austeridad

Desafíos para la Asamblea Legislativa 2018-2021. De Claudia Umaña

5 mayo 2018 / El Diario de Hoy

El pasado 1 de mayo tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa y se abren una serie de oportunidades para continuar con el progreso del país; sin embargo, si no se hacen bien las cosas también se vislumbran riesgos que debemos tener en mente.

Lo que ya sucedió. En cuanto al tamaño de la Asamblea, lamentamos profundamente que no se haya escuchado el llamado de la ciudadanía por una Junta Directiva compuesta de siete integrantes. Al hacer una comparación con la Cámara Baja del Congreso alemán, cuya junta directiva cuenta con seis miembros, o en Guatemala, que con 158 congresistas tienen una junta directiva de nueve miembros, llegamos a la triste conclusión de que el caso salvadoreño está desprovisto de criterios de austeridad y ninguna relación costo beneficio.

La fundación DTJ promovió una campaña en la que solicitaba una Asamblea Legislativa que estuviera más cercana a la ciudadanía y que los discursos de austeridad se tradujeran en acciones. La forma en que está compuesta esta Junta Directiva deja mucho que desear, pues no se ha producido una medida específica de transparencia, efectividad y racionalidad, a pesar que estamos en un país con graves problemas en el déficit fiscal. Este órgano del Estado continúa con muchos niveles de opacidad, como por ejemplo: una serie de beneficios injustificados que incluyen innumerables asesores, bonificaciones, etc. Por eso, cuando más adelante se hagan encuestas de opinión a los ciudadanos sobre sus gobernantes, recordemos este caso como uno de los tantos que desencantan y decepcionan.

Lo que falta. Acordar una agenda de desarrollo para el país que además incluya elementos para el fortalecimiento de la institucionalidad. En ese sentido, vale la pena resaltar que se deben de acordar reformas a la Ley de Asocios Público Privados para volverla más eficiente y atractiva a los inversionistas y mejorar el nivel regulatorio para reducir la burocracia; aprobar la Ley de la Función Pública, pues no podemos continuar con la dinámica que trabajar en el Estado es una especie de botín para amigos y favores políticos.

Lo inmediato. La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se realizará en el próximo mes y en el seno de la Asamblea habrá una negociación muy relevante acerca de que los candidatos sean los idóneos, comprometidos e independientes. Un paso previo y fundamental es la revisión del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, para fortalecer los procesos de elección de funcionarios de segundo grado, con lo cual se verá el ánimo de negociar bajo reglas de transparencia. Como Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentamos a la anterior legislatura un proyecto de reforma a dicho Reglamento y esperamos que este pueda ser retomado por la nueva legislatura. No solo bastará que reciban los listados que les envíe el Consejo Nacional de la Judicatura esperando que allí se hayan realizado las depuraciones necesarias, sino que también es necesario que se empiecen a generar las condiciones para un proceso transparente de evaluación de los perfiles de candidatos con la intervención de la sociedad civil, a través de una mejora en la calidad de las entrevistas que se harán a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo peor que podría suceder es que este proceso se vaya a dar a espaldas de la ciudadanía y que no se haga una evaluación en profundidad que permita analizar por qué un candidato ha sido seleccionado sobre otro. Los cuerpos colegiados deben poder decidir de forma motivada y documentada.

Desde ya exigimos que la elección no se vaya a dar por cuoteos partidarios sino que sea basada en mérito, en calidad de los profesionales, en su compromiso con una justicia independiente y el servicio a la ciudadanía.

 

“Cuando a una economía se le cierra toda fuente de financiamiento, debe hacer recortes masivos de gastos”: Carmen Aída Lazo

Carmen Aída Lazo, decana de Economía y Negocios de la ESEN, cree que el gobierno se verá obligado a sentarse con Arena a buscar una salida a la crisis fiscal, a más tardar a mediados de año. De otra forma, no podrá hacer frente a sus compromisos de pagos. Lazo analiza la propuesta del FMI de hacer recortes de gastos por casi mil millones de dólares en un plazo de tres años, y advierte que si el ajuste no se hace de forma premeditada y con conocimiento de los costos y beneficios que trae, el país se ajustaría por la fuerza, con un previsible gran impacto en empleo y remuneraciones estatales, en el monto de las pensiones y en los servicios de Salud y Educación. Recordemos la crisis de Grecia, sugiere.

Carmen Aída Lazo advierte que el gobierno tiene una ventana de oportunidad de menos de dos años para llevar a cabo ajustes para disminuir los gastos que deben financiarse con la emisión de deuda. Foto El Faro: Víctor Peña. Foto El Faro: Víctor Peña

Jimmy Alvarado, 3 abril 2017 / EL FARO

El gobierno de El Salvador tiene dos caminos: una es que impulse desde ya un doloroso ajuste de unos mil millones de dólares que se aplicaría en 2017, 2018 y 2019, o ignora las señales de alarma y entonces el país se ajustará por sí solo y a la fuerza en un escenario de “ajuste desordenado”, donde es previsible que el gasto social sufra un impacto directo.

Esa es la conclusión de la economista Carmen Aída Lazp, decana de la Escuela Superior de Economía y Negocios, en esta entrevista en que advierte que el tiempo para tomar las decisiones adecuadas se agota. La proximidad de dos elecciones nacionales es uno de los factores que obligan a iniciar en cuestión de meses un proceso que lleve en paralelo un recorte de gastos estatales y otro de incremento de ingresos. Evidentemente, dice, es mejor encarar un proceso con costos y beneficios conocidos, que uno como el de la crisis de Grecia, en el que la economía se contrae y los salarios y las pensiones se recortan drásticamente.

La situación es esta: el gobierno está cerca de topar la tarjeta de crédito y las obligaciones del pago de la deuda no le dan margen de maniobra para impulsar políticas de redistribución. Lazo analiza la propuesta que en 2016 hizo a El Salvador el Fondo Monetario Internacional, que pide a El Salvador que ajuste gastos en un 3.5 % del PIB. El FMI presentó un menú de opciones de recorte que incluye, entre otros, la reducción de salarios en el sector estatal. La economista de la ESEN no necesariamente está de acuerdo con que se ejecute esa medida, pero advierte que lo peor será no hacer nada.

Por ahora, la deuda de corto plazo que el gobierno tiene pendiente de honrar en favor de quienes adquieren letras del tesoro (Letes) suma un poco más de los 700 millones de dólares. Teóricamente, el tope de deuda por Letes es de mil 300 millones de dólares, dice Lazo, pero el mercado es el que impone la relidad, y el tope realista es de 900 millones. Más allá de eso, los bancos internacionales muestran poco interés en adquirirlas y, si lo hacen, requieren pagos de tasas demasiado altas. Esto, debido a los problemas de iliquidez que sufre el gobierno particularmente desde el año pasado.

Sobre la reforma de pensiones que se debate desde 2016, Lazo dice que ni la propuesta del gobierno ni la de las AFP le convence: carecen de una mención a la revisión tanto de la edad de retiro como de la tasa de cotización. Y eso dice, es insoslayable. Si no se cambia la edad de retiro y si no se aumenta la tasa de cotización, los futuros jubilados podrán recibir pensiones inferiores a un 30 % del último sueldo devengado.

Lazo se desempeñó como analista senior en el Ministerio de Economía, entre 2005 y 2009, es decir, durante el gobierno del presidente Antonio Saca. Tiene una maestría en macroeconomía en la Universidad Pontificia de Chile y otra en administración pública en Harvard University y fue una de las coordinadoras en 2009 del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Justo la administración Saca estuvo marcada por un incremento significativo en los subsidios estatales, sobre los cuales Lazo tiene grandes reparos. Comienza por recordar que los subsidios cuestan al Estado unos 500 millones de dólares al año y que no están focalizados. Añade que el gobierno gasta tres veces más en subsidios no focalizados que en los programas sociales como el vaso de leche, que sí tienen un blanco poblacional preciso. “Hemos gastado un Fomilenio al año en subsidios, sin tener claridad del impacto que han tenido”.

Carmen Aída Lazo, decana de Economía y Negocios, de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). En una entrevista ofrecida a El Faro, Lazo advierte sobre la crisis que el gobierno está próximo a enfrentar debido al incumplimiento de pagos. Además, propone medidas en las remuneraciones que paga el gobierno, y el incremento de dos puntos al IVA para reaccionar a corto plazo./ Foto El Faro: Víctor Peña 23/03/2017

Carmen Aída Lazo advierte que el gobierno tiene una ventana de oportunidad de menos de dos años para llevar a cabo ajustes para disminuir los gastos que deben financiarse con la emisión de deuda. Foto El Faro: Víctor Peña. Foto El Faro: Víctor Peña

El gobierno cerró 2017 -según una presentación de enero de 2017 del ministro de Hacienda Carlos Cáceres ante los diputados- con un déficit fiscal de 3.1 % del PIB (863.6 millones de dólares). Según Lazo, la propuesta del FMI, que incluye subir dos puntos al IVA (del 13 al 15 %), crear un impuesto al patrimonio y uno a las pensiones altas, es balanceada. Recomienda aprovechar lo que resta de la administración Sánchez Cerén para llevarla a cabo, porque la receta puede evitar una crisis mayor cuyo momento de inicio dice es difícil precisar. Pero esa crisis mayor puede suponer un impacto en las áreas de salud y educación.

En términos de volumen, el ingrediente principal de la receta del FMI consiste en recortar alrededor de 1.4 % las remuneraciones del gobierno. Según el análisis de Lazo, es en las remuneraciones del gobierno donde el FMI ve el principal problema del agujero en el presupuesto que no logra cubrirse y la propuesta implica congelar de forma gradual en tres años los niveles salariales. Un recorte de 1.4 % del PIB en remuneraciones este año equivaldría a quitar 392 millones de dólares de los salarios que paga el gobierno. Lazo considera que tiene sentido revisar este rubro y cita un estudio del FMI que muestra que El Salvador tiene el gasto en remuneraciones más alto en Centroamérica.

I) La tarjeta de crédito del gobierno ya casi está topada

¿Qué necesidades no van a poder cubrirse con el presupuesto que aprobó la Asamblea Legislativa para 2017?
El decreto mediante el que se aprobó el presupuesto establece que hacen falta 230 millones de dólares para pagar al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y 52 millones para pagar pensiones del IPSFA. Los subsidios a la energía eléctrica están fuera del presupuesto y, en el decreto, le piden a la CEL que se haga cargo. Además, tenemos una sobrestimación de ingresos: el gobierno dice que los ingresos van a subir 300 millones de dólares y es difícil que suba ese monto. El año pasado subieron apenas ciento y pico millones.

El año pasado el gobierno pretendía emitir mil 200 millones de dólares en nueva deuda para salir del peligro del impago, pero solo fue autorizado para emitir bonos por 550 millones de dólares, de los cuales más de la mitad serán para pagar deuda de corto plazo. Hay quienes estiman que en julio tenga que volver a sentarse con el partido Arena para lograr autorización para emitir más bonos y pagar otra parte de la deuda de corto plazo.
Es bien difícil dar con precisión una fecha de cuándo se va a necesitar. No tengo la información clara de los flujos que permita decir en qué momento, pero he escuchado lo mismo de personas que tienen más información debido a que este año se parece demasiado al año pasado en presupuesto. Esperaría que en junio haya otra negociación, pero no se puede afirmar con total certeza. Y sí, parte de la emisión de 550 millones fue usada para pagar parte de las letras del tesoro (Letes).

¿De cuánto es el tope de la tarjeta de crédito del gobierno en Letes para poder sufragar gastos no incluidos en el presupuesto?
El máximo que el país puede endeudarse teóricamente en Letes, por cómo quedó el presupuesto, es de unos mil 300 millones de dólares. El gobierno podría pensar en usar esa vía de financiamiento y así evitar tener que estar negociando. Obviamente el uso de ese mecanismo de financiamiento de corto plazo va a depender de la disponibilidad que tienen los bancos, pero a mi entender, los bancos internacionales pueden mostrarse reacios a seguir tomando Letes. En la medida en que exista o no exista ese mecanismo, puede cambiar el escenario de junio.

¿Por qué pueden mostrarse reacios a comprar Letes los bancos?
Por el escenario que ha ocurrido recientemente y que es tan conocido en el extranjero el tema fiscal… Preveo que algunos bancos van a ser más cautelosos que en el pasado para volver a prestar, aunque obviamente el gobierno tiene sus mecanismos para inducir a que los agentes económicos tomen las Letes.

De los 550 millones de dólares en bonos emitidos en febrero de este año, alrededor de 300 millones permitieron bajar la deuda de Letes a poco más de 700 millones, y el gobierno aún intenta colocar otros 600 millones de dólares en Letes, si los bancos mantienen su interés en comprarlas.
Eso es como en teoría, porque eso es como un tope. Pero lo que pasa en el mercado es que históricamente después de los 900 millones empieza a exigir mayor tasa de interés, porque se alcanza el tope natural de las Letes. Está ese tope legal de 1,300 millones de dólares y está un tope natural de 900 millones o de mil millones de dólares. Hemos visto que, por encima de los 900 o de los mil millones, el mercado se pone nervioso y comienza a exigir una tasa de interés alta. Ahorita la tasa para las Letes está arriba del 6 % y es ahí Hacienda comienza a decir que no puede pagar una tasa de interés tan alta.

¿A qué se debe que superar los 900 millones en Letes la presión sobre el gobierno aumenta?
Es que en la medida en que el gobierno comienza a aumentar ese saldo, debe pagar mayores tasas de interés, que representa un costo fiscal y se ha visto que encima de los 900 millones el mercado comienza a exigir mayor tasa de interés, y muy pocos compran o nadie participa. Eso es una observación empírica.

También ha ido aumentando la tasa que El Salvador debe pagar por los bonos. ¿En qué momento las tasas de interés que deba pagar el gobierno se vuelven tan altas que ya no le es atractivo conseguir recursos emitiendo estos títulos?
Hay dos posturas en relación con la colocación reciente de los bonos al 8.6 %. Por parte del gobierno, dicen: “Colocamos y hubo bastante demanda”. La otra perspectiva es la de muchos analistas que concluyen que la emisión fue muy cara, sobre todo si se observa el comportamiento de otros países. Escuchaba que por haber colocado a esa tasa El Salvador va a tener que pagar 50 millones más al año, en servicio de la deuda, dinero que hubiera podido gastar si lo hubiera colocado a una tasa menor. El gobierno habría podido colocar a una tasa menor si tuviera un acuerdo con el Fondo Monetario que le permitiera tener acceso a recursos precautorios, lo cual no se tiene actualmente. Obviamente un gobierno en la medida en que necesite fondos los tendrá que buscar aunque sea caro, pero lo que sucede es que el pago del servicio de la deuda como porcentaje de los gastos del gobierno se vuelve más grande.

¿Y cuándo puede ya no ser conveniente conseguir recursos por medio de la emisión de bonos?
Si no se hace ningún ajuste, si seguimos en la inercia que hemos seguido, estaríamos llegando en el 2020 a una deuda en relación al PIB del 73 %. Es un incremento sustancial si uno considera que a mediados de los años 2000 estábamos en una deuda del 40 % o del 45 %. Ahorita estamos a niveles equivalentes a los que teníamos al salir de la guerra. Si seguimos el mismo patrón, se espera que lleguemos a un 73 % y la situación va a ser más difícil de manejar.

II) Menos de dos años para prevenir el sacrificio del gasto social

Carmen Aída Lazo, decana de Economía y Negocios, de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). En una entrevista ofrecida a El Faro, Lazo advierte sobre la crisis que el gobierno está próximo a enfrentar debido al incumplimiento de pagos. Además, propone medidas en las remuneraciones que paga el gobierno, y el incremento de dos puntos al IVA para reaccionar a corto plazo./ Foto El Faro: Víctor Peña 23/03/2017

La economista Carmen Aída Lazo explica que las dos medidas principales que propone el Fondo Monetario Internacional para lograr detener el ritmo de endeudamiento del gobierno pasan por hacer un recorte en las remuneraciones del gobierno y en aumentar dos puntos del IVA. Foto El Faro: Víctor Peña 23/03/2017

¿Qué opina usted de la propuesta del FMI para detener esta espiral de deuda?
El Fondo Monetario hizo una publicación muy dura en el artículo IV de Consulta. Dice que para evitar esa espiral de deuda el país debería hacer un ajuste en tres años de alrededor del 3 % del PIB. Es un ajuste que tendría costos, pero si se hace ordenado permitiría reestabilizar el rumbo de la deuda y que no haya incrementos.

Una de las medidas que propone el FMI es revisar los salarios de los empleados del gobierno.
Sí. Sobre las remuneraciones del gobierno, el FMI calcula que si trabajamos bien ese tema, dadas las conocidas distorsiones, podríamos ahorrar 1.4 % del PIB. Es decir casi la mitad del ajuste que considera necesario.

Para el año 2017 eso supondría un recorte de unos 392 millones de dólares en remuneraciones. ¿Es esa la medida más importante que propone el FMI para estabilizar la situación?
Correcto. Además, el FMI proyecta un escenario hasta 2021 en el cual no habría cambios. ¿Cuál sería ese escenario? Los salarios en 2012 fueron de 2 mil 5 millones de dólares. Este año la previsión es de 2 mil 648 millones de dólares. Es un gasto considerable y uno diría, bueno, a lo mejor es necesario aumentar salarios, pero lo que pasa es que en otro estudio el FMI compara el nivel salarial de El Salvador y resulta que el gobierno gasta el 9.2 % del PIB en salarios del sector público, mientras que el promedio de los países de la región es de 7.5 % del PIB.

¿Y eso es porque El Salvador tiene un Estado proporcionalmente más grande que el resto de países de la región o porque El Salvador paga un promedio mayor de salarios en el sector público?
Se debe tanto a la existencia de salarios altos -el FMI en otro estudio encontró evidencia de un “premio” relativo a sector privado- así como al aumento en el número de plazas.

¿Qué implica hacer un ajuste en remuneraciones de los empleados del gobierno?
No es que el FMI esté diciendo, a mi entender, que se reduzcan plazas. Está pidiendo que se congelen los niveles salariales, porque son sustancialmente mayores a los del sector privado para plazas equivalentes. En la medida en que se congelen los niveles salariales, se van a ir reduciendo como porcentaje del PIB. Mi valoración es que el FMI ha hecho recomendaciones bastante balanceadas, que tienen elementos duros, pero también incorpora otros para mejorar el elemento redistributivo.

¿Esos elementos redistributivos son ayudas directas por medio de bonos o subsidios, o se refiere a la prestación de servicios del Estado en áreas como educación o salud?
El FMI no especifica cuáles exactamente son, pero podrían ser transferencias a población más vulnerable, por ejemplo vía Comunidades Solidarias.

El FMI en su receta también propone que un tercio del ajuste del 3.5 % del PIB que pide se cubra con el aumento de dos puntos al IVA, y entonces todos los salvadoreños, incluidos los más pobres, cubrirían esa parte.
Sí. El FMI se ha cuidado de que no se vea como una receta. Por eso ponen menú potencial de medidas. La bondad del IVA es que es fácil de recaudar, aparte de que es un impuesto ya establecido. Los organismos como el FMI tienen una preferencia por estos impuestos porque distorsionan menos la economía, pero es un impuesto regresivo porque a quienes tienen menores ingresos les consume un mayor porcentaje de su presupuesto y pueden ahorrar menos. Un aumento al IVA golpearía a alguien con menores posibilidades de ahorro. Pero es fácil de recaudar y no hace más compleja la administración tributaria. Siempre estará en un menú, porque aunque a los políticos no les guste, es un impuesto que recauda. El debate debería enfocarse en el tema de la justicia en el lado tributario y en la focalización del gasto. Por ese lado están las posibilidades de redistribuir: educación de calidad y acceso a servicios.

¿Cómo debemos interpretar que apenas se acaba de hacer el aumento al salario mínimo y ya están pensando en la posibilidad de un incremento al IVA?
Bueno, el salario mínimo beneficia a un grupo, pero deja fuera a todas las personas que no tienen un empleo formal. Y toda la población va a ver que los precios de las cosas aumentan un 2 %, con lo que yo esperaría un aumento generalizado de precios de esa magnitud: del 2 %. En general, el país ha estado con inflaciones bien bajas, y subir el IVA es un aumento de precios. El año pasado El Salvador tuvo deflación, pues los precios cayeron 0.9 %. El aumento al IVA frenaría un poco la actividad económica, y por eso puede tener efectos en el empleo, pero hay que tomar en cuenta que estamos en un contexto de baja inflación. Quizá eso pueda ayudar a que no haya una impresión de un impacto importante en los precios, porque venimos de un proceso de inflación sumamente bajo. Va a afectar a los hogares.

¿Y tomando en cuenta que estamos en un año preelectoral ve viable que los diputados asuman el costo político de aumentar el IVA?
Obviamente hay que admitirlo: la ventana de oportunidad es bastante corta. Vamos a empezar campaña. Considero que ahorita que ha habido un reconocimiento del gobierno sobre la necesidad del ajuste, hay que darle su mérito al gobierno. Nunca es fácil para nadie reconocerlo. No soy política y no sé si van a aprovechar esta ventana de oportunidad.

¿Es una ventana de dos años o de cuánto?
Menos. Es antes de que inicie la campaña para la elección del próximo año. La gente habla de cuatro meses para obtener un acuerdo político. Para que estas medidas pasen, deben ir con apoyo político. La gente debe entender la alternativa. Si no se hace el ajuste, el país se va a ajustar.  Sí o sí. La pregunta es: ¿lo queremos hacer ahora y lo queremos hacer conociendo los costos y los beneficios, o queremos hacerlo de forma desordenada? La población va a pagar los costos de los ajustes que no se hicieron en el pasado de una u otra forma.

Usted dice que el ajuste sucederá, lo queramos o no. ¿Qué implica que las cosas sigan igual y que el gobierno no haga el ajuste y que, por lo tanto, sea el país el que se ajuste?
Recuerde que al estar en una economía dolarizada tenemos menores márgenes de maniobra. La política fiscal viene a ser el principal brazo de la política económica. Veamos como ejemplo el caso de Grecia. Es un referente por ser un caso reciente y porque se trató de un país sin moneda propia, como El Salvador. Uno ve que cuando una economía entra en default y se le cierran todos los chorros de financiamiento, debe hacer recortes masivos de gastos. En primera línea, van los gastos sociales. Eso se ve en países que han vivido una crisis. Nosotros no la hemos visto. En una crisis se ven caídas del PIB del 15 %. El desempleo de los jóvenes sube del 25 % al 40 % y no es una situación de corto plazo. Grecia ahorita está con niveles casi de precrisis. Ocurre que en las crisis el sistema de pagos de la economía se cierra y eso no lo hemos visto todavía. Lo podemos evitar si hacemos los ajustes necesarios, pero si no los hacemos, podemos llegar a ese punto en que la economía caiga en un impago.

Cuando habla de que el gasto social va en primera línea, ¿implica, por ejemplo, no pagar pensiones?
Las pensiones se reducen sustancialmente. Eso pasó en Grecia. Hace un recorte del gasto salarial en la administración pública. Eso se llama el ajuste desordenado. Es del lado del gasto. Los gastos más vulnerables son los gastos sociales. El Estado sigue pagando su deuda, porque no puede salirse de los mercados.

Un gobierno no puede decir que deja de pagar la deuda. ¿Usted dice que sigue asumiendo el compromiso recortando gastos en educación, salud, en pensiones, etcétera?
Sí. En el gasto en salarios se pasa a un esquema de recorte de personal. Es eso o sacrificar otras cosas. Estamos en un muy buen momento para hacer el ajuste. Es complicado de asimilar para la población. El ministro de Hacienda ha hablado del subsidio al transporte, que es un subsidio complicadísimo, al igual que el de la energía. Están hablando del tema salarial. Un impuesto a la propiedad recaudaría 0.6 % del PIB. No es un impuesto de gran recaudación, pero el FMI lo toma como parte de su propuesta. Este año, el gobierno metió un ahorro en bienes y servicios del 17 %. Ahí es importante que no se sacrifiquen bienes y servicios esenciales, como medicamentos, pero ahí también van otros temas como la publicidad.  Hay otras medidas en la propuesta del FMI: por ejemplo, focalizar los subsidios, que permitirían agregar al ajuste un 0.4 % del PIB. Lo estamos comenzando a ver, pero todavía no podemos decir que se va a alcanzar las metas. Tampoco hay un decreto de austeridad, aunque lo estamos comenzando a escuchar. La revisión de los salarios del gobierno la estamos comenzando a escuchar de forma tímida. Todavía en el presupuesto de este año hubo un aumento en relación al presupuesto de 2016 de 60 millones de dólares en salarios del sector público. El FMI también propone poner impuestos a las pensiones altas.

¿Es un impuesto a las pensiones de los cotizantes del ISSS y del INPEP que pasaron voluntariamente a las AFP?
Cabal, a los optados. Es un grupo que recibe una pensión que no está acorde a lo que ellos ahorraron. Es un tema complicadísimo, pero en ese grupo hay pensiones sumamente altas. Hay leyendas urbanas de pensiones de 8 mil dólares. Están pagadas con los impuestos de todos. Incluso con los impuestos de las personas que nunca van a recibir una pensión: la mayoría de salvadoreños que están en la informalidad. El FMI propone impuestos a esas pensiones que no están acorde al aporte que hicieron esas personas. Aunque he escuchado que es inconstitucional poner impuestos a la seguridad social…

III) La CEL ya no puede pagar el subsidio a la electricidad

Durante la presidencia Saca comenzó el que ahora es un grave problema de los subsidios.
La administración Saca instaura los subsidios en la magnitud grande. Ya había un subsidio al gas antes de la administración Saca, pero era de 40 millones de dólares. Este subsidio durante la administración Saca llega a ser de 140 millones, porque el precio del petróleo y del gas se va altísimo. Usted pagaba lo mismo que antes, pero el Estado absorbía el resto. Algunos subsidios regresaron como el del transporte público, que retorna porque el precio del diésel subió.

Nicolás Salume hijo dijo, cuando era presidente de la CEL en la administración Saca, que cargar a la institución con la responsabilidad de financiar el subsidio a la electricidad podía llevarla a la quiebra. Este año se proyecta recortes de subsidios sí o sí. ¿Cuándo debieron comenzar los recortes para que no fueran abruptos los efectos de quitarlos?
Sí, hubo problemas en el pasado. El problema con los subsidios es que adolecen de dos errores: de inclusión y de exclusión. Los de inclusión consisten en que los subsidios los reciben hogares que no debieron haberlos recibido y los de exclusión se deben a que hay hogares que no los reciben y debieron haberlos recibido. Un error de inclusión fue que cuando se disparó el precio de los combustibles, aumentaron los subsidios. Eso fue durante la administración Saca. Suben los precios del petróleo a nivel internacional. Sube la presión en gas, energía y combustible. Todos ellos están atados al precio del petróleo. El presidente Saca dijo que iba a congelar la tarifa eléctrica. La congeló de 2008 hasta que él saliera. Pasó independientemente de que usted necesitara o no el subsidio. Cuando se congeló la tarifa, no pagaban lo que debían haber pagado. Esto es el acumulado de una historia de ese tipo.

El subsidio a la energía fue parte del problema.
Varios países cometieron el error que ante el incremento de los precios del petróleo implementaron subsidios a la energía. Esos subsidios son carísimos. Tienen el problema de que lo termina recibiendo un porcentaje de la población que no lo necesita. En El Salvador, un porcentaje importante de la población cocina con leña y no reciben el subsidio al gas porque cocinan con leña. Hace como 10 años, el Banco Mundial hizo un informe interesante que analizó los problemas de los subsidios. En este informe argumentaban el desmantelamiento de los subsidios por el lado de la energía. En el 2008, Fusades hizo un estudio conducido por argentinos, que concluyó que los subsidios con más errores eran el del gas y el del transporte. Como de los mejorcitos estaba el de la energía eléctrica de los hogares con 100 kilovatios hora. Es decir, que la historia de los subsidios inicia o tiene un período en el que no son tan importantes, pero a partir de la crisis del petróleo empiezan a darse estos subsidios que hoy le cuestan al gobierno hasta 500 millones de dólares al año. Los subsidios al gas, al transporte público, a la electricidad, son tres veces mayores que el monto de los programas sociales como el vaso de leche, paquetes agrícolas, paquetes escolares, PATI, etcétera, y estos últimos sí están focalizados.

¿Puede decirse que los programas sociales están mejor focalizados que los subsidios?
Creo que sí. De hecho, de algunos programas sociales hay evaluaciones, cosa que no hay para los subsidios. Si hay evidencia de que el programa llega al destinatario, es un programa que debe continuar. Por ejemplo, Comunidades Solidarias sí ha sido evaluado.

Este año quedó establecido que los subsidios a la energía los debe pagar la CEL y no están incluidos en el presupuesto de 2017.
Y la CEL no puede pagarlo. Tiene presiones fuertes de los bancos, como del KFW (un banco alemán). Quitarlos va a ser costoso para la familia. Debe analizarse académicamente para conocer bien el impacto. Como digo, hemos gastado un Fomilenio al año en subsidios sin tener claridad del impacto que han tenido.

Carmen Aída Lazo, decana de Economía y Negocios, de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). En una entrevista ofrecida a El Faro, Lazo advierte sobre la crisis que el gobierno está próximo a enfrentar debido al incumplimiento de pagos. Además, propone medidas en las remuneraciones que paga el gobierno, y el incremento de dos puntos al IVA para reaccionar a corto plazo./ Foto El Faro: Víctor Peña 23/03/2017

Carmen Aída Lazo señala que la decisión de incrementar los subsidios a la energía sin llevar a cabo una focalización sobre quienes realmente lo necesitaban durante la administración del presidente Saca explica en gran medida por qué ahora el gobierno plantea que ya no puede seguirlos costeando. Foto El Faro: Víctor Peña

IV) Pensiones de un tercio del salario

Sobre el tema de pensiones, se viene diciendo desde hace mucho tiempo que es una bomba de tiempo. Las recomendaciones del FMI son incrementar la edad de jubilación y aumentar el porcentaje de cotización.
Mi opinión es que si se quiere arreglar a largo plazo el tema de las pensiones no hay otra salida: hay que entrarle a las medidas paramétricas. Se puede tener un mejor sistema y no importa que sea de reparto o privado. Eso es un tema que está sobredimensionado: ¿quién tiene el control de los recursos? Si el sistema sigue como está, va a tener una tasa de reemplazo –porcentaje del salario que se convertiría en pensión- del 30 %. Si subimos unos cinco años más la edad de retiro, podría ser del 40 %. El aumento de la edad de retiro impacta en los montos de las pensiones, aunque estamos claros que no todas las profesiones y ocupaciones tienen las condiciones para seguir trabajando hasta los 65 años… El Salvador tiene una de las edades más bajas de jubilación. Si me jubilo a los 55 años, mi esperanza de vida es de 30 años hasta que me muera. No hay forma de que mi ahorro me alcance.

¿Por qué dice que se ha sobredimensionado el debate sobre quién tiene el control del sistema?
Porque usted puede tener un sistema de reparto bien calibrado o uno individual que recibe lo que usted aportó. La ventaja del sistema privado era que te prometían que no iba a haber subsidios cruzados, sino que te iban a dar lo que ahorraste. Esa era la promesa. Iba a evitar presiones para no dar pensiones que no fueran iguales al aporte. Pero vienen los decretos 1217 y el 100 -estos decretos establecieron que los trabajadores que se pasaron del ISSS y del INPEP de forma voluntaria u obligatoria a una AFP iban a tener los mismos beneficios que si se quedaban en el antiguo sistema aunque no hubieran aportado cuotas de sus salarios equivalentes a las pensiones que iban a recibir- y pierde sentido el sistema de pensiones. A los optados les dicen que van a recibir un beneficio independientemente de lo aportado.

En la propuesta de pensiones del gobierno, el estudio actuarial que fundamenta las estimaciones no es público. En la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), que integran Fusades, ANEP y las AFP, no está claro de dónde provienen las cifras ni queda claro si hay un estudio actuarial que respalde que las promesas que hacen en su propuesta pueden cumplirse como, por ejemplo, que uno podría retirar un porcentaje de sus ahorros. ¿Cuál es su valoración sobre las dos propuestas de reforma de pensiones?
En ambos casos, si no tenemos información, es difícil emitir una opinión. Entiendo que la ICP tuvo acceso a la base de cotizantes. Entiendo que las estimaciones tienen alguna solidez que no puedo corroborar. Entiendo que les ayudó un consultor chileno a calibrar. Lo que no me gusta de las dos propuestas es que no abordan el tema paramétrico. Quedó ausente. Me pregunto sobre la sostenibilidad a largo plazo que puedan tener ambas.

¿Usted considera insoslayable que la reforma que venga –sea del gobierno o de la ICP- debe incluir que los cotizantes trabajen más años para poder jubilarse y que van a tener que aportar una mayor cuota de su salario al mes?
Sí. Es una conclusión. El sistema, para que sea sostenible va a tener que tocar un tema que no se ha tocado, que es el de los parámetros. El secretario técnico ya comenzó a hablar de la edad de retiro, y esa es una señal a la que hay que prestar atención. La propuesta de la ICP tiene su mérito: sí habla de que hay que tocar la tasa de cotización. La reforma del gobierno dice que hay una reducción de beneficios a los optados. Creo que hay que estudiar los componentes de ambas reformas. Se lo he dicho a los miembros de la ICP: no puede ser todo o nada. Es necesario valorar los componentes y hacer simulaciones. Si es un tema que lo desconocemos, con un spot no vamos a estar suficientemente informados. En otros países la edad de retiro está indexada a la esperanza de vida.

Yo he escuchado de especialistas en el tema que debemos ser pesimistas con la propuesta de reforma de pensiones que pase: los beneficios no van a ser ni la mitad del último salario que coticemos durante los últimos 10 años antes de jubilarnos.
Con suerte, con suerte, sería del 40 %. Las pensiones que tuvieron los del sistema de pensiones anterior (del ISSS y del INPEP) eran del 63 % y a veces del 100 %. Las nuevas generaciones, si no hay cambios paramétricos, es posible que tengan pensiones menores al 30 % del último salario. Así es.

¿No es un defecto de la propuesta del gobierno y de la ICP prometer mejores pensiones? Es decir, las condiciones no están dadas para que las pensiones sean las que los trabajadores idealizan y no creo que alguien idealice una pensión del 40 % de su salario?
Eso se los he dicho. Hay que revelar el verdadero costo intergeneracional de estas cosas. Por las decisiones que se tomaron en el pasado, esta generación de jóvenes sin que haya tenido una participación plena en las decisiones va a pagar los costos. Y bueno, en el contexto de polarización de este país las posturas se simplifican y los mensajes se tienden a empaquetar. No creo que sea algo malo o adrede de las partes, sino que quieren enviar un mensaje claro. En este mensaje, tanto el gobierno como la ICP simplifican y nosotros tenemos que escarbar para entender.

¡Renuncien ya! De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 20 marzo 2017 / EDH

En el país de lo increíble, por cosas bonitas como los paisajes y por cosas absurdas como su política, hay declaraciones de funcionarios que se superan por su desatino. En El Salvador, donde el salario mínimo alcanza únicamente para sobrevivir, donde la tasa de desempleo es alta y donde las condiciones laborales de muchos distan de ser dignas, el secretario general del partido en el Gobierno manifiesta que si reducen el salario de varios funcionarios a menos de cinco mil dólares, estos renunciarían porque no les gustaría ganar menos que el presidente de la República.

El problema del servicio público no está necesariamente en sus salarios. Gente muy preparada para un cargo puede darse por satisfecha con un salario de cinco mil dólares, incluso con menos. Y habrá personas poco aptas para un cargo que consideren mísero un salario de varios miles de dólares. Un Estado tiene que pagar salarios justos, que estén acorde al mérito de la persona y a las finanzas públicas del país. El problema del servicio público y, en especial, con los funcionarios de alto rango, es que esos salarios no corresponden con los resultados que esperaríamos en la administración del Estado. Quieren cobrar altos salarios pero sin que les exijamos mucho; o quieren que se les pague por su buen nombre, sin brindar respuestas claras a los problemas del país.

Resulta bastante ilógico que existan funcionarios que ganen arriba de los cargos más altos, y por tanto con mayor responsabilidad, como un presidente de la república, magistrados y fiscal general. Pareciera que nada ni nadie controla la forma de asignación de salarios del Órgano Ejecutivo, y los que antes se curaban con hierbas (como lo dijo una diputada del FMLN en televisión) hoy no pueden prescindir del seguro médico, carros y almuerzos de hotel con fondos públicos.

Otro de los problemas es la arbitrariedad en la creación de plazas estatales. No solo para altos funcionarios, sino para empleados públicos en general. En El Salvador es normal que con cada cambio de gobierno central o municipal, o con el simple cambio de jefaturas, se introduzcan nuevas plazas a la planilla estatal para amigos, familiares o simpatizantes. Aunado a eso, vemos la creación arbitraria de cargos de viceministros y secretarios, o que una misma persona salta entre distintos puestos públicos en labor de todólogos, aptos casi para cualquier cargo que se financie con fondos públicos. Por ello, buena parte del presupuesto general de la nación se utiliza para el pago de planilla, dejando a un lado otras inversiones necesarias para el país.

La grasa del Estado es mucha y es necesario rebajarla, hacer un análisis exhaustivo que determine las plazas estrictamente necesarias; también es urgente homogenizar los salarios públicos, pues no es posible que bajo las mismas labores haya salarios diferenciados. Y por último, que los empleados públicos trabajen con base en resultados; para esto es necesario que exista un control sobre las labores de cada uno, que se introduzcan evaluaciones periódicas de desempeño y que las personas que no trabajen o que no rindan lo suficiente sean reemplazadas.

Hay mucho trabajo por hacer en relación al servicio público. Es urgente la aprobación de una Ley de la Función Pública que profesionalice el servicio civil y por la cual los mejores perfiles se encuentren al servicio del Estado. Para levantar a El Salvador es necesario que expertos reales en muchas áreas se ocupen de los problemas del país, que los profesionales que han alcanzado reconocimiento en base al mérito sean la garantía de que las instituciones están siendo bien manejadas.

Muchos de los funcionarios actuales se han convertido en una élite que únicamente se preocupan por sus intereses y son ajenos a la realidad que viven los salvadoreños; ya que el secretario del FMLN considera que estos funcionarios y técnicos son muy bien cotizados en el sector privado, que nada los detenga en la reivindicación de su dignidad laboral; que nadie les diga que tienen que ganar menos de esos indignos cinco mil dólares. Pero háganlo afuera del Gobierno, sin la necesidad de fondos públicos para mantener su estatus; porque únicamente les pagamos buenos salarios, pero a la fecha no vemos resultados que saquen al país de los problemas. ¡Renuncien ya!

Cuestión de credibilidad. De Federico Hernández Aguilar

federicoFederico Hernández Aguilar, 14 diciembre 2016 / EDH

¿Cómo se le cree a un gobierno que promete ser responsable? A menos que se gane ese crédito con hechos, no habría manera. ¿De qué forma puede hacerse digno de nuestra confianza un administrador que nos asegura ser austero con el dinero? Practicando esa austeridad cuando la ocasión se lo permita; de lo contrario, ese administrador nos estaría mintiendo. Y si quienes manejan las finanzas públicas se comprometen a desarrollar ciertas virtudes, a cambio de un acuerdo político, pero en la primera oportunidad que tienen de cumplir lo prometido no solo evitan la virtud sino que obran exactamente con el defecto opuesto, ¿por qué habríamos de creer que esos funcionarios que manejan las finanzas públicas van a respetar cualquier acuerdo?

diario hoyEs suficiente darle un vistazo al proyecto de Presupuesto 2017, presentado por el gobierno en septiembre pasado, para despertar sospechas fundadas respecto de la sinceridad con que nuestras autoridades están buscando resolver el grave deterioro fiscal del país.

Hablemos, por ejemplo, de la famosa austeridad. Esa promesa ha aparecido en el discurso oficial cuantas veces se ha necesitado, pero se esfuma a la hora de ponerla en blanco y negro. Si tantas veces se nos aseguró que, como mínimo, el monto global del presupuesto del año 2016 iba a mantenerse para el siguiente, ¿cómo es que el monto proyectado para 2017 registra un aumento de 97 millones de dólares comparado con el actual ejercicio?

Pero eso no es todo. El presupuesto del próximo año suprime la deuda que el Estado tiene con los trabajadores del Fondo de Pensiones, porque no contempla el pago de capital e intereses de los certificados de inversión previsional. La promesa de austeridad, entonces, queda incumplida a través de dos vías peligrosas: aumenta efectivamente el monto global que registra el gobierno para su proyecto de presupuesto, y encima quedan sin honrarse los 106 millones de dólares que ya en 2016 se habían asignado (por cierto, subestimándolos) al pago de los CIP.
En total, cuando hacemos la suma de las cifras que se reconocen y las partidas que se eliminan, el presupuesto 2017 estaría viéndose incrementado ¡en más de $200 millones!

No solo hacen bien los partidos de oposición negándose a aprobar un presupuesto con estas enormes deficiencias, sino que cumplen con la responsabilidad histórica de evitar que las mentiras gubernamentales lleven al país a la ruina. Si los funcionarios intentan engañar a la ciudadanía, el engaño debe ser exhibido y explicadas sus consecuencias, porque solo votantes bien informados hacen posible que las artimañas de los políticos, en su afán de burlar los controles sobre el dinero de los contribuyentes, vayan siendo cosa del pasado.

Por las mismas razones es que causa asombro que el oficialismo insista en esconder la información de sus financistas y a la vez se empeñe en azuzar a los “movimientos sociales” que le son afines para amenazar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Desde la calle se profieren las peores calumnias contra los miembros del máximo tribunal de justicia del país, mientras visibles figuras del partido de gobierno justifican esas barbaridades en nombre de una libertad de expresión que jamás han entendido.

Vemos por fin a una Fiscalía General de la República haciendo el trabajo que por décadas se había exigido a esa instancia defensora de los bienes del Estado, y saltan a la palestra una serie de objeciones que parecerían destinadas a favorecer la impunidad. ¿Por qué tanto nerviosismo? ¿Por qué esas palabras altisonantes contra una labor que más bien debería encomiarse?

Amenazar a los magistrados de la Corte Suprema o poner en duda las investigaciones de la Fiscalía son reacciones impropias de una clase política dispuesta a rendir cuentas y ganarse así la confianza de los ciudadanos. Esa desproporción entre sus discursos y sus actos es lo que les arriesga a perder la poca credibilidad que les va quedando.

Depuración de la planilla estatal. De Erika Saldaña

La mejora de las finanzas públicas y la dignificación del servicio civil implican remover la “grasa” que solo engorda y no ayuda a sacar adelante el trabajo del país. Urge la mejora del servicio civil y la depuración de las contrataciones estatales.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 17 octubre 2016 / EDH

Al hablar de soluciones a la grave crisis de las finanzas del Estado generalmente se hace referencia a las medidas macroeconómicas que podrían tenerse en consideración para apalear el déficit de fondos, a los préstamos, emisión de Letes y uso de fondos de las pensiones; además, a raíz de los distintos casos que han salido a la luz sobre el uso indebido del dinero público, distintas organizaciones y la sociedad civil se han manifestado sobre la necesidad de eliminar el despilfarro y los gastos absurdos. Sin embargo, existen diversas medidas que también ayudarían en el mediano plazo a estabilizar las finanzas públicas y a volver eficiente el aparato estatal, entre ellas, la adecuada regulación y control de las contrataciones del Estado.

Para nadie es secreto que desde hace décadas (y en todos los gobiernos) las distintas instituciones estatales han omitido la selección de su personal con base en la necesidad, mérito y capacidad, estandarizando procesos irregulares en las contrataciones públicas. Un servicio civil idealmente creado para diario hoysatisfacer las características de profesionalidad, honradez y servicio, se ha transformado en la oportunidad de tener un trabajo estable, bien pagado, sin necesidad de acreditar un buen rendimiento, con el mínimo esfuerzo (a veces sin necesidad de presentarse a realizar un trabajo efectivo), con la oportunidad de salir temprano, con vacaciones fijas y muchas otras prestaciones. Trabajar para el Estado ahora es sinónimo de ser empleado con muchos privilegios y pocas obligaciones o exigencias.

A pesar de que esa concepción es realista sobre el estado del servicio público en El Salvador, tampoco es justo generalizar esta percepción. En las instituciones públicas también hay personas sumamente capaces, con los méritos suficientes para el puesto y que realizan sus labores de la mejor manera posible; lo ideal es que la Administración Pública, el legislativo, el sistema judicial, las municipalidades y las instituciones autónomas estuvieran plagadas de estos últimos profesionales y no de personal o activistas políticos que son incorporados a la planilla estatal sin exigencia del cumplimiento de requisitos para los cargos.

Para lograr reivindicar la dignidad del servicio civil y de cualquier funcionario o empleado que recibe su sueldo de fondos estatales es necesario, en primer lugar, efectuar una depuración profunda del sistema. Es urgente realizar un diagnóstico que brinde un panorama completo sobre la situación de la función pública en el país, que incluya nombres, hojas de vida, sueldos y forma de contratación. Con base en este diagnóstico debe determinarse cuántas plazas estatales son realmente necesarias y compararlas con la planilla que hoy se costea.

Lo anterior implica determinar con exactitud las funciones de cada plaza, la homologación de salarios dependiendo del trabajo que se realice y no de consideraciones subjetivas de quienes contratan; además, debe establecerse un mecanismo de contratación objetivo, los requisitos a cumplir para optar al cargo, un método de evaluación periódica a cada miembro del servicio civil y un escalafón acorde a la realidad de las finanzas públicas. Muchos de los elementos anteriores se agrupan en la Ley de la Función Pública que actualmente se encuentra en análisis en la Asamblea Legislativa, con lo cual seguimos conviviendo bajo una multiplicidad de formas de contratación (contratos, ley de salarios, etc.) que han sido distorsionadas o usadas arbitrariamente para beneficios particulares.

Los que trabajamos para el Estado y quienes tienen a su cargo la dirección de las distintas instituciones  debemos tener claro que el trabajo, la lealtad y el esfuerzo se realiza en relación a una institución y no hacia una persona o partido político; la garantía de una mayor calidad de los servicios públicos prestados a los ciudadanos, reside en la profesionalidad y honradez de los funcionarios y de los recursos humanos al servicio del Estado.

Trabajar para el Estado debería ser sinónimo de servir eficientemente de acuerdo a las competencias adquiridas, con un salario justo y con la satisfacción de servir a los intereses generales. La mejora de las finanzas públicas y la dignificación del servicio civil implican remover la “grasa” que solo engorda y no ayuda a sacar adelante el trabajo del país. Urge la mejora del servicio civil y la depuración de las contrataciones estatales.

El Ring de Hoy: ¿Es necesaria la austeridad para salir de la crisis fiscal actual? Sí: Erick Iván Ortiz. No: Werner Peña

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Sí, austeridad es necesaria

1470869527761Erick Iván Ortiz, 11 agosto 2016 / EDH

Uno de los fundamentos básicos de la economía es la noción de la escasez de los recursos. Esta premisa configura muchas de las acciones que tomamos tanto de manera individual como colectiva; a través, por ejemplo, del Gobierno.

En política económica, el uso austero de los recursos del Estado no debe entenderse como el desatender las obligaciones de este, sino más bien como la administración responsable y eficaz de estos. El manejo despreocupado e irresponsable del patrimonio público puede dilapidar las posibilidades de desarrollo incluso de aquellas sociedades consideradas con amplias riquezas. Un caso paradigmático es el de Venezuela, que aun teniendo las mayores reservas de petróleo del mundo sufre una severa crisis económica y social.

diario hoyEl Salvador ha padecido un progresivo deterioro de su entorno macroeconómico, que se agudiza a partir de la crisis económica internacional. A pesar de la contracción en la actividad económica  generada, el Gobierno ha mantenido e incluso ampliado el gasto público.

Esto, desde una perspectiva económica heterodoxa, no sería negativo si el enfoque primara en la inversión en infraestructuras, en productividad, que luego generarían rentabilidad y no en el gasto corriente (salarios públicos, publicidad, etc.). El problema actual es que el gasto prácticamente se ha visto apalancado a través de préstamos, alzas y creación de nuevos impuestos y el margen que queda para continuar esta dinámica es muy estrecho.

De hecho, el país desde hace meses camina al borde del abismo fiscal. El propio presidente Sánchez Cerén se ha visto obligado a pedir un pacto que reflote y oxigene las alicaídas cuentas estatales. El panorama es sombrío, múltiples analistas apuntan a que el gobierno se quedará sin fondos tan pronto como octubre, es decir, sin capacidad de poder cancelar salarios, pensiones, ni subsidios.

El IPSFA, que gestiona las pensiones de los militares, ha retrasado ya pagos por falta de fondos. Las alcaldías también han visto retrasos en la entrega del FODES. La austeridad, por tanto, dejó de ser ya solo una opción y pasó a ser una necesidad apremiante. Este escenario plantea un reto mayúsculo no solo para el Gobierno, sino para la sociedad en general. De generarse un impago del Gobierno, la crisis económica subsecuente inflamaría rápidamente la crisis social en la que ya vivimos.

Con todo, esta es una oportunidad para intervenir en el endeble sistema fiscal actual, pero también para sincerar las cuentas públicas. Es necesario reconocer que, hoy por hoy, vivimos por encima de nuestras posibilidades y que debemos hacer ajustes. Esto no implica de entrada eliminar programas sociales de interés general, sino encontrar formas creativas que permitan equilibrar los gastos y los ingresos para hacerle frente a las necesidades del país.

Se necesita un acuerdo integral que tenga al menos tres objetivos claros: un recorte del gasto superfluo, un aumento en los ingresos y una apuesta decidida por el crecimiento. En este último punto es donde hay más oportunidades para revertir la situación actual y atajar uno de los problemas estructurales más crónicos.

El déficit en infraestructuras abre un abanico de posibilidades para las inversiones a través del esquema asocios público-privados, figura que permitiría sortear el costo de oportunidad entre los programas sociales y la necesidad de obras. Bajo este esquema, con dinero privado, se podrían obtener más y mejores infraestructuras que inyectarían dinamismo en la economía, crearían empleos y aumentarían la productividad y la recaudación fiscal.

La mayor austeridad se puede encontrar en el gasto pensado y razonado. La eficiencia y eficacia de los programas tienen que ser la guía de las políticas públicas. En El Salvador, hoy más que nunca, se debe invertir pensando en el futuro.

*Economista de la ESEN. Consultor en temas de pobreza y desarrollo. Activista social y miembro del Colectivo Normal.

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No, austeridad no es necesaria

1470869527769Werner Peña, 11 agosto 2016 / EDH

En un contexto de bajo crecimiento estructural no es necesario. Primero un pequeño matiz. Sí creo que la reorientación del gasto superfluo, una ejecución del presupuesto más transparente y eficiente y la focalización de ciertos subsidios liberaría recursos para atender otras necesidades más urgentes. Entrando al tema, la actual situación fiscal del país no es la mejor. La recurrencia a colocar LETES en los últimos años es el reflejo de crecientes problemas de caja del gobierno.

Muchos proponen la austeridad como solución. En general, esta visión tiene al menos dos anclas interrelacionadas. La primera se basa en la creencia que el mercado es capaz de auto-regularse y cualquier intervención del Estado desestabiliza este equilibrio. Por otro lado, el principal soporte técnico de esta visión proviene del concepto “Crowding out”, el cual diario hoypostula que un incremento del gasto público y la deuda pública, al competir por recursos con el gasto privado, hacen subir la tasa de interés real -costo de pedir préstamos- lo que termina desincentivando la inversión y el consumo privado. La versión extrema del “Crowding out” es un multiplicador del gasto público (incremento del producto por cada dólar extra de gasto público) igual a cero, es decir que un dólar extra en gasto público reduce en un dólar el gasto privado, dejando intacto el crecimiento del producto.

La idea de auto-regulación tiene nula verificación empírica. La reciente crisis del mercado sub-prime en EEUU mostró como un mercado financiero con pocas regulaciones multiplicó activos tóxicos a niveles inimaginables desencadenando una crisis global. En cuanto al “Crowding out”, la evidencia empírica muestra que el multiplicador del gasto dista mucho de ser igual a cero y que incluso es mayor a uno, lo que implicaría que los beneficios de la expansión fiscal superan los efectos de desplazamiento del gasto e inversión privados. En 2009 el equipo económico de Obama estimó un multiplicador total del gasto público de 1.57 para la economía de EEUU. Con base en esta estimación, su equipo propuso medidas fiscales y monetarias expansivas que tienen ahora a la economía de EEUU en un nivel mucho más saludable que las economías europeas, las cuales aplicaron fuertes medidas de austeridad, recomendadas, entre otros, por el FMI.

Como argumentaba el presidente del BCR, aplicar en El Salvador medidas contractivas del gasto en un contexto de bajo crecimiento estructural y sub-utilización de la capacidad instalada, podría ser contraproducente para el país y muy posiblemente requeriría la aplicación de posteriores ajustes, un círculo vicioso que nos podría llevar una deflación de la deuda (Concepto acuñado en 1933 por el economista Irving Fischer para referirse al binomio demanda deprimida con caída en el nivel general de precios -deflación- y deuda elevada). El principal problema de la deflación de la deuda es que la deuda no se termina de pagar porque, en términos reales, su valor incrementar debido a la deflación (riesgo, según el Banco Central Europeo, bastante latente en las economías del sur de Europa). Si esto sucede, el remedio sería peor que la enfermedad.

Ante este panorama, surgen al menos tres propuestas para enfrentar el problema fiscal. Primero, reducir los niveles de evasión del impuesto sobre la renta (sociedades e individuos) e IVA -a los niveles de Chile, por ejemplo-reportaría más de US$600 millones adicionales por año (según datos de BCR y CEPAL). Segundo, el país debe incrementar su recaudación fiscal progresiva. Según la OCDE estamos por debajo del promedio de recaudación fiscal en América Latina y según OXFAM tenemos 160 multimillonarios que acumulan US$21 mil millones, los cuales no pagan impuesto al patrimonio no productivo ni a la sucesión, como sí lo hacen la mayoría de multimillonarios del continente. Tercero, apostar, entre otros aspectos, por la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva para garantizar un crecimiento sostenido y equitativo que incremente los ingresos tributarios y reduzca el ratio de deuda en el mediano plazo.

El crecimiento de la economía salvadoreña es aun débil y aplicar medidas contractivas que depriman aún más la demanda hará poco por mejorar la situación fiscal y económica del país.

*Licenciado en Economía de la UCA y actualmente candidato al máster en Economía y Política del Desarrollo en la Universidad de Manchester, Reino Unido.

El cincho elástico. De Cristina López

Cristina LópezCristina López, 1 agosto 2016 / EDH

Mientras usted lee esto, hay pacientes en el Seguro Social a quienes están mandando de regreso a su casa con las manos vacías por falta de medicinas. Simultáneamente, hay niños sentados en pupitres quebrados y escuelas con más goteras en el techo que docentes. En lo que usted termina de leer esta columna, alguien habrá sido asaltado a mano armada y fuera del parte necesario para reclamar a la aseguradora, la policía no podrá ayudarle en nada — y entendiblemente — por escasez de recursos. Para que alcance, dijo el presidente que había que impulsar la austeridad y “apretarse el cincho”.

diario hoyMientras tanto, también al mismo tiempo y en el mismo país, un funcionario cuyas labores concretas y específicas son para la gran mayoría desconocidas, se embolsa mensualmente lo que muchas familias en situación de pobreza no logran acumular en un año. Digo, sus labores concretas no las sabemos no porque seamos ciudadanos desentendidos o indiferentes a los quehaceres de la cosa pública, sino porque varios de estos puestos de “confianza” han sido llenados con el método favorito de los profesionales del nepotismo: el dedazo.

A ver, que lo de que los sueldos sean altos para el estándar del país no es malo necesariamente. La justicia radica en dar a cada uno lo suyo, y nada más propio que una remuneración que es equivalente y proporcional a las labores brindadas. De hecho, que el servicio público sea bien remunerado lo vuelve competitivo y atrayente a los talentos más destacados del país, remediando de cierto modo la fuga de cerebros al poner, en muchos casos, preparaciones académicas de primer mundo al servicio del desarrollo del país. Para que estas condiciones se cumplan, idealmente estas plazas de tan atrayente remuneración deberían llenarse luego de un proceso abierto, competitivo y transparente. Idealmente, cuando la plata sale del dinero de los contribuyentes y cuando las labores a remunerar son de servicio público, debería dársele a los mandantes la garantía de que quienes ocupan la posición son los mejores. Y si no lo son, idealmente, debería dársele a la ciudadanía por lo menos la imagen de que se intentó buscar a los mejores. Todo esto, idealmente, porque no hacerlo así tampoco es ilegal.

Pero irónicamente, no queda claro que el valor generado por el Secretario de Transparencia amerite una inversión de $72,000 dólares al año, según lo reportado recientemente. Sobre todo cuando es una institución cuyas labores se describen mejor como cachiporrismo gubernamental profesional y no de transparencia, puesto que hacen poco por apoyar iniciativas ciudadanas de aclarar las finanzas y paradero de fondos de la partida secreta, o de liberar información relacionada a viajes y gastos de la presente y anteriores administraciones. Esta plaza es solo un ejemplo, pues otras preguntas podrían surgir sobre las Secretarías Técnicas de la presidencia, o la del secretario privado.

Por supuesto que al remunerar tanto a sus funcionarios, el gobierno no incurre en ilegalidad alguna. En lo que incurre es en la falta absoluta de vergüenza, al tener al mismo tiempo el escenario en el que a los más vulnerables les faltan los servicios básicos mientras funcionarios de dedazo y con labores cuyo beneficio a la población es poco claro, se embolsan jugosísimos sueldos. Si esto es lo que el presidente entiende como “apretarse el cincho”, el cincho del que nos está hablando tiene elástico.

@crislopezg