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Magistrados independientes. ¿Es mucho pedir? Centro de Estidios Juridicos CEJ

Centro de Estudios Jurídicos CEJ, 9 abril 2018 / La Prensa Gráfica

El día 4 de abril, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) inició la verificación de los expedientes enviados por FEDAES, de los 15 candidatos que resultaron electos por los abogados el pasado 10 de marzo.

Fue en ese contexto que nos tomó por sorpresa la información que apareció en algunos medios, en la que se dejaba entrever que hay 8 expedientes incompletos de 8 de los candidatos. Por esas extrañas coincidencias, resulta que solamente los 7 candidatos de UNAJUD-ABODEL-AAO aparecen con sus expedientes completos.

Al momento de redactar esta columna, en FEDAES no se había recibido notificación oficial del CNJ al respecto. No queremos pecar de exceso de desconfianza, pero es verdaderamente insólito lo sucedido. Algo no cuadra y es muy extraño, siendo imperativo determinar qué es lo que ha ocurrido con los expedientes.

De ser cierto lo que se ha conocido por los medios, el CNJ deberá prevenir a FEDAES para que se complete la documentación aparentemente faltante, sin perjuicio de que –insistimos– hay que aclarar lo acontecido. Y es que en verdad resulta absurdo, ya que en nuestro caso por ejemplo, fuimos la única asociación que incluso compartió públicamente las hojas de vida de sus candidatos, siendo precisamente ese, uno de los documentos que supuestamente falta en algunos de los expedientes.

En su oportunidad, cumplimos formalmente y en tiempo con todo lo requerido por FEDAES; tenemos constancia de ello. Somos parte de FEDAES y hemos sufrido las consecuencias de tener que votar en minoría en varias de las trascendentales decisiones que ahí se han adoptado. Por eso somos más exigentes y por eso es que la información que hemos conocido a través de los medios nos lleva a especular que irregularidades existieron o en FEDAES o en el CNJ o en ambas instituciones. Aún no lo podemos afirmar, pero esperamos hacerlo pronto.

Y es que el yerro o irresponsabilidad o abuso conlleva de manera irremediable a la sospecha de un acto malintencionado, cuando solo los candidatos de la asociación que más cuestionó los filtros en el proceso parecen estar completos; y sin olvidar que entre sus candidatos, hay 4 que en apego a la jurisprudencia, la Constitución y la ley, no debieron ni haberse postulado, por su ostensible falta de independencia partidaria.

Estamos entonces a la espera de la comunicación oficial del CNJ por lo que a partir de la misma esperamos poder aclarar un poco más lo ocurrido. No nos preocupa que nos pidan documentos que ya antes presentamos; si es necesario los entregaremos nuevamente, aunque ello no nos impida pedir a las autoridades correspondientes que se inicien las investigaciones de lo acontecido.

Esto nos ha logrado distraer, pero aún seguimos expectantes de la actuación del CNJ en torno a su deber de aplicar los filtros constitucionales a los candidatos faltos de independencia. Nadie puede desconocer que es un principio rector elemental la independencia de quienes pueden llegar a convertirse en magistrados, conforme lo exige el art. 172 de la Constitución.

¿Van a cumplir con su misión y harán su trabajo? Está en sus manos enviar una lista completa de 30 candidatos capaces, honorables e independientes. El país merece una Sala de lo Constitucional cuyos miembros garanticen esos valores. ¿Es eso mucho pedir?

Inaceptable retroceso en probidad. Centro de Estudios Jurídicos CEJ

A partir de septiembre de 2015, el CEJ se incorporó al Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública, con la intención de sumar esfuerzos junto a distintas organizaciones de la sociedad civil y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, para impulsar una propuesta de ley que reuniera los estándares internacionales y las mejores prácticas del derecho comparado en temas de probidad.

centro estudios juridicos CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 22 diciembre 2015 / LPG

La finalidad primordial fue preparar un anteproyecto que permitiera controlar y detectar de forma eficaz los actos de enriquecimiento ilícito de funcionarios, así como velar por el establecimiento de mecanismos para vigilar los conflictos de interés, cuando un servidor público utiliza su cargo para beneficiarse.

la prensa graficaLa Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea retomó e incorporó algunos de estos elementos propuestos por el Equipo Gestor, como por ejemplo: i) incluyó como sujetos obligados de la ley a los particulares que administran recursos públicos y a las sociedades de economía mixta; ii) otorgó facultades de investigación y de verificación a la Sección de Probidad, incluyendo información protegida por el secreto bancario; iii) estableció sanciones más elevadas por la no presentación de la declaración patrimonial y, iv) por primera vez, estableció sanciones por presentar la declaración de forma incompleta.

Sin embargo, ninguno de los avances alcanzados adquiere verdadera importancia, ya que la semana pasada la Asamblea, de forma intencional, suprimió por completo la facultad de la Corte Suprema de Justicia de iniciar juicios civiles por enriquecimiento ilícito, a pesar de que esta es una facultad que le otorga el art. 240 de la Constitución.

Cabe aclarar que este juicio no es el que surge como consecuencia del ejercicio de la acción penal, ni de la acción de extinción de dominio, que tienen su investigación a cargo de la Fiscalía General de la República. Se trata, en cambio, de un juicio civil especial que solo puede iniciarse contra servidores públicos, a través del cual se busca restituir al Estado los bienes sustraídos ilícitamente. De muy poco sirve fortalecer a la Sección de Probidad si se suprime su finalidad primordial, que es sustentar un eventual juicio civil por enriquecimiento ilícito.

La Ley de Probidad aprobada tiene como objetivo principal restar incidencia a las investigaciones realizadas por la Sección de Probidad, e impedir la labor que la Constitución ha delegado a la Corte Suprema de Justicia, para que esta no pueda iniciar juicios por enriquecimiento ilícito cuando exista una presunción de tal conducta.

Esto queda evidenciado en el art. 49 de la ley aprobada, el cual establece que los procesos pendientes podrán continuarse tramitando, “siempre que se haya iniciado el juicio sobre enriquecimiento ilícito ante la Cámara de lo Civil competente”, antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

La nueva ley representa un retroceso, incluso, en comparación con la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos de 1959, la cual sí faculta a la Corte a iniciar este tipo de juicios, en armonía con el mandato constitucional. Además, la nueva ley también suprime la sanción de la destitución en el cargo y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El CEJ, como miembro del Equipo Gestor, muestra su más profundo y total rechazo a la inconstitucional Ley de Probidad Pública aprobada por la Asamblea Legislativa de espaldas a lo que la sociedad exige y merece, y exhorta al presidente de la República que utilice su potestad de veto sobre la misma.

Lamentamos que se haya desaprovechado una valiosa oportunidad para enrumbar de formar decidida al país en el camino del combate a la corrupción que tanto clama la población salvadoreña, y que se haya utilizado el nombre de “Ley de Probidad” para aprobar una normativa que busca blindar posibles actos de corrupción en El Salvador.

Elección de magistrados: peligro en la demora. De Centro de Estudios Jurídicos

En la inconstitucionalidad 13-2009/14-2009 la Sala de lo Constitucional examinó la suplencia que ejerció el fiscal general adjunto durante los meses en que la Asamblea Legislativa se retrasó en elegir al titular.

LOGO_2(FINAL)GCentro de Estudios Jurídicos, 29 junio 2015 / LPG

En esa sentencia el tribunal expresó: “El plazo para la elección del Fiscal General de la República, y consecuentemente, el plazo en el que el Fiscal Adjunto puede suplirlo, no es un plazo indefinido, es decir, que si bien es cierto el Órgano Legislativo puede encarar dificultades para la ágil y pronta elección del titular de la Fiscalía, el período para resolverlas no puede ser arbitrario e irrazonable. La razonabilidad de los plazos no definidos expresamente por el legislador o la Constitución viene determinada por una serie de condiciones o aspectos objetivos que permiten determinar que la dilación en el plazo para la elección del referido funcionario, no obedece al capricho o a la arbitrariedad de los sujetos que integran al Órgano encargado de la elección”.

Luego la Sala agregó: “En ese orden de ideas, la Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado, el cual se encarga de una gran variedad de asuntos, siendo su tarea esencial la de legislar; pero también tiene a su cargo por mandato constitucional la elección de los funcionarios titulares del Ministerio Público, entre ellos, la del fiscal general de la República.

De lo anterior se deriva que la prolongación de la elección por sí sola no es indicativo de una vulneración automática a la Constitución, no obstante ello, el retraso arbitrario sin una razón válida que justifique la dilación en la elección del fiscal general de la República podría derivar en una vulneración a la norma fundamental”.

El proceso de elección de 5 magistrados propietarios e igual número de suplentes para la Corte Suprema de Justicia está en su recta final en el seno de la Asamblea Legislativa.

Está próximo el día en que los magistrados salientes terminen su período, pero algunos diputados ya expresaron que el proceso no terminará antes de esa fecha. Así anuncian que se retrasarán en cumplir con su obligación constitucional.

No es un problema menor. Mientras dure la mora de la Asamblea Legislativa, las salas de lo Contencioso Administrativo, de lo Penal y de lo Civil quedarían seriamente afectadas. En la primera faltarían dos de sus cuatro magistrados propietarios, en la segunda dos de los tres que la conforman, y en la última uno de tres.

En la sentencia la Sala reconoció la complejidad de ejercer la facultad constitucional de elegir funcionarios, y que esto puede provocar retrasos. Pero señaló categóricamente que “un retraso arbitrario sin una razón válida” puede suponer una violación constitucional.

De manera que la Asamblea Legislativa no solo debe elegir a los mejores candidatos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debe hacerlo ya. No podemos permitir un retraso que afecte una eficaz y completa administración de justicia.

Además, si nuevamente se permite una demora en la elección de magistrados, se estaría consolidando un precedente nefasto que podemos lamentar después. En 2018 la Asamblea Legislativa deberá elegir a 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y si en esa ocasión ocurre un retraso como el que nos anuncian para este año, ¿permanecería la República sin justicia constitucional mientras dure la mora parlamentaria? Un Estado de Derecho sin tribunal constitucional sería inconcebible.

Es el momento de impedir que la Asamblea caiga en incumplimientos que un dañen a la administración de justicia y a los ciudadanos, o que siente los cimientos para peligros aun mayores en un futuro cercano.