elecciones, sin ofrecer ninguna otra alternativa, los abstencionistas solo piensan en dos posibilidades: o en una invasión o en un golpe militar. En cualquiera de los dos casos la oposición no tiene ningún papel que jugar. De este modo los abstencionistas no solo exigen la abstención. Además, buscan eliminar a la oposición, sobre todo a la MUD,  como sujeto político, condenándola a servir de coro de acciones en las cuales ella no tiene ningún poder de decisión.
  6. Las elecciones se encuentran en perfecta continuidad con las protestas iniciadas en abril del 2017. No hay ningún objetivo surgido durante las protestas del 2017 que no pueda ser revivido durante las campañas electorales que –eventualmente- tendrán lugar. Protestas sin vía electoral al chocar permanentemente con la soldadesca están condenadas a la derrota. Las elecciones, en cambio, abren un nuevo cauce. Mientras las protestas tenían lugar solo en centros urbanos, allí donde hay universidades, las elecciones pueden llevar la protesta hasta los últimos rincones, ampliando el espacio de participación pública. Las elecciones regionales son en ese sentido más radicales que las elecciones presidenciales. Más allá de los resultados, de los fraudes, y de la posibilidad de que sean eliminadas por el régimen, las elecciones permiten abrir un nuevo espacio de confrontación política.

  7. Las elecciones no legitiman al régimen pues el régimen es anti-electoral. Las elecciones solo legitiman a las elecciones. Por eso cabe esperar que la dictadura hará todo lo posible por torpedear, boicotear y, si todo eso no resulta, postergar o incluso eliminar a las elecciones. Si se da ese caso, como es probable que ocurra, no la oposición sino la dictadura habrá perdido legitimidad; si es que le queda algo.
  8. Las elecciones tampoco legitiman al CNE. Todo lo contrario, permiten derrotar al CNE como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Por eso quienes arguyen que no irán a las elecciones después del monstruoso fraude del 30/J sacan mal las cuentas. Pues ese CNE no es fraudulento desde el 30/J. Lo ha sido siempre. Incluso, el mayor fraude electoral de su historia no lo cometió el 30/J – en el hecho, una elección interna del PSUV- sino el 14 de abril de 2013 cuando Tibisay Lucena -al negarse a mostrar los cuadernos electorales- reconoció, objetivamente, haber robado las elecciones presidenciales. La oposición aprendió la lección: cuando la votación se convierte en un aluvión y cuando las mesas son vigiladas una por una, el fraude puede ser derrotado. Mesa vigilada es mesa ganada.
  9. La monstruosidad del fraude del 30/J cumplió dos objetivos: el primero:  inventar millones de votos para imponer a la constituyente cubana. El segundo: advertir a la oposición de este modo: “nosotros somos tramposos, no tiene sentido que ustedes vayan a las elecciones pues con nuestros fraudes los volveremos a derrotar”. Imposibilitada de ganar las elecciones, la dictadura ha decidido envilecerlas, desmoralizando a la ciudadanía y dividiendo a la oposición en electoralistas y anti-electoralistas. De este modo, si la oposición no acude a votar, la dictadura hará elecciones adjudicándose un triunfo electoral sobre la oposición “anti-electoral”. El problema más grave es que una parte de la oposición –ignoramos su magnitud- ya ha pisado la trampa. Esa parte ha olvidado el principio más elemental de la política: “nunca hagas lo que tu enemigo quiere que tú hagas”.
  10. No el 30/J sino el 6/D debe ser el parámetro electoral de la oposición. El 30/J solo demostró los límites que es capaz de traspasar la dictadura cuando la oposición está ausente. El 6/D demostró en cambio lo que puede llegar a alcanzar la oposición cuando participa activamente en las elecciones. Si en las regionales no lo hace, tendrá lugar un segundo 30/J. Que nadie tenga dudas. Los responsables serán los abstencionistas. Nadie más.
  11. La participación electoral bajo dictaduras está avalada por la experiencia de una gran cantidad de movimientos democráticos que han usado todos los espacios para acelerar la caída de los tiranos. No se trata por cierto de reeditar la discusión bizantina acerca de “la dictadura no sale con votos” o a la inversa: “solo con votos sale la dictadura”. Se trata solo de tener presente dos hechos objetivos: El primero dice que siempre los movimientos democráticos han puesto a las elecciones en el primer reglón de la lista de exigencias. El segundo dice que hasta ahora no se conoce ningún caso en la historia en el cual una dictadura haya sido derrotada mediante la abstención electoral.
  12. La mantención de una línea constitucional  y por lo mismo electoral ha sido la principal razón que explica por qué la oposición ha concitado en su torno un gran apoyo internacional. Si los asesinatos de tantas personas lograron sensibilizar a la opinión pública mundial no fue por la innegable tragedia del hecho –en Siria son asesinados grandes cantidades de seres humanos día a día y la indignación internacional es muy débil- sino porque quienes cayeron en Venezuela lo hicieron luchando por uno de los sacramentos de la política moderna: el sufragio universal, inscrito en la Constitución de 1999 y negada por la constituyente de la dictadura. Si la oposición decidiera no participar en futuras elecciones, aún  argumentando trampas y fraudes, el impacto sobre esa opinión mundial sería más negativo que positivo y, sin duda, la dictadura sabría como manipular a su favor esa situación.

13. Hay por último una razón en la cual están contenidas todas las demás. Una razón que condiciona a toda otra razón, o –para decirlo con el vocabulario de Freud- una razón sobredeterminante. Esa es la razón ciudadana. Significa, según esa razón, que cuando uno vota no lo hace solo para cumplir un objetivo, o por motivos tácticos o estratégicos, o porque voy a perder o ganar. Uno vota simplemente porque es un deber hacerlo. Que otros van a robar mi voto no me exime del cumplimiento de mi deber. Nadie puede dejarse determinar por la maldad de los otros. El hecho de que Maduro y su mafia sean unos hijos de puta, es problema de ellos, y alguna vez lo pagarán. Pero cuando uno vota, también vota para y por sí mismo. El voto es la dignidad del ciudadano.

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Convencemos pero no vencemos. DE Gisela Kozak Rovero

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Gisela Kozak Rovero, 24 agosto 2017 /  PRODAVINCI

I

Oír a Ramón Muchacho, alcalde depuesto del Municipio Chacao en el exilio, declarar a la cadena televisiva CNN que hoy es imposible una salida democrática en Venezuela no hace más que subrayar lo que firmes partidarios de la unidad opositora, como quien esto escribe, hemos observado con alarma desde que ganamos las elecciones parlamentarias prodavincidel 2015. Aunque alcanzamos la mayoría de las diputaciones no pudimos defender tal mayoría ni convertirla en poder efectivo en la ruta para sacar por los votos al gobierno que hoy en día compite con los más tiránicos del planeta. La MUD, siendo poco más que una plataforma electoral, convenció al mundo de la naturaleza no democrática del régimen porque se mantuvo en la ruta electoral, movilizó a millones de personas en la búsqueda de la salida menos traumática posible y logró arrebatarle votos al chavismo. Se trata de una obra titánica, pero lamentablemente no ha logrado ese milagro político que es convertir las condiciones actuales, tan desfavorables a la tiranía desde una perspectiva racional, en la oportunidad propicia para hacerse con el poder: la MUD convence pero no vence. Quienes están fuera de la MUD, como ahora VENTE, el partido de María Corina Machado, tampoco. No tienen la fuerza para hacerlo.

II

¿Por qué no logramos vencer?, nos preguntamos los opositores de a pie. ¿Será que el diagnóstico de la enfermedad no encuentra el remedio adecuado? María Corina Machado, muy denostada en estos momentos, hace el diagnóstico correcto aunque hasta hora no ofrece el remedio capaz de articular las voluntades opositoras: en Venezuela se ha conformado un régimen totalitario, una secta alimentada de narcotráfico, petróleo y corrupción que jura estar dispuesta a salvar a la patria de las garras del imperialismo, al pueblo de los desmanes de la burguesía y a la oposición de sí misma a través de su reducción a mera comparsa del régimen. Este lenguaje dramático y ampuloso es propio de estas sectas persuadidas de su papel redentor en el mundo: son fanáticos sedientos de poder que no paran de trabajar y maquinar en ningún momento. Se parecen a los matones del ejército islámico, capaces de los peores crímenes pero rebosantes de intenciones megalómanas que involucran el destino mismo de la humanidad. La perdurabilidad de semejante proyecto podría ser puesta seriamente en duda por las circunstancias internacionales, la crisis económica y las divisiones dentro del oficialismo, pero ciertamente hay tiranías que han continuado largo tiempo en situaciones muy adversas, sobre todo si Rusia y China están detrás.

III

Analistas reconocidos como Américo Martín, Ángel Oropeza, Elías Pino, Fernando Mires y Colette Capriles insisten en que quienes tenemos dudas sobre continuar en la lucha electoral no entendemos que es el único camino posible dada la naturaleza misma de la MUD, una coalición democrática y desarmada cuyas mayores virtudes residen en definirse de este modo, sobre todo de cara al mundo. Las noticias de los periódicos internacionales sobre Venezuela subrayan, en cambio, que el régimen se consolida en su vocación tiránica. Poco se gana con señalar severamente como divisionistas y servidores inconscientes del chavismo a quienes pensamos que poner esperanzas en elecciones, después de lo ocurrido con la Asamblea Nacional, es equivalente a abrir una tienda todos los días en la que nadie compra: no perdamos la disciplina para que la vida tenga sentido. Puede que la oposición se empeñe en asistir a las elecciones regionales a falta de algo mejor que hacer —la resistencia clandestina requiere un esfuerzo, dinero y tiempo que no puede medirse con facilidad—, pero me imagino que nuestros aliados internacionales no deben entender muy bien lo que ocurre. Es evidente que la correlación de poder actual en el país no sufrirá modificaciones por unas elecciones que el gobierno no perderá porque hará lo mismo que hizo con el referéndum revocatorio y la Asamblea Nacional: evitar la victoria o desconocerla. El razonamiento de que así se moviliza a la gente y se anima al desanimado contempla a las personas como extras de televisión o de cine: se les convoca para cumplir con una ficción de ejercicio democrático que no servirá para darle un vuelco a la situación. Repito, hasta el 2015 fui firme partidaria de luchar por ganar las elecciones, pero al ganarlas y no poder defenderlas era evidente que tal forma de lucha ya no tiene sentido.

IV

Es necesario poner en cuestión los tantos lugares comunes que gente por demás respetable e inteligente han puesto a circular en el mundo político nacional. Es mentira que todas los gobiernos autoritarios salen con votos: unos cuantos han salido a tiros como fue el caso de Pol Pot en Camboya, Hitler en Alemania, Somoza en Nicaragua y Batista en Cuba; Pinochet salió porque el alto mando militar chileno no lo respaldó en su intento de desconocer la voluntad popular, en cambio Maduro no ha caído porque para las Fuerzas Armadas el clamor ciudadano no tiene ninguna importancia; Ceaucescu en Rumania fue ajusticiado; Noriega en Panamá salió de la presidencia por una invasión norteamericana, solución que no tiene respaldo en la región ni en la MUD tanto por pruritos sobre la soberanía nacional como por el temor, justificado, de una Siria en Suramérica. En cuanto a los ejemplos de Sudáfrica, Polonia y la Unión Soviética, en Venezuela no existen líderes oficialistas en el pináculo del poder que propicien la transición como fueron Jaruzelski, De Klerk y Gorbachov, respectivamente. Aunque la división en el seno del oficialismo es evidente, no alcanza todavía a posiciones clave que puedan inclinar la balanza a favor de la transición democrática. Por último, la MUD no ha podido paralizar la administración pública, los servicios y las empresas básicas como sí logró hacerlo el sindicato Solidaridad en Polonia; de hecho la rebelión popular del primer semestre de este año se agotó en medio de la represión y el sinsentido de seguir participando en protestas que aunque hundieron al gobierno internacionalmente no evitaron la paralización de la Asamblea Nacional Tiránica.

V

La MUD corre el peligro de volverse inocua, pero puede eludirlo si sabe aprovechar dos de sus fortalezas: el apoyo popular y el justo temor de las democracias de la región de darle alas a los totalitarios de sus propios países. Es la hora de los líderes con visión histórica, no de las recetas de autoayuda de los bienintencionados, de los analistas que juraron por su madre que habría referéndum revocatorio y de los políticos que tratan de justificarse en victorias que no significan poder real. Si bien la unidad opositora es indispensable, la misma no puede reducirse a la MUD y a la estrategia electoral; si hubiese militares, civiles y políticos de la MUD con una misma hoja de ruta alternativa a unas elecciones que no significan el poder tal vez valdría la pena planteárselo. En lugar de regalar esperanza toca insuflar valentía, la cual no está por cierto asociada a ese derroche de testosterona que es Oscar Pérez, el ex-CICPC amante del cine, ni tampoco a esos militares con lenguaje evangélico que se creen la mano de dios y no hacen alianzas con políticos. Las escaramuzas de los militares imbuidos de un patriotismo bobo es una de las tantas miasmas del pantano ideológico del chavismo.

La valentía es contradecir y lanzarse al abismo cuando es necesario; es tener también cabeza fría y cálculo político e intelectual, el arma que nos queda cuando no sabemos qué camino tomar para salir de nuestra tragedia lo más pronto posible. Solo una muy fuerte presión externa hará ceder al gobierno por medio de sanciones que le impidan los apoyos económicos y militares que necesita; solos no podemos lograr que la oligarquía roja negocie su salida del poder y una transición democrática. Tristemente, el destino de Venezuela no depende solo de su gente, pero no por cuenta del imperialismo yankee, como piensan la izquierda ciega o la izquierda autoritaria que todavía cree en el madurismo, sino por culpa de una tiranía que pretende convertirnos en espectros de ciudadanos.

Oposición y chavismo disidente en un mismo foro: ¿qué dijeron? Prodavinci

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MonitorProDaVinci, 6 agosto 2017 / PRODAVINCI

prodavinciEl domingo 6 de agosto de 2017, un día después de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) removió a Luisa Ortega Díaz del Ministerio Público venezolano, la Fiscal General dijo que desconoce la decisión y se mantendrá en el cargo, durante un foro organizado por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, donde coincidieron por primera vez líderes opositores y exdirigentes chavistas.

En la primera alocución de Ortega después de que la ANC anunciara su destitución y nombrara al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, como su reemplazo temporal para reestructurar el Ministerio Público, la Fiscal señaló:

“No puede ser que la primera decisión de esta Asamblea, esta Constituyente presidencial, teniendo instrucciones del Ejecutivo cuando la Constitución dice que el poder constituido no le va a dar instrucciones a la Asamblea Constituyente, […] procedieron a remover, de manera ilegítima, a la Fiscal General. Yo desconozco esa remoción. Yo sigo siendo la Fiscal General de este país”.

En el foro “Encuentro en defensa de la Constitución”, Ortega compartió el estrado con el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, el vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara, y el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles. En representación del chavismo descontento con la gestión del presidente Nicolás Maduro, asistieron el exministro del Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres, la exdefensora del Pueblo, María Gabriela Ramírez, los diputados Eustoquio Contreras y Germán Ferrer (esposo de la Fiscal), así como el analista político Nicmer Evans.

Tras asegurar que recibió llamadas de respaldo de gobiernos y fiscales de otros países, Ortega indicó:

“Estamos ante un poder de facto porque no es un gobierno. Aquí no hay gobierno. Los gobiernos, además de todo el concepto doctrinario y filosófico que existe, es para garantizar la felicidad al pueblo. Y aquí, quien está ocupando de manera ilegal el poder es la Asamblea Nacional Constituyente”.

Un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) rodeó el sábado 5 de agosto los accesos a la sede principal del Ministerio Público en el centro de Caracas e impidió el ingreso de Ortega a sus oficinas.

Al cerrar su intervención, la Fiscal General llamó a la oposición a que no permita que la ANC los expulse del Palacio Legislativo, tal como ofreció el sábado el líder oficialista Diosdado Cabello. Ortega afirmó que ve “con mucha preocupación el tema electoral” frente a los comicios regionales. “Si la oposición no participa, las elecciones van. Si participan no van. Alerta con eso”.

A finales de marzo, la Fiscal denunció la ruptura del orden constitucional después de que el Tribunal Supremos de Justicia (TSJ) publicó dos sentencias que desconocían las competencias de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y se las delegaba a Maduro. Luego dijo que la convocatoria a la Constituyente era inconstitucional y ha criticado el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares por manifestar contra el gobierno.

El TSJ inició un antejuicio de mérito contra la Fiscal. Le prohibió salir de Venezuela, congeló sus bienes y la inhabilitó para ocupar puestos en la administración pública.

Unidad frente a la Constituyente

Después de la Fiscal tomó la palabra Borges, quien dijo que “cada paso de avance de la Constituyente es un paso hacia el precipicio del gobierno y hacia su propio hundimiento”:

“No es que terminó con la Constituyente algo y ahorita comienza algo nuevo. […] Esta lucha que comenzó hace 130 días nunca tuvo como meta plantearse que el fin del mundo era la Constituyente o no. Estamos unidos en defensa de la Constitución, y lo más importante, de la necesidad de que todos los venezolanos cambien de una vez este gobierno a través de unas elecciones libres”.

El diputado Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, llamó “usurpador” a Saab por asumir el cargo de la Fiscal y cuestionó su capacidad para imponer decisiones desde la acción penal. “Si la Asamblea Constituyente reconoce como Fiscal a William Saab, la población reconoce a Luisa Ortega Díaz como Fiscal legítima”.

Por su parte, Henrique Capriles, dirigiéndose a los ponentes chavistas, dijo:

“No le tengamos miedo a sentarnos juntos, a sentarnos intercalados. No le tengamos miedo a la foto. No le tengamos miedo porque lo que está en juego es Venezuela”.

Seguidamente, el militar retirado y exministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, se mostró solidario con Ortega y reconoció “su valentía en defensa de la Constitución”:

“No tenemos Tribunal, no tenemos Asamblea, no tenemos Presidente y no existe el pueblo. […] Tenemos un país, realmente, donde nadie sabe quién manda. Este es un país anarquizado y caotizado por la decisión de liderazgo político”.

El exministro consideró que el gobierno decidió “hacer de la política un campo de batalla militar”, donde “los venezolanos, por la razón política, nos convirtamos en dos ejércitos enfrentados”. Bajo estas condiciones, “Venezuela está inmersa en el concepto de Estado forajido […] Es un Estado que no tiene capacidad de cumplir el rol para el cual existe”.

On a Date While Venezuela Burns. De Carlos Hernández

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Barricades constructed by protesters who opposed the election last month for a new National Constituent Assembly in Caracas, Venezuela.

Carlos Hernández, 4 agosto 2017 / THE NEW YOTK TIMES

CIUDAD GUAYANA, Venezuela — It was 7 p.m., and the restaurant was empty. I was taking her to my favorite place in the city, informal but charming, with plastic tables and chairs outside, and sometimes live music. It has the best pizza.

NEW YORK TIMESI was nervous. I hadn’t been on a date in forever, and María, a student in electrical engineering, had a ponytail and red lipstick. What if I ran out of things to talk about? What do you talk about on a date when your country is collapsing? Outside that restaurant, outside that bubble I wanted to get into that night, people were dying in the streets fighting President Nicolás Maduro’s bloody authoritarianism.

I live in Ciudad Guayana, an industrial city in northeastern Venezuela. The opposition isn’t very strong here, and the turnout for local protests hasn’t been great. Most of the action that’s been making headlines happens in Caracas, the capital. But I’ve talked to people who carried the body of a protester killed by the police in a town nearby, and to a man who was tortured by the authorities.

I’ve had a tough time myself. Even young professionals like me have been going hungry, and my older brother almost died from an allergic reaction because we couldn’t find an injection to give him. So I’ve joined the marches to the courthouses, to demand respect for the Constitution, ask for the release of protesters who have been arrested and honor those who have died.

That Tuesday last week I needed a break, I needed that date. The following Sunday the government was going to hold a bogus referendum to create a constituent assembly, giving it unlimited power to change the Constitution. Things were only going to get worse.

“You’re the first ones to arrive. You’re almost opening the restaurant,” the owner said with a smile. “What would you like?”

He was sitting at one of the tables by himself, drinking a beer and checking his phone. His head was shaved. He wore a black T-shirt with the logo of the restaurant, the name “Portofino” in white letters with a long curly “P” that made the silhouette of a guitar. It had just stopped raining; the tables and the brick floor were wet. The street lamps there have never worked well, and the dim lighting, which might have been pleasant under other circumstances, brought out the drabness of the place. Reggae music played in the background.

“Would you like some beers? I’ve got Polar.”

“What else do you have?”

“That’s all I’ve got. The delivery truck didn’t come today.”

“Soft drinks?”

“No soft drinks.”

And certainly no pizza.

That Tuesday was the 116th day of protests since the government-controlled Supreme Court stripped the opposition-led National Assembly of its powers, and more than 100 people had since died in clashes between demonstrators and police forces or paramilitary groups.

The day before, the opposition had announced more protests. It called for a national strike starting Wednesday, and for barricading city streets throughout the country, for 48 hours. On Friday, there would be a massive protest in Caracas. After that, who knew what. Tuesday was a day for us to stock up on supplies and brace ourselves. A truce of sorts.

For a moment in the restaurant that evening, María and I weren’t sure whether to sit down at a table or just leave. There wasn’t much to do there, but it was truce day and a date.

The owner started talking about how difficult it was to keep the restaurant going. “People don’t feel safe enough to leave their homes,” he said.

I said that people didn’t go out because they didn’t have enough money, and before I knew it we were talking about how the country was falling apart, just what I hadn’t wanted to do that night. María and I sat down anyway: My brother, our ride, wasn’t answering his phone. The owner kept talking, complaining that the crisis was killing business. He said that because of several shootings, only two out of four bars were left on Caruachi Street. He called it “Tarantino Street.”

María doesn’t drink, but I asked for a beer, so that we hadn’t come for nothing.

“We recently hired a comedian from Valencia and had to cancel the show,” the owner said, referring to a city a 12-hour drive away. “He couldn’t come because the streets were blocked.”

“If this continues, I’m closing up and going to Puerto Rico. I’ve got family there.”

That morning I’d gone out to buy whatever I could find. The supermarket was full of people doing the same thing. But food shortages are not as bad today as they were a year ago: Many Venezuelans have become too poor to even shop. I got rice, wheat flour, bananas, yuccas and potatoes. I saw several people carrying just two or three kilograms of rice in their arms — their groceries for the apocalypse, and they didn’t need a cart. They will have run out of that by now.

By 8 p.m. we were ready to leave the restaurant. The owner charged me half price for the beer: He didn’t have change. Another cash crisis.

Outside, businesses were closing, the streets were emptying out. María and I decided to go to the main shopping mall: With any luck we’d find a place that wasn’t about to go broke. It was almost deserted, but we were able to catch the last movie screening of the day, “Wonder Woman.” We had two hours and 20 minutes of not thinking about three-digit inflation, mass emigration and people feeding on garbage. But that bubble burst as soon as we walked out: Children were waiting around, begging for money to buy food.

María and I never got to eat that night, but we agreed to meet again.

Last Sunday, the vote for the constituent assembly was held. It was a horrible day, the worst, I think, since the protests started in March. Between 10 and 16 deaths, and many other casualties, were reported throughout the country. I found out about them mostly through WhatsApp, listening to voice messages left by frightened people, with the sounds of detonations in the background. That day, several people were shot and wounded in Ciudad Guayana, my city, the quiet city.

Nicolás Maduro tries to make thugocracy permanent in Venezuela: The Economist

An unpopular regime’s attempt to impose dictatorship could end bloodily.

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29 julio 2017 / THE ECONOMIST

the economistIT COULD almost be a piece of contemporary art, rather than a tool of political struggle. Overlooked by a mango tree heavy with blushing fruit, a rope is strung across Avenida Sucre as it climbs through a comfortable middle-class area towards the forested slopes of Monte Ávila overlooking Caracas. Arranged beneath it are two distressed wooden beams, two pallets placed vertically, a wheel hub, a rusting metal housing for an electric transformer and several tree branches. They form a flimsy barricade watched over by a couple of dozen local residents.

Why are they blockading their own street? “Because we want this government to go,” explained María Antonieta Viso, the owner of a catering firm. They were taking part in a 24-hour “civic strike” on July 20th, called by the opposition coalition, Democratic Unity (MUD, from its initials in Spanish). Down the hill, across innumerable such roadblocks, the sting of tear gas signalled clashes between demonstrators and the National Guard, a militarised police force. The strike, repeated this week, was part of “Zero Hour”—a campaign of civil disobedience aimed at blocking a plan by Nicolás Maduro, Venezuela’s president, to install a constituent assembly with absolute powers.

Mr Maduro claims that the assembly is the “only way to achieve peace”, to provide Venezuelans with social welfare and to defend the country against what he claims is an “economic war” launched by America (though he provides no evidence of this). “What they are trying to do is to install the Cuban model in this country,” retorts Ms Viso. “We will all be screwed even if we take to the streets. There won’t be private property, my business will go to the state.” The long battle over power and policy in Venezuela that began when Hugo Chávez was elected president in 1998 has reached a critical point. Both government and opposition believe that they are fighting for survival against a backdrop of a failing economy, rising hunger and anarchy.

Chávez, a former army officer, proclaimed a “Bolivarian revolution”, named for Simón Bolívar, South America’s Venezuelan-born independence hero. He, too, summoned a constituent assembly, which drew up a new constitution and which he used to take control of the judiciary and the electoral authority. For much of his 14 years in power he had the support of most Venezuelans, thanks partly to his charismatic claim to represent a downtrodden majority and to the flaws of an opposition identified with an uncaring elite. But above all the soaring price of oil gave him an unprecedented windfall, some of which he showered on social programmes in the long-neglected ranchos (shantytowns). A consumption boom, magnified by an overvalued currency, kept the middle class quiescent. He governed at first through a broad coalition of army officers, far-left politicians and intellectuals.

Angered by opposition attempts to unseat him and influenced by Fidel Castro, Chávez pushed Venezuela towards state socialism after 2007. Economic distortions accumulated, along with corruption and debt. Before he died of cancer in 2013, Chávez chose Mr Maduro, a former bus driver and pro-Cuban activist, as his successor.

From Chávez to Maduro

Mr Maduro, however, lacks Chávez’s political skills and popular support. And he has had to grapple with the plunge in the oil price. Years of controls and the takeover of more than 1,500 private businesses and many farms mean that Venezuela now produces little except oil, and imports almost everything else. The government is desperate to avoid defaulting on its debt, since that would lead to creditors seizing oil shipments and assets abroad.

Rather than reform the economy, Mr Maduro has simply squeezed it, applying a tourniquet to imports (see chart 1). The government has no clear strategy for external financing, and the fiscal deficit, mainly financed by printing money, is out of control, says Efraín Velázquez, the president of the National Economic Council, a quasi-official body. The result: “you can’t have growth and will have a lot of inflation.” Between 2013 and the end of this year, GDP will have contracted by more than 35% (see chart 2). What this means for most Venezuelans is penury.

Near Plaza Pérez Bonalde, a leafy enclave in the gritty district of Catia in western Caracas, 100 or so people, mainly women, queue up outside a bakery. They hope to get a ration of eight bread rolls for the subsidised price of 1,200 bolívares (less than $0.15 at the black-market exchange rate). “At least it’s something, because everything else is so expensive now,” says Sol Ciré, a mother of two. She is unemployed, having lost her job at a defunct government hypermarket. Her fate stems from a change of government strategy.

Generalised price controls had generated widespread shortages and embarrassingly long queues. Instead, the government has put the army in charge of a subsidised food-distribution system, known as CLAP and modelled on Cuba’s ration book. Up to 30% of families get this dole of staple products regularly, reckons Asdrúbal Oliveros of Ecoanalítica, an economic consultancy. They are chosen not according to need but according to their political importance to the government.

On the breadline

At the same time, the government has relaxed price controls (bread is an exception). In Catia’s main market, which spills into the surrounding streets, food is abundant, but pricey. A chicken costs 7,600 bolívares and bananas 1,200 a kilo. Most people don’t have dollars to change on the black market: they must live on the minimum wage of 250,000 bolívares. The result is that four out of five households were poor last year, their income insufficient to cover basic needs, according to a survey by three universities. Medicines remain scarce. Walk down many streets in Caracas and you may be approached by a beggar.

All this has taken a heavy toll on the government’s support. Mr Maduro won only 50.6% of the vote in a presidential election in 2013, a result questioned by his opponent, Henrique Capriles. In a parliamentary election in December 2015 the opposition won a two-thirds majority—enough to censure ministers and change the constitution.

In the government’s eyes, the opposition is bent on overthrowing an elected president—the aim of protests in 2014, after which Leopoldo López, an opposition leader, was jailed on trumped-up charges. In response, it has resorted to legal chicanery. If Chávez often violated the letter of his own constitution, Mr Maduro tore it up.

Before the new parliament took over, the government used the old one to preserve its control of the supreme court by replacing justices due to retire. The court then unseated three legislators, eliminating the opposition’s two-thirds majority. Mr Maduro has ruled by decree. The tame electoral tribunal quashed an opposition attempt to trigger a referendum to recall the president—a device Chávez put in the constitution. It postponed regional elections due to take place last December.

In March the court issued decrees stripping the parliament of all powers. That seemed to be because foreign investors take more seriously than the government a constitutional provision under which only the parliament can approve foreign loans. Although partially withdrawn, the decrees were the trigger for a confrontation that continues. They opened up fractures in chavismo—notably the public opposition of Luisa Ortega, the attorney-general since 2007 (who had jailed Mr López). Mr Maduro’s announcement on May 1st that he would convene the constituent assembly intensified both trends.

Chávez’s constitution was drawn up by a democratically elected constituent assembly, convoked by referendum. Mr Maduro is following a script from Mussolini. He has called the assembly by decree. It will have a “citizen, worker, communal and peasant-farmer” character, he said. What this means is that 181 members will be chosen by government-controlled “sectoral” groups such as students, fishermen and unions. Another 364 members will be directly elected, but in gerrymandered fashion: each of Venezuela’s 340 municipalities will choose one. Small towns are under the government’s thumb; cities, where the opposition is a majority, will get only one extra representative.

Datanálisis, a reliable pollster, finds that two-thirds of respondents reject the constituent assembly, more than 80% think it unnecessary to change the constitution and only 23% approve of Mr Maduro. At just two weeks’ notice, on July 16th almost 7.5m Venezuelans turned out for an unofficial plebiscite organised by the opposition. Almost all of them voted to reject the assembly, to call on the army to defend the constitution and for a presidential election by next year (when one is due).

Few doubt that the assembly will be a puppet-body and the vote on July 30th, which the opposition will boycott, will be inflated. The government counts on the 4.5m people who are employed in the public sector or in communal bodies. Those who fail to turn out risk losing not just their job but their CLAP food rations. Additional pressure to vote in chavista neighbourhoods comes from the colectivos—regime-sponsored armed thugs on motorbikes. Officials have said the assembly will not only write a new constitution but will assume supreme power, sacking Ms Ortega and replacing the parliament, whose building it will occupy. It will give Mr Maduro a slightly larger figleaf than the supreme court for a dictatorship of the minority.

Yet the president will find it hard to make this stick. “How do you govern the country with 75% against you?” asks Mr Capriles. “I think he’s trapped.” For the past four months the opposition has held almost daily protests. These have a ritual quality. To prevent demonstrators reaching the city centre, or blocking the main motorway through Caracas, the National Guard fires volleys of tear gas, buckshot—and occasionally bullets. Younger radicals, known as the “Resistance”, press forward, throwing stones from behind makeshift shields. Similar scenes take place across the country. Looting is commonplace. In these clashes, over 100 people have died. More than 400 protesters are now prisoners, including several opposition politicians. After the parliament named 33 justices to a rival supreme court on July 21st, the government arrested three of them.

Resistance isn’t futile

Mr Maduro has more worries. The first is his own side. Chavista strongholds are wavering. In the bread queue in Catia, several people say they are against the assembly. The opposition managed to set up voting stations for its plebiscite there: at one, a woman died when a colectivo fired on voters. “Some people have left us and gone over to the other side,” admits a local official. “But it’s very difficult for a chavista to support the opposition,” she adds. Chávez is still viewed favourably by 53% of Venezuelans, according to Datanálisis.

Rather, a new movement of “critical” or “democratic” chavistas, including Ms Ortega, several former ministers and recently retired generals, has publicly called for the scrapping of the assembly and the upholding of the constitution. When they held a press conference at a modest hotel on July 21st, some 300 regime supporters outside tried to drown them out with loud music and chants of “traitors”.

Then there is the army. The regime has co-opted it, turning it into a faction-ridden, politicised and top-heavy moneymaking operation, with more than 2,000 generals (where 200 used to suffice). Mr Maduro has given them control over food imports and distribution, ports and airports, a bank and the mining industry. Many generals have grown rich by buying dollars at the lowest official exchange rate of $1=10 bolívares, intended for food imports, and selling them at the black market rate of 9,000. Others smuggle petrol or drugs.

Murmuring in the ranks

An “undercurrent of muttering” among junior officers is checked by a network of political commissars and snoops installed by Chávez, says José Machillanda, of Simón Bolívar University in Caracas. At the top, several thousand Cuban security personnel guard Mr Maduro and the 30-40 leaders who form the regime’s core.

But the assembly has tested the army’s loyalty to Mr Maduro. He twice reshuffled senior ranks in the past two months. Caracas is alive with rumours of an impending pronunciamento, in which the army withdraws its support for the regime.

Another acute threat to Mr Maduro is the economy. The rot has spread to the oil industry, Venezuela’s mainstay. According to OPEC, since 2015 the country’s oil output has fallen by 400,000 barrels per day (or around 17%). This is the long-term price of Chávez’s decision to turn PDVSA, the once efficient state oil company, into an arm of the welfare state.

Foreign-exchange reserves hover around $10bn, according to the Central Bank. Economists expect the government to make $3.5bn in debt payments due in the autumn, but it will struggle to find the $8.5bn it needs to avoid default next year. China, a big paymaster, is reluctant to lend more. Russia may be Mr Maduro’s best hope, but it worries about getting entangled in possible American sanctions against Venezuela.

The fourth problem Mr Maduro faces is that the region has become less friendly to him. Chávez enjoyed the solidarity of other left-wing governments in Latin America. Many are no longer there, or have distanced themselves. Venezuela has been suspended from Mercosur, a trade group; it could be expelled if the assembly goes ahead, says Argentina’s foreign minister. The regime showed that it cares about its standing in the region by the big diplomatic effort it made in June to prevent its suspension from the Organisation of American States.

Many in Caracas assumed that Mr Maduro intended the assembly as a bargaining chip, to be withdrawn in return for concessions by the opposition. If so, he may be trapped by the forces of radicalisation he has unleashed. Diosdado Cabello, a retired army officer who is his chief rival within the regime, appears to see the assembly as his route to power. Back down now, and Mr Maduro risks losing face among his hard-core supporters.

Venezuela thus stands at a junction. One road involves a negotiation that might either fix a calendar for a free and fair election, or that might see Mr Maduro and other regime leaders depart. The opposition is mistrustful after talks brokered by the Vatican and José Luis Rodríguez Zapatero, a former Spanish prime minister, broke down last year when it quickly became clear that the government was not prepared to restore constitutional rule. Mr Zapatero was a conduit for a move that saw Mr López transferred from prison to house arrest this month. He is in Caracas again this week.

The city hums with rumours of a new mediation effort led by a shifting kaleidoscope of foreign governments. But conditions do not yet seem ripe. “The government sees the cost of leaving power as very high, that they would be destroyed and persecuted,” reckons Luis Vicente León of Datanálisis. The opposition is suspicious, too. “To return to political negotiations we have to have real signs that the government is prepared to change,” observes Freddy Guevara, the deputy leader of Mr López’s party.

Can anyone stop Mr Maduro?

That probably requires a military pronunciamento. But the army “looks at the opposition and doesn’t see any guarantees that they would be able to run the country”, says a foreign diplomat. The MUD has worked well as an electoral coalition, and its plebiscite was impressive. It has published a programme for a government of national unity. But, crucially, it lacks an agreed leader with a mandate to negotiate. “The opposition is stuck together with chewing gum,” says Mr León.

Anomie and anarchy

Barring a negotiation, the other route looks bleak. There is a growing sense of anomie and anarchy. On the opposition side, there is desperation in the self-barricading of its own neighbourhoods, an action which does little to hurt the government. Social media have been vital in undermining the regime’s control of information. But they also spread rumours and undermine moderation. Middle-class caraqueños are reading books on non-violent resistance. But on the streets many protesters express mistrust for the MUD. The “Resistance” is well-organised and trained. It would not be hard for it to take up arms.

For its part, the chavista block is splintering. The National Guard now raids properties in chavista areas at night, because they are being fired on by disgruntled residents. “There’s a growing attitude of ‘don’t mess with me’,” says Mr Machillanda.

Mr Maduro and his core of civilian leftists admire Cuba but they do not command a disciplined revolutionary state, capable of imposing its will across Venezuela’s vast territory. The 100 or so dead in the protests are fewer than are killed each weekend in lawless poor neighbourhoods. The “Bolivarian revolution” has created a state run by rival mafias and undermined from within by corruption.

“They could try to Cubanise the country,” says Mr Capriles. “But whether Venezuelans accept that is another matter.” Given the intensity of Venezuela’s confrontation, it has suffered remarkably little political violence. Sadly, that may now change. If Mr Maduro shuts down all hope of political change, it may take many more deaths to break the deadlock.

This article appeared in the Briefing section of the print edition under the headline “The mess tropical Marxism makes”

El “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad”

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El miércoles 19 de julio de 2017, el diputado Henry Ramos Allup leyó en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática el “Compromiso unitario para la gobernabilidad”, en el cual se mencionan los objetivos principales que tendrá el próximo gobierno “de unión y reconstrucción nacional” que propone instalar la coalición opositora.

Mesa de Unidad Democrática, 19 julio 2017 / PRODAVINCI

logo-mud_nacima20150313_0082_19Cuando un país se decide a cambiar, no hay fuerza que pueda detenerlo. Por tanto, el cambio político en Venezuela no sólo es indetenible sino inminente. La Unidad Democrática, como representación política organizada de los demócratas venezolanos, ante la certeza de la proximidad de un cambio en la dirección del país, ha llegado a un compromiso unitario para facilitar la gobernabilidad, la eficiencia y la estabilidad del venidero gobierno de Unidad y Reconstrucción nacional, sobre las siguientes bases:

Objetivos del próximo gobierno: La Justicia Social como prioridad

1.1 El modelo político que nos gobierna ha convertido al pueblo de Venezuela en objeto de una ideología y no en sujeto de su propia transformación positiva. Desde la Unidad, todas nuestras acciones y políticas, tanto desde el gobierno como en la lucha para prodavincialcanzarlo, tendrán a los venezolanos más desfavorecidos y vulnerables como objetivo central. Para ello, procuraremos acciones específicas para superar todas las penurias que por culpa de este gobierno y sus políticas nos ha tocado vivir, y nos comprometemos en hacer todos los esfuerzos para alcanzar la dirección del Estado, con el único propósito de encausar desde allí un verdadero gobierno comprometido con los venezolanos más pobres.

1.2 En consecuencia, la Unidad Democrática acuerda que lo primero en la agenda del próximo gobierno es la aplicación de un Plan de Atención Inmediata a la Crisis Humanitaria, con énfasis en alimentación (abastecimiento y precios) y salud (medicamentos y atención) y a la necesidad de dar respuestas concretas al legítimo descontento popular, con apropiado sentido de urgencia y prioridad.

1.3 Igualmente, se procederá de inmediato a la aplicación de un Plan efectivo, profesional y contundente de ataque al grave problema de la inseguridad, la violencia y la delincuencia desatadas, que incluya la depuración y saneamiento de los cuerpos policiales, incluida la Guardia Nacional Bolivariana, la justa remuneración y equipamiento de sus efectivos, el desarme y desarticulación de los grupos paramilitares que han sido armados por el actual Régimen, y la atención sistemática a los factores que se han identificado como causantes y reforzadores de la violencia que hoy enluta a miles de familias en nuestro país.

1.4 El compromiso para superar la pobreza (principal problema de la agenda nacional), será asumido como lineamiento permanente y estratégico por los próximos gobiernos de la Unidad Democrática, y nuestra política económica y sectorial nunca abandonará este objetivo superior. Nunca más se sacrificará al pueblo, como lo ha hecho este Régimen, por principios o metas distintas al de su propio bienestar.

Nos comprometemos con la Unidad

2.1. Se asume la Unidad de las fuerzas políticas democráticas como indispensable y como condición necesaria tanto para el logro del cambio político como para la viabilidad, estabilidad y gobernabilidad de los próximos gobiernos.

2.2. El liderazgo democrático se compromete a reforzar a la Unidad Democrática como plataforma válida e instancia de conducción y coordinación política, junto a los partidos que la conforman, así como con un Gran Frente Social donde estarán presentes todos los sectores del país, incluso los que hoy adversan la necesidad de cambio, siempre y cuando lo hayan hecho en el marco de la ley, el respeto de los derechos humanos y el resguardo del patrimonio de la Nación y su Estado.

El próximo Gobierno: nos comprometemos con un Programa Común de Unidad Nacional.

3.1. La dirección política democrática ratifica su estrategia única y medular seguida hasta ahora para lograr el cambio político: civil, constitucional, democrática, electoral y pacífica.

3.2. Logrado el cambio y superado el actual Régimen, el liderazgo democrático asume el compromiso de asegurar la gobernabilidad mediante la conformación de un Gobierno de Unidad y Reconstrucción Nacional, amplio, pluralista e incluyente.

3.3. Entendiendo que sólo con políticas concertadas y acordadas con todos los sectores de la vida nacional será posible salir de la crisis y garantizar la gobernabilidad democrática, iniciaremos con urgencia y sin dilaciones, una amplia consulta nacional sobre las bases o lineamientos mínimos del Plan de Gobierno de Unidad Nacional.

3.4. Ese Plan incluye la definición consensuada de un Programa Común que distingue las siguientes etapas: (a) Una primera etapa que atienda la emergencia social; (b) Una segunda fase de estabilización del país bajo el criterio de un nuevo modelo social y económico que procure el progreso nacional; y (c) finalmente, la ejecución de las reformas necesarias para que el país entre en la modernidad y disponga de la base material y espiritual para alcanzar su auténtico bienestar.

3.5. Para el logro de estos tres objetivos, el próximo gobierno de unidad nacional se entenderá a sí mismo como el gobierno de una amplia convergencia de intereses, que formarán una gran coalición social y política, única forma posible de viabilizar las medidas y políticas públicas necesarias para relanzar a Venezuela al destino que todos nos merecemos.

El próximo Gobierno: nos comprometemos con la conformación de un Gobierno unitario, amplio, plural y eficiente

4.1 En la composición del próximo Gobierno, estarán representadas las organizaciones políticas nacionales que forman parte de la Unidad Democrática y los sectores independientes de la sociedad venezolana. Vamos a gobernar con los mejores, los más capacitados y con quienes hayan demostrado mayor vocación de servicio, mayor sensibilidad social y un profundo patriotismo que ponga por encima el interés de la República y sus ciudadanos más humildes, sin discriminación por su ideología u origen partidista.

4.2. Nos comprometemos a que ninguna de las organizaciones políticas que forman parte de la Unidad Democrática aspira ni acepta hegemonía en el Gabinete Ejecutivo del próximo Gobierno de Unidad y Reconstrucción de Venezuela.

4.3. El candidato (a) de la Unidad para asumir la Presidencia de la República en el próximo gobierno, será escogido a través del método de elecciones primarias nacionales.

4.4. El próximo Presidente de la República, quien encabezará el Gobierno Unitario de Rescate y Reconstrucción de Venezuela, renuncia a su derecho a la reelección inmediata.

4.5. Es una decisión de la Unidad Democrática convocar a colaborar con el próximo gobierno a todos aquellos funcionarios actuales o exfuncionarios que en función de sus capacidades y talentos, contribuyan con la superación pacífica y constitucional de la actual dictadura y colaboren con la reconciliación y reconstrucción del país.

4.6. El próximo Gobierno de Unidad y Reconstrucción de Venezuela será de naturaleza civil, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desde este imperativo constitucional y democrático, nos comprometemos firmemente con la recuperación del prestigio, independencia e institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional, garante de la soberanía e instrumento neutral al servicio de todos los venezolanos, y diseñar conjuntamente con ella los mejores mecanismos para actualizar su capacidad de apresto, garantizar el bienestar de la familia militar más vulnerable, e incorporar a la FAN al proceso de rescate y reconstrucción nacional que nos compromete a todos como sociedad.

4.7. Nos comprometemos a cumplir y hacer respetar el artículo 328 de nuestra Constitución Nacional, que señala de manera taxativa el carácter y funciones de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Asumimos la angustia de la mayoría de los oficiales militares que saben que su institución ha sido deshonrada por los apetitos económicos y de poder de una minoría corrupta y desalmada, hasta el extremo de manchar con sangre de venezolanos, insignias militares que una vez fueron motivo de honra y orgullo. Nuestro compromiso es que nunca más la Fuerza Armada Nacional será utilizada y humillada en beneficio de una parcialidad política y de los intereses particulares de una camarilla corrupta que no les importa ni el futuro ni la reputación de la institución militar con tal de proteger sus beneficios. Nuestro objetivo es lograr una Fuerza Armada unida, fuerte, constitucional, querida y respetada por todo el país.

4.8. Para el correcto funcionamiento del Gobierno de Unidad y Reconstrucción de Venezuela, al momento de su instalación los titulares de los poderes públicos que hayan sido escogidos de manera legal y constitucional, les será debidamente respetado el tiempo que les corresponda seguir en funciones y serán convocados, como el resto de los ciudadanos, a contribuir con la noble tarea de reconstrucción nacional. Por su parte, aquellos titulares de los poderes públicos que hayan cometido graves violaciones o delitos contra los venezolanos o contra la Constitución en el ejercicio de sus cargos, o que de manera demostrada hayan obstaculizado de manera ilegal el derecho ciudadano a expresarse libremente en elecciones, la Asamblea Nacional procederá a iniciar su proceso de destitución y nombramiento de sus reemplazantes.

Nos comprometemos con el respeto y cooperación con todas las autoridades regionales y municipales electas, sin distingo de su militancia partidista u orientación política.

5.1. En respeto por la descentralización política prevista en la Constitución, y entendiendo que la gestión pública es eficiente y transparente si las decisiones de los gobiernos regionales y locales se corresponden con los mandatos democráticos del pueblo, nos comprometemos a respetar la permanencia de los funcionarios públicos al servicio del Estado en los distintos niveles de gobierno y en sus respectivos cargos, salvo aquellos casos en que hayan incurrido en delitos o en los que demostradamente obstaculizaron el derecho de los venezolanos a las elecciones y a la democracia.

5.2. El gobierno de Unidad Nacional se compromete a trabajar con todas las instancias y niveles de gobierno, independientemente del partido o ideología que profesen, en el marco del principio de cooperación que debe existir entre los poderes.

5.3. Nos comprometemos, así mismo, al reconocimiento de las instancias locales de representación y participación comunitaria y de acción social, que se incorporen al proyecto de reconstrucción nacional.

5.4. La Unidad Democrática, en el ejercicio del próximo gobierno, reitera su compromiso sagrado de respetar a quienes piensen políticamente distinto, pues esto constituye la base de pluralidad necesaria en toda democracia. A diferencia de lo que es práctica habitual de esta dictadura, nunca habrá algún tipo de retaliación, discriminación ni mucho menos persecución contra quienes simpaticen o militen en organizaciones políticas distintas a las que conformarán el próximo gobierno de Unidad nacional, y le serán respetados todos sus derechos políticos establecidos en la Constitución.

La Unidad Democrática seguirá funcionando para asistir al gobierno de Unidad Nacional como una gran base social y política organizada, soporte de su trascendental tarea de reconstrucción nacional, y colaborará con el gobierno, en cuanto instancia plural y representativa de las organizaciones políticas democráticas, con el ánimo de mantener y actualizar los acuerdos y consensos sociales nacionales para todos los gobiernos de coalición y unidad que el país necesite para alcanzar su máxima aspiración: el logro de la justicia social, la libertad individual y el pleno ejercicio de la democracia política y social que es consustancial con los deseos de todos los venezolanos.

Por último hacemos un llamado a todos los venezolanos de buena voluntad, de espíritu democrático y comprometidos con el desarrollo del país, para que se adhieran a este Compromiso Unitario para la gobernabilidad, el cual constituye una guía para la transformación democrática del país y la forma de asegurar el progreso y el bienestar para todos los venezolanos, sin excepción.”

Caracas, 19 de julio de 2017

Leopoldo López está en casa pero la tiranía continúa. De José Miguel Vivanco

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Leopoldo López saluda a sus seguidores luego de ser trasladado desde una prisión militar cerca de Caracas a su casa, donde permanecerá bajo arresto domiciliario por motivos de salud, según informó el Tribunal Supremo de Justicia. Credit Federico Parra/Agence France-Presse — Getty Images

JOSE MIGUEL VIVANCO

José Miguel Vivanco es director para las Américas de Human Rights Watch.

José Miguel Vivanco, 9 julio 2017 / THE NEW YORK TIMES

WASHINGTON – El 8 de julio, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro trasladó a su preso político más prominente, Leopoldo López, hasta su casa a las 4:00 de la madrugada. El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Maduro, explicó, en un párrafo, que le concedía arresto domiciliario a López como “medida humanitaria” debido a su “situación de salud”. También mencionó “irregularidades sobre la distribución del expediente a un Tribunal de Ejecución”.

NEW YORK TIMESSin dudas, la excarcelación de López es una muy buena noticia para su familia. Su esposa, Lilian Tintori, así como sus hijos, padres y hermanas, han sufrido por más de tres años al ver que López era procesado por motivos políticos y condenado a casi 14 años de cárcel, todo con base en cargos falsos y evidencia fabricada, según me dijo el propio fiscal del caso. Durante su detención en la cárcel militar de Ramo Verde, López fue sometido a largos períodos de aislamiento y sus familiares han padecido muchísimas humillaciones y abusos. En los últimos 90 días, a López le negaron cualquier contacto con sus abogados.

La excarcelación también representa un gran triunfo para los miles de manifestantes que han salido a las calles a diario desde fines de marzo para expresar su rechazo frente a las tácticas antidemocráticas del gobierno, y para el número creciente de líderes latinoamericanos que piden la liberación de los presos políticos y el cese inmediato de la represión.

Dado que López es el preso político más conocido de Venezuela, es altamente probable que el gobierno quiera vender su “liberación” como prueba de que la situación del país está mejorando, que las críticas internacionales son injustificadas y que los reclamos de los manifestantes son ilegítimos.

Esa pretensión no podría estar más alejada de la realidad.

López está en su casa, pero no está libre. Está sujeto a arresto domiciliario. En la misma situación se encuentra el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, que cumple arresto domiciliario desde hace más de dos años. A otro alcalde, Daniel Ceballos, que también fue encarcelado por motivos políticos, se le concedió arresto domiciliario por un año, pero luego lo pusieron nuevamente detrás de las rejas. Otros líderes políticos, como el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, han sido inhabilitados arbitrariamente para postularse a cargos públicos por varios años.

El 5 de julio, día de la independencia en Venezuela, hubo un choque entre parlamentarios y grupos paramilitares partidarios del gobierno de Maduro, que buscaban invadir la Asamblea Nacional. Credit Fernando Llano/Associated Press

En Venezuela, hay más de 400 presos políticos, según datos del Foro Penal Venezolano, organización sin fines de lucro que representa legalmente a detenidos. Más de 350 civiles han sido juzgados en tribunales militares, una práctica propia de las dictaduras latinoamericanas de la década de 1970 que viola flagrantemente el derecho venezolano y el internacional. Muchas de estas personas están alojadas en prisiones militares, cárceles de máxima seguridad o sedes de los servicios de inteligencia en condiciones de reclusión crueles y degradantes.

A su vez, las fuerzas de seguridad, en complicidad con grupos armados partidarios del gobierno conocidos como “colectivos”, siguen reprimiendo brutalmente las manifestaciones contra el gobierno. Desde inicios de abril, más de 90 personas han sido asesinadas, más de 1.500 resultaron heridas y más de 3.000 han sido detenidas con motivo de las manifestaciones. Los altos mandos venezolanos deben responder por las violaciones de derechos humanos generalizadas y graves cometidas por sus subordinados, incluidos casos de torturas.

El presidente Nicolás Maduro saluda a simpatizantes chavistas durante una manifestación con empleados de Petróleos de Venezuela, el 8 de julio de 2017 Credit Reuters

A fines de junio, el presidente Maduro declaró que su gobierno jamás se rendiría ante sus opositores y que una futura derrota política terminaría en violencia. “Lo que no se pudo con los votos”, advirtió, “lo haríamos con las armas”.

Hace apenas unos días, el gobierno venezolano permitió que hampones armados irrumpieran en la Asamblea Nacional y golpearan a legisladores de oposición a plena luz del día. Esta agresión fue coordinada entre colectivos y miembros de la Guardia Nacional, según surge de grabaciones de audio que se difundieron el 7 de julio.

Ahora no es el momento de dejarse engañar y ser complacientes. Por el contrario, es indispensable más fiscalización y redoblar la presión para garantizar que López y Venezuela sean finalmente libres.

La crisis actual en Venezuela no es un conflicto entre dos ideologías o grupos políticos. Es una confrontación entre un régimen cívico-militar represivo que viola los derechos fundamentales de su pueblo e ignora descaradamente las garantías democráticas más elementales, y millones de venezolanos que se oponen a esta tiranía, incluidos muchos que antes apoyaban al gobierno.

La excarcelación de López es una señal de enorme debilidad de un régimen cada vez más aislado por la presión en las calles e internacional. Incluso la Fiscala General Luisa Ortega Díaz, quien antes apañaba al gobierno, ha criticado abiertamente a Maduro y la represión. Otro signo de la descomposición es que Ortega, justamente por sus críticas, hoy enfrenta un inminente proceso de destitución.

El arresto domiciliario de López es una notable concesión del gobierno venezolano. Pero es, muy probablemente, un repliegue táctico hecho con la intención de apaciguar las críticas y bajar la presión interna e internacional. Ahora no es el momento de dejarse engañar y ser complacientes. Por el contrario, es indispensable más fiscalización y redoblar la presión para garantizar que López y Venezuela sean finalmente libres.

Es hora de que México, Brasil, Argentina, Canadá y Estados Unidos exijan que el gobierno de Maduro autorice la visita de una misión de países representativos de la región, acompañada de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para evaluar la situación in situ. Esta iniciativa podría darse dentro del marco de la OEA o fuera de ella si no se cuentan con los votos suficientes para autorizarla. La misión debería, específicamente, solicitar reunirse con todos los actores relevantes, incluyendo a los presos políticos, y notificarle al gobierno que las violaciones de derechos humanos no quedarán impunes. Un mensaje claro de estos países advirtiendo que los responsables de abusos deberán rendir cuentas por sus actos podría disuadir a policías y militares de que continúe la espiral de violencia, o que incluso se incremente.