Azam Ahmed

Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación. Azam Ahmed/NY Times

merlin_131528900_9cf97164-177b-45bd-8b62-56a2f5a9da03-master1050

Una conferencia de prensa en Ciudad de México. En los últimos cinco años, el presidente Enrique Peña Nieto gastó casi 2000 millones de dólares en publicidad. Credit Alejandro Cegarra / Bloomberg

Azam Ahmed, 25 diciembre 2017 / THE NEW YORK TIMES

CIUDAD DE MÉXICO — Dirigir un periódico, una estación de radio o un canal de televisión en México generalmente significa confiar en un cliente único y poderoso que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una simple advertencia: “No te pago para criticarme”.

Ese cliente es el gobierno mexicano.

La gestión del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado cientos de millones de dólares anuales de los fondos gubernamentales en publicidad, creando lo que muchos propietarios, ejecutivos y periodistas mexicanos definen como una gigantesca marca presidencial que puede suprimir artículos de investigación, escoger portadas e intimidar a las salas de redacción que la desafían.

Read in English

A pesar de su promesa de regular la publicidad gubernamental, Peña Nieto ha gastado más dinero en publicidad que ningún otro presidente en la historia de México, casi 2000 millones de dólares en los últimos cinco años, según datos del gobierno recopilados por Fundar, un centro de análisis de transparencia. Esa organización reveló que la actual presidencia gastó más del doble del generoso presupuesto de medios que los legisladores mexicanos le aprobaron para 2016.

Y eso solo es el dinero federal.

Cada año los líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en dinero estatal para publicidad, unos recursos que distribuyen entre sus medios de comunicación favoritos, según calcula Fundar. Según los ejecutivos y editores involucrados en las negociaciones, algunos secretarios de prensa del gobierno les exigen abiertamente una cobertura positiva antes de firmar un contrato publicitario.

El resultado es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar, según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente, si es que llegan a investigarse. Dos tercios de los periodistas mexicanos admiten que se censuran.

El presidente Enrique Peña Nieto durante la presentación de su informe anual en septiembre. Su equipo propuso el diseño de un plan que regulara el gasto público en los medios, pero el proyecto no se realizó. Credit Pedro Pardo / Agence France-Presse – Getty Images

“Si un reportero profesional quiere cubrir los elementos sucios de lo que está sucediendo en el país, ni el gobierno ni las empresas privadas le darán un centavo”, dijo Enrique Krauze, un historiador que dirige Letras Libres, una revista mexicana que, entre sus anunciantes, también recibe algo de dinero del gobierno. “Ese es uno de los mayores defectos de la democracia mexicana”.

El partido de Peña Nieto, el PRI, fue pionero en la implantación de este sistema durante sus 70 años en el poder. El expresidente José López Portillo expuso explícitamente las expectativas del gobierno hace décadas, incluso fue citado diciendo que no le pagaba a los medios para que lo atacaran, y la práctica continuó cuando la oposición ganó la presidencia en 2000, y nuevamente en 2006.

Pero la influencia del gobierno sobre los medios va más allá del aspecto publicitario y, a veces, los funcionarios recurren al soborno directo. En Chihuahua, el exgobernador gastó más de 50 millones de dólares en publicidad, según los funcionarios, dejando al estado con enormes deudas públicas. Sin embargo, esa es la cifra que se manejó oficialmente.

Los fiscales también han conseguido recibos firmados con sobornos a periodistas locales, pagos tan comunes que incluso algunos reporteros fueron incluidos como contratistas del gobierno, según los documentos. Los fiscales sostienen que, con tanta cantidad de dinero oficial circulando, surgieron sitios web de noticias con el único propósito de apoyar la agenda del exgobernador.

“La relación entre los medios y el poder es uno de los problemas más graves de México”, dijo Javier Corral, el nuevo gobernador de Chihuahua. “Existe una colusión, un acuerdo, en términos de cómo se gestionan los recursos públicos para recompensar o castigar a los medios. Es una zanahoria y el palo: ‘Compórtate bien y te daré mucho dinero y publicidad. Actúa mal y te los quitaré’”.

Dependencia de la publicidad pública

Trabajadores de La Jornada durante una huelga. El gobierno apoyó a ese diario con más de un millón de dólares en publicidad oficial durante una grave crisis financiera. Los críticos dicen que el periódico perdió independencia editorial. Credit Bernardo Montoya / Agence France-Presse – Getty Images

Lea un periódico, sintonice una estación de radio o encienda la televisión en México y recibirá una avalancha de publicidad oficial. En algunos diarios, casi cualquier página es usada para publicar avisos que promueven alguna secretaría gubernamental. A veces, se destina tanto tiempo al aire a alabar el trabajo del gobierno como a cubrir las noticias.

Este gasto extraordinario se produce en un momento en que el gobierno mexicano está recortando los presupuestos en general, incluidos los de salud, educación y servicios sociales. El gobierno federal gastó tanto dinero en publicidad el año pasado, alrededor de 500 millones de dólares, como lo hizo para apoyar a los estudiantes de su principal programa de becas para las universidades públicas.

Según los historiadores, la cooptación de los medios de comunicación es más importante que el gasto de cualquier otro gobierno en promoción. Refleja la ausencia del pacto básico que la prensa libre establece con sus lectores en una democracia, un compromiso en el que responsabilizar a los poderosos forma parte de su misión.

“Es un problema común en el mundo en desarrollo pero el problema es mucho, mucho más grave en México”, dijo David Kaye, representante especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión. “Es notable lo que gasta el gobierno”.

El estado actual de los medios mexicanos, y su estrecha relación de dependencia con los fondos gubernamentales, no es una rareza en América Latina. Desde hace varios años, diversas organizaciones como la Unesco y la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH han alertado sobre el uso de la publicidad estatal para recompensar o castigar las líneas editoriales.

Casos como el de Venezuela, país en el que desde la llegada de Hugo Chávez al poder se han suscitado denuncias por el uso de la pauta oficial para presionar a los medios y donde solo este año, en la gestión de Nicolás Maduro, cerraron 49 medios de comunicación; Ecuador durante los mandatos de Rafael Correa, quien demandó a diversos medios de comunicación y llegó a prohibir que se otorgara publicidad estatal a los medios privados, o Evo Morales, quien gobierna Bolivia desde 2006 y aspira a la reelección. Este año, ante las repetidas denuncias de asfixia económica por parte de los medios locales que no reciben publicidad oficial, Morales escribió en su cuenta de Twitter: “Medios que no reciben publicidad del Estado son los que mienten, insultan, difaman y desprestigian autoridades”.

La mayoría de los medios mexicanos han dependido de la publicidad pública durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno, lo que le otorga a los funcionarios una gran influencia para presionar sobre la cobertura de ciertas noticias y dejar a un lado otras informaciones, dicen los analistas, reporteros y dueños de medios.

“Este es un problema económico”, dijo Carlos Puig, columnista del periódico Milenio, un diario que recibe fondos del gobierno sustanciales. “El modelo estadounidense clásico no existe aquí”.

El año pasado, estalló una protesta pública luego de que un alto funcionario del gobierno fue a las oficinas de Milenio para quejarse por una noticia. El artículo, que criticaba una iniciativa nacional contra el hambre, fue retirado del sitio web del periódico inmediatamente después de la visita.

La noticia volvió a ser publicada más tarde, con un titular mucho menos negativo. El periódico dijo que la razón era simple: el artículo era “deplorable”, un intento inexacto y “vulgar” de difamar a un funcionario por lo que se disculpaban con sus lectores. Pero los periodistas y defensores de la democracia, citando el poder de la publicidad del gobierno, se quejaron y el periodista renunció en señal de protesta, alegando que había sido censurado. Finalmente, el título original fue restaurado.

La interferencia gubernamental directa, a menudo es innecesaria. Un 68 por ciento de los periodistas mexicanos dijeron que se censuraban, no solo para evitar ser asesinados, sino también por la presión de los anunciantes y el impacto en los ingresos de los medios, según un estudio realizado a lo largo de tres años por académicos mexicanos y estadounidenses.

El funeral de Javier Valdez Cárdenas, un periodista premiado que fue asesinado a balazos en mayo. En México, la violencia contra la prensa es generalizada. Credit Hector Parra / Agence France-Presse – Getty Images

Francisco Pazos trabajó durante varios años en Excélsior, uno de los periódicos más grandes y antiguos de México. Cuenta que uno de los momentos más frustrantes de su carrera sucedió a fines de 2013, cuando el gobierno estaba en medio de una lucha para aumentar el costo del pasaje en el transporte público.

Pazos dijo que trató de explorar en detalle la ira de los pasajeros, hasta que un editor lo detuvo, diciéndole que el periódico ya no cubriría la controversia.

“Llegué a entender que había temas que simplemente no podía cubrir”, dijo Pazos. “Y, finalmente, dejé de buscar ese tipo de noticias. Finalmente, tú mismo te conviertes en parte de la censura”.

Muchos propietarios y directores de medios dicen que tienen tan pocas fuentes independientes de ingresos aparte del gobierno que se enfrentan a una dura elección: asfixiarse por la falta de recursos o sobrevivir como cómplices de su propia manipulación.

“Por supuesto, el uso del dinero público limita la libertad de expresión, pero sin ese dinero público no habría medios en México”, dijo Marco Levario, director de la revista Etcétera. “Todos somos cómplices en eso”.

El modelo significa que algunos medios de comunicación apenas pueden permitirse mantener sus propios principios. Hace veinte años, el diario La Jornada era uno de los más apreciados en el país, una voz crítica y una lectura obligada para los intelectuales y activistas que caminaban por la ciudad con el periódico bajo el brazo.

Pero los años no han sido amables con ese diario. Hace unos años, estaba muy cerca de la ruina financiera. Luego, el gobierno intervino rescatando la publicación con más de 1 millón de dólares en publicidad oficial y, según los críticos, afectando en el proceso la independencia editorial.

“Ahora se adueñaron de ellos”, dijo Levario. “El periódico ha sido como un portavoz del presidente”.

Otros vínculos comerciales unen a los medios de comunicación con el gobierno. Muchas empresas de medios forman parte de conglomerados más grandes que construyen carreteras u otros proyectos públicos. La misma persona propietaria de Grupo Imagen —una organización que tiene estaciones de radio, canales de televisión y varios medios impresos— también es propietaria de Prodemex, una importante empresa de construcción. Ha ganado más de 200 millones de dólares en los últimos cinco años con la construcción de instalaciones gubernamentales y desempeñará un papel importante en la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

Tanto La Jornada como Grupo Imagen, que es la empresa matriz de Excélsior, no respondieron a las repetidas solicitudes de entrevistas para este trabajo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó recientemente el tema de la publicidad oficial al dictaminar en noviembre que el gobierno debe cumplir con la promesa del presidente de regular el flujo de dineros públicos de una manera imparcial.

“La ausencia de regulación en la publicidad oficial permite el uso arbitrario de los presupuestos de comunicación, lo que indirectamente restringe la libertad de expresión”, dijo Arturo Zaldívar, un juez de la Suprema Corte.

En un comunicado, la oficina del presidente se refirió a la publicidad oficial como una forma de promoción con respaldo constitucional que le permite informar y educar al público sobre sus labores. Pero rechaza la afirmación de que ese gasto distorsiona la cobertura de los medios de asuntos importantes o asfixia la libertad de expresión de cualquier manera.

“Todos los días los periodistas de México cuestionan, con absoluta libertad, las acciones del gobierno y las de nuestros representantes, incluido el presidente”, se lee en el comunicado. “Hay una crítica permanente de los periodistas mexicanos hacia el gobierno. Con solo abrir cualquier periódico, encender la televisión e ir a las redes sociales, eso puede verificarse”.

Poco después de su elección, el equipo de Peña Nieto ideó un plan para regular el gasto de los medios, según tres personas familiarizadas con la propuesta.

Pero Aurelio Nuño, el exjefe de gabinete del presidente y exsecretario de Educación Pública, dijo que la propuesta nunca avanzó lo suficiente como para convertirse en el borrador de una ley que pudiera cambiar esa situación. El esfuerzo fue subsumido por otras promesas de campaña y se quedó atrás, dijo.

‘Calentar’ a los políticos

La mayoría de los medios de comunicación han dependido de la publicidad oficial durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno. Credit Hector Guerrero / Bloomberg

Como jefa de reclutamiento en el periódico Reforma, Diana Álvarez se ha acostumbrado a la definición flexible del periodismo en México.

Ella cuenta que hace unos años entrevistó a una joven que trabajaba en un gran periódico de Ciudad de México. La mujer, que tenía una maestría en periodismo, dijo que su trabajo en el periódico consistía en crear archivos de recortes de prensa negativos sobre los gobernadores de todo el país.

Esos archivos se le entregaban al departamento de ventas del periódico que luego se acercaba a los gobernadores para venderles “planes de cobertura” para mejorar su imagen pública, explicó la joven.

Álvarez citó más ejemplos. Un candidato a editor se jactó de que sabía cómo trabajar sus relaciones con los políticos para obtener más dinero publicitario.

Lo definía como “calentarlos”, lo que implicaba mostrarle a los políticos una noticia crítica que su periódico planeaba publicar. Luego, como le explicó a Álvarez, un contrato publicitario con su periódico que le ayudaría a “apagar el fuego”.

Sin embargo, otro solicitante, un exempleado del gobierno, dijo que sabía cómo “tratar a la prensa”, recordó Álvarez. Le contó cómo había estado a cargo de distribuir sobres llenos de efectivo para los periodistas.

“Me gustaría poder decir que estos son casos aislados, o solo algunos, pero no es así”, dijo Álvarez. “Hay muchos como ellos que hablan de esas prácticas de una forma en la que te percatas de que las han normalizado”.

Daniel Moreno, director de la publicación digital Animal Político, dice que no recibe casi nada de dinero del gobierno federal, y cantidades relativamente pequeñas de los gobernadores estatales.

No es porque no quiera el dinero, dice Moreno. Es solo que el tipo de cobertura crítica que su equipo de noticias hace no es recompensado con contratos gubernamentales, sostiene.

Recientemente, Moreno dijo que recibió una llamada de funcionarios del estado de Morelos —que invierte cerca de 3000 dólares al mes en publicidad en su medio—. La esposa del gobernador estaba atravesando un momento complicado por las afirmaciones de que estaba politizando la ayuda para las víctimas del terremoto, una acusación que ella rechazó, por lo que un funcionario estatal sugirió que Animal Político debía hacer algunas noticias positivas.

Moreno rechazó cortésmente la propuesta. “Estaban bastante ofendidos”, dijo encogiéndose de hombros. “Y estoy seguro de que el dinero se ha ido”.

Aún así, les fue mejor que con la mayoría de los estados, dijo Moreno. Como política, Animal Político despliega una notificación en las piezas que se pagan por publicidad, por lo que los lectores saben que el trabajo no es periodismo independiente, dijo.

Pero funcionarios de los estados de Chiapas, Oaxaca y Sonora se han negado a pagar por el contenido a menos de que se publique sin la advertencia, dijo. Y Moreno se ha negado. “He perdido más dinero de esa manera del que he ganado”, dijo entre risas.

Este mes, las organizaciones de noticias se unieron para denunciar la violencia contra la prensa en México, donde los asesinatos de periodistas alcanzaron un récord este año. Un total de 39 grupos de medios firmaron un comunicado.

Pero algunos medios, como Animal Político, no se unieron porque insistieron en agregarle al mensaje algunas líneas adicionales sobre el daño que la publicidad oficial le hace a la libertad de expresión.

Se produjo un pequeño alboroto, dijeron. Algunos grandes periódicos que dependen en gran medida del dinero del gobierno se opusieron.

Finalmente, la carta fue enviada sin las líneas, y sin la firma de Moreno y sus colaboradores. Aparentemente, los medios noticiosos no estaban dispuestos a desafiar su sustento.

Una revelación que plantea preguntas

Ricardo Anaya, candidato presidencial del Partido Acción Nacional: “No se puede competir con un gobierno que le paga 500 millones de dólares al año a los medios”. Credit Yadín Xolalpa / El Universal, vía Associated Press

El 23 de agosto, Ricardo Anaya, presidente del opositor Partido Acción Nacional (PAN) y ahora candidato a la presidencia en las elecciones del próximo año, se despertó con la noticia de que su nombre y su familia estaban en la portada de El Universal, un importante periódico del país.

La noticia entraba en detalles sobre el imperio de bienes raíces de su suegro y, más específicamente, las formas en que la carrera política de Anaya había ayudado a impulsar esa fortuna.

El relato era familiar en México: un líder político que había utilizado su influencia para enriquecerse a sí mismo y a su familia. El Universal expuso las direcciones y los valores de las diversas propiedades, e incluso publicó fotos de su familia extendida, 14 personas en total. Los medios de comunicación de todo el país divulgaron la historia.

Lo único que le faltó al reportaje, según dictaminó un tribunal, fue precisión. Anaya logró demostrar que gran parte de la información era errada, sesgada o simplemente incorrecta. Mientras que sus suegros poseían claramente una serie de propiedades, muchas de ellas habían sido adquiridas antes de que comenzara su carrera política, según demostraron los registros públicos.

Según Anaya, lo más desconcertante eran las fotografías de su familia. Por lo que la familia sabía, nunca habían sido publicadas. De hecho, se parecían bastante a fotos de pasaporte.

Como esas fotos estaban en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emite los pasaportes, Anaya sospechaba que sus rivales en el gobierno le habían filtrado las fotos al periódico.

“Están tratando de destruir mi carrera política con esta campaña”, afirmó. “No se puede competir con un gobierno que le paga 500 millones de dólares al año a los medios”.

Durante los siguientes dos meses, el periódico le dedicó más de 20 portadas a Anaya, acusándolo de malversar fondos públicos, beneficiarse financieramente de su posición y dividir a su partido.

Anaya presentó una demanda. En octubre, el tribunal determinó que El Universal había tergiversado la riqueza de sus suegros y acusó erróneamente a Anaya de utilizar su cargo para beneficiarlos.

El Universal afirmó que tenía derecho a publicar la noticia amparándose en la libertad de expresión, un argumento que el juez cuestionó porque el periódico “no había basado su investigación en hechos”. El diario apeló la decisión del tribunal.

Este caso plantea preguntas sobre la confianza en los medios de comunicación, en un país en el que reciben tanto dinero de la publicidad gubernamental.

El Universal recibe más publicidad gubernamental que cualquier otro periódico de la nación, alrededor de 10 millones de dólares el año pasado, reveló Fundar. Los críticos argumentan que el diario se ha convertido en algo así como un perro de ataque del gobierno para las elecciones presidenciales del próximo año.

Según el periódico, esa sugerencia es “falsa y ofensiva”. La publicidad oficial “no afecta de ninguna manera la línea editorial del periódico”, dicen los voceros del medio y agregan que “los pensadores de todos los partidos políticos” están representados en sus páginas.

No todos sus periodistas están de acuerdo. En julio, media docena de columnistas anunciaron sus renuncias en protesta por lo que calificaron como cobertura parcial, diciendo que los propietarios habían destruido la credibilidad de la institución.

José Antonio Meade, candidato del PRI a la presidencia. El editor de investigaciones de El Universal renunció porque cree que el periódico está demasiado cerca de ese partido, dicen sus colegas. Credit Jose Mendez / European Pressphoto Agency

Salvador Frausto, un exeditor de investigación que ganó muchos premios en el periódico, también se marchó. Sus colegas dijeron que estaba claramente incómodo con lo cerca que estaba el periódico del PRI y su nuevo candidato presidencial, José Antonio Meade.

La persona que remplazó a Frausto como el nuevo editor de investigación fue recientemente un funcionario de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, según su perfil de LinkedIn.

Y el director de noticias de El Universal tiene vínculos estrechos con el nuevo candidato: su esposa era la jefa de prensa internacional de Meade en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.

El diario dice que no hay conflicto de intereses y que no tolera la cobertura parcial de ningún tipo.

Pero no es la primera vez que los reporteros del periódico cuestionan su independencia. Los periodistas contaron que en 2012, cuando Peña Nieto se postulaba para su cargo actual, los editores y directores de noticias comenzaron a cambiar las columnas que eran críticas con el candidato sin advertirles, a veces en el último momento.

“La razón por la que terminé renunciando al periódico es que ya no sentía que tenía garantizado un espacio libre”, escribió Andrés Lajous, un estudiante de doctorado de la Universidad de Princeton, en un artículo que relata lo sucedido.

‘Fueron los federales’

Una vigilia por las personas que murieron en enfrentamientos con la policía federal en el estado de Michoacán. Credit Rebecca Blackwell / Associated Press

Los testigos lo definieron como una ejecución. En enero de 2015, Laura Castellanos, una periodista premiada, fue enviada por los editores de El Universal a cubrir un par de tiroteos en los que estaba involucrada la policía federal.

En ese momento, los grupos de autodefensa habían tomado las armas para luchar contra el crimen organizado y Castellanos, que había escrito extensamente sobre el tema, era considerada una experta.

Pasó 10 días reporteando la noticia contactando a sus viejas fuentes y entrevistando a los testigos en el estado de Michoacán, donde murieron 16 personas y docenas resultaron heridas.

El tema fue especialmente delicado porque un aliado cercano del presidente, Alfredo Castillo, que había sido designado para supervisar la situación de seguridad en Michoacán, afirmó que las muertes se produjeron en un tiroteo con asaltantes armados.

Castellanos dijo que grabó entrevistas con 39 personas —víctimas, transeúntes, trabajadores de hospitales— y llegó a una conclusión distinta. La policía federal ejecutó sumariamente a sospechosos desarmados, incluidos algunos que se rindieron de rodillas y con los brazos arriba, según lo que refleja su investigación.

Después de días de edición y verificación de datos, dijo que el reportaje estaba listo para publicarse. Pero eso no sucedió.

Castellanos y sus editores no se sorprendieron. Peña Nieto ya estaba bajo una fuerte presión pública por su manejo de la desaparición de los 43 estudiantes universitarios, así como por la compra que hizo su esposa de una casa multimillonaria a un importante contratista del gobierno.

Pero después de dos meses y medio —durante los cuales una de sus fuentes fue torturada y asesinada, según contó la reportera— Castellanos comenzó a preocuparse porque su reportaje nunca se publicara.

Al consultar con abogados dijo que descubrió una laguna en su contrato que le permitió publicar el material en otra parte.

Uno de los pocos medios dispuestos a contar esa historia fue el sitio web fundado por Carmen Aristegui, otra periodista galardonada, que perdió su trabajo en una estación de radio después de revelar el caso de la casa de la esposa del presidente.

C

La periodista Carmen Aristegui aceptó publicar un reportaje de investigación que otros medios no quisieron divulgar. El día de la publicación su sitio web dejó de funcionar. Credit Edgard Garrido / Reuters

Pero en la mañana en la que se programó la publicación del reportaje de Michoacán, con el titular “Fueron los federales”, el sitio web de Aristegui dejó de funcionar.

Eventualmente, descubrieron lo que sucedió: el sitio web fue intervenido.

Finalmente el reportaje se publicó, pero es un caso que suscita preguntas sobre la independencia editorial en un país inundado de publicidad gubernamental.

Ni los asesinatos ni el hackeo se resolvieron por completo. El Universal dijo que no había publicado el trabajo de Castellanos porque no cumplía con los estándares del periódico.

Al año siguiente, el reportaje de Castellanos fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de periodismo de investigación, uno de los galardones más prestigiosos del país.

La hora de la verdad en El Salvador. De Azam Ahmed/NY Times

Los pandilleros se enfrentan a la mano dura del gobierno y a la letalidad policial mientras algunos intentan encontrar una salida a un punto muerto con las autoridades tras el fracaso de una tregua. Pero ¿eso es siquiera algo que quieren los salvadoreños?

03mag-03-elsalvador-t_CA1-superJumbo

Santiago es integrante de la facción de Barrio 18 conocida como los Sureños. crédito Moises Saman/Magnum, para The New York Times

aZA3c3RX_400x400

Azam Ahmed es el jefe del buró de The New York Times en México.

Azam Ahmed, 29 noviembre 2017 / THE NEW YORK TIMES

EN MARZO DE 2016, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció un conjunto de “medidas extraordinarias” que, según declaró, acabarían con las pandillas que habían convertido a El Salvador en el país con el mayor número de homicidios sobre la faz de la Tierra. Una tregua respaldada por el gobierno cuatro años antes fracasó y la tasa de homicidios había aumentado a 104 por cada 100.000 personas a nivel nacional y a cerca del doble en la capital, San Salvador. Ahora el partido gobernante, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), recurriría a la mano dura. Se desplegarían las fuerzas armadas, se envalentonaría a la policía y las cárceles quedarían sobrepobladas.

Poco después del anuncio, apareció un video. Era una respuesta de las tres pandillas más importantes de El Salvador: la Mara Salvatrucha, más conocida como MS-13, y su contraparte y enemiga Barrio 18, dividida en dos facciones, los Sureños y los Revolucionarios. En el video aparecía un hombre con lentes oscuros y un pañuelo que le NEW YORK TOMES NYTcubría el rostro. Los rayos del sol se filtraban desde una puerta abierta detrás de él, haciendo resplandecer su silueta oscura, lo que le daba una atmósfera amenazante al video, como si su intención fuera exigir el pago de un rescate. Sin embargo, el mensaje tenía un propósito totalmente distinto. En la grabación, el hombre decía que a partir de ese momento no habría más matanzas. Las pandillas habían entablado una nueva tregua, independiente del gobierno. Básicamente, la mano dura no tenía razón de ser.

“Le hacemos conciencia al gobierno en general que no podrá terminar con las pandillas”, dice el hombre, “ya que somos parte de la comunidad de nuestro país”. Con ese enfoque, un ataque contra las pandillas sería un ataque contra el pueblo y un ataque de ese tipo tendría un costo. En el video se acusaba al FMLN, que surgió de la guerra civil salvadoreña hace más de dos décadas, de batallar para mantener su promesa de ser la voz del pueblo. Las pandillas son el pueblo, afirma el hombre con la cara tapada y concluye: “Tenemos herramientas como para poder venir a destruir la política de este país”.

De pie, justo al lado de la cámara, estaba un fornido hombre de 33 años de edad que pertenece a Barrio 18 Sureños. La mayoría de sus amigos lo conocen como Santiago. Él había escrito el discurso pero no pudo pronunciarlo porque se recuperaba de una operación de vesícula biliar. Santiago había ascendido de manera inusual en la jerarquía de Barrio 18. Como uno de los seis miembros de una comisión política especial instaurada por los líderes, ayudó a mantener la tregua de 2012 que disminuyó los homicidios de El Salvador casi a la mitad y despertó en las pandillas el sentimiento de poder político que ahora demostraban.

Desde entonces, se separó del trabajo cotidiano de la vida de las pandillas —que en El Salvador consiste básicamente en extorsionar a los dueños de pequeños negocios— y operaba más como un defensor de los derechos humanos en una zona de conflicto. Mantenía un registro de los miembros muertos de cada pandilla, independientemente de si habían fallecido a manos de rivales o, como sucedía cada vez con mayor frecuencia, de las autoridades. Llevaba a las víctimas de abusos policiales a presentar denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Instaba a miembros de la Iglesia, a organismos no gubernamentales y a periodistas a alzar la voz en contra de las medidas extraordinarias del gobierno. El video fue, en cierto modo, el punto final de sus esfuerzos. Si al gobierno no le importaba detener la violencia, las pandillas tratarían de conseguir la paz por cuenta propia.

“¿Qué dice nuestra
existencia del gobierno y los
servicios que no provee?
Existimos porque no
hay nada más”.
Santiago

Cuando conocí a Santiago en agosto de 2016 y me habló sobre su participación en el video, era el último de los miembros originales del comité político. Los demás fueron asesinados o estaban detenidos. El actual gobierno rechazó la tregua, no solo por considerarla una aberración, sino una asociación delictiva. Las medidas extraordinarias que dieron rienda suelta a la brutalidad de las fuerzas policiales, también se centraron en evitar que los pandilleros se comunicaran: fueron confinados en aislamiento dentro de las cárceles y se les prohibieron las visitas. Organizarse entre ellos, se volvió subversivo.

Cuando lo conocí, Santiago estaba sentado en el segundo piso de un restaurante familiar repleto de gente en San Salvador; estaba comiendo un plato de sopa. Vestía jeans, botas de trabajo y una camisa tipo polo que escondía sus tatuajes. Se veía como cualquier otro trabajador disfrutando de su almuerzo.

“Cuéntame del terrorismo”, dijo Santiago. Había escuchado que trabajé en Afganistán y me preguntó: “¿Cómo lo defines?”. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró a las pandillas como grupos terroristas, una medida que parecía diseñada —por lo menos en parte— para conseguir la colaboración de Estados Unidos. Durante más de una hora, mientras Santiago fumaba cigarrillos y tomaba una michelada, hablamos sobre el terrorismo en Afganistán, Irak, Siria y Palestina. Santiago aceptó que las pandillas de El Salvador eran violentas, pero la suya era una violencia de otra naturaleza. “El único paralelo que veo es que representamos a una comunidad determinada, a un segmento de la sociedad que ha sido marginado”, dijo. “Pero nuestra violencia no es ideológica y, sin duda, tampoco es religiosa”.

Le pregunté por qué las pandillas decían que representaban a alguien más que a sí mismas. ¿Qué servicios le brindan a las comunidades? El Talibán regía a aquellos bajo su control con leyes que, aunque brutales, se hacían cumplir con mayor frecuencia que las del gobierno. Las pandillas, en cambio, eran depredadoras que mataban a comerciantes por no pagar sobornos y se enfrentaban a pandillas rivales por cuestiones de territorio y respeto que no tenían nada que ver con las necesidades de la comunidad.

Santiago asintió con la cabeza. “La cuestión no es cuáles servicios brindamos”, dijo. “La cosa es más fundamental: ¿qué dice nuestra existencia del gobierno y los servicios que no provee? Existimos porque no hay nada más”.

AL IGUAL QUE EL FMLN, las pandillas de El Salvador fueron el resultado de la larga guerra civil que comenzó en 1980. Entonces, el FMLN era una constelación de grupos de izquierda que se enfrentaba al gobierno de derecha. A medida que las batallas se hicieron cada vez más violentas, cientos de miles de salvadoreños se mudaron a Estados Unidos, estableciéndose principalmente en Los Ángeles, donde sus hijos se organizaron para protegerse de otras minorías pobres que también habían quedado al margen del “sueño americano”. Para cuando fueron deportados, años más tarde, ya habían formado las pandillas que ahora carcomen a la sociedad salvadoreña y que han sido considerablemente brutales, famosas por decapitar a sus enemigos e ignorar por completo el destino de los civiles atrapados en el fuego cruzado. Ahora, como sucedió durante la guerra civil, cientos de miles de refugiados han huido, incluyendo a más de 50.000 menores de edad que en los últimos años han intentado hacer el viaje por tierra hasta Estados Unidos.

El primero en ejercer la mano dura fue el partido de extrema derecha Alianza Republicana Nacionalista, conocido como ARENA, que ganó por primera vez la presidencia en 1989. Eso solo sirvió para fortalecer la determinación y cohesión de las pandillas. Cuando el FMLN asumió el poder en 2009, intentó algo diferente. Comenzó a trabajar en secreto para negociar una tregua entre las pandillas en pugna del país. La premisa era sencilla: a través de intermediarios de confianza reunirían a los principales líderes en las cárceles de seguridad, permitirían que interactuaran y los alentarían a forjar la paz en las calles.

Cuando esa tregua finalmente se materializó en 2012, el índice nacional de homicidios cayó casi a la mitad. Sin embargo, a medida que se hizo pública, surgieron varios cuestionamientos: ¿las pandillas simplemente estaban consolidándose antes de desatar otra ola de violencia? ¿Los líderes recibían un tratamiento especial que incluía acceso a drogas y prostitutas? ¿El gobierno estaba apostando por una estrategia en la que las pandillas podrían exigir negociar si mataban a más personas? Una vez que se dio a conocer, la tregua nunca gozó de mucha popularidad entre los salvadoreños; Estados Unidos se opuso ferozmente a esa medida. En 2014, el gobierno comenzó a distanciarse del esfuerzo y la tasa de homicidios comenzó a aumentar de forma considerable.

Lo que está sucediendo es como una
guerra en casi todos los sentidos, pero en el vocabulario de la guerra no hay palabras para describir esta nueva variante.

Cuando Sánchez Cerén llegó al poder en junio de 2014, le retiró el apoyo gubernamental a la tregua. Siete meses después había encarcelado a los líderes de las pandillas en prisiones de máxima seguridad, cortando sus líneas de comunicación. Uno de los periodos más pacíficos desde la guerra civil dio lugar a uno de los más mortíferos y no solo porque la guerra entre las pandillas iba en aumento, sino porque la violencia policial también se incrementó de manera drástica.

Las autoridades mataron a ocho veces más presuntos integrantes de las pandillas en 2015 que en 2013. El diario salvadoreño El Faro reveló que por cada oficial de policía que murió en un tiroteo entre enero y agosto de 2016 fueron asesinados 53 presuntos pandilleros. Es mucho más probable que un combatiente resulte herido a que muera en la historia de la guerra moderna. Sin embargo, en un periodo de veinte meses en el que sucedieron 1074 tiroteos contra presuntos pandilleros, la policía mató a 693 y solo lesionó a 255. El vicepresidente Óscar Ortiz ha afirmado públicamente que los policías tienen el derecho de usar la fuerza letal “sin ningún temor a sufrir consecuencias”.

Lo que está sucediendo es como una guerra en casi todos los sentidos, pero en el vocabulario de la guerra no hay palabras para describir esta nueva variante. Las pandillas son algo parecido a una insurrección, pero no parecen tener ningún objetivo político excepto evitar que se les mate. La existencia de seudodiplomáticos como Santiago refleja una nueva dinámica, alguna vez impensable, con una potencial voluntad de algunos de los bandos para dejar las armas. En diciembre de 2016, los líderes de la MS-13 declararon a El Faro que estarían dispuestos a negociar con el gobierno; incluso mencionaron la posibilidad de desmantelar la pandilla en caso de lograr la paz.

Antes esta opción ni siquiera estaba sobre la mesa, pero los dirigentes parecen haber evolucionado a raíz de la tregua. En febrero, se creó la Mesa Coordinadora de Pandillas para el Diálogo y el grupo contactó a un enviado especial de las Naciones Unidas, pidiéndole que iniciara un diálogo entre las pandillas y el gobierno.

Presuntos pandilleros que fueron detenidos durante una redada en San Salvador en 2016. Credit Moises Saman/Magnum, para The New York Times

El FMLN, hasta ahora, no ha correspondido a estas propuestas, ni tampoco lo han hecho muchos de los salvadoreños. Una encuesta reciente arrojó que un 40 por ciento de los adultos del país avalaría el uso de la tortura para combatir a las pandillas, mientras que casi un 34,6 por ciento aprobaría asesinatos extrajudiciales. Los políticos son impopulares, pero también lo son las pandillas.

En la colonia Montreal de Mejicanos, un barrio violento ubicado en lo alto de una colina que está bajo el control de la MS-13, un residente me dijo que las pandillas mataron a un muchacho que se negó a entrar al grupo, lo sepultaron en una fosa clandestina y le prohibieron a sus padres que recuperaran el cuerpo. En Aguilares, asistí al funeral de un conductor de autobús que fue asesinado porque sus jefes se negaron a pagarle a dos pandillas diferentes en la misma ruta. Su hermano me contó que el dolor y la ira lo hicieron pensar en unirse a sus rivales pero, en cambio, dejaría que el gobierno acabara con ellos.

Una pandilla de El Salvador gana en un año lo que un cartel mexicano recaba en una semana. MS-13, la pandilla más grande del país, con 40.000 miembros, recauda unos 30 millones de dólares anualmente de los pagos de extorsiones de unos cuantos dólares, a veces recibidos en monedas, y los distribuye en dádivas a sus miembros, muchos de los cuales viven de cualquier alimento que puedan tomar por la fuerza de los vendedores locales. Parecen no tener interés en las ideologías. El poder que tienen proviene de su condición como el único grupo organizado presente en los barrios pobres de El Salvador; como la única “familia” de decenas de miles de niños salvadoreños abandonados y, para muchos, son la única economía que existe.

El poder que tienen las
pandillas proviene de su
condición como el único
grupo organizado presente
en los barrios pobres
de El Salvador.

En última instancia, comentó Santiago, las pandillas tendrían que sobrellevar las medidas extremas hasta las siguientes elecciones, en marzo de 2018. Santiago estima que las pandillas fácilmente podrían constituir un diez por ciento de los votos, una porción decisiva en un sistema bipartidista. El país celebrará elecciones de dirigentes y legisladores municipales, muchos de zonas que están bajo el control de las pandillas. Esos grupos podrían utilizar su poder para exigirle a ARENA que aligere la mano dura en caso de que el partido resulte electo en un acto de represalia contra el FMLN por adoptar una estrategia tan estricta contra ellos.

“El gobierno tendrá que pagar la factura por lo que ha hecho”, dijo Santiago. “Deberán responder ante nosotros, de una manera u otra”.

SANTIAGO RARA VEZ SE QUEDABA más de un día en el mismo lugar. A veces pasaba una o dos noches en la casa de su exnovia, con quien tuvo una hija que ahora tiene 7 años. También tiene un hijo de 5 años con otra mujer. En raras ocasiones se ha quedado con su abuela. Otras veces, cuando sentía que una zona estaba más caliente, se quedaba en casas alquiladas que parecían abandonadas, al menos desde el exterior.

Su obsesión con la seguridad estaba justificada: Marvin, su contraparte de la MS-13, había sido “levantado” a medianoche de su casa. Lo mismo le pasó a Nalo, el representante de Barrio 18 Revolucionarios en las discusiones de la tregua. Durante una noche, cuando llegamos a una de las casas alquiladas, Santiago se detuvo en un garaje donde había crecido la maleza y se quedó ahí por un minuto, observando a su alrededor.

La casa estaba a oscuras; era una estructura de un piso con las cortinas cerradas detrás de ventanas con herrería. Al otro lado de la calle, alguien instaló un sistema de bocinas y colgó un letrero para transformar una casa similar en una iglesia. Las voces de los evangélicos alabando a Dios sonaban a lo largo de la calle que, de lo contrario, estaría en silencio. Convencido de que no había nadie afuera, Santiago quitó las cadenas del garaje, abrió las puertas oxidadas y entró.

El interior se veía un poco mejor. La tela desgastada de los muebles de la sala estaba cubierta de quemaduras de cigarro. Los pasillos estaban llenos de telarañas. Santiago había cerrado el suministro de agua la última vez que fue y los baños no tenían agua. Decidió esperar a que la misa al otro lado de la calle terminara para volver a abrir la llave de paso. “Prefiero que la gente no me vea aquí”, dijo.

Había una nueva televisión de pantalla plana en la pared. Santiago se sentó en el sofá y encendió la tele para ver las noticias locales. Mencionó que le gusta mantenerse informado sobre los acontecimientos políticos en otras partes de América Latina.

“Deberán responder ante
nosotros, de una
manera u otra”.
Santiago

Mientras cambiaba los canales sonó su teléfono celular. Respondió y escuchó en silencio por un momento. “¿Quieres presentar una denuncia?”, preguntó finalmente. “Yo o alguien más del equipo puede llevarte a la oficina de derechos humanos mañana para llenar el papeleo”. Escuchó otra vez, dijo que entendía y colgó con un suspiro.

Era la esposa de uno de los líderes, dijo. Su marido llevaba años encarcelado y hacía meses que a ella no se le permitía hablar con él, desde que entraron en vigor las medidas extraordinarias. Dijo que la policía todavía la acosaba, pasaba por su casa, rompía sus muebles y le robaba objetos de valor. Ella había pensado en presentar una denuncia, pero había rumores de que las prisiones podrían volver a permitir las visitas de los familiares. Si presentaba una denuncia, la policía podría impedirle ver a su esposo. Al final decidió dejarlo todo por la paz.

A Santiago le gustaba su trabajo pero cada vez era más difícil. Comentó que la mayoría de sus amigos habían muerto o estaban en la cárcel. Unos cuantos se habían ido a Estados Unidos y vivían tranquilos con sus esposas e hijos. A veces pensaba que debería seguirlos, pero temía que lo descubrieran las autoridades estadounidenses. “Soy el último que queda de mi grupo”, dijo. “Cualquier cosa que pase, no será buena”.

Santiago se unió a Barrio 18 en 1998, a los 15 años. Su padre, que había sido un oficial de policía, abandonó a su familia para irse a Estados Unidos cuando Santiago todavía era muy pequeño; en su juventud tuvo pocas ambiciones excepto, quizá, que su vida tomara un rumbo distinto. Durante los primeros años como miembro de Barrio 18, pasó sus días trabajando en una tapicería mientras terminaba el bachillerato por la noche. Mantenía a su madre con el dinero de trabajos esporádicos, pero quería algo más. Dijo que le gustaba ser parte de una comunidad pero “no tenía ningún objetivo, además de serlo; solo quería saber cómo era la vida de pandillero”.

Poco a poco, las pandillas comenzaron a formalizarse con códigos de conducta que prohíben los ataques contra compañeros y el uso de drogas duras como el crack. El mismo Santiago fue parte de esa evolución. Justo antes de terminar la escuela secundaria, lo invitó a comer uno de los fundadores de la pandilla Barrio 18, Carlos Mojica, conocido como el Viejo Lin. Mojica se había propuesto convertir a Barrio 18 en algo más parecido a la delincuencia organizada. Santiago fue a la reunión saliendo de la escuela y todavía vestía su uniforme cuando se sentaron. Mojica sonrió.

“Sigue estudiando lo más que puedas”, recuerda que le dijo. “La gente como nosotros necesita encontrar algo que le interese, algo en qué ocupar su mente”. Le entregó a Santiago una lista de lecturas que incluía la Constitución de El Salvador y la Biblia. “Me dijo que debería ir a la iglesia”, recordó Santiago. “Pensé que estaba loco pero luego me dijo: ‘No estoy diciendo que te hagas cristiano pero confía en mí, no encontrarás paz en ningún otro lugar’”. Santiago tomó en serio su consejo, memorizó pasajes bíblicos y comenzó a organizar eventos evangélicos. El suyo fue un evangelio extraño, uno que combinaba principios cristianos, como la unidad y el amor, con la aceptación de la violencia y la delincuencia que define a las pandillas.

Todo eso cambió en 2006, cuando Santiago fue acusado de intento de homicidio tras un tiroteo con la MS-13, aunque afirma que él no participó. Después de que el gobierno retiró los cargos por falta de pruebas, decidió que era hora de poner fin al capítulo criminal de su vida. Preguntó a los dirigentes si podría concentrar sus energías en encontrar canales para la paz. Estuvieron de acuerdo.

Después de una persecución a pie, un policía arresta a un hombre sospechoso de ser pandillero y de haber participado en el robo de una camioneta. Credit Moises Saman/Magnum, para The New York Times

Santiago nunca me dijo cómo ni con qué se le pagaba por su trabajo, pero no podría haber sido mucho. Su hija se mantenía de las remesas que enviaban los parientes de la madre de la niña desde Estados Unidos. El único flujo de ingresos lucrativo al que podrían haber tenido acceso, de los carteles de narcotráfico que pasaban por su territorio, estaba vedado.

Le pregunté a Santiago por qué las pandillas, dada la cantidad de miembros que tenían, nunca intentaron cobrarles dinero a los carteles. Se rio. “No, cómo crees, hombre”, dijo. Con la guerra del gobierno en su contra, las pandillas difícilmente podían darse el lujo de entablar una pelea con los carteles. “He leído un poco sobre Hitler”, comentó Santiago. “Lo agarraron porque abrió demasiados frentes”.

Santiago es un conversador ágil y lleno de energía y cuando se le da rienda suelta —puede pasar de hablar sobre el gobierno comunista de China al proceso de paz en Colombia y la Rusia de Putin— mueve los brazos y el torso como un director de orquesta, como si estuviera convocando sus mejores ideas. Una vez me dijo que, en otra vida, le habría gustado estudiar Derecho, una profesión más a tono con su curiosidad intelectual. También me contó que no lamentaba haberse unido a una pandilla, pero sí no haber iniciado sus esfuerzos de reforma antes.

Las estructuras de pandillas son celulares y, a nivel de barrio, a menudo operan independientemente de la dirección general. Santiago conocía a casi todos y pasaba sus días al teléfono con sus rivales; algunas veces se reunía con ellos en persona. Intercambiaban detalles de la muerte más reciente a manos de un rival o de la policía. Hablaban de las próximas reuniones con la iglesia o con líderes de organizaciones no gubernamentales. Planeaban la emisión de comunicados conjuntos y mantenían abiertas las líneas de comunicación para evitar cualquier contratiempo en el cese al fuego.

“Nos dimos cuenta del error
quizá 24 meses después de
que había comenzado la
tregua, pero ya era
demasiado tarde”.
Santiago, pandillero

A veces se preguntaba si se habría unido a la pandilla, si su crianza hubiese sido distinta. Aunque muchos miembros de las pandillas culpan al gobierno por romper la primera tregua, para Santiago el fracaso fue más simple que eso. La tregua había mejorado las vidas de los pandilleros, quienes morían en menor cantidad, y del gobierno, que podía darse el crédito por las estadísticas de homicidios más bajas. Sin embargo, los salvadoreños promedio no veían muchas mejoras en sus vidas. Las extorsiones continuaron, al igual que el asesinato de inocentes. Santiago comentó que el principal error de la tregua fue continuar exigiéndole dinero a los civiles, ya que eso la había condenado al fracaso.

“Es muy triste llegar a esa conclusión”, me comentó. “Nos dimos cuenta del error quizá 24 meses después de que había comenzado la tregua, pero ya era demasiado tarde. Debimos haber empezado por ahí”.

Le pregunté a Santiago si alguna vez permitiría que su hijo se uniera a una pandilla. “Mi hijo es el niño más extrovertido que te puedas imaginar”, comentó, dejando escapar una sonrisa. “Te da la mano, te pregunta tu nombre y quiere contarte todo sobre la escuela. Si quisiera unirse a una pandilla, sería como en unos diez años. Para entonces, espero que esta dinámica de violencia haya cambiado; de no ser así, nadie va a querer formar parte de eso”.

MÁS DE 22.000 AGENTES de policía son responsables de la seguridad en El Salvador y ahora trabajan junto con 14.000 soldados. En vez de que las fuerzas armadas se volvieran algo parecido a una fuerza policial interna, la policía es la que se ha convertido en una especie de cuerpo militar invasor. Una noche, temprano, acompañé a un capitán de policía a patrullar Soyapango, municipio con una población de 300.000 habitantes repleto de casas de techos bajos y casuchas de lámina al este de la capital. Es considerado uno de los lugares más peligrosos del país. Mientras nos desplazábamos por una avenida estrecha y repleta de peatones, pasamos junto a un hombre que llevaba en brazos a una mujer inconsciente; el pánico era evidente en el rostro del hombre. Ni él detuvo a la patrulla para pedir ayuda ni los policías se la ofrecieron.

El capitán y un conductor recogieron a tres jóvenes oficiales que estaban en la banqueta de la plaza central, todos ellos de 27 años y graduados el mismo año de la academia de policía. Nos alejamos de las bulliciosas calles del centro de Soyapango y nos encaminamos hacia un barrio llamado Horizontes, en medio del territorio de la MS-13. Hubo un cambio perceptible en cuanto al abandono de la zona, incluso pese al ruinoso estado general de San Salvador. Las calles estaban reducidas a escombros, los lotes baldíos estaban llenos de maleza y abandonados; la mayoría de las casas estaban hechas de bloques de hormigón, sin una capa de pintura o yeso. Los terrenos estaban llenos de basura, como si fuera hierba silvestre.

El plan, en el supuesto de que hubiera uno, era buscar una casa “destroyer” —un escondite o casa de seguridad— en Horizontes, donde se creía que algunos miembros de la MS-13 podrían estarse refugiando después de un tiroteo con la policía. En realidad, la misión era mucho más simple: hacer “acto de presencia”, para mostrar que podían ir y venir como quisieran en territorio enemigo; un recordatorio para las pandillas, o cualquier persona que les ayudara, de que el gobierno no se quedaría de brazos cruzados.

Un oficial me dijo que él y sus compañeros habían matado a cinco pandilleros en un enfrentamiento armado dos semanas antes, justo en el lugar por donde caminábamos. Señaló hacia a una tubería de aguas residuales. “Uno de ellos murió allí”, dijo, ajustando su rifle de asalto. Contó que los sobrevivientes habían corrido, pero la policía creía que los pandilleros se ocultaban en esa casa “destroyer”.

La casa, sin pintura y con las ventanas tapadas con maderas, parecía abandonada. Un policía al que apodaban el Chino, golpeó la puerta. Al no recibir respuesta, golpeó el pánel de la ventana frontal. Para nuestra sorpresa, un joven que solo traía calzoncillos puestos entró en la sala, con las manos levantadas. El policía brincó por la ventana y le apuntó con el arma. “De rodillas”, gritó: “¿Qué estás haciendo aquí?”.

El joven se dejó caer de rodillas. “Aquí vivo”, contestó, alzando apenas la mirada. “Mentira”, espetó el policía. “Te estás escondiendo”.

En el centro de la habitación había un sofá de hule espuma con una sábana sucia y retorcida. Un sofá muy rasgado, con los resortes expuestos a través del terciopelo desgastado, yacía contra la pared. El Chino le preguntó desde cuándo estaba en la banda. “No estoy en nada”, contestó, “vendo tomates en el mercado central. Aquí vivo con mi novia. Está embarazada de nuestro segundo hijo”.

El policía le ordenó que se tumbara en el suelo y después colocó la punta de su bota debajo de la barbilla del joven y con ella le levantó un poco el rostro, mirándolo directamente a los ojos. “No creo que tu esposa viva aquí”, dijo. “Así”.

Otro oficial entró por el patio trasero; traía en las manos un cinturón de policía con la funda de la pistola colgando. “¿Le quitaste esto a un policía?”, reclamó el Chino, lanzando el cinturón sobre el colchón.

El muchacho comenzó a suplicar. “No, ustedes me matarían”, dijo, meneando la cabeza. “Imagínense, cómo voy a hacer algo como eso, con dos hijos”. Los policías salieron para avisar por la radio sobre el presunto robo del cinturón. Desde el otro extremo, recibieron órdenes de dejar al chico en paz. Tenía 17, era menor de edad, así que no valía la pena.

Pasando esa casa, llegamos a un campo de tiro utilizado por las pandillas. En la pared de bloques de hormigón había grafitis de unas burdas siluetas humanas con círculos torcidos a la altura del corazón. El hormigón estaba lleno de orificios de bala. En una pared contigua, alguien había garabateado las palabras “Ver, oír y callar”, un lema de las pandillas en El Salvador.

“Me entristece la pobreza.
Siento pena por estas familias,
por los que se involucran
en las pandillas, pero sobre todo
por los inocentes que mueren”.
Policía salvadoreño

Caminamos al Valle de las Delicias, un barrio situado a pocas calles de ahí. Las paredes de los edificios estaban revestidas de enormes murales de color azul y negro, monumentos conmemorativos a los líderes caídos que, a pesar de la decadencia de la zona, todavía tenían buen aspecto. Mientras íbamos caminando por un callejón encontramos a otro joven delgado, de pelo rizado y cicatrices de acné en todo el rostro, que estaba haciendo una llamada con uno de esos enormes teléfonos celulares que se fabricaban en los noventa. Un oficial le arrebató el teléfono, arrojándolo a un colega, y procedió a cachear al hombre con rudeza.

“No he hecho nada”, dijo el joven. Sus padres se asomaron de inmediato a la puerta.

El padre, que era más pequeño que su hijo y llevaba una camiseta amarillenta, preguntó: “No hizo nada, ¿por qué lo están hostigando?”. El oficial presionó el cuello del muchacho hasta torcerle la espalda. Le pidió a sus colegas una cámara para grabarlo. “No tiene antecedentes penales, ¿por qué lo van a meter al sistema?”, preguntó el padre.

“Cállate o sigues tú”, espetó el oficial.

Los policías dejaron a los familiares que estaban furiosos en el porche. “Mira cómo lo maltratan, solo porque es joven”, me dijo el padre. “No entiendo cómo pueden vivir consigo mismos, si también tienen hijos. ¿Qué les parecería que alguien les hiciera eso a sus hijos?”.

Un grupo de jóvenes observan las andanzas de las pandillas en el vecindario de Las Palmas, controlado por Barrio 18 Revolucionarios. Credit Moises Saman/Magnum, para The New York Times

Al terminar el patrullaje caminamos por los márgenes del barrio, marcados por un inmenso árbol de ceiba que se elevaba casi 40 metros por encima del estacionamiento, al fondo de un terreno baldío. El oficial que había registrado al chico me preguntó por lo que me había dicho la familia. Le dije e hizo una pausa para reflexionar.

“En estas comunidades marginadas, cada familia tiene al menos una persona involucrada con las pandillas”, dijo. “Claro que me entristece. Me entristece la pobreza, siento pena por estas familias, por los que se involucran en las pandillas, pero sobre todo por los inocentes que mueren”. Un camión de policía estaba parado debajo del follaje del árbol. Los oficiales se subieron al camión uno por uno.

“Todo esto tiene que ver con la pobreza y la marginación”, dijo, asintiendo con la cabeza mientras miraba un bote de basura cerca de las raíces del árbol, donde estaban escritas, en inglés, las palabras: Fuck Police.

POR LO GENERAL, SANTIAGO se sentía solo en su trabajo. La vida de pandillero gira en torno a la delincuencia, no la paz, por lo que se mantenía al margen. Hasta el año pasado, su comunidad incluía a un grupo informal de algunos altos líderes religiosos, diplomáticos y el comité de la pandilla. Se reunían para discutir estrategias encaminadas a reiniciar la tregua o por lo menos mantener abiertas las líneas de comunicación.

Con la presión ejercida por las medidas extraordinarias, las reuniones prácticamente habían cesado. A pesar de ello, Santiago trataba de comunicarse con los miembros del grupo y en ocasiones visitaba a algunos. Así fue como en una tarde de sábado, en octubre, condujo su auto a las oficinas de la Iglesia luterana para ponerse al día con el obispo Medardo Gómez.

“¿Dígame?”, preguntó la recepcionista, mirando a Santiago. “Vengo a ver al obispo”, dijo Santiago con una sonrisa de oreja a oreja. “Está en una reunión”, respondió ella, sin levantar la vista de la computadora.

Santiago tomó asiento y esperó. Casi era mediodía y había un puñado de personas haciendo antesala en la oficina del obispo. La mayoría vestía ropa formal. Santiago llevaba una camisa, jeans y un par de Nike que le había dado un amigo. Después de unos minutos, una mujer mayor con un traje planchado y joyería fina entró en el vestíbulo. Se paró en seco cuando vio a Santiago en la sala de espera.

“Ay, Dios mío, si eres tú”, exclamó, y corrió hacia él para darle un abrazo. “¿Sabe que estás aquí?”, preguntó ella, girando la cabeza hacia la puerta de la oficina del obispo. “Hace meses que no te vemos”, dijo entusiasmada. “¿Cómo va todo? Supimos de Alex”, agregó, refiriéndose a un miembro del comité político de Barrio 18 Revolucionarios al que habían detenido. “La situación es horrible ahora. Eres el primero que vemos en meses”.

Lo llevó hasta la puerta del obispo y lo anunció. El obispo, un anciano de ojos vidriosos, estaba sentado a la cabecera de una sencilla mesa de conferencias, en una reunión con unas cuantas personas. Los demás asistentes dejaron la sala cuando entró Santiago y el obispo se puso de pie para saludarlo. “Qué bueno verte aquí, no estaba seguro de si te habían agarrado también”, dijo al colocar su mano sobre la cabeza de Santiago. “Le dije a Alex que necesitaba hacer cambios en su rutina. Pero lo pescaron en su casa, al amanecer”.

“Gracias a Dios que no le hicieron nada más”, respondió Santiago.

Alex, al igual que Santiago, formaba parte de la comisión política desde sus inicios, a partir de que se anunció la tregua. Ahora estaba en prisión acusado de homicidio, dijo el obispo Gómez.

“Me han dicho que hay testimonios que afirman que no fue él”, continuó el obispo, con la mirada fija en la mesa como si no hablara con nadie en particular. “Tal vez lo prueben”. Dirigió la mirada hacia Santiago, que observaba la vasta colección de fotos en el escritorio y las paredes de la oficina del obispo. “Parece que eres el último que queda”.

Marvin, contraparte de Santiago dentro de MS-13, estaba en la cárcel y se sospechaba que estaba colaborando con las autoridades con base en un acuerdo negociado de culpabilidad. Nalo, uno de los principales líderes de Barrio 18 Revolucionarios, cuyo verdadero nombre es Carlos Eduardo Burgos Nuila, corrió la misma suerte. Mientras tanto, Alex fue encarcelado pero, hasta donde se sabía, no había firmado ningún acuerdo de ese tipo. Aunque las pandillas buscaron remplazos para todos con el fin de retomar las comunicaciones con el resto de la comisión, los vínculos eran nuevos y todavía inciertos.

La policía salvadoreña durante una redada en el vecindario Horizontes, en Soyapango Credit Moises Saman/Magnum, para The New York Times

Santiago le preguntó al obispo qué había pasado con los demás miembros del grupo informal: los diplomáticos, los trabajadores de las ONG y los líderes religiosos. La recepcionista entró con el almuerzo del obispo, un estofado caldoso que el obispo miró con decepción.

El obispo dijo que estaba planeando un foro para reunir a los líderes locales y funcionarios del gobierno para hablar sobre las medidas extraordinarias, en específico sobre el impacto de la violencia en los barrios. Levantó el tazón a la altura de los labios y dio un sorbo antes de agarrar un pedazo de costilla que se veía duro de roer. “Debemos insistir en el diálogo y hacerlo avanzar a todos los niveles”, dijo. “No hay que verlo solamente como un diálogo con las pandillas, hay que integrar y fomentar esto con todos”.

El obispo tenía la débil esperanza de que si los residentes de las zonas afectadas se acercaban a hablar con los funcionarios, ellos escucharían las historias de la miseria que había ocasionado su política. “Las medidas solo han empeorado las cosas, en vez de ayudar”, dijo. “La idea de un foro es para decir a nivel nacional e internacional: ‘Miren, las medidas extraordinarias no están funcionando’”. Hizo una pausa y suspiró. “No podemos negar que la cantidad de muertos ha disminuido”, continuó. “Pero la forma en la que la policía se comporta ha hecho que dejen de ser agentes de seguridad. Ahora son agentes de la muerte”.

Santiago se entusiasmó. Escuchar que un respetado líder religioso se hiciera eco de sus palabras le hizo sentir algo parecido a una catarsis. Estos días, dijo, la policía montaba supuestos tiroteos solo para matar a pandilleros y la explicación que daban después era que se trataba de terroristas. “¿Parezco terrorista?”, le preguntó al obispo.

El obispo negó con la cabeza y empujó su silla hacia atrás. Tenía unas ojeras pronunciadas. Se le hacía tarde para una reunión en otra parte de la ciudad. Miró a Santiago. “No, no tengo duda de que solo dicen eso para justificar la represión y solicitar asistencia internacional”, dijo.

Santiago acompañó al hombre hasta la salida y, acto seguido, encendió un cigarrillo en el patio del edificio, al lado de una fuente vacía y repleta de follaje. “Estas charlas me dan fuerza; me dicen que no estoy solo”, agregó, mientras sacudía las cenizas en un bote de basura vacío. “Al menos alguien piensa como yo”.

ESTE VERANO las cosas comenzaron desmoronarse para Santiago. La campaña del gobierno contra las pandillas continuó y la tregua, aunque todavía en efecto, pendía de un hilo. En agosto, los fiscales sometieron a juicio a 18 personas que no pertenecían a las pandillas pero que participaron en la creación de la tregua original de 2012; en su mayoría funcionarios y servidores públicos de escalafones bajos a los que le achacaron cargos de asociación delictiva y contrabando de mercancías prohibidas en las cárceles.

Santiago vio el juicio en televisión. Marvin y Nalo se habían convertido en testigos del gobierno después de su arresto; el segundo fue testigo estrella durante el juicio. Testificó que a los pandilleros en prisión les daban cenas de pollo frito y televisores de pantalla plana por su disposición a reducir la tasa de homicidios, pero también describió el reparto de dinero proveniente de los partidos políticos más importantes antes de las elecciones presidenciales de 2014, que incluyó más de 250.000 dólares como retribución por el apoyo de las pandillas.

Sin embargo, no se acusó ni se citó a dar testimonio a ningún político ni tampoco a los autores intelectuales de la tregua, entre los cuales estaba el actual ministro de Defensa. Finalmente, todos los acusados fueron absueltos y el juez convocó a los fiscales a acusar a los individuos que solo seguían órdenes del gobierno.

Sin dejarse abatir por esa derrota en los tribunales, el gobierno apeló la decisión del juez de inmediato y presentó una nueva ronda de acusaciones por extorsión, pero ahora en contra de quienes participaron en la tregua de 2012. Poco importaba: la mano dura del gobierno ya había desintegrado a la comisión política. Aunque la tregua seguía vigente entre las pandillas, se trataba más de la supervivencia frente las agresiones del gobierno que de forjar la paz.

Si bien Santiago sentía pena por los pandilleros exintegrantes de la comisión, sobre todo se sentía devastado debido a que los años de trabajo —construyendo alianzas y generando confianza en la sociedad civil, forjando relaciones con rivales, convenciendo a la gente de las calles sobre su visión— se habían convertido en un espectáculo público.

Santiago tenía sus propios problemas y preocupaciones. Para fines de agosto pasado, incluso antes de que los acusados fueran declarados inocentes, ya se preparaba para huir del país.

“La violencia tiene que alcanzar
un nivel mucho mayor que el
actual para que llegue la
hora de la verdad”.
Santiago, pandillero de Barrio 18

Sabía que no habría ningún respiro, al menos no hasta las elecciones de 2018. Mucho antes del juicio, Santiago escribió un manifiesto para las pandillas. Por primera vez en décadas, no apoyarían al FMLN en las urnas. En cambio, usarían su poder político para hacer que perdieran las elecciones, ya fuera apoyando a un partido de derecha o, posiblemente, a candidatos independientes.

El acuerdo tradicional, según cuenta, era que ellos recibían una compensación monetaria por apoyar al FMLN. Sin embargo, el presidente Sánchez Cerén, del FMLN, había roto su larga relación con las pandillas al emprender la guerra en su contra. Por eso, las pandillas responderían retirando su diez por ciento de los votos para castigar al partido en la legislatura. Los demás partidos políticos empezaron a tener acercamientos: políticos que buscaban acceso, favores, los votos antes de las elecciones del próximo año. “Ahora somos la chica bonita con la que todos quieren bailar”, me comentó Santiago.

Pero lo harían sin él. Las autoridades lo habían encontrado.

En febrero de este año, meses antes de que comenzara el juicio y después de una reunión con el obispo Gómez, su auto fue detenido para una inspección de rutina. La policía revisó los registros de su automóvil, así como su identificación, y lo dejó ir. Pero Santiago tenía sus sospechas. Mandó a revisar su auto con un especialista, que encontró un dispositivo de rastreo GPS pegado al chasis. Santiago cambió de vehículo.

En abril, poco después de Semana Santa, la policía lo detuvo de nuevo. En esa ocasión, lo acusaron de resistirse al arresto y lo detuvieron. Cuatro días después llegaron dos fiscales y un investigador de la policía con una oferta. El juicio por la tregua estaba a unos meses de comenzar y Santiago podía testificar contra sus excompañeros o ir a la cárcel por el resto de su vida, por posibles cargos de tráfico de armas, fraude electoral y contrabando en las cárceles. Luego de hacer la oferta, las autoridades se vieron obligadas a dejarlo ir, pues no tenían ningún motivo para retenerlo.

Pero sabía que lo arrestarían otra vez y se enfrentaría al mismo dilema. No quiso delatar a nadie ni debilitar lo que él genuinamente creía que era la única forma de salir del ciclo de violencia que consume a El Salvador. Eso equivaldría a darle la espalda a todo aquello por lo que había trabajado, así como a todos a los que había tratado de convencer. Tampoco podía imaginarse, a sus 34 años, pasar el resto de su vida en una celda de aquellas prisiones sobrepobladas y llenas de enfermedades. Decidió huir.

La última vez que hablamos no quiso decirme dónde estaba, solo que no tenía planes de regresar a El Salvador, por lo menos no durante el próximo año. Ya no era el optimista de hacía seis meses. Aún pensaba que el FMLN perdería las elecciones presidenciales de 2019 y que su pueblo, las pandillas y su comunidad se asegurarían de dificultarles las legislativas y municipales del próximo año. Pero, mientras tanto, creía que no podía hacer nada para avanzar el diálogo; el esfuerzo, por ahora, estaba fracturado.

“Ahorita soy un poco más realista”, manifestó. “Podría decir que, sin importar cuál partido gane, no van a buscar una alternativa”. Para que ambos lados de la guerra civil negociaran se requirieron años en los que se perdieron decenas de miles de vidas. Lo mismo sucedería con esta guerra, porque las guerras solo terminan cuando alguien gana o cuando ambas partes se hartan de las muertes. “La violencia tiene que alcanzar un nivel mucho mayor que el actual para que llegue la hora de la verdad”, dijo. “Solo entonces se comenzará a pensar en una solución integrada. La verdad es que este país aún tiene que derramar más sangre”.