Debe ponerse un alto al acoso y el espionaje. Centro de Estudios Jurídicos CEJ

La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la reserva o privacidad de las comunicaciones son principios esenciales en toda sociedad democrática. Preciándonos de serlo, es claro que se trata de derechos de rango constitucional, que tenemos que defender férreamente. No podemos ni debemos andar con medias tintas.

centro estudios CEJCentro de Estudios Juídicos CEJ, 23 enero 2017 / LPG

Es por eso que no podemos dejar de referirnos al hecho de que a principios de este año, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), ante lo que calificó como un acto de acoso político en su contra, denunció ante la Fiscalía General de la República el hallazgo de un micrófono oculto en una de sus salas de reuniones; como tampoco podemos ignorar que pocos días después, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador informó ante los medios de comunicación que también encontró un micrófono en sus instalaciones, oculto de la misma forma que el detectado anteriormente en FUSADES.

la prensa graficaEs obvio que los hallazgos en estas instituciones no son meras casualidades. Si bien su autoría es aún desconocida, no dudamos que obedece a una clara política de espionaje y acoso que no puede tolerarse ni en este ni en ningún otro caso, razón por la que nos sumamos al enérgico reproche hacia estas prácticas, exigiendo la inmediata investigación de las mismas.

De comprobarse por las autoridades competentes los hechos denunciados por ambas entidades y de identificarse a los responsables de semejante atropello, estos deberán enfrentar la justicia por el cometimiento de al menos dos delitos: el de interferencia e intervención de comunicaciones telefónicas, que es cometido por quien intercepta o intervine comunicaciones telefónicas o usa artificios técnicos de escucha o grabación de las mismas, o lo ordena o permite; y el delito de captación de comunicaciones, que ocurre cuando, con el fin de vulnerar la intimidad de otro, se intercepta una comunicación o se utilizan instrumentos o artificios técnicos de escucha, transmisión o grabación de sonido.

Lo ocurrido en estos días tiene que alarmarnos a todos los que de verdad queremos vivir en democracia, sobre todo porque a estas acciones recientemente denunciadas debemos sumar otras que se han hecho desde ciertas instituciones públicas. Así, por ejemplo, algunos de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia han manifestado en diversas ocasiones que tienen suficientes motivos e indicios para sostener que sus líneas telefónicas han sido intervenidas de forma ilegal.

Y más recientemente, el fiscal general de la República ha denunciado públicamente haber sufrido de escuchas telefónicas ilegales, de la desconexión de su teléfono celular, y de otros actos de espionaje que habrían sido utilizados con el motivo de amedrentarlo y de presionarlo indebidamente como respuesta a delicadas investigaciones que están siendo conducidas.

Esperamos, por el bien de nuestro país, que no continuemos con estas que parecen ser represalias sistemáticas en contra de actores públicos y privados. En cualquier caso, tenemos que hacer causa común y evitar que individuos u organizaciones que no han comprendido la realidad democrática en que vivimos pisoteen los más elementales derechos ciudadanos.

Nuestro firme llamado es para que a 25 años de firmados los Acuerdos de Paz, los únicos que sean intervenidos y perseguidos en El Salvador sean los delincuentes que violan la ley y quienes mantienen atemorizada a la población, y no quienes con su trabajo, desde el ámbito público o privado, velan por las garantías y los derechos democráticos.

El espionaje y el acoso político no deben existir en una democracia que ha costado tanto esfuerzo construir. Debe ponerse un alto inmediato a estas acciones; las autoridades deben esmerarse en dar con los responsables para aplicarles las medidas legales correspondientes.

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