fiscalía general

Carta sobre la investigación de la investigación de la investigación. De Paolo Luers

14 mayo 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Hagamos un ejercicio de lógica. Si hay indicios de que fiscales hayan utilizado métodos ilegales para preparar acusaciones y conseguir condenas, hay que investigarlos y apartarlos de los casos.

Si esto afecta a los casos, en el sentido de poner en peligro las condenas, no puede ser razón para no investigar a las fiscales o de no apartarlos de los casos donde han manipulado testimonios o pruebas.

“Ponen en peligro que se les caiga el ‘caso Corruptela’ por andar investigando y cambiando fiscales” – con este grito al cielo denuncian que los favorecidos de esta serían Luis Martínez, el ex fiscal general preso en Mariona; Enrique Rais, el empresario prófugo en Suiza; y Mauricio Funes, el ex presidente asilado en Nicaragua. Ellos son los acusados
en este caso.

¡Momentito! La cuestión no es si se les cae una condena o no, la única cuestión relevante es si hubo o no hubo ilegalidades en los procedimientos de la fiscalía – y la única manera de saber es investigando a los fiscales al cargo del caso. Y a sus superiores, incluyendo el entonces fiscal general Douglas Meléndez, porque hay fiscales que alegan que han sido obligados a dar falsos testimonios. Acordémonos que el tal ‘caso Corruptela’ incluye las irregularidades presuntamente cometidas por el entonces fiscal Luis Martínez para favorecer a Rais y Funes. Y resulta que ahora aparecen indicios que esta investigación sobre casos amañados también tuvo mañas.

Parece increíble: Al actual fiscal general Raúl Melara le toca investigar si bajo el mando de su predecesor Douglas Meléndez se manipularon pruebas para comprobar que el fiscal general anterior Luis Martínez había ordenado manipular juicios…

Si el nuevo fiscal general no logra que estas investigaciones internas se concluyan apegadas a las leyes y de manera transparente, el daño para la institución fiscalía sería irreparable. En cambio, si esta vez la fiscalía procede bien, se comprueba que estamos avanzando en la lucha contra la corrupción judicial.

No entiendo la denuncia que FUNDE ha hecho contra la decisión del fiscal de investigar las irregularidades. En cualquier policía y cualquier fiscalía se necesita que se investiguen a los investigadores – y que se suspendan y castiguen al encontrarles irregularidades.

Lo que quiero decir es: Ir al fondo en estas investigaciones internas es mucho más importante que el daño que esto podría causar al ‘caso Corruptela’. Y si de hecho, luego de todo este desmadre, se perdiera este caso, la culpa la tendrán quienes han tratado de ganarlo con métodos fuera de la ley y la ética – no quienes decidieron investigar, exhibir y subsanar estas ilegalidades.

En el contexto de la actual investigación se reveló algo que parece insólito: Hay testimonios de fiscales, quienes confesaron delitos, luego se hicieron ‘testigos criteriados’ de acusación contra su ex jefe Luis Martínez – y siguen ejerciendo como fiscales. No puede ser.

Si estos fiscales/testigos realmente cometieron delitos, hay que apartarlos de la fiscalía. Si no cometieron delitos, hay que castigar a los otros fiscales que los obligaron a hacer confesiones y acusaciones falsas. Por esto es tan importante la actual investigación interna – y habrá que ampliarla hacia un montón de otros casos prominentes de las fiscalías de Martínez y Meléndez.

Saludos,

Posdata: No, todo esto no es prueba de que estemos retrocediendo en la lucha contra la corrupción, como muchos denuncian. Todo lo contrario, el hecho que hoy conocemos las irregularidades es el primer paso a resolver el problema.

Cinco temas ineludibles. De Luis Mario Rodríguez

25 octubre 2018 / EL DIARIO DE HOY

La realidad obliga a los presidenciables a pronunciarse sobre cinco temas de trascendencia nacional: la situación fiscal, la inseguridad pública, la acefalía en la Sala de lo Constitucional, la elección del próximo Fiscal General de la República y la situación de los migrantes salvadoreños en los Estados Unidos. La indiferencia, el silencio y la superficialidad de los planteamientos no son opción. Se trata de materias de relevante importancia de las que depende la lucha contra la corrupción, el desarrollo económico y social y la protección de los derechos humanos. No incluir en sus agendas las medidas puntuales para cada uno de esos tópicos debe interpretarse como incapacidad para gobernar.

Los próximos cinco años marcarán la ruta hacia una de dos vías: el descalabro de las finanzas del Estado o el reordenamiento de la deuda pública. La primera nos encaminaría a un nuevo impago y al incumplimiento de las obligaciones con los acreedores internacionales; aumentaría el “riesgo país”, se incrementarían los intereses y no seríamos objeto de más préstamos. La firma de un pacto fiscal, por el contrario, impulsaría la implementación del plan de gobierno, reorientaría el destino del gasto público para más inversión y abriría un debate acerca de las fuentes para más ingresos, incluyendo, principalmente, los incentivos para el crecimiento económico.

La lucha contra el crimen debe enfocarse de manera diferente. El abordaje deber incluir los aspectos legales, financieros y estratégicos. El próximo presidente está obligado a discutir y acordar con los operadores de justicia, la policía y la Fiscalía General las herramientas jurídicas que permitan hacer frente a la delincuencia. Es necesario transparentar el presupuesto de seguridad y probar, con evidencias, los rubros a reforzar. La manera en la que se ha invertido el impuesto que resulta de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia no ha demostrado su eficiencia. No hay resultados concretos con los que la autoridad justifique el sacrificio que hace la población pagando ese gravamen. La información es otro asunto a revisar. Los datos no son uniformes; no sabemos “quién pone los muertos” ni hay estadísticas claras que diferencien a los asesinados de los desaparecidos. Sin números y, peor aún, sin análisis riguroso y científico de la data, no hay táctica que resulte exitosa.

Por otra parte la transparencia, el acceso a la información pública y el combate a la corrupción son cuestiones ineludibles. La elección de cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del próximo Fiscal General está intrínsecamente vinculado a ese desafío. Las señales no son alentadoras. Los diputados cumplieron esta semana 100 días de retraso en la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La apertura del proceso para elegir al titular de la FGR evidencia la intención de un “combo legislativo”. Los aspirantes a dirigir el Ejecutivo no han dado muestras claras para zanjar esta delicada trama. Ahora es el momento de manifestar el liderazgo que ejercerán sobre los grupos parlamentarios con los que tendrán que lidiar en los próximos tres años. No se les pide imponer candidatos a su conveniencia sino sugerir a los más capaces teniendo en cuenta los distintos baremos presentados por las organizaciones de la sociedad civil. Lo mismo aplica para el próximo Fiscal General. Una mala decisión puede descalabrar el ritmo que ha tomado la erradicación de este flagelo.

Finalmente los migrantes. La caravana de hondureños camino a Estados Unidos nos muestra el drama que viven millones de centroamericanos. En el caso de nuestros compatriotas, de otorgarle la razón la Corte Suprema de Justicia al presidente Trump, quedaría sin efecto la orden preliminar de suspensión que emitió el juez federal de distrito de San Francisco, en California, Edward Chen, que impide que el gobierno cancele por ahora el TPS para los inmigrantes de Sudán, El Salvador, Haití y Nicaragua. Eso significa que el 9 de septiembre de 2019 los más de 260,000 salvadoreños amparados al Estatus de Protección Temporal retornarían a suelo nacional ¿Cuál es el plan para insertarlos a la economía nacional? ¿Cuál será el impacto en las políticas de seguridad si en medio de los miles de repatriados vienen peligrosos pandilleros?

Gobernar en el próximo quinquenio no será nada sencillo.

Carta a los que aplauden a las redadas masivas: Los están engañando. De Paolo Luers

11 septiembre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados lectores:
A la mayoría de ustedes no les va a gustar esta carta. Pero alguien tiene que decírselo: Si piensan que la cantidad industrial de capturas que produce y publicita la fiscalía y la PNC es un indicador de que tendremos más seguridad, se dejaron engañar.

La Fiscalía dio a conocer que emitió 1128 ordenes de captura contra personas acusadas de ser miembros de la MS13 o de la pandilla 18. El resultado: 607 detenciones. No es el resumen de un mes, es el resumen de una sola semana, entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre 2018, suma de tres mega redadas: las operaciones “Arpón del Pacífico”, “Libertad” y “Tsunami”, que ustedes han visto en los noticieros.

¿De estos cientos de detenidos que la PNC ha desfilado para que los medios les tomen fotos, cuántos realmente son criminales?¿Cuántos terminarían condenados? Si aplicamos la triste estadística de nuestro sistema policial y judicial, tal vez un 10%.

¿Y los demás? Entraron ahora en la estadística de “éxitos” de FGR y PNC. Pero son lo contrario: parte de la triste estadística de miles de personas que pasan meses en detención provisional, llenado y saturando las bartolinas y los penales, y contra quienes al final no existen pruebas.

Les presento a 2 casos entre los 607 detenidos en esta semana de mega redadas. Casos que seguramente llamaron su atención en los noticieros o periódicos. Según todo lo que hasta ahora se sabe de estos casos, tengo serias dudas que sean culpables de los graves delitos que se los imputan.

Uno es el ex alcalde del puerto La Libertad, Carlos Molina. La familia Molina sufrió en el 2005 dos asesinatos: primero (en enero) de Eduardo, hermano de Carlos; y en junio del mismo año de su padre Mario Molina, candidato a alcalde. Carlos Molina retomó la candidatura de su padre y se convirtió en alcalde. Hoy la FGR lo acusa de haber pagado 3 mil dólares a pandilleros de la 18 para matar a una mujer.

La fiscalia no habla de presuntos pandilleros, sino presenta a los recién detenidos de una sola vez como “terroristas”.

La acusación está basada en 2 “testigos criteriados”: 2 pandilleros que cayeron presos y prefirieron convertirse en testigos de la fiscalía para evadir condenas. Lo absurdo es que cada uno de estos “testigos” aporta una razón diferente por la cual la mujer en cuestión fue asesinada. Uno cuenta que fue asesinada por la pandilla, porque puso el dedo a un cabecilla. El otro cuenta que murió porque vendió drogas en el territorio de otra pandilla. Pero ambos agregan que Carlos Molina entregó 3 mil dólares para que la mataran. ¿Qué lógica puede tener esto? Ninguna. Y lo más probable es que el juez llegará a la misma conclusión.

El otro caso es de un abogado llamado Norman Hugo Claros, detenido en el marco de la operación “Libertad”. Es acusado de asociación ilícita, porque según la FGR colaboró con la MS averiguando e informándoles la identidad de testigos protegidos. Lo que hizo el abogado es totalmente legal y parte del oficio de un abogado defensor. Recibió una llamada de alguien, cuyo teléfono fue intervenido por la FGR. Una persona le encargó el servicio de ir a la fiscalía y al juzgado para averiguar qué tipo de cargos existen contra él. Es lo primero que hace cualquier imputado, y su derecho. El abogado hizo las diligencias y, nuevamente por teléfono, concertó una cita con su cliente. La PNC monitoreó la cita y “detecta” que, luego de entregar la información requerida, el abogado recibió el honorario pactado por este servicio. Es el pan de todos los días de muchos abogados: ver el requerimiento fiscal y explicar al acusado cuales son los cargos y en qué pruebas se basan. El hecho que la FGR interpreta esto como “asociación ilícita”, constituye un ataque frontal al ejercicio de la defensa.

¿Qué pasaría si tuviéramos capacidad de analizar los casos de los otros 605 detenidos? ¿Cuántas acusaciones fabricadas maliciosamente detectaríamos? Pero mientras tanto, la PNC y la FGR toman como criterio para medir su “eficiencia” el número de detenidos, no el número de debidamente procesados y condenados, que constituye, ya lo dijimos, un pobre 10%. Piénsenlo antes de felicitar a la FGR y la PNC por sus mega redadas.

Saludos,

Mucho que explicar y hacer. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

13 agosto 2018 / EL DIARIO DE HOY

La Fiscalía General de la República tiene mucho que explicar en el caso del expresidente Elías Antonio Saca. La confesión del exmandatario sobre corrupción en el periodo 2004-2009, así como el cometimiento de los delitos de peculado y lavado de dinero, no es poca cosa. Tampoco lo es que la FGR acepte un proceso abreviado y la reducción de la pena, cuando hace más de un año expusieron que tenían todas la pruebas para un caso sólido. Ante todo tiene que haber justicia.

El Salvador ha sido dañado por la corrupción en las entrañas de la Administración Pública y esto ha quedado en evidencia con la confesión del expresidente. El dinero del Estado ha sido mal utilizado en distintos gobiernos y eso no nos ha permitido desarrollarnos como sociedad. Los costos de la corrupción los hemos asumido todos los ciudadanos en forma de servicios públicos deficientes, escuelas en ruinas, hospitales sin servicios básicos y carentes de medicinas, malas condiciones laborales para gente necesaria como policías, bomberos y enfermeras, entre otra cantidad de situaciones deprimentes.

La FGR está en la obligación de explicar a la sociedad cuál es el contenido del acuerdo con los abogados del expresidente Saca. Ya que la afectada con la corrupción fue la sociedad entera, todos tenemos derecho a saber qué gana el Estado y por qué en este caso es mejor un acuerdo de proceso abreviado y reducción de pena, que un buen pleito donde se castigue con todo el peso de la ley (penas completas y restitución patrimonial completa al Estado) a corruptos confesos.

No es posible que la FGR pretenda que los ciudadanos nos conformemos con poco. Solo con la restitución de veinticinco millones de dólares de los más de trescientos que se le atribuyen a la red de corrupción. Solo con una condena que puede convertirse en simbólica, cuando para otras personas piden pena máxima. Solo con publicar la red de testaferros, cuando la FGR debería ir tras todas las personas que cometieron delitos y se beneficiaron de dinero del Estado.

La FGR está en la obligación de seguir investigando y deducir todo tipo de responsabilidades (penales y civiles) contra las personas que estuvieron involucradas en corrupción en los gobiernos de ARENA y en los siguientes. Es incongruente el actuar de la FGR cuando en “delitos menores” se ensaña con los involucrados pidiendo penas máximas y en estos casos de corrupción pareciera ser más flexible con los acusados.

También el partido ARENA debe dar una explicación sobre el caso del expresidente Saca. Según la confesión realizada la semana pasada ante el Tribunal de Sentencia, dinero del Estado fue transferido hacia las cuentas del partido político. Resulta increíble que el partido se limite a decir que “los registros contables de esa época desaparecieron en el partido”. Lavarse las manos ante hechos de corrupción genera desconfianza, dando la impresión que todavía hay gente involucrada a quien se quiere proteger. No es posible que miembros del partido no se dieran cuenta de lo que pasaba en esos momentos.

Los delitos de corrupción afectan a toda la sociedad. Y por ese motivo deberían castigarse con penas ejemplarizantes. En el caso de llegar a acuerdos de confesión de los imputados a cambio de reducción de pena, estos deberían ser con el fin de procesar a la totalidad de involucrados y limpiar las estructuras estatales de malos funcionarios. Al ser un país que se ha empobrecido a costa de la corrupción, tampoco es posible que se acepten responsabilidades patrimoniales mínimas. Hay que recuperar todo lo que la corrupción se ha robado y devolverlo a los ciudadanos honrados a través de servicios públicos de calidad.

La FGR tiene mucho que explicarle a la sociedad salvadoreña, pero sobre todo tiene mucho trabajo que hacer para seguir combatiendo la corrupción. Es la institución encargada de velar por los intereses del Estado y procesar a todos que hayan cometido delitos. En El Salvador no nos podemos conformar con penas pírricas a personas que le hicieron daño a la sociedad entera; por culpa de ellos las personas pobres son igual de pobres que hace varios años. Exijamos a la FGR que haga su trabajo.

Carta a los colegas periodistas: Cuidado, no son loros. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 27 febrero 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Estimados colegas:
El sábado pasado desayuné con el siguiente titular de La Prensa Gráfica: “ALTO MANDO MILITAR LIGADO A CRÍMENES”. Al abrir el periódico, encuentro la nota, esta vez titulada así: “ESCUADRÓN DE EXTERMINIO EN LA FAES CON AVAL DEL ESTADO MAYOR”.

Para que un periódico acuse al Alto Mando y al Estado Mayor de la Fuerza Armada de esta manera, tiene que tener buenas razones y buenas pruebas.

Pero lo único que tenían fueron alegatos de la fiscalía, en el caso contra tres oficiales de la Fuerza Armada recién detenidos. Repitieron el error usual: Asumir las acusaciones de la fiscalía como hechos, y las pruebas presentadas por la fiscalía como comprobadas.

Hubieran tenido que titular así: FISCALÍA ALEGA QUE…

logos MAS y EDHAl leer la nota completa, uno se da cuenta que los oficiales son acusados de “asociarse con civiles, para favorecer a ocho miembros del área de inteligencia del Ejército que privaron de libertad y torturaron a dos jóvenes en Apaneca.” O sea, la fiscalía acusa a los 3 oficiales de encubrimiento, pero aprovecha el escrito de acusación para hablar de un grupo de exterminio, de asesinatos – y de la complicidad del Estado Mayor y del Alto Mando en todo esto.

Es raro, ¿verdad? Debe llamar la atención a un periodista que la fiscalía dice tener pruebas de algo tan insólito que un escuadrón de muerte militar que opera con aval de la cúpula de la Fuerza Armada, pero sin acusar a nadie de este delito grave. Esta es la primera incongruencia que un periodista debiera haber señalado.

En esta circunstancia, sin que exista una acusación formal de la fiscalía sobre tales delitos, salir con un titular que señala al Alto Mando militar de estar ligado a crímenes y haber avalado operaciones de exterminio, es una decisión editorial muy atrevida. Y muy irresponsable.

La maña de muchos fiscales de meter en sus alegatos de contrabando acusaciones que van mucho más allá de lo que formalmente acusan, y que además comprometen a personas que no están siendo acusados ante los tribunales, debería llevarnos a los periodistas a señalar esta práctica y pedir explicaciones a la Fiscalía General. Es inaceptable que los medios lo reportan como si fueran hechos comprobados. Si un medio asume estos señalamientos de la fiscalía, y los reporta de forma afirmativa, se hace culpable de calumnia.

Ningún periodista se fijó en el hecho que nuevamente la fiscalía estaba violando la ley que prohíbe usar grabaciones obtenidas por intervención telefónica fuera del plazo que la ley establece. Por suerte la jueza sí se fijó y desechó todas las grabaciones. Ella puso en libertad a los tres oficiales, y solo admitió la acusación de encubrimiento.

Habrá un juicio, pero no será contra el Alto Mando, tampoco contra el Estado Mayor, tampoco por la existencia de un grupo de exterminio avalado por la cúpula militar. Precisamente los alegatos que LPG convirtió, de manera afirmativa, en titulares ya quedan desechados por la jueza. Lo mínimo que debería hacer este medio es rectificar su error.

Y lo mínimo que los periodistas tenemos que hacer es ser responsables con tanta cosa que la fiscalía nos quiere servir en bandeja de plata.

Saludos,

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La independencia de los mendigos. La Columna Transversal de Paolo Luers

Permitimos que el fiscal, al tiempo que investiga casos que afectan al gobierno y los partidos, tenga que negociar con este mismo gobierno y estos mismos partidos el presupuesto que necesita su institución.

Paolo Luers, 5 mayo 2017 / EDH

Todos hablan de la independencia de la Fiscalía General de la República, pero nadie entra al meollo del asunto: su dependencia presupuestaria.

La situación que tenemos es absurda. Exigimos a la FGR que se persiga la corrupción, sea de quien sea. Perseguir la corrupción significa investigar a fondo a pasados y actuales gobernantes y funcionarios, afectando a todos los partidos políticos: el que ha gobernado antes, el que está gobernando actualmente, y a los otros que hicieron pactos oscuros de gobernabilidad con los gobiernos de turno. Pero permitimos que el Fiscal General, al tiempo que investiga casos que afectan al gobierno y a todos los partidos, tenga que negociar con este mismo gobierno y estos mismos partidos el presupuesto que necesita su institución para operar y para poder llevar a cabo adecuada y profesionalmente estas investigaciones.

No importa quién esté al mando de la FGR, si como persona es corrupto o es honesto, esta es una situación que inevitablemente compromete la actuación de su institución. La independencia que necesita una fiscalía para poder investigar a quien sea que amerite investigación será frágil si para conseguir los fondos requeridos está dependiendo de la buena voluntad de los poderes que está investigando. La independencia de una fiscalía es incompatible con una constante incertidumbre presupuestaria. La independencia de una fiscalía no puede ser sólida si el gobierno o cualquiera de los partidos le pueden aprobar o negar el presupuesto de operaciones.

No estoy escribiendo esto para cuestionar o poner en duda la vocación de independencia del actual fiscal general. Estoy cuestionando el sistema actual que le obliga a negociar sus presupuesto. Estoy cuestionando un sistema que da al gobierno y a los partidos la posibilidad de extorsionar a la fiscalía, o por lo menos a tener influencia sobre el alcance de sus investigaciones, controlando y dosificando con criterios políticos-partidarios los fondos de la fiscalía.

Mauricio Funes, ahora asilado en Nicaragua, llegó al colmo de transferir al fiscal general de entonces, actualmente residiendo en Mariona, más de medio millón de dólares de fondos de Casa Presidencial para poder acelerar las investigaciones contra su archienemigo Paco Flores. Incluso si Luis Martínez no haya usado ni un dólar de “refuerzo” para mejorar su vida personal, esta transferencia constituye una aberración institucional. No puede un presidente promover la persecución penal de sus adversarios políticos financiándola con fondos de Casa Presidencial.

Y ojo: Así como un presidente puede hacerle concesiones presupuestarias para promover cierta investigación y persecución, lo puede hacer para que otras investigaciones no se hagan.

Los Acuerdos de Paz, para llevar las discusiones sobre la independencia del sistema judicial del discurso a la realidad, terminaron incluyendo en las reformas constitucionales del 1992 un artículo que garantiza a la Corte Suprema y al sistema judicial un porcentaje fijo (6 %) de los ingresos corrientes del Presupuesto del Estado. Ningún magistrado de la Corte Suprema tiene que sentarse con el presidente ni con la Asamblea para negociar presupuesto.

Lamentablemente, los negociadores de la paz no incluyeron en esta sabia regla a la fiscalía. Ha llegado la hora de hacerlo, ahora que la sociedad salvadoreña ha puesto en la agenda nacional la lucha contra la corrupción y la independencia de las instituciones. De qué forma, no sé. Puede ser que se incluya a la FGR dentro de la cuota constitucional del sistema de justicia, puede ser por aparte. Puede ser mediante una reforma constitucional, o puede ser mediante un acuerdo político entre los partidos. Pero tiene que cumplir un objetivo: Hacer la FGR realmente independiente, y evitar que el fiscal general tenga que andar de mendigo o de extorsionista negociando su presupuesto con los poderes que pueden salir afectados de sus investigaciones. Esta situación es indigna y significa que la justicia siga siendo sujeto a negociaciones políticas.

Si no resolvemos este problema institucional de independencia presupuestaria, ¿qué esperamos que el Fiscal General haga cuando en las próximas negociaciones presupuestarias con Casa Presidencial o con la Asamblea tenga del otro lado de la mesa a personas que tenga que investigar?

Carta a una lectora: Hablemos de prioridades. De Paolo Luers

Paolo Luers, 11 abril 2017 / EDH y MAS!

Estimada señora:
Usted me mandó múltiples mensajes preguntándome, más bien reclamándome porqué no he escrito sobre Oscar Ortiz y Chepe Diablo.

Le voy a contestar. Me quedé callado porque todo el mundo habla de esto todos los días. Esto siempre es sospechoso. Todo está dicho, e incluso un poco más: especulaciones, confabulaciones, y otras novelas. Sólo tendría sentido escribir más sobre este caso si tuviera los elementos para contrarrestar estas novelas, no para alimentar más la leyenda… de Texis. Llegará el momento.

El fiscal general, con todas las limitaciones de presupuesto que con buena razón está lamentando, asignó a 50 (¡cincuenta!) fiscales al caso contra Chepe Diablos. Me surge una pregunta: ¿Qué hubiera pasado si al caso Mauricio Funes hubiera asignado semejante recursos? En este caso (más bien en estos múltiples casos: Probidad/enriquecimiento ilícito, Chaparral, Polistepeque, Odebrecht, el préstamo convertido en donación de Salume…) ni siquiera existe una acusación penal, por lo tanto tampoco orden de captura. Y el caso civil se encuentra en el aire.

Si por ordenes del señor F1 estuvieran 50 fiscales revisando toda la documentación incautada en los allanamientos a las casas de Funes, Vanda, Michi y Mecafé, y si contaran con el mismo apoyo técnico que Estados Unidos está brindando en el caso Chepe Diablo, los periódicos no tendrían tantas páginas que llenar con la novela de un “cartel” acusado de lavado de 215 millones de dólares. ¿Y si los 50 fiscales los hubieran asignado al caso Saca y Cía.?

En este punto me surgen otras dos dudas; la primera: ¿Existen “carteles de lavado”, o reservamos este distintivo para los grandes narcotraficantes?

Y la otra duda, esta sí profunda: ¿Es más importante que alguien lave 200 millones o que otro los robe? Estoy claro que ambos son delitos, pero ¿cuál de los dos hace más daño al país? Me imagino que también un fiscal general tiene que definir prioridades, sobre todo cuando es cierto que le quieren paralizar su trabajo negándole los fondos necesarios para hacerlo bien.

Y ahí me entra la madre de todas las dudas: ¿Cómo es posible que un fiscal general, al tiempo que investiga casos de corrupción muy sensibles, esté obligado a negociar el presupuesto de la fiscalía con el gobierno y con los partidos – o sea con los posibles afectados de sus investigaciones? La respuesta: No es posible. No puede pasar. Es contrario a la independencia del fiscal y su institución.

Como ve, estimada señora, ya me corrí otra vez a otros temas. Pero para mi son más importantes. Sobre todo porque nadie habla de ellos.

Saludos,