México

Respuesta a Maduro. De Jorge Castaneda

Sorprende el silencio de Manuel López Obrador ante el régimen político venezolano.

Jorge Castaneda, político, intelectual y comentarista mexicano. Ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003

1 junio 2018 / El País

Las elecciones en Venezuela resultaron un poco mejor de lo previsto. Fue tanto el fraude que ni siquiera Henry Falcón, el candidato opositor palero,pudo avalarlas. La participación sí fue mucho menor que la histórica —como deseaba la oposición— y Falcón se vio obligado a desconocer los resultados y pedir nuevos comicios. Fracasó la maniobra de Nicolás Maduro de llamar al día siguiente a un diálogo nacional, al que hubiera acudido Falcón, y menos aún de formar un gobierno de unidad nacional con él y otros opositores a modo.

El régimen sobrevivió a la tormenta y se apresta, en medio de una crisis económica, humana, de abastecimiento y de violencia sin parangón en la historia moderna de América Latina, a permanecer seis años más en el poder. Lo hará, según el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aprobando una nueva Constitución que instalará una dictadura siguiendo el modelo cubano, acabando con lo poco que queda de la vieja democracia venezolana.

La comunidad internacional, a su vez, condenó las elecciones, desconoció los resultados y, según los países, inició o endureció las sanciones contra Maduro y sus colaboradores. En particular el Grupo de Lima, compuesto por 14 países, entre ellos México, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Perú, llamó a sus integrantes a aplicar o a intensificar medidas de suspensión de relaciones militares, culturales, financieras y comerciales con Venezuela, y a preparar una resolución de mayor dureza para la próxima asamblea anual de la OEA, en Washington, dentro de dos semanas.

El régimen sobrevivió a la tormenta y se apresta,
en medio de una crisis económica, humanitaria,
de abastecimiento y de violencia sin parangón

En plena campaña presidencial en México, el tema no parece atraer demasiada atención. Extrañamente, en el segundo debate presidencial, realizado en la ciudad fronteriza de Tijuana, dedicado al tema México en el mundo, el mismo día de las elecciones en Venezuela, los moderadores no consideraron útil o necesario interrogar a los aspirantes sobre su postura ante los comicios venezolanos, ni sobre la crisis de aquel país en general. Se hubieran llevado una sorpresa, y hubieran ayudado a ilustrar al electorado mexicano sobre una paradoja más que envuelve al puntero de la contienda, el candidato del partido llamado Morena, Andrés Manuel López Obrador.

La sorpresa: los otros candidatos —Ricardo Anaya, de Por México al Frente, y José Antonio Meade, del PRI— sostienen la misma posición, a saber, básicamente la del Grupo de Lima: desconocimiento de los resultados por inexistencia de las condiciones mínimas necesarias, de acuerdo con criterios internacionales, suspensión de toda la cooperación con Maduro, llamada a consultas de los embajadores en Caracas, sanciones crecientes contra la dictadura. López Obrador, por su parte, mantiene en todos los foros su silencio tradicional, pero sus voceros o bien invocan el consabido y llevado y traído principio de no intervención, o bien confiesan que no han discutido el tema o no responden a la pregunta salvo para decir que AMLO no conoce a Nicolás Maduro. La paradoja: el tema incomoda enormemente a Morena y a AMLO, y no saben dónde esconderse cuando surge.

En efecto, se les abren dos caminos. O bien critican y denuncian el fraude, el autoritarismo, el exilio forzado y la corrupción del chavismo, en cuyo caso brincan sus huestes internas: la ultra-izquierda, los sectores castrófilos en Morena o los que reciben dinero de Venezuela (el llamado Partido del Trabajo), y corren el riesgo de que Caracas revele secretos inconfesables de la elección de 2006, en la que también contendió López Obrador y perdió. O bien defienden al régimen dictatorial, escudándose tras una vergonzosa no intervención, y aparecen ante sectores clave del electorado como cómplices del autoritarismo y el fraude. Mejor se callan. Pero si se les arrincona, trastabillan o cascabelean.

Por una de dos razones. Ya sea porque simplemente no saben qué decir, y piensan, tal vez con razón, que el silencio no será reprobado por una opinión pública mexicana indiferente. No pagan costo alguno por contestar con lugares comunes o balbuceos. O tal vez callan, porque existe una verdadera afinidad o cercanía de Morena y AMLO con la experiencia chavista, en todas sus versiones, y no quieren criticar o deslindarse de un aliado y, sobre todo, de un modelo, cuyo fracaso es culpa del imperio, no de los errores y excesos garrafales que ha cometido.

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Votar en el infierno. De Jorge Volpi

La elección se ha transformado en un plebiscito entre la continuidad del régimen o un salto hacia algo que aún no se conoce muy bien. Ninguno de los dos favoritos en las encuestas se muestra con las ideas para transformar un país que se desangra.

Jorge Volpi, escritor mexicano

31 mayo 2018 / EL PAIS

Más de 200.000 muertos en doce años, un número incierto de desaparecidos, superior sin duda a los 70.000, y cientos de miles de desplazados: este es el resultado de la guerra contra el narco, lanzada por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006 y continuada por Enrique Peña Nieto, sin reconocerlo abiertamente, hasta nuestros días. A estas escalofriantes cifras, propias de una guerra civil, hay que añadir una corrupción que cimbra todos los niveles de nuestra vida pública —una decena de gobernadores se hallan presos o prófugos—, una desigualdad obscena y un sistema de justicia en bancarrota, en donde solo el 3% de los delitos se denuncia y, de esta cifra, apenas el 10% culmina en una sentencia firme (por lo general, condenatoria)

Estas son las penosas cuentas que puede ofrecer al día de hoy la renqueante democracia mexicana, establecida —al menos de forma simbólica— en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox, el primer presidente de la oposición en casi setenta años. Las cuentas, pues, de los Gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ambos provistos, al menos en este ciclo, con una ideología de centro-derecha casi intercambiable. Que sus enemigos más encarnizados, como Andrés Manuel López Obrador (mejor conocido como AMLO o El Peje), los asimilen bajo la etiqueta de PRIAN —o, más burdamente, como la mafia en el poder—, no responde por tanto a un capricho, sino a una serie de políticas comunes que nos ha llevado a habitar un cementerio, a carecer de toda confianza hacia nuestros gobernantes y nuestras instituciones y a mantener uno de los coeficientes GINI —el índice internacional de desigualdad— más altos del planeta.

A nadie debería sorprender, pues que las elecciones de este año se aboquen a imponer un doble voto de castigo contra el PAN y el PRI, la criatura bicéfala que ha arrastrado a México a un caos semejante. Cualquier candidato capaz de asumir una drástica condena al statu quo encontraría un eco natural entre la mayor parte de los votantes. Porque, aunque todos los candidatos se esfuercen por negarlo, México no es un país normal, sino un país en ruinas que, gracias al auge económico y la pujanza de las grandes urbes, se disfraza de potencia emergente. Quien no se dé cuenta de que la rabia y la desconfianza son los principales motores ciudadanos en este 2018 en realidad no conoce al país, sino el espejismo esculpido por los medios oficiales.

López Obrador ha tenido la sagacidad de ocultar
sus vertientes más radicales

ENRIQUE FLORES

Más allá de sus numerosos defectos, lo cierto es que AMLO fue el único en darse cuenta de este fenómeno a fuerza de participar en tres elecciones sucesivas y de haber recorrido hasta las comarcas más apartadas de nuestro territorio. Si en 2006 perdió la elección por la mínima —o fue víctima de un fraude—, y en 2012 los ciudadanos decidieron castigar la desastrosa administración de Felipe Calderón concediéndole una nueva oportunidad al PRI, ahora no queda otra alternativa excepto probar la opción que México no ha experimentado hasta ahora o dejar el país en manos de los mismos responsables de la catástrofe. Con esta estrategia en mente, el candidato del Movimiento de Renovación Nacional (Morena: un guiño más a un país tan clasista como racista), ha sabido leer como nadie el tiempo mexicano de nuestra época.

La elección se ha transformado, así, en un plebiscito entre la continuidad del régimen o un salto hacia algo que aún no se conoce muy bien, pero que representa la negación de estos 18 años de infortunio. Con el profundo malestar puesto en su favor, AMLO ha tenido en esta ocasión la sagacidad de ocultar sus vertientes más radicales —poco parece quedar del furibundo opositor que tomó el paseo de la Reforma o se impuso una banda presidencial alternativa en 2006— y la paciencia para construir una alianza en la que caben desde militantes radicales hasta evangélicos ultraconservadores, y donde han encontrado techo panistas y priistas desencantados, defensores de Maduro o de Kim Jong-un y, en una posición preeminente en la campaña, la hija del líder histórico de la derecha empresarial, Manuel J. Clouthier. Ello no quiere decir que a veces no resurja el líder dogmático y autoritario —insiste en que su solo triunfo bastará para limpiar el país—, pero por ahora prefiere mostrarse tolerante, abierto y, en casos extremos, dotado de un extravagante sentido del humor.

En este escenario, AMLO impuso como punto nodal de su agenda —de la agenda— el combate a la corrupción, y las erráticas estrategias de sus rivales no han hecho sino beneficiarlo. Mientras la mitad de la campaña José Antonio Meade y Ricardo Anaya se enzarzaron en una pelea por demostrar cuál de ellos o de sus partidos era el más corrupto —el candidato del PRI apoyado por la Procuraduría General de la República en un típico uso faccioso de las instituciones del Estado—, el líder de Morena continuaba siendo visto como el único político intachable. Se entiende en este contexto que el presidente Peña Nieto eligiera como candidato del PRI a un independiente con fama de honesto, pero al final resultó la peor idea posible: alguien sin carisma y sin consenso entre las bases que, para colmo, debe cargar a cuestas con la marca infamante del partido de la corrupción.

Meade y Anaya se enzarzaron en una pelea por demostrar
cuál de ellos era el más corrupto

El sentido actual de las encuestas, que colocan a AMLO entre 15 y 25 puntos de Anaya, y a su vez a este a 10 de Meade, refleja con nitidez los errores del PAN —aliado para esta elección con lo que queda de la izquierda tradicional del PRD— y del PRI. Como sea, no es esta una elección ideológica: por primera vez se vota por tres candidatos conservadores, que van de la visión social anticuada de AMLO a la derecha católica de Meade —y a la ultraderecha de su candidato a la Ciudad de México—, con Anaya como paradójico pivote.

A pocas semanas de las elecciones del 1 de julio, nada parecería ser capaz de enturbiar esta fotografía. Anaya se ha erigido en el único rival viable de López Obrador —de confirmarse el resultado, sería acaso el fin del PRI como lo conocemos—, pero sus dotes oratorias y su juventud no han acabado de calar en grandes sectores del país, y su incapacidad para distinguirse del régimen previo, llegando a flirtear incluso con una alianza tácita con el PRI, y su sobreactuación en el último debate no le ha permitido crecer en las encuestas.

La campaña se ha revelado apática y carente de ideas, con tres candidatos que, por razones opuestas, no ha afrontado el mayor problema del país —esa violencia ciega y esa impunidad para criminales y políticos corruptos que nos convierte en un Estado fallido—, negándose a considerar la legalización de las drogas y olvidando por completo la necesaria construcción de un sistema de justicia confiable, eficaz e independiente: la única receta posible para salir de la catástrofe humanitaria en que nos hallamos sumidos.

Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación. Azam Ahmed/NY Times

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Una conferencia de prensa en Ciudad de México. En los últimos cinco años, el presidente Enrique Peña Nieto gastó casi 2000 millones de dólares en publicidad. Credit Alejandro Cegarra / Bloomberg

Azam Ahmed, 25 diciembre 2017 / THE NEW YORK TIMES

CIUDAD DE MÉXICO — Dirigir un periódico, una estación de radio o un canal de televisión en México generalmente significa confiar en un cliente único y poderoso que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una simple advertencia: “No te pago para criticarme”.

Ese cliente es el gobierno mexicano.

La gestión del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado cientos de millones de dólares anuales de los fondos gubernamentales en publicidad, creando lo que muchos propietarios, ejecutivos y periodistas mexicanos definen como una gigantesca marca presidencial que puede suprimir artículos de investigación, escoger portadas e intimidar a las salas de redacción que la desafían.

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A pesar de su promesa de regular la publicidad gubernamental, Peña Nieto ha gastado más dinero en publicidad que ningún otro presidente en la historia de México, casi 2000 millones de dólares en los últimos cinco años, según datos del gobierno recopilados por Fundar, un centro de análisis de transparencia. Esa organización reveló que la actual presidencia gastó más del doble del generoso presupuesto de medios que los legisladores mexicanos le aprobaron para 2016.

Y eso solo es el dinero federal.

Cada año los líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en dinero estatal para publicidad, unos recursos que distribuyen entre sus medios de comunicación favoritos, según calcula Fundar. Según los ejecutivos y editores involucrados en las negociaciones, algunos secretarios de prensa del gobierno les exigen abiertamente una cobertura positiva antes de firmar un contrato publicitario.

El resultado es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar, según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente, si es que llegan a investigarse. Dos tercios de los periodistas mexicanos admiten que se censuran.

El presidente Enrique Peña Nieto durante la presentación de su informe anual en septiembre. Su equipo propuso el diseño de un plan que regulara el gasto público en los medios, pero el proyecto no se realizó. Credit Pedro Pardo / Agence France-Presse – Getty Images

“Si un reportero profesional quiere cubrir los elementos sucios de lo que está sucediendo en el país, ni el gobierno ni las empresas privadas le darán un centavo”, dijo Enrique Krauze, un historiador que dirige Letras Libres, una revista mexicana que, entre sus anunciantes, también recibe algo de dinero del gobierno. “Ese es uno de los mayores defectos de la democracia mexicana”.

El partido de Peña Nieto, el PRI, fue pionero en la implantación de este sistema durante sus 70 años en el poder. El expresidente José López Portillo expuso explícitamente las expectativas del gobierno hace décadas, incluso fue citado diciendo que no le pagaba a los medios para que lo atacaran, y la práctica continuó cuando la oposición ganó la presidencia en 2000, y nuevamente en 2006.

Pero la influencia del gobierno sobre los medios va más allá del aspecto publicitario y, a veces, los funcionarios recurren al soborno directo. En Chihuahua, el exgobernador gastó más de 50 millones de dólares en publicidad, según los funcionarios, dejando al estado con enormes deudas públicas. Sin embargo, esa es la cifra que se manejó oficialmente.

Los fiscales también han conseguido recibos firmados con sobornos a periodistas locales, pagos tan comunes que incluso algunos reporteros fueron incluidos como contratistas del gobierno, según los documentos. Los fiscales sostienen que, con tanta cantidad de dinero oficial circulando, surgieron sitios web de noticias con el único propósito de apoyar la agenda del exgobernador.

“La relación entre los medios y el poder es uno de los problemas más graves de México”, dijo Javier Corral, el nuevo gobernador de Chihuahua. “Existe una colusión, un acuerdo, en términos de cómo se gestionan los recursos públicos para recompensar o castigar a los medios. Es una zanahoria y el palo: ‘Compórtate bien y te daré mucho dinero y publicidad. Actúa mal y te los quitaré’”.

Dependencia de la publicidad pública

Trabajadores de La Jornada durante una huelga. El gobierno apoyó a ese diario con más de un millón de dólares en publicidad oficial durante una grave crisis financiera. Los críticos dicen que el periódico perdió independencia editorial. Credit Bernardo Montoya / Agence France-Presse – Getty Images

Lea un periódico, sintonice una estación de radio o encienda la televisión en México y recibirá una avalancha de publicidad oficial. En algunos diarios, casi cualquier página es usada para publicar avisos que promueven alguna secretaría gubernamental. A veces, se destina tanto tiempo al aire a alabar el trabajo del gobierno como a cubrir las noticias.

Este gasto extraordinario se produce en un momento en que el gobierno mexicano está recortando los presupuestos en general, incluidos los de salud, educación y servicios sociales. El gobierno federal gastó tanto dinero en publicidad el año pasado, alrededor de 500 millones de dólares, como lo hizo para apoyar a los estudiantes de su principal programa de becas para las universidades públicas.

Según los historiadores, la cooptación de los medios de comunicación es más importante que el gasto de cualquier otro gobierno en promoción. Refleja la ausencia del pacto básico que la prensa libre establece con sus lectores en una democracia, un compromiso en el que responsabilizar a los poderosos forma parte de su misión.

“Es un problema común en el mundo en desarrollo pero el problema es mucho, mucho más grave en México”, dijo David Kaye, representante especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión. “Es notable lo que gasta el gobierno”.

El estado actual de los medios mexicanos, y su estrecha relación de dependencia con los fondos gubernamentales, no es una rareza en América Latina. Desde hace varios años, diversas organizaciones como la Unesco y la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH han alertado sobre el uso de la publicidad estatal para recompensar o castigar las líneas editoriales.

Casos como el de Venezuela, país en el que desde la llegada de Hugo Chávez al poder se han suscitado denuncias por el uso de la pauta oficial para presionar a los medios y donde solo este año, en la gestión de Nicolás Maduro, cerraron 49 medios de comunicación; Ecuador durante los mandatos de Rafael Correa, quien demandó a diversos medios de comunicación y llegó a prohibir que se otorgara publicidad estatal a los medios privados, o Evo Morales, quien gobierna Bolivia desde 2006 y aspira a la reelección. Este año, ante las repetidas denuncias de asfixia económica por parte de los medios locales que no reciben publicidad oficial, Morales escribió en su cuenta de Twitter: “Medios que no reciben publicidad del Estado son los que mienten, insultan, difaman y desprestigian autoridades”.

La mayoría de los medios mexicanos han dependido de la publicidad pública durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno, lo que le otorga a los funcionarios una gran influencia para presionar sobre la cobertura de ciertas noticias y dejar a un lado otras informaciones, dicen los analistas, reporteros y dueños de medios.

“Este es un problema económico”, dijo Carlos Puig, columnista del periódico Milenio, un diario que recibe fondos del gobierno sustanciales. “El modelo estadounidense clásico no existe aquí”.

El año pasado, estalló una protesta pública luego de que un alto funcionario del gobierno fue a las oficinas de Milenio para quejarse por una noticia. El artículo, que criticaba una iniciativa nacional contra el hambre, fue retirado del sitio web del periódico inmediatamente después de la visita.

La noticia volvió a ser publicada más tarde, con un titular mucho menos negativo. El periódico dijo que la razón era simple: el artículo era “deplorable”, un intento inexacto y “vulgar” de difamar a un funcionario por lo que se disculpaban con sus lectores. Pero los periodistas y defensores de la democracia, citando el poder de la publicidad del gobierno, se quejaron y el periodista renunció en señal de protesta, alegando que había sido censurado. Finalmente, el título original fue restaurado.

La interferencia gubernamental directa, a menudo es innecesaria. Un 68 por ciento de los periodistas mexicanos dijeron que se censuraban, no solo para evitar ser asesinados, sino también por la presión de los anunciantes y el impacto en los ingresos de los medios, según un estudio realizado a lo largo de tres años por académicos mexicanos y estadounidenses.

El funeral de Javier Valdez Cárdenas, un periodista premiado que fue asesinado a balazos en mayo. En México, la violencia contra la prensa es generalizada. Credit Hector Parra / Agence France-Presse – Getty Images

Francisco Pazos trabajó durante varios años en Excélsior, uno de los periódicos más grandes y antiguos de México. Cuenta que uno de los momentos más frustrantes de su carrera sucedió a fines de 2013, cuando el gobierno estaba en medio de una lucha para aumentar el costo del pasaje en el transporte público.

Pazos dijo que trató de explorar en detalle la ira de los pasajeros, hasta que un editor lo detuvo, diciéndole que el periódico ya no cubriría la controversia.

“Llegué a entender que había temas que simplemente no podía cubrir”, dijo Pazos. “Y, finalmente, dejé de buscar ese tipo de noticias. Finalmente, tú mismo te conviertes en parte de la censura”.

Muchos propietarios y directores de medios dicen que tienen tan pocas fuentes independientes de ingresos aparte del gobierno que se enfrentan a una dura elección: asfixiarse por la falta de recursos o sobrevivir como cómplices de su propia manipulación.

“Por supuesto, el uso del dinero público limita la libertad de expresión, pero sin ese dinero público no habría medios en México”, dijo Marco Levario, director de la revista Etcétera. “Todos somos cómplices en eso”.

El modelo significa que algunos medios de comunicación apenas pueden permitirse mantener sus propios principios. Hace veinte años, el diario La Jornada era uno de los más apreciados en el país, una voz crítica y una lectura obligada para los intelectuales y activistas que caminaban por la ciudad con el periódico bajo el brazo.

Pero los años no han sido amables con ese diario. Hace unos años, estaba muy cerca de la ruina financiera. Luego, el gobierno intervino rescatando la publicación con más de 1 millón de dólares en publicidad oficial y, según los críticos, afectando en el proceso la independencia editorial.

“Ahora se adueñaron de ellos”, dijo Levario. “El periódico ha sido como un portavoz del presidente”.

Otros vínculos comerciales unen a los medios de comunicación con el gobierno. Muchas empresas de medios forman parte de conglomerados más grandes que construyen carreteras u otros proyectos públicos. La misma persona propietaria de Grupo Imagen —una organización que tiene estaciones de radio, canales de televisión y varios medios impresos— también es propietaria de Prodemex, una importante empresa de construcción. Ha ganado más de 200 millones de dólares en los últimos cinco años con la construcción de instalaciones gubernamentales y desempeñará un papel importante en la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

Tanto La Jornada como Grupo Imagen, que es la empresa matriz de Excélsior, no respondieron a las repetidas solicitudes de entrevistas para este trabajo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó recientemente el tema de la publicidad oficial al dictaminar en noviembre que el gobierno debe cumplir con la promesa del presidente de regular el flujo de dineros públicos de una manera imparcial.

“La ausencia de regulación en la publicidad oficial permite el uso arbitrario de los presupuestos de comunicación, lo que indirectamente restringe la libertad de expresión”, dijo Arturo Zaldívar, un juez de la Suprema Corte.

En un comunicado, la oficina del presidente se refirió a la publicidad oficial como una forma de promoción con respaldo constitucional que le permite informar y educar al público sobre sus labores. Pero rechaza la afirmación de que ese gasto distorsiona la cobertura de los medios de asuntos importantes o asfixia la libertad de expresión de cualquier manera.

“Todos los días los periodistas de México cuestionan, con absoluta libertad, las acciones del gobierno y las de nuestros representantes, incluido el presidente”, se lee en el comunicado. “Hay una crítica permanente de los periodistas mexicanos hacia el gobierno. Con solo abrir cualquier periódico, encender la televisión e ir a las redes sociales, eso puede verificarse”.

Poco después de su elección, el equipo de Peña Nieto ideó un plan para regular el gasto de los medios, según tres personas familiarizadas con la propuesta.

Pero Aurelio Nuño, el exjefe de gabinete del presidente y exsecretario de Educación Pública, dijo que la propuesta nunca avanzó lo suficiente como para convertirse en el borrador de una ley que pudiera cambiar esa situación. El esfuerzo fue subsumido por otras promesas de campaña y se quedó atrás, dijo.

‘Calentar’ a los políticos

La mayoría de los medios de comunicación han dependido de la publicidad oficial durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno. Credit Hector Guerrero / Bloomberg

Como jefa de reclutamiento en el periódico Reforma, Diana Álvarez se ha acostumbrado a la definición flexible del periodismo en México.

Ella cuenta que hace unos años entrevistó a una joven que trabajaba en un gran periódico de Ciudad de México. La mujer, que tenía una maestría en periodismo, dijo que su trabajo en el periódico consistía en crear archivos de recortes de prensa negativos sobre los gobernadores de todo el país.

Esos archivos se le entregaban al departamento de ventas del periódico que luego se acercaba a los gobernadores para venderles “planes de cobertura” para mejorar su imagen pública, explicó la joven.

Álvarez citó más ejemplos. Un candidato a editor se jactó de que sabía cómo trabajar sus relaciones con los políticos para obtener más dinero publicitario.

Lo definía como “calentarlos”, lo que implicaba mostrarle a los políticos una noticia crítica que su periódico planeaba publicar. Luego, como le explicó a Álvarez, un contrato publicitario con su periódico que le ayudaría a “apagar el fuego”.

Sin embargo, otro solicitante, un exempleado del gobierno, dijo que sabía cómo “tratar a la prensa”, recordó Álvarez. Le contó cómo había estado a cargo de distribuir sobres llenos de efectivo para los periodistas.

“Me gustaría poder decir que estos son casos aislados, o solo algunos, pero no es así”, dijo Álvarez. “Hay muchos como ellos que hablan de esas prácticas de una forma en la que te percatas de que las han normalizado”.

Daniel Moreno, director de la publicación digital Animal Político, dice que no recibe casi nada de dinero del gobierno federal, y cantidades relativamente pequeñas de los gobernadores estatales.

No es porque no quiera el dinero, dice Moreno. Es solo que el tipo de cobertura crítica que su equipo de noticias hace no es recompensado con contratos gubernamentales, sostiene.

Recientemente, Moreno dijo que recibió una llamada de funcionarios del estado de Morelos —que invierte cerca de 3000 dólares al mes en publicidad en su medio—. La esposa del gobernador estaba atravesando un momento complicado por las afirmaciones de que estaba politizando la ayuda para las víctimas del terremoto, una acusación que ella rechazó, por lo que un funcionario estatal sugirió que Animal Político debía hacer algunas noticias positivas.

Moreno rechazó cortésmente la propuesta. “Estaban bastante ofendidos”, dijo encogiéndose de hombros. “Y estoy seguro de que el dinero se ha ido”.

Aún así, les fue mejor que con la mayoría de los estados, dijo Moreno. Como política, Animal Político despliega una notificación en las piezas que se pagan por publicidad, por lo que los lectores saben que el trabajo no es periodismo independiente, dijo.

Pero funcionarios de los estados de Chiapas, Oaxaca y Sonora se han negado a pagar por el contenido a menos de que se publique sin la advertencia, dijo. Y Moreno se ha negado. “He perdido más dinero de esa manera del que he ganado”, dijo entre risas.

Este mes, las organizaciones de noticias se unieron para denunciar la violencia contra la prensa en México, donde los asesinatos de periodistas alcanzaron un récord este año. Un total de 39 grupos de medios firmaron un comunicado.

Pero algunos medios, como Animal Político, no se unieron porque insistieron en agregarle al mensaje algunas líneas adicionales sobre el daño que la publicidad oficial le hace a la libertad de expresión.

Se produjo un pequeño alboroto, dijeron. Algunos grandes periódicos que dependen en gran medida del dinero del gobierno se opusieron.

Finalmente, la carta fue enviada sin las líneas, y sin la firma de Moreno y sus colaboradores. Aparentemente, los medios noticiosos no estaban dispuestos a desafiar su sustento.

Una revelación que plantea preguntas

Ricardo Anaya, candidato presidencial del Partido Acción Nacional: “No se puede competir con un gobierno que le paga 500 millones de dólares al año a los medios”. Credit Yadín Xolalpa / El Universal, vía Associated Press

El 23 de agosto, Ricardo Anaya, presidente del opositor Partido Acción Nacional (PAN) y ahora candidato a la presidencia en las elecciones del próximo año, se despertó con la noticia de que su nombre y su familia estaban en la portada de El Universal, un importante periódico del país.

La noticia entraba en detalles sobre el imperio de bienes raíces de su suegro y, más específicamente, las formas en que la carrera política de Anaya había ayudado a impulsar esa fortuna.

El relato era familiar en México: un líder político que había utilizado su influencia para enriquecerse a sí mismo y a su familia. El Universal expuso las direcciones y los valores de las diversas propiedades, e incluso publicó fotos de su familia extendida, 14 personas en total. Los medios de comunicación de todo el país divulgaron la historia.

Lo único que le faltó al reportaje, según dictaminó un tribunal, fue precisión. Anaya logró demostrar que gran parte de la información era errada, sesgada o simplemente incorrecta. Mientras que sus suegros poseían claramente una serie de propiedades, muchas de ellas habían sido adquiridas antes de que comenzara su carrera política, según demostraron los registros públicos.

Según Anaya, lo más desconcertante eran las fotografías de su familia. Por lo que la familia sabía, nunca habían sido publicadas. De hecho, se parecían bastante a fotos de pasaporte.

Como esas fotos estaban en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emite los pasaportes, Anaya sospechaba que sus rivales en el gobierno le habían filtrado las fotos al periódico.

“Están tratando de destruir mi carrera política con esta campaña”, afirmó. “No se puede competir con un gobierno que le paga 500 millones de dólares al año a los medios”.

Durante los siguientes dos meses, el periódico le dedicó más de 20 portadas a Anaya, acusándolo de malversar fondos públicos, beneficiarse financieramente de su posición y dividir a su partido.

Anaya presentó una demanda. En octubre, el tribunal determinó que El Universal había tergiversado la riqueza de sus suegros y acusó erróneamente a Anaya de utilizar su cargo para beneficiarlos.

El Universal afirmó que tenía derecho a publicar la noticia amparándose en la libertad de expresión, un argumento que el juez cuestionó porque el periódico “no había basado su investigación en hechos”. El diario apeló la decisión del tribunal.

Este caso plantea preguntas sobre la confianza en los medios de comunicación, en un país en el que reciben tanto dinero de la publicidad gubernamental.

El Universal recibe más publicidad gubernamental que cualquier otro periódico de la nación, alrededor de 10 millones de dólares el año pasado, reveló Fundar. Los críticos argumentan que el diario se ha convertido en algo así como un perro de ataque del gobierno para las elecciones presidenciales del próximo año.

Según el periódico, esa sugerencia es “falsa y ofensiva”. La publicidad oficial “no afecta de ninguna manera la línea editorial del periódico”, dicen los voceros del medio y agregan que “los pensadores de todos los partidos políticos” están representados en sus páginas.

No todos sus periodistas están de acuerdo. En julio, media docena de columnistas anunciaron sus renuncias en protesta por lo que calificaron como cobertura parcial, diciendo que los propietarios habían destruido la credibilidad de la institución.

José Antonio Meade, candidato del PRI a la presidencia. El editor de investigaciones de El Universal renunció porque cree que el periódico está demasiado cerca de ese partido, dicen sus colegas. Credit Jose Mendez / European Pressphoto Agency

Salvador Frausto, un exeditor de investigación que ganó muchos premios en el periódico, también se marchó. Sus colegas dijeron que estaba claramente incómodo con lo cerca que estaba el periódico del PRI y su nuevo candidato presidencial, José Antonio Meade.

La persona que remplazó a Frausto como el nuevo editor de investigación fue recientemente un funcionario de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, según su perfil de LinkedIn.

Y el director de noticias de El Universal tiene vínculos estrechos con el nuevo candidato: su esposa era la jefa de prensa internacional de Meade en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.

El diario dice que no hay conflicto de intereses y que no tolera la cobertura parcial de ningún tipo.

Pero no es la primera vez que los reporteros del periódico cuestionan su independencia. Los periodistas contaron que en 2012, cuando Peña Nieto se postulaba para su cargo actual, los editores y directores de noticias comenzaron a cambiar las columnas que eran críticas con el candidato sin advertirles, a veces en el último momento.

“La razón por la que terminé renunciando al periódico es que ya no sentía que tenía garantizado un espacio libre”, escribió Andrés Lajous, un estudiante de doctorado de la Universidad de Princeton, en un artículo que relata lo sucedido.

‘Fueron los federales’

Una vigilia por las personas que murieron en enfrentamientos con la policía federal en el estado de Michoacán. Credit Rebecca Blackwell / Associated Press

Los testigos lo definieron como una ejecución. En enero de 2015, Laura Castellanos, una periodista premiada, fue enviada por los editores de El Universal a cubrir un par de tiroteos en los que estaba involucrada la policía federal.

En ese momento, los grupos de autodefensa habían tomado las armas para luchar contra el crimen organizado y Castellanos, que había escrito extensamente sobre el tema, era considerada una experta.

Pasó 10 días reporteando la noticia contactando a sus viejas fuentes y entrevistando a los testigos en el estado de Michoacán, donde murieron 16 personas y docenas resultaron heridas.

El tema fue especialmente delicado porque un aliado cercano del presidente, Alfredo Castillo, que había sido designado para supervisar la situación de seguridad en Michoacán, afirmó que las muertes se produjeron en un tiroteo con asaltantes armados.

Castellanos dijo que grabó entrevistas con 39 personas —víctimas, transeúntes, trabajadores de hospitales— y llegó a una conclusión distinta. La policía federal ejecutó sumariamente a sospechosos desarmados, incluidos algunos que se rindieron de rodillas y con los brazos arriba, según lo que refleja su investigación.

Después de días de edición y verificación de datos, dijo que el reportaje estaba listo para publicarse. Pero eso no sucedió.

Castellanos y sus editores no se sorprendieron. Peña Nieto ya estaba bajo una fuerte presión pública por su manejo de la desaparición de los 43 estudiantes universitarios, así como por la compra que hizo su esposa de una casa multimillonaria a un importante contratista del gobierno.

Pero después de dos meses y medio —durante los cuales una de sus fuentes fue torturada y asesinada, según contó la reportera— Castellanos comenzó a preocuparse porque su reportaje nunca se publicara.

Al consultar con abogados dijo que descubrió una laguna en su contrato que le permitió publicar el material en otra parte.

Uno de los pocos medios dispuestos a contar esa historia fue el sitio web fundado por Carmen Aristegui, otra periodista galardonada, que perdió su trabajo en una estación de radio después de revelar el caso de la casa de la esposa del presidente.

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La periodista Carmen Aristegui aceptó publicar un reportaje de investigación que otros medios no quisieron divulgar. El día de la publicación su sitio web dejó de funcionar. Credit Edgard Garrido / Reuters

Pero en la mañana en la que se programó la publicación del reportaje de Michoacán, con el titular “Fueron los federales”, el sitio web de Aristegui dejó de funcionar.

Eventualmente, descubrieron lo que sucedió: el sitio web fue intervenido.

Finalmente el reportaje se publicó, pero es un caso que suscita preguntas sobre la independencia editorial en un país inundado de publicidad gubernamental.

Ni los asesinatos ni el hackeo se resolvieron por completo. El Universal dijo que no había publicado el trabajo de Castellanos porque no cumplía con los estándares del periódico.

Al año siguiente, el reportaje de Castellanos fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de periodismo de investigación, uno de los galardones más prestigiosos del país.

‘The Social Contract Is Broken’: La desigualdad en México y sus efectos sobre la violencia. De Max Fisher y Amanda Taub

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Un restaurante en la colonia de San Pedro Garza García, en Monterrey, donde fuera de las zonas más acaudaladas la violencia y corrupción son cuestión del día a día. Foto: Brett Gundlock para The New York Times

Max Fisher y Amanda Taub, 2 octubre 2017 / THE NEW YORK TIMES

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NEW YORK TIMESMONTERREY, México — Con la vista panorámica de la zona metropolitana de Monterrey, con sus sedes corporativas y clubes de golf, parece que se trata de una sola ciudad que se extiende por las montañas que la rodean.

Sin embargo, vista desde cerca, queda claro que existen muros invisibles que envuelven al centro acaudalado de Monterrey y crean una clara línea divisoria entre sus cuatro millones de residentes. Para la gente que se encuentra en el interior de esos muros invisibles, el gobierno es receptivo y la delincuencia es baja. Los que están afuera enfrentan el aumento de las tasas de homicidio, la corrupción y, según activistas locales, la brutalidad policial.

Sergio Salas vive en ambos lados. Se traslada todos los días desde su casa en Juárez, un suburbio de clase trabajadora, a la Secretaría de Educación ubicada en la zona próspera del centro, donde trabaja en los programas de educación especial.

Salas siempre dio por hecho que estaba a salvo en su casa, donde construyó una reserva de mariposas en el patio trasero. Pero el año pasado, unos delincuentes entraron a su hogar, lo ataron y le robaron. Conmocionado, no regresó sino hasta que instaló una barda y contrató a un guardia de medio tiempo.

Dice que su adorada ciudad ha cambiado con el auge de estos crímenes. Las familias construyen muros, salen huyendo a áreas más prósperas o solo aprenden a sobrellevar su vida diaria. La idea misma de comunidad se ha desvanecido.

A medida que México pasa por el año más violento que se haya registrado en su historia y el Estado se muestra incapaz de responder, la gente con recursos intenta resolver el problema por cuenta propia. Los terratenientes, los negocios y los ricos están adquiriendo seguridad, ya sea de forma legal o ilegal.

Todo pacto social se basa en el entendimiento de que la seguridad es un bien público que todos comparten y mantienen. A medida que los ricos de México se amurallan, los acuerdos implícitos que mantienen unida a la sociedad se rompen.

Aunque los efectos son sutiles, están presentes por doquier. El aumento de los grupos de justicieros, la impunidad de la delincuencia, la corrupción policial y la debilidad del Estado pueden ser consecuencia parcial de esta creciente desigualdad en la seguridad.

En Juárez, dice Salas, los vecinos cerraban filas ante desafíos comunes como la delincuencia o un policía corrupto, pero ahora “hay una cultura de no participación, de indiferencia y silencio”.

“El contrato social se rompió”, dijo.

La seguridad como un bien privado

Como en años recientes la guerra contra las drogas fracturó a los carteles más importantes, grupos más pequeños y violentos ocuparon su lugar. Las extorsiones y los secuestros se dispararon: no solo tienen en la mira a los ricos y a los comercios, sino también a los trabajadores de clase media.

En respuesta, los que tienen los medios pagan seguridad privada para que haga lo que el Estado no puede hacer.

Entre 2013 y 2015, el número de empresas de seguridad privada casi se triplicó de unas 200 a 1100, según estadísticas gubernamentales. Los analistas de la industria creen que la cantidad real, incluyendo a las empresas no registradas, probablemente es varias veces mayor.

Este cambio puede estar empeorando el sistema judicial particularmente ineficaz, que solo logra sentencias en una fracción diminuta de delitos. Los escoltas armados pueden evitar un asesinato pero no pueden investigar uno, y mucho menos desmantelar a un cartel local.

“Si tienes dinero para los policías, tal vez estén más dispuestos a ayudarte, de lo contrario no lo harán”.

Marilena Hernández, comerciante en Monterrey

Los recursos policiacos restantes tienden a ir hacia aquellos con conexiones. Un estudio calcula que un 70 por ciento de la policía de Ciudad de México trabaja para proteger intereses privados, como el resguardo de los bancos.

A medida que las clases poderosas confían menos en la seguridad que provee el Estado, la presión política para que este atienda la delincuencia o reforme a la policía disminuye, incluso a medida que aumentan los índices de homicidios.

En los barrios adinerados de todo México, donde los guardias patrullan las tiendas exclusivas y los restaurantes de moda, la violencia rara vez es el tema principal de conversación. Mientras tanto, los ciudadanos fuera de esas zonas quedan desprotegidos en buena medida. Las pandillas y la delincuencia organizada se esparcen en los barrios de bajos recursos.

La división es claramente visible en lugares como Santa Fe, una zona acaudalada de Ciudad de México, donde los rascacielos de cristal y los centros comerciales miran por encima de los barrios pobres que se extienden más allá de sus sombras.

Una tarde hace poco en uno de esos barrios pobres, Andrés Ruiz, un músico que no siempre tiene trabajo, estaba recargado contra una pared mientras esperaba el autobús que, aunque suele ser blanco de robos, es su único medio de transporte hacia la ciudad.

Entrecerró los ojos para enfocar la mirada hacia un peñasco que se eleva, como la torre de un castillo, unos seis metros por encima de las casas improvisadas. Los muros recién pintados de blanco de un fraccionamiento cerrado, construido para colindar casi con la cornisa, parecían devolverle la mirada.

“La seguridad es solo para ellos, para los de arriba”, dijo. Unos pandilleros, que abiertamente patrullan las calles, pasaron despacio en una motocicleta. “Estamos relegados, olvidados”, añadió Ruiz.

Vivir afuera de esos muros, comentó Ruiz, “es como vivir en un matadero”.

Marilena Hernández, quien vende quesadillas y tacos en la misma calle, dijo que tal vez era mejor que la policía ignorara los robos que se producen “a cualquier hora”.

“Podría ser contraproducente llamarlos”, dijo. La policía, para ella, solo es otra forma de seguridad privada que no puede costear. “Si tienes dinero para los policías, tal vez estén más dispuestos a ayudarte, de lo contrario no lo harán”.

La ley del más fuerte

A medida que el Estado se repliega en materia de seguridad, la desigualdad y la violencia —que alguna vez fueron problemas totalmente distintos— se retroalimentan. Este ciclo es especialmente visible en el aumento de los grupos paramilitares o justicieros. Estos grupos son “el extremo del fenómeno de la seguridad privada”, explicó en su oficina de Ciudad de México Edna Jaime Treviño, directora de México Evalúa, un centro de estudio de políticas públicas.

Comenzaron como una solución ciudadana a la violencia. Las comunidades locales, hartas de la policía, organizaron grupos de autodefensa para remplazarlos, pero esto solo aceleró las rupturas dentro de México, debido a la proliferación de hombres armados sin capacitación que muchas veces actuaban con impunidad.

Los carteles compraron a muchos miembros de estos grupos. Otros cayeron en la tentación del narcotráfico, el secuestro o la extorsión.

Actualmente, se les considera uno de los factores más importantes de la desintegración que alguna vez se propusieron solucionar. Estos grupos tal vez sean una manifestación de desigualdad, según una investigación reciente de Brian J. Phillips, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas en Ciudad de México.

En un estudio realizado en 2500 poblaciones, Phillips descubrió que los grupos de justicieros no necesariamente aparecen en las áreas con las mayores tasas delincuenciales ni donde la presencia del Estado es más débil, como podría imaginarse. En cambio, mientras mayor sea la brecha entre los ricos y los pobres en una población, mayores son las posibilidades de que se formen autodefensas. A la inversa, en una población con mayor equidad, incluso si es pobre, casi nunca se presentan esos grupos.

Al analizar los casos individuales, queda claro cómo la desigualdad, incluso más que la violencia, motiva la aparición de grupos justicieros que están haciendo trizas las provincias rurales del país.

En el caso de los ricos que viven en zonas rurales y que con frecuencia son terratenientes, los hombres armados que contratan pueden resguardar un negocio o una granja que las instituciones locales no pueden proteger. Después, en una representación local de las tendencias nacionales, los grupos paramilitares acaban por remplazar a la policía pero rara vez protegen a aquellos que no pueden costear sus servicios.

Al ver que solo esos grupos proveen seguridad, los pobres se ven motivados a formar sus propias fuerzas voluntarias o recurrir a linchamientos y otras formas de presunta justicia que requieren pocos recursos. O bien, los pobres pueden armarse primero al percibir que es necesario. Por cada aumento de un punto porcentual en la desigualdad, el índice de homicidios aumenta 1,5 puntos, según los estudios.

Por cada aumento de un punto porcentual en la desigualdad, el índice de homicidios aumenta 1,5 puntos.

Mark Ungar, profesor del Brooklyn College que estudia temas de seguridad, comentó que los grupos justicieros en los que impera la ley del más fuerte han inclinado el “centro de gravedad del poder” en las áreas rurales hacia los que tienen más dinero.

Se puede tratar de carteles pero algunas veces los más poderosos son las empresas agrícolas y de extracción de recursos, a los que se ha acusado de desplegar grupos armados contra activistas ambientales y comunidades indígenas.

“La seguridad privada se ha convertido en una parte central de la criminalidad misma”, comentó Ungar.

El deterioro del orden social y político

“La seguridad tiene una peculiaridad”, comentó Rita Abrahamsen, politóloga que estudia los efectos de la seguridad en la sociedad. “Es distinta de, digamos, los servicios de salud. Si no hay seguridad, no se puede mantener la cohesión”.

Este deterioro se puede sentir en todo México. Las encuestas muestran un aumento en la desconfianza en las instituciones y la insatisfacción con el estado de la democracia.

Andrés Manuel López Obrador, un populista de izquierda conocido por cuestionar la legitimidad de las elecciones, encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales del año próximo. Aunque López Obrador ha hecho énfasis en la desigualdad económica más que en los temas de seguridad, entre sus seguidores hay muchas personas pobres y de clase trabajadora que se sienten abandonadas.

La desigualdad “es uno de los principales problemas de este país”, comentó Jorge Tello, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), mientras tomaba un café en un club privado de Monterrey. Cerca, una familia bien vestida cantaba “Las mañanitas”.

Cuando en un principio la violencia aumentó en toda la ciudad, los líderes corporativos más poderosos de Monterrey presionaron para conseguir —y muchas veces financiaron directamente— reformas cuya intención era proteger a toda la población.

No obstante, cuando la delincuencia disminuyó en las zonas acaudaladas, la presión para dar seguimiento a las reformas también lo hizo; se profundizó una cultura política en la cual las instituciones y los funcionarios sirven al dinero. Las áreas como Juárez cayeron en el abandono.

“Por eso creo que López Obrador tiene grandes posibilidades de convertirse en el próximo presidente, debido a que una gran parte de la población no tiene acceso a un restaurante como este”, comentó Tello.

A medida que los mexicanos se retiran del pacto social, advirtió, se arraigan problemas como la delincuencia y la corrupción.

“Cuando hablas sobre estos problemas en México, se dice que hay una enorme falta de gobierno, pero también hay una falta de ciudadanía”, manifestó.

Una sociedad ‘que no se moviliza’

“La sociedad mexicana siempre ha sido desigual”, comentó Edna Jaime, la directora de México Evalúa.

Ahora incluso la seguridad, la piedra angular del orden social, se está convirtiendo en un asunto que los mexicanos tienen que resolver por sí mismos, lo cual altera la forma en la que los ciudadanos ven sus obligaciones para con la sociedad misma.

“Somos una sociedad que no se moviliza mucho, no actúa en contra de la violencia mortal”, agregó. A medida que el sentimiento de bienestar colectivo disminuye, el abandono se convierte en la nueva norma.

“En algunos barrios pobres de la ciudad no hay presencia del Estado”, explicó. “No hay nada, literalmente nada. Los jóvenes tienen que cuidarse unos a otros en las calles”.

Sergio Salas, la víctima de robo en Monterrey, es optimista y piensa que el pacto social podría repararse si las comunidades desaprenden sus nuevos hábitos.

“Es una cuestión cultural que se fue armando poco a poco, así que hay que desmantelarla y después volverla a unir pieza por pieza”, dijo. “Yo abogo por eso. Esa es la razón por la que no me voy a ir de aquí”.

Sin embargo, tras años de trabajo en materia de pobreza y gobierno, a Edna Jaime le preocupa que la sociedad no vuelva a cohesionarse.

“Esto es muy serio”, dijo. “Al decir esto no puedo contener lo que siento”, agregó mientras se formaban lágrimas en sus ojos por la frustración. “Es apabullante”.

 

Temblores. De Alberto Barrera Tyszka

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Fotografía de Ronaldo Schemidt para AFP

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ALBERTO BARRERA TYSZKA, GUIONISTA, ESCRITOR Y COLUMNISTA VENEZOLANO

Alberto Barrera Tyszka, 24 septiembre 2017 / PRODAVINCI

Estaba a punto de pagar, en la caja del supermercado, cuando alguien gritó. A partir de ahí, todo se desató en un instante. Un grito, dos gritos, y tres más, y cuatro y cinco y seis gritos. Los cuerpos comenzaron a correr hacia fuera. Se disparó la alarma sísmica. Y ya todos fuimos una marea de voces y de gestos, desbordándose en el estacionamiento.

Yo pensé en Cristina, en la casa. Vivimos muy cerca del supermercado, casi enfrente, en el segundo piso de un edificio de 1951. Traté de caminar pero el movimiento del piso me lo impedía. El asfalto era gelatina. Resultaba incluso difícil mantener cierto equilibrio. Era como tratar de permanecer de pie sobre un vértigo. Buscar apoyo en los carros era inútil. Todo formaba parte del mismo vaivén. Arriba, las ramas de los árboles danzaban de manera desordenada. Hasta los segundos parecían cuartearse.

prodavinciLlegué por primera vez a la capital de México a finales de 1995 y, desde ese momento, he ido cultivando una relación cada vez más cercana con esta ciudad diversa y fascinante. En los tiempos en que no he vivido aquí, siempre he permanecido suficientemente cerca. Ya tengo demasiados afectos hundidos en estas piedras que, a veces, parecen aguas. No hay en el planeta un lugar tan descomunal y a la vez tan frágil. Aquí, el único equilibro posible está en la gente.

El primer apartamento que renté estaba en la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma. Aunque había pasado una década, esa zona seguía cargando con la mala fama que le dejó el terremoto de 1985. Era un barrio sísmicamente muy inseguro. Ahí, también, viví mi primer temblor chilango. Y a lo largo de todos estos años, he ido sumando temblores y alarmas. Pero nunca nada fue como lo que ocurrió este 19 de septiembre. En mi memoria, solo se mueve de la misma manera la noche del 29 de julio de 1967.

Sucedió en Caracas. Yo tenía siete años y mi familia acababa de mudarse a un edificio en la avenida Rómulo Gallegos. Era de noche y estábamos cenando. De repente, los platos comenzaron a moverse sobre la mesa. Recuerdo el susto, el brinco de los cubiertos sobre el mantel, los chillidos, la oscuridad completa. Mi padre gritó más fuerte que todos y nos obligó a colocarnos debajo de una viga. Mi madre buscó mi hermana menor, que apenas tenía un año y estaba dormida en un cuarto. Después, los seis bajamos por las escaleras. Todavía recuerdo con frío ese descenso. Todo a oscuras. Todo lleno de alaridos y llanto. Había grietas en las paredes, faltaban escalones. Una mujer dejó un zapato olvidado en el tercer piso. La calle era una locura. Pero estaba firme. No recuerdo si nos pusimos a llorar.

No pudimos regresar a nuestra edificio y pasamos un año viviendo en el kínder de un colegio donde mi papá daba clases. En algunos sábado de mi infancia, veo todavía a unas monjas jugando volibol en un patio desierto. (Quizás por eso –como señala un amigo- me entusiasma tanto la serie “The Young Pope”). Recordé todo esto de golpe esta semana, mientras trataba de permanecer en pie en el estacionamiento, durante esa fugaz eternidad que llamamos terremoto. Cuando por fin la tierra se detuvo, una señora que estaba a mi lado, me miró aterrada: “¿Ya?”, musitó. Suplicante. Esa mínima palabra abarcó toda la dimensión de nuestro miedo, de nuestra vulnerabilidad: ¿ya estamos otra vez vivos?

Los mexicanos cultivan una virtud sorprendente y envidiable: la solidaridad instantánea. La solidaridad que no pregunta, que no espera que la llamen, que no pide permisos. Antes aun que las autoridades o que los medios de comunicación, los ciudadanos ya estaban ahí, en la zona de desastre, activados, sabiendo cómo reaccionar, dispuestos a hacer todo lo necesario. Con insólita rapidez, una gran mayoría de ciudadanos comenzaron a colaborar en las labores de rescate y apoyo a las víctimas de lo ocurrido. Se multiplicaron los voluntarios, se crearon centros de acopio, se establecieron prioridades y se canalizaron informaciones y esfuerzos, todo el mundo buscó cómo podía ayudar. Para decirlo en códigos de canción ranchera, se trata de una sentimentalidad que también sabe ser eficiente. Lo ocurrido esta semana demuestra que no hay nada más eficaz que el amor.

Porque, finalmente, en el contexto de las arduas labores de rescate, siempre se llega a punto donde la tecnología o las herramientas son inútiles, donde ya no sirven los teléfonos celulares ni los instrumentos térmicos, donde ni siquiera se puede escavar con un pico o una pala…Es el punto donde la experiencia más humana y más básica es la única que puede hacer algo. Es el rescatista delgado que se cuela por una grieta, que se arrastra por un túnel. Es el rescatista que, en medio de los escombros, levanta su puño cerrado y establece una seña que se va repitiendo como una ola. “¡Silencio total!”, grita de pronto una voz. Y se hace el silencio. Un silencio que llega a los animadores de turno en la televisión, que se prolonga incluso hasta los televidentes. Un silencio total en una de las ciudades más grande del mundo. Un silencio que se ha vuelto esperanza, que busca del otro lado de las ruinas una voz, un golpe tenue, una vida.

En muy pocos días, México nos enseña que la memoria de la tragedia puede ser una poderosa fuerza de salvación. Así como se puede temblar de miedo y de dolor, también se puede temblar de emoción, de solidaridad y de futuro.

A Venezuela por Cuba. De Jorge Castaneda

No hay una solución para la tragedia de Caracas que no pase por Washington y La Habana.

Aspecto de la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Cancún.

Aspecto de la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Cancún. Mario Guzmán EFE

Jorge Castaneda, político, intelectual y comentarista mexicano. Ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003

Jorge Castaneda, 28 junio 2017 / EL PAIS

Una de las posibles explicaciones de la interminable tragedia venezolana yace en la persistente indiferencia o complicidad de la región latinoamericana. Hace años que los vecinos de Venezuela debieron haber tomado cartas en el asunto y evitar el paulatino deslizamiento del régimen de Chávez y ahora de Maduro hacia la dictadura en el que se ha convertido. Una vez iniciada la espiral descendente, debieron actuar para revertir la tendencia. Nada de eso sucedió. Hasta ahora. Ya era tiempo.

Hay varios resultados de la Reunión de Consulta y de la Asamblea General de la OEA, celebradas en Cancún entre el 19 y el 21 de junio. Tres revisten particular relevancia, tanto para México, como país anfitrión, como para el resto de América Latina, sin menosprecio de las consecuencias y balances para Venezuela, tema central de los debates.

Empezando por México, por fin vuelve a contar con una postura moderna, digna y correcta. En Cancún, el país antepuso los compromisos regionales de defensa colectiva de la democracia representativa y de derechos humanos a los principios caducos de no intervención y de supuesta autodeterminación de los pueblos. Durante muchos años, México combinó, en ocasiones con una leve dosis de hipocresía, la no intervención con el combate diplomático a las dictaduras latinoamericanas (y al régimen de Franco, por cierto). Rompió relaciones con Pinochet y con Somoza; apoyó a la oposición chilena, nicaragüense y salvadoreña contra los Gobiernos autoritarios de esos países, tanto localmente como en foros internacionales. Colocó esta encomiable definición en una línea más congruente al censurar, desde 2001, a la dictadura castrista en la ONU, y en el plano bilateral, desde 1998. Hoy, con Venezuela, vuelve a esa tradición, al cabo de un decenio de abandono.

Este avance de política exterior de inmediato generó repercusiones en la política interna. No se puede disociar la posición mexicana ante Venezuela de la decisión de duplicar las aportaciones aztecas y de los demás países al sistema interamericano de derechos humanos. Tampoco es útil separarla de la declaración del canciller Luis Videgaray de dar la bienvenida a todo escrutinio externo, incluyendo observadores internacionales para las elecciones del 2018. No se puede lo uno sin lo otro, aunque el abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa admire a la dictadura de Maduro.

Los Gobiernos que representan a más de 90% de la población y del PIB de América Latina votaron por una resolución sobre Venezuela contra la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Hace pocos años, Brasil, Argentina, Perú y México no lo hubieran hecho. Solo Bolivia y Nicaragua se solidarizaron con Maduro; ni Ecuador ni El Salvador los siguieron. El cambio es notable. Sin embargo, México y sus aliados fracasaron. No se consiguieron los votos necesarios para que el proyecto de resolución fuera aprobado. Fue imposible arrancar tres votos más a los países del Caribe, que hicieron la diferencia, entre abstenciones y votos en contra.

Hay varias explicaciones. La primera es la que parte del petróleo que Venezuela regala o vende con subsidio a las islas caribeñas. La segunda consiste en que EE UU no hizo la tarea. Rex Tillerson, el secretario de Estado, no viajó a Cancún, y debilitó así el esfuerzo de todos. Hay un caso especialmente escandaloso: República Dominicana. Que EE UU no pueda convencer a Santo Domingo que vote con él es increíble. Otra interpretación adicional involucra a otro país formalmente ausente en Cancún: Cuba, que ejerce una enorme influencia sobre esos pequeños países vecinos porque ha puesto en práctica una política de cooperación, desde hace muchos años. Ha enviado a miles de agentes de inteligencia, médicos, maestros, instructores deportivos y militares. Esto le ha aportado a Cuba un gran ascendiente sobre sus gobernantes.

Por otro lado, México, Brasil, Argentina y Colombia han hecho hasta lo imposible para complacer a la dictadura cubana, en detrimento de sus propios valores y principios. Ya es hora de que haya un mínimo de reciprocidad cubana por estos esfuerzos desmedidos que todos han llevado a cabo por Cuba. Tal vez no surgieron las condiciones para alcanzar esta correspondencia cubana en las reuniones de Cancún. Pronto se celebrarán otras reuniones y surgirán otras oportunidades. Pero tres tesis parecen evidentes. No hay salida de la tragedia de Caracas sin Cuba; no habrá cooperación cubana sin algo a cambio; solo EE UU tiene algo que dar a cambio.

Periodistas y medios exigen fin de la impunidad de asesinatos de periodistas en México

Los periodistas y sus medios se pronuncian sobre los asesinatos de sus colegas en México, exigiendo un fin a la impunidad con la cual se cometen estos crímenes contra la libertad de expresn y de prensa.

24 mayo 2017

Firman:

En el Foro Centroamericano de Periodismo, organizado por El Faro en San Salvador, los participantes firmaron una declaración sobre los asesinatos de periodistas en México, la cual aun no ha sido publicada. Luego la agregaremos a esta publicación.