enriquecemiento ilícito

Carta a doña Norma Guevara: No trate de tapar el sol con un dedo. De Paolo Luers

Paolo Luers, 18 abril 2017 / MAS! y EDH

Estimada diputada:
Puede ser un gesto noble que usted trate de defender a un amigo, a quien todos los demás han abandonado, como es el caso con Mauricio Funes. O puede ser el intento vano de tapar el sol con un dedo.

“No hay ninguna prueba que incrimine que el expresidente Funes se enriqueció con fondos públicos,” dijo usted. Y saca la conclusión atrevida que el proceso que se sigue en contra de Funes “no es más que una forma de persecución política orquestada.”

Incluso en el caso hipotético que usted tuviera razón que “Funes no tomó dinero de las arcas del Estado para beneficio propio y de su familia”, su conclusión es engañosa. Hay distintas formas de enriquecimiento ilícito, y no todas significan que se haya robado al arco público como lo hizo Toni Saca.

Las ‘donaciones’ que Mauricio Funes recibió de Nico Salume y Odebrecht (por conducto de Lula y su representante en El Salvador, Vanda Pignato) no provienen del arco público, pero igual constituyen enriquecimiento ilícito.

Tampoco el enriquecimiento ilícito es la única manera que un presidente puede cometer delitos de corrupción. Asumamos generosamente que no fuera cierto (o que no se pudiera comprobar) que una porción de los más de 100 millones de dólares que la CEL hizo a ASTALDI (por órdenes del entonces presidente Funes, pagando obras no realizadas en El Chaparral) se haya reciclado a cuentas de Funes, pasando por diferentes cuentas en Panamá. Incluso bajo esta hipótesis quedaría fuera de duda que Funes causó un enorme daño al Estado y sus finanzas. Quedaría también fuera de duda que cometió delitos.

Con su experiencia usted debería saber que siempre el ‘daño colateral’ de la corrupción es mucho más alto que los montos que malos funcionarios roban al Estado. Hablando del primer mandatario de su partido, el ‘daño colateral’ que causó al país con sus decisiones corruptas en los casos CEL-ENEL y El Chaparral es infinitamente más grande que un par de millones que puede haberse apropiado. Es un daño a la eficiencia y sostenibilidad de nuestra sistema de generación eléctrica, desfinanciando a instituciones estatales como CEL y LaGeo. Este daño lo pagamos todos los meses los consumidores y las empresas productoras con tarifas altas de energía.

Si sumamos el daño que las decisiones corruptas de Funes y sus operadores en CEL y CEPA causaron a la confianza de los inversionistas, realmente los lujos que estos hombres se dan como resultado de enriquecimiento ilícito parecen de poca monta.

Incluso si usted tuviera razón en afirmar que Funes no robó fondos del Estado, su intento de tapar el sol con un dedo ciertamente no es la noble defensa de un hombre que se ha quedado sin amigos.

Saludos,

 

 

¡Sinvergüenzas! De Federico Hernández Aguilar

IXVT_federicoFederico Hernández Aguilar, 7 septiembre 2016 / EDH

En el proceso que actualmente se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito, el expresidente Mauricio Funes cuenta con la ventaja de no tener en contra suya a un mandatario en ejercicio, es decir, a alguien que desde el poder se dedique a sembrar dudas sobre su honorabilidad —utilizando para ello recursos públicos—, y que aproveche cada oportunidad disponible para exigir a las instituciones del Estado que le investiguen, le allanen sus propiedades, vayan tras su pista y le enjuicien.

diario hoyFrancisco Guillermo Flores Pérez (Q.D.D.G.) no tuvo la misma suerte, y fue precisamente Mauricio Funes quien se encargó de que no la tuviera. El 30 de enero de 2014, por ejemplo, hablando ante cámaras con el periodista Moisés Urbina, Funes no solo aseguró que el caso Flores ya estaba “debidamente demostrado”, sino que se apoyó en la Comisión Investigadora de la Asamblea (montada para interrogar a su antecesor) y en las acciones que ya para entonces había tomado la Fiscalía. Así negaba la existencia de una “persecución política” contra Flores.

“Persecución política es cuando se persigue por las ideas, por las actuaciones políticas”, nos instruyó Mauricio en aquella entrevista televisiva. “A un presidente que se le está investigando por haberse apropiado de recursos que son del erario nacional, no se le persigue políticamente: se le está haciendo un juicio (…). ¿Y si no, por qué congela cuentas y bienes el Fiscal General de la República?”. (Pues sí, ¿verdad?).

Unas semanas después, el 26 de febrero, también en TCS, afirmaba Funes que Paco debía ser procesado. “¿Cuál es el problema de juzgar al presidente Flores en ausencia?”, se preguntaba, y le daba instrucciones a la Fiscalía para que actuara en ese sentido. Luego, en mayo de 2014, cuando se desconocía el paradero del exmandatario, Mauricio se mostraba inquieto de que aún no se hubieran allanado sus propiedades. Desde su espacio radial, además, exigía que se negaran opciones de escape a su antecesor: “Según la prensa”, dijo entonces, “el expresidente Flores está en Panamá y va a pedir asilo político. Yo esperaría que el presidente Martinelli lo piense bien, porque no es un perseguido político… Hay una persecución penal por delitos cometidos siendo presidente de la República”.

El FMLN, por su lado, acompañando a Funes en sus denuncias públicas, mostraba su “indignación” cuando a Flores se le trataba con alguna consideración. En diciembre de 2015, por ejemplo, el oficialismo lamentaba la decisión de la Cámara Primera de lo Penal que había enviado a su casa, siempre bajo arresto, al exgobernante. Criticaba aquella resolución “según la cual el reo Francisco Flores, Presidente Honorario del partido ARENA y ex-Presidente de la República, fue exculpado (sic) del delito de lavado de dinero y enviado de la bartolina donde guarda prisión a su residencia”. Y en Maya Visión, aparte de acusar a uno de los jueces de ser “militante de ARENA”, Medardo González agregaba, con su particular sintaxis: “Es pura picardía lo que ha habido en esto… Lo más grave de las dos cosas, porque son dos cosas: uno, que le ha quitado los dos delitos de Lavado de Dinero, y otro es que de la bartolina lo pasan a su casa para que pase sus vacaciones con la familia”.

Pero la vida, como es habitual, ha seguido dando vueltas, y a quien tenemos hoy enredado en cuestiones legales es a Mauricio Funes. Si usáramos los criterios que escuchamos de él contra Flores, no habría razones para calificarlo de “perseguido político” ni para extenderle asilos o librarlo de allanamientos a sus propiedades. Esta vez, sin embargo, Medardo González sí pide que se respete la presunción de inocencia del expresidente, recordando que todavía no ha sido vencido en juicio. Hoy quiere el FMLN que se concedan a Funes las garantías que él mismo negó a otros. ¡Ah, políticos mediocres! ¿Qué pegamento usarán para evitar que se les caiga la cara de vergüenza?

El lujoso estilo de vida de Mauricio Funes

Pasó de vivir en una casa de clase media a una suntuosa residencia en 2014. Investigación judicial muestra compras exorbitantes en tiendas exclusivas del exterior.

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12 febrero 2016 / EDH

https://segundavueltasv.files.wordpress.com/2015/11/diario-hoy.pngLa investigación que le siguió Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que le descubrió ingresos no justificados por $702 mil, trae a la memoria de los salvadoreños el ascenso radical que el expresidente Mauricio Funes tuvo en su estilo de vida desde poco antes de llegar al poder: de vivir en una casa de clase media antes de llegar al poder a morar en suntuosas residencias durante y después de ser el primer presidente de izquierda.

Siendo un entrevistador de televisión, el exgobernante residía en la calle Izalco casa 5-G de la colonia Arcos de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, una zona de familias de clase media y media alta.

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Tras ser designado candidato presidencial del partido FMLN, en 2009, se fue a instalar a una residencia en la colonia San Benito que le proveyó el empresario Nicolás Salume (ya fallecido).

En esa misma oportunidad, se reveló públicamente que Salume también le otorgó un préstamo por $3 millones, el cual posteriormente Funes dijo que había sido una donación para su campaña.

Al parecer, ese es el mismo monto de dinero que la Corte Suprema de Justicia le ha pedido a la Fiscalía General de la República y al Ministerio de Hacienda que investiguen, pues nunca se aclaró qué sucedió con él al final.

Posteriormente, tras ser electo como mandatario,  se mudó a la Residencia Presidencial.

Al final de su gestión, él mismo dijo que alquilaría una lujosa residencia en la calle La Guacalchía de la colonia Lomas de Altamira. Ese mismo es el domicilio que se le adjudica a la exprimera dama, Vanda Pignato.

En su momento se dijo que la casa pertenece a su amigo Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco).

Según publicó entonces el periódico digital El Faro, Menéndez adquirió el terreno a un monto de $179,122.

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Funes aseguró que esa casa “la alquilaría” para él y su familia a partir de junio de 2014, cuando dejara la presidencia.  Además confirmó la propiedad del inmueble a nombre de la sociedad Mecafé S.A. de C.V., una de las firmas de Menéndez.

“La casa no es propiedad mía, ni la he construido yo. Es una casa que yo he alquilado para residencia de mi familia a partir del próximo mes de junio (de 2014)”, dijo el ex presidente a través de un boletín de la Presidencia de la República.

Esta casa fue construida sobre un terreno de 1,565 metros cuadrados. Tiene doble muro y una torreta de vigilancia. Fue construida, según El Faro, por la empresa HBASA, propiedad de Hugo Barrientos, exviceministro de Obras Públicas  y presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) bajo la administración Funes.

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En mayo de 2014 El Diario de Hoy obtuvo en el Centro Nacional de Registros (CNR) la escritura de propiedad del inmueble, en la cual se confirma como propietario Menéndez y que la firma Inversiones Territoriales y Gravámenes Locales S.A. de C.V. le vendió a Mecafé el terreno donde se construyó la casa.

La Corte ordenó, como una medida cautelar, el congelamiento de cuatro cuentas bancarias del exmandatario y notificó al Viceministerio de Transporte que impida cualquier transacción de ocho automotores, cinco de ellos a nombre de Funes y tres a nombre de uno de sus hijos.

Tres de las cuentas inmovilizadas hacían un monto  de $51 mil. No se conoció el total de la cuarta cuenta.

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Además, la Sección de Probidad de la CSJ informó a la Corte Plena la semana pasada que Funes, al finalizar su mandato, reportó gastos mayores a los ingresos que recibió siendo presidente, y terminó con un saldo negativo de $36, 782.

Según la investigación que se le siguió, Funes  hizo gastos exorbitantes en tiendas lujosas en el país, así como de EE. UU., Brasil, y Panamá, que superaron los $54 mil. En esos comercios se adquieren artículos como relojes, carteras, zapatos,   maletas entre otros. (Lea detalles en la siguiente página).

La resolución también indica que la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Hacienda deben investigar el origen de todos los fondos que Funes recibió durante la campaña presidencial antes de llegar al Ejecutivo, así como también indagar si por esas transferencias Hacienda percibió los impuestos correspondientes.

En este punto hay que recordar que sobre el donativo de Salume, Funes dio varias versiones. Primero dijo que había sido un préstamo, luego una donación al FMLN, y finalmente indicó que se lo transfirieron de forma directa a una cuenta personal. Asimismo, reconoció que no pagó impuestos.

“Se metió en mi cuenta porque había de alguna manera que agilizar ese recurso, pero eso lo decidió él después. Formalmente no es una donación, para que ustedes lo tengan muy claro, y por eso es que no tendría que pagar impuestos, por eso fue que Salume me perdonó esa deuda”, dijo Funes en su momento.

Para llevar el juicio civil, la CSJ designó a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, con sede en San Salvador.

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El otro caso Flores: Banco Hipotecario prestó más de lo permitido a Leonel Flores

Según la investigación de la Corte Suprema, el banco financió el 100% para la adquisición de la vivienda del exdirector del ISSS. La política del banco es financiar el 90% de los créditos hipotecarios.

Juicio. El pleno de la CSJ resolvió el jueves ordenar un juicio por sospechas por enriquecimiento ilícito en contra de Leonel Antonio Flores Sosa, exdirector del ISSS. - See more at: http://www.laprensagrafica.com/2015/11/28/banco-hipotecario-presto-mas-de-lo-permitido-a-flores#sthash.Ot6VxBXd.dpuf

Juicio. El pleno de la CSJ resolvió el jueves ordenar un juicio por sospechas por enriquecimiento ilícito en contra de Leonel Antonio Flores Sosa, exdirector del ISSS.

Suchit Chávez/Lourdes Quintanilla, 28 noviembre 2015 / LPG
la prensa graficaEl exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Leonel Flores Sosa (2011-2014) recibió depósitos de parte de terceras personas en 55 ocasiones. La mayor parte de ellos, un total de 29, en la cuenta que abrió en el Banco Hipotecario, donde amortizaba la deuda de un crédito hipotecario por una vivienda que adquirió en 2011 en la colonia Escalón, pocos meses después de asumir su cargo.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió el pasado jueves ordenar un juicio civil contra el exfuncionario por sospechas de enriquecimiento ilícito. Fuentes de la CSJ confirmaron ayer que el Banco Hipotecario prestó el 100 % del valor de la vivienda que Flores Sosa adquirió en 2011. El departamento de comunicaciones de esa entidad bancaria informó ayer que aprueban financiamiento “hasta el 90 % del valor de la inversión; o en caso de vivienda un 90 % del valor del valúo o del precio de venta, el que resulte menor”.

El Banco Hipotecario es una entidad financiera pública, cuya misión es “otorgar créditos con los sectores productivos, especialmente con las PYMES”.

El banco explicó que los funcionarios públicos no están inhibidos de adquirir préstamos en esa institución, pero consultada respecto a las condiciones otorgadas a Flores Sosa, a través de su oficina de comunicaciones, respondió: “El banco no está facultado para referirse al caso, dado que debe cumplir con la ley de bancos y el secreto bancario, igual que cualquier otro banco del sistema”.

Según los informes bancarios solicitados por Probidad, 26 de los 29 depósitos a la cuenta del Banco Hipotecario los hizo Antonio Quintanilla Méndez, entre septiembre de 2011 y marzo de 2014. Los depósitos se hicieron regularmente cada mes, o cada dos meses, por entre $4,000 y $5,000. Quintanilla Méndez, según investigación de la Sección de Probidad, era motorista del ISSS y recibía el dinero en efectivo de manos de la asistente de Flores; Mildred Díaz, quien también fue entrevistada en la CSJ y alegó desconocer el origen de los fondos.

Los depósitos de terceras personas en una cuenta personal del exfuncionario es uno de los hallazgos que detectó la Sección de Probidad, luego de analizar sus declaraciones patrimoniales de inicio y cese de funciones. Probidad concluyó preliminarmente que Flores no pudo justificar un incremento de $608,387.28.

La adquisición de la vivienda con el crédito del Banco Hipotecario por $500,000 –que posteriormente se amplió a $605,000– es uno de los pocos rubros que la Sección de Probidad no cuestionó de la información plasmada por Flores en sus declaraciones patrimoniales de inicio y cese de funciones en el cargo; no así el manejo de fondos que se hizo en la cuenta corriente para amortizar ese crédito.

Los informes bancarios arrojaron que en esa misma cuenta, el hermano del exdirector, Tomás de Jesús Flores Sosa, también depositó $5,000 el 2 de diciembre de 2011. El pariente del exfuncionario está actualmente procesado en un caso de corrupción judicial (ver nota en la otra página).

Probidad sí observó la documentación que Flores Sosa presentó en 2011, cuando declaró tener otros ingresos por $12,419 mensuales como dividendos a partir de acciones en la empresa Best Quality LLC, supuestamente radicada en Virginia (Estados Unidos). Sin embargo, Flores Sosa informó posteriormente a Probidad que tales fondos no ingresarían a El Salvador, ya que serían utilizados para sufragar los gastos de sus dos hijos, que residen en Estados Unidos.

Cuando el funcionario dejó su cargo, en junio de 2014, sí incluyó en su declaración patrimonial los ingresos supuestamente obtenidos a través de tal empresa, por alrededor de $149,000 al año. El análisis que Probidad planteó al pleno de la CSJ da cuenta de que tales ganancias, según los reportes bancarios, no ingresaron al sistema financiero nacional, pues no constan transferencias internacionales.

Parte de las conclusiones de Probidad es que los ingresos en cuentas bancarias de Flores Sosa, por más de $313,000, son de origen desconocido, ya que según los informes financieros muchos de sus ingresos no constituyen depósitos por planillas.

Un cálculo de algunos de los gastos reportados por Flores Sosa, durante su desempeño en el cargo, determinó que el funcionario consumía el 97 % de su ingreso salarial en ellos, si dichos ingresos se tomaban en cuenta de forma neta, sin descuentos de ley.

Así, Flores Sosa devengaba un salario de $5,311.52 netos como titular del ISSS, que no incluye los descuentos legales. El pago de la cuota al crédito hipotecario, según los informes bancarios remitidos a la Sección de Probidad por parte del Banco Hipotecario, era de $3,962.09 al mes.

LPG20151128 - La Prensa Gráfica - PORTADA - pag 6