En medio del deterioro hay avances. De Roberto Rubio

Muchas cosas que se consideraban “secretos de Estado” ahora son de mayor dominio público.

rubioRoberto Rubio, 29 febrero 2016 / LPG

Sin duda el panorama nacional es crítico. Parcelas claves de nuestra sociedad se encuentran estancadas o en franco deterioro. La economía sigue enclenque y pasmada. Adicionalmente, seguimos siendo uno de los países donde menos se invierte y donde menos llega la inversión externa. Los problemas de desempleo siguen agudizándose.

Persiste el deterioro en la situación de la violencia e inseguridad ciudadana. La tasa de homicidios y las extorsiones siguen en niveles alarmantes, y todavía no hay señales de contención de las mismas. Un sentimiento de derrota, impotencia y frustración invade el alma nacional. Esta situación de grave deterioro de la convivencia humana atraviesa desde la violencia intrafamiliar y vecinal hasta la agresividad manifiesta en el tránsito vehicular.

la prensa graficaA nivel político, el sistema y sus partidos (unos más que otros) son incapaces de ofrecernos soluciones viables a nuestros agudos problemas, y de alejarnos del precipicio que asoma. Lejos de ello, nos aproximan al mismo con sus confrontaciones polares, su incapacidad de entendimiento y sus prácticas autoritarias, clientelistas y corruptas.

Pero en medio de semejantes deterioros, como todo en la vida, hay avances. Uno de ellos es el campo de la lucha contra la opacidad y la corrupción. Avances que vienen siendo posibles gracias a una combinación de instituciones judiciales, espacios mediáticos sensibles a la problemática y la acción de una ciudadanía cada vez más activa.

Sin ánimo de agotar tales cambios positivos, valga traer solamente a cuenta el hecho que muchas cosas que se consideraban “secretos de Estado” ahora son de mayor dominio público, como es el caso del manejo de los fondos en manos de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, los gastos y destino de viaje de los diputados/as, el conocimiento (todavía incompleto) de los nombres, roles y salarios de los asesores legislativos, las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos y sus respectivas auditorías. Sin duda esto trae importantes consecuencias, pues posiblemente no solo habrá menos discrecionalidad en el uso de los fondos públicos, sino que ahora el corrupto o corruptor sabe que se encuentra más en vitrina, y por tanto su margen de picardía se limita. Al menos ahora a los ladrones de cuello blanco se les hará más difícil el robo.

Por otro lado, el hecho que casos de supuesto enriquecimiento ilícito de funcionarios de más alto nivel (entre ellos expresidentes) hayan pasado a ser parte de un proceso judicial es un claro avance en la lucha contra la impunidad. Este precedente/mensaje sin duda abona a que los corruptos y corruptores piensen dos veces el seguir haciendo sus fechorías. No las impedirá, pero sí en algo las limitará.

Se trata de cambios y avances que han sido posibles en gran parte gracias a que contamos con una Sala de lo Constitucional honesta e independiente; con una mejor correlación de fuerzas a favor del Estado de Derecho e independencia judicial en Corte Plena (lo cual ha posibilitado la resurrección y fortalecimiento de la Sección de Probidad); con un Instituto de Acceso a la Información Pública que en general hace bien su tarea; con una nueva Fiscalía cuyas primeras señales son esperanzadoras; con una ciudadanía cada vez más activa y menos tolerante a la opacidad, la corrupción e impunidad; a unos medios de comunicación más abiertos y sensibles a los casos de corrupción e impunidad.

Avances, valga señalar, que a su vez son resistidos y torpedeados por una institucionalidad parapléjica, tolerante y en algunos casos cómplice de la corrupción. ¿Qué han hecho o dejado de hacer el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas, la Secretaría de Participación Ciudadana Transparencia y Anticorrupción frente a casos sonados de corrupción, ante las evidencias de conflicto de interés o enriquecimiento ilícito de altos funcionarios del anterior y presente gobierno? La respuesta cae por su peso. Irónicamente, para colmo, la secretaría responsable de la transparencia gubernamental marcha en contra de una Fiscalía que busca esclarecimiento y a favor del delito cometido por los oscuros y difamadores troles.

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