Mauricio Funes

Columna Transversal: Batalla ganada. Historia de una Infamia. De Paolo Luers

paolo3Paolo Luers, 19 noviembre 2017 / El Diario de Hoy

Si algo me da satisfacción -y cierta confianza que hay justicia- es el hecho que don Billy Sol Bang camina libre y con la cabeza en alto por las calles de San Salvador y las veredas de su finca, mientras los hombres que lo quisieron arruinar están en la cárcel, como Tony Saca y Luis Martínez, o escondido baja las faldas de la bruja Chayo Murillo en Nicaragua.

Esta fue mi reacción muy grata al leer el libro que Billy acaba de publicar sobre el calvario que significó para él la persecución política y jurídica promovida por estos tres hombres y docenas de sus serviciales colaboradores. Es un libro sobre el caso CEL-ENEL, EDH logque para don Billy fue su última batalla, la que ganó, luego de una vida llena de batallas. En 1969, lo mandaron a bombardear cuarteles hondureños en su avioneta, y regresó vivo; le expropiaron su famosa finca ‘El Nilo’, y se volvió a levantar; lo secuestraron los comandos del Partido Comunista, cuando faltaron pocos meses para la paz, y no se quebró; y casi llegando a los 90 años, fue amenazado de cárcel, ruina económica y muerte civil por este triángulo del mal que mencioné arriba.

El libro ‘Historia de una Infamia’ narra su labor como presidente de la CEL, institución plegada por corrupción e ineficiencia que el presidente Freddy Cristiani le encomendó para convertirla en el motor de la reconstrucción económica del país. Narra como logró limpiar y levantar esta estratégica empresa estatal; como descentralizó el sector energético, creando competencia y sinergia con el sector privado. Y sobre todo, como concibió y gestionó la alianza estratégica de CEL con el consorcio italiano ENEL para explotar la energía geotérmica, convirtiendo a LaGEO en el primer ensayo exitoso de un Asocio Público Privado en el país.

Screen Shot 2017-11-17 at 8.45.24 PM.pngLuego don Billy narra como Tony Saca entregó el sector energético a una argolla de sus cheros corruptos, quienes se encargaron de incumplir el convenio con ENEL y meter al país en un costoso litigio internacional imposible de ganar: Habla del costo financiero, pero sobre todo del inmenso precio político que pagamos en cuanto a inseguridad jurídica y la paralización de la expansión de nuestra industria energética.

Fue Tony Saca quien armó el conflicto con ENEL y quien nuevamente hundió todo el sector energético en el fango de la corrupción. Pero fue Mauricio Funes quien, lejos de secar este pantano, lo convirtió en sistema, dejando a los mismos funcionarios de Saca al cargo y metiendo otros de su contorno de los Amigos de Mauricio, igualmente incompetentes y corruptos. Y fue el ‘presidente del cambio’ quién, para esconder la corrupción en la CEL, armó un ataque infame sin precedentes contra Billy y otros ex funcionarios, alegando que el convenio que negociaron con ENEL fue fraudulento y atentaba contra los intereses nacionales. Como no tenían posibilidad de ganar el litigio internacional con ENEL, Funes y el entonces fiscal general Luis Martínez armaron en casa un juicio paralelo contra don Billy, Miguel Lacayo y otros ex funcionarios.

¿Por qué atacaron con tanta saña a este hombre? Quedó evidente la carga ideológica y vengativa en su persecución. Pues, fue Billy Sol Bang quien públicamente acusó a Schafik Handal de haber sido el responsable de su secuestro. Y fue él quien en AREMA públicamente exigió la expulsión de Tony Saca, por corrupto.

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Funes, el FMLN y Luis Martínez perdieron este juicio, no sólo porque era injusto, sino principalmente por la beligerancia con la cual Billy Sol Bang defendió su honor y su legado como funcionario. Nunca olvidaré la postura de este señor de casi 90 años, sentado en el banquillo del acusado ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, encarando a sus acusadores de una manera que dejó claro que este era el mundo al revés: los corruptos eran sus acusadores Funes, Saca y Luis Martínez, y sus marionetas en el Asamblea. Habían nombrado como ’jueces’ a diputados con mala reputación como Guillermo Gallegos, Francisco Merino, Claudia Ramirez, y Jesus Grande. Y el FMLN estaba representado por el diputado Jaime Valdez, quien tuvo la osadía de preguntar a don Billy por qué razón había dejado el cargo de tesorero de ARENA el 18 de julio de 1991. Billy respondió: “Porque este día ustedes me secuestraron.”

El libro termina contando todas las maniobras legales, o más bien ilegales, que Luis Martínez empleó en el juicio: peritajes fraudulentos, embargos ilegales, chantajes, extorsiones, mentiras. Pero el libro tiene un happy end: Billy está libre y coleando, mientras Luis Martínez y Tony Saca comparten prisión en Mariona, y Funes se convirtió en un paria.

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Cómo la corrupción de Odebrecht abonó a la campaña de Mauricio Funes. De Jimmy Alvarado

La Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil afirman que Odebrecht hizo pagos por 5.3 millones de reales a Joao Santana para que este dirigiera la campaña electoral de Mauricio Funes en 2008. Los fondos provenían de la división de Operaciones Estructuradas, la oficina de Odebrecht que canalizaba sobornos al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. Medios brasileños revelan confesiones de un ejecutivo de Odebrecht que vincula a la ex primera dama, Vanda Pignato.

El 9 de agosto de 2010, el presidente Mauricio Funes y la primera dama Vanda Pignato hicieron una visita oficial a Brasil. Se reunieron con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva en una ceremonia en Sao Paulo de la Federación de Industriales (FIESP). AFP PHOTO/Mauricio LIMA / AFP PHOTO / MAURICIO LIMA

El 9 de agosto de 2010, el presidente Mauricio Funes y la primera dama Vanda Pignato hicieron una visita oficial a Brasil. Se reunieron con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva en una ceremonia en Sao Paulo de la Federación de Industriales (FIESP). AFP PHOTO/Mauricio LIMA / AFP PHOTO / MAURICIO LIMA


Jimmy Alvarado, 20 abril 2017 / EL FARO

La Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil han vinculado la millonaria trama de corrupción de Odebrecht con la campaña electoral del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, a través de una triangulación de fondos que habría sido diseñada por las principales cabezas de la gigante de la construcción en América Latina, el expresidente Lula da Silva y su ministro de Hacienda. El desembolso de esos fondos fue efectuado por Odebrecht y llegó hasta Joao Santana, el publicista que enrumbó la campaña presidencial del FMLN en 2009, y a quien Funes no solo lo consideró el artífice de su triunfo, sino que además le llamó “amigo”.

Las autoridades brasileñas se amparan en registros contables y testimonios de los principales involucrados en un pago de 5.3 millones de reales a Santana (1.6 millones de dólares al cambio actual, 3 millones en 2008, el año en el que habrían ocurrido esos aportes) para afirmar que la campaña del que se convertiría en el primer presidente de izquierdas en El Salvador recibió fondos provenientes de la mayor trama de corrupción y lavado de dinero en Brasil.

En la triangulación de fondos, según la Policía, participó Antonio Palocci, el ex ministro de Hacienda de Lula da Silva y operador político del Partido de los Trabajadores; el CEO de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht, y Mónica Moura, esposa de Joao Santana.

Las autoridades brasileñas señalan que el pago a Santana, para que este dirigiera la campaña de Funes, fue canalizado a cuentas internacionales de la esposa del publicista, Mónica Moura, para asumir los costos de los servicios de publicidad.

“En ese caso los elementos probatorios inducen a concluir que Odebrecht a partir de un ajuste hecho por Antonio Palocci Filho pagó los gastos de Joao Cerqueira de Santana Filho y de Mónica Regina Cunha Moura relacionados a la campaña por la Presidencia de la República de El Salvador que ganó Mauricio Funes en 2009”, dice uno de los requerimientos presentados por la Policía ante el Tribunal de Curitiba el 5 de febrero de 2016.

Joao Santana se incorporó a la campaña de Mauricio Funes en junio de 2008, según declaró a El Faro el exsecretario de Comunicaciones, David Rivas. Aunque la Policía no precisa la fecha exacta en la que Santana recibió los desembolsos para trabajar en la campaña presidencial de Funes, señala que estos pagos fueron realizados ese mismo año. Joao Santana y su equipo brasileño produjeron y lanzaron una de las piezas insignia de la campaña de Funes, en la que el entonces candidato anunciaba que perseguiría a la corrupción como nunca antes en El Salvador:  “Yo sé que hay muchos corruptos preocupados con mi victoria -decía Funes en aquel spot-. Y tienen razón. Mientras faltaban medicina en los hospitales, ellos se llenaban los bolsillos. Mientras las familias no tenían qué comer, ellos construían sus mansiones sobre las champas y la miseria. Por eso, no tengan dudas amigos: se va a acabar el tiempo en el que la cárcel era solo para los ladrones de gallinas. La cárcel será para todo los criminales, pobres o ricos. Y cuánto mayor sea el robo, mayor será el castigo”.

En febrero de 2016, el arquitecto de esta pieza y su esposa fueron condenados a 8 años y 4 meses de prisión en Brasil por lavado de dinero. Quien personificó el mensaje de este spot se refugia en Nicaragua en medio de una investigación en El Salvador por corrupción y por un incremento patrimonial injustificado.

La computadora, los registros, los testimonios

La conclusión de la Policía sobre los vínculos de Odebrecht con la campaña de Mauricio Funes parten de peritajes a registros contables, a correos y a testimonios de empleados de la división de Operaciones Estructuradas. Esta división era una oficina de Odebrecht que fue creada con el propósito de canalizar pagos de sobornos a funcionarios del Partido de los Trabajadores de Brasil, según el Ministerio Público de dicho país, y también para pagar sobornos a funcionarios de países de América Latina y de África, según indagaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Nueva York.

En mayo de 2014, la Policía encontró un archivo electrónico con un registro contable del año 2008, en el que se consignaba un pago de 5.3 millones de reales en El Salvador. El archivo fue encontrado en una computadora tras un allanamiento a la residencia de María Lucía Guimaraes Tavares,  una mujer que laboró seis años en la oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht hasta su captura en mayo de 2014.

Uno de los archivos que llamó la atención de la Policía fue un documento de excel “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” en el que se registraban -en palabras de la Policía- “controles de pagos” para financiar campañas del PT y también un pago para la campaña de Mauricio Funes.

“Debe hacerse notar que “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” revela que la división de Operaciones Estructuradas llevaba control de pagos hacia João Cerqueira de Santana Filho, Mónica Regina Cunha Moura y otros beneficiarios que no han sido identificados, y tales pagos eran coordinados por Antonio Palocci Filho junto con Marcelo Bahía Odebrecht”, dice el peritaje de la Policía Federal de Brasil del 20 de junio de 2016.

La Policía determinó que el archivo “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” estaba en clave: “italiano” se refería a Palocci y “MO” a Marcelo Odebrecht. Palocci fue ministro de hacienda de Lula da Silva del 1 de enero de 2003 al 27 marzo de 2006, diputado del 1 de febrero de 2007 al 31 de diciembre de 2010 y un importante operador político del Partido de los Trabajadores. Del 1 de enero al 7 de junio de 2011, fue jefe del gabinete de Dilma Rousseff. Marcelo Odebrecht fue de 2005 a 2015 el CEO de Odebrecht, una de las empresas constructoras más grandes de América Latina.

En el archivo “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” había un apartado que decía “Evento El Salvador vía Feira (2008)” y a la par decía el monto asignado, 5.3 millones de reales. Según la Policía, “Feira” es el nombre clave con el que Guimaraes y Odebrecht se referían a los esposos João Cerqueira de Santana Filho y Mónica Regina Cunha Moura. Las autoridades destacan que el registro contable diga “vía” antes de “Feira”. “El vía indica que estos montos no eran destinados directamente a Joao Santana, sino que era el intermediario para hacer llegar el dinero a su destino”.

Gracias a peritajes a teléfonos y correos de Guimaraes y de Marcelo Bahía Odebrecht, la Policía concluyó que cuando en los registros contables  de la división de Operaciones Estructuradas se usaba la palabra “evento” hacían referencia a campañas electorales. Las conclusiones de estos peritajes en Brasil indican que Odebrecht financió la campaña de Funes pagando los gastos de Joao Santana.

La Policía Federal de Brasil afirma que hay evidencia robusta de que los pagos mencionados en el documento “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” se llevaron a cabo, aunque todavía no hay una sentencia en los Tribunales por este caso. “Por lo tanto, hay indicios de que efectivamente se realizaron pagos a través de JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO y Mônica REGINA CUNHA MOURA, a los que se refirieron MARCELO BAHIA ODEBRECHT y el SECTOR DE OPERACIONES ESTRUCTURADAS de ODEBRECHT por el código Feira, relacionados con Elecciones presidenciales en El Salvador”.

Odebrecht es investigada por el caso “Lava Jato” – auto lavado- que consistía en un grupo de empresas que se ponía de acuerdo para ganar contratos con Petrobas, la petrolera estatal brasileña. Desde marzo de 2014, la justicia brasileña investiga a alrededor de 16 empresas que ganaban contratos con sobre precio, en el que se establecía que Petrobas pagaba por una obra, por la ganancia de la empresa y un soborno que podía ascender -según el Ministerio Público Federal de Brasil- entre el 1% y el 5% del contrato que iba dirigido a funcionarios del Partido de los Trabajadores.

Este esquema fue repetido en más de 11 países por  Odebrecht y Braskem -dos empresas hermanas- según una Corte en Nueva York que los condenó a pagar 788 millones de dólares y a mejorar controles internos para evitar este tipo de prácticas. La justicia brasileña estima que la oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht pagó en total 3 mil 370 millones de dólares en sobornos de 2006 a 2014.

Funes y Pignato se desvinculan, pero callan sobre Santana

El 18 de abril de 2017, O Globo publicó una confesión de Hilberto Mascarenhas, grabada el 15 de diciembre de 2016, en la que el coordinador de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la oficina creada en la compañía para coordinar los pagos de sobornos en Brasil y en el extranjero, dice que fue Vanda Pignato quien solicitó al ex presidente Lula la ayuda del PT para la campaña de Funes. Según O Globo, fue Pignato -quien desde 1980 fue militante del PT- quien intermedió para que Odebrecht apoyara la campaña a través de la incorporación del publicista Joao Santana.

Ante la pregunta sobre a qué se refiere un documento cuando menciona un evento en El Salvador, Mascarenhas respondió: “Es un pago de soborno”, y mencionó a Pignato. “La esposa -de Funes- pidió que Odebrecht apoyara la campaña a través de la contratación de Joao Santana y también fue una petición del gobierno brasileño no sé de quién exactamente”.

Según O Globo, Mascarenhas incluso explica que hubo una confusión con la cantidad solicitada por Pignato a Lula. Según él, la cantidad solicitada era 5.3 millones de reales (que en esa época equivalía a 3 millones de dólares), pero que Marcelo Odebrecht aprobó 3 millones de reales. El periódico brasileño OGlobo afirma que alguien se quejó en Brasilia por la equivocación ante el presidente Lula y le fue requerido a Mascarenhas corregir el error. Mascarenhas explica que nunca tuvo certezas, pero que llegó a escuchar que la persona que se quejó fue Mónica Moura, la esposa de Joao Santana.

En El Salvador, exfuncionarios de la presidencia Funes, como el secretario de Comunicaciones David Rivas, confirman que la relación entre Vanda Pignato, Joao Santana y Mauricio Funes se construyó durante la campaña, y se fortaleció en el cierre de la misma, con el triunfo electoral. Tras la victoria presidencial, Funes se dirigió a Joao en su discurso: “Agradezco, y quiero esta noche hacer un testimonio público a mi asesor y amigo, Joao Santana, su esposa y su formidable equipo de producción y de trabajo. ¡Muchas gracias!”.

Durante el inicio de su mandato, y sin que se conociera todavia la trama de Odebrecht, funcionarios de la casa presidencial ya daban cuenta de cómo era de importante Santana en la presidencia, y quien lo había llevado hasta Funes. El Faro conversó con dos ex funcionarios de Presidencia de la República, quienes aceptaron hablar bajo condición de anonimato. Uno de ellos ante la pregunta sobre quién hizo los contactos para traer a Joao Santana al país para dirigir la campaña de Funes contestó: “la respuesta es de sentido común. ¿Quién más tenía contactos con el Partido de los Trabajadores en Brasil?”. El Faro le preguntó si fue Vanda Pignato, a lo que contestó asintiendo con la cabeza. Otro ex funcionario también dijo que los contactos los hizo Vanda y afirmó que los servicios de Santana los había pagado el PT.

Pero la ex pareja presidencial niega estar vinculada a la trama de corrupción de Odebrecht, y que hayan participado del desvío de fondos desde Brasil para la campaña presidencial de Mauricio Funes. Sin embargo, si el aporte de Odebrecht a la campaña no existió, como aseguran las autoridades brasileñas, Funes y Pignato se guardan explicar cómo es que Joao Santana y su equipo llegaron al país, y quién pagó por los servicios del publicista brasileño durante la campaña presidencial 2008-2009.

El Faro solicitó respuestas a Funes y a Pignato el 19 de abril. A través de la oficina de prensa de la Secretaría de Inclusión Social de El Salvador, Pignato mandó a decir que ella no manejó el tema de la publicidad ni durante la campaña ni durante el periodo presidencial, y dijo que no haría más comentarios sobre el tema.

A través de mensajes privados en su cuenta oficial en Twitter, el expresidente Funes respondió que ni él ni su equipo le pagaron a Joao Santana ni gestionaron fondos de empresas brasileñas para que este cobrara por esa vía sus honorarios.

El Faro preguntó a Funes si gracias a las gestiones de Vanda Pignato con el ex presidente Lula y con el PT Joao Santana había venido al país. También preguntó si el PT y Lula pagaron los servicios de Santana. “Joao Santana y su empresa publicitaria se limitaron a asesorar mi campaña presidencial y ni Vanda ni yo ni nadie de mi equipo de campaña pagamos este servicio ni recibimos dinero de ninguna empresa brasileña para cubrir los gastos de campaña”, dijo Funes.

El ex presidente salvadoreño se desmarcó de la publicación de OGlobo, en el que este periódico menciona a Pignato como la responsable de gestionar el apoyo de Lula para que Santana viniera a El Salvador y también se desmarcó de los pagos de Odebrecht -que según OGlobo se hicieron a cuentas internacionales de Mónica Moura- para cubrir los servicios de Santana y su equipo durante la campaña presidencial de Funes.

“Ni Vanda ni yo podemos dar cuenta de las relaciones que la empresa publicitaria de Santana pudo haber tenido con Odebrecht, el PT o el presidente Lula. Lo que haya hecho el ex ministro de finanzas del ex presidente Lula (Antonio Palocci) no es asunto de nuestra incumbencia y escapa a nuestro conocimiento. Las transferencias internacionales que según ustedes se dieron en cuentas del exterior de Mónica Moura tampoco es asunto de nuestro interés y escapa a nuestro conocimiento”, añadió Funes.

Tras el triunfo electoral,  Santana y Moura crearon una empresa de publicidad en El Salvador, Polistepeque S.A de C.V. En los primeros meses de su mandato, Funes creó con funcionarios de confianza una estructura paralela  a la Secretaría de Comunicaciones, que se encargó de manejar la billetera asignada a la publicidad gubernamental y que también se encargó de que Polistepeque no tuviera competencia.

Desde noviembre de 2009, Funes maniobró para entregarle todo el pastel de contratos de publicidad a Polistepeque. Al cabo de dos años y medio, dicha empresa de publicidad facturó en El Salvador 8.5 millones de dólares, de los cuales al menos 5.6 millones de dólares provinieron de contratos con instituciones del ejecutivo. La relación Santana-Funes acabó en enero de 2012, cuando Polistepeque cerró operaciones en El Salvador.

El Faro envió dos preguntas más a Funes: ¿Cómo le responde a la Policía Federal de Brasil que especula hubo ventajas indebidas para Joao Santana en la asignación de contratos después de las elecciones presidenciales en El Salvador? ¿Cómo le responde a quienes especulan que los contratos ganados por Polistepeque fueron una retribución por los servicios prestados durante la campaña?

“No tengo más que agregar”, respondió el expresidente.

Cinco años después del triunfo electoral de Funes, Santana y su esposa, Mónica Moura, comenzaron a ser investigados en Brasil, porque no declararon ante el fisco que tenían empresas offshore en Panamá con cuentas de banco en Suiza. La Policía solicitó prisión preventiva para Santana y para Moura y pidió ampliar la investigación por los delitos de corrupción y lavado de dinero.

“Los investigados pueden estar involucrados en actividades criminales más serias como lavado de dinero y corrupción. No debe banalizarse la práctica del fraude con el uso de estos escasos recursos o por lo menos recursos inexplicables utilizados en las campañas electorales, tanto en Brasil como en el extranjero, considerando la consiguiente afectación de la integridad de los procesos políticos democráticos”, dice el pedido de prisión preventiva contra Santana y Moura del 15 de febrero de 2016.

El juez de Curitiba, Sergio Moro, condenó el 2 de febrero de 2017 a ocho años y 4 meses de prisión a la pareja por lavado de dinero. Ambos recibieron dinero de parte de Grupo Keppel Fels, un grupo de presión que pagó sobornos para recibir contratos de Petrobas. Parte de estos sobornos pagaron los servicios que Santana y Moura prestaron al Partido de los Trabajadores durante la campaña presidencial de Dilma Rousseff de 2010.

Carta a doña Norma Guevara: No trate de tapar el sol con un dedo. De Paolo Luers

Paolo Luers, 18 abril 2017 / MAS! y EDH

Estimada diputada:
Puede ser un gesto noble que usted trate de defender a un amigo, a quien todos los demás han abandonado, como es el caso con Mauricio Funes. O puede ser el intento vano de tapar el sol con un dedo.

“No hay ninguna prueba que incrimine que el expresidente Funes se enriqueció con fondos públicos,” dijo usted. Y saca la conclusión atrevida que el proceso que se sigue en contra de Funes “no es más que una forma de persecución política orquestada.”

Incluso en el caso hipotético que usted tuviera razón que “Funes no tomó dinero de las arcas del Estado para beneficio propio y de su familia”, su conclusión es engañosa. Hay distintas formas de enriquecimiento ilícito, y no todas significan que se haya robado al arco público como lo hizo Toni Saca.

Las ‘donaciones’ que Mauricio Funes recibió de Nico Salume y Odebrecht (por conducto de Lula y su representante en El Salvador, Vanda Pignato) no provienen del arco público, pero igual constituyen enriquecimiento ilícito.

Tampoco el enriquecimiento ilícito es la única manera que un presidente puede cometer delitos de corrupción. Asumamos generosamente que no fuera cierto (o que no se pudiera comprobar) que una porción de los más de 100 millones de dólares que la CEL hizo a ASTALDI (por órdenes del entonces presidente Funes, pagando obras no realizadas en El Chaparral) se haya reciclado a cuentas de Funes, pasando por diferentes cuentas en Panamá. Incluso bajo esta hipótesis quedaría fuera de duda que Funes causó un enorme daño al Estado y sus finanzas. Quedaría también fuera de duda que cometió delitos.

Con su experiencia usted debería saber que siempre el ‘daño colateral’ de la corrupción es mucho más alto que los montos que malos funcionarios roban al Estado. Hablando del primer mandatario de su partido, el ‘daño colateral’ que causó al país con sus decisiones corruptas en los casos CEL-ENEL y El Chaparral es infinitamente más grande que un par de millones que puede haberse apropiado. Es un daño a la eficiencia y sostenibilidad de nuestra sistema de generación eléctrica, desfinanciando a instituciones estatales como CEL y LaGeo. Este daño lo pagamos todos los meses los consumidores y las empresas productoras con tarifas altas de energía.

Si sumamos el daño que las decisiones corruptas de Funes y sus operadores en CEL y CEPA causaron a la confianza de los inversionistas, realmente los lujos que estos hombres se dan como resultado de enriquecimiento ilícito parecen de poca monta.

Incluso si usted tuviera razón en afirmar que Funes no robó fondos del Estado, su intento de tapar el sol con un dedo ciertamente no es la noble defensa de un hombre que se ha quedado sin amigos.

Saludos,

 

 

Nicaragua da refugio a los corruptos: Carlos Fernando Chamorro

El periodista nicaragüense cuestiona la forma en la que Ortega le dio asilo al expresidente Mauricio Funes.

Crítico. Chamorro cuestionó la llegada de Funes a tierra nicaragüense. Dice que casos como el del expresidente salvadoreño dañan imagen de su país.

Cristian Meléndez, 31 marzo 2017 / LPG

El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro aseguró que su país se está convirtiendo en refugio para exfuncionarios que son señalados en sus países de origen de haber cometido posibles actos de corrupción mientras estuvieron al frente de la gestión pública. Uno de los últimos inquilinos del país centroamericano es el expresidente de la república Mauricio Funes.

Funes actualmente es investigado por al menos cinco delitos que están relacionados con posibles actos de corrupción: peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias. Todos habrían sido cometidos entre 2009 y 2014 como el primer presidente de la república bajo la bandera del FMLN. Eso lo llevó a pedir, con ayuda de dicho instituto político, asilo en Nicaragua, el cual fue aprobado por Daniel Ortega de forma exprés el 1.º de septiembre de 2016.
“Dar asilo es parte de una política muy particular del gobierno del presidente Daniel Ortega, que en los últimos meses ha acogido a varios exfuncionarios públicos que en sus países están siendo señalados por sus autoridades por casos de corrupción o que están en proceso de investigación”, expresó Chamorro al consultarle sobre el beneficio que le otorgó el gobierno sandinista a Funes.

Para Chamorro, quien también es el director del diario Confidencial, de Nicaragua, lo más recomendable es que el expresidente Funes dirima sus problemas legales en los tribunales salvadoreños.

Chamorro considera que la forma en la que Ortega da protección a exfuncionarios, y en este caso al ex presidente salvadoreño, afecta la imagen del país ante la región por obstaculizar los debidos procesos.

“Desde la óptica de Nicaragua, yo considero que daña la imagen de Nicaragua el que nuestro país esté de manera recurrente ofreciendo protección bajo el concepto de asilo político a ex funcionarios públicos que están siendo señalados en sus países por casos de corrupción”, dijo el periodista.

El comunicador aseguró que en Nicaragua poco o nada se sabe de la situación del expresidente salvadoreño, excepto, según dijo, que es uno de los protegidos del presidente Ortega.

“El Gobierno de Nicaragua es un Gobierno secretista, es un Gobierno que actúa de manera discrecional y que no se rige por leyes ni ninguna rendición de cuentas”, dijo Chamorro.

El periodista dice que lo mejor que debería hacer el expresidente Funes, así como el resto de exfuncionarios a los que Ortega les ha dado asilo, “es someterse a los requerimientos que la justicia está planteando en sus países”.

Compromiso con Maduro

Otro de los aspectos de los que habló Chamorro es de la situación que se ha vivido en la región y la problemática en Venezuela.

Para Chamorro, Nicaragua apoya a Venezuela en las reuniones de la Organización de Estados Americanos (OEA) como “consecuencia de la relación clientelar que el gobierno de Ortega tiene con Nicolás Maduro”.

El periodista dice que hay contradicción en el discurso que maneja el gobierno nicaragüense, porque por un lado acepta dialogar con el secretario general de la OEA, pero por otro lado cataloga de injerencia las acciones de la organización en Venezuela.

También, para el director del diario Confidencial, de Nicaragua, todo esto es parte de los procesos de regresión autoritaria que se han implementado en la gestión de Ortega.

El tuitero prófugo. De Roberto Rubio

Roban como si siempre van a estar ahí, como si nunca los van a descubrir.

Roberto Rubio, 27 marzo 2017 / LPG

La investidura de expresidente merece respeto, pero también tiene que ganárselo, darse a respetar. Sin embargo, el respeto se pierde cuando un expresidente se queda de tuitero, sus tuits son una sarta de insultos y gruesas mentiras, y peor cuando es un tuitero prófugo de la justicia.

No amerita entonces gastar palabras en el análisis de las malandanzas del susodicho, ni dedicarse a confrontar lo que emana de su lengua viperina. Lo que amerita son las reflexiones sobre el significado de sus cuestionados hechos y las lecciones que se derivan de ellos. Reflexiones/lecciones dedicadas a ciertos altos funcionarios y a los que en el futuro pretenden serlo.

En primer lugar, los altos funcionarios, en general, son efímeros, su ciclo de vida es relativamente corto. Sin embargo, el disfrute y ejercicio de su poder los hace creerse eternos. No se percatan de que su poder es momentáneamente prestado, que son mandatarios de paso o sea mandatados por la voluntad temporal del ciudadano. Roban como si siempre van a estar ahí, como si nunca los van a descubrir. Se enriquecen como si su riqueza y las sobras de poder que le quedaron le blindarán de las llaves de la justicia. Se pavonean con guardaespaldas, seguidores o caravanas de vehículos, como lo hacían el tuitero prófugo y su entonces consorte, sin caer en la cuenta de que son dioses con pies de barro, y que tarde o temprano las diosas de la justicia, Temis y Dice, los alcanzarán dentro o fuera del Olimpo. El brazo de la justicia es largo y paciente.

En segundo lugar, a muchos funcionarios el poder los vuelve soberbios y arrogantes, como el tuitero prófugo. Valga traer a cuenta una reflexión de José San Martín que llegó a mis manos por medio de la red virtual de mis compañeros de colegio: “La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”. Se olvidan que manteniendo en saldo rojo la humildad, los costos que ocasionaron sus maltratos se cobrarán caro.

En tercer lugar, en estos tiempos de sociedades abiertas, de ciudadanos más informados y exigentes, con amplias y accesibles tecnologías de comunicación, donde la lucha por la transparencia y contra la corrupción han tomado alto vuelo, es cada vez más difícil esconder, especialmente lo que se apropia indebida e ilícitamente. Basta una buena justicia, una coyuntura adecuada, una presión y/o denuncia ciudadana, o intercambios de información bancaria a nivel nacional e internacional, para perfilar la ruta del dinero malhabido, para seguir las huellas de los dueños de lo ajeno. La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico ha permitido la creación de “sistemas sabueso”, los cuales permiten ir descubriendo las huellas dejadas por los corruptos y corruptores en casi cualquier parte del mundo.

Finalmente, en estos más cristalinos tiempos es difícil esconder a los testaferros/prestanombres. Esta manera de ocultar los verdaderos propietarios de la riqueza mal habida es ahora más detectable. Basta indagar un poco más sobre ellos, basta que la fiscalía allane sus oficinas y analice la documentación incautada, para llegar al verdadero dueño. Adicionalmente, los “amigos” testaferros ya no son tan confiables, no solo porque su “amistad” no alcanza la probidad en el resguardo del bien del amigo, sino porque al verse acorralados por la justicia, se convierten en testigos criteriados, que por salvar parte de su pellejo prefieren despellejar al otrora amigo. Esto lo sabe bien el tuitero prófugo, que ya adelantó sus miedos.

Los que tuitean para mentir y difamar, los juglares del mundo de troles y clonadores de identidad y los reyes que los contratan, los que le roban al ciudadano, los que con su picardía obstaculizan al pobre el salir de su pobreza, los ricos que amañan la obtención de su fortuna, todos ellos deben tener presente esas frases populares con las que hemos encabezado algunos artículos de esta columna de opinión: “A todo chumpe le llega su Navidad”, “Quien mal anda mal acaba”.

Joao Santana: el fantasma que hablaba al oído del presidente Funes. EL FARO

La agencia Polistepeque tenía tres meses de vida cuando el gobierno descubrió que solo la compañía del amigo del presidente había incluido en su escritura de constitución las dos palabras indispensables para entregar un millonario contrato por servicios de publicidad. Desde entonces, una estructura paralela a la Secretaría de Comunicaciones que siempre trabajó a la sombra canalizó la publicidad del Ejecutivo hacia la empresa del gurú brasileño del márketing político, hoy preso por corrupción en su país.

A la izquierda, el expresidente Mauricio Funes en el día de su juramentación, el 1 de junio de 2009. A la derecha, foto de Joao Santana de febrero de 2016, en Brasil. Santana dirigió la campaña electoral de Funes y fue fundador de Polistepeque, la agencia contratada por la presidencia de Funes. Montaje fotográfico realizado por El Faro. Imágenes de El Faro y AFP.

A la izquierda, el expresidente Mauricio Funes en el día de su juramentación, el 1 de junio de 2009. A la derecha, foto de Joao Santana de febrero de 2016, en Brasil. Santana dirigió la campaña electoral de Funes y fue fundador de Polistepeque, la agencia contratada por la presidencia de Funes. Montaje fotográfico realizado por El Faro. Imágenes de El Faro y AFP.

Jimmy Alvarado, 13 febrero 2017 / EL FARO

el faroEn noviembre de 2009, dos emisarios de la Presidencia de la República llegaron al despacho del presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) a transmitir una orden del gobernante, Mauricio Funes. Francisco Gómez, el presidente de la ANDA, debía firmar un documento que recogía el acuerdo para que 12 titulares de oficinas del Ejecutivo contrataran de manera colectiva los servicios de publicidad de una empresa: Polistepeque, S.A. de C.V.

“No puedo firmar ese contrato”, respondió Gómez a los visitantes, que eran la directora de Publicidad de la Presidencia, Patricia Zablah, y el director de Adquisiciones, Ricardo Marroquín. Le pedían que firmara el acuerdo, sin consultar con la junta directiva de la institución, lo cual contradecía la Ley de ANDA, y él se rehusó. Gómez, al igual que prácticamente todo el gabinete de gobierno, desde hacía algunos días estaba al tanto de la posibilidad de contratar a Polistepeque, pero sus reservas se debían a que para contratar servicios de publicidad de la Presidencia sin necesidad de someterlos a concurso debían cumplirse una serie de condiciones que él no creía que se cumplían.

Por eso requirió a los dos emisarios documentos que justificaran la contratación directa. Les pidió que fundamentaran por qué iba a ser más barato contratar solo a Polistepeque en lugar de a varias agencias, y solicitó pruebas de que la compañía recién fundada era la única empresa que podía proveer los servicios requeridos. Gómez insistía en esos documentos porque sustentarían las condiciones bajo las cuales la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) sí permitiría soslayar una licitación. Les dijo que solo con dichos documentos iba a convocar a los directivos de ANDA para que le autorizaran con sus votos firmar el contrato.

Pero ni Zablah ni Marroquín llevaban esa documentación, así que Gómez se mantuvo firme. “Esto le va a traer consecuencias”, dice Gómez que le advirtió Zablah, quien luego se retiró con Marroquín. Dos meses más tarde, el 4 de enero de 2010, Gómez sería destituido por Funes “por falta de confianza”.

Mientras aquello ocurría, el jefe inmediato de Patricia Zablah solo era espectador. Según el reglamento del Órgano Ejecutivo, el secretario de Comunicaciones, David Rivas, era el responsable de la construcción de la imagen del gobierno de Mauricio Funes. Además, la dirección de Publicidad está adscrita a la Secretaría de Comunicaciones. Pero dice Rivas que Zablah ni le informaba sobre los pasos que daba ni le pedía aval: el presidente Funes había decidido crear una estructura paralela a la Secretaría de Comunicaciones y marginar a Rivas de esa responsabilidad. “Desde el inicio del gobierno fue una decisión del presidente Funes, porque ella era de su confianza”.

Aunque Rivas sostiene que él fue marginado del proyecto Polistepeque, un memorando fechado el 27 de julio de 2009 muestra que al menos en un inicio tomó parte de una serie de decisiones que permitieron al gobierno tejer un traje a la medida para la agencia del publicista brasileño Joao Santana, que en dos años y medio obtuvo contratos con el gobierno por al menos 5.6 millones de dólares. El uso de ese traje requirió de un pequeño grupo de trabajo en el que, además de Zablah, destacaba Luis Verdi, un hombre de confianza de Santana.

Luis Verdi (izquierda) camina detrás del presidente Mauricio Funes durante una visita del mandatario a Verapaz el 10 de noviembre 2009. Foto: Luis Umaña

Luis Verdi (izquierda) camina detrás del presidente Mauricio Funes durante una visita del mandatario a Verapaz el 10 de noviembre 2009. El acuerdo que permitió dar toda la publicidad del Ejecutivo sin necesidad de licitación está fechado seis días más tarde, 16 de noviembre. Verdi asegura que él se convirtió en asesor del presidente Funes “en el último cuatrimestre de 2009”. El Faro, sin embargo, fue testigo de cómo Verdi hacía correcciones al discurso de toma de posesión del nuevo presidente el mismo 1 de junio de ese año. Foto: Luis Umaña

En la elaboración del traje participaron desde el presidente Funes hasta los funcionarios que suscribieron el acuerdo fechado 19 de noviembre de 2009, el mismo que Gómez se negó a firmar. Según una quincena de fuentes consultadas por este periódico, entre exfuncionarios y documentos del Ejecutivo de aquellos días, Verdi y Zablah administraban los contratos y la billetera que desde la Presidencia se encargaba de canalizar los pagos a Polistepeque. Las mismas fuentes ubican al presidente Funes dando el banderillazo de salida a la relación del gobierno con Polistepeque, y dejando caer la banderilla para clausurarla a inicios de 2012.

¿Quién fue el responsable de esta operación que evitó competencia a Polistepeque, que creó una secretaría fantasma en la Presidencia y que canalizó al menos 5.6 millones de dólares hacia la empresa del magnate brasileño que hoy guarda prisión en Brasil acusado de corrupción? David Rivas señala a Funes. Y Funes se hace a un lado: “Si desean una entrevista sobre el tema de Polistepeque, pídansela a mi ex secretario de Comunicaciones, David Rivas. Yo no tengo nada que decir de Polistepeque que no haya dicho ya cuando fui presidente”, respondió el exmandatario ante una petición de entrevista que este periódico le hizo llegar vía Twitter.

Rivas afirma que Patricia Zablah desempeñaba funciones que le correspondía a él supervisar, pero que, por ejemplo, no le consultaba decisiones como la selección de la agencia de publicidad para el gobierno o la asignación del grueso de la pauta publicitaria en los medios de comunicación más grandes, TCS, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica.

El documento que Gómez se negó a firmar lleva por encabezado “Resolución Conjunta de Contratación Directa para la Adquisición de Servicios RCD/001/009” y eventualmente fue firmado por 11 funcionarios del Ejecutivo: el presidente Mauricio Funes, el ministro de Educación y vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén; el ministro de Seguridad, Manuel Melgar; el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez; la secretaria de Cultura, Breni Cuenca; el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres; el director del Seguro Social, Óscar Kattán; la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez; el presidente del Fondo Social para la Vivienda, Tomás Chévez; el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, Nicolás Salume, y el sustituto de Gómez, Marco Antonio Fortín. Según David Rivas, él no participó en ninguna reunión con titulares del Ejecutivo en la que se firmó dicho documento. Los contratos institución por institución comenzaron a llover a partir de mayo de 2010.

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Todas las firmas de Patricia Zablah

En junio de 2009, Funes nombró a Patricia Zablah como directora de Publicidad, adscrita a la Secretaría de Comunicaciones. El nombre de Zablah ya aparecía en el Registro de Comercio como directiva de la empresa Noticieros y Entrevistas, junto con Mauricio Funes y Hato Hasbún, quien fuera secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia de Funes. Hoy es secretario de Gobernabilidad y comisionado presidencial de Seguridad Ciudadana. Esa empresa producía el programa de televisión “La Entrevista con Mauricio Funes”. Zablah era la encargada del contenido y de gestionar la llegada de los entrevistados al programa.

Rivas subraya que aunque Zablah estaba subordinada a él en el organigrama de la Presidencia, solo atendía lo que Funes le encargaba. “Con Patricia Zablah terminamos enemistados porque ella creía que estaba arriba de mí y que no me debía rendir cuentas, que su jefe era el presidente de la República y que ella podía tomar decisiones porque contaba con el respaldo del presidente”, dice Rivas.

Dos exfuncionarios de Presidencia de la República que conocieron la manera en que se manejaba la publicidad del Ejecutivo en los primeros años del quinquenio Funes aceptaron hablar con El Faro bajo condición de anonimato. Los dos coinciden en que en materia de publicidad, Zablah y Verdi eran en la práctica una Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia paralela a la que conducía Rivas. Ellos eran quienes tomaban las decisiones sobre campañas y pautas en medios. Verdi no tenía nombramiento en la secretaría, y en la información oficial de la Presidencia solo se le nombra como “asesor presidencial”.

Esos dos exfuncionarios de la Presidencia perfilan a Luis Verdi como un “superministro sin despacho”, porque al menos durante tres años y medio acompañaba a Funes a las reuniones con los ministros. “Mi función siempre fue técnica, relacionada con la estrategia comunicacional y elaboración de mensajes y discursos”, explicó Verdi sus funciones a El Faro, vía correo electrónico. Negó que hubiera liderado una estructura paralela que manejara los pagos de publicidad o que decidiera en qué medios colocar la publicidad gubernamental. “Esas responsabilidades las ejerció siempre la Secretaría de Comunicaciones. No existió tal estructura paralela que ejerciera esas funciones”.

Verdi dice que tenía un equipo en Presidencia de la República que seguía sus órdenes. “Por la naturaleza de mi asesoría constituí un equipo que me asistía en mis tareas específicas de asesoramiento del expresidente que, insisto, se relacionaban con las estrategias de comunicación”, dijo Verdi. El comunicador argentino dejó su cargo de asesor a mediados de 2013 para unirse al equipo de Joao Santana que asesoró una de las campañas presidenciales en Panamá.

David Rivas caracteriza a Verdi como “el enlace entre Polistepeque y la Presidencia” y subraya su papel en el manejo de la publicidad que, al menos durante la primera mitad de la administración, fue canalizada toda a la empresa de Santana. “Luis Verdi estaba metido de cabeza en el tema de la publicidad y en evaluar las encuestas de opinión, y junto con Patricia Zablah iba a los almuerzos con los directores de medios para ver el tema de pauta de publicidad. Verdi era el representante de Joao Santana”.

El gurú del marketing político brasileño fue el responsable de la campaña electoral que dio a Funes el triunfo el 15 de marzo de 2009. Esa noche, durante su discurso de celebración, Funes recordó el trabajo de Santana y Verdi en la campaña. “Agradezco a nuestros amigos del Brasil y la Argentina, que hicieron posible que pudiéramos enfrentar la campaña del miedo, la campaña sucia que lanzaron nuestros adversarios”, dijo el presidente electo, en el redondel Masferrer, de San Salvador.

Los dos exfuncionarios atribuyen a Zablah la idea de seguir trabajando con el equipo de Santana una vez iniciara el primer gobierno del FMLN. “Patricia manifestó que Mauricio Funes no podía someter su imagen de presidente a los publicistas de “derecha” del país que lo odian y que, por lo tanto, era necesario recurrir a una empresa de confianza”, dice uno de ellos.

Un tercer exfuncionario de la Presidencia que también pidió que se mantenga bajo reserva su identidad por temor a represalias, explica que una semana antes de la toma de posesión del 1 de junio, ya estaba decidido que el equipo de Santana se encargaría de la publicidad del Ejecutivo desde el inicio de la administración Funes. Agrega que ya para entonces tenían listas las acciones de comunicación del nuevo gobierno, que se divulgarían bajo el lema “Unir, crecer, incluir”.

Funes asumió la presidencia y pronto hizo alarde de que, a diferencia de los gobiernos anteriores, el suyo no destinaría recursos públicos para hacer propaganda sobre los primeros días de la administración. Mientras tanto, el camino para Polistepeque se allanaba en silencio. Antes de que transcurrieran los primeros 100 días, en una carta del 4 de septiembre de 2009, Patricia Zablah detallaba al director de adquisiciones de la Presidencia, Ricardo Marroquín, las características que debía reunir la agencia de publicidad que necesitaban: “Debe ser una empresa que haya administrado contratos superiores a los 5 millones de dólares con gobiernos internacionales”, escribió Zablah.

El perfil de la empresa que Zablah pedía que se contratara para manejar la publicidad del Ejecutivo parecía una descripción en la que se enlistaban las características de Polistepeque: una empresa con experiencia internacional, con servicios dados a otros gobiernos, y que se definiera como agencia y productora.

Zablah, entonces sí, explicaba el propósito de la contratación que dos meses más tarde iba a pedirle el presidente de la ANDA: la disminución de costos, y lo planteaba como un argumento central de la compra conjunta que iban a hacer una docena de instituciones del Ejecutivo. “Debe tener la capacidad de ofrecer el servicio descrito a todas las instituciones de la administración pública esto con el fin de disminuir los costos en este rubro para todas las instituciones que podrían involucrarse”. Rivas asegura que no se enteró del diseño de la contratación que terminó favoreciendo a Polistepeque.

Durante los primeros dos años y medio del gobierno Funes, Zablah dejó un rastro en 10 oficinas del Ejecutivo, en la Presidencia y en varios medios de comunicación a los que visitó en aquellos meses. Su nombre y firma la retratan como intermediaria en la aprobación de pagos de 10 instituciones del Ejecutivo a Polistepeque. Por ejemplo, aparece en los documentos de los pagos que el Ministerio de Seguridad hizo a la agencia, aunque dicho ministerio declara hoy que el contrato con Polistepeque es “inexistente”, porque ante una solicitud de información de El Faro, la respuesta fue que no lo encontraron. Zablah aprobó los 233 presupuestos de servicios de publicidad para Seguridad que acompañaron a igual número de facturas, algunas por promocionales impresos que costaron mil 364 dólares y otras por la colocación de spots de televisión en espacios prime time por 278 mil dólares. Así es como la firma de Zablah aparece en todos los presupuestos en los que se justificó que este ministerio erogara 1 millón 89 mil 4 dólares con 98 centavos entre el 31 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.

El extravío de documentos que respaldan la contratación de Polistepeque también afectó al menos a otra institución del Ejecutivo: el Ministerio de Obras Públicas. El ministro de esta cartera, Gerson Martínez, a pesar de que suscribió el acuerdo fechado 19 de noviembre de 2009, eventualmente se negó a que el MOP pagara a Polistepeque. Lo que sucedió, explica, es que cuando llegó el momento del cobro, debido a que la Presidencia de la República era la responsable de centralizar las contrataciones, esta debía entregar los documentos que sustentaran la prestación de los servicios por parte de Polistepeque. Pero la Presidencia carecía de la documentación que respaldara la compra de servicios por más de 27 mil dólares y por eso, dice Martínez, él se rehusó a que se pagara un solo centavo. En otras dos instituciones del Ejecutivo, aunque pagaron a Polistepeque por los servicios brindados, ya no tienen la documentación de respaldo sobre comunicaciones y controles administrativos porque la destruyeron hace tiempo.

Antes de que llegara el momento de hacer esas contrataciones, sin embargo, todavía había que justificar que Polistepeque era la única compañía presente en El Salvador con las características que buscaba el gobierno. Y el estudio que concluía eso iba a hacerlo una persona ajena al gobierno que poco después de entregar su informe sería contratada por la Presidencia de la República.

Infografía de El Faro sobre el caso Polistepeque: Andrea Burgos

La versión de Rivas sobre su nula participación en toda la trama que rodea la contratación de Polistepeque parece quedar confirmada en cada notificación de solicitud de servicio que Zablah firmaba en nombre de cada una de las 10 dependencias del Ejecutivo que contrataron a Polistepeque. “El objeto del presente contrato consiste en el Suministro de Servicios denominados: Servicios de Agencia de Publicidad para Diseño, Producción e Implementación de Campañas Publicitarias, y estará bajo la tutela de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República, en especial de la Dirección de Publicidad de la misma”, dice una de las cláusulas. Y luego explica el mecanismo: “La notificación de Solicitud del Servicio, (deberá ser) extendida por la Institución a través de la Dirección de Publicidad de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República”.

Cuando este periódico preguntó a Rivas por qué si él era el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, estuvo a un lado de esas contrataciones, responde: “A mí se me comunicó de forma verbal que la persona que iba a ver el tema de la publicidad iba a ser Patricia Zablah”. ¿Quién se lo comunicó? “Desde el inicio del gobierno fue una decisión del presidente Funes”.

Información ya fue destruida

En junio de 2008, Joao Santana tomó la dirección de la campaña que llevó a la presidencia a Mauricio Funes. Este asumió el cargo el 1 de junio de 2009 y cinco semanas más tarde, el 7 de julio, Santana registró su nueva empresa Polistepeque, S.A. de C.V. Dos meses más tarde, Zablah detallaba cómo debía ser la compañía a contratar, y un mes más tarde, el 15 de octubre, un consultor cuyo contrato tampoco existe en la Presidencia de la República, rindió un informe en el que estableció que solo Polistepeque reunía el perfil que buscaba Zablah. Con dicho documento como respaldo, la administración Funes dio paso a la contratación de Polistepeque sin someter a concurso la prestación de los servicios.

La contratación directa, según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), procede cuando se cumple al menos uno de los siguientes requisitos: si se ha abierto concurso dos veces y ninguna empresa ha participado; si hay un único proveedor de un bien o servicio, o si hay urgencia por alguna calamidad que impida esperar el tiempo que toma una licitación porque se pone en riesgo el interés general. La contratación de Polistepeque solo podía caber bajo el argumento de que era la única compañía que podía proveer el servicio. Y en eso fueron claves las palabras “agencia” y “productora”, aunque…

Un tercer exfuncionario de la Presidencia que pidió el anonimato por temor a represalias asegura que en realidad hubo un estudio que determinó que al menos dos agencias ya establecidas en El Salvador mucho antes de la llegada de Santana estaban en capacidad de dar el servicio que se necesitaba. “Pero se les desestimó porque se creía que sus directivos eran personas demasiado cercanas al partido Arena”, dijo esta fuente.

El Faro preguntó a David Rivas si, dado que él era el secretario de Comunicaciones, no advirtió al presidente Funes sobre una posible violación a la LACAP al optar por la contratación directa para favorecer a la agencia del amigo del gobernante. “Con el presidente no lo conversé. Lo conversé con otras personas y lo que me dijeron es que se le encargó a una persona que hiciera la indagación y me dijeron que esa persona había establecido que no existía en el medio nacional una agencia con capacidad para darnos el servicio que nosotros requeríamos”.

Ese consultor fue el abogado Luis Paulino Selva Estrada, quien entregó un informe al director de Adquisiciones, Ricardo Marroquín. En la Presidencia no hay un documento que haga constar que a Selva Estrada se le pagó por su trabajo. Con ese informe se abrió la puerta para que Polistepeque obtuviera en los siguientes meses contratos por al menos 5.6 millones de dólares con una decena de instituciones del Ejecutivo.

Para hacer su estudio, Selva Estrada se dedicó a revisar documentación pública en el Registro de Comercio y fue ahí donde, semanas después de que Santana fundara Polistepeque, encontró que solo esta incluía en su escritura de constitución, aquellas dos palabras que Zablah había decidido que tenían que respaldar a la agencia que se contratara: agencia y productora. El informe de Selva Estrada añadió que las escrituras de Apex Publicidad, de Máxima, de Obermet y de Bianchi y Asociados carecían de esos términos. Basado en ese hallazgo, Selva Estrada recomendó en su informe del 15 de octubre de 2009 a Ricardo Marroquín, no licitar y entregar el contrato a la empresa de Santana. Dos meses y medio después de presentado el informe, Selva Estrada fue contratado en la Dirección de Adquisiciones a cargo de Marroquín. El Faro buscó una entrevista con el abogado Selva Estrada, pero al cierre de este reportaje no había respondido las solicitudes que se le hicieron.

David Rivas dice que cuando conversó este punto con Zablah, esta le aseguró que todo estaba en regla.

-Usted señala a la directora de Publicidad, como responsable de las gestiones para la contratación de Polistepeque, pero según el organigrama de la Presidencia, ella estaba subordinada a usted. ¿Cómo puede usted desvincularse de la decisión de contratar a Polistepeque si usted era el superior inmediato de Patricia Zablah?

-Te hablo con franqueza. Yo no participé en el proceso de licitación ni de contratación de Polistepeque. Te hablo con absoluta verdad.

-Pero usted era el secretario de Comunicaciones. ¿En ningún momento objetó nada?

-Yo pregunté “¿todo está bien?” Y “sí, sí, sí, todo está en regla”, me dijeron.

Aunque Rivas se desmarca de toda responsabilidad, en un memorando del 27 de julio de 2009, dirigido a los ministros, viceministros, secretarios de la Presidencia y presidentes de autónomas, les informa que por instrucciones del presidente Funes toda búsqueda de servicios de publicidad deberá canalizarse por medio de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. No precisa que por medio de la Dirección de Publicidad que dirigía Patricia Zablah. El exfuncionario sostiene que eso fue todo lo que él hizo en relación con lo que, eventualmente, se convertiría en la contratación directa de Polistepeque. Además, que la intención de ese memorando era coordinar la comunicación, no centralizarla en favor de la empresa de Joao Santana.

Memorando del 27 julio de 2009 enviado por David Rivas en el que les ordena a ministros, viceministros y jefes de autónomas -por instrucción de Mauricio Funes- la coordinación de las licitaciones de publicidad y la aprobación de campañas en Casa Presidencial. Foto: Archivo El Faro.

Memorando del 27 julio de 2009 enviado por David Rivas en el que les ordena -por instrucción de Mauricio Funes- a ministros, viceministros y jefes de autónomas que coordinen y que pidan la aprobación para licitar y para llevar a cabo campañas de publicidad a la secretaría de comunicaciones de Presidencia de la República. Foto: Archivo El Faro.

“Les reitero mi llamado a coordinar con la Secretaría de Comunicaciones cualquier proceso de planeación de campañas publicitarias que tengan previsto realizar, ya que será necesario el aval previo de esta dependencia de la Presidencia de la República para poder licitar y desarrollar cualquier esfuerzo comunicacional”, instruía Rivas -en dicho memorando- a ministros, viceministros y presidentes de autónomas.

El Faro reveló en enero de 2010 la maniobra del presidente de la República para otorgar todo el pastel publicitario del Ejecutivo al amigo del presidente Funes.

Las gestiones de la estructura paralela posibilitaron que Polistepeque recibiera al menos 5.6 millones de dólares del gobierno Funes sin tener que competir con ninguna otra agencia de publicidad. Esta cifra, parcial, ha sido recogida por El Faro gracias a la información contable de 10 oficinas del Ejecutivo, que todavía guardan información relativa al gasto de publicidad. Esas gestiones permitieron a Santana mantener una incidencia en las comunicaciones y en la construcción de la imagen del gobierno, aunque ni él ni quien había sido su mano derecha durante la campaña, Luis Verdi, se expusieron en público.

El Faro solicitó información sobre contratos de publicidad y controles administrativos de prestación de servicios a 12 instituciones del Ejecutivo y descubrió que algunas la han destruido. De las 12 instituciones, una -la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)- dijo que no usó los servicios de Polistepeque y, por lo tanto, no tiene ningún documento. Una segunda, el ISSS, respondió que en 2011 el jefe de comunicaciones dio instrucciones para destruir documentación sobre comunicaciones oficiales y controles administrativos de los años 2009 y 2010. Es decir, se destruyó documentación con apenas un año de existencia. Mientras, el FSV destruyó el 20 de julio de 2015 reportes contables del año 2010 amparándose en el artículo 19 de la Ley de Administración Financiera (AFI). Ese artículo dice que deben pasar al menos cinco años para que documentos sobre comunicaciones oficiales puedan ser destruidos, y 10 años para que pueda destruirse reportes contables.

Polistepeque cerró operaciones en El Salvador en en enero de 2012. Solo en sus primeros 19 meses facturó 8.5 millones de dólares, de los cuales al menos 5.6 millones provinieron de pagos por servicios de publicidad de 10 instituciones del Ejecutivo. El último movimiento de Polistepeque en El Salvador data de 2012, cuando la empresa transfirió a sus dos accionistas -Joao Santana y Mónica Moura- 3 millones de dólares por medio de un préstamo, según información contable presentada por Polistepeque ante el Registro de Comercio.

Mauricio Funes, al igual que sus predecesores, decidió que el gasto en publicidad de su gobierno debía mantenerse lejos de los ojos de los ciudadanos. El secretario privado de Funes, Francisco Cáceres, declaró bajo reserva durante siete años la información de todos los expedientes sobre adjudicación y contratación de servicios de agencias de publicidad. Tras la orden de 2016 de la Sala de lo Constitucional de dar a conocer dicha información, la Presidencia publicó algunas piezas del rompecabezas Polistepeque. Pero no divulgó -y dice no tener- información de control administrativo del gasto en publicidad. La Dirección de Adquisiciones respondió que esos documentos no están incluidos en el expediente de compras de publicidad, y la Unidad Financiera contestó que no hace control administrativo de la compra de esos servicios. ANDA, Seguridad, Salud, Educación, Fonavipo y Hacienda tienen sus propios registros de control administrativo donde entre facturas, pólizas y presupuestos se puede reconstruir un poco del negocio de Polistepeque durante la administración Funes.

David Rivas insiste en que él no tiene idea de cuánto se pagó a Polistepeque, porque él no manejaba esa área.

Luis Verdi informó, vía correo electrónico, que él trabajó para Polistepeque entre 2008 y 2009. Asimismo, negó que él hubiera dirigido dentro de la Presidencia de la República una estructura paralela a la Secretaría de Comunicaciones. Sostuvo, además, que su tarea era, esencialmente, asesorar al presidente en el tema de discursos y que no manejaba la publicidad. -Añadió que en algún momento Héctor Silva estuvo en su equipo de trabajo.

Cuando Verdi llegó a El Salvador ya tenía en su currículo asesorías en comunicación a algunos gobiernos. Por ejemplo, fue asesor del presidente argentino Eduardo Duhalde. Y Santana tenía en sus antecedentes recientes el diseño de la exitosa campaña para la reelección del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Silva dice que en el segundo semestre de 2011, cuando él trabajaba como consejero en la embajada de El Salvador en Washington, fue contactado por Verdi para invitarlo a que desarrollara un proyecto de divulgación de las políticas del presidente Funes. “Pedí permiso sin goce de sueldo a Cancillería y trabajé en ese proyecto entre noviembre de 2011 y enero de 2012”, añade. Lo que se planeaba era un programa de televisión en el que el mandatario expusiera la marcha de su administración. “Eso no tenía nada que ver con el programa de radio que inició después”. Durante esos tres meses, dice Silva, su sueldo lo pagó la Presidencia de la República.

El Faro buscó en reiteradas ocasiones a Patricia Zablah para pedirle una entrevista. Por medio de correo electrónico, por medio de una carta que fue recibida por el portero del edificio de apartamentos donde vive, y también por medio de mensajes de Whatsapp a uno de sus familiares. Nunca respondió las solicitudes. El Faro logró contactar con Ricardo Marroquín, pero este dijo que no haría comentarios.

Patricia Zablah, Joao Santana, Polistepeque cerró operaciones en enero de 2012. Pocos días antes, dice David Rivas, hubo una reunión en la que se selló el fin de aquella relación entre Funes y Santana. “Joao le dijo a Mauricio que para él no era negocio El Salvador porque los ingresos que obtenía eran muy bajos”. Y el presidente le respondió que tenía que comprender la realidad de este país. “Ubicate, este no es ni Brasil ni Argentina, es El Salvador y no tenemos recursos”. El empresario añadió, entonces, que si esa era la única respuesta que iba a obtener, prefería cerrar su empresa en El Salvador. “Entonces andate”, le dijo el presidente. Y Santana se marchó el 31 de enero.

*Con reportes de Sergio Arauz

Carta a la familia de Paco Flores: No es venganza, es justicia. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 31 enero 2017 / EDH

Estimados amigos:
El 25 de enero 2016, a sólo cinco días de la muerte de Paco, publiqué una carta diciendo: “Espero que te recuperés, y plenamente. Te lo deseo, de toda corazón, por el bien tuyo y de tu familia, obviamente, pero también por el bien del país, de la justicia. La gente quiere (y merece) justicia. Y el caso tuyo es emblemático: la primera vez que un ex presidente enfrenta la justicia. Casi automáticamente, tu caso se ha convertido en el gran test del sistema: ¿Habrá justicia o habrá impunidad? Y yo agrego otra disyuntiva: ¿Habrá justicia o habrá venganza?”

diario hoyNo hubo justicia: Paco Flores no tuvo oportunidad de limpiar su nombre ante la corte. Hubo venganza: Lo dejaron morir al no concederle las condiciones de arresto adecuadas a su estado de salud.

Los principales culpables ya están pagando sus pecados. El autor intelectual, Mauricio Funes, auto-exiliado en Managua, sin amigos, sin injerencia política; y Luis Martínez, el manipulador del sistema judicial, preso en Mariona, jugando naipes con el Gordo Max y Tony Saca.

La justicia les va a caer, aunque por el momento no por la persecución política que llevó a la muerte de Paco Flores. No importa: Todos entienden que estos dos, que tanto manipularon y tantas voluntades transaron, también lo hicieron en su proyecto más emblemático: destruir política, moral y físicamente a Paco Flores.

Sé que para ustedes, esta herida nunca va a sanar. Tampoco con venganza. Mauricio Funes y Luis Martínez se están cayendo, no porque alguien se quiera vengar de ellos, sino por la cantidad de maldades que hicieron, que hasta la fecha ni siquiera se están judicializando.

Lo irónico: Funes y Martínez están sintiendo, en carne propia, las tempestades que ellos mismos despertaron. Cuando Funes comenzó su campaña mediática contra Paco, yo le dije en una carta: “Cuidado con esta Caja de Pandora, presidente. Una vez abierta, no la podrá cerrar, cuando salgan demonios que le asustan a usted.” Pero Funes la abrió, sembró las tempestades de la persecución política y de la justicia convertida en venganza – y ahora todos los fantasmas y morbos que él despertó, lo persiguen a él.

Por obra de Mauricio Funes y Luis Martínez ya no hay juicio de corrupción que no se convierta en circo mediático – o en Circo Romano, con él tirado a los leones.

Nadie de nosotros –ni el propio Paco, ni ustedes como familia, ni sus amigos, ni los que hemos criticado la justicia por caer en persecución política – pedimos venganza. Siempre pedimos justicia. Nada de impunidad, y nada de juicios mediáticos.

Yo lo sostengo incluso en los casos contra Saca, Funes y el ex fiscal. No necesitamos que les humillen.

Yo no soy el indicado para hablarles a ustedes de las cualidades de Paco. No he sido su amigo. Pero hay que proteger el derecho de defender la dignidad y la inocencia no para los amigos, sino para todos. Ustedes, como familiares, han mostrado dignidad. Es el homenaje más grande que podemos dar a Paco: no permitir que se siga politizando la justicia.

Les saludo con mis respetos,

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