¿Seguridad o exterminio? De María José Cornejo

El 72 % de la población salvadoreña vive en territorios que concentran el mayor número de homicidios. En esos 50 municipios, el Estado no goza del monopolio de la violencia, y bajo una definición estricta, allí hay un Estado fallido.

María José Cornejo, termina una maestría de crimonología en Inglaterra

María José Cornejo, 25 agosto 2015 / LPG

Como respuesta, se acude inmediatamente a medidas represivas inviables para un país con una institucionalidad débil. Estados de sitio, pena de muerte y militarización de la seguridad ciudadana en un país con alto nivel de impunidad que nos conducirían a un mayor caos.

Las reacciones bélicas del Estado han contribuido a desatar una “nueva guerra” (Kaldor, 2012) en municipios donde los vacíos de poder fueron usurpados por las pandillas para fines criminales.

La desesperación por recobrar el poder nos sumerge en una “guerra contra las maras” en lugar de una “guerra contra el crimen”. El discurso y las acciones que le siguen se alejan de la provisión de seguridad y se orientan hacia la erradicación de un grupo. La seguridad es una obligación del Estado y es a la criminalidad a la que hay que combatir. ¿Por qué no nos indigna la incapacidad de la policía de prevenir robos y extorsiones? O la ¿incapacidad de la fiscalía de darles justicia a las víctimas? ¿Por qué no denunciamos cuando nos roban? La respuesta es que las instituciones han perdido credibilidad. Librar una guerra contra un grupo no asegura que las instituciones vayan a ser capaces de proveer seguridad.

Estamos encaminando a las fuerzas de seguridad a convertirse en actores genocidas. Es trágico que un partido de izquierda que libró una guerra revolucionaria, basada en obtener el apoyo popular ganándose los corazones de la población, ahora pretenda retomar el control de territorios por medio del exterminio. Si acaso, la policía debería librar una guerra revolucionaria y no genocida. Nuestra identidad como nación ahora parece construirse en torno a la erradicación de un grupo –como una sociedad genocida, aniquilando a quienes se adhieren a una marca.

Una característica de estas “nuevas guerras” es que son un instrumento político para generar apoyos, unidad e identidad. Es decir, es más fácil para un Estado ineficiente librar una guerra contra las pandillas que una guerra contra el crimen, ya que esta última requiere de instrumentos, esfuerzo, visión y recursos.

Para las pandillas también es necesaria la guerra para justificar su propia existencia –el terror y la violencia dan unidad, el tener un enemigo justifica su razón de ser. La guerra contra las pandillas, es por lo tanto, lo que Kaldor (2012) tilda como una “empresa conjunta”, en la que todas las partes necesitan del conflicto. Las “nuevas guerras”, empresas conjuntas para fines políticos, no pueden ganarse. Kaldor presenta el ejemplo de la guerra contra el terrorismo: no se pude destruir a los terroristas porque no se les puede distinguir de la población, los terroristas tampoco tienen la capacidad de destruir al Estado. Pero sí se entiende a la guerra contra el terrorismo como una herramienta política para que un Estado construya su imagen y justifique gastos militares; y para que los terroristas también logren sustanciar su idea de guerra y movilizarse en torno a una causa, entonces sí son guerras efectivas, pero son guerras sin fin.

Hemos tolerado las carencias del Estado en el ámbito de salud, empleo, transporte, pero en seguridad, debería de indignarnos. Las pandillas no son el problema, el problema es la incapacidad del Estado, que se maquilla políticamente con sangre. Hay que generar seguridad y no ser cómplices de la sangre, las nuevas guerras no tienen ganadores.

Diseño urbano y violencia. De María José Cornejo

Muchas veces se adjudica la criminalidad a la desorganización de los barrios más pobres, que a diferencia de las uniformes colonias, son comunidades que aparentemente carecen de “estructura”.

María José Cornejo, termina una maestría de crimonología en Inglaterra

María José Cornejo, 4 agosto 2015 / LPG

Sin embargo, toda comunidad cuenta con un orden, a veces más complejo y jerarquizado que el de las colonias de grama bien cortada y cerradas por plumas. Las comunidades pobres tienen sistemas de control, muchas veces más organizados que los de las uniformadas colonias. El equivalente a darle su DUI a un policía de seguridad privada en una colonia encuentra su homólogo cuando en la comunidad el pandillero le impone apagar las luces de su carro para entrar, controlado por todo un sistema de informantes. Altos niveles de orden.

Es entonces importante entender que la criminalidad y violencia no surge de una aparente anarquía en los barrios más pobres. Lo que vuelve violento a los barrios, desde la óptica del desarrollo urbano, es que estos se encuentran desanclados del resto de la ciudad. El desarrollo urbano le ha apostado a la separación de las comunidades para así crear espacios exclusivos. El desarrollo responde también a los que “tienen” y olvida a los que no. Como ejemplo la construcción de carreteras que vinculan a las élites (desde sus hogares hasta sus trabajos y sus centros de entretenimiento), dejando a un lado (literalmente a veces) a los habitantes pobres. Se construyen carreteras sin semáforos, para evitar la inseguridad de tener que parar en un lugar peligroso, donde pasan zumbando carros y se deja a un lado a quienes a pie deben poner en riesgo su vida para cruzar la calle.

¿Alguna vez ha reparado en la marginación de la comunidad La Cuchilla, a la orilla de la carretera Panamericana, frente a ostentosos centros comerciales? El modelo de desarrollo urbano está basado en la separación con esa manía de generar exclusividad.

El diseño de nuestra ciudad es equivalente a un “urbicidio”, se mata deliberadamente a partes de la ciudad. Al asfixiar partes de la ciudad, desconectándolas, se contribuye a la extinción de los pobres quienes –desde una perspectiva darwiniana– buscarán su supervivencia atacándose entre sí por las migajas que quedan.

No podemos estigmatizar a todos los habitantes de estas comunidades, pero la competencia despiadada por recursos surge de la inhabilidad de ciertos grupos de hacerle frente, dentro de los canales legales, al torniquete que le impone la desconexión urbana.

Son escasas las iniciativas de integración entre gente de las comunidades y las colonias, y cuando las hay, los jóvenes reciben agresión de parte de la policía quien con esto evidencia actuar para mantenerlos en “su” lugar. Hemos llegado a tales niveles que a un joven de Las Palmas que participe en eventos fuera de su comunidad solicita que para su protección se le otorgue identificación de los organizadores de los eventos para permitirle transitar sin el acoso de las autoridades. Además, los modelos de seguridad que se implementan en estas comunidades tienen un carácter más despiadado que el que se vive en las colonias “ricas”. Los patrullajes violentos y arbitrarios generan condiciones de terror para todos los habitantes de los barrios. Estas condiciones tienen como consecuencia formas de supervivencia violentas.

Es importante analizar el diseño de “desarrollo” que hemos adoptado y poner en evidencia que fomentamos la creación de guetos, desconectamos. Partes de la ciudad están diseñadas para el uso de pocos. Habitantes de Las Palmas o La Cuchilla se deberán conformar con ver el desarrollo de lejos, y todos, a hacerle frente a la violencia de grupos que se asfixian.