Salud en crisis y disputa por edificios. De Ricardo Esmahan

15 mayo 2018 / El Diario de Hoy

Platicando con médicos y expertos en salud pública, me comentan que en El Salvador lo que se necesita es modernizar el sistema de salud; no es solo el Hospital Rosales, sino toda la red de salud y áreas sociales.

En el Hospital Rosales, como en todos los hospitales públicos, se necesita más personal médico y paramédico, insumos, tecnología de punta; y desde luego, una administración eficiente y presupuesto adecuado. Y como en toda la institucionalidad pública el transparentar el uso de fondos. Lo anterior debería ser así para no construir elefantes blancos que no funcionan bien, como el Hospital de Maternidad que colapsa con frecuencia.

El tema de salud es amplio y complejo, y tal como ha sido señalado públicamente por el gremio médico de quienes han laborado y laboran en el Hospital Rosales, son crónicas las carencias de equipos médicos y medicinas. Se debe construir el edificio del Hospital Rosales y otros más, pero los que verdaderamente sabotean estas iniciativas son los que no quieren se audite la administración de los fondos y exigen cheques en blanco a la Asamblea Legislativa en nombre de las necesidades más urgentes de la población pobre y vulnerable.

Debe considerarse que el Gobierno nos tiene en una grave crisis sanitaria, por lo que debemos exigir que exista la transparencia y rendición de cuentas, como antesala para un hospital moderno y funcional, con administración eficiente.

Voceros de los médicos del Hospital Rosales han señalado que no ven necesario la construcción de un nuevo edificio para el hospital. Aseguran como gremio que una solución es el reparar las instalaciones del nosocomio ya existentes; con ello, aseguran que se pueden evitar gastos superfluos, porque existen áreas libres donde se pueden hacer ampliaciones de la edificación. Asimismo, que el segundo nivel funcione, porque de esa manera el Hospital Rosales se va a descongestionar.

Los médicos agremiados proponen que si hay fondos ya aprobados para la construcción del nuevo edificio del Hospital Rosales, estos se deberían invertir para reparar todos los hospitales del país y brindar una mejor atención a la población. Según el sindicato del Rosales, las autoridades de salud están utilizando el deterioro de las instalaciones del Hospital Rosales, para obviar su incapacidad.

Considere el lector que el Foro Nacional de Salud, un movimiento claramente alineado con el partido político oficialista, recientemente público el informe sobre varios centros de salud: “Desabastecimiento de Medicamentos”. Los resultados muestran que en 14 establecimientos de salud se constató la falta de 54 medicamentos, de los cuales, 17 (31.48 %) se consideran prioritarios, que por ningún motivo deberían faltar. En muchos casos, son medicamentos para tratar enfermedades crónicas, escases que pone en riesgo la calidad de vida y la vida misma de los pacientes.

Entre los insumos hospitalarios no se encontró oxígeno para cirugía mayor, lo que significa la suspensión de miles de cirugías en los hospitales. Solo en el Hospital Rosales se prevé la suspensión de más de 800 cirugías. A esto se suma la falta de gasas quirúrgicas y de rollo, guantes, jabón yodado, algodón, etc. Concluye el informe, que entre algunas de las deficiencias encontradas está la falta de planificación estratégica de la Gerencia del Ministerio de Salud y el desorden de las compras y la distribución.

Son cuestionables las reiteradas declaraciones de la Ministra de Salud de que existe un alto nivel de abastecimiento; al contrastarlas con ese informe queda en un discurso que no resuelve la demanda no atendida en el sistema de salud. De no tomarse en cuenta las medidas de cambio demandadas ampliamente, lejos de resolver la situación, sus problemas tenderán a agudizarse, dañando a la población.

 

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Exigencias y retos históricos para los gremios. De Ricardo Esmahan

Ricardo Esmahan, 23 marzo 2016 / EDH

Las gremiales en El Salvador han jugado desde la sociedad civil un papel muy importante, especialmente haciendo aportes en políticas económicas y marcos legales que afectan los diversos intereses del día a día. Dentro de esa dinámica, las gremiales son, formal y legalmente, organizaciones de la sociedad civil con representatividad ante los gobiernos, los que al final son los responsables de formular y aplicar las políticas económicas y los nuevos marcos legales.

Con los actuales relevos de liderazgos en las principales gremiales y tomando en cuenta la difícil coyuntura política y económica de El Salvador, las gremiales deberían perfeccionar las acciones encaminadas a lograr su incidencia a nivel nacional en temas tan variados e importantes, como el desarrollo de la competitividad, la formulación del presupuesto general de la nación, la inversión pública, económica y social, proyectos de leyes y normativas de la actividad económica, tratados comerciales, aplicación de leyes, certidumbre jurídica, transparencia de la gestión pública, seguridad, combate a la delincuencia, etc.

Los nuevos liderazgos empresariales en su proceso de desarrollo y madurez, escalan y acumulan una experiencia que les ayuda a posicionarse y tener un poder real dentro de la sociedad, ya que la acción de las gremiales constituye uno de los fundamentos de legitimidad y sustentación de las políticas públicas.

En los países democráticos, los gobiernos tienen entre sus referente a las organizaciones gremiales, entre ellas, las empresariales. En una democracia fortalecida los hacedores de políticas y leyes consultan y las gremiales aportan en defensa de intereses legítimos, propios y de país. Este concepto es tan real y reconocido que, por ejemplo, la nueva embajadora de los Estados Unidos, Jean Manes, ha manifestado en el acto de su juramentación que “el trabajo conjunto con el sector privado es clave para superar los retos del país”.

La dinámica democrática y los ciclos electorales con un trasfondo de reacomodos en las fuerzas políticas, demandan de las gremiales empresariales un trabajo permanente de incidencia en defensa de las libertades económicas. La necesidad de un trabajo de señalamiento, de ser críticos u observadores, complementado con un trabajo propositivo con sustento técnico, les confiere a las gremiales el ser vistas como referentes de consulta y acompañamiento de los partidos políticos, gobiernos centrales, gobiernos locales, congresos y otras organizaciones e instituciones.

El arte de hacer gremial, para sus líderes, reside en lograr una cobertura sectorial lo más amplia posible, con proyección de trabajo y resultados en beneficio de los integrantes del gremio y más allá del círculo de agremiados. La visión demanda que los diferentes sectores que lo conforman se integren con un enfoque de articulación, desde las bases. Sabiendo identificar intereses comunes, acogiendo una visión compartida de sus asociados sobre las condiciones ideales del entorno en el cual deben identificar su verdadero interés. La solidaridad gremial está a la base de una política amplia de alianzas. Los gremios deben identificar intereses comunes con otras organizaciones empresariales.

No es válido dentro de la organización gremial que unos sectores ignoren y sean insensibles ante las dificultades y demandas de otros sectores, argumentando que mientras mi sector se encuentre atendido por la burocracia y la política pública, preferible es no levantar olas.

Resulta estéril si no se tiene la valentía de defender de forma solidaria los principios e intereses de los agremiados ante las instituciones del Estado. Dejar hacer y dejar pasar (Laissez faire, laissez passer) está perfecto como filosofía económica, pero no como postura gremial, ya que las convierte en cómplices de desaciertos gubernamentales. Para nadie es agradable mostrarse en desacuerdo con los gobiernos de turno, pero una gremial no puede “ver, oír y callar”.

Pónganse claros con el Puerto de La Unión. De Ricardo Esmahan

Ricardo Esmahan, 9 junio 2015/EDH

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), declaró recientemente desierta la licitación del Puerto de La Unión, luego de varios retrasos. De medio centenar de empresas que retiraron las bases, ninguna de las cuatro compañías precalificadas en la etapa previa al concurso presentó oferta.

En el año 2008 se conformó la Comisión Especial para Analizar el Anteproyecto de Ley para la Concesión de los puertos de La Unión y Acajutla, Comisión que en su momento logró una propuesta consensuada de la modalidad de operación de estos puertos. Se consideró que de seguir retrasando la puesta en marcha de este proyecto le costaria caro al país ya que otros países de la región como Guatemala, México, Colombia y Perú estaban avanzando en el desarrollo de sus sistemas portuarios y posicionándose como centros de desarrollo logístico.

Se perdió tiempo valioso discutiendo, entre otras cosas, si concesionar era regalar nuestra soberanía. Y en esa perdedera de tiempo nos comió el mandado el Puerto Quetzal. En Guatemala, una de las empresas que se precalificó, ha invertido alrededor de US$200 millones para construir una terminal de contenedores.

Los estudios y los entendidos nos dicen que con la concesión de Puerto Quetzal a Contenedores de Barcelona, hace dos años, Acajutla no podrá competir en este rubro. Están tan cerca los dos puertos que lo que va a suceder es que como se van a reducir los fletes, la exportación e importación de contenedores que ahora se van vía Acajutla se van a ir vía Quetzal. Esa es la realidad y la única manera de poder competir será con la concesión del Puerto de La Unión, con una compañía de nivel internacional que concentre la carga de El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Para poder concesionar con éxito el Puerto de La Unión es necesario el diseño y la ejecución de una estrategia con cuatro componentes fundamentales: una ley competitiva; señales claras al mercado de que el Estado va asumir el dragado presupuestando US$15 millones; asegurar que no existan impedimentos para que la carga de Acajutla pueda migrar progresivamente hacia La Unión; que los operadores no vean a CEPA como una competencia desleal y finalmente, impulsar el corredor logístico entre Puerto Cortés en Honduras y el Puerto de La Unión. No existe espacio para dos puertos de contenedores en El Salvador.

Si las condiciones no estaban dadas, CEPA no debió haber iniciado el procedimiento de licitación. Una licitación fallida, al ser declarada desierta, manda un mensaje muy negativo al mercado. Si no hay forma de rentabilizar el proyecto debido a que no se logran obtener los recursos para el dragado y cumplir con una estrategia completa, pues no se debería seguir adelante con una concesión. Se debe hacer de forma técnica, con un análisis de costos y beneficios marginales y a partir de eso tomar la decisión de si vale la pena o no seguir adelante con el proyecto.

Pero el trabajo de CEPA ha dejado mucho qué desear, en dos administraciones su gestión ha sido sin ningún progreso. Y mientras tanto, CEPA deja de lado temas donde sí podría haber logrado avances sustanciales, como pudo ser la expansión del aeropuerto Monseñor Romero.

Los responsables de tomar decisiones en esta institución no pueden seguir haciéndolo solamente basados en el cálculo político. Se sabe que no es fácil, pero justamente eso debe hacer CEPA, sincerarse si el puerto es viable. Innecesario es estar dilatando el fracaso, con los costos que representa para el país.

Muchos funcionarios que tienen a su cargo decisiones claves para el país no son elegidos meritocráticamente y por ello vemos fracasos como éste.