partida secreta

Sobre partidas secretas y sobresueldos. Centro de Estudios Jurídicos

El tema de los sobresueldos de funcionarios del Estado y la opacidad en el uso de ciertas partidas reservadas ha estado en la agenda pública en los últimos meses.

Centro de Estudios Juridicos, 5 junio 2017 / LPG

El asunto ha tomado un interés particular a partir del reciente reportaje periodístico que reveló el libro de registro de partidas reservadas de Presidencia de la República de los años 1994 a 2006.

Una de las manifestaciones del abuso de la reserva en ciertos fondos públicos ha sido la práctica de dar sobresueldos a ciertos funcionarios. Sobre ello, dijimos en noviembre de 2016, que la solución ante la desproporción en los salarios nominales de algunos funcionarios no debe pasar por violar la ley. La solución pasa –entre otras cosas– por transparentar los salarios e incorporarlos debidamente en el presupuesto y la Ley de Salarios.

También reconocimos que hacer una propuesta de incrementar los salarios nominales de algunos funcionarios podría carecer de apoyo popular, pero esta natural resistencia podría ser superada si se le acompaña de las herramientas de transparencia y control que exige la ciudadanía y si a tal esfuerzo se le une la promulgación de una nueva normativa en materia de la función pública.

En diciembre de 2016 añadimos que en un momento de crisis fiscal como el que vivimos, en que algunas instituciones proponen imponer más cargas tributarias a los contribuyentes, es imprescindible que se aclare si han ocurrido delitos en la administración de los fondos de los ciudadanos. Por eso hacíamos ver que la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial tenían la oportunidad de demostrar que vivimos en un Estado de Derecho.

Ahora aclaramos que no es cierto que las partidas secretas dejaron de existir en 2010. Lo que ocurrió en ese año es que la Sala de lo Constitucional reconoció el carácter inconstitucional de las partidas presupuestarias exentas de control y rendición de cuentas.

Pero según reportes de diferentes instituciones, de 2013 a 2015 la Presidencia de la República gastó $177.1 millones en partidas de fondos reservados, existiendo serias dudas sobre si estas han sido objeto de una real y completa auditoría. El problema no ha desaparecido.

Por ello, para investigar las irregularidades que pueden existir en el uso de fondos reservados, así como la práctica de sobresueldos que podría haber derivado de ellos, proponemos, para comenzar, estas medidas:

Primero, que el ministro de Hacienda y la Asamblea Legislativa modifiquen el presupuesto de 2017 identificando las partidas de Presidencia de la República y otras entidades que tienen carácter reservado, evaluando, caso por caso, su reducción significativa.

Segundo, que en el procedimiento de elección de magistrados a la Corte de Cuentas que actualmente desarrolla la Asamblea Legislativa se establezca un sistema objetivo y ponderado para calificar a los candidatos, y así elija de entre ellos a los más calificados y probos; debe cuestionárseles específicamente sobre lo que piensan de este tema.

Tercero, que el fiscal general de la República realice una investigación sobre el uso de los fondos reservados en el gobierno, y particularmente en Presidencia de la República, revisando de manera irrestricta los gastos que se han hecho de partidas reservadas en administraciones anteriores y en la actual.

Cuarto, que la Asamblea Legislativa cree una comisión especial con el objeto de investigar el uso que se ha hecho y se está haciendo de los fondos reservados, principalmente en Presidencia de la República; y que para ello tenga acceso irrestricto a los registros completos de tales partidas.

Y quinto, que el ministro de Hacienda presente un proyecto de presupuesto y de Ley de Salarios para 2018 en que se incluya una nivelación salarial de los altos funcionarios del Estado acorde a su responsabilidad, evaluando mecanismos para crear incentivos salariales objetivos y transparentes en función de resultados obtenidos.

 

 

La partida que no era secreta. De Erika Saldaña

Dentro del Presupuesto General de la Nación no hay un rubro con esa denominación; el nombre formal de esa partida es “gastos imprevistos”, y otros fondos se han gestionado como “gastos reservados”.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 29 mayo 2017 / EDH

Uno de los secretos a voces más fuertes en El Salvador, posconflicto armado, es la existencia de la mal llamada partida secreta. Digo mal llamada, pues cuando un funcionario dice que la partida secreta no existe, tiene razón. Dentro del Presupuesto General de la Nación no hay un rubro con esa denominación; el nombre formal de esa partida es “gastos imprevistos”, y otros fondos se han gestionado como “gastos reservados”.

De estas líneas presupuestarias, cuentan diversos reportes periodísticos, salió dinero para pagar sobresueldos a funcionarios en diferentes periodos gubernamentales, “actividades de inteligencia”, “reparar crisis políticas” y quién sabe qué otro tipo de cuestiones, porque aquí podemos especular lo que sea, ya que nunca se ha transparentado su verdadero uso. Los indicios de las investigaciones de la Sección de Probidad y la Fiscalía señalan que algunos de estos dineros, probablemente, fueron a parar a cuentas privadas de expresidentes o exsecretarios privados de la Presidencia, lo cual ya degenera en corrupción.

Aunque su existencia en sí misma no es inconstitucional, la forma oscura y discrecional en la que se han utilizado las partidas de gastos imprevistos o gastos reservados deja muchísimas dudas. Antes del año 2010 nunca se habían aceptado los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del Presupuesto General de la Nación y las asignaciones presupuestarias sin control alguno; esto, a pesar de que algunos demandantes habían manifestado que este tipo de partidas podían llegar a acumular grandes cantidades de recursos que, al carecer de transparencia y control, no garantizaban que se estuvieran utilizando adecuadamente, para los fines del Estado.

A partir de la sentencia de inconstitucionalidad 1-2010, cuando la Sala de lo Constitucional aclaró que en casos anteriores sobre el presupuesto la interpretación hecha no había sido lo suficientemente fundada, se estableció que el presupuesto debe especificar con precisión la cantidad, finalidad y entidad que ha de realizar los gastos públicos. Debe señalarse de manera clara cuánto gasta, en qué gasta y quién lo gasta. Además que ningún ente público puede tomar una decisión jurídica que implique un gasto no previsto en la Ley de Presupuesto; tampoco se pueden gastar las sumas autorizadas para una finalidad diferente a la plasmada en la ley, sin realizar el procedimiento establecido para la modificación del presupuesto.

La Sala también expuso que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser garantizadas por todas las dependencias del Estado, de manera que todas las cuentas del presupuesto puedan verificarse en su ejecución, transferencia y destino, salvo en las excepciones que exista una causal justificada de reserva de la información. La sentencia fue clara al señalar que las denominadas “partidas secretas”, entendidas como aquellas que no están sujetas a control y rendición de cuentas, no tienen asidero constitucional.

En los últimos cuatro gobiernos se han gastado cientos de millones de dólares de los que no se ha rendido cuentas por pertenecer a gastos imprevistos o reservados; se ha tratado de justificar su opacidad en que es información reservada del Estado por atender a funciones del Organismo de Inteligencia del Estado, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada o porque se trata de gastos urgentes que surgen de alguna emergencia nacional. Pero en un rubro tan delicado como las finanzas del Estado, entre más transparencia y más información hay, mejor. No hay lugar para partidas secretas ni para que algunos funcionarios decidan discrecionalmente en qué gastar.

Después de tantas líneas cuestionando la partida de gastos imprevistos y reservados, la duda del millón es ¿dónde ha estado, está y estará la Corte de Cuentas para investigar la forma en que se administran y gastan los fondos públicos? ¿por qué la Corte de Cuentas se resiste a auditar la forma en que se usan todos los fondos públicos cuando se supone que es su principal misión? Nuevamente el tema está sobre la mesa, y ante la próxima elección de los magistrados de la Corte de Cuentas a los ciudadanos nos toca exigir que nos expliquen con detalle en qué se gastan el pisto del Estado.

Carta a los diputados: Eliminar la maldita zona gris. De Paolo Luers

Paolo Luers, 27 mayo 2917 / MAS! y EDH

Estimados diputados:
Están circulando en redes sociales copias de supuestos recibos de “sobresueldos” y otros de honorarios que la Casa Presidencial pagó a los miembros de la extinta Comisión Nacional de Desarrollo. Fiesta para los troles y sus “periódicos” digitales…

En medio de esta campaña de tirar excremento al ventilador, nos enteramos de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar a Probidad que investigue los patrimonios de todos que han ejercidos cargos en el período de Mauricio Funes, incluyendo todo su gabinete, magistrados electorales, jefes militares y diputados.

Y ahora resulta que El Faro tiene en su posesión (y comienza a publicar) cuadernos de la contabilidad paralela que en Casa Presidencial llevaron de la famosa “partida secreta” correspondiente a los gobiernos de Calderón Sol, Francisco Flores y Tony Saca.

Todo esto se suma a los juicios a los últimos tres presidentes: Flores por las donaciones de Taiwán; Saca por robo de más de 200 millones; Funes por enriquecimiento ilícito y por la corrupción en El Chaparral.

Pareciera que toda la clase política de nuestro país es una sola cloaca de corrupción. Pero es una percepción equivocada. Por el perverso carácter de los “fondos reservados”, donde se mezclan gastos legítimos con otros cuestionables o ilegales; y por la negligencia de la Corte de Cuentas, todo esto resulta una inmensa zona gris – y en las publicaciones, denuncias y juicios salen a bailar justos y pecadores.

Esta zona gris hay que eliminarla.

Por esto la Sala declaró inconstitucional la “partida secreta”; y por esto urge regular y transparentar también el subterfugio que crearon después: los “fondos reservados”. No podemos permitir que por el mal manejo de unos pocos todo el sistema de gobierno, todos los políticos y funcionarios públicos estén bajo permanente sospecha.

Por ejemplo: entre los acusados en el caso Saca se encuentran ex funcionarios de la Oficina de Inteligencia del Estado, que no han hecho otra cosa que ejecutar el presupuesto de su institución. Ellos no tienen culpa que CAPRES y Corte de Cuentas no hayan querido establecer una forma transparente (aunque por razones obvias no pública) de supervisar la ejecución del presupuesto y del trabajo de la Inteligencia del Estado.

El Consejo Nacional de Desarrollo fue una institución legítima y además muy prestigiosa, cuyos integrantes por supuesto recibieron honorarios por su excelentes aportes. Este tipo de instituciones no deberían relacionarse con la zona gris, ni mucho menos con corrupción.

Solo porque ya sabemos de los presuntos manejos mafiosos de Tony Saca y Mauricio Funes, no podemos asumir que todos sus ministros y funcionarios hayan sido partícipes de la corrupción. No podemos concluir culpabilidad por asociación en juicios mediáticos.

Y no todos los “sobresueldos” implican compra de voluntades. No es lo mismo pagar algo “extra” a un ministro, que de todos modos es súbdito del presidente, que a un fiscal general, magistrado o diputado.

Que Probidad haga sus investigaciones, y si hay indicios de enriquecimiento ilícito, que los pase a la fiscalía y los tribunales. Pero lo más importante es que la Asamblea tome acción legislativa para eliminar la zona gris de los “fondos reservados”, reformar de fondo la Corte de Cuentas y dictar una Ley de Salarios en el Servicio Público.

Saludos,