Probidad

Sobre partidas secretas y sobresueldos. Centro de Estudios Jurídicos

El tema de los sobresueldos de funcionarios del Estado y la opacidad en el uso de ciertas partidas reservadas ha estado en la agenda pública en los últimos meses.

Centro de Estudios Juridicos, 5 junio 2017 / LPG

El asunto ha tomado un interés particular a partir del reciente reportaje periodístico que reveló el libro de registro de partidas reservadas de Presidencia de la República de los años 1994 a 2006.

Una de las manifestaciones del abuso de la reserva en ciertos fondos públicos ha sido la práctica de dar sobresueldos a ciertos funcionarios. Sobre ello, dijimos en noviembre de 2016, que la solución ante la desproporción en los salarios nominales de algunos funcionarios no debe pasar por violar la ley. La solución pasa –entre otras cosas– por transparentar los salarios e incorporarlos debidamente en el presupuesto y la Ley de Salarios.

También reconocimos que hacer una propuesta de incrementar los salarios nominales de algunos funcionarios podría carecer de apoyo popular, pero esta natural resistencia podría ser superada si se le acompaña de las herramientas de transparencia y control que exige la ciudadanía y si a tal esfuerzo se le une la promulgación de una nueva normativa en materia de la función pública.

En diciembre de 2016 añadimos que en un momento de crisis fiscal como el que vivimos, en que algunas instituciones proponen imponer más cargas tributarias a los contribuyentes, es imprescindible que se aclare si han ocurrido delitos en la administración de los fondos de los ciudadanos. Por eso hacíamos ver que la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial tenían la oportunidad de demostrar que vivimos en un Estado de Derecho.

Ahora aclaramos que no es cierto que las partidas secretas dejaron de existir en 2010. Lo que ocurrió en ese año es que la Sala de lo Constitucional reconoció el carácter inconstitucional de las partidas presupuestarias exentas de control y rendición de cuentas.

Pero según reportes de diferentes instituciones, de 2013 a 2015 la Presidencia de la República gastó $177.1 millones en partidas de fondos reservados, existiendo serias dudas sobre si estas han sido objeto de una real y completa auditoría. El problema no ha desaparecido.

Por ello, para investigar las irregularidades que pueden existir en el uso de fondos reservados, así como la práctica de sobresueldos que podría haber derivado de ellos, proponemos, para comenzar, estas medidas:

Primero, que el ministro de Hacienda y la Asamblea Legislativa modifiquen el presupuesto de 2017 identificando las partidas de Presidencia de la República y otras entidades que tienen carácter reservado, evaluando, caso por caso, su reducción significativa.

Segundo, que en el procedimiento de elección de magistrados a la Corte de Cuentas que actualmente desarrolla la Asamblea Legislativa se establezca un sistema objetivo y ponderado para calificar a los candidatos, y así elija de entre ellos a los más calificados y probos; debe cuestionárseles específicamente sobre lo que piensan de este tema.

Tercero, que el fiscal general de la República realice una investigación sobre el uso de los fondos reservados en el gobierno, y particularmente en Presidencia de la República, revisando de manera irrestricta los gastos que se han hecho de partidas reservadas en administraciones anteriores y en la actual.

Cuarto, que la Asamblea Legislativa cree una comisión especial con el objeto de investigar el uso que se ha hecho y se está haciendo de los fondos reservados, principalmente en Presidencia de la República; y que para ello tenga acceso irrestricto a los registros completos de tales partidas.

Y quinto, que el ministro de Hacienda presente un proyecto de presupuesto y de Ley de Salarios para 2018 en que se incluya una nivelación salarial de los altos funcionarios del Estado acorde a su responsabilidad, evaluando mecanismos para crear incentivos salariales objetivos y transparentes en función de resultados obtenidos.

 

 

Carta a los diputados: Eliminar la maldita zona gris. De Paolo Luers

Paolo Luers, 27 mayo 2917 / MAS! y EDH

Estimados diputados:
Están circulando en redes sociales copias de supuestos recibos de “sobresueldos” y otros de honorarios que la Casa Presidencial pagó a los miembros de la extinta Comisión Nacional de Desarrollo. Fiesta para los troles y sus “periódicos” digitales…

En medio de esta campaña de tirar excremento al ventilador, nos enteramos de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar a Probidad que investigue los patrimonios de todos que han ejercidos cargos en el período de Mauricio Funes, incluyendo todo su gabinete, magistrados electorales, jefes militares y diputados.

Y ahora resulta que El Faro tiene en su posesión (y comienza a publicar) cuadernos de la contabilidad paralela que en Casa Presidencial llevaron de la famosa “partida secreta” correspondiente a los gobiernos de Calderón Sol, Francisco Flores y Tony Saca.

Todo esto se suma a los juicios a los últimos tres presidentes: Flores por las donaciones de Taiwán; Saca por robo de más de 200 millones; Funes por enriquecimiento ilícito y por la corrupción en El Chaparral.

Pareciera que toda la clase política de nuestro país es una sola cloaca de corrupción. Pero es una percepción equivocada. Por el perverso carácter de los “fondos reservados”, donde se mezclan gastos legítimos con otros cuestionables o ilegales; y por la negligencia de la Corte de Cuentas, todo esto resulta una inmensa zona gris – y en las publicaciones, denuncias y juicios salen a bailar justos y pecadores.

Esta zona gris hay que eliminarla.

Por esto la Sala declaró inconstitucional la “partida secreta”; y por esto urge regular y transparentar también el subterfugio que crearon después: los “fondos reservados”. No podemos permitir que por el mal manejo de unos pocos todo el sistema de gobierno, todos los políticos y funcionarios públicos estén bajo permanente sospecha.

Por ejemplo: entre los acusados en el caso Saca se encuentran ex funcionarios de la Oficina de Inteligencia del Estado, que no han hecho otra cosa que ejecutar el presupuesto de su institución. Ellos no tienen culpa que CAPRES y Corte de Cuentas no hayan querido establecer una forma transparente (aunque por razones obvias no pública) de supervisar la ejecución del presupuesto y del trabajo de la Inteligencia del Estado.

El Consejo Nacional de Desarrollo fue una institución legítima y además muy prestigiosa, cuyos integrantes por supuesto recibieron honorarios por su excelentes aportes. Este tipo de instituciones no deberían relacionarse con la zona gris, ni mucho menos con corrupción.

Solo porque ya sabemos de los presuntos manejos mafiosos de Tony Saca y Mauricio Funes, no podemos asumir que todos sus ministros y funcionarios hayan sido partícipes de la corrupción. No podemos concluir culpabilidad por asociación en juicios mediáticos.

Y no todos los “sobresueldos” implican compra de voluntades. No es lo mismo pagar algo “extra” a un ministro, que de todos modos es súbdito del presidente, que a un fiscal general, magistrado o diputado.

Que Probidad haga sus investigaciones, y si hay indicios de enriquecimiento ilícito, que los pase a la fiscalía y los tribunales. Pero lo más importante es que la Asamblea tome acción legislativa para eliminar la zona gris de los “fondos reservados”, reformar de fondo la Corte de Cuentas y dictar una Ley de Salarios en el Servicio Público.

Saludos,

La judicialización de las investigaciones de Probidad. De Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Contra y viento y marea, en los últimos meses la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ha venido realizando una titánica labor que ha desembocado en el inicio de procesos judiciales de enriquecimiento injustificado contra varios exfuncionarios, incluidos entre ellos dos expresidentes de la República.

centro estudios CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 27 febrero 2017 / LPG

En uno de los casos promovidos, ya existe sentencia judicial condenatoria.

La labor desempeñada por la Sección de Probidad, más el entendimiento exacto del compromiso constitucional asumido por varios de los magistrados de la Corte, ha permitido que hayamos iniciado una nueva etapa en la que –esperemos todos– los funcionarios respondan y sean sancionados cuando se han enriquecido con fondos públicos.

Estamos viviendo una realidad que aún nos tiene asombrados. Estamos presenciando el inicio de investigaciones y procesos judiciales, cuyas consecuencias probablemente todavía no logramos vislumbrar a cabalidad. A su vez, eso ha generado cierto optimismo porque nos conduce a pensar que, talvez ahora sí, se aplicará la ley sin ningún tipo de distinción.

En los días recientes hemos conocido que existen más de setenta procesos de investigación que están siendo conducidos en la Sección de Probidad, y que al menos cinco de ellos se encuentran en su etapa final. Esto significa que pronto serán sometidos a conocimiento de la Corte en pleno y que será esta la que tendrá que decidir si judicializa los casos.

Es a esto último a lo que queremos referirnos. De acuerdo con la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, las investigaciones que desarrolla la Sección de Probidad y las decisiones que toma Corte en pleno no significan, bajo ningún punto de vista, que se esté condenando al funcionario investigado.

Lo único que implica es que existen elementos indiciarios suficientes, como para que en un proceso judicial con plenitud de trámite se discuta, pruebe y decida el posible enriquecimiento injustificado. La Corte no juzga; no es ese su rol en esta materia.

Siendo así, a los magistrados debe resultarles suficiente que exista una muestra o una señal que sin ser necesariamente contundente lleve a cuestionar el enriquecimiento de un funcionario en relación con el importe de sus ingresos y gastos ordinarios. Y de existir esa señal, respetando siempre la presunción de inocencia, debe remitir a la Cámara de Segunda Instancia para que sea ante ese tribunal que se identifique si existe o no la actividad ilícita. Fiscalía debe hacer su parte.

Insistimos en esto porque hemos percibido en algunos magistrados una mezcla de apatía, desinterés y de inusitada resistencia por dar continuidad a un proceso que no debe tener marcha atrás; sobre todo porque se cuenta con el apoyo decidido de la ciudadanía y hasta de la comunidad internacional. Preocupa que incluso, en algunos casos, se perciba cierto temor, quizá ocasionado por las evidentes presiones de algunos investigados.

Nadie está diciendo que todas las personas investigadas deben ser remitidas a un proceso judicial. La sola existencia de la investigación jamás puede ser suficiente. Pero si del resultado de esa investigación surgen señales que ponen en duda las fuentes del posible enriquecimiento del funcionario, es obligación de los magistrados remitir a quien corresponda, para que se deduzcan responsabilidades.

La Sección de Probidad ya fue reforzada con nuevos elementos, razón por la que con propiedad podemos exigir que las investigaciones que ahí se conducen se agilicen y se mantengan con estrictos criterios técnicos.

Y en el caso de los magistrados, pedimos no dejarse amedrentar por presiones indebidas y no cesar en su contribución por luchar contra la impunidad y la corrupción. No pretendemos que los 15 magistrados estén siempre de acuerdo, pero les exhortamos a que en este tema en particular pongan especial énfasis en lograr el mayor consenso posible. Confiamos en ustedes.

Carta del fin de año: Lo malo, lo bueno y lo feo del 2016. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 31 diciembre 2016 / EDH

Lo malo: las elecciones del Consejo Nacional de Judicatura y de la Corte de Cuentas; las mesas falsas en Casa Presidencial; el presupuesto.

Nuevamente, la Asamblea no eligió dentro del plazo constitucional a los miembros del Consejo Nacional de Judicatura ni a los magistrados de la Corte de Cuentas. Esto ya es grave por el vacío institucional que crea. Pero es aun más grave: al final eligieron mal. Volvieron a aplicar cuotas partidarias y no criterios de idoneidad y mérito profesional o académico. A estas alturas, una Corte de Cuentas presidida por un magistrado que ha estado cerca de las campañas electorales tanto de Funes en el 2009 como de Tony Saca en el 2014, es un mal chiste.

diario hoyLa manera en la que el gobierno y la oposición enfrentaron la ‘crisis fiscal’ dejó mucho que desear. A las mesas de negociación, el FMLN y el gobierno entraron sin ninguna disposición de corregir las políticas que los han llevado a la crisis y ARENA entró sin claridad de su posición de ventaja: el gobierno sin los votos de ARENA se ahogaba. Resultado: no resolvieron nada de fondo. El gobierno sigue sin honrar sus obligaciones y no hay presupuesto, porque el FMLN se niega a presentarlo como la Constitución manda: equilibrado, completo y financiado.

Lo bueno: la no reelección de Luis Martínez, la reactivación de la Sección de Probidad y una ciudadanía activa.

El 2016 comenzó con una batalla campal entre quienes querían elegir a un fiscal independiente y correcto y quienes querían reelegir al fiscal general Luis Martínez, para mantener una fiscalía corrupta y extorsionista, cuya protección se podía comprar. El FMLN y Gana apostaron por Luis Martínez, y así lo hizo un sector fuerte dentro de ARENA. Gracias a una coalición amplia de ciudadanía crítica y la hombría de areneros como Jorge Velado, Juan Valiente y Johnny Wright Sol, al fin ARENA negó sus votos a Luis Martínez, salvando al país de un desastre judicial.

Contraria a la elección amañada del CNJ y de la Corte de Cuentas, la Asamblea logró elegir a 5 magistrados que cambiaron la inercia en el pleno de la Corte Suprema de Justicia. El resultado más visible: la reactivación de la Sección de Probidad, que recibió un claro mandato de investigación imparcial del enriquecimiento ilícito. Gracias al trabajo de Probidad, Funes, Saca y muchos otros funcionarios tendrán que enfrentar juicios, primero civiles, luego penales. El denominador común de estos desarrollos positivos es una creciente presión y organización de la ciudadanía, que utiliza la transparencia e información pública como palanca para obligar a la Corte, Probidad y Fiscalía a realizar su trabajo.

Lo feo: la verdad sobre la Fiscalía; nuevos escuadrones de la muerte y una opinión publica que los apoya; y… ¡Trump!

Lo mejor del 2016 ha sido que, una vez fuera del poder, cayó el exfiscal general Luis Martínez y fue expuesto todo el sistema de extorsión, manipulación de casos y “persecuciones al cargo del mejor postor” que existe en la Fiscalía. Fue expuesto también que tanto el gobierno de Funes como el actual de Sánchez Cerén compraban los servicios de la Fiscalía corrupta. El nuevo fiscal, quien arrancó su gestión presentando con gran pompa casos preparados por Luis Martínez y su mafia de fiscales, tuvo que ordenar una limpieza general en la FGR. Hasta ahí lo positivo. Pero en todo esto, hay que esperar hasta dónde será capaz y dispuesto a llegar el nuevo fiscal general, Douglas Meléndez, llevando los casos penales contra Saca, Luis Martínez, Nayib Bukele y Funes a las cortes.

Lo más feo del 2016: El resurgimiento de escuadrones de la muerte. Como durante la guerra, operan en cooperación y con protección de las fuerzas de seguridad y del partido oficial de turno. Y lo más preocupante de esto: la opinión pública está de acuerdo con que policías, soldados o escuadroneros maten, mientras los muertos sean pandilleros. ¿Y cuando comiencen a matar opositores?

¿Qué decir de Trump? Un hombre listo, pero ignorante, fue electo presidente de Estados Unidos. Además un tipo malo, sin esquema de valores y egocéntrico hasta el narcisismo. Y lo peor no es él, ni siquiera los fanáticos que le siguen. Lo peor son los oportunistas que saben que es corrupto, autoritario y peligroso, pero ya lo defienden, ya le besan el trasero y nos explican que no será tan mal presidente.

Happy 2017,

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Columna transversal: Habló Pino y se acabó la locura. De Paolo Luers

paolo_luers-obsPaolo Luers, 23 septiembre 2016 / EDH

El FMLN ha desatado una campaña, pidiendo la renuncia del magistrado Belarmino Jaime de la Sala de lo Constitucional, por presunta evasión de impuestos. En un comunicado, el abogado José Eduardo “Pino” Cáceres, rechaza estas acusaciones contra una empresa, en la cual él forma parte de la Junta Directiva, pero no el magistrado Belarmino Jaime.

diario hoyIrónicamente, Pino es hermano del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Pero esto no es lo que lo define. Lo define su lucha contra la corrupción. Pino Cáceres es el exjefe de la Sección Probidad de la Corte Suprema de Justicia quien en 2005, para investigar las declaraciones patrimoniales de Francisco Flores, pidió a los bancos información sobre cuentas y transacciones de los ex-funcionarios. La Corte Suprema de Justicia, presidida por el magistrado Agustín García Calderón, tomó la decisión de quitar a la Sección Probidad el derecho de pedir información bancaria. Con esto quedó sin dientes la Sección Probidad – hasta que el año pasado la actual Corte Suprema le volvió a dar a su Sección Probidad las facultades necesarias para investigar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y ex funcionarios, para buscar indicios de enriquecimiento ilícito. En consecuencia, ahora la justicia está viendo los casos de Mauricio Funes, Vanda Pignato, Toni Saca, Leonel Flores y otros.

Pino Cáceres renunció a su cargo, en mayo del año 2006. El Centro de Estudios Jurídicos CEJ escribió entonces:

“En el país no hay intención de combatir la corrupción. La semana pasada nos enteramos cómo la petición hecha por el Dr. René Fortín Magaña a la Fiscalía General de la República para que solicitara la nulidad de la increíble resolución de la Corte Suprema de Justicia que nulificó las funciones de la Sección de Probidad fue declarada sin lugar por el nuevo fiscal general en uno de sus primeros actos. ¿Cómo podemos creer en la voluntad del Gobierno si vemos que la corrupción realmente no se persigue?

Aún hay signos de esperanza en este país. La semana pasada también vimos un dignísimo acto protagonizado por un funcionario público de este país, con la pública renuncia del Dr. José Eduardo Cáceres, jefe de la Sección de Probidad, ante la resolución del fiscal que, con la resolución de la Corte, destruye toda posibilidad de combatir la corrupción a través de la oficina que presidía. Nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento a un funcionario salvadoreño bueno y patriota. ¡Pino Cáceres ha hecho patria!”

Cito todo esto para que quede claro quien es el hombre que ante la campaña del FMLN contra el magistrado Belarmino Jaime decidió tomar la palabra para defenderlo y expresar su disgusto con el FMLN.

El comunicado de Pino Cáceres ya es ampliamente conocido, no tengo que citarlo aquí. Rechaza las acusaciones falsas contra el magistrado Jaime; acusa al ministerio de Hacienda de fuga y manipulación de datos confidenciales; y acusa al presidente de la República de complicidad. Pero hay una frase en el comunicado de Pino que tal vez muchos no lo entendieron: “Todavía existen jueces en Berlin”. Para explicarlo, cito una columna de Antonio García-Pablos publicada en EL PAIS:

Cuenta la leyenda Federico II de Prusia, molesto porque un molino cercano a su palacio Sans Souci afeaba el paisaje, envió a un edecán a que lo comprara por el doble de su valor, para luego demolerlo.

Al regresar el emisario real con la oferta rechazada, el rey Federico II de Prusia se dirigió al molinero, duplicando la oferta anterior. Y como este volviera a declinar la oferta de su majestad, Federico II de Prusia se retiró advirtiéndole solemnemente que si al finalizar el día no aceptaba, por fin, lo prometido, perdería todo, pues a la mañana siguiente firmaría un decreto expropiando el molino sin compensación alguna. Al anochecer el molinero se presentó en el palacio y entregó a Federico II una orden judicial que prohibía a la Corona expropiar y demoler un molino solo por capricho personal. Concluida la lectura de la resolución judicial, y ante el asombro de todos, Federico el Grande levantó la mirada y declaró: “Me alegra comprobar que todavía hay jueces en Berlín”. El “juez de Berlín” representa, en el mundo del Derecho, la independencia judicial frente a la arbitrariedad y el despotismo; la primacía absoluta de la ley, expresión de la soberanía popular, y la garantía de igualdad de todos los ciudadanos ante ella, exigencias ambas inseparables del Estado de derecho.

¿Será que el gobierno de El Salvador ni siquiera cumple con los estándares de derecho ya aceptados por un monarca absolutista como Federico el Grande de Prusia?

Inconsistencias que desprestigian. De Sandra de Barraza

Sandra de BarrazaSandra de Barraza, 17 junio 2016 / LPG

 Lo peor que sucede al gobierno es la inconsistencia entre lo que dice y lo que hace porque esto resta credibilidad. El estribillo del gobierno del Órgano Ejecutivo pasado se concentró en la corrupción de los 20 años del gobierno del anterior. Casi ningún funcionario público se salvó de acusaciones y la cacería de brujas se anunció con bombos y platillos. Mucho esfuerzo y energía para encontrar casos y “lucirse” públicamente como probos y comprometidos con el dinero de los contribuyentes. A la fecha, con todo lo que anunciaron y denunciaron, los casos se hay ido cayendo con serias implicaciones para el Estado de Derecho. Muchas acusaciones y muchas difamaciones contrarias a lo establecido en la Constitución de la República: “Toda persona a quien se le impute un delito se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad”.

la prensa graficaLo peor que le sucede al ciudadano de a pie y de manera especial al que contribuye es el despilfarro que hacen con los recursos públicos sin vergüenza para nadie. ¿Despilfarro? En la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, se han usado $232,000 para financiar alimentación y bebidas. Del presidente de esta comisión y otros que le acuerpan se escucharon las justificaciones del gasto. ¿Capacitación de personal? Los resultados de esta “inversión en alimento y bebida” para el desarrollo de “talento humano” ¿se ven en las obras portuarias que pertenecen al Estado, ese Estado que somos todos? El puerto La Unión es la expresión de la incapacidad ejecutiva del personal y la dirigencia de la autónoma. Se podrá creer cuando esos $220 millones tirados al mar lo utilicen en un espacio para el control del narcotráfico que, según voces en parlante, pasan con libertad desde el sur. Se ha conocido de uno que otro cargamento interceptado, pero… ¿cuántos dejan pasar? Mi sugerencia para esta autónoma es que se abstenga de desprestigiar al gobierno del presidente Sánchez Cerén. Dicen que ¿retribuyeron el monto de las bebidas que consumieron? Disculpas. Con esto no eliminan la opinión pública ni la indignación que genera el mal manejo de fondos públicos.

¿Cuántos casos más existen en el aparato gubernamental? Seguros, bonos, viáticos, contratos de asesores y otros muchos más difundidos por los medios de comunicación están allí, sin pena ni vergüenza para nadie. ¿Por qué los empleados y funcionarios públicos tienen el privilegio de seguros privados millonarios cuando existe un Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) al que se tiene obligación de contribuir? Los funcionarios y empleados públicos privilegiados se abstienen de asistir a instituciones públicas ¿porque reconocen las carencias y no quieren arriesgarse?

Falta conducción, falta austeridad, falta eficacia de instituciones obligadas a velar por la probidad y el eficaz uso de recursos públicos. Y con esto ¿cómo pretenden funcionarios del Órgano Ejecutivo que se les crea que no se tienen suficientes recursos para enfrentar la inseguridad?

Recursos para inseguridad se han dado a pesar de largas discusiones y permanentes acusaciones públicas. Al final, a los consumidores y contribuyentes se les han reducido sus ingresos con contribuciones especiales, créditos y más. Pero ¿saben lo que están haciendo? Y de manera más precisa ¿se dan cuenta de lo que no hacen? Pregunto porque hay muestras en el sistema carcelario de lo que no hacen.

Recientemente estuvieron en primera plana los decomisos de productos “prohibidos”, y otra vez la justificación de la irregular situación es la incapacidad de los directores y jefes de depurar el sistema.

Y entonces, ¿para qué quieren más recursos si no tienen capacidad de asegurar que los “colaboradores” son los que deben ser? Van a cerrar ese recinto carcelario porque no cumple con los mínimos requisitos de seguridad dijeron los funcionarios. Y ¿hasta ahora se dieron cuenta?

Pregunto porque desde hace siete años anuncian mejoras al sistema, recuerdo haber escuchado que la innovación llegaría hasta el uso de contenedores transformados. Así son de creativas las declaraciones que contrastan con lo que la gente sigue viviendo en las calles, avenidas y los centros escolares. Es cierto que la tasa de homicidios ha disminuido. Aplausos. Pero hace unos días sacaron a un estudiante de tercer ciclo de su escuela y lo asesinaron con lujo de barbarie. ¿Cuánto tiempo necesitan para recuperar el ambiente de seguridad? ¿Y tienen certeza y capacidad de sostenerlo en el tiempo?

El mundo al revés. De Javier Castro de León

Han tenido que pasar más de 56 años para que se aplicara adecuadamente la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP) y se iniciaran los primeros juicios civiles por enriquecimiento ilícito. Dicha ley debe ser actualizada para prevenir y combatir de forma efectiva la corrupción –en efecto mejorada y no omitiendo precisamente el juicio civil que ha empezado a funcionar, como ocurre con la Ley de Probidad aprobada en diciembre de 2015 y cuya vigencia se ha suspendido mientras se tramita un proceso de inconstitucionalidad.

JAVIER CASTROJavier Castro De León, 10 JUNIO 2016 / LPG
Realmente es el mundo al revés. Resulta asombroso y difícil de creer que personeros políticos vengan a criticar y cuestionar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por aplicar precisamente la ley, con argumentos absurdos y sin base jurídica, al señalar que se han aplicado “criterios arbitrarios” para investigar los casos de probidad. Al contrario, debemos estar agradecidos de que luego de una larga espera de más de medio siglo, finalmente se vino a aplicar bien la LEIFEP.
Lo que la CSJ ha hecho es aplicar el artículo 240 de la Constitución, norma que también estaba en el olvido, la cual dispone que se presumirá enriquecimiento ilícito cuando el patrimonio del servidor público no guarde relación con los ingresos e incrementos de la prensa graficacapital que haya obtenido de forma legal. Esto lleva a que se inicie el respectivo juicio civil y si se establece que existe responsabilidad legal, opera una restitución de los bienes adquiridos por el funcionario a costa del Estado. Cabe mencionar que a quienes se les ha iniciado el respectivo juicio civil por enriquecimiento ilícito ante las correspondientes Cámaras de Segunda Instancia de lo Civil se les debe respetar el debido proceso y que serán culpables si así lo determina la sentencia definitiva.

Respecto de los argumentos de que ha habido actuación arbitraria de parte de la CSJ, el Centro de Estudios Jurídicos, en su columna publicada esta semana, argumenta categóricamente que ni la Constitución ni la ley establecen la obligación de emitir alguna norma para seleccionar los casos que serán investigados por presunto enriquecimiento ilícito. Los criterios que pueden determinarse y que en efecto ya lo hizo la CSJ son una guía útil para ordenar el trabajo de la Sección de Probidad de la CSJ; pero, bajo ningún concepto son condicionantes para la validez jurídica de los casos que se investigan. Lo que es relevante para el Estado de derecho es que se cumpla la Constitución, la cual ordena a la CSJ que si existen indicios de enriquecimiento ilícito, se aplique la LEIFEP.

Las reacciones al trabajo realizado por la CSJ en materia de probidad no son ninguna sorpresa, pues en efecto la Ley de Probidad aprobada en 2015 buscaba frenar el trabajo que se estaba haciendo al respecto. Otra reacción ha sido la denuncia penal por actos arbitrarios presentada contra dos magistrados de la Sala de lo Constitucional y el jefe de la Sección de Probidad, la cual no debe de prosperar judicialmente, ya que no hay ninguna conducta ilícita, pues como ya se dijo, lo que se ha hecho es cumplir un mandato constitucional frente a indicios de enriquecimiento ilícito.

Lo que se debe hacer es felicitar a la CSJ por desempolvar la LEIFEP y aplicarla con valentía por primera vez, pues la impunidad y el mal uso de los fondos públicos le han hecho mucho daño al país. Sin embargo, otros la cuestionan por aplicar la Constitución y la ley y querer perseguir la corrupción; es el mundo al revés. Si queremos avanzar como país no podemos seguir así.