Centro de Estudios Jurídicos CEJ

La judicialización de las investigaciones de Probidad. De Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Contra y viento y marea, en los últimos meses la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ha venido realizando una titánica labor que ha desembocado en el inicio de procesos judiciales de enriquecimiento injustificado contra varios exfuncionarios, incluidos entre ellos dos expresidentes de la República.

centro estudios CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 27 febrero 2017 / LPG

En uno de los casos promovidos, ya existe sentencia judicial condenatoria.

La labor desempeñada por la Sección de Probidad, más el entendimiento exacto del compromiso constitucional asumido por varios de los magistrados de la Corte, ha permitido que hayamos iniciado una nueva etapa en la que –esperemos todos– los funcionarios respondan y sean sancionados cuando se han enriquecido con fondos públicos.

Estamos viviendo una realidad que aún nos tiene asombrados. Estamos presenciando el inicio de investigaciones y procesos judiciales, cuyas consecuencias probablemente todavía no logramos vislumbrar a cabalidad. A su vez, eso ha generado cierto optimismo porque nos conduce a pensar que, talvez ahora sí, se aplicará la ley sin ningún tipo de distinción.

En los días recientes hemos conocido que existen más de setenta procesos de investigación que están siendo conducidos en la Sección de Probidad, y que al menos cinco de ellos se encuentran en su etapa final. Esto significa que pronto serán sometidos a conocimiento de la Corte en pleno y que será esta la que tendrá que decidir si judicializa los casos.

Es a esto último a lo que queremos referirnos. De acuerdo con la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, las investigaciones que desarrolla la Sección de Probidad y las decisiones que toma Corte en pleno no significan, bajo ningún punto de vista, que se esté condenando al funcionario investigado.

Lo único que implica es que existen elementos indiciarios suficientes, como para que en un proceso judicial con plenitud de trámite se discuta, pruebe y decida el posible enriquecimiento injustificado. La Corte no juzga; no es ese su rol en esta materia.

Siendo así, a los magistrados debe resultarles suficiente que exista una muestra o una señal que sin ser necesariamente contundente lleve a cuestionar el enriquecimiento de un funcionario en relación con el importe de sus ingresos y gastos ordinarios. Y de existir esa señal, respetando siempre la presunción de inocencia, debe remitir a la Cámara de Segunda Instancia para que sea ante ese tribunal que se identifique si existe o no la actividad ilícita. Fiscalía debe hacer su parte.

Insistimos en esto porque hemos percibido en algunos magistrados una mezcla de apatía, desinterés y de inusitada resistencia por dar continuidad a un proceso que no debe tener marcha atrás; sobre todo porque se cuenta con el apoyo decidido de la ciudadanía y hasta de la comunidad internacional. Preocupa que incluso, en algunos casos, se perciba cierto temor, quizá ocasionado por las evidentes presiones de algunos investigados.

Nadie está diciendo que todas las personas investigadas deben ser remitidas a un proceso judicial. La sola existencia de la investigación jamás puede ser suficiente. Pero si del resultado de esa investigación surgen señales que ponen en duda las fuentes del posible enriquecimiento del funcionario, es obligación de los magistrados remitir a quien corresponda, para que se deduzcan responsabilidades.

La Sección de Probidad ya fue reforzada con nuevos elementos, razón por la que con propiedad podemos exigir que las investigaciones que ahí se conducen se agilicen y se mantengan con estrictos criterios técnicos.

Y en el caso de los magistrados, pedimos no dejarse amedrentar por presiones indebidas y no cesar en su contribución por luchar contra la impunidad y la corrupción. No pretendemos que los 15 magistrados estén siempre de acuerdo, pero les exhortamos a que en este tema en particular pongan especial énfasis en lograr el mayor consenso posible. Confiamos en ustedes.

De nuevo en defensa del gremio y la presunción de inocencia. CEJ

Cuando en septiembre de 2015, la Fiscalía General de la República dio a conocer por medios de comunicación un supuesto intercambio de bebés en un centro hospitalario, y cuando en ese contexto se realizaron imputaciones a un profesional del gremio médico, aprovechamos la oportunidad para hacer notar que la imputación de un ilícito penal, a cualquier persona, debe garantizar siempre la presunción de inocencia y apoyarse desde su inicio en el pertinente soporte de prueba técnica científica que garantice la aproximación a la verdad de los hechos investigados.

centro estudios CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 6 febrero 2017 / LPG

Para el caso del gremio de abogados y tal como en ese momento lo dijimos, ahora insistimos en expresar que no se justifica la persecución de abogados por la sola circunstancia de haber representado, asesorado o solventado una disputa de alguien a quien se acusa del cometimiento de ilícitos penales, como igual reiteramos que no se justifica que se acuse a notarios por el solo hecho que ante sus oficios se hayan otorgado instrumentos de personas investigadas. Las actuaciones de los abogados en el ejercicio de su profesión requieren investigaciones mucho más exhaustivas para determinar si, en efecto, hay participación en el cometimiento de un delito.

la prensa graficaEn esta columna, hemos expresado nuestro total apoyo a las labores de investigación y persecución del delito, pero también hemos exigido a jueces, fiscales, autoridades y medios de comunicación que tengan prudencia institucional cuando de investigar a un abogado se trata. Más importante todavía, no se debe olvidar que –como a todos los ciudadanos– también a los abogados se les presume inocentes mientras no se demuestre lo contrario.

Estas reflexiones son oportunas ahora que dos miembros del gremio de abogados han sido acusados del delito de evasión tributaria. Como se ha venido haciendo en los últimos meses, Fiscalía decide exponer públicamente a los investigados, afectando seriamente su imagen ante la opinión pública y creando una impresión de culpabilidad que es inaceptable.

Nos referimos al hecho de que estos profesionales, sin haber sido condenados en juicio, ya han sido expuestos al escarnio público. En estas circunstancias, la presunción de inocencia no ha tenido prevalencia y eso es algo que el CEJ siempre ha rechazado, puesto que ese principio se ha considerado como uno de los pilares del ordenamiento jurídico de todo Estado democrático, al establecer la responsabilidad penal del individuo, únicamente cuando esté debidamente acreditada su culpabilidad.

Queremos ser enfáticos en aclarar que seguimos apoyando las labores de investigación y combate directo al delito, y que aplaudimos la actitud valiente que ha venido teniendo el fiscal general de la República. Pero también queremos ser enfáticos en repetir que esa labor no pasa, ni por cerca, por propiciar la creación de juicios paralelos, ni mucho menos requiere exhibir, como delincuentes, a personas que aún están siendo investigadas.

Es importante que una institución como la Fiscalía rinda cuentas a la ciudadanía e informe permanentemente sobre sus actuaciones, pero eso no significa que –sin contar con juicio previo– publicite anticipadamente actividades de investigación que están lejos de concluir y de las que aún no se conoce su resultado.

Desde luego que esto aplica para todo tipo de personas investigadas, como también aplica para toda suerte de diligencias. Para el caso específico de nuestro gremio, se han publicitado allanamientos a despachos de abogados, anunciando con bombo y platillo los motivos de la investigación, sin que a la fecha sepamos cuál ha sido el resultado de esas investigaciones. Para mientras, estos despachos y sus miembros ya fueron afectados. Esto es lo que criticamos.

Velar por el imperio del derecho también implica velar porque se respeten las garantías de un Estado democrático de derecho. La presunción de inocencia es uno de ellos. Exigimos que se respete.

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Debe ponerse un alto al acoso y el espionaje. Centro de Estudios Jurídicos CEJ

La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la reserva o privacidad de las comunicaciones son principios esenciales en toda sociedad democrática. Preciándonos de serlo, es claro que se trata de derechos de rango constitucional, que tenemos que defender férreamente. No podemos ni debemos andar con medias tintas.

centro estudios CEJCentro de Estudios Juídicos CEJ, 23 enero 2017 / LPG

Es por eso que no podemos dejar de referirnos al hecho de que a principios de este año, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), ante lo que calificó como un acto de acoso político en su contra, denunció ante la Fiscalía General de la República el hallazgo de un micrófono oculto en una de sus salas de reuniones; como tampoco podemos ignorar que pocos días después, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador informó ante los medios de comunicación que también encontró un micrófono en sus instalaciones, oculto de la misma forma que el detectado anteriormente en FUSADES.

la prensa graficaEs obvio que los hallazgos en estas instituciones no son meras casualidades. Si bien su autoría es aún desconocida, no dudamos que obedece a una clara política de espionaje y acoso que no puede tolerarse ni en este ni en ningún otro caso, razón por la que nos sumamos al enérgico reproche hacia estas prácticas, exigiendo la inmediata investigación de las mismas.

De comprobarse por las autoridades competentes los hechos denunciados por ambas entidades y de identificarse a los responsables de semejante atropello, estos deberán enfrentar la justicia por el cometimiento de al menos dos delitos: el de interferencia e intervención de comunicaciones telefónicas, que es cometido por quien intercepta o intervine comunicaciones telefónicas o usa artificios técnicos de escucha o grabación de las mismas, o lo ordena o permite; y el delito de captación de comunicaciones, que ocurre cuando, con el fin de vulnerar la intimidad de otro, se intercepta una comunicación o se utilizan instrumentos o artificios técnicos de escucha, transmisión o grabación de sonido.

Lo ocurrido en estos días tiene que alarmarnos a todos los que de verdad queremos vivir en democracia, sobre todo porque a estas acciones recientemente denunciadas debemos sumar otras que se han hecho desde ciertas instituciones públicas. Así, por ejemplo, algunos de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia han manifestado en diversas ocasiones que tienen suficientes motivos e indicios para sostener que sus líneas telefónicas han sido intervenidas de forma ilegal.

Y más recientemente, el fiscal general de la República ha denunciado públicamente haber sufrido de escuchas telefónicas ilegales, de la desconexión de su teléfono celular, y de otros actos de espionaje que habrían sido utilizados con el motivo de amedrentarlo y de presionarlo indebidamente como respuesta a delicadas investigaciones que están siendo conducidas.

Esperamos, por el bien de nuestro país, que no continuemos con estas que parecen ser represalias sistemáticas en contra de actores públicos y privados. En cualquier caso, tenemos que hacer causa común y evitar que individuos u organizaciones que no han comprendido la realidad democrática en que vivimos pisoteen los más elementales derechos ciudadanos.

Nuestro firme llamado es para que a 25 años de firmados los Acuerdos de Paz, los únicos que sean intervenidos y perseguidos en El Salvador sean los delincuentes que violan la ley y quienes mantienen atemorizada a la población, y no quienes con su trabajo, desde el ámbito público o privado, velan por las garantías y los derechos democráticos.

El espionaje y el acoso político no deben existir en una democracia que ha costado tanto esfuerzo construir. Debe ponerse un alto inmediato a estas acciones; las autoridades deben esmerarse en dar con los responsables para aplicarles las medidas legales correspondientes.

Las corrientes del pensamiento jurídico en 2018. Centro de Estudios Jurídicos CEJ

En 2018 se elegirá a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cuatro ocuparán las vacantes que quedarán en la Sala de lo Constitucional.

centro estudios CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 16 enero 2017 / LPG

Es justo reconocer que el país heredará una Sala de lo Constitucional remozada y con un poder más amplio e intenso que el que tenía en 2009; de ahí que la elección que se avecina tiene una trascendencia particular.

En nuestra comunidad jurídica hay excelentes colegas, que desde una magistratura podrían fortalecer aún más la justicia constitucional y el Estado de Derecho, por lo que el reto es perfeccionar el procedimiento de elección en todas sus fases, y así alcanzar un tribunal constitucional de calidad y equilibrado.

Uno de los análisis que debe emerger en el proceso de elección de 2018 y que ahora queremos destacar es el exigido en el art. 186 de la Constitución: determinar cuál corriente del pensamiento jurídico representa cada candidato.

la prensa graficaEn la sentencia de inconstitucionalidad 19-2012, la Sala de lo Constitucional dijo que la Asamblea Legislativa “debe renovar la tercera parte de los Magistrados de la Corte cuya posesión del cargo deben asumir en el mes de julio del año de su elección, y posibilitar así que en la renovación de la Corte se exprese la evolución de las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico”. Luego en la sentencia de inconstitucionalidad 94-2014 expresó que “el pluralismo jurídico de los magistrados de la Corte es una característica básica que debe ser considerada en el proceso de selección”.

De ahí que en el proceso de selección de candidatos que hizo el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) en 2015, se preguntó a los postulantes que identificaran la corriente del pensamiento jurídico que representaban. Pero es probable –como pudimos evidenciarlo– que la simple incorporación de esa pregunta en un cuestionario, y las respuestas automáticas de los postulantes oscilando entre iusnaturalistas y positivistas, sea insuficiente para cumplir con el requisito constitucional. Este es un buen momento para dar un salto de calidad.

Desde ya abogamos para que en el procedimiento ante el CNJ se planteen a los postulantes casos hipotéticos, se les exijan análisis críticos sobre sentencias emitidas en el pasado, o se realicen preguntas sobre hermenéutica jurídica. Todo a fin de escudriñar el pensamiento jurídico de los postulantes.

Y en el procedimiento ante FEDAES, desde ya proponemos que la comunidad de abogados exija a los candidatos que la campaña no la centren en eventos sociales, sino en disertaciones y debates académicos en que los abogados podamos conocer las posturas intelectuales de los candidatos.

Eso supone que hoy, un año antes de que inicien los procedimientos de selección, quienes estén interesados en ser magistrados en 2018 tienen el reto de comenzar a reflexionar sobre sí mismos y definir su corriente de pensamiento. Deben articular y definir su pensamiento jurídico a partir de la filosofía del Derecho. De ese modo, cuando llegue el momento oportuno, podrán exponerlo y justificarlo ante el pleno del CNJ, la comunidad de abogados y la sociedad.

El candidato que tenga una postura intelectual clara y sólida debe tener una ventaja significativa frente a sus competidores en el procedimiento. Y para que eso sea así, los miembros del CNJ y los abogados tenemos la obligación de elevar la exigencia del cumplimiento del requisito previsto en el art. 186 de la Constitución.

Tener una u otra visión respecto a un fenómeno jurídico no hace a los sujetos mejores o peores. La diversidad es propia de la naturaleza humana. La pluralidad de pensamiento jurídico en la Corte, y particularmente en la Sala de lo Constitucional, puede enriquecer y equilibrar sus decisiones. Con un tribunal monocromático, o con sujetos sin posturas intelectuales claras, es menos probable que eso se logre.

Prestemos atención al hacinamiento penitenciario. Centro de Estudios Jurídicos-CEJ

Si El Salvador se midiera por la frase “dime la forma en que tratas a tus presos y te diré qué tipo de sociedad eres”, definitivamente nos ubicaríamos como una sociedad enferma, hacinada y violadora de derechos humanos. En el primer semestre de 2016 se contabilizaban alrededor de 34,000 reclusos entre procesados y condenados.

centro estudios CEJCentro de Estudios Jurídicos-CEJ, 2 enero 2017 / LPG

La precariedad de las condiciones de las bartolinas y centros penitenciarios ha llevado a El Salvador a ubicarse en la primera posición con el mayor porcentaje de ocupación en centros penitenciarios (299 %), según el Informe Sobre Seguridad Ciudadana en las Américas elaborado por la OEA en el año 2010.

El problema del hacinamiento carcelario llegó hasta la Sala de lo Constitucional con una demanda de hábeas corpus correctivo, en el que se solicitó la protección del derecho fundamental a la integridad personal física, psíquica o moral de los privados de libertad; lo anterior, con el objeto de permitir a estas el desarrollo de una vida desprovista de agravamientos ilegítimos en las condiciones de ejecución de tal privación.

Hay que dejar claro que no se busca la libertad de los individuos que han cometido delitos, sino que su pena sea purgada en condiciones humanitarias; y esto debe aplicar para todos los que hayan delinquido.

la prensa graficaLa Sala de lo Constitucional señaló en su sentencia de hábeas corpus que tampoco se trata de que los internos cumplan pena, medida de seguridad o medida cautelar en condiciones de comodidad, sino que lo hagan en condiciones mínimas que son esenciales para todo ser humano y que aseguren la preservación de su vida, salud, readaptación social y que, simultáneamente, están asegurando los bienes e intereses de todos.

En ese sentido, la Sala estableció que la erradicación del hacinamiento no se trata de una prerrogativa inmerecida de los procesados y delincuentes, sino que es una exigencia de la seguridad humana que afecta y compete a todos los integrantes de la sociedad.

Muchas personas confunden el trato digno a los reclusos en bartolinas y centros penitenciarios con alguna prerrogativa, trato preferente u olvido del sufrimiento de las víctimas. El Estado salvadoreño está obligado a respetar los derechos de todas las personas, hayan cometido delitos o no, incluso si esas personas no fueron capaces de respetar los derechos de otros voluntariamente. Esto debe ser así en razón del reconocimiento de la dignidad de cada salvadoreño, la cual no podemos obviar aún y cuando hayan sido condenados a la pena máxima de prisión.

Algunas de las medidas que la Sala de lo Constitucional ha ordenado para superar las condiciones de hacinamiento carcelario son: las delegaciones policiales deben utilizarse solo momentáneamente para resguardar privados de libertad y no en tiempos que superen los plazos de detención administrativa y detención por inquirir; contar con espacios para descanso nocturno, espacios que permitan un mínimo de movilidad, construir nuevos centros de reclusión o readecuación de otro tipo de inmuebles estatales que permitan desalojar la gran cantidad de reclusos; actualización y depuración de casos por parte de los jueces penales y jueces de vigilancia penitenciaria, entre otras medidas.

Por años esto ha sido un problema al que no se le ha querido prestar atención y hoy estamos viendo las consecuencias. Las condiciones infrahumanas en que se encuentran los reclusos propician el cometimiento de más y peores delitos.

En el CEJ esperamos que las distintas autoridades involucradas en la solución de este problema estructural (director de la Policía Nacional Civil, director general de Centros Penales, ministro de Justicia y Seguridad Pública, fiscal general de la República, ministra de Salud, Asamblea Legislativa, así como jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena) presten la voluntad y ayuda correspondiente para minimizar el hacinamiento y condiciones inhumanas de los privados de libertad.

Devuelvan el presupuesto. De El Centro de Estudios Jurídicos

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, el presupuesto general debe estructurarse con arreglo a ciertos principios presupuestarios, destacando entre ellos los de transparencia, oportunidad, unidad, universalidad y equilibrio.

centro estudios juridicos CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 29 noviembre 2016 / LPG
Lo anterior se traduce en que el presupuesto debe permitir el escrutinio ciudadano, debe ser presentado para aprobación de la Asamblea por lo menos con tres meses de anticipación al inicio del nuevo ejercicio fiscal, debe ser uno solo para todo el ejercicio, debe reflejar la totalidad de los ingresos y egresos proyectados para ese mismo ejercicio y, por último, tanto los gastos como los recursos, deben totalizar sumas iguales.

Estos principios aparecen recogidos por nuestra Constitución en el artículo 227 el cual establece que el presupuesto general contendrá, para cada ejercicio fiscal, la estimación de todos los ingresos que se espera percibir de conformidad con las leyes, así como la autorización de todas las erogaciones que se juzgue convenientes para realizar los fines del Estado. Y cuando en el artículo 226 dice que el Órgano Ejecutivo está especialmente obligado a conservar el equilibrio del presupuesto.

Nadie desconoce que ha sido una práctica de muchos años, que los presupuestos presentados a la Asamblea no cumplen con estos principios y que el proceso de aprobación legislativa se ha convertido casi en una mera formalidad.

La gravedad de la crisis económica en nuestro país, las innegables carencias en la provisión de servicios básicos y el conocimiento certero que ahora tenemos sobre el mal uso que por lustros se ha venido haciendo de los fondos públicos han propiciado –quizá por vez primera– que el presupuesto se debata abiertamente.

Debemos decir que aun con los problemas que afrontamos, esto último debe rescatarse. Lo que está sucediendo es simple y sencillamente una muestra del control democrático de la actividad financiera del Estado; tarea que no veníamos haciendo como se debe. Las potestades financieras del Ejecutivo no son absolutas.

Como resultado de estos debates, autoridades del Órgano Ejecutivo y algunos diputados han reconocido que el presupuesto presentado para 2017 no cumple con los principios de universalidad y equilibrio. Pero si bien esto ha sido aceptado, se ha querido vender la idea de que no hay nada que pueda hacerse y que la Asamblea Legislativa debe limitarse a aprobar el presupuesto con todo y falencias, para más adelante ver si en el camino se corrigen; ¡vaya propuesta!

Nuestra Constitución y la ley señalan que el ministro de Hacienda – en representación del Consejo de Ministros– presentará el presupuesto con al menos tres meses de anticipación al cierre del año 2016, pero no dice que la Asamblea está obligada a aprobar cualquier cosa que se le presente.

Siendo así, queremos dejar completamente clara nuestra posición: la Asamblea Legislativa debe rechazar el presupuesto y devolverlo al Órgano Ejecutivo para que realice los ajustes que correspondan y vuelva a presentar este para su aprobación.

Contrario a eso, la Asamblea está obligada a velar por que se cumplan los principios antes dichos, debiendo observar lo que entienda que está mal y debiendo hacer las propuestas de ajuste que considere apropiadas. Hay que entender que se incumple con la constitución al aprobar un presupuesto que no cumpla con ser universal y equilibrado.

La interpretación que algunos sugieren en virtud de la que ya no hay manera de devolver el presupuesto al Ejecutivo porque ya sería una presentación extemporánea conduciría a un absurdo. Bastaría que los presupuestos se presenten mal el último día previsto por la Constitución, para amarrar a la Asamblea y forzarla a que diga sí. Jamás ha sido ese el pretendido constitucional.

Diputados: cumplan con su deber devolviendo el presupuesto y exigiendo que el Ejecutivo cumpla con su especial obligación de conservar el equilibrio y universalidad presupuestaria.

¿Cuándo aprobarán la Ley de la Función Pública? Centro de Estudios Jurídicos CEJ

En 2013 publicamos una columna en que expresamos que “la contratación de empleados y funcionarios públicos debe realizarse mediante procedimientos transparentes y que garanticen la competencia entre los aspirantes.

centro estudios juridicos CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 165 marzo 2016 / LPG

Con procedimientos así –aunado a salarios competitivos en el sector privado– se incrementan las probabilidades de que el Estado contrate a los mejores”. Luego dijimos que un valioso instrumento para ello es el anteproyecto de Ley de la Función Pública.

La contratación de los empleados públicos está sujeta a una amplia discrecionalidad por parte de los funcionarios y titulares de las instituciones, por lo que no existen garantías suficientes para garantizar que el Estado contrate a los mejores. No es inusual que un funcionario, en lugar de procurar contratar a los mejores, decida colocar en las plazas públicas a sus amigos o a los militantes del partido. Esa práctica deriva en un deterioro en la prestación de los servicios públicos. El compadrazgo tiene un costo, y este lo pagamos todos los ciudadanos.

Además, en una coyuntura en que el Estado enfrenta graves problemas fiscales, se vuelve imperativo que se adopten acciones dirigidas a administrar de un modo más eficiente los recursos con que se cuenta. Precisamente, una de esas acciones es establecer un mecanismo para dejar de contratar a los amigos, y comenzar a contratar a los mejores.

El anteproyecto de la Ley de la Función Pública pretende combatir esos problemas. El documento surgió del seno de la Secretaría de Asuntos Estratégicos del gobierno anterior, pero una vez elaborado se omitió impulsar su aprobación en la Asamblea Legislativa. No cuesta imaginar por qué.

Tras casi tres años desde que se divulgó el anteproyecto, aún no contamos con un sistema integral que rija la manera en que se contratará al personal de la Administración Pública, siendo injustificable desde cualquier punto de vista que se haya tomado la decisión de guardar en la gaveta el anteproyecto de la Ley de la Función Pública, sobre todo en el gobierno actual.

Y es que en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 se expresa que se pretende “fortalecer la organización, el funcionamiento y la gestión de calidad en el Órgano Ejecutivo” (L.11.2.4); y “diseñar e implementar en el Órgano Ejecutivo un sistema de profesionalización del servicio civil y del talento, basado en el mérito y la capacidad que incluya la adecuación del marco normativo (L.11.2.5). La Ley de la Función Pública serviría exactamente para esos propósitos.

Es insuficiente plasmar en un plan que se pretende profesionalizar al equipo humano que sirve a los ciudadanos desde el Estado; hay que hacerlo. Y un primer paso para ello sería aprobar la Ley de la Función Pública.

Más aún, aprobar esa ley es parte de los compromisos que adoptó el gobierno de El Salvador en una de las metas del Asocio para el Crecimiento con los Estados Unidos de América. En el informe del Asocio para el Crecimiento correspondiente al semestre mayo de 2012-noviembre de 2012 se expresaba: “El GOES espera que la versión final [de la Ley de la Función Pública] sea presentada a la Asamblea Legislativa a fines de 2012 o inicios de 2013”.

En el último informe (noviembre de 2014-mayo de 2015) se califica en un nivel bajo la meta 6 –que se refiere a la profesionalización de la Administración Pública–. Uno de los motivos que se señalan para esa mala nota es “que el anteproyecto de Ley de la Función Pública, que cumple 18 meses de haber sido finalizado, aún no ha sido enviado por el GOES a la Asamblea Legislativa para su revisión y aprobación”.

De ahí que volvamos a preguntar: ¿Cuándo aprobarán la Ley de la Función Pública? Esperamos nos respondan dando una fecha límite para ello.