Mauricio Funes

Cómo la corrupción de Odebrecht abonó a la campaña de Mauricio Funes. De Jimmy Alvarado

La Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil afirman que Odebrecht hizo pagos por 5.3 millones de reales a Joao Santana para que este dirigiera la campaña electoral de Mauricio Funes en 2008. Los fondos provenían de la división de Operaciones Estructuradas, la oficina de Odebrecht que canalizaba sobornos al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. Medios brasileños revelan confesiones de un ejecutivo de Odebrecht que vincula a la ex primera dama, Vanda Pignato.

El 9 de agosto de 2010, el presidente Mauricio Funes y la primera dama Vanda Pignato hicieron una visita oficial a Brasil. Se reunieron con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva en una ceremonia en Sao Paulo de la Federación de Industriales (FIESP). AFP PHOTO/Mauricio LIMA / AFP PHOTO / MAURICIO LIMA

El 9 de agosto de 2010, el presidente Mauricio Funes y la primera dama Vanda Pignato hicieron una visita oficial a Brasil. Se reunieron con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva en una ceremonia en Sao Paulo de la Federación de Industriales (FIESP). AFP PHOTO/Mauricio LIMA / AFP PHOTO / MAURICIO LIMA


Jimmy Alvarado, 20 abril 2017 / EL FARO

La Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil han vinculado la millonaria trama de corrupción de Odebrecht con la campaña electoral del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, a través de una triangulación de fondos que habría sido diseñada por las principales cabezas de la gigante de la construcción en América Latina, el expresidente Lula da Silva y su ministro de Hacienda. El desembolso de esos fondos fue efectuado por Odebrecht y llegó hasta Joao Santana, el publicista que enrumbó la campaña presidencial del FMLN en 2009, y a quien Funes no solo lo consideró el artífice de su triunfo, sino que además le llamó “amigo”.

Las autoridades brasileñas se amparan en registros contables y testimonios de los principales involucrados en un pago de 5.3 millones de reales a Santana (1.6 millones de dólares al cambio actual, 3 millones en 2008, el año en el que habrían ocurrido esos aportes) para afirmar que la campaña del que se convertiría en el primer presidente de izquierdas en El Salvador recibió fondos provenientes de la mayor trama de corrupción y lavado de dinero en Brasil.

En la triangulación de fondos, según la Policía, participó Antonio Palocci, el ex ministro de Hacienda de Lula da Silva y operador político del Partido de los Trabajadores; el CEO de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht, y Mónica Moura, esposa de Joao Santana.

Las autoridades brasileñas señalan que el pago a Santana, para que este dirigiera la campaña de Funes, fue canalizado a cuentas internacionales de la esposa del publicista, Mónica Moura, para asumir los costos de los servicios de publicidad.

“En ese caso los elementos probatorios inducen a concluir que Odebrecht a partir de un ajuste hecho por Antonio Palocci Filho pagó los gastos de Joao Cerqueira de Santana Filho y de Mónica Regina Cunha Moura relacionados a la campaña por la Presidencia de la República de El Salvador que ganó Mauricio Funes en 2009”, dice uno de los requerimientos presentados por la Policía ante el Tribunal de Curitiba el 5 de febrero de 2016.

Joao Santana se incorporó a la campaña de Mauricio Funes en junio de 2008, según declaró a El Faro el exsecretario de Comunicaciones, David Rivas. Aunque la Policía no precisa la fecha exacta en la que Santana recibió los desembolsos para trabajar en la campaña presidencial de Funes, señala que estos pagos fueron realizados ese mismo año. Joao Santana y su equipo brasileño produjeron y lanzaron una de las piezas insignia de la campaña de Funes, en la que el entonces candidato anunciaba que perseguiría a la corrupción como nunca antes en El Salvador:  “Yo sé que hay muchos corruptos preocupados con mi victoria -decía Funes en aquel spot-. Y tienen razón. Mientras faltaban medicina en los hospitales, ellos se llenaban los bolsillos. Mientras las familias no tenían qué comer, ellos construían sus mansiones sobre las champas y la miseria. Por eso, no tengan dudas amigos: se va a acabar el tiempo en el que la cárcel era solo para los ladrones de gallinas. La cárcel será para todo los criminales, pobres o ricos. Y cuánto mayor sea el robo, mayor será el castigo”.

En febrero de 2016, el arquitecto de esta pieza y su esposa fueron condenados a 8 años y 4 meses de prisión en Brasil por lavado de dinero. Quien personificó el mensaje de este spot se refugia en Nicaragua en medio de una investigación en El Salvador por corrupción y por un incremento patrimonial injustificado.

La computadora, los registros, los testimonios

La conclusión de la Policía sobre los vínculos de Odebrecht con la campaña de Mauricio Funes parten de peritajes a registros contables, a correos y a testimonios de empleados de la división de Operaciones Estructuradas. Esta división era una oficina de Odebrecht que fue creada con el propósito de canalizar pagos de sobornos a funcionarios del Partido de los Trabajadores de Brasil, según el Ministerio Público de dicho país, y también para pagar sobornos a funcionarios de países de América Latina y de África, según indagaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Nueva York.

En mayo de 2014, la Policía encontró un archivo electrónico con un registro contable del año 2008, en el que se consignaba un pago de 5.3 millones de reales en El Salvador. El archivo fue encontrado en una computadora tras un allanamiento a la residencia de María Lucía Guimaraes Tavares,  una mujer que laboró seis años en la oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht hasta su captura en mayo de 2014.

Uno de los archivos que llamó la atención de la Policía fue un documento de excel “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” en el que se registraban -en palabras de la Policía- “controles de pagos” para financiar campañas del PT y también un pago para la campaña de Mauricio Funes.

“Debe hacerse notar que “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” revela que la división de Operaciones Estructuradas llevaba control de pagos hacia João Cerqueira de Santana Filho, Mónica Regina Cunha Moura y otros beneficiarios que no han sido identificados, y tales pagos eran coordinados por Antonio Palocci Filho junto con Marcelo Bahía Odebrecht”, dice el peritaje de la Policía Federal de Brasil del 20 de junio de 2016.

La Policía determinó que el archivo “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” estaba en clave: “italiano” se refería a Palocci y “MO” a Marcelo Odebrecht. Palocci fue ministro de hacienda de Lula da Silva del 1 de enero de 2003 al 27 marzo de 2006, diputado del 1 de febrero de 2007 al 31 de diciembre de 2010 y un importante operador político del Partido de los Trabajadores. Del 1 de enero al 7 de junio de 2011, fue jefe del gabinete de Dilma Rousseff. Marcelo Odebrecht fue de 2005 a 2015 el CEO de Odebrecht, una de las empresas constructoras más grandes de América Latina.

En el archivo “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” había un apartado que decía “Evento El Salvador vía Feira (2008)” y a la par decía el monto asignado, 5.3 millones de reales. Según la Policía, “Feira” es el nombre clave con el que Guimaraes y Odebrecht se referían a los esposos João Cerqueira de Santana Filho y Mónica Regina Cunha Moura. Las autoridades destacan que el registro contable diga “vía” antes de “Feira”. “El vía indica que estos montos no eran destinados directamente a Joao Santana, sino que era el intermediario para hacer llegar el dinero a su destino”.

Gracias a peritajes a teléfonos y correos de Guimaraes y de Marcelo Bahía Odebrecht, la Policía concluyó que cuando en los registros contables  de la división de Operaciones Estructuradas se usaba la palabra “evento” hacían referencia a campañas electorales. Las conclusiones de estos peritajes en Brasil indican que Odebrecht financió la campaña de Funes pagando los gastos de Joao Santana.

La Policía Federal de Brasil afirma que hay evidencia robusta de que los pagos mencionados en el documento “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” se llevaron a cabo, aunque todavía no hay una sentencia en los Tribunales por este caso. “Por lo tanto, hay indicios de que efectivamente se realizaron pagos a través de JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO y Mônica REGINA CUNHA MOURA, a los que se refirieron MARCELO BAHIA ODEBRECHT y el SECTOR DE OPERACIONES ESTRUCTURADAS de ODEBRECHT por el código Feira, relacionados con Elecciones presidenciales en El Salvador”.

Odebrecht es investigada por el caso “Lava Jato” – auto lavado- que consistía en un grupo de empresas que se ponía de acuerdo para ganar contratos con Petrobas, la petrolera estatal brasileña. Desde marzo de 2014, la justicia brasileña investiga a alrededor de 16 empresas que ganaban contratos con sobre precio, en el que se establecía que Petrobas pagaba por una obra, por la ganancia de la empresa y un soborno que podía ascender -según el Ministerio Público Federal de Brasil- entre el 1% y el 5% del contrato que iba dirigido a funcionarios del Partido de los Trabajadores.

Este esquema fue repetido en más de 11 países por  Odebrecht y Braskem -dos empresas hermanas- según una Corte en Nueva York que los condenó a pagar 788 millones de dólares y a mejorar controles internos para evitar este tipo de prácticas. La justicia brasileña estima que la oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht pagó en total 3 mil 370 millones de dólares en sobornos de 2006 a 2014.

Funes y Pignato se desvinculan, pero callan sobre Santana

El 18 de abril de 2017, O Globo publicó una confesión de Hilberto Mascarenhas, grabada el 15 de diciembre de 2016, en la que el coordinador de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la oficina creada en la compañía para coordinar los pagos de sobornos en Brasil y en el extranjero, dice que fue Vanda Pignato quien solicitó al ex presidente Lula la ayuda del PT para la campaña de Funes. Según O Globo, fue Pignato -quien desde 1980 fue militante del PT- quien intermedió para que Odebrecht apoyara la campaña a través de la incorporación del publicista Joao Santana.

Ante la pregunta sobre a qué se refiere un documento cuando menciona un evento en El Salvador, Mascarenhas respondió: “Es un pago de soborno”, y mencionó a Pignato. “La esposa -de Funes- pidió que Odebrecht apoyara la campaña a través de la contratación de Joao Santana y también fue una petición del gobierno brasileño no sé de quién exactamente”.

Según O Globo, Mascarenhas incluso explica que hubo una confusión con la cantidad solicitada por Pignato a Lula. Según él, la cantidad solicitada era 5.3 millones de reales (que en esa época equivalía a 3 millones de dólares), pero que Marcelo Odebrecht aprobó 3 millones de reales. El periódico brasileño OGlobo afirma que alguien se quejó en Brasilia por la equivocación ante el presidente Lula y le fue requerido a Mascarenhas corregir el error. Mascarenhas explica que nunca tuvo certezas, pero que llegó a escuchar que la persona que se quejó fue Mónica Moura, la esposa de Joao Santana.

En El Salvador, exfuncionarios de la presidencia Funes, como el secretario de Comunicaciones David Rivas, confirman que la relación entre Vanda Pignato, Joao Santana y Mauricio Funes se construyó durante la campaña, y se fortaleció en el cierre de la misma, con el triunfo electoral. Tras la victoria presidencial, Funes se dirigió a Joao en su discurso: “Agradezco, y quiero esta noche hacer un testimonio público a mi asesor y amigo, Joao Santana, su esposa y su formidable equipo de producción y de trabajo. ¡Muchas gracias!”.

Durante el inicio de su mandato, y sin que se conociera todavia la trama de Odebrecht, funcionarios de la casa presidencial ya daban cuenta de cómo era de importante Santana en la presidencia, y quien lo había llevado hasta Funes. El Faro conversó con dos ex funcionarios de Presidencia de la República, quienes aceptaron hablar bajo condición de anonimato. Uno de ellos ante la pregunta sobre quién hizo los contactos para traer a Joao Santana al país para dirigir la campaña de Funes contestó: “la respuesta es de sentido común. ¿Quién más tenía contactos con el Partido de los Trabajadores en Brasil?”. El Faro le preguntó si fue Vanda Pignato, a lo que contestó asintiendo con la cabeza. Otro ex funcionario también dijo que los contactos los hizo Vanda y afirmó que los servicios de Santana los había pagado el PT.

Pero la ex pareja presidencial niega estar vinculada a la trama de corrupción de Odebrecht, y que hayan participado del desvío de fondos desde Brasil para la campaña presidencial de Mauricio Funes. Sin embargo, si el aporte de Odebrecht a la campaña no existió, como aseguran las autoridades brasileñas, Funes y Pignato se guardan explicar cómo es que Joao Santana y su equipo llegaron al país, y quién pagó por los servicios del publicista brasileño durante la campaña presidencial 2008-2009.

El Faro solicitó respuestas a Funes y a Pignato el 19 de abril. A través de la oficina de prensa de la Secretaría de Inclusión Social de El Salvador, Pignato mandó a decir que ella no manejó el tema de la publicidad ni durante la campaña ni durante el periodo presidencial, y dijo que no haría más comentarios sobre el tema.

A través de mensajes privados en su cuenta oficial en Twitter, el expresidente Funes respondió que ni él ni su equipo le pagaron a Joao Santana ni gestionaron fondos de empresas brasileñas para que este cobrara por esa vía sus honorarios.

El Faro preguntó a Funes si gracias a las gestiones de Vanda Pignato con el ex presidente Lula y con el PT Joao Santana había venido al país. También preguntó si el PT y Lula pagaron los servicios de Santana. “Joao Santana y su empresa publicitaria se limitaron a asesorar mi campaña presidencial y ni Vanda ni yo ni nadie de mi equipo de campaña pagamos este servicio ni recibimos dinero de ninguna empresa brasileña para cubrir los gastos de campaña”, dijo Funes.

El ex presidente salvadoreño se desmarcó de la publicación de OGlobo, en el que este periódico menciona a Pignato como la responsable de gestionar el apoyo de Lula para que Santana viniera a El Salvador y también se desmarcó de los pagos de Odebrecht -que según OGlobo se hicieron a cuentas internacionales de Mónica Moura- para cubrir los servicios de Santana y su equipo durante la campaña presidencial de Funes.

“Ni Vanda ni yo podemos dar cuenta de las relaciones que la empresa publicitaria de Santana pudo haber tenido con Odebrecht, el PT o el presidente Lula. Lo que haya hecho el ex ministro de finanzas del ex presidente Lula (Antonio Palocci) no es asunto de nuestra incumbencia y escapa a nuestro conocimiento. Las transferencias internacionales que según ustedes se dieron en cuentas del exterior de Mónica Moura tampoco es asunto de nuestro interés y escapa a nuestro conocimiento”, añadió Funes.

Tras el triunfo electoral,  Santana y Moura crearon una empresa de publicidad en El Salvador, Polistepeque S.A de C.V. En los primeros meses de su mandato, Funes creó con funcionarios de confianza una estructura paralela  a la Secretaría de Comunicaciones, que se encargó de manejar la billetera asignada a la publicidad gubernamental y que también se encargó de que Polistepeque no tuviera competencia.

Desde noviembre de 2009, Funes maniobró para entregarle todo el pastel de contratos de publicidad a Polistepeque. Al cabo de dos años y medio, dicha empresa de publicidad facturó en El Salvador 8.5 millones de dólares, de los cuales al menos 5.6 millones de dólares provinieron de contratos con instituciones del ejecutivo. La relación Santana-Funes acabó en enero de 2012, cuando Polistepeque cerró operaciones en El Salvador.

El Faro envió dos preguntas más a Funes: ¿Cómo le responde a la Policía Federal de Brasil que especula hubo ventajas indebidas para Joao Santana en la asignación de contratos después de las elecciones presidenciales en El Salvador? ¿Cómo le responde a quienes especulan que los contratos ganados por Polistepeque fueron una retribución por los servicios prestados durante la campaña?

“No tengo más que agregar”, respondió el expresidente.

Cinco años después del triunfo electoral de Funes, Santana y su esposa, Mónica Moura, comenzaron a ser investigados en Brasil, porque no declararon ante el fisco que tenían empresas offshore en Panamá con cuentas de banco en Suiza. La Policía solicitó prisión preventiva para Santana y para Moura y pidió ampliar la investigación por los delitos de corrupción y lavado de dinero.

“Los investigados pueden estar involucrados en actividades criminales más serias como lavado de dinero y corrupción. No debe banalizarse la práctica del fraude con el uso de estos escasos recursos o por lo menos recursos inexplicables utilizados en las campañas electorales, tanto en Brasil como en el extranjero, considerando la consiguiente afectación de la integridad de los procesos políticos democráticos”, dice el pedido de prisión preventiva contra Santana y Moura del 15 de febrero de 2016.

El juez de Curitiba, Sergio Moro, condenó el 2 de febrero de 2017 a ocho años y 4 meses de prisión a la pareja por lavado de dinero. Ambos recibieron dinero de parte de Grupo Keppel Fels, un grupo de presión que pagó sobornos para recibir contratos de Petrobas. Parte de estos sobornos pagaron los servicios que Santana y Moura prestaron al Partido de los Trabajadores durante la campaña presidencial de Dilma Rousseff de 2010.

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Carta a doña Norma Guevara: No trate de tapar el sol con un dedo. De Paolo Luers

Paolo Luers, 18 abril 2017 / MAS! y EDH

Estimada diputada:
Puede ser un gesto noble que usted trate de defender a un amigo, a quien todos los demás han abandonado, como es el caso con Mauricio Funes. O puede ser el intento vano de tapar el sol con un dedo.

“No hay ninguna prueba que incrimine que el expresidente Funes se enriqueció con fondos públicos,” dijo usted. Y saca la conclusión atrevida que el proceso que se sigue en contra de Funes “no es más que una forma de persecución política orquestada.”

Incluso en el caso hipotético que usted tuviera razón que “Funes no tomó dinero de las arcas del Estado para beneficio propio y de su familia”, su conclusión es engañosa. Hay distintas formas de enriquecimiento ilícito, y no todas significan que se haya robado al arco público como lo hizo Toni Saca.

Las ‘donaciones’ que Mauricio Funes recibió de Nico Salume y Odebrecht (por conducto de Lula y su representante en El Salvador, Vanda Pignato) no provienen del arco público, pero igual constituyen enriquecimiento ilícito.

Tampoco el enriquecimiento ilícito es la única manera que un presidente puede cometer delitos de corrupción. Asumamos generosamente que no fuera cierto (o que no se pudiera comprobar) que una porción de los más de 100 millones de dólares que la CEL hizo a ASTALDI (por órdenes del entonces presidente Funes, pagando obras no realizadas en El Chaparral) se haya reciclado a cuentas de Funes, pasando por diferentes cuentas en Panamá. Incluso bajo esta hipótesis quedaría fuera de duda que Funes causó un enorme daño al Estado y sus finanzas. Quedaría también fuera de duda que cometió delitos.

Con su experiencia usted debería saber que siempre el ‘daño colateral’ de la corrupción es mucho más alto que los montos que malos funcionarios roban al Estado. Hablando del primer mandatario de su partido, el ‘daño colateral’ que causó al país con sus decisiones corruptas en los casos CEL-ENEL y El Chaparral es infinitamente más grande que un par de millones que puede haberse apropiado. Es un daño a la eficiencia y sostenibilidad de nuestra sistema de generación eléctrica, desfinanciando a instituciones estatales como CEL y LaGeo. Este daño lo pagamos todos los meses los consumidores y las empresas productoras con tarifas altas de energía.

Si sumamos el daño que las decisiones corruptas de Funes y sus operadores en CEL y CEPA causaron a la confianza de los inversionistas, realmente los lujos que estos hombres se dan como resultado de enriquecimiento ilícito parecen de poca monta.

Incluso si usted tuviera razón en afirmar que Funes no robó fondos del Estado, su intento de tapar el sol con un dedo ciertamente no es la noble defensa de un hombre que se ha quedado sin amigos.

Saludos,

 

 

Nicaragua da refugio a los corruptos: Carlos Fernando Chamorro

El periodista nicaragüense cuestiona la forma en la que Ortega le dio asilo al expresidente Mauricio Funes.

Crítico. Chamorro cuestionó la llegada de Funes a tierra nicaragüense. Dice que casos como el del expresidente salvadoreño dañan imagen de su país.

Cristian Meléndez, 31 marzo 2017 / LPG

El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro aseguró que su país se está convirtiendo en refugio para exfuncionarios que son señalados en sus países de origen de haber cometido posibles actos de corrupción mientras estuvieron al frente de la gestión pública. Uno de los últimos inquilinos del país centroamericano es el expresidente de la república Mauricio Funes.

Funes actualmente es investigado por al menos cinco delitos que están relacionados con posibles actos de corrupción: peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias. Todos habrían sido cometidos entre 2009 y 2014 como el primer presidente de la república bajo la bandera del FMLN. Eso lo llevó a pedir, con ayuda de dicho instituto político, asilo en Nicaragua, el cual fue aprobado por Daniel Ortega de forma exprés el 1.º de septiembre de 2016.
“Dar asilo es parte de una política muy particular del gobierno del presidente Daniel Ortega, que en los últimos meses ha acogido a varios exfuncionarios públicos que en sus países están siendo señalados por sus autoridades por casos de corrupción o que están en proceso de investigación”, expresó Chamorro al consultarle sobre el beneficio que le otorgó el gobierno sandinista a Funes.

Para Chamorro, quien también es el director del diario Confidencial, de Nicaragua, lo más recomendable es que el expresidente Funes dirima sus problemas legales en los tribunales salvadoreños.

Chamorro considera que la forma en la que Ortega da protección a exfuncionarios, y en este caso al ex presidente salvadoreño, afecta la imagen del país ante la región por obstaculizar los debidos procesos.

“Desde la óptica de Nicaragua, yo considero que daña la imagen de Nicaragua el que nuestro país esté de manera recurrente ofreciendo protección bajo el concepto de asilo político a ex funcionarios públicos que están siendo señalados en sus países por casos de corrupción”, dijo el periodista.

El comunicador aseguró que en Nicaragua poco o nada se sabe de la situación del expresidente salvadoreño, excepto, según dijo, que es uno de los protegidos del presidente Ortega.

“El Gobierno de Nicaragua es un Gobierno secretista, es un Gobierno que actúa de manera discrecional y que no se rige por leyes ni ninguna rendición de cuentas”, dijo Chamorro.

El periodista dice que lo mejor que debería hacer el expresidente Funes, así como el resto de exfuncionarios a los que Ortega les ha dado asilo, “es someterse a los requerimientos que la justicia está planteando en sus países”.

Compromiso con Maduro

Otro de los aspectos de los que habló Chamorro es de la situación que se ha vivido en la región y la problemática en Venezuela.

Para Chamorro, Nicaragua apoya a Venezuela en las reuniones de la Organización de Estados Americanos (OEA) como “consecuencia de la relación clientelar que el gobierno de Ortega tiene con Nicolás Maduro”.

El periodista dice que hay contradicción en el discurso que maneja el gobierno nicaragüense, porque por un lado acepta dialogar con el secretario general de la OEA, pero por otro lado cataloga de injerencia las acciones de la organización en Venezuela.

También, para el director del diario Confidencial, de Nicaragua, todo esto es parte de los procesos de regresión autoritaria que se han implementado en la gestión de Ortega.

El tuitero prófugo. De Roberto Rubio

Roban como si siempre van a estar ahí, como si nunca los van a descubrir.

Roberto Rubio, 27 marzo 2017 / LPG

La investidura de expresidente merece respeto, pero también tiene que ganárselo, darse a respetar. Sin embargo, el respeto se pierde cuando un expresidente se queda de tuitero, sus tuits son una sarta de insultos y gruesas mentiras, y peor cuando es un tuitero prófugo de la justicia.

No amerita entonces gastar palabras en el análisis de las malandanzas del susodicho, ni dedicarse a confrontar lo que emana de su lengua viperina. Lo que amerita son las reflexiones sobre el significado de sus cuestionados hechos y las lecciones que se derivan de ellos. Reflexiones/lecciones dedicadas a ciertos altos funcionarios y a los que en el futuro pretenden serlo.

En primer lugar, los altos funcionarios, en general, son efímeros, su ciclo de vida es relativamente corto. Sin embargo, el disfrute y ejercicio de su poder los hace creerse eternos. No se percatan de que su poder es momentáneamente prestado, que son mandatarios de paso o sea mandatados por la voluntad temporal del ciudadano. Roban como si siempre van a estar ahí, como si nunca los van a descubrir. Se enriquecen como si su riqueza y las sobras de poder que le quedaron le blindarán de las llaves de la justicia. Se pavonean con guardaespaldas, seguidores o caravanas de vehículos, como lo hacían el tuitero prófugo y su entonces consorte, sin caer en la cuenta de que son dioses con pies de barro, y que tarde o temprano las diosas de la justicia, Temis y Dice, los alcanzarán dentro o fuera del Olimpo. El brazo de la justicia es largo y paciente.

En segundo lugar, a muchos funcionarios el poder los vuelve soberbios y arrogantes, como el tuitero prófugo. Valga traer a cuenta una reflexión de José San Martín que llegó a mis manos por medio de la red virtual de mis compañeros de colegio: “La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”. Se olvidan que manteniendo en saldo rojo la humildad, los costos que ocasionaron sus maltratos se cobrarán caro.

En tercer lugar, en estos tiempos de sociedades abiertas, de ciudadanos más informados y exigentes, con amplias y accesibles tecnologías de comunicación, donde la lucha por la transparencia y contra la corrupción han tomado alto vuelo, es cada vez más difícil esconder, especialmente lo que se apropia indebida e ilícitamente. Basta una buena justicia, una coyuntura adecuada, una presión y/o denuncia ciudadana, o intercambios de información bancaria a nivel nacional e internacional, para perfilar la ruta del dinero malhabido, para seguir las huellas de los dueños de lo ajeno. La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico ha permitido la creación de “sistemas sabueso”, los cuales permiten ir descubriendo las huellas dejadas por los corruptos y corruptores en casi cualquier parte del mundo.

Finalmente, en estos más cristalinos tiempos es difícil esconder a los testaferros/prestanombres. Esta manera de ocultar los verdaderos propietarios de la riqueza mal habida es ahora más detectable. Basta indagar un poco más sobre ellos, basta que la fiscalía allane sus oficinas y analice la documentación incautada, para llegar al verdadero dueño. Adicionalmente, los “amigos” testaferros ya no son tan confiables, no solo porque su “amistad” no alcanza la probidad en el resguardo del bien del amigo, sino porque al verse acorralados por la justicia, se convierten en testigos criteriados, que por salvar parte de su pellejo prefieren despellejar al otrora amigo. Esto lo sabe bien el tuitero prófugo, que ya adelantó sus miedos.

Los que tuitean para mentir y difamar, los juglares del mundo de troles y clonadores de identidad y los reyes que los contratan, los que le roban al ciudadano, los que con su picardía obstaculizan al pobre el salir de su pobreza, los ricos que amañan la obtención de su fortuna, todos ellos deben tener presente esas frases populares con las que hemos encabezado algunos artículos de esta columna de opinión: “A todo chumpe le llega su Navidad”, “Quien mal anda mal acaba”.

Joao Santana: el fantasma que hablaba al oído del presidente Funes. EL FARO

La agencia Polistepeque tenía tres meses de vida cuando el gobierno descubrió que solo la compañía del amigo del presidente había incluido en su escritura de constitución las dos palabras indispensables para entregar un millonario contrato por servicios de publicidad. Desde entonces, una estructura paralela a la Secretaría de Comunicaciones que siempre trabajó a la sombra canalizó la publicidad del Ejecutivo hacia la empresa del gurú brasileño del márketing político, hoy preso por corrupción en su país.

A la izquierda, el expresidente Mauricio Funes en el día de su juramentación, el 1 de junio de 2009. A la derecha, foto de Joao Santana de febrero de 2016, en Brasil. Santana dirigió la campaña electoral de Funes y fue fundador de Polistepeque, la agencia contratada por la presidencia de Funes. Montaje fotográfico realizado por El Faro. Imágenes de El Faro y AFP.

A la izquierda, el expresidente Mauricio Funes en el día de su juramentación, el 1 de junio de 2009. A la derecha, foto de Joao Santana de febrero de 2016, en Brasil. Santana dirigió la campaña electoral de Funes y fue fundador de Polistepeque, la agencia contratada por la presidencia de Funes. Montaje fotográfico realizado por El Faro. Imágenes de El Faro y AFP.

Jimmy Alvarado, 13 febrero 2017 / EL FARO

el faroEn noviembre de 2009, dos emisarios de la Presidencia de la República llegaron al despacho del presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) a transmitir una orden del gobernante, Mauricio Funes. Francisco Gómez, el presidente de la ANDA, debía firmar un documento que recogía el acuerdo para que 12 titulares de oficinas del Ejecutivo contrataran de manera colectiva los servicios de publicidad de una empresa: Polistepeque, S.A. de C.V.

“No puedo firmar ese contrato”, respondió Gómez a los visitantes, que eran la directora de Publicidad de la Presidencia, Patricia Zablah, y el director de Adquisiciones, Ricardo Marroquín. Le pedían que firmara el acuerdo, sin consultar con la junta directiva de la institución, lo cual contradecía la Ley de ANDA, y él se rehusó. Gómez, al igual que prácticamente todo el gabinete de gobierno, desde hacía algunos días estaba al tanto de la posibilidad de contratar a Polistepeque, pero sus reservas se debían a que para contratar servicios de publicidad de la Presidencia sin necesidad de someterlos a concurso debían cumplirse una serie de condiciones que él no creía que se cumplían.

Por eso requirió a los dos emisarios documentos que justificaran la contratación directa. Les pidió que fundamentaran por qué iba a ser más barato contratar solo a Polistepeque en lugar de a varias agencias, y solicitó pruebas de que la compañía recién fundada era la única empresa que podía proveer los servicios requeridos. Gómez insistía en esos documentos porque sustentarían las condiciones bajo las cuales la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) sí permitiría soslayar una licitación. Les dijo que solo con dichos documentos iba a convocar a los directivos de ANDA para que le autorizaran con sus votos firmar el contrato.

Pero ni Zablah ni Marroquín llevaban esa documentación, así que Gómez se mantuvo firme. “Esto le va a traer consecuencias”, dice Gómez que le advirtió Zablah, quien luego se retiró con Marroquín. Dos meses más tarde, el 4 de enero de 2010, Gómez sería destituido por Funes “por falta de confianza”.

Mientras aquello ocurría, el jefe inmediato de Patricia Zablah solo era espectador. Según el reglamento del Órgano Ejecutivo, el secretario de Comunicaciones, David Rivas, era el responsable de la construcción de la imagen del gobierno de Mauricio Funes. Además, la dirección de Publicidad está adscrita a la Secretaría de Comunicaciones. Pero dice Rivas que Zablah ni le informaba sobre los pasos que daba ni le pedía aval: el presidente Funes había decidido crear una estructura paralela a la Secretaría de Comunicaciones y marginar a Rivas de esa responsabilidad. “Desde el inicio del gobierno fue una decisión del presidente Funes, porque ella era de su confianza”.

Aunque Rivas sostiene que él fue marginado del proyecto Polistepeque, un memorando fechado el 27 de julio de 2009 muestra que al menos en un inicio tomó parte de una serie de decisiones que permitieron al gobierno tejer un traje a la medida para la agencia del publicista brasileño Joao Santana, que en dos años y medio obtuvo contratos con el gobierno por al menos 5.6 millones de dólares. El uso de ese traje requirió de un pequeño grupo de trabajo en el que, además de Zablah, destacaba Luis Verdi, un hombre de confianza de Santana.

Luis Verdi (izquierda) camina detrás del presidente Mauricio Funes durante una visita del mandatario a Verapaz el 10 de noviembre 2009. Foto: Luis Umaña

Luis Verdi (izquierda) camina detrás del presidente Mauricio Funes durante una visita del mandatario a Verapaz el 10 de noviembre 2009. El acuerdo que permitió dar toda la publicidad del Ejecutivo sin necesidad de licitación está fechado seis días más tarde, 16 de noviembre. Verdi asegura que él se convirtió en asesor del presidente Funes “en el último cuatrimestre de 2009”. El Faro, sin embargo, fue testigo de cómo Verdi hacía correcciones al discurso de toma de posesión del nuevo presidente el mismo 1 de junio de ese año. Foto: Luis Umaña

En la elaboración del traje participaron desde el presidente Funes hasta los funcionarios que suscribieron el acuerdo fechado 19 de noviembre de 2009, el mismo que Gómez se negó a firmar. Según una quincena de fuentes consultadas por este periódico, entre exfuncionarios y documentos del Ejecutivo de aquellos días, Verdi y Zablah administraban los contratos y la billetera que desde la Presidencia se encargaba de canalizar los pagos a Polistepeque. Las mismas fuentes ubican al presidente Funes dando el banderillazo de salida a la relación del gobierno con Polistepeque, y dejando caer la banderilla para clausurarla a inicios de 2012.

¿Quién fue el responsable de esta operación que evitó competencia a Polistepeque, que creó una secretaría fantasma en la Presidencia y que canalizó al menos 5.6 millones de dólares hacia la empresa del magnate brasileño que hoy guarda prisión en Brasil acusado de corrupción? David Rivas señala a Funes. Y Funes se hace a un lado: “Si desean una entrevista sobre el tema de Polistepeque, pídansela a mi ex secretario de Comunicaciones, David Rivas. Yo no tengo nada que decir de Polistepeque que no haya dicho ya cuando fui presidente”, respondió el exmandatario ante una petición de entrevista que este periódico le hizo llegar vía Twitter.

Rivas afirma que Patricia Zablah desempeñaba funciones que le correspondía a él supervisar, pero que, por ejemplo, no le consultaba decisiones como la selección de la agencia de publicidad para el gobierno o la asignación del grueso de la pauta publicitaria en los medios de comunicación más grandes, TCS, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica.

El documento que Gómez se negó a firmar lleva por encabezado “Resolución Conjunta de Contratación Directa para la Adquisición de Servicios RCD/001/009” y eventualmente fue firmado por 11 funcionarios del Ejecutivo: el presidente Mauricio Funes, el ministro de Educación y vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén; el ministro de Seguridad, Manuel Melgar; el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez; la secretaria de Cultura, Breni Cuenca; el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres; el director del Seguro Social, Óscar Kattán; la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez; el presidente del Fondo Social para la Vivienda, Tomás Chévez; el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, Nicolás Salume, y el sustituto de Gómez, Marco Antonio Fortín. Según David Rivas, él no participó en ninguna reunión con titulares del Ejecutivo en la que se firmó dicho documento. Los contratos institución por institución comenzaron a llover a partir de mayo de 2010.

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Todas las firmas de Patricia Zablah

En junio de 2009, Funes nombró a Patricia Zablah como directora de Publicidad, adscrita a la Secretaría de Comunicaciones. El nombre de Zablah ya aparecía en el Registro de Comercio como directiva de la empresa Noticieros y Entrevistas, junto con Mauricio Funes y Hato Hasbún, quien fuera secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia de Funes. Hoy es secretario de Gobernabilidad y comisionado presidencial de Seguridad Ciudadana. Esa empresa producía el programa de televisión “La Entrevista con Mauricio Funes”. Zablah era la encargada del contenido y de gestionar la llegada de los entrevistados al programa.

Rivas subraya que aunque Zablah estaba subordinada a él en el organigrama de la Presidencia, solo atendía lo que Funes le encargaba. “Con Patricia Zablah terminamos enemistados porque ella creía que estaba arriba de mí y que no me debía rendir cuentas, que su jefe era el presidente de la República y que ella podía tomar decisiones porque contaba con el respaldo del presidente”, dice Rivas.

Dos exfuncionarios de Presidencia de la República que conocieron la manera en que se manejaba la publicidad del Ejecutivo en los primeros años del quinquenio Funes aceptaron hablar con El Faro bajo condición de anonimato. Los dos coinciden en que en materia de publicidad, Zablah y Verdi eran en la práctica una Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia paralela a la que conducía Rivas. Ellos eran quienes tomaban las decisiones sobre campañas y pautas en medios. Verdi no tenía nombramiento en la secretaría, y en la información oficial de la Presidencia solo se le nombra como “asesor presidencial”.

Esos dos exfuncionarios de la Presidencia perfilan a Luis Verdi como un “superministro sin despacho”, porque al menos durante tres años y medio acompañaba a Funes a las reuniones con los ministros. “Mi función siempre fue técnica, relacionada con la estrategia comunicacional y elaboración de mensajes y discursos”, explicó Verdi sus funciones a El Faro, vía correo electrónico. Negó que hubiera liderado una estructura paralela que manejara los pagos de publicidad o que decidiera en qué medios colocar la publicidad gubernamental. “Esas responsabilidades las ejerció siempre la Secretaría de Comunicaciones. No existió tal estructura paralela que ejerciera esas funciones”.

Verdi dice que tenía un equipo en Presidencia de la República que seguía sus órdenes. “Por la naturaleza de mi asesoría constituí un equipo que me asistía en mis tareas específicas de asesoramiento del expresidente que, insisto, se relacionaban con las estrategias de comunicación”, dijo Verdi. El comunicador argentino dejó su cargo de asesor a mediados de 2013 para unirse al equipo de Joao Santana que asesoró una de las campañas presidenciales en Panamá.

David Rivas caracteriza a Verdi como “el enlace entre Polistepeque y la Presidencia” y subraya su papel en el manejo de la publicidad que, al menos durante la primera mitad de la administración, fue canalizada toda a la empresa de Santana. “Luis Verdi estaba metido de cabeza en el tema de la publicidad y en evaluar las encuestas de opinión, y junto con Patricia Zablah iba a los almuerzos con los directores de medios para ver el tema de pauta de publicidad. Verdi era el representante de Joao Santana”.

El gurú del marketing político brasileño fue el responsable de la campaña electoral que dio a Funes el triunfo el 15 de marzo de 2009. Esa noche, durante su discurso de celebración, Funes recordó el trabajo de Santana y Verdi en la campaña. “Agradezco a nuestros amigos del Brasil y la Argentina, que hicieron posible que pudiéramos enfrentar la campaña del miedo, la campaña sucia que lanzaron nuestros adversarios”, dijo el presidente electo, en el redondel Masferrer, de San Salvador.

Los dos exfuncionarios atribuyen a Zablah la idea de seguir trabajando con el equipo de Santana una vez iniciara el primer gobierno del FMLN. “Patricia manifestó que Mauricio Funes no podía someter su imagen de presidente a los publicistas de “derecha” del país que lo odian y que, por lo tanto, era necesario recurrir a una empresa de confianza”, dice uno de ellos.

Un tercer exfuncionario de la Presidencia que también pidió que se mantenga bajo reserva su identidad por temor a represalias, explica que una semana antes de la toma de posesión del 1 de junio, ya estaba decidido que el equipo de Santana se encargaría de la publicidad del Ejecutivo desde el inicio de la administración Funes. Agrega que ya para entonces tenían listas las acciones de comunicación del nuevo gobierno, que se divulgarían bajo el lema “Unir, crecer, incluir”.

Funes asumió la presidencia y pronto hizo alarde de que, a diferencia de los gobiernos anteriores, el suyo no destinaría recursos públicos para hacer propaganda sobre los primeros días de la administración. Mientras tanto, el camino para Polistepeque se allanaba en silencio. Antes de que transcurrieran los primeros 100 días, en una carta del 4 de septiembre de 2009, Patricia Zablah detallaba al director de adquisiciones de la Presidencia, Ricardo Marroquín, las características que debía reunir la agencia de publicidad que necesitaban: “Debe ser una empresa que haya administrado contratos superiores a los 5 millones de dólares con gobiernos internacionales”, escribió Zablah.

El perfil de la empresa que Zablah pedía que se contratara para manejar la publicidad del Ejecutivo parecía una descripción en la que se enlistaban las características de Polistepeque: una empresa con experiencia internacional, con servicios dados a otros gobiernos, y que se definiera como agencia y productora.

Zablah, entonces sí, explicaba el propósito de la contratación que dos meses más tarde iba a pedirle el presidente de la ANDA: la disminución de costos, y lo planteaba como un argumento central de la compra conjunta que iban a hacer una docena de instituciones del Ejecutivo. “Debe tener la capacidad de ofrecer el servicio descrito a todas las instituciones de la administración pública esto con el fin de disminuir los costos en este rubro para todas las instituciones que podrían involucrarse”. Rivas asegura que no se enteró del diseño de la contratación que terminó favoreciendo a Polistepeque.

Durante los primeros dos años y medio del gobierno Funes, Zablah dejó un rastro en 10 oficinas del Ejecutivo, en la Presidencia y en varios medios de comunicación a los que visitó en aquellos meses. Su nombre y firma la retratan como intermediaria en la aprobación de pagos de 10 instituciones del Ejecutivo a Polistepeque. Por ejemplo, aparece en los documentos de los pagos que el Ministerio de Seguridad hizo a la agencia, aunque dicho ministerio declara hoy que el contrato con Polistepeque es “inexistente”, porque ante una solicitud de información de El Faro, la respuesta fue que no lo encontraron. Zablah aprobó los 233 presupuestos de servicios de publicidad para Seguridad que acompañaron a igual número de facturas, algunas por promocionales impresos que costaron mil 364 dólares y otras por la colocación de spots de televisión en espacios prime time por 278 mil dólares. Así es como la firma de Zablah aparece en todos los presupuestos en los que se justificó que este ministerio erogara 1 millón 89 mil 4 dólares con 98 centavos entre el 31 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.

El extravío de documentos que respaldan la contratación de Polistepeque también afectó al menos a otra institución del Ejecutivo: el Ministerio de Obras Públicas. El ministro de esta cartera, Gerson Martínez, a pesar de que suscribió el acuerdo fechado 19 de noviembre de 2009, eventualmente se negó a que el MOP pagara a Polistepeque. Lo que sucedió, explica, es que cuando llegó el momento del cobro, debido a que la Presidencia de la República era la responsable de centralizar las contrataciones, esta debía entregar los documentos que sustentaran la prestación de los servicios por parte de Polistepeque. Pero la Presidencia carecía de la documentación que respaldara la compra de servicios por más de 27 mil dólares y por eso, dice Martínez, él se rehusó a que se pagara un solo centavo. En otras dos instituciones del Ejecutivo, aunque pagaron a Polistepeque por los servicios brindados, ya no tienen la documentación de respaldo sobre comunicaciones y controles administrativos porque la destruyeron hace tiempo.

Antes de que llegara el momento de hacer esas contrataciones, sin embargo, todavía había que justificar que Polistepeque era la única compañía presente en El Salvador con las características que buscaba el gobierno. Y el estudio que concluía eso iba a hacerlo una persona ajena al gobierno que poco después de entregar su informe sería contratada por la Presidencia de la República.

Infografía de El Faro sobre el caso Polistepeque: Andrea Burgos

La versión de Rivas sobre su nula participación en toda la trama que rodea la contratación de Polistepeque parece quedar confirmada en cada notificación de solicitud de servicio que Zablah firmaba en nombre de cada una de las 10 dependencias del Ejecutivo que contrataron a Polistepeque. “El objeto del presente contrato consiste en el Suministro de Servicios denominados: Servicios de Agencia de Publicidad para Diseño, Producción e Implementación de Campañas Publicitarias, y estará bajo la tutela de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República, en especial de la Dirección de Publicidad de la misma”, dice una de las cláusulas. Y luego explica el mecanismo: “La notificación de Solicitud del Servicio, (deberá ser) extendida por la Institución a través de la Dirección de Publicidad de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República”.

Cuando este periódico preguntó a Rivas por qué si él era el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, estuvo a un lado de esas contrataciones, responde: “A mí se me comunicó de forma verbal que la persona que iba a ver el tema de la publicidad iba a ser Patricia Zablah”. ¿Quién se lo comunicó? “Desde el inicio del gobierno fue una decisión del presidente Funes”.

Información ya fue destruida

En junio de 2008, Joao Santana tomó la dirección de la campaña que llevó a la presidencia a Mauricio Funes. Este asumió el cargo el 1 de junio de 2009 y cinco semanas más tarde, el 7 de julio, Santana registró su nueva empresa Polistepeque, S.A. de C.V. Dos meses más tarde, Zablah detallaba cómo debía ser la compañía a contratar, y un mes más tarde, el 15 de octubre, un consultor cuyo contrato tampoco existe en la Presidencia de la República, rindió un informe en el que estableció que solo Polistepeque reunía el perfil que buscaba Zablah. Con dicho documento como respaldo, la administración Funes dio paso a la contratación de Polistepeque sin someter a concurso la prestación de los servicios.

La contratación directa, según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), procede cuando se cumple al menos uno de los siguientes requisitos: si se ha abierto concurso dos veces y ninguna empresa ha participado; si hay un único proveedor de un bien o servicio, o si hay urgencia por alguna calamidad que impida esperar el tiempo que toma una licitación porque se pone en riesgo el interés general. La contratación de Polistepeque solo podía caber bajo el argumento de que era la única compañía que podía proveer el servicio. Y en eso fueron claves las palabras “agencia” y “productora”, aunque…

Un tercer exfuncionario de la Presidencia que pidió el anonimato por temor a represalias asegura que en realidad hubo un estudio que determinó que al menos dos agencias ya establecidas en El Salvador mucho antes de la llegada de Santana estaban en capacidad de dar el servicio que se necesitaba. “Pero se les desestimó porque se creía que sus directivos eran personas demasiado cercanas al partido Arena”, dijo esta fuente.

El Faro preguntó a David Rivas si, dado que él era el secretario de Comunicaciones, no advirtió al presidente Funes sobre una posible violación a la LACAP al optar por la contratación directa para favorecer a la agencia del amigo del gobernante. “Con el presidente no lo conversé. Lo conversé con otras personas y lo que me dijeron es que se le encargó a una persona que hiciera la indagación y me dijeron que esa persona había establecido que no existía en el medio nacional una agencia con capacidad para darnos el servicio que nosotros requeríamos”.

Ese consultor fue el abogado Luis Paulino Selva Estrada, quien entregó un informe al director de Adquisiciones, Ricardo Marroquín. En la Presidencia no hay un documento que haga constar que a Selva Estrada se le pagó por su trabajo. Con ese informe se abrió la puerta para que Polistepeque obtuviera en los siguientes meses contratos por al menos 5.6 millones de dólares con una decena de instituciones del Ejecutivo.

Para hacer su estudio, Selva Estrada se dedicó a revisar documentación pública en el Registro de Comercio y fue ahí donde, semanas después de que Santana fundara Polistepeque, encontró que solo esta incluía en su escritura de constitución, aquellas dos palabras que Zablah había decidido que tenían que respaldar a la agencia que se contratara: agencia y productora. El informe de Selva Estrada añadió que las escrituras de Apex Publicidad, de Máxima, de Obermet y de Bianchi y Asociados carecían de esos términos. Basado en ese hallazgo, Selva Estrada recomendó en su informe del 15 de octubre de 2009 a Ricardo Marroquín, no licitar y entregar el contrato a la empresa de Santana. Dos meses y medio después de presentado el informe, Selva Estrada fue contratado en la Dirección de Adquisiciones a cargo de Marroquín. El Faro buscó una entrevista con el abogado Selva Estrada, pero al cierre de este reportaje no había respondido las solicitudes que se le hicieron.

David Rivas dice que cuando conversó este punto con Zablah, esta le aseguró que todo estaba en regla.

-Usted señala a la directora de Publicidad, como responsable de las gestiones para la contratación de Polistepeque, pero según el organigrama de la Presidencia, ella estaba subordinada a usted. ¿Cómo puede usted desvincularse de la decisión de contratar a Polistepeque si usted era el superior inmediato de Patricia Zablah?

-Te hablo con franqueza. Yo no participé en el proceso de licitación ni de contratación de Polistepeque. Te hablo con absoluta verdad.

-Pero usted era el secretario de Comunicaciones. ¿En ningún momento objetó nada?

-Yo pregunté “¿todo está bien?” Y “sí, sí, sí, todo está en regla”, me dijeron.

Aunque Rivas se desmarca de toda responsabilidad, en un memorando del 27 de julio de 2009, dirigido a los ministros, viceministros, secretarios de la Presidencia y presidentes de autónomas, les informa que por instrucciones del presidente Funes toda búsqueda de servicios de publicidad deberá canalizarse por medio de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. No precisa que por medio de la Dirección de Publicidad que dirigía Patricia Zablah. El exfuncionario sostiene que eso fue todo lo que él hizo en relación con lo que, eventualmente, se convertiría en la contratación directa de Polistepeque. Además, que la intención de ese memorando era coordinar la comunicación, no centralizarla en favor de la empresa de Joao Santana.

Memorando del 27 julio de 2009 enviado por David Rivas en el que les ordena a ministros, viceministros y jefes de autónomas -por instrucción de Mauricio Funes- la coordinación de las licitaciones de publicidad y la aprobación de campañas en Casa Presidencial. Foto: Archivo El Faro.

Memorando del 27 julio de 2009 enviado por David Rivas en el que les ordena -por instrucción de Mauricio Funes- a ministros, viceministros y jefes de autónomas que coordinen y que pidan la aprobación para licitar y para llevar a cabo campañas de publicidad a la secretaría de comunicaciones de Presidencia de la República. Foto: Archivo El Faro.

“Les reitero mi llamado a coordinar con la Secretaría de Comunicaciones cualquier proceso de planeación de campañas publicitarias que tengan previsto realizar, ya que será necesario el aval previo de esta dependencia de la Presidencia de la República para poder licitar y desarrollar cualquier esfuerzo comunicacional”, instruía Rivas -en dicho memorando- a ministros, viceministros y presidentes de autónomas.

El Faro reveló en enero de 2010 la maniobra del presidente de la República para otorgar todo el pastel publicitario del Ejecutivo al amigo del presidente Funes.

Las gestiones de la estructura paralela posibilitaron que Polistepeque recibiera al menos 5.6 millones de dólares del gobierno Funes sin tener que competir con ninguna otra agencia de publicidad. Esta cifra, parcial, ha sido recogida por El Faro gracias a la información contable de 10 oficinas del Ejecutivo, que todavía guardan información relativa al gasto de publicidad. Esas gestiones permitieron a Santana mantener una incidencia en las comunicaciones y en la construcción de la imagen del gobierno, aunque ni él ni quien había sido su mano derecha durante la campaña, Luis Verdi, se expusieron en público.

El Faro solicitó información sobre contratos de publicidad y controles administrativos de prestación de servicios a 12 instituciones del Ejecutivo y descubrió que algunas la han destruido. De las 12 instituciones, una -la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)- dijo que no usó los servicios de Polistepeque y, por lo tanto, no tiene ningún documento. Una segunda, el ISSS, respondió que en 2011 el jefe de comunicaciones dio instrucciones para destruir documentación sobre comunicaciones oficiales y controles administrativos de los años 2009 y 2010. Es decir, se destruyó documentación con apenas un año de existencia. Mientras, el FSV destruyó el 20 de julio de 2015 reportes contables del año 2010 amparándose en el artículo 19 de la Ley de Administración Financiera (AFI). Ese artículo dice que deben pasar al menos cinco años para que documentos sobre comunicaciones oficiales puedan ser destruidos, y 10 años para que pueda destruirse reportes contables.

Polistepeque cerró operaciones en El Salvador en en enero de 2012. Solo en sus primeros 19 meses facturó 8.5 millones de dólares, de los cuales al menos 5.6 millones provinieron de pagos por servicios de publicidad de 10 instituciones del Ejecutivo. El último movimiento de Polistepeque en El Salvador data de 2012, cuando la empresa transfirió a sus dos accionistas -Joao Santana y Mónica Moura- 3 millones de dólares por medio de un préstamo, según información contable presentada por Polistepeque ante el Registro de Comercio.

Mauricio Funes, al igual que sus predecesores, decidió que el gasto en publicidad de su gobierno debía mantenerse lejos de los ojos de los ciudadanos. El secretario privado de Funes, Francisco Cáceres, declaró bajo reserva durante siete años la información de todos los expedientes sobre adjudicación y contratación de servicios de agencias de publicidad. Tras la orden de 2016 de la Sala de lo Constitucional de dar a conocer dicha información, la Presidencia publicó algunas piezas del rompecabezas Polistepeque. Pero no divulgó -y dice no tener- información de control administrativo del gasto en publicidad. La Dirección de Adquisiciones respondió que esos documentos no están incluidos en el expediente de compras de publicidad, y la Unidad Financiera contestó que no hace control administrativo de la compra de esos servicios. ANDA, Seguridad, Salud, Educación, Fonavipo y Hacienda tienen sus propios registros de control administrativo donde entre facturas, pólizas y presupuestos se puede reconstruir un poco del negocio de Polistepeque durante la administración Funes.

David Rivas insiste en que él no tiene idea de cuánto se pagó a Polistepeque, porque él no manejaba esa área.

Luis Verdi informó, vía correo electrónico, que él trabajó para Polistepeque entre 2008 y 2009. Asimismo, negó que él hubiera dirigido dentro de la Presidencia de la República una estructura paralela a la Secretaría de Comunicaciones. Sostuvo, además, que su tarea era, esencialmente, asesorar al presidente en el tema de discursos y que no manejaba la publicidad. -Añadió que en algún momento Héctor Silva estuvo en su equipo de trabajo.

Cuando Verdi llegó a El Salvador ya tenía en su currículo asesorías en comunicación a algunos gobiernos. Por ejemplo, fue asesor del presidente argentino Eduardo Duhalde. Y Santana tenía en sus antecedentes recientes el diseño de la exitosa campaña para la reelección del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Silva dice que en el segundo semestre de 2011, cuando él trabajaba como consejero en la embajada de El Salvador en Washington, fue contactado por Verdi para invitarlo a que desarrollara un proyecto de divulgación de las políticas del presidente Funes. “Pedí permiso sin goce de sueldo a Cancillería y trabajé en ese proyecto entre noviembre de 2011 y enero de 2012”, añade. Lo que se planeaba era un programa de televisión en el que el mandatario expusiera la marcha de su administración. “Eso no tenía nada que ver con el programa de radio que inició después”. Durante esos tres meses, dice Silva, su sueldo lo pagó la Presidencia de la República.

El Faro buscó en reiteradas ocasiones a Patricia Zablah para pedirle una entrevista. Por medio de correo electrónico, por medio de una carta que fue recibida por el portero del edificio de apartamentos donde vive, y también por medio de mensajes de Whatsapp a uno de sus familiares. Nunca respondió las solicitudes. El Faro logró contactar con Ricardo Marroquín, pero este dijo que no haría comentarios.

Patricia Zablah, Joao Santana, Polistepeque cerró operaciones en enero de 2012. Pocos días antes, dice David Rivas, hubo una reunión en la que se selló el fin de aquella relación entre Funes y Santana. “Joao le dijo a Mauricio que para él no era negocio El Salvador porque los ingresos que obtenía eran muy bajos”. Y el presidente le respondió que tenía que comprender la realidad de este país. “Ubicate, este no es ni Brasil ni Argentina, es El Salvador y no tenemos recursos”. El empresario añadió, entonces, que si esa era la única respuesta que iba a obtener, prefería cerrar su empresa en El Salvador. “Entonces andate”, le dijo el presidente. Y Santana se marchó el 31 de enero.

*Con reportes de Sergio Arauz

Carta a la familia de Paco Flores: No es venganza, es justicia. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 31 enero 2017 / EDH

Estimados amigos:
El 25 de enero 2016, a sólo cinco días de la muerte de Paco, publiqué una carta diciendo: “Espero que te recuperés, y plenamente. Te lo deseo, de toda corazón, por el bien tuyo y de tu familia, obviamente, pero también por el bien del país, de la justicia. La gente quiere (y merece) justicia. Y el caso tuyo es emblemático: la primera vez que un ex presidente enfrenta la justicia. Casi automáticamente, tu caso se ha convertido en el gran test del sistema: ¿Habrá justicia o habrá impunidad? Y yo agrego otra disyuntiva: ¿Habrá justicia o habrá venganza?”

diario hoyNo hubo justicia: Paco Flores no tuvo oportunidad de limpiar su nombre ante la corte. Hubo venganza: Lo dejaron morir al no concederle las condiciones de arresto adecuadas a su estado de salud.

Los principales culpables ya están pagando sus pecados. El autor intelectual, Mauricio Funes, auto-exiliado en Managua, sin amigos, sin injerencia política; y Luis Martínez, el manipulador del sistema judicial, preso en Mariona, jugando naipes con el Gordo Max y Tony Saca.

La justicia les va a caer, aunque por el momento no por la persecución política que llevó a la muerte de Paco Flores. No importa: Todos entienden que estos dos, que tanto manipularon y tantas voluntades transaron, también lo hicieron en su proyecto más emblemático: destruir política, moral y físicamente a Paco Flores.

Sé que para ustedes, esta herida nunca va a sanar. Tampoco con venganza. Mauricio Funes y Luis Martínez se están cayendo, no porque alguien se quiera vengar de ellos, sino por la cantidad de maldades que hicieron, que hasta la fecha ni siquiera se están judicializando.

Lo irónico: Funes y Martínez están sintiendo, en carne propia, las tempestades que ellos mismos despertaron. Cuando Funes comenzó su campaña mediática contra Paco, yo le dije en una carta: “Cuidado con esta Caja de Pandora, presidente. Una vez abierta, no la podrá cerrar, cuando salgan demonios que le asustan a usted.” Pero Funes la abrió, sembró las tempestades de la persecución política y de la justicia convertida en venganza – y ahora todos los fantasmas y morbos que él despertó, lo persiguen a él.

Por obra de Mauricio Funes y Luis Martínez ya no hay juicio de corrupción que no se convierta en circo mediático – o en Circo Romano, con él tirado a los leones.

Nadie de nosotros –ni el propio Paco, ni ustedes como familia, ni sus amigos, ni los que hemos criticado la justicia por caer en persecución política – pedimos venganza. Siempre pedimos justicia. Nada de impunidad, y nada de juicios mediáticos.

Yo lo sostengo incluso en los casos contra Saca, Funes y el ex fiscal. No necesitamos que les humillen.

Yo no soy el indicado para hablarles a ustedes de las cualidades de Paco. No he sido su amigo. Pero hay que proteger el derecho de defender la dignidad y la inocencia no para los amigos, sino para todos. Ustedes, como familiares, han mostrado dignidad. Es el homenaje más grande que podemos dar a Paco: no permitir que se siga politizando la justicia.

Les saludo con mis respetos,

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Exfiscal Luis Martínez admite que Presidencia le tuvo a sueldo durante toda su gestión. El Faro

“El origen de dichos fondos era el mismo presupuesto del órgano ejecutivo”, escribió el exfiscal Martínez en un documento presentado a la Corte Suprema de Justicia en el que revela haber recibido de la Presidencia sobresueldos de entre 10 mil y 20 mil dólares. Martínez dio esta información para intentar explicar 486 mil dólares sin justificación en su patrimonio. El exfiscal es el primer exfuncionario ajeno al Ejecutivo que confiesa haber recibido sobresueldos. 

el faroSergio Arauz y Gabriel Labrador, 24 noviembre 2016 / EL FARO

El exfiscal Luis Martínez reveló a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que durante todo su periodo recibió un sobresueldo mensual “de entre 10 mil y 20 mil dólares” que provenían de una partida de gastos reservados administrada por la Presidencia de la República. Según Martínez,  estos fondos le fueron entregados de manera consecutiva durante los últimos 18 meses de la administración del expresidente Mauricio Funes y los primeros 18 meses de la gestión de Salvador Sánchez Cerén.

El exfiscal dio esta confesión el 16 de noviembre a la sección de Probidad, en un escrito con el cual intentó subsanar una investigación de enriquecimiento ilícito en su contra. Probidad le cuestiona cuatro irregularidades a sus cuentas que suman 486 mil dólares cuyo origen es desconocido. El monto mayor tiene que ver con el pago que Martínez y su familia hicieron a cuatro tarjetas de crédito del Banco Promérica hasta por 361 mil dólares.

Para justificar el origen de esos fondos, Martínez escribió a Probidad que él recibía dinero de “delegados de Casa Presidencial” a quienes no puede identificar, y que el dinero fluyó de manera constante durante las dos administraciones presidenciales del FMLN.

“La cantidad que se me entregaba de tal origen osciló aproximadamente entre los 36 (meses) ya expuestos, de diciembre de 2012 a diciembre de 2015, entre los 10 mil hasta 20 mil dólares de los Estados Unidos de América, ya que cuando viajaba en misiones oficiales se me hacía entrega de una cantidad mayor a la normal y me eran entregados por diferentes personeros de Casa Presidencial, que nunca identifiqué, de manera mensual (sic.)”, escribió Martínez a la sección de Probidad.

Para el exfiscal, la normalidad con la cual se le entregó el dinero le hizo entender que se trataba de un pago por su trabajo y por eso nunca sospechó de su procedencia. En mayúsculas, Martínez escribió que “EL ORIGEN DE DICHOS FONDOS ERA EL MISMO PRESUPUESTO DEL ÓRGANO EJECUTIVO, por lo que no dudé de la legalidad de los mismos”. Martínez, quien juró defender la Constitución, la cual lo revistió de independencia respecto al resto de poderes del Estado, se perfila a sí mismo como un funcionario a sueldo de los gobiernos de Funes y Sánchez Cerén.

“Dicha cantidad me fue explicada someramente, COMO UNA CONCESIÓN INHERENTE AL CARGO DE FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA como un sobresueldo, situación que no me pareció ilógica en tanto que el origen, la permanencia en las entregas y sobre todo, que sucedió durante la transición de dos regímenes diferentes sin interrupción (sic.)”, escribió.

Al leer su declaración queda claro en dos ocasiones que el sobresueldo que dice haber recibido fue entregado entre el último tramo de la gestión del primer gobierno del FMLN, de diciembre de 2012 a mayo de 2014 (18 meses); y el primer tramo de la gestión de Sánchez Cerén, de  junio de 2014 a diciembre de 2015 (18 meses), periodo que se corresponde a su mandato en la FGR. En el inicio del texto, sin embargo, Martínez parece confundirse al decir que recibió fondos “inicialmente” en 29 meses del gobierno de Funes y siete meses del gobierno de Sánchez Cerén. La sumatoria de este cálculo, aparentemente erróneo, también se corresponde con el total de meses que dura un fiscal general en el cargo.

Esta es la primera vez que un exfuncionario del Estado -ajeno al organigrama del órgano ejecutivo- revela que recibió dinero de una partida de gastos reservados a través de sobresueldos. El Faro reveló en 2013 la existencia de los sobresueldos ocultos del gabinete,  una práctica que nació en el gobierno del expresidente Armando Calderón Sol (1994). Desde hace 22 años ha sido la Presidencia de la República la dependencia responsable de gestionar y de entregar estos sobresueldos, que se pagan en efectivo y sin dejar rastro en la contabilidad oficial.

En su testimonio, el exfiscal Martínez confirma que la entrega de los sobresueldos no era algo exclusivo para funcionarios del gabinete de gobierno o del órgano ejecutivo, y que los montos podían sobrepasar la frontera de los 10 mil dólares mensuales. Un exfuncionario de la Presidencia Funes que formó parte del equipo que tramitaba estos pagos explicó a El Faro que a parte de los altos funcionarios del ejecutivo, el sobresueldo del exfiscal era solo uno más de una serie de “apoyos” que también recibían algunos diputados opositores, columnistas, periodistas, fundaciones privadas sin fines de lucro y hasta magistrados de la Corte Suprema.
La confesión de Martínez es el segundo indicio que recoge Probidad sobre el uso irregular de fondos públicos a tráves de partidas catalogadas como gastos reservados. La primera vez que este mecanismo se cruzó por el radar de la sección fue cuando Élmer Charlaix, el exsecretario privado del expresidente Antonio Saca, intentó justificar que 15.8 millones de dólares que pasaron por sus cuentas bancarias provenían de una cuenta de gastos secreta del expresidente Saca. Según Charlaix, él utilizó esos fondos para gastos de inteligencia ordenados por el presidente de la República. Más tarde, la Fiscalía logró detectar que entre esos movimientos de dinero, supuestamente destinados para operaciones de inteligencia, hubo pagos a tarjetas de crédito de la exprimera dama, Ana Ligia Mixco de Saca, y una entrega de 400 mil dólares al partido Arena, entre otros.

En el caso del exfiscal Martínez, él explicó que el dinero que le enviaba la Presidencia a través de delegados provenía de una partida presupuestaria del Ejecutivo cuyo gasto era regulado por un reglamento. Ese reglamento, según Martínez, era citado verbalmente por esos delegados cuando le entregaban el dinero. “(…) Existía ‘un reglamento interno de Casa Presidencial’ y se me hizo mención de él explicándome que el destino era mi uso personal y discrecional”, planteó Martínez.

Hasta esta nueva versión narrada por el exfiscal, el sobresueldo -según confirmaron una docena de exfuncionarios y funcionarios de Arena y el FMLN con los que habló El Faro en 2013- era un complemento al salario mensual de los altos funcionarios del Ejecutivo que se definía en una negociación entre la Presidencia y el beneficiario del estipendio.

Miembros de los últimos cuatro gobiernos que confiesan haber recibido esos pagos dicen que la cantidad entregada dependía del rango del funcionario como del salario que este tenía antes de asumir funciones: unos recibían 3 mil dólares, otros 5 mil, otros 8 mil y hay, los menos, que recibían más de 10 mil dólares mensuales en billetes de 100. Esta última cifra casi equivale a tres veces el sueldo oficial de un ministro, que según la Ley de Salarios pellizca los 3,500 dólares.
En la administración de Mauricio Funes, cuentan los exfuncionarios, existió una especie de escalera de sobresueldos asignados a cada rango. Un ministro del primer gobierno del FMLN recibía cada mes 5 mil dólares de “complemento”; mientras que un viceministro recibía 3 mil. La confesión del exfiscal Martínez revaloriza esos montos, cuando él habla que llegó a recibir hasta 20 mil dólares en algunos sobresueldos.
Según las fuentes, la entrega de este dinero, en la mayoría de ocasiones, se hacía a través de sobres de manila. Quienes lo entregaban en las oficinas de los funcionarios eran motoristas o mensajeros, aunque había algunos funcionarios que llegaban a cobrar su estipendio en una oficina de la Presidencia. Ahí eran atendidos por un empleado al que no podían identificar. Tres años después de que El Faro revelara la existencia de los sobresueldos, el exfiscal Martínez confirma cómo funcionaba este mecanismo cuando declara a Probidad que él recibía el dinero “por diferentes personeros” de Casa Presidencial.
“Las cantidades ya referidas efectivamente eran entregadas a mi persona sin mediar en ello comprobantes de entregas o recibos, pero supondría que de ello existe respaldo en casa presidencial o en el Ministerio de Hacienda”, escribió.
Según el expediente de Probidad al que tuvo acceso El Faro, esta oficina consultó a la secretaría jurídica de la Presidencia si existían documentos que respaldaran los pagos mensuales que el exfiscal general dice haber recibido. “En razón de la materia que trata el requerimiento en cuestión, el mismo fue trasladado a la Gerencia Financiera Institucional, oficina que mediante nota de esta misma fecha -18 de noviembre de 2016- respondió que, luego de instruir a la verificación de la información solicitada en el precipitado requerimiento, en los archivos y registros de la referida Gerencia, se ha constatado su inexistencia en tales archivos y registros”.
Hasta finales de octubre de 2016, tres técnicos financieros de Casa Presidencial señalados por la Fiscalía como piezas claves en una maquinaria que ordeño al Estado con más de 250 millones de dólares seguían laborando para la presidencia todavía en el segundo gobierno del FMLN. Estos funcionarios fueron contratados desde la presidencia de Armando Calderón Sol y se mantuvieron en el cargo durante 22 años.

Se trata de dos contadores: Francisco Rodríguez Arteaga, el jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia de la República, y Pablo Gómez, asistente técnico financiero de la Presidencia y subalterno de Élmer Charlaix durante la gestión Saca. Ellos crearon 12 cuentas por las que circularon $251.3 millones. Ambos están acusados de peculado (desviar fondos públicos), agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. El encargado de librar los cheques a lo largo de toda la gestión Saca, según la investigación fiscal, fue Jorge Alberto Herrera Castellanos, el jefe de Tesorería de la Presidencia. La acusación contra él es solo por los delitos de peculado y agrupaciones ilícitas. Para hacerlo, Herrera -de 71 años- debió contar con el apoyo Rodríguez Arteaga, que también tenía firma autorizada.

Un funcionario que trabajó durante más de una década para el Ministerio de Hacienda explica que el dinero para los sobresueldos se encuentra oculto en diversas partidas del presupuesto general. Él explica que en los presupuestos elaborados por Hacienda existen bolsas de cuya liquidación no hay certidumbre porque no existe un control básico y transparente de cómo se ejecutan esas partidas en la Secretaria Privada de la Presidencia. Por ejemplo, una de las partidas está asignada a la dirección y administración institucional de la Secretaría, que en el presupuesto de 2013 tenía asignados 35 millones 616 mil 230 dólares. En 2016, esta misma partida tiene asignados 37 millones 563 mil 960 dólares.
En el presupuesto se plantea que esos fondos son utilizados para “dar seguimiento a la ejecución e implementar acciones para el cumplimiento de objetivos y metas del Programa de Gobierno y realizar reuniones de trabajo con el Gabinete de Gobierno” y “administrar los recursos financieros, materiales y humanos, con eficiencia, racionalidad y transparencia, a fin de contribuir con el logro de los objetivos institucionales y su funcionamiento de manera integrada e interrelacionada.”
Si se asume que durante una gestión de cinco años un ministro recibe al menos 60 sobresueldos de 5 mil dólares, la suma arroja 300 mil dólares en ingresos de los que el Estado no recibe declaraciones de impuestos. Si trasladamos ese cálculo a los 13 ministros del gabinete de gobierno, la cifra estimada asciende a 3.9 millones de dólares en cinco años. En su declaración, el exfiscal Martínez abre una puerta detrás de la cual aparece la Presidencia de la República repartiendo sobresueldos a otros funcionarios del Estado de manera discrecional y a oscuras.
Las tarjetas de Luis Martínez

En septiembre de 2016, luego de analizar las declaraciones patrimoniales del exfiscal Martínez, Probidad concluyó que hubo movimientos de dinero en sus cuentas que no tenían justificación. En concreto, Probidad detectó 125 mil 408 dólares con 80 centavos que no cuadraban. Más tarde, el 27 de octubre, la Sección descubrió que los montos irregulares eran mayores, luego de que encontraron pagos a cuatro tarjetas de crédito por 361 mil 285 dólares que Martínez no había reportado en sus declaraciones.

Cuando la Sección le pidió explicaciones sobre el pago de esas cuatro tarjetas del Banco Promérica, Martínez respondió que estas le habían sido regaladas por la empresa Bolsas Desechables y Plásticos S.A. de C.V. Según dijo, le fueron entregadas para que él y su familia las utilizaran de manera discrecional durante su mandato.

¿Por qué una empresa estaría interesada en dar cuatro tarjetas de crédito a un fiscal general? Martínez señaló que entre algunos accionistas de esta sociedad había parientes suyos. “Existe nivel de parentesco entre algunas de las personas relacionadas con el capital accionario de la sociedad y mi persona, mismas que se vieron de alguna manera fortalecidos a través de la prestación de diversos servicios profesionales rendidos por mi persona y hacía aquella (sic.) desde antes del desempeño del cargo de fiscal”, escribió. El exfiscal tiene 26 años de prestar servicios de abogacía.

La Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal prohíben a los funcionarios públicos recibir favores o dádivas de particulares cuando con estos se intenta influir en el trabajo institucional. Pero el exfiscal explicó que la entrega de las tarjetas de crédito “no obedeció a otra circunstancia que una mera concesión dado los lazos existentes ya expresados para que mi persona pudiera hacer uso de dicho beneficio sin que ello implicara pago de honorarios o prestación de naturaleza alguna y únicamente para disponer de un crédito amplio”.

Una de las cuatro tarjetas de crédito, explicó el exfiscal, fue utilizada por él. Dos tarjetas las utilizó su esposa Carla García Rossi; y la última la utilizó uno de sus hijos, Luis Carlos Martínez. El exfiscal además explicó que para amortizar el saldo de dichas tarjetas, la empresa nunca puso ni un centavo: el dinero en efectivo lo daba él mismo, aunque a veces también enviaba a empleados de la Fiscalía a entregar el dinero a la empresa para que esta hiciera los abonos.

Este ese movimiento constante de dinero es donde, según el exfiscal, entran a escena los sobresueldos de Casa Presidencial. Martínez asegura que esas tarjetas fueron manejadas con fondos entregados por la Presidencia, pero también plantea que esos fondos los ocupó para reforzar su seguridad.

“Se me hizo mención del (reglamento interno) explicándome que el destino era mi uso personal y discrecional. Circunstancias que de inmediato relacioné con la posibilidad de fortalecer mi seguridad personal y la de mi familia por el cargo de alto riesgo que acarreó mi actividad en contra de diversos grupos delincuenciales como las pandillas”, escribió.

Probidad detectó que en los estados de cuenta de las cuatro tarjetas de crédito había compras personales, aunque en el informe al que tuvo acceso El Faro no había detalle de dichos gastos.

No todos los abonos al saldo de la tarjeta de crédito los hizo Martínez con fondos de Casa Presidencial. También dijo que algunos pagos los hizo con viáticos que le entregaba la Fiscalía cuando realizaba misiones oficiales.

La Fiscalía también había otorgado a Luis Martínez una tarjeta de crédito institucional para gastos personales. El exfiscal dijo a Probidad que cuando esa tarjeta de la FGR fallaba o no era admitida, le tocaba utilizar una de las tarjetas que le entregó la sociedad Bolsas Desechables y Plásticos S.A. de C.V.  “No me serví de fondos destinados a la institución (FGR) para pagar gastos relativos únicamente a mi persona o mi familia, por el contrario, mi persona utilizó la tarjeta tantas veces relacionada en auxilio a imprevistos ocasionados por la tarjeta institucional en misiones oficiales”, escribió Martínez.

Probidad pone en duda esta versión: “No se adjuntó ningún documento que respalde el uso de esas tarjetas de crédito para fines institucionales. En los estados de cuenta mensuales enviados a esta oficina por el Banco Promérica S.A. se observan compras personales cargadas a las cuatro tarjetas de crédito analizadas”.

El milagroso préstamo de Aldo Parducci

Antes de convertirse en fiscal general, Luis Martínez había sido un abogado y notario que entre sus clientes tuvo a uno de los hombres más poderosos de El Salvador. Martínez era abogado y notario del expresidente Francisco Flores, y la relación laboral que los unió duró cerca de dos décadas. Por ejemplo, cuando el expresidente Flores dejó su cargo en junio de 2004, necesitó los servicios de un abogado para presentar su declaración patrimonial ante la sección de Probidad. Quien ejerció esas funciones fue el abogado Luis Martínez, para aquellos años todo un desconocido en los pasillos públicos de la política salvadoreña.

La relación entre Martínez y el expresidente Flores era un hombre que formó parte del círculo íntimo del exmandatario. El 19 de diciembre de 2013, Martínez aceptó en una entrevista de televisión en el canal 33 que tenía una larga amistad con Aldo Parducci, el exsecretario privado de la presidencia Flores.  “Con él tengo la relación directa de trabajo por más de 25 años. He sido notario y abogado de Aldo y él estuvo desarrollando una lotificación al expresidente. De ahí viene la relación”, dijo el exfiscal en la entrevista.

Cuando Probidad le detectó otras tres irregularidades al exfiscal por un monto de $125 mil dólares, él invocó a su viejo amigo para intentar desvanecer parte de esos montos. Probidad le señala a Martínez que no se puede comprobar el origen del dinero con el que pagó deudas por 27 mil 305 dólares de su esposa y de un crédito que él abrió a su nombre ante el Banco Agrícola; que tampoco se puede explicar cómo es que gastó más de lo que tenía hasta por un monto de 37 mil dólares, y que tampoco se explica de dónde salieron los fondos para abonar a cuentas de su esposa y de uno de sus hijos 45 mil 760 dólares. Estos montos suman 110,065 de un total de 125 mil dólares que le repara Probidad al exfiscal. En el documento al que tuvo acceso El Faro no hay una explicación sobre los 14 mil 935 dólares de diferencia.

Según Martínez, en febrero de 2013, su amigo Aldo Parducci le otorgó un préstamo no bancario hipotecario por 220 mil dólares. Con ese préstamo Martínez canceló una deuda hipotecaria de 194 mil 442 dólares con el Banco Davivienda. Martínez había hipotecado su casa de residencia en Joya de las Piletas, una residencial privada a la entrada de Nuevo Cuscatlán, en La Libertad. Esa deuda, según explicó a Probidad, fue saldada tres meses después de haber asumido como fiscal general con el préstamo otorgado por Parducci.

Del préstamo que le hizo su amigo, según las cuentas del fiscal, le quedaban 25 mil 558 dólares que utilizó para pagar otras deudas. En concreto abonó saldos a tres tarjetas de crédito de su esposa y pagó las últimas cuotas de un préstamo personal abierto a su nombre en el Banco Agrícola. El total de estas operaciones llegó hasta los 27 mil 305 dólares.

Pero Martínez también invocó ese mismo crédito para justificar 20 mil de los 37 mil dólares que según Probidad gastó de más.

Para Probidad, el relato de Martínez no es válido porque aunque él dice que recibió 220 mil dólares de parte de Parducci, Probidad solo ha certificado un préstamo por 200 mil dólares. Eso significa que luego de haber cancelado la hipoteca de su casa, Martínez solo pudo haber utilizado 5 mil 558 dólares -lo que le quedaba del préstamo de Parducci- para otros gastos.

El último reparo de Probidad -unos depósitos por 45 mil 760 dólares en cuentas de su esposa y su hijo- Martínez intentó subsanarlo explicando que ese dinero salió de montos que provenían de sus sueldos como fiscal, de los viáticos y gastos de representación que él obtuvo de la FGR.

Probidad cuestiona esta versión porque esos fondos, según argumentaba el mismo Martínez ante la Fiscalía, eran utilizados para necesidades de su trabajo.

“Esta oficina no puede tener como válidos esos argumentos (de Martínez) ya que según consta en la información proporcionada por la FGR, mediante oficio del 11 de julio de 2016, el fiscal general pidió en repetidas ocasiones viáticos adicionales para sus misiones oficiales y su comitiva que lo acompañaba, lo que da a entender que los asignados no le eran suficientes para sufragar sus gastos”, reza el informe de Probidad.

Manuel Cruz, el abogado del exfiscal, explicó a El Faro que su cliente no quiere dar declaraciones a ningún medio sobre ninguno de los procesos de investigación en su contra. El caso de Luis Martínez está en estudio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes definirán si este pasa a una Cámara de lo Civil a un juicio por enriquecimiento ilícito.

*Con reportes de Nelson Rauda

En agosto de este año, el exfiscal general, Luis Martínez, fue detenido por agentes de la PNC para llevarlo a las bartolinas de la División Anti Narcóticos. Fue capturado en la sede de la Fiscalía General de la República, en Antiguo Cuscatlán, acusado por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal. Foto de El Faro: Víctor Peña

En agosto de este año, el exfiscal general, Luis Martínez, fue detenido por agentes de la PNC para llevarlo a las bartolinas de la División Anti Narcóticos. Fue capturado en la sede de la Fiscalía General de la República, en Antiguo Cuscatlán, acusado por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal. Foto de El Faro: Víctor Peña