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Magistrados independientes. ¿Es mucho pedir? Centro de Estidios Juridicos CEJ

Centro de Estudios Jurídicos CEJ, 9 abril 2018 / La Prensa Gráfica

El día 4 de abril, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) inició la verificación de los expedientes enviados por FEDAES, de los 15 candidatos que resultaron electos por los abogados el pasado 10 de marzo.

Fue en ese contexto que nos tomó por sorpresa la información que apareció en algunos medios, en la que se dejaba entrever que hay 8 expedientes incompletos de 8 de los candidatos. Por esas extrañas coincidencias, resulta que solamente los 7 candidatos de UNAJUD-ABODEL-AAO aparecen con sus expedientes completos.

Al momento de redactar esta columna, en FEDAES no se había recibido notificación oficial del CNJ al respecto. No queremos pecar de exceso de desconfianza, pero es verdaderamente insólito lo sucedido. Algo no cuadra y es muy extraño, siendo imperativo determinar qué es lo que ha ocurrido con los expedientes.

De ser cierto lo que se ha conocido por los medios, el CNJ deberá prevenir a FEDAES para que se complete la documentación aparentemente faltante, sin perjuicio de que –insistimos– hay que aclarar lo acontecido. Y es que en verdad resulta absurdo, ya que en nuestro caso por ejemplo, fuimos la única asociación que incluso compartió públicamente las hojas de vida de sus candidatos, siendo precisamente ese, uno de los documentos que supuestamente falta en algunos de los expedientes.

En su oportunidad, cumplimos formalmente y en tiempo con todo lo requerido por FEDAES; tenemos constancia de ello. Somos parte de FEDAES y hemos sufrido las consecuencias de tener que votar en minoría en varias de las trascendentales decisiones que ahí se han adoptado. Por eso somos más exigentes y por eso es que la información que hemos conocido a través de los medios nos lleva a especular que irregularidades existieron o en FEDAES o en el CNJ o en ambas instituciones. Aún no lo podemos afirmar, pero esperamos hacerlo pronto.

Y es que el yerro o irresponsabilidad o abuso conlleva de manera irremediable a la sospecha de un acto malintencionado, cuando solo los candidatos de la asociación que más cuestionó los filtros en el proceso parecen estar completos; y sin olvidar que entre sus candidatos, hay 4 que en apego a la jurisprudencia, la Constitución y la ley, no debieron ni haberse postulado, por su ostensible falta de independencia partidaria.

Estamos entonces a la espera de la comunicación oficial del CNJ por lo que a partir de la misma esperamos poder aclarar un poco más lo ocurrido. No nos preocupa que nos pidan documentos que ya antes presentamos; si es necesario los entregaremos nuevamente, aunque ello no nos impida pedir a las autoridades correspondientes que se inicien las investigaciones de lo acontecido.

Esto nos ha logrado distraer, pero aún seguimos expectantes de la actuación del CNJ en torno a su deber de aplicar los filtros constitucionales a los candidatos faltos de independencia. Nadie puede desconocer que es un principio rector elemental la independencia de quienes pueden llegar a convertirse en magistrados, conforme lo exige el art. 172 de la Constitución.

¿Van a cumplir con su misión y harán su trabajo? Está en sus manos enviar una lista completa de 30 candidatos capaces, honorables e independientes. El país merece una Sala de lo Constitucional cuyos miembros garanticen esos valores. ¿Es eso mucho pedir?

Debe ponerse un alto al acoso y el espionaje. Centro de Estudios Jurídicos CEJ

La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la reserva o privacidad de las comunicaciones son principios esenciales en toda sociedad democrática. Preciándonos de serlo, es claro que se trata de derechos de rango constitucional, que tenemos que defender férreamente. No podemos ni debemos andar con medias tintas.

centro estudios CEJCentro de Estudios Juídicos CEJ, 23 enero 2017 / LPG

Es por eso que no podemos dejar de referirnos al hecho de que a principios de este año, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), ante lo que calificó como un acto de acoso político en su contra, denunció ante la Fiscalía General de la República el hallazgo de un micrófono oculto en una de sus salas de reuniones; como tampoco podemos ignorar que pocos días después, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador informó ante los medios de comunicación que también encontró un micrófono en sus instalaciones, oculto de la misma forma que el detectado anteriormente en FUSADES.

la prensa graficaEs obvio que los hallazgos en estas instituciones no son meras casualidades. Si bien su autoría es aún desconocida, no dudamos que obedece a una clara política de espionaje y acoso que no puede tolerarse ni en este ni en ningún otro caso, razón por la que nos sumamos al enérgico reproche hacia estas prácticas, exigiendo la inmediata investigación de las mismas.

De comprobarse por las autoridades competentes los hechos denunciados por ambas entidades y de identificarse a los responsables de semejante atropello, estos deberán enfrentar la justicia por el cometimiento de al menos dos delitos: el de interferencia e intervención de comunicaciones telefónicas, que es cometido por quien intercepta o intervine comunicaciones telefónicas o usa artificios técnicos de escucha o grabación de las mismas, o lo ordena o permite; y el delito de captación de comunicaciones, que ocurre cuando, con el fin de vulnerar la intimidad de otro, se intercepta una comunicación o se utilizan instrumentos o artificios técnicos de escucha, transmisión o grabación de sonido.

Lo ocurrido en estos días tiene que alarmarnos a todos los que de verdad queremos vivir en democracia, sobre todo porque a estas acciones recientemente denunciadas debemos sumar otras que se han hecho desde ciertas instituciones públicas. Así, por ejemplo, algunos de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia han manifestado en diversas ocasiones que tienen suficientes motivos e indicios para sostener que sus líneas telefónicas han sido intervenidas de forma ilegal.

Y más recientemente, el fiscal general de la República ha denunciado públicamente haber sufrido de escuchas telefónicas ilegales, de la desconexión de su teléfono celular, y de otros actos de espionaje que habrían sido utilizados con el motivo de amedrentarlo y de presionarlo indebidamente como respuesta a delicadas investigaciones que están siendo conducidas.

Esperamos, por el bien de nuestro país, que no continuemos con estas que parecen ser represalias sistemáticas en contra de actores públicos y privados. En cualquier caso, tenemos que hacer causa común y evitar que individuos u organizaciones que no han comprendido la realidad democrática en que vivimos pisoteen los más elementales derechos ciudadanos.

Nuestro firme llamado es para que a 25 años de firmados los Acuerdos de Paz, los únicos que sean intervenidos y perseguidos en El Salvador sean los delincuentes que violan la ley y quienes mantienen atemorizada a la población, y no quienes con su trabajo, desde el ámbito público o privado, velan por las garantías y los derechos democráticos.

El espionaje y el acoso político no deben existir en una democracia que ha costado tanto esfuerzo construir. Debe ponerse un alto inmediato a estas acciones; las autoridades deben esmerarse en dar con los responsables para aplicarles las medidas legales correspondientes.

Las corrientes del pensamiento jurídico en 2018. Centro de Estudios Jurídicos CEJ

En 2018 se elegirá a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cuatro ocuparán las vacantes que quedarán en la Sala de lo Constitucional.

centro estudios CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 16 enero 2017 / LPG

Es justo reconocer que el país heredará una Sala de lo Constitucional remozada y con un poder más amplio e intenso que el que tenía en 2009; de ahí que la elección que se avecina tiene una trascendencia particular.

En nuestra comunidad jurídica hay excelentes colegas, que desde una magistratura podrían fortalecer aún más la justicia constitucional y el Estado de Derecho, por lo que el reto es perfeccionar el procedimiento de elección en todas sus fases, y así alcanzar un tribunal constitucional de calidad y equilibrado.

Uno de los análisis que debe emerger en el proceso de elección de 2018 y que ahora queremos destacar es el exigido en el art. 186 de la Constitución: determinar cuál corriente del pensamiento jurídico representa cada candidato.

la prensa graficaEn la sentencia de inconstitucionalidad 19-2012, la Sala de lo Constitucional dijo que la Asamblea Legislativa “debe renovar la tercera parte de los Magistrados de la Corte cuya posesión del cargo deben asumir en el mes de julio del año de su elección, y posibilitar así que en la renovación de la Corte se exprese la evolución de las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico”. Luego en la sentencia de inconstitucionalidad 94-2014 expresó que “el pluralismo jurídico de los magistrados de la Corte es una característica básica que debe ser considerada en el proceso de selección”.

De ahí que en el proceso de selección de candidatos que hizo el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) en 2015, se preguntó a los postulantes que identificaran la corriente del pensamiento jurídico que representaban. Pero es probable –como pudimos evidenciarlo– que la simple incorporación de esa pregunta en un cuestionario, y las respuestas automáticas de los postulantes oscilando entre iusnaturalistas y positivistas, sea insuficiente para cumplir con el requisito constitucional. Este es un buen momento para dar un salto de calidad.

Desde ya abogamos para que en el procedimiento ante el CNJ se planteen a los postulantes casos hipotéticos, se les exijan análisis críticos sobre sentencias emitidas en el pasado, o se realicen preguntas sobre hermenéutica jurídica. Todo a fin de escudriñar el pensamiento jurídico de los postulantes.

Y en el procedimiento ante FEDAES, desde ya proponemos que la comunidad de abogados exija a los candidatos que la campaña no la centren en eventos sociales, sino en disertaciones y debates académicos en que los abogados podamos conocer las posturas intelectuales de los candidatos.

Eso supone que hoy, un año antes de que inicien los procedimientos de selección, quienes estén interesados en ser magistrados en 2018 tienen el reto de comenzar a reflexionar sobre sí mismos y definir su corriente de pensamiento. Deben articular y definir su pensamiento jurídico a partir de la filosofía del Derecho. De ese modo, cuando llegue el momento oportuno, podrán exponerlo y justificarlo ante el pleno del CNJ, la comunidad de abogados y la sociedad.

El candidato que tenga una postura intelectual clara y sólida debe tener una ventaja significativa frente a sus competidores en el procedimiento. Y para que eso sea así, los miembros del CNJ y los abogados tenemos la obligación de elevar la exigencia del cumplimiento del requisito previsto en el art. 186 de la Constitución.

Tener una u otra visión respecto a un fenómeno jurídico no hace a los sujetos mejores o peores. La diversidad es propia de la naturaleza humana. La pluralidad de pensamiento jurídico en la Corte, y particularmente en la Sala de lo Constitucional, puede enriquecer y equilibrar sus decisiones. Con un tribunal monocromático, o con sujetos sin posturas intelectuales claras, es menos probable que eso se logre.

Inaceptable retroceso en probidad. Centro de Estudios Jurídicos CEJ

A partir de septiembre de 2015, el CEJ se incorporó al Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública, con la intención de sumar esfuerzos junto a distintas organizaciones de la sociedad civil y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, para impulsar una propuesta de ley que reuniera los estándares internacionales y las mejores prácticas del derecho comparado en temas de probidad.

centro estudios juridicos CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 22 diciembre 2015 / LPG

La finalidad primordial fue preparar un anteproyecto que permitiera controlar y detectar de forma eficaz los actos de enriquecimiento ilícito de funcionarios, así como velar por el establecimiento de mecanismos para vigilar los conflictos de interés, cuando un servidor público utiliza su cargo para beneficiarse.

la prensa graficaLa Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea retomó e incorporó algunos de estos elementos propuestos por el Equipo Gestor, como por ejemplo: i) incluyó como sujetos obligados de la ley a los particulares que administran recursos públicos y a las sociedades de economía mixta; ii) otorgó facultades de investigación y de verificación a la Sección de Probidad, incluyendo información protegida por el secreto bancario; iii) estableció sanciones más elevadas por la no presentación de la declaración patrimonial y, iv) por primera vez, estableció sanciones por presentar la declaración de forma incompleta.

Sin embargo, ninguno de los avances alcanzados adquiere verdadera importancia, ya que la semana pasada la Asamblea, de forma intencional, suprimió por completo la facultad de la Corte Suprema de Justicia de iniciar juicios civiles por enriquecimiento ilícito, a pesar de que esta es una facultad que le otorga el art. 240 de la Constitución.

Cabe aclarar que este juicio no es el que surge como consecuencia del ejercicio de la acción penal, ni de la acción de extinción de dominio, que tienen su investigación a cargo de la Fiscalía General de la República. Se trata, en cambio, de un juicio civil especial que solo puede iniciarse contra servidores públicos, a través del cual se busca restituir al Estado los bienes sustraídos ilícitamente. De muy poco sirve fortalecer a la Sección de Probidad si se suprime su finalidad primordial, que es sustentar un eventual juicio civil por enriquecimiento ilícito.

La Ley de Probidad aprobada tiene como objetivo principal restar incidencia a las investigaciones realizadas por la Sección de Probidad, e impedir la labor que la Constitución ha delegado a la Corte Suprema de Justicia, para que esta no pueda iniciar juicios por enriquecimiento ilícito cuando exista una presunción de tal conducta.

Esto queda evidenciado en el art. 49 de la ley aprobada, el cual establece que los procesos pendientes podrán continuarse tramitando, “siempre que se haya iniciado el juicio sobre enriquecimiento ilícito ante la Cámara de lo Civil competente”, antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

La nueva ley representa un retroceso, incluso, en comparación con la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos de 1959, la cual sí faculta a la Corte a iniciar este tipo de juicios, en armonía con el mandato constitucional. Además, la nueva ley también suprime la sanción de la destitución en el cargo y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El CEJ, como miembro del Equipo Gestor, muestra su más profundo y total rechazo a la inconstitucional Ley de Probidad Pública aprobada por la Asamblea Legislativa de espaldas a lo que la sociedad exige y merece, y exhorta al presidente de la República que utilice su potestad de veto sobre la misma.

Lamentamos que se haya desaprovechado una valiosa oportunidad para enrumbar de formar decidida al país en el camino del combate a la corrupción que tanto clama la población salvadoreña, y que se haya utilizado el nombre de “Ley de Probidad” para aprobar una normativa que busca blindar posibles actos de corrupción en El Salvador.

Reformas a la Ley de Competencia. Centro de Estudios Juídicos CEJ

Desde 2013 la Asamblea Legislativa tiene en sus manos un proyecto de reformas a la Ley de Competencia. Este permaneció inactivo hasta hace unos meses, en que la Comisión de Economía reactivó su análisis.

centro estudios juridicos CEJCentro de Estudios Juídicos CEJ, 23 noviembre 2015 / LPG

La Superintendencia de Competencia expresó que, a partir de la experiencia acumulada en todo este tiempo, era oportuno formular varios cambios a ese proyecto de reformas. Así, la institución elaboró un nuevo proyecto y adoptó una iniciativa ejemplar: Previo a presentarlo a la asamblea ha abierto un proceso de consulta ciudadana en el cual fuimos invitados a participar. Con ese proceso pretenden enriquecer el proyecto con opiniones y análisis de distintos sectores.

la prensa graficaDe ahí que felicitamos a la Superintendencia por esa iniciativa democrática, y le tomamos la palabra en su solicitud de aportaciones. Por ello aprovechamos la ventana que se ha abierto a la ciudadanía y por este medio presentamos dos propuestas concretas que desde nuestra perspectiva pueden fortalecer el sistema de defensa de la competencia.

La primera propuesta va dirigida a fortalecer la independencia de la Superintendencia de Competencia respecto a Casa Presidencial.

Actualmente, tanto el superintendente de Competencia como los miembros del Consejo Directivo de la institución son elegidos por el presidente de la República. Para hacerlo, el presidente tiene una amplia discrecionalidad. Esto puede ser particularmente riesgoso en aquellos supuestos en que la Superintendencia tenga que revisar las condiciones de competencia en las políticas o contrataciones públicas del Órgano Ejecutivo.

Las distintas administraciones que ha tenido la Superintendencia en estos diez años han actuado de manera técnica e independiente. Pero eso responde a que, afortunadamente, quienes han encabezado la institución han mantenido esa actitud en el ejercicio del cargo. Esa independencia que se ha cultivado en esta década está en riesgo si no se crean candados que la resguarden.

Por ello la coyuntura actual debe aprovecharse para mejorar el sistema actual de elección de los titulares de la Superintendencia y avanzar hacia uno que ofrezca garantías de independencia.

Un mecanismo de elección que ofrece más garantías y ha demostrado ser efectivo es el diseñado para elegir a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. En él se ha establecido que diferentes sectores ciudadanos escogen ternas; y luego el presidente de la República debe hacer la nominación de entre estas.

Ese mecanismo, además de impulsar la participación democrática, construye un balance de poderes que limita la discrecionalidad del presidente al elegir a los funcionarios. Sería oportuno incorporar un mecanismo similar para elegir a los titulares de la Superintendencia.

La segunda propuesta va dirigida a fortalecer la imparcialidad en las investigaciones. Actualmente el Superintendente inicia la instrucción de los procedimientos.

Al hacerlo expresa que es probable que los investigados hayan cometido una práctica anticompetitiva. Luego de ello el funcionario desarrolla el resto de la investigación. Cuando esta ha finalizado, se envía el expediente al Consejo Directivo para que emita la resolución final.

Sin embargo el superintendente también participará presidiendo ese Consejo Directivo. Ahí, junto con otros dos directores, valorará la prueba y determinará si se cometió o no el ilícito investigado.

Un procedimiento en que un funcionario atribuye un ilícito a un administrado, luego prosigue la investigación y finalmente participa en el órgano colegiado que determina si se cometió o no el mismo nos parece que no es el mejor para garantizar un análisis imparcial.

Por ello, estas reformas pueden ser la oportunidad para modificar esa estructura procedimental hacia una en que se separe a la autoridad que investiga de quienes emiten la decisión final.

Agradecemos a la Superintendencia la oportunidad que abrió a la ciudadanía para participar en la formulación de políticas públicas. Instamos a que otras autoridades emulen esa forma de administrar el Estado.

Son terroristas. ¿Ahora qué? Del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

La Sala de lo Constitucional resolvió hace unos días cuatro demandas en contra de distintas disposiciones de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (LECAT).

centro estudios juridicos CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 31 agosto 2015 / LPG

La Sala declaró inconstitucionales algunas de las disposiciones señaladas, y en otras determinó que no existían los vicios invocados.

Pero lo que más se ha destacado de esta decisión –incluso por la misma Sala– es la declaratoria de las pandillas como grupos terroristas. Vale la pena decir que el objeto de esos procesos de inconstitucionalidad no era obtener ese tipo de declaratoria. De la relación que se hace en la sentencia sobre las pretensiones de los demandantes no se advierte que estos se hayan referido a las pandillas.

Incluso, si hacemos una revisión histórica, la LECAT no fue impulsada por acontecimientos relacionados con las pandillas. Fue decretada en septiembre de 2006 a partir del asesinato de dos agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil, hechos que ocurrieron en el marco de una manifestación de carácter político en julio de ese año.

La LECAT establece una definición de “organizaciones terroristas”, pero no concreta un señalamiento sobre grupos en particular que se consideren como tales, de manera que serían los tribunales penales, en el conocimiento de cada caso concreto, quienes atribuirían esa calificación a determinados grupos.

En su decisión, la Sala considera como terroristas a quien incurra en el uso de medios y métodos con amplia idoneidad para generar un terror colectivo, a quien afecte bienes jurídicos personales o materiales con significativa consideración, y a quien cause potenciales daños al sistema democrático, la seguridad del Estado o la paz internacional.

Y es dentro de esa caracterización, que la Sala es categórica al declarar que las pandillas son organizaciones terroristas. Incluso particulariza, entre ellas, a la Mara Salvatrucha y a la Pandilla 18.

Tal declaratoria es pronunciada en el contexto del análisis sobre la constitucionalidad de la definición legal de “terrorismo”, de manera que la cita respecto a las pandillas en realidad tiene un carácter ejemplificativo que pudo no haberse incluido por la Sala porque no era ese el objeto del recurso promovido. Ese pronunciamiento ocurre por la mera iniciativa de la Sala.

Ahora bien, el único efecto que se colige de tal declaratoria es que se aplicará –ahora sin cuestionamientos o dudas– la LECAT a los jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas de las pandillas; particularmente a los de la Mara Salvatrucha y a las facciones revolucionaria y sureña de la pandilla 18.

Es importante que las autoridades comprendan eso y es necesario que lo trasladen a los oficiales y agentes de la Policía Nacional Civil, y a los miembros de la Fuerza Armada. Esto a fin de que nadie –y menos una autoridad de seguridad o defensa– tergiverse los efectos de tal declaratoria. La decisión de la Sala no puede interpretarse como una patente de corso para aniquilar pandilleros ni para cometer otro tipo de abusos.

Esto es importante porque en los últimos meses se han publicado reportajes periodísticos que señalan indicios de ajusticiamientos y abusos cometidos por las autoridades. Acciones de esa naturaleza escapan de la legalidad y el Estado de Derecho, por lo que, de ocurrir, deberán promoverse investigaciones por parte del inspector general de la PNC, el fiscal general de la República y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

Reiteramos que en el CEJ estamos preocupado por la crisis de violencia provocada por las pandillas. Por eso apoyamos que las autoridades adopten medidas enérgicas y represivas para enfrentar a esos grupos ahora declarados terroristas. Pero también nos oponemos vehemente a los abusos de autoridad. No queremos que las instituciones de seguridad y defensa se conviertan en aquello contra lo que combaten, en un grupo delictivo más.