México

El papel de México en la crisis nicaragüense. De Jorge Castaneda

Aunque López Obrador debería condenar el derramamiento de sangre en Nicaragua y apoyar los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto y de la OEA para dar con una solución y defender los derechos humanos en la región, es poco probable que lo haga. Después del 1 de diciembre, no cuenten con México.

Un joven participa en una marcha contra el gobierno de Daniel Ortega el 23 de julio de 2018, en Managua. Credit Rodrigo Sura/EPA, vía Shutterstock

Jorge Castaneda, secretario de Relaciones Exteriores de México, de 2000 a 2003

26 julio 2018 / THE NEW YORK TIMES

CIUDAD DE MÉXICO — Más de 350 personas, la mayoría estudiantes y manifestantes, han muerto desde abril en Nicaragua, donde una reforma de pensiones, que al final se revocó, inició un movimiento social masivo que busca la renuncia del presidente Daniel Ortega.

La cantidad de muertos, encarcelados y desaparecidos es sorprendente para un país con poco más de seis millones de habitantes. Casi cuarenta años después de que Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocaron a la dinastía corrupta y sangrienta de los Somoza —que gobernó Nicaragua durante casi medio siglo—, estudiantes y activistas exigen la salida de lo que consideran una repetición histórica imperdonable. Su grito de protesta es: “Ortega y Somoza, son la misma cosa”.

Sin distinciones, están siendo atacados campesinos, activistas, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y líderes de la oposición históricos y actuales; manifestantes mujeres e incluso niños se han vuelto víctimas de los escuadrones de matones de Daniel Ortega. El régimen se está convirtiendo a toda velocidad en una dictadura, una situación que las comunidades latinoamericana e internacional deberían detener a toda costa. Nadie quiere otra Venezuela en la región.

Aunque al principio la respuesta de las organizaciones regionales e internacionales a la represión en Nicaragua fue lenta, recientemente ha comenzado a adoptar un papel más activo. La semana pasada, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, emitió una declaración en la que condenaba la violencia y la Organización de Estados Americanos (OEA) también aprobó una resolución condenatoria y exhortó a que se celebren elecciones presidencias “libres, justas y oportunas”. Un grupo ad hoc de naciones de América Latina, incluyendo Argentina, Brasil y México, ha denunciado la matanza en Managua y en la icónica ciudad de Masaya, que albergó la resistencia más heroica contra Somoza en la década de los setenta.

Un grupo de países está trabajando tras bambalinas con la Iglesia y la comunidad empresarial —así como con Estados Unidos— para negociar un acuerdo que exige tres elementos cruciales. Primero, el fin de la represión y del uso de escuadrones paramilitares o de matones que golpean o asesinan a los estudiantes. Segundo, la renuncia de Rosario Murillo —la esposa de Ortega, vicepresidenta y el poder tras el trono— y su promesa de que no contendrá a la presidencia en las próximas elecciones. Tercero, convocar elecciones con observadores internacionales a principios del próximo año y la renuncia previa del presidente. Este esfuerzo de intermediación y el acuerdo consiguiente pueden o no tener éxito, pero al menos se está haciendo algo para poner fin al baño de sangre.

A diferencia de la situación en Venezuela —un país que, además de la represión y las violaciones a otros derechos humanos, ha enfrentado una crisis humanitaria, económica y migratoria durante varios años—, la encrucijada nicaragüense podría resolverse a través de la cooperación regional e internacional. Nicaragua carece de lo que Venezuela tiene: petróleo y respaldo ruso y chino. Sin embargo, hay dos obstáculos importantes en el camino.

El presidente de Nicaragua Daniel Ortega, acompañado de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, celebra el 39 aniversario de la revolución sandinista el 19 de julio de 2018 Credit Jorge Torres/EPA, vía Shutterstock

El primero es el apoyo continuo de buena parte de la izquierda latinoamericana al régimen de Ortega. Apenas la semana pasada en La Habana, los más de 430 participantes del Foro de São Paulo —el encuentro anual de partidos políticos de izquierda y otras organizaciones de América Latina y el Caribe iniciada en 1990— manifestaron su solidaridad con Ortega y condenaron a “los grupos terroristas de la derecha golpista” que intentan derrocarlo con, por supuesto, el apoyo del imperialismo de Estados Unidos. Además del presidente cubano, los mandatarios de Venezuela, Bolivia y El Salvador asistieron a la reunión, con la presencia de una expresidenta brasileña y representantes de organizaciones influyentes de centroizquierda afines a Ortega, provenientes de Colombia y Ecuador.

La izquierda latinoamericana ya no es lo que era hace solo cinco años, pero continúa siendo poderosa, además de estar bien organizada y conectada. Aunque en la actual camarilla de Ortega queda poco de la vieja mística sandinista, todavía cuenta con el respaldo tradicional internacional y regional. Este apoyo fue determinante para llevarlo al poder en 1979 y puede ser igualmente fundamental para mantenerlo hoy.

El segundo obstáculo es México. Este país desempeñó un papel clave en 1979, ya que encabezó la oposición regional contra Somoza y a la intención del gobierno de Jimmy Carter de mantener un “somocismo sin Somoza”. Por ende, apoyó al régimen sandinista, al igual que la paz negociada en Centroamérica.

En el año 2000, México abandonó su tradicional política exterior de no intervención y enfatizó la defensa colectiva de los derechos humanos y la democracia en la región. Entre 2007 y 2015 se intentó de manera poco entusiasta regresar a la postura del pasado. Con Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, el país ha atribuido una importancia mucho mayor a los valores universales que a la introversión y el aislacionismo tradicionales.

Fue así hasta el 1 de julio de este año. En esa fecha, Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente en una victoria aplastante que dará un giro radical a la política en México, y es posible que ocurra lo mismo con la política exterior. Una coalición amplia compuesta de moderados de centroizquierda, protestantes conservadores, radicales de extrema izquierda y nacionalistas tradicionales le dio la victoria con el 53 por ciento del voto, 32 puntos arriba del contendiente en el segundo lugar, Ricardo Anaya. Una de sus propuestas más repetidas fue la de crear una nueva política exterior para México.

El 5 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador presentó a Marcelo Ebrard como su elección de secretario de Relaciones Internacionales en una conferencia de prensa en Ciudad de México. Credit Carlos Jasso/Reuters

Entre las directrices que López Obrador ha enfatizado se ve un regreso obcecado a la postura tradicional de México de no involucrarse en la política de otras naciones ni expresar opiniones sobre la situación de los derechos humanos en otros países. Su futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, declaró que la sola discusión de los casos de Nicaragua y Venezuela en la OEA era equivalente a interferir en los asuntos internos de estas naciones. Por lo tanto, el nuevo gobierno, que asume el poder el 1 de diciembre, se abstendrá de llevar adelante dichas iniciativas. López Obrador envió a la presidenta de Morena, su partido, al Foro de São Paulo en La Habana, cuya declaración final firmó. Otro de sus enviados pronunció un contundente discurso de apoyo a los gobiernos latinoamericanos de izquierda, incluyendo al de Nicaragua.

En otras palabras, México, la segunda nación más grande de la región, ya no será parte de la alianza latinoamericana que buscaba, sin tener éxito hasta ahora, una solución a la pesadilla venezolana y la crisis nicaragüense.

En el mejor de los casos, desde la óptica de los derechos humanos y la defensa de la democracia, México mirará hacia el interior de manera reflexiva y sencillamente se distanciará de cualquier desafío regional. En el peor, se alineará con regímenes como el nicaragüense y el venezolano aludiendo al principio de la no intervención pero, en realidad, simpatizando con ellos en lo político y lo ideológico.

Para que el esfuerzo actual por encontrar una solución en Nicaragua tenga éxito, debe dar resultados antes de diciembre, mientras el gobierno de Peña Nieto siga en el poder y se mantenga activo en ese frente.

Aunque López Obrador debería condenar el derramamiento de sangre en Nicaragua y apoyar los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto y de la OEA para dar con una solución y defender los derechos humanos en la región, es poco probable que lo haga. Después del 1 de diciembre, no cuenten con México.

Anuncios

El tiempo del “Peje”. De Luis Mario Rodríguez

El primer presidente de izquierda dijo que tiene la ambición de pasar a la historia como un “buen presidente”. Ese legítimo deseo se cumplirá si rechaza el populismo, si acepta el republicanismo respetando la separación de poderes, y si mantiene el entendimiento de los ciudadanos como el eje central de su gobierno.

5 julio 2018 / El Diario de Hoy

La victoria de Andrés Manuel López Obrador, el “Peje”, como se le conoce popularmente, desvaneció cualquier denuncia de fraude. La diferencia frente al segundo y tercer lugares fue holgada y no dio lugar a discusiones acerca de cambios en las tendencias ni en el conteo rápido publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE) la noche del día de la elección, ni en los datos que arrojó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

México encara dos grandes retos. Uno se sobrepuso el 1 de julio y tuvo relación con la organización de la elección. El otro se afrontará durante el próximo sexenio. Respecto del primero, los organismos electorales reconocieron que la dimensión de los comicios era descomunal. Estaban habilitados para votar 89 millones de personas, se instalaron casi 157 mil casillas (el equivalente de las JRV en El Salvador), nombraron a un millón 400 mil miembros en esas casillas para que contribuyeran a que los ciudadanos ejercieran su derecho al sufragio y para contar los votos; y los cargos a elegir, incluyendo los miembros de los concejos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, sumaban más de 18,000 a nivel nacional.

Los cambios generacionales en el padrón representaron la novedad. Lorenzo Córdova, presidente del INE, informó que el 40 % de los electores son menores de 34 años (35.3 millones); 25.6 millones tienen entre 18 y 29 años (el 29 % del padrón); 12.8 millones entre 18 y 23 años estaban habilitados para elegir por primera vez un presidente; y 6 millones se estrenaron como votantes en una elección.

Por otra parte, el proceso se calificó como el más vigilado de la historia de México. Se registraron 29,579 observadores nacionales y 907 extranjeros de 60 países. Los representantes de partidos y candidatos que cuidarían la elección totalizaron 6 millones 400 mil. La tecnología agilizó la transmisión de las actas y el procesamiento de los resultados. Asimismo participaron universidades de comprobado prestigio en la auditoría del PREP y una comisión de expertos, estadísticos y actuarios mexicanos, revisaron los números del conteo rápido hasta concluir que la solidez de los cálculos era tal que el presidente del INE los podía comunicar a la nación.

De hecho, a las 11:00 p.m., tal como lo anticipó el titular del INE, el conteo rápido confirmó que los números favorecían al candidato de MORENA. López Obrador habría obtenido entre el 53 % y el 53.8 % de los votos. El segundo desafío inició una vez confirmada la ventaja del tabasqueño. El virtual presidente tendrá que cumplir lo prometido. En su primera intervención dijo a los mexicanos que buscará la reconciliación, se comprometió a respetar las libertades, garantizó la autonomía del Banco de México, señaló que mantendrá la disciplina financiera y fiscal, que no habrá confiscación de bienes, que desechará todo tipo de comportamiento arbitrario y, principalmente, que combatirá la corrupción.

En el Zócalo, minutos después de su primer discurso y contraviniendo algunas de sus declaraciones anteriores, en especial las vinculadas a la disciplina fiscal, el nuevo mandatario ratificó sus propuestas asistencialistas. Leo Zuckermann, un reconocido analista mexicano, resumió en una columna de opinión, días antes de la elección, la millonaria inversión que involucraban las promesas para atraer el respaldo de los jóvenes. Los ninis se beneficiarían con becas de dos mil 400 pesos. A los que no lograron ingresar a las universidades públicas, unos 300 mil jóvenes, les ofreció un “proyecto educativo emergente”. A los que sí estudian, aproximadamente dos millones 300 mil, se les inscribiría en un “programa de empleo como aprendices en empresas pequeñas, medianas o grandes, tanto del sector público como del privado”. El Estado les entregará un subsidio equivalente a 1.5 salarios mínimos (unos cuatro mil pesos por mes). Luego habrá una beca mensual para los estudiantes de nivel medio superior, equivalente a medio salario mínimo (mil 343 pesos).

El primer presidente de izquierda dijo que tiene la ambición de pasar a la historia como un “buen presidente”. Ese legítimo deseo se cumplirá si rechaza el populismo, si acepta el republicanismo respetando la separación de poderes, y si mantiene el entendimiento de los ciudadanos como el eje central de su gobierno.

Carta a AMLO: A vigilarte. De Denise Dresser

No temo que México se vuelva Venezuela. Temo que México siga siendo el mismo México. Un país clientelar alimentado por un Estado dadivoso que crea recipientes en vez de participantes. Un país que mantiene el capitalismo de cuates, solo que con otros cuates, los tuyos.

Denise Dresser, académica y analista mexicana

2 julio 2018 / REFORMA

Señor Presidente:
Te escribo estas líneas, sentada en mi escritorio, con el pulgar manchado de tinta indeleble, con sentimientos encontrados. Esperanza y zozobra. Alegría y temor. Gozo por lo que decidimos dejar atrás e inquietud ante lo que vendrá. Sé por qué ganaste; sé por qué el voto se volcó en tu favor. Como nadie recorriste el país y entendiste su enojo. Como nadie capturaste el sentir de los indignados, los enfurecidos, los enojados. Años de democracia diluida, transición trastocada, igualdad creciente, pobreza lacerante. Años de sacar al PRI de Los Pinos para verlo regresar, más corrupto, más rapaz, más desalmado. Años de instituciones puestas al servicio del poder y no del ciudadano. Y tú, el insurgente, ofreciste lo que tantos querían oír. La refundación. La transformación. El rompimiento con el viejo régimen. Invitaste al país a hacer historia contigo. Y la mayoría te acompañó; algunos con entusiasmo, otros con ambivalencia, muchos para darle un puntapié al priismo.

Había que castigar al PRI por su patrimonialismo y al PAN por mimetizarlo. Había que sacudir al sistema y darle un puñetazo al statu quo. Era imperativo retomar el camino de una transición que se truncó por una partidocracia rapaz, unas autoridades electorales que fueron perdiendo credibilidad e imparcialidad, un sistema de justicia para la protección de los privilegiados, un pacto de impunidad que permitió la supervivencia política de la podredumbre. Fuimos saboteando la consolidación democrática, sexenio tras sexenio. Permitimos que el “neoliberalismo a la mexicana” concentrara la riqueza y perpetuara la pobreza. Ignoramos la violencia que fue convirtiendo pedazos del país en tierra de nadie, disputados por los cárteles, sembradíos de cadáveres y de fosas. Contemplamos cómo la guerra contra las drogas se convirtió en una guerra contra los mexicanos, liderada por Fuerzas Armadas que no saben estar en las calles, llenándolas de “daños colaterales”. 240,000 muertos, 34,000 desaparecidos; las cifras de la barbarie. Las cifras del México roto.

Y tú fuiste de plaza en plaza, de pueblo en pueblo, dándole voz al horror. Atizando los agravios y reconociéndolos. Triunfaste porque tu diagnóstico es el correcto. México ha sido expoliado por sus élites y exprimido por sus intereses enquistados y victimizado por su vetocracia sindical y empresarial. El péndulo de la historia se corrió de la acumulación a la redistribución; de la derecha a la izquierda como lo explicara Albert Hirschman. Todo eso lo entiendo, lo reconozco. Pero aun así, no soy de las jubilosas que quiere abrazarte, izarte en hombros. Porque no sé cómo gobernarás, a quiénes escucharás, a cuáles miembros de la “mafia en el poder” perdonarás, qué modelo económico instrumentarás, qué sistema de justicia edificarás, si serás el líder aplaudible de una izquierda progresista o el líder cuestionable de un lopezobradorismo conservador. Ante nosotros se vislumbra una Terra Incognita.

No temo que México se vuelva Venezuela. Temo que México siga siendo el mismo México. Un país clientelar alimentado por un Estado dadivoso que crea recipientes en vez de participantes. Un país que mantiene el capitalismo de cuates, solo que con otros cuates, los tuyos. Un sistema de partido hegemónico renovado con pocos contrapesos. Un andamiaje institucional corroído cuyas falencias sean suplidas por el presidencialismo resucitado. Me anima tu incorruptibilidad personal, el perfil de ciertas personas que te rodean, el espíritu de renovación que te acompaña. Me preocupa que ataques a la prensa, desdeñes al Congreso, denuestes a la Suprema Corte, descalifiques a la sociedad civil, dividas a la población entre los “buenos” que te apoyan incondicionalmente y los “malos” que lo son sólo por cuestionarte. Y es cierto que muchas de las organizaciones y las instituciones que señalas son indefendibles. Pero habrá que remodelarlas, no saltar por encima de ellas.

Hoy, el día después, estaré haciendo la tarea que me toca: vigilarte, exigirte, recordarte el imperativo de reconciliarnos. De gobernar en nombre de todos y no solo de quienes votaron por ti. De reconocer el pluralismo y promover la tolerancia. De combatir privilegios y corrupción pero también en tu propio partido. Y decirte: México no es el país de AMLO o Morena o sus gobernadores o sus diputados. Es el país de uno. El país nuestro. En 2018 y siempre.

El cáncer populista llega a México. De Cristina López

Como lo describió el periodista mexicano Enrique Acevedo en una columna en el Washington Post, el electorado se siente traicionado de que las elites políticas de siempre hayan demostrado incapacidad o desinterés en hacer algo por los 50 millones de mexicanos que viven bajo la línea de pobreza.

1 julio 2018 / El Diario de Hoy

Se le hizo a AMLO. En este caso, todo indica que para Andrés Manuel López Obrador, el candidato mexicano que promueve el nacionalismo populista, la tercera será la vencida. Se ha lanzado a la presidencia tres veces, y ha perdido las primeras dos. Sin embargo, todas las encuestas apuntan a que resultará victorioso en las elecciones de este domingo. Cualquiera pensaría, equivocadamente, que por haber sido candidato tantas veces, los mexicanos tienen más que clarísimo el plan de gobierno de AMLO. La realidad de las cosas, sin embargo, es que nadie sabe exactamente qué esperar de la plataforma política de AMLO porque como lo describieron dos analistas políticos en la revista Global Americans, sus propuestas “son una colección de nociones con pocos detalles y abundancia de contradicciones”.

Entre estas contradicciones se incluye la de buscar la autosuficiencia energética, cuando el país acaba de abrir la industria petrolera a la inversión extranjera. También quiere la autosuficiencia agrícola, cosa que sería perfecta si no implicara el encarecimiento de producir dentro de México muchos productos que simplemente sale más barato importar. Ha cuestionado el valor de tener una corte suprema de justicia, una postura que hace que la comparación de AMLO con Hugo Chávez no suene tan descabellada.

Su nacionalismo suena muchísimo como el de Donald Trump: sentimentalismo xenofóbico con implicaciones de políticas públicas que afectarían las relaciones diplomáticas de México con su mayor socio comercial, Estados Unidos. También como Trump, AMLO basa muchas de sus promesas en su narcisismo mesiánico: solo él es la solución y el remedio a los fallos que han debilitado tanto las instituciones y el estado de derecho en México. Como con Trump, existe un importante segmento de la población a quienes les es indiferente que la plataforma de AMLO sea vaga, poco concreta, o imposible de implementar, pues su culto a la personalidad ha sido la gasolina de su candidatura.

¿Qué cambió entonces AMLO para que después de haber sido rechazado dos veces el electorado ahora quiera darle una oportunidad? Nada. El cambio se dio en el electorado, que no solo es más joven, también está más harto que nunca. Hartazgo de la clase política y de los partidos tradicionales que han buscado resultados diferentes haciendo la misma cosa. Hartazgo de que no hay quien rinda cuentas del nivel de corrupción y delincuencia que continúan en aumento, y que incluyen un estado que a pesar de haber jugado un rol en la muerte de 43 estudiantes desaparecidos y asesinados en Ayotzinapa, goza de total impunidad.

Como lo describió el periodista mexicano Enrique Acevedo en una columna en el Washington Post, el electorado se siente traicionado de que las elites políticas de siempre hayan demostrado incapacidad o desinterés en hacer algo por los 50 millones de mexicanos que viven bajo la línea de pobreza. Y no es que la población esté prestando oídos sordos a las advertencias de analistas y comentaristas políticos que ven en una potencial administración de AMLO el equivalente a tirar a México a un abismo, simplemente la población considera que México ya está en ese abismo, como producto de décadas de administraciones corruptas, y que hay poco que perder en tratar lo desconocido.

@crislopezg

Respuesta a Maduro. De Jorge Castaneda

Sorprende el silencio de Manuel López Obrador ante el régimen político venezolano.

Jorge Castaneda, político, intelectual y comentarista mexicano. Ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003

1 junio 2018 / El País

Las elecciones en Venezuela resultaron un poco mejor de lo previsto. Fue tanto el fraude que ni siquiera Henry Falcón, el candidato opositor palero,pudo avalarlas. La participación sí fue mucho menor que la histórica —como deseaba la oposición— y Falcón se vio obligado a desconocer los resultados y pedir nuevos comicios. Fracasó la maniobra de Nicolás Maduro de llamar al día siguiente a un diálogo nacional, al que hubiera acudido Falcón, y menos aún de formar un gobierno de unidad nacional con él y otros opositores a modo.

El régimen sobrevivió a la tormenta y se apresta, en medio de una crisis económica, humana, de abastecimiento y de violencia sin parangón en la historia moderna de América Latina, a permanecer seis años más en el poder. Lo hará, según el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aprobando una nueva Constitución que instalará una dictadura siguiendo el modelo cubano, acabando con lo poco que queda de la vieja democracia venezolana.

La comunidad internacional, a su vez, condenó las elecciones, desconoció los resultados y, según los países, inició o endureció las sanciones contra Maduro y sus colaboradores. En particular el Grupo de Lima, compuesto por 14 países, entre ellos México, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Perú, llamó a sus integrantes a aplicar o a intensificar medidas de suspensión de relaciones militares, culturales, financieras y comerciales con Venezuela, y a preparar una resolución de mayor dureza para la próxima asamblea anual de la OEA, en Washington, dentro de dos semanas.

El régimen sobrevivió a la tormenta y se apresta,
en medio de una crisis económica, humanitaria,
de abastecimiento y de violencia sin parangón

En plena campaña presidencial en México, el tema no parece atraer demasiada atención. Extrañamente, en el segundo debate presidencial, realizado en la ciudad fronteriza de Tijuana, dedicado al tema México en el mundo, el mismo día de las elecciones en Venezuela, los moderadores no consideraron útil o necesario interrogar a los aspirantes sobre su postura ante los comicios venezolanos, ni sobre la crisis de aquel país en general. Se hubieran llevado una sorpresa, y hubieran ayudado a ilustrar al electorado mexicano sobre una paradoja más que envuelve al puntero de la contienda, el candidato del partido llamado Morena, Andrés Manuel López Obrador.

La sorpresa: los otros candidatos —Ricardo Anaya, de Por México al Frente, y José Antonio Meade, del PRI— sostienen la misma posición, a saber, básicamente la del Grupo de Lima: desconocimiento de los resultados por inexistencia de las condiciones mínimas necesarias, de acuerdo con criterios internacionales, suspensión de toda la cooperación con Maduro, llamada a consultas de los embajadores en Caracas, sanciones crecientes contra la dictadura. López Obrador, por su parte, mantiene en todos los foros su silencio tradicional, pero sus voceros o bien invocan el consabido y llevado y traído principio de no intervención, o bien confiesan que no han discutido el tema o no responden a la pregunta salvo para decir que AMLO no conoce a Nicolás Maduro. La paradoja: el tema incomoda enormemente a Morena y a AMLO, y no saben dónde esconderse cuando surge.

En efecto, se les abren dos caminos. O bien critican y denuncian el fraude, el autoritarismo, el exilio forzado y la corrupción del chavismo, en cuyo caso brincan sus huestes internas: la ultra-izquierda, los sectores castrófilos en Morena o los que reciben dinero de Venezuela (el llamado Partido del Trabajo), y corren el riesgo de que Caracas revele secretos inconfesables de la elección de 2006, en la que también contendió López Obrador y perdió. O bien defienden al régimen dictatorial, escudándose tras una vergonzosa no intervención, y aparecen ante sectores clave del electorado como cómplices del autoritarismo y el fraude. Mejor se callan. Pero si se les arrincona, trastabillan o cascabelean.

Por una de dos razones. Ya sea porque simplemente no saben qué decir, y piensan, tal vez con razón, que el silencio no será reprobado por una opinión pública mexicana indiferente. No pagan costo alguno por contestar con lugares comunes o balbuceos. O tal vez callan, porque existe una verdadera afinidad o cercanía de Morena y AMLO con la experiencia chavista, en todas sus versiones, y no quieren criticar o deslindarse de un aliado y, sobre todo, de un modelo, cuyo fracaso es culpa del imperio, no de los errores y excesos garrafales que ha cometido.

Votar en el infierno. De Jorge Volpi

La elección se ha transformado en un plebiscito entre la continuidad del régimen o un salto hacia algo que aún no se conoce muy bien. Ninguno de los dos favoritos en las encuestas se muestra con las ideas para transformar un país que se desangra.

Jorge Volpi, escritor mexicano

31 mayo 2018 / EL PAIS

Más de 200.000 muertos en doce años, un número incierto de desaparecidos, superior sin duda a los 70.000, y cientos de miles de desplazados: este es el resultado de la guerra contra el narco, lanzada por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006 y continuada por Enrique Peña Nieto, sin reconocerlo abiertamente, hasta nuestros días. A estas escalofriantes cifras, propias de una guerra civil, hay que añadir una corrupción que cimbra todos los niveles de nuestra vida pública —una decena de gobernadores se hallan presos o prófugos—, una desigualdad obscena y un sistema de justicia en bancarrota, en donde solo el 3% de los delitos se denuncia y, de esta cifra, apenas el 10% culmina en una sentencia firme (por lo general, condenatoria)

Estas son las penosas cuentas que puede ofrecer al día de hoy la renqueante democracia mexicana, establecida —al menos de forma simbólica— en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox, el primer presidente de la oposición en casi setenta años. Las cuentas, pues, de los Gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ambos provistos, al menos en este ciclo, con una ideología de centro-derecha casi intercambiable. Que sus enemigos más encarnizados, como Andrés Manuel López Obrador (mejor conocido como AMLO o El Peje), los asimilen bajo la etiqueta de PRIAN —o, más burdamente, como la mafia en el poder—, no responde por tanto a un capricho, sino a una serie de políticas comunes que nos ha llevado a habitar un cementerio, a carecer de toda confianza hacia nuestros gobernantes y nuestras instituciones y a mantener uno de los coeficientes GINI —el índice internacional de desigualdad— más altos del planeta.

A nadie debería sorprender, pues que las elecciones de este año se aboquen a imponer un doble voto de castigo contra el PAN y el PRI, la criatura bicéfala que ha arrastrado a México a un caos semejante. Cualquier candidato capaz de asumir una drástica condena al statu quo encontraría un eco natural entre la mayor parte de los votantes. Porque, aunque todos los candidatos se esfuercen por negarlo, México no es un país normal, sino un país en ruinas que, gracias al auge económico y la pujanza de las grandes urbes, se disfraza de potencia emergente. Quien no se dé cuenta de que la rabia y la desconfianza son los principales motores ciudadanos en este 2018 en realidad no conoce al país, sino el espejismo esculpido por los medios oficiales.

López Obrador ha tenido la sagacidad de ocultar
sus vertientes más radicales

ENRIQUE FLORES

Más allá de sus numerosos defectos, lo cierto es que AMLO fue el único en darse cuenta de este fenómeno a fuerza de participar en tres elecciones sucesivas y de haber recorrido hasta las comarcas más apartadas de nuestro territorio. Si en 2006 perdió la elección por la mínima —o fue víctima de un fraude—, y en 2012 los ciudadanos decidieron castigar la desastrosa administración de Felipe Calderón concediéndole una nueva oportunidad al PRI, ahora no queda otra alternativa excepto probar la opción que México no ha experimentado hasta ahora o dejar el país en manos de los mismos responsables de la catástrofe. Con esta estrategia en mente, el candidato del Movimiento de Renovación Nacional (Morena: un guiño más a un país tan clasista como racista), ha sabido leer como nadie el tiempo mexicano de nuestra época.

La elección se ha transformado, así, en un plebiscito entre la continuidad del régimen o un salto hacia algo que aún no se conoce muy bien, pero que representa la negación de estos 18 años de infortunio. Con el profundo malestar puesto en su favor, AMLO ha tenido en esta ocasión la sagacidad de ocultar sus vertientes más radicales —poco parece quedar del furibundo opositor que tomó el paseo de la Reforma o se impuso una banda presidencial alternativa en 2006— y la paciencia para construir una alianza en la que caben desde militantes radicales hasta evangélicos ultraconservadores, y donde han encontrado techo panistas y priistas desencantados, defensores de Maduro o de Kim Jong-un y, en una posición preeminente en la campaña, la hija del líder histórico de la derecha empresarial, Manuel J. Clouthier. Ello no quiere decir que a veces no resurja el líder dogmático y autoritario —insiste en que su solo triunfo bastará para limpiar el país—, pero por ahora prefiere mostrarse tolerante, abierto y, en casos extremos, dotado de un extravagante sentido del humor.

En este escenario, AMLO impuso como punto nodal de su agenda —de la agenda— el combate a la corrupción, y las erráticas estrategias de sus rivales no han hecho sino beneficiarlo. Mientras la mitad de la campaña José Antonio Meade y Ricardo Anaya se enzarzaron en una pelea por demostrar cuál de ellos o de sus partidos era el más corrupto —el candidato del PRI apoyado por la Procuraduría General de la República en un típico uso faccioso de las instituciones del Estado—, el líder de Morena continuaba siendo visto como el único político intachable. Se entiende en este contexto que el presidente Peña Nieto eligiera como candidato del PRI a un independiente con fama de honesto, pero al final resultó la peor idea posible: alguien sin carisma y sin consenso entre las bases que, para colmo, debe cargar a cuestas con la marca infamante del partido de la corrupción.

Meade y Anaya se enzarzaron en una pelea por demostrar
cuál de ellos era el más corrupto

El sentido actual de las encuestas, que colocan a AMLO entre 15 y 25 puntos de Anaya, y a su vez a este a 10 de Meade, refleja con nitidez los errores del PAN —aliado para esta elección con lo que queda de la izquierda tradicional del PRD— y del PRI. Como sea, no es esta una elección ideológica: por primera vez se vota por tres candidatos conservadores, que van de la visión social anticuada de AMLO a la derecha católica de Meade —y a la ultraderecha de su candidato a la Ciudad de México—, con Anaya como paradójico pivote.

A pocas semanas de las elecciones del 1 de julio, nada parecería ser capaz de enturbiar esta fotografía. Anaya se ha erigido en el único rival viable de López Obrador —de confirmarse el resultado, sería acaso el fin del PRI como lo conocemos—, pero sus dotes oratorias y su juventud no han acabado de calar en grandes sectores del país, y su incapacidad para distinguirse del régimen previo, llegando a flirtear incluso con una alianza tácita con el PRI, y su sobreactuación en el último debate no le ha permitido crecer en las encuestas.

La campaña se ha revelado apática y carente de ideas, con tres candidatos que, por razones opuestas, no ha afrontado el mayor problema del país —esa violencia ciega y esa impunidad para criminales y políticos corruptos que nos convierte en un Estado fallido—, negándose a considerar la legalización de las drogas y olvidando por completo la necesaria construcción de un sistema de justicia confiable, eficaz e independiente: la única receta posible para salir de la catástrofe humanitaria en que nos hallamos sumidos.

Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación. Azam Ahmed/NY Times

merlin_131528900_9cf97164-177b-45bd-8b62-56a2f5a9da03-master1050

Una conferencia de prensa en Ciudad de México. En los últimos cinco años, el presidente Enrique Peña Nieto gastó casi 2000 millones de dólares en publicidad. Credit Alejandro Cegarra / Bloomberg

Azam Ahmed, 25 diciembre 2017 / THE NEW YORK TIMES

CIUDAD DE MÉXICO — Dirigir un periódico, una estación de radio o un canal de televisión en México generalmente significa confiar en un cliente único y poderoso que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una simple advertencia: “No te pago para criticarme”.

Ese cliente es el gobierno mexicano.

La gestión del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado cientos de millones de dólares anuales de los fondos gubernamentales en publicidad, creando lo que muchos propietarios, ejecutivos y periodistas mexicanos definen como una gigantesca marca presidencial que puede suprimir artículos de investigación, escoger portadas e intimidar a las salas de redacción que la desafían.

Read in English

A pesar de su promesa de regular la publicidad gubernamental, Peña Nieto ha gastado más dinero en publicidad que ningún otro presidente en la historia de México, casi 2000 millones de dólares en los últimos cinco años, según datos del gobierno recopilados por Fundar, un centro de análisis de transparencia. Esa organización reveló que la actual presidencia gastó más del doble del generoso presupuesto de medios que los legisladores mexicanos le aprobaron para 2016.

Y eso solo es el dinero federal.

Cada año los líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en dinero estatal para publicidad, unos recursos que distribuyen entre sus medios de comunicación favoritos, según calcula Fundar. Según los ejecutivos y editores involucrados en las negociaciones, algunos secretarios de prensa del gobierno les exigen abiertamente una cobertura positiva antes de firmar un contrato publicitario.

El resultado es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar, según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente, si es que llegan a investigarse. Dos tercios de los periodistas mexicanos admiten que se censuran.

El presidente Enrique Peña Nieto durante la presentación de su informe anual en septiembre. Su equipo propuso el diseño de un plan que regulara el gasto público en los medios, pero el proyecto no se realizó. Credit Pedro Pardo / Agence France-Presse – Getty Images

“Si un reportero profesional quiere cubrir los elementos sucios de lo que está sucediendo en el país, ni el gobierno ni las empresas privadas le darán un centavo”, dijo Enrique Krauze, un historiador que dirige Letras Libres, una revista mexicana que, entre sus anunciantes, también recibe algo de dinero del gobierno. “Ese es uno de los mayores defectos de la democracia mexicana”.

El partido de Peña Nieto, el PRI, fue pionero en la implantación de este sistema durante sus 70 años en el poder. El expresidente José López Portillo expuso explícitamente las expectativas del gobierno hace décadas, incluso fue citado diciendo que no le pagaba a los medios para que lo atacaran, y la práctica continuó cuando la oposición ganó la presidencia en 2000, y nuevamente en 2006.

Pero la influencia del gobierno sobre los medios va más allá del aspecto publicitario y, a veces, los funcionarios recurren al soborno directo. En Chihuahua, el exgobernador gastó más de 50 millones de dólares en publicidad, según los funcionarios, dejando al estado con enormes deudas públicas. Sin embargo, esa es la cifra que se manejó oficialmente.

Los fiscales también han conseguido recibos firmados con sobornos a periodistas locales, pagos tan comunes que incluso algunos reporteros fueron incluidos como contratistas del gobierno, según los documentos. Los fiscales sostienen que, con tanta cantidad de dinero oficial circulando, surgieron sitios web de noticias con el único propósito de apoyar la agenda del exgobernador.

“La relación entre los medios y el poder es uno de los problemas más graves de México”, dijo Javier Corral, el nuevo gobernador de Chihuahua. “Existe una colusión, un acuerdo, en términos de cómo se gestionan los recursos públicos para recompensar o castigar a los medios. Es una zanahoria y el palo: ‘Compórtate bien y te daré mucho dinero y publicidad. Actúa mal y te los quitaré’”.

Dependencia de la publicidad pública

Trabajadores de La Jornada durante una huelga. El gobierno apoyó a ese diario con más de un millón de dólares en publicidad oficial durante una grave crisis financiera. Los críticos dicen que el periódico perdió independencia editorial. Credit Bernardo Montoya / Agence France-Presse – Getty Images

Lea un periódico, sintonice una estación de radio o encienda la televisión en México y recibirá una avalancha de publicidad oficial. En algunos diarios, casi cualquier página es usada para publicar avisos que promueven alguna secretaría gubernamental. A veces, se destina tanto tiempo al aire a alabar el trabajo del gobierno como a cubrir las noticias.

Este gasto extraordinario se produce en un momento en que el gobierno mexicano está recortando los presupuestos en general, incluidos los de salud, educación y servicios sociales. El gobierno federal gastó tanto dinero en publicidad el año pasado, alrededor de 500 millones de dólares, como lo hizo para apoyar a los estudiantes de su principal programa de becas para las universidades públicas.

Según los historiadores, la cooptación de los medios de comunicación es más importante que el gasto de cualquier otro gobierno en promoción. Refleja la ausencia del pacto básico que la prensa libre establece con sus lectores en una democracia, un compromiso en el que responsabilizar a los poderosos forma parte de su misión.

“Es un problema común en el mundo en desarrollo pero el problema es mucho, mucho más grave en México”, dijo David Kaye, representante especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión. “Es notable lo que gasta el gobierno”.

El estado actual de los medios mexicanos, y su estrecha relación de dependencia con los fondos gubernamentales, no es una rareza en América Latina. Desde hace varios años, diversas organizaciones como la Unesco y la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH han alertado sobre el uso de la publicidad estatal para recompensar o castigar las líneas editoriales.

Casos como el de Venezuela, país en el que desde la llegada de Hugo Chávez al poder se han suscitado denuncias por el uso de la pauta oficial para presionar a los medios y donde solo este año, en la gestión de Nicolás Maduro, cerraron 49 medios de comunicación; Ecuador durante los mandatos de Rafael Correa, quien demandó a diversos medios de comunicación y llegó a prohibir que se otorgara publicidad estatal a los medios privados, o Evo Morales, quien gobierna Bolivia desde 2006 y aspira a la reelección. Este año, ante las repetidas denuncias de asfixia económica por parte de los medios locales que no reciben publicidad oficial, Morales escribió en su cuenta de Twitter: “Medios que no reciben publicidad del Estado son los que mienten, insultan, difaman y desprestigian autoridades”.

La mayoría de los medios mexicanos han dependido de la publicidad pública durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno, lo que le otorga a los funcionarios una gran influencia para presionar sobre la cobertura de ciertas noticias y dejar a un lado otras informaciones, dicen los analistas, reporteros y dueños de medios.

“Este es un problema económico”, dijo Carlos Puig, columnista del periódico Milenio, un diario que recibe fondos del gobierno sustanciales. “El modelo estadounidense clásico no existe aquí”.

El año pasado, estalló una protesta pública luego de que un alto funcionario del gobierno fue a las oficinas de Milenio para quejarse por una noticia. El artículo, que criticaba una iniciativa nacional contra el hambre, fue retirado del sitio web del periódico inmediatamente después de la visita.

La noticia volvió a ser publicada más tarde, con un titular mucho menos negativo. El periódico dijo que la razón era simple: el artículo era “deplorable”, un intento inexacto y “vulgar” de difamar a un funcionario por lo que se disculpaban con sus lectores. Pero los periodistas y defensores de la democracia, citando el poder de la publicidad del gobierno, se quejaron y el periodista renunció en señal de protesta, alegando que había sido censurado. Finalmente, el título original fue restaurado.

La interferencia gubernamental directa, a menudo es innecesaria. Un 68 por ciento de los periodistas mexicanos dijeron que se censuraban, no solo para evitar ser asesinados, sino también por la presión de los anunciantes y el impacto en los ingresos de los medios, según un estudio realizado a lo largo de tres años por académicos mexicanos y estadounidenses.

El funeral de Javier Valdez Cárdenas, un periodista premiado que fue asesinado a balazos en mayo. En México, la violencia contra la prensa es generalizada. Credit Hector Parra / Agence France-Presse – Getty Images

Francisco Pazos trabajó durante varios años en Excélsior, uno de los periódicos más grandes y antiguos de México. Cuenta que uno de los momentos más frustrantes de su carrera sucedió a fines de 2013, cuando el gobierno estaba en medio de una lucha para aumentar el costo del pasaje en el transporte público.

Pazos dijo que trató de explorar en detalle la ira de los pasajeros, hasta que un editor lo detuvo, diciéndole que el periódico ya no cubriría la controversia.

“Llegué a entender que había temas que simplemente no podía cubrir”, dijo Pazos. “Y, finalmente, dejé de buscar ese tipo de noticias. Finalmente, tú mismo te conviertes en parte de la censura”.

Muchos propietarios y directores de medios dicen que tienen tan pocas fuentes independientes de ingresos aparte del gobierno que se enfrentan a una dura elección: asfixiarse por la falta de recursos o sobrevivir como cómplices de su propia manipulación.

“Por supuesto, el uso del dinero público limita la libertad de expresión, pero sin ese dinero público no habría medios en México”, dijo Marco Levario, director de la revista Etcétera. “Todos somos cómplices en eso”.

El modelo significa que algunos medios de comunicación apenas pueden permitirse mantener sus propios principios. Hace veinte años, el diario La Jornada era uno de los más apreciados en el país, una voz crítica y una lectura obligada para los intelectuales y activistas que caminaban por la ciudad con el periódico bajo el brazo.

Pero los años no han sido amables con ese diario. Hace unos años, estaba muy cerca de la ruina financiera. Luego, el gobierno intervino rescatando la publicación con más de 1 millón de dólares en publicidad oficial y, según los críticos, afectando en el proceso la independencia editorial.

“Ahora se adueñaron de ellos”, dijo Levario. “El periódico ha sido como un portavoz del presidente”.

Otros vínculos comerciales unen a los medios de comunicación con el gobierno. Muchas empresas de medios forman parte de conglomerados más grandes que construyen carreteras u otros proyectos públicos. La misma persona propietaria de Grupo Imagen —una organización que tiene estaciones de radio, canales de televisión y varios medios impresos— también es propietaria de Prodemex, una importante empresa de construcción. Ha ganado más de 200 millones de dólares en los últimos cinco años con la construcción de instalaciones gubernamentales y desempeñará un papel importante en la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

Tanto La Jornada como Grupo Imagen, que es la empresa matriz de Excélsior, no respondieron a las repetidas solicitudes de entrevistas para este trabajo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó recientemente el tema de la publicidad oficial al dictaminar en noviembre que el gobierno debe cumplir con la promesa del presidente de regular el flujo de dineros públicos de una manera imparcial.

“La ausencia de regulación en la publicidad oficial permite el uso arbitrario de los presupuestos de comunicación, lo que indirectamente restringe la libertad de expresión”, dijo Arturo Zaldívar, un juez de la Suprema Corte.

En un comunicado, la oficina del presidente se refirió a la publicidad oficial como una forma de promoción con respaldo constitucional que le permite informar y educar al público sobre sus labores. Pero rechaza la afirmación de que ese gasto distorsiona la cobertura de los medios de asuntos importantes o asfixia la libertad de expresión de cualquier manera.

“Todos los días los periodistas de México cuestionan, con absoluta libertad, las acciones del gobierno y las de nuestros representantes, incluido el presidente”, se lee en el comunicado. “Hay una crítica permanente de los periodistas mexicanos hacia el gobierno. Con solo abrir cualquier periódico, encender la televisión e ir a las redes sociales, eso puede verificarse”.

Poco después de su elección, el equipo de Peña Nieto ideó un plan para regular el gasto de los medios, según tres personas familiarizadas con la propuesta.

Pero Aurelio Nuño, el exjefe de gabinete del presidente y exsecretario de Educación Pública, dijo que la propuesta nunca avanzó lo suficiente como para convertirse en el borrador de una ley que pudiera cambiar esa situación. El esfuerzo fue subsumido por otras promesas de campaña y se quedó atrás, dijo.

‘Calentar’ a los políticos

La mayoría de los medios de comunicación han dependido de la publicidad oficial durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno. Credit Hector Guerrero / Bloomberg

Como jefa de reclutamiento en el periódico Reforma, Diana Álvarez se ha acostumbrado a la definición flexible del periodismo en México.

Ella cuenta que hace unos años entrevistó a una joven que trabajaba en un gran periódico de Ciudad de México. La mujer, que tenía una maestría en periodismo, dijo que su trabajo en el periódico consistía en crear archivos de recortes de prensa negativos sobre los gobernadores de todo el país.

Esos archivos se le entregaban al departamento de ventas del periódico que luego se acercaba a los gobernadores para venderles “planes de cobertura” para mejorar su imagen pública, explicó la joven.

Álvarez citó más ejemplos. Un candidato a editor se jactó de que sabía cómo trabajar sus relaciones con los políticos para obtener más dinero publicitario.

Lo definía como “calentarlos”, lo que implicaba mostrarle a los políticos una noticia crítica que su periódico planeaba publicar. Luego, como le explicó a Álvarez, un contrato publicitario con su periódico que le ayudaría a “apagar el fuego”.

Sin embargo, otro solicitante, un exempleado del gobierno, dijo que sabía cómo “tratar a la prensa”, recordó Álvarez. Le contó cómo había estado a cargo de distribuir sobres llenos de efectivo para los periodistas.

“Me gustaría poder decir que estos son casos aislados, o solo algunos, pero no es así”, dijo Álvarez. “Hay muchos como ellos que hablan de esas prácticas de una forma en la que te percatas de que las han normalizado”.

Daniel Moreno, director de la publicación digital Animal Político, dice que no recibe casi nada de dinero del gobierno federal, y cantidades relativamente pequeñas de los gobernadores estatales.

No es porque no quiera el dinero, dice Moreno. Es solo que el tipo de cobertura crítica que su equipo de noticias hace no es recompensado con contratos gubernamentales, sostiene.

Recientemente, Moreno dijo que recibió una llamada de funcionarios del estado de Morelos —que invierte cerca de 3000 dólares al mes en publicidad en su medio—. La esposa del gobernador estaba atravesando un momento complicado por las afirmaciones de que estaba politizando la ayuda para las víctimas del terremoto, una acusación que ella rechazó, por lo que un funcionario estatal sugirió que Animal Político debía hacer algunas noticias positivas.

Moreno rechazó cortésmente la propuesta. “Estaban bastante ofendidos”, dijo encogiéndose de hombros. “Y estoy seguro de que el dinero se ha ido”.

Aún así, les fue mejor que con la mayoría de los estados, dijo Moreno. Como política, Animal Político despliega una notificación en las piezas que se pagan por publicidad, por lo que los lectores saben que el trabajo no es periodismo independiente, dijo.

Pero funcionarios de los estados de Chiapas, Oaxaca y Sonora se han negado a pagar por el contenido a menos de que se publique sin la advertencia, dijo. Y Moreno se ha negado. “He perdido más dinero de esa manera del que he ganado”, dijo entre risas.

Este mes, las organizaciones de noticias se unieron para denunciar la violencia contra la prensa en México, donde los asesinatos de periodistas alcanzaron un récord este año. Un total de 39 grupos de medios firmaron un comunicado.

Pero algunos medios, como Animal Político, no se unieron porque insistieron en agregarle al mensaje algunas líneas adicionales sobre el daño que la publicidad oficial le hace a la libertad de expresión.

Se produjo un pequeño alboroto, dijeron. Algunos grandes periódicos que dependen en gran medida del dinero del gobierno se opusieron.

Finalmente, la carta fue enviada sin las líneas, y sin la firma de Moreno y sus colaboradores. Aparentemente, los medios noticiosos no estaban dispuestos a desafiar su sustento.

Una revelación que plantea preguntas

Ricardo Anaya, candidato presidencial del Partido Acción Nacional: “No se puede competir con un gobierno que le paga 500 millones de dólares al año a los medios”. Credit Yadín Xolalpa / El Universal, vía Associated Press

El 23 de agosto, Ricardo Anaya, presidente del opositor Partido Acción Nacional (PAN) y ahora candidato a la presidencia en las elecciones del próximo año, se despertó con la noticia de que su nombre y su familia estaban en la portada de El Universal, un importante periódico del país.

La noticia entraba en detalles sobre el imperio de bienes raíces de su suegro y, más específicamente, las formas en que la carrera política de Anaya había ayudado a impulsar esa fortuna.

El relato era familiar en México: un líder político que había utilizado su influencia para enriquecerse a sí mismo y a su familia. El Universal expuso las direcciones y los valores de las diversas propiedades, e incluso publicó fotos de su familia extendida, 14 personas en total. Los medios de comunicación de todo el país divulgaron la historia.

Lo único que le faltó al reportaje, según dictaminó un tribunal, fue precisión. Anaya logró demostrar que gran parte de la información era errada, sesgada o simplemente incorrecta. Mientras que sus suegros poseían claramente una serie de propiedades, muchas de ellas habían sido adquiridas antes de que comenzara su carrera política, según demostraron los registros públicos.

Según Anaya, lo más desconcertante eran las fotografías de su familia. Por lo que la familia sabía, nunca habían sido publicadas. De hecho, se parecían bastante a fotos de pasaporte.

Como esas fotos estaban en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emite los pasaportes, Anaya sospechaba que sus rivales en el gobierno le habían filtrado las fotos al periódico.

“Están tratando de destruir mi carrera política con esta campaña”, afirmó. “No se puede competir con un gobierno que le paga 500 millones de dólares al año a los medios”.

Durante los siguientes dos meses, el periódico le dedicó más de 20 portadas a Anaya, acusándolo de malversar fondos públicos, beneficiarse financieramente de su posición y dividir a su partido.

Anaya presentó una demanda. En octubre, el tribunal determinó que El Universal había tergiversado la riqueza de sus suegros y acusó erróneamente a Anaya de utilizar su cargo para beneficiarlos.

El Universal afirmó que tenía derecho a publicar la noticia amparándose en la libertad de expresión, un argumento que el juez cuestionó porque el periódico “no había basado su investigación en hechos”. El diario apeló la decisión del tribunal.

Este caso plantea preguntas sobre la confianza en los medios de comunicación, en un país en el que reciben tanto dinero de la publicidad gubernamental.

El Universal recibe más publicidad gubernamental que cualquier otro periódico de la nación, alrededor de 10 millones de dólares el año pasado, reveló Fundar. Los críticos argumentan que el diario se ha convertido en algo así como un perro de ataque del gobierno para las elecciones presidenciales del próximo año.

Según el periódico, esa sugerencia es “falsa y ofensiva”. La publicidad oficial “no afecta de ninguna manera la línea editorial del periódico”, dicen los voceros del medio y agregan que “los pensadores de todos los partidos políticos” están representados en sus páginas.

No todos sus periodistas están de acuerdo. En julio, media docena de columnistas anunciaron sus renuncias en protesta por lo que calificaron como cobertura parcial, diciendo que los propietarios habían destruido la credibilidad de la institución.

José Antonio Meade, candidato del PRI a la presidencia. El editor de investigaciones de El Universal renunció porque cree que el periódico está demasiado cerca de ese partido, dicen sus colegas. Credit Jose Mendez / European Pressphoto Agency

Salvador Frausto, un exeditor de investigación que ganó muchos premios en el periódico, también se marchó. Sus colegas dijeron que estaba claramente incómodo con lo cerca que estaba el periódico del PRI y su nuevo candidato presidencial, José Antonio Meade.

La persona que remplazó a Frausto como el nuevo editor de investigación fue recientemente un funcionario de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, según su perfil de LinkedIn.

Y el director de noticias de El Universal tiene vínculos estrechos con el nuevo candidato: su esposa era la jefa de prensa internacional de Meade en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.

El diario dice que no hay conflicto de intereses y que no tolera la cobertura parcial de ningún tipo.

Pero no es la primera vez que los reporteros del periódico cuestionan su independencia. Los periodistas contaron que en 2012, cuando Peña Nieto se postulaba para su cargo actual, los editores y directores de noticias comenzaron a cambiar las columnas que eran críticas con el candidato sin advertirles, a veces en el último momento.

“La razón por la que terminé renunciando al periódico es que ya no sentía que tenía garantizado un espacio libre”, escribió Andrés Lajous, un estudiante de doctorado de la Universidad de Princeton, en un artículo que relata lo sucedido.

‘Fueron los federales’

Una vigilia por las personas que murieron en enfrentamientos con la policía federal en el estado de Michoacán. Credit Rebecca Blackwell / Associated Press

Los testigos lo definieron como una ejecución. En enero de 2015, Laura Castellanos, una periodista premiada, fue enviada por los editores de El Universal a cubrir un par de tiroteos en los que estaba involucrada la policía federal.

En ese momento, los grupos de autodefensa habían tomado las armas para luchar contra el crimen organizado y Castellanos, que había escrito extensamente sobre el tema, era considerada una experta.

Pasó 10 días reporteando la noticia contactando a sus viejas fuentes y entrevistando a los testigos en el estado de Michoacán, donde murieron 16 personas y docenas resultaron heridas.

El tema fue especialmente delicado porque un aliado cercano del presidente, Alfredo Castillo, que había sido designado para supervisar la situación de seguridad en Michoacán, afirmó que las muertes se produjeron en un tiroteo con asaltantes armados.

Castellanos dijo que grabó entrevistas con 39 personas —víctimas, transeúntes, trabajadores de hospitales— y llegó a una conclusión distinta. La policía federal ejecutó sumariamente a sospechosos desarmados, incluidos algunos que se rindieron de rodillas y con los brazos arriba, según lo que refleja su investigación.

Después de días de edición y verificación de datos, dijo que el reportaje estaba listo para publicarse. Pero eso no sucedió.

Castellanos y sus editores no se sorprendieron. Peña Nieto ya estaba bajo una fuerte presión pública por su manejo de la desaparición de los 43 estudiantes universitarios, así como por la compra que hizo su esposa de una casa multimillonaria a un importante contratista del gobierno.

Pero después de dos meses y medio —durante los cuales una de sus fuentes fue torturada y asesinada, según contó la reportera— Castellanos comenzó a preocuparse porque su reportaje nunca se publicara.

Al consultar con abogados dijo que descubrió una laguna en su contrato que le permitió publicar el material en otra parte.

Uno de los pocos medios dispuestos a contar esa historia fue el sitio web fundado por Carmen Aristegui, otra periodista galardonada, que perdió su trabajo en una estación de radio después de revelar el caso de la casa de la esposa del presidente.

C

La periodista Carmen Aristegui aceptó publicar un reportaje de investigación que otros medios no quisieron divulgar. El día de la publicación su sitio web dejó de funcionar. Credit Edgard Garrido / Reuters

Pero en la mañana en la que se programó la publicación del reportaje de Michoacán, con el titular “Fueron los federales”, el sitio web de Aristegui dejó de funcionar.

Eventualmente, descubrieron lo que sucedió: el sitio web fue intervenido.

Finalmente el reportaje se publicó, pero es un caso que suscita preguntas sobre la independencia editorial en un país inundado de publicidad gubernamental.

Ni los asesinatos ni el hackeo se resolvieron por completo. El Universal dijo que no había publicado el trabajo de Castellanos porque no cumplía con los estándares del periódico.

Al año siguiente, el reportaje de Castellanos fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de periodismo de investigación, uno de los galardones más prestigiosos del país.