Luis Martnez

Joder a Paco Flores. Columna Transversal de Paolo Luers

30 diciembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Escuché los ‘audios presidenciales’ que publicó la revista digital ‘Factum’. Lo que se presencia ahí, tiene algo insuperablemente cómico. Algo tan cínico que raya en lo absurdo. Algo tan absurdo que da risa.

Hay que ubicarse en el tiempo y en el contexto. La grabación refleja una reunión celebrada el 11 de octubre del 2013. Los participantes son: Mauricio Funes, entonces presidente de la República, acompañado por su capo ‘Mecafé’; y Tony Saca, su antecesor en Casa Presidencial, acompañado por su capo-primo Herbert y por su incondicional César Funes. A esta altura del partido, Tony Saca ya se había robado decenas de millones de dólares de fondos públicos. Cuanto realmente robó nunca lo vamos a saber. Según la acusación del fiscal Douglas Meléndez, se quedó con la totalidad de la partida reservada de CAPRES, unos 300 millones. Pero como esto obviamente fue paja mediática y por tanto no lo pudo comprobar, Meléndez aceptó un juicio abreviado, así que nunca se estableció cuál fue la porción que de hecho se apropió Saca. Cuando los presidentes se juntaron para tomar whisky y conspirar, buena parte de este dinero ya estaba invertido: en sus empresas, en su mansión – y en su partido GANA.

Por su parte Funes, con 4 años en CAPRES, posiblemente ya había superado las cifras de Saca. Según Douglas Meléndez, cuando Funes entregó el poder en junio del 2014, había malversado unos 350 millones, y nadie sabe que porcentaje te quedó a él, a Vanda, a la Michy y a sus hijos…

Entonces, aquel 11 de octubre del 2013 están sentados dos dones tomando whisky. Ambos perfectamente sabían que el otro se había robado una fortuna – pero de esto, entre caballeros, no se habla. Hablaron sobre como joder a otro ex presidente, Paco Flores, y como convencer a la ciudadanía que este su enemigo común se había quedado con 10 millones de dólares que el gobierno de Taiwán había mandado con cheques a su nombre. Obviamente, los ahí reunidos, ladrones todos, no se dieron paja mutuamente hablando de ética, moral y corrupción, tampoco de los víctimas del terremoto supuestamente defraudados por Flores. No, las lágrimas de cocodrilo quedaron reservados para los discursos públicos de Funes. Entre ladrones no se habla así, así que se concentraron en discutir cómo involucrar a un periodista corrupto, a un fiscal corrompible, a un fiscal general amigo y a un ministro de Seguridad inescrupuloso (Ricardo Perdomo). Todo con un solo fin: joder a Paco Flores – y por tanto a ARENA, faltando cinco meses a las elecciones. Aunque no lo mencionaron, se trató de facilitar que don Tony podía regresar al poder y seguir robando. Punto. Una cosa sumamente práctica, que tiene que ver con sobornos, con amenazas, con tráfico de información falsa – no con pendejadas nobles como justicia o verdad.

Ahí reside lo cómico de estas conversaciones, lo cínico y lo absurdo. El triángulo conspirativo entre dos presidentes anteriormente enfrentados ideológicamente, pero unidos en la corrupción y el odio a Paco Flores; y el tercero, ausente pero siempre presente: el todopoderoso Fiscal General Luis Martínez.

No era la única vez que se puso a funcionar este triángulo mafioso para joder a un adversario. Igual los mismos tres conspiraron para hundir a don Billy Sol y los otros acusados en el caso CEL-ENEL. Con el mismo cinismo: todos los conspiradores sabían perfectamente quienes habían convertido la CEL y a Geotérmica en hoyos negros de la corrupción: primero Saca, luego Funes, usando los mimos operadores. Con el caso CEL-ENEL querían matar dos pájaros con un tiro: desacreditar a Billy Sol, Paco Flores y ARENA – y a la vez levantar una cortina de humo para esconder su propia administración fraudulenta en la CEL. 

Hoy Tony Saca y Luis Martínez conviven en Mariona. Tal vez todavía andan discutiendo porqué no les funcionó su jugada contra don Billy. Bueno, la segunda jugada sí les funcionó. No lograron condenar a Paco Flores, pero sí matarlo. Tampoco Saca logró regresar a poder, pero por o menos lograron que llegara Sánchez Cerén.

En resumen, los ex presidentes nos obsequiaron una ópera bufa surrealista, y el que debe estar riéndose a carcajadas es Paco Flores, apreciando desde donde esté las piruetas que dio la vida a los tres señores que lo querían joder…

Escuche los ‘audios presidenciales”:
Versión resumida
Versión completa

Lea la nota de Factum:
Funes y Saca planifican operación ilegal

Carta al exfiscal: ¿Y usted nos pidió respeto? De Paolo Luers

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Caricatura: Alecus

Paolo Luers, 26 noviembre 2016 / EDH

Estimado Luis Martínez:
Resulta que usted cobró, mes a mes su sobrecito de billetes, primero de Mauricio Funes, luego de Salvador Sánchez Cerén. “La cantidad que se le entregaba de tal origen osciló aproximadamente entre los 36 (meses) ya expuestos, de diciembre de 2012 a diciembre de 2015, entre los 10 mil hasta 20 mil dólares”, escribió usted mismo a la Corte Suprema de Justicia. Claro, en Casa Presidencial no hay record de esto, como tampoco de tantas otras cosas. Porque nunca firmó recibos. Tampoco hay record en Hacienda, porque el acuerdo tácito con Casa Presidencial era no declarar este ingreso al fisco. Sobornos no se registran en contabilidad…

diario hoyNos enteramos de todo esto, no por un ataque de transparencia de Casa Presidencial o de usted, sino porque usted se vio obligado a justificar ante la Sección de Probidad su patrimonio y su tren de gastos personales. No había otra forma de justificarlos, así que usted tuvo que ‘confesar’. “Dicha cantidad me fue explicada someramente, como una concesión inherente al cargo de fiscal general de la República, como un sobresueldo”, afirmó usted a la Corte.

El hecho que usted concibe que es “inherente al cargo de fiscal general” recibir, aparte de su salario en la FGR y “para sus gastos personales” sobres de cash del presidente de turno, explica mucho de su errática gestión. Siempre me he preguntado como un fiscal general, supuestamente vestido de absoluta independencia frente al Ejecutivo, pudo convertirse en el fiel instrumento del presidente Funes en su cruzada de persecución política contra sus adversarios. No hay almuerzo gratis: Una vez que se vendió al diablo, vendió también la imparcialidad de la fiscalía. Una vez que aceptó 20 mil dólares mensuales de soborno del presidente de la República, puso la institución de la fiscalía en función de juicios políticos, como en los casos CEL-ENEL y Francisco Flores.

Incluso a la hora de bajarse los pantalones y ‘confesar’, todavía trata de engañar. Usted habla de sobresueldo, pero los sobrecitos de cash que usted cada mes recibió de Casa Presidencial, no era un sobresueldo. Era un vil acto de soborno del poder ejecutivo para comprar la voluntad de un funcionario que por mandato constitucional tiene que actuar con independencia.

Los sobresueldos son otra cosa, tampoco muy legal, que corresponden a una práctica de los gobiernos de compensar a sus funcionarios (ministros, viceministros y otros) con pagos en efectivo, simplemente porque los salarios oficiales no corresponden a la realidad del mercado de profesionales. Un presidente no necesita sobornar a sus ministros, porque tiene todo el derecho de darles órdenes, corregirles la plana o incluso sustituirlos. La práctica común que el mismo empleador paga, adicional al salario, un sobresueldo, no es correcta, no es legal, pero es legítimo, no es soborno, no es compra de voluntades. Y la solución es simple: asignarles a los altos ejecutivos del Estado salarios que correspondan a su preparación académica y profesional, su responsabilidad y su desempeño profesional.

Pero cuando el presidente de la República compra, con sobrecitos de cash, la voluntad de fiscales, jueces, periodistas y otros que no son sus subalternos, es otra cosa mucho más grave. Y esto es, evidentemente, el caso de usted. El fiscal general no solo tiene que ser independiente, tiene la responsabilidad de investigar y perseguir delitos cometidos dentro del órgano ejecutivo. Inmediatamente surge la interrogante: Si ya sabemos que esta práctica de comprar fiscales no terminó con la gestión de un presidente (Funes), sino se prolongó en la Casa Presidencial actual, ¿quién nos garantiza que en el caso de la fiscalía terminó con la gestión de Luis Martínez?

Pero a esta duda ya no tiene que responder usted, sino el actual presidente y el actual titular de la fiscalía. El delito que cometió usted ya está documentado, y es soborno, no es sobresueldo. Hay que nombrar las cosas por su nombre – y no es correcto que los medios (incluyendo el mismo Faro que documentó este caso), sigan hablando de sobresueldo y no de soborno.

Y a usted le pregunto: ¿Con qué cara pronunció esta célebre frase ‘¡Respeten al fiscal!’?
Saludos,

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Exfiscal Luis Martínez admite que Presidencia le tuvo a sueldo durante toda su gestión. El Faro

“El origen de dichos fondos era el mismo presupuesto del órgano ejecutivo”, escribió el exfiscal Martínez en un documento presentado a la Corte Suprema de Justicia en el que revela haber recibido de la Presidencia sobresueldos de entre 10 mil y 20 mil dólares. Martínez dio esta información para intentar explicar 486 mil dólares sin justificación en su patrimonio. El exfiscal es el primer exfuncionario ajeno al Ejecutivo que confiesa haber recibido sobresueldos. 

el faroSergio Arauz y Gabriel Labrador, 24 noviembre 2016 / EL FARO

El exfiscal Luis Martínez reveló a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que durante todo su periodo recibió un sobresueldo mensual “de entre 10 mil y 20 mil dólares” que provenían de una partida de gastos reservados administrada por la Presidencia de la República. Según Martínez,  estos fondos le fueron entregados de manera consecutiva durante los últimos 18 meses de la administración del expresidente Mauricio Funes y los primeros 18 meses de la gestión de Salvador Sánchez Cerén.

El exfiscal dio esta confesión el 16 de noviembre a la sección de Probidad, en un escrito con el cual intentó subsanar una investigación de enriquecimiento ilícito en su contra. Probidad le cuestiona cuatro irregularidades a sus cuentas que suman 486 mil dólares cuyo origen es desconocido. El monto mayor tiene que ver con el pago que Martínez y su familia hicieron a cuatro tarjetas de crédito del Banco Promérica hasta por 361 mil dólares.

Para justificar el origen de esos fondos, Martínez escribió a Probidad que él recibía dinero de “delegados de Casa Presidencial” a quienes no puede identificar, y que el dinero fluyó de manera constante durante las dos administraciones presidenciales del FMLN.

“La cantidad que se me entregaba de tal origen osciló aproximadamente entre los 36 (meses) ya expuestos, de diciembre de 2012 a diciembre de 2015, entre los 10 mil hasta 20 mil dólares de los Estados Unidos de América, ya que cuando viajaba en misiones oficiales se me hacía entrega de una cantidad mayor a la normal y me eran entregados por diferentes personeros de Casa Presidencial, que nunca identifiqué, de manera mensual (sic.)”, escribió Martínez a la sección de Probidad.

Para el exfiscal, la normalidad con la cual se le entregó el dinero le hizo entender que se trataba de un pago por su trabajo y por eso nunca sospechó de su procedencia. En mayúsculas, Martínez escribió que “EL ORIGEN DE DICHOS FONDOS ERA EL MISMO PRESUPUESTO DEL ÓRGANO EJECUTIVO, por lo que no dudé de la legalidad de los mismos”. Martínez, quien juró defender la Constitución, la cual lo revistió de independencia respecto al resto de poderes del Estado, se perfila a sí mismo como un funcionario a sueldo de los gobiernos de Funes y Sánchez Cerén.

“Dicha cantidad me fue explicada someramente, COMO UNA CONCESIÓN INHERENTE AL CARGO DE FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA como un sobresueldo, situación que no me pareció ilógica en tanto que el origen, la permanencia en las entregas y sobre todo, que sucedió durante la transición de dos regímenes diferentes sin interrupción (sic.)”, escribió.

Al leer su declaración queda claro en dos ocasiones que el sobresueldo que dice haber recibido fue entregado entre el último tramo de la gestión del primer gobierno del FMLN, de diciembre de 2012 a mayo de 2014 (18 meses); y el primer tramo de la gestión de Sánchez Cerén, de  junio de 2014 a diciembre de 2015 (18 meses), periodo que se corresponde a su mandato en la FGR. En el inicio del texto, sin embargo, Martínez parece confundirse al decir que recibió fondos “inicialmente” en 29 meses del gobierno de Funes y siete meses del gobierno de Sánchez Cerén. La sumatoria de este cálculo, aparentemente erróneo, también se corresponde con el total de meses que dura un fiscal general en el cargo.

Esta es la primera vez que un exfuncionario del Estado -ajeno al organigrama del órgano ejecutivo- revela que recibió dinero de una partida de gastos reservados a través de sobresueldos. El Faro reveló en 2013 la existencia de los sobresueldos ocultos del gabinete,  una práctica que nació en el gobierno del expresidente Armando Calderón Sol (1994). Desde hace 22 años ha sido la Presidencia de la República la dependencia responsable de gestionar y de entregar estos sobresueldos, que se pagan en efectivo y sin dejar rastro en la contabilidad oficial.

En su testimonio, el exfiscal Martínez confirma que la entrega de los sobresueldos no era algo exclusivo para funcionarios del gabinete de gobierno o del órgano ejecutivo, y que los montos podían sobrepasar la frontera de los 10 mil dólares mensuales. Un exfuncionario de la Presidencia Funes que formó parte del equipo que tramitaba estos pagos explicó a El Faro que a parte de los altos funcionarios del ejecutivo, el sobresueldo del exfiscal era solo uno más de una serie de “apoyos” que también recibían algunos diputados opositores, columnistas, periodistas, fundaciones privadas sin fines de lucro y hasta magistrados de la Corte Suprema.
La confesión de Martínez es el segundo indicio que recoge Probidad sobre el uso irregular de fondos públicos a tráves de partidas catalogadas como gastos reservados. La primera vez que este mecanismo se cruzó por el radar de la sección fue cuando Élmer Charlaix, el exsecretario privado del expresidente Antonio Saca, intentó justificar que 15.8 millones de dólares que pasaron por sus cuentas bancarias provenían de una cuenta de gastos secreta del expresidente Saca. Según Charlaix, él utilizó esos fondos para gastos de inteligencia ordenados por el presidente de la República. Más tarde, la Fiscalía logró detectar que entre esos movimientos de dinero, supuestamente destinados para operaciones de inteligencia, hubo pagos a tarjetas de crédito de la exprimera dama, Ana Ligia Mixco de Saca, y una entrega de 400 mil dólares al partido Arena, entre otros.

En el caso del exfiscal Martínez, él explicó que el dinero que le enviaba la Presidencia a través de delegados provenía de una partida presupuestaria del Ejecutivo cuyo gasto era regulado por un reglamento. Ese reglamento, según Martínez, era citado verbalmente por esos delegados cuando le entregaban el dinero. “(…) Existía ‘un reglamento interno de Casa Presidencial’ y se me hizo mención de él explicándome que el destino era mi uso personal y discrecional”, planteó Martínez.

Hasta esta nueva versión narrada por el exfiscal, el sobresueldo -según confirmaron una docena de exfuncionarios y funcionarios de Arena y el FMLN con los que habló El Faro en 2013- era un complemento al salario mensual de los altos funcionarios del Ejecutivo que se definía en una negociación entre la Presidencia y el beneficiario del estipendio.

Miembros de los últimos cuatro gobiernos que confiesan haber recibido esos pagos dicen que la cantidad entregada dependía del rango del funcionario como del salario que este tenía antes de asumir funciones: unos recibían 3 mil dólares, otros 5 mil, otros 8 mil y hay, los menos, que recibían más de 10 mil dólares mensuales en billetes de 100. Esta última cifra casi equivale a tres veces el sueldo oficial de un ministro, que según la Ley de Salarios pellizca los 3,500 dólares.
En la administración de Mauricio Funes, cuentan los exfuncionarios, existió una especie de escalera de sobresueldos asignados a cada rango. Un ministro del primer gobierno del FMLN recibía cada mes 5 mil dólares de “complemento”; mientras que un viceministro recibía 3 mil. La confesión del exfiscal Martínez revaloriza esos montos, cuando él habla que llegó a recibir hasta 20 mil dólares en algunos sobresueldos.
Según las fuentes, la entrega de este dinero, en la mayoría de ocasiones, se hacía a través de sobres de manila. Quienes lo entregaban en las oficinas de los funcionarios eran motoristas o mensajeros, aunque había algunos funcionarios que llegaban a cobrar su estipendio en una oficina de la Presidencia. Ahí eran atendidos por un empleado al que no podían identificar. Tres años después de que El Faro revelara la existencia de los sobresueldos, el exfiscal Martínez confirma cómo funcionaba este mecanismo cuando declara a Probidad que él recibía el dinero “por diferentes personeros” de Casa Presidencial.
“Las cantidades ya referidas efectivamente eran entregadas a mi persona sin mediar en ello comprobantes de entregas o recibos, pero supondría que de ello existe respaldo en casa presidencial o en el Ministerio de Hacienda”, escribió.
Según el expediente de Probidad al que tuvo acceso El Faro, esta oficina consultó a la secretaría jurídica de la Presidencia si existían documentos que respaldaran los pagos mensuales que el exfiscal general dice haber recibido. “En razón de la materia que trata el requerimiento en cuestión, el mismo fue trasladado a la Gerencia Financiera Institucional, oficina que mediante nota de esta misma fecha -18 de noviembre de 2016- respondió que, luego de instruir a la verificación de la información solicitada en el precipitado requerimiento, en los archivos y registros de la referida Gerencia, se ha constatado su inexistencia en tales archivos y registros”.
Hasta finales de octubre de 2016, tres técnicos financieros de Casa Presidencial señalados por la Fiscalía como piezas claves en una maquinaria que ordeño al Estado con más de 250 millones de dólares seguían laborando para la presidencia todavía en el segundo gobierno del FMLN. Estos funcionarios fueron contratados desde la presidencia de Armando Calderón Sol y se mantuvieron en el cargo durante 22 años.

Se trata de dos contadores: Francisco Rodríguez Arteaga, el jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia de la República, y Pablo Gómez, asistente técnico financiero de la Presidencia y subalterno de Élmer Charlaix durante la gestión Saca. Ellos crearon 12 cuentas por las que circularon $251.3 millones. Ambos están acusados de peculado (desviar fondos públicos), agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. El encargado de librar los cheques a lo largo de toda la gestión Saca, según la investigación fiscal, fue Jorge Alberto Herrera Castellanos, el jefe de Tesorería de la Presidencia. La acusación contra él es solo por los delitos de peculado y agrupaciones ilícitas. Para hacerlo, Herrera -de 71 años- debió contar con el apoyo Rodríguez Arteaga, que también tenía firma autorizada.

Un funcionario que trabajó durante más de una década para el Ministerio de Hacienda explica que el dinero para los sobresueldos se encuentra oculto en diversas partidas del presupuesto general. Él explica que en los presupuestos elaborados por Hacienda existen bolsas de cuya liquidación no hay certidumbre porque no existe un control básico y transparente de cómo se ejecutan esas partidas en la Secretaria Privada de la Presidencia. Por ejemplo, una de las partidas está asignada a la dirección y administración institucional de la Secretaría, que en el presupuesto de 2013 tenía asignados 35 millones 616 mil 230 dólares. En 2016, esta misma partida tiene asignados 37 millones 563 mil 960 dólares.
En el presupuesto se plantea que esos fondos son utilizados para “dar seguimiento a la ejecución e implementar acciones para el cumplimiento de objetivos y metas del Programa de Gobierno y realizar reuniones de trabajo con el Gabinete de Gobierno” y “administrar los recursos financieros, materiales y humanos, con eficiencia, racionalidad y transparencia, a fin de contribuir con el logro de los objetivos institucionales y su funcionamiento de manera integrada e interrelacionada.”
Si se asume que durante una gestión de cinco años un ministro recibe al menos 60 sobresueldos de 5 mil dólares, la suma arroja 300 mil dólares en ingresos de los que el Estado no recibe declaraciones de impuestos. Si trasladamos ese cálculo a los 13 ministros del gabinete de gobierno, la cifra estimada asciende a 3.9 millones de dólares en cinco años. En su declaración, el exfiscal Martínez abre una puerta detrás de la cual aparece la Presidencia de la República repartiendo sobresueldos a otros funcionarios del Estado de manera discrecional y a oscuras.
Las tarjetas de Luis Martínez

En septiembre de 2016, luego de analizar las declaraciones patrimoniales del exfiscal Martínez, Probidad concluyó que hubo movimientos de dinero en sus cuentas que no tenían justificación. En concreto, Probidad detectó 125 mil 408 dólares con 80 centavos que no cuadraban. Más tarde, el 27 de octubre, la Sección descubrió que los montos irregulares eran mayores, luego de que encontraron pagos a cuatro tarjetas de crédito por 361 mil 285 dólares que Martínez no había reportado en sus declaraciones.

Cuando la Sección le pidió explicaciones sobre el pago de esas cuatro tarjetas del Banco Promérica, Martínez respondió que estas le habían sido regaladas por la empresa Bolsas Desechables y Plásticos S.A. de C.V. Según dijo, le fueron entregadas para que él y su familia las utilizaran de manera discrecional durante su mandato.

¿Por qué una empresa estaría interesada en dar cuatro tarjetas de crédito a un fiscal general? Martínez señaló que entre algunos accionistas de esta sociedad había parientes suyos. “Existe nivel de parentesco entre algunas de las personas relacionadas con el capital accionario de la sociedad y mi persona, mismas que se vieron de alguna manera fortalecidos a través de la prestación de diversos servicios profesionales rendidos por mi persona y hacía aquella (sic.) desde antes del desempeño del cargo de fiscal”, escribió. El exfiscal tiene 26 años de prestar servicios de abogacía.

La Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal prohíben a los funcionarios públicos recibir favores o dádivas de particulares cuando con estos se intenta influir en el trabajo institucional. Pero el exfiscal explicó que la entrega de las tarjetas de crédito “no obedeció a otra circunstancia que una mera concesión dado los lazos existentes ya expresados para que mi persona pudiera hacer uso de dicho beneficio sin que ello implicara pago de honorarios o prestación de naturaleza alguna y únicamente para disponer de un crédito amplio”.

Una de las cuatro tarjetas de crédito, explicó el exfiscal, fue utilizada por él. Dos tarjetas las utilizó su esposa Carla García Rossi; y la última la utilizó uno de sus hijos, Luis Carlos Martínez. El exfiscal además explicó que para amortizar el saldo de dichas tarjetas, la empresa nunca puso ni un centavo: el dinero en efectivo lo daba él mismo, aunque a veces también enviaba a empleados de la Fiscalía a entregar el dinero a la empresa para que esta hiciera los abonos.

Este ese movimiento constante de dinero es donde, según el exfiscal, entran a escena los sobresueldos de Casa Presidencial. Martínez asegura que esas tarjetas fueron manejadas con fondos entregados por la Presidencia, pero también plantea que esos fondos los ocupó para reforzar su seguridad.

“Se me hizo mención del (reglamento interno) explicándome que el destino era mi uso personal y discrecional. Circunstancias que de inmediato relacioné con la posibilidad de fortalecer mi seguridad personal y la de mi familia por el cargo de alto riesgo que acarreó mi actividad en contra de diversos grupos delincuenciales como las pandillas”, escribió.

Probidad detectó que en los estados de cuenta de las cuatro tarjetas de crédito había compras personales, aunque en el informe al que tuvo acceso El Faro no había detalle de dichos gastos.

No todos los abonos al saldo de la tarjeta de crédito los hizo Martínez con fondos de Casa Presidencial. También dijo que algunos pagos los hizo con viáticos que le entregaba la Fiscalía cuando realizaba misiones oficiales.

La Fiscalía también había otorgado a Luis Martínez una tarjeta de crédito institucional para gastos personales. El exfiscal dijo a Probidad que cuando esa tarjeta de la FGR fallaba o no era admitida, le tocaba utilizar una de las tarjetas que le entregó la sociedad Bolsas Desechables y Plásticos S.A. de C.V.  “No me serví de fondos destinados a la institución (FGR) para pagar gastos relativos únicamente a mi persona o mi familia, por el contrario, mi persona utilizó la tarjeta tantas veces relacionada en auxilio a imprevistos ocasionados por la tarjeta institucional en misiones oficiales”, escribió Martínez.

Probidad pone en duda esta versión: “No se adjuntó ningún documento que respalde el uso de esas tarjetas de crédito para fines institucionales. En los estados de cuenta mensuales enviados a esta oficina por el Banco Promérica S.A. se observan compras personales cargadas a las cuatro tarjetas de crédito analizadas”.

El milagroso préstamo de Aldo Parducci

Antes de convertirse en fiscal general, Luis Martínez había sido un abogado y notario que entre sus clientes tuvo a uno de los hombres más poderosos de El Salvador. Martínez era abogado y notario del expresidente Francisco Flores, y la relación laboral que los unió duró cerca de dos décadas. Por ejemplo, cuando el expresidente Flores dejó su cargo en junio de 2004, necesitó los servicios de un abogado para presentar su declaración patrimonial ante la sección de Probidad. Quien ejerció esas funciones fue el abogado Luis Martínez, para aquellos años todo un desconocido en los pasillos públicos de la política salvadoreña.

La relación entre Martínez y el expresidente Flores era un hombre que formó parte del círculo íntimo del exmandatario. El 19 de diciembre de 2013, Martínez aceptó en una entrevista de televisión en el canal 33 que tenía una larga amistad con Aldo Parducci, el exsecretario privado de la presidencia Flores.  “Con él tengo la relación directa de trabajo por más de 25 años. He sido notario y abogado de Aldo y él estuvo desarrollando una lotificación al expresidente. De ahí viene la relación”, dijo el exfiscal en la entrevista.

Cuando Probidad le detectó otras tres irregularidades al exfiscal por un monto de $125 mil dólares, él invocó a su viejo amigo para intentar desvanecer parte de esos montos. Probidad le señala a Martínez que no se puede comprobar el origen del dinero con el que pagó deudas por 27 mil 305 dólares de su esposa y de un crédito que él abrió a su nombre ante el Banco Agrícola; que tampoco se puede explicar cómo es que gastó más de lo que tenía hasta por un monto de 37 mil dólares, y que tampoco se explica de dónde salieron los fondos para abonar a cuentas de su esposa y de uno de sus hijos 45 mil 760 dólares. Estos montos suman 110,065 de un total de 125 mil dólares que le repara Probidad al exfiscal. En el documento al que tuvo acceso El Faro no hay una explicación sobre los 14 mil 935 dólares de diferencia.

Según Martínez, en febrero de 2013, su amigo Aldo Parducci le otorgó un préstamo no bancario hipotecario por 220 mil dólares. Con ese préstamo Martínez canceló una deuda hipotecaria de 194 mil 442 dólares con el Banco Davivienda. Martínez había hipotecado su casa de residencia en Joya de las Piletas, una residencial privada a la entrada de Nuevo Cuscatlán, en La Libertad. Esa deuda, según explicó a Probidad, fue saldada tres meses después de haber asumido como fiscal general con el préstamo otorgado por Parducci.

Del préstamo que le hizo su amigo, según las cuentas del fiscal, le quedaban 25 mil 558 dólares que utilizó para pagar otras deudas. En concreto abonó saldos a tres tarjetas de crédito de su esposa y pagó las últimas cuotas de un préstamo personal abierto a su nombre en el Banco Agrícola. El total de estas operaciones llegó hasta los 27 mil 305 dólares.

Pero Martínez también invocó ese mismo crédito para justificar 20 mil de los 37 mil dólares que según Probidad gastó de más.

Para Probidad, el relato de Martínez no es válido porque aunque él dice que recibió 220 mil dólares de parte de Parducci, Probidad solo ha certificado un préstamo por 200 mil dólares. Eso significa que luego de haber cancelado la hipoteca de su casa, Martínez solo pudo haber utilizado 5 mil 558 dólares -lo que le quedaba del préstamo de Parducci- para otros gastos.

El último reparo de Probidad -unos depósitos por 45 mil 760 dólares en cuentas de su esposa y su hijo- Martínez intentó subsanarlo explicando que ese dinero salió de montos que provenían de sus sueldos como fiscal, de los viáticos y gastos de representación que él obtuvo de la FGR.

Probidad cuestiona esta versión porque esos fondos, según argumentaba el mismo Martínez ante la Fiscalía, eran utilizados para necesidades de su trabajo.

“Esta oficina no puede tener como válidos esos argumentos (de Martínez) ya que según consta en la información proporcionada por la FGR, mediante oficio del 11 de julio de 2016, el fiscal general pidió en repetidas ocasiones viáticos adicionales para sus misiones oficiales y su comitiva que lo acompañaba, lo que da a entender que los asignados no le eran suficientes para sufragar sus gastos”, reza el informe de Probidad.

Manuel Cruz, el abogado del exfiscal, explicó a El Faro que su cliente no quiere dar declaraciones a ningún medio sobre ninguno de los procesos de investigación en su contra. El caso de Luis Martínez está en estudio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes definirán si este pasa a una Cámara de lo Civil a un juicio por enriquecimiento ilícito.

*Con reportes de Nelson Rauda

En agosto de este año, el exfiscal general, Luis Martínez, fue detenido por agentes de la PNC para llevarlo a las bartolinas de la División Anti Narcóticos. Fue capturado en la sede de la Fiscalía General de la República, en Antiguo Cuscatlán, acusado por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal. Foto de El Faro: Víctor Peña

En agosto de este año, el exfiscal general, Luis Martínez, fue detenido por agentes de la PNC para llevarlo a las bartolinas de la División Anti Narcóticos. Fue capturado en la sede de la Fiscalía General de la República, en Antiguo Cuscatlán, acusado por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal. Foto de El Faro: Víctor Peña

Carta al fiscal general: Cuidado, trampas cazabobos. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 6 septiembre 2016 / EDH

Estimado Douglas Arquímedes Meléndez:
Me queda un pequeña duda, señor fiscal: ¿Realmente ha erradicado de la fiscalía todas las prácticas mafiosas del recién pasado?

Usted ha acusado formalmente al anterior fiscal general, Luis Martínez, y su mano derecha, Julio Arriaza, de haber usado la institución para manipular o incluso falsificar pruebas contra acusados – y en otro caso de haber usado ‘pruebas’ no admisibles en la corte para extorsionar a un acusado y así manipular su juicio.

diario hoyEn ambos casos, el fiscal Julio Arriaza supuestamente ha sido el ‘hench man’ de Luis Martínez. Esto lo podemos concluir de la acusación de la fiscalía contra ambos.

Entonces, explíquenos cómo es posible que usted sacó de las gavetas de Luis Martínez el requerimiento fiscal contra el ex mediador Raul Mijango, el ex director general de Centros penales Nelson Rauda, tres oficiales de la PNC y los demás acusados en “caso tregua” – y los presentó a la corte, así como lo habían armado los supuestos campeones de “fraude procesal”.

Sólo para ilustración, aquí un párrafo de la investigación de el El Faro sobre la ‘investigación’ que Julio Arriaza hizo contra Nelson Rauda, hoy uno de los principales acusados en el ‘caso tregua’: “Comandados por el director de la Unidad de Intereses de la Sociedad, Julio Arriaza, los interrogadores llevaron a Rauda al borde de los nervios, al demostrarle –o al menos al hacerle creer- que sabían más de lo que él esperaba y al recordarle incluso que, de terminar involucrado en alguna acción ilegal, no sería recibido muy cariñosamente en ninguna cárcel, justamente por haber sido el director nacional de presidios. Arriaza le repitió hasta la saciedad que él era el eslabón más débil, que el presidente Mauricio Funes lo responsabilizaba de todo lo oscuro de la tregua y que el ex ministro de seguridad pública, el general David Munguía Payés, ya no podía protegerlo. Que estaba solo…” Métodos igualmente manipulativos empleó Arriaza en los interrogatorios de Mijango, los oficiales policiales e incluso monseñor Fabio Colindres. (De pasó sea dicho: ¿Ya investigó quien en la fiscalía filtró a los medios las declaraciones de Rauda? ¿Arriaza?)

Esta acusación contra la tregua, por la cual más de una docena de ciudadanos pasaron más de 1 mes en bartolinas (y tendrán que enfrentar juicio más tarde), fue armada, punto por punto, difamación por difamación, conclusión por conclusión bajo la supervisión directa de Julio Arriaza y Luis Martínez. Ustedes hicieron un solo cambio a esta gran teoría de conspiración que presentaron como requerimiento fiscal: sacaron al general David Munguía Payes de la acusación.

Por esto les salió un mamotreto tan raro: toda la construcción de la conspiración que supuestamente constituía la tregua, estaba diseñada para hundir al ministro de defensa, pero a él lo sacaron de la acusación y ni siquiera se tomaron la molestia de readaptar la narración. O sea, tomaron la decisión correcta de no acusar al ministro, porque simplemente no había delito, pero a nadie en la ‘nueva fiscalía’ se le ocurrió preguntarse: Si la acusación contra el general era manipulada por Arriaza y Martínez, ¿no habría que partir de que todo este caso estaba contaminado?

Tengo la impresión que la misma negligencia (para no decir malicia) la cometieron sus fiscales en el caso del general Atilio Benítez. Este caso también fue armado por esto dos jefes fiscales que usted mismo hoy acusa de ‘fraude procesal’. Sin embargo, usted lo presentó con bombos y platillos a la Asamblea.

Ambos casos (tregua y general Benítez) formaron parte del arsenal de casos que Luis Martínez mandó a armar (entre otros a su mano derecha Julio Arriaza) – pero no para llevarlos a juicio, sino como instrumentos de intimidación y chantaje.

Usted nunca debió haber presentado estos casos, sin antes someterlos a una estricta revisión y descontaminación, para no caer en las trampas ‘cazabobo’ que Luis Martínez le dejó en la fiscalía general. Parece que sí cayeron. Todavía están a tiempo para reparar el daño.

Saludos,

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Arranca cebolla. De Cristina López

Cristina López, Lic. en Derecho de la ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University.

Cristina López, Lic. en Derecho de la ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University.

Cristina López, 7 diciembre 2015 / EDH

diario hoyAl momento de escribir esta columna, eran aún desconocidos los resultados de las elecciones legislativas de Venezuela. Todas las encuestas indicaban que el descontento de la población con la situación de inseguridad, depresión económica y corrupción, podría llevar a la oposición al control de la Asamblea Legislativa venezolana por primera vez desde hace casi dos décadas.

Independientemente de los resultados obtenidos, lo verdaderamente preocupante son las declaraciones de Nicolás Maduro, que expresó “ni voy a entregar, ni voy a traicionar la revolución”. Al parecer, a la revolución le sale sobrando la voluntad democrática del pueblo al que dicen deberse (por lo menos en la retórica) y los procesos electorales adversos los interpretan más bien como una versión de la cebolla en el juego con el que tantos nos entretuvimos en los patios de recreo, “arranca cebolla”.

Para ofrecerles contexto, por si sus patios de recreo ofrecían entretenimientos para almas más sensibles y nunca jugaron “arranca cebolla”, el juego consiste en que uno de los participantes – la cebolla – se afianza a dos manos a una estructura fija, como un poste, y el resto de participantes (en un rango que puede variar entre uno o infinito) hacen una fila que intenta jalar a la cebolla para arrancarla. No, probablemente no era un juego que se destacara por sus elementos formativos en el área de los valores, pero sus principios aparentemente han permeado notablemente, tanto en las intenciones de Maduro de irse del poder, como en la clase política salvadoreña, en que algunos se muestran tan reacios al cambio como la cebolla afianzada al poste.

Una muestra reciente de arranca-cebollismo fue la intención inicial expresada por el partido ARENA de votar a puerta cerrada para elegir al fiscal y luego poner el peso del apoyo unánime detrás de la preferencia de la mayoría. La cebolla, afianzada a las épocas en que la bancada valía más que las expresiones democráticas de la población a través del voto por cara. La cebolla, obstinada en que no se conozcan los disensos, los diálogos, o lo más importante, las razones que tendría cualquier diputado con sentido común en apoyar a Luis Martínez para un nuevo período al frente de la fiscalía, después de que ha demostrado inclinaciones más fuertes por construir su marca personal que por combatir delitos, y que ha sido incapaz de esclarecer los cuestionamientos válidos que se le hacen en lo que a conflictos de interés respecta.

Afortunadamente, las voces del disenso dentro de ARENA, como el diputado Johnny Wright o la diputada Karla Hernández, en desacuerdo con que la votación sea secreta, pueden contribuir a arrancar la cebolla y a hacer presión para que la discusión se de en una manera transparente y abierta, como debería ser. Sin embargo, independientemente de cómo decidan eventualmente dar sus votos para elegir al fiscal, el simple hecho de que se haya considerado que la votación sería secreta para desembocar en un apoyo unánime es bastante deprimente. Implica que continúa incrustada la alergia a la transparencia y el pavor a ventilar los disensos en público y al aire libre. Demuestra una burla a la independencia legislativa que buscaba dársele a los diputados cuando se le dio operatividad a la democracia directa a través de las listas abiertas y el voto por cara.

Más allá de ARENA, es importantísimo saber qué diputados — ¡de todos los partidos! — apoyan la reelección de Martínez. Se esperaba que se afianzara con todas sus fuerzas al cargo que le ha permitido hacer tanto ruido sin ninguna nuez, pero es necesario que se conozcan las razones por las que un diputado apoyaría la prolongación del presente status quo, considerando la manera en la que la impunidad continúa pudriendo el Estado de Derecho en el país. Este es un debate de enorme importancia para el país, por lo que es vital que se de en una manera abierta y transparente para conocer los méritos y defectos que harían que un candidato superara a otro dentro de la lista de nominados. Los intereses políticos, como siempre, intentaran oscurecer esta discusión. Como ciudadanía nos tocará presionar para que este debate sea transparente. Jalar, por todos los medios posibles, para terminar de arrancar esta cebolla.

@crislopezg