México

Violencia en México: Una guerra con muertos (pero sin heridos)

En los cuatro primeros años del conflicto contra el narco, más de la mitad de los enfrentamientos acabaron con todos los criminales muertos. Los investigadores consideran que un combate estándar concluiría con el mismo número de heridos que de muertos.

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Pablo Ferri, 10 febrero 2017 / EL PAIS

el paisLejos de ajustarse a la retórica oficial del Gobierno de Felipe Calderón en México, los datos que arrojan los primeros cuatro años de la guerra contra el narco muestran una realidad bien distinta. El Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, una prestigiosa universidad mexicana, ha analizado 3.327 combates entre autoridades y presuntos agresores ocurridos entre 2007 y 2011. Más de la mitad, 1.223, concluyeron con todos los criminales muertos.

Además, los analistas del CIDE han descubierto que la gran mayoría de los 3.327 enfrentamientos ocurrieron por “actividad” de las autoridades. Alejandro Madrazo, uno de los autores del estudio, explica que “en el 84% de los casos, cuando detona el evento, la autoridad estaba realizando una actividad, por ejemplo catear una casa, o atender un llamado anónimo”.

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue que apenas un puñado de operaciones estuvieron amparadas por el juez. “Descubrimos que fueron menos del 5%”, dice. En la mayoría de ocasiones, explica, las autoridades actuaron por su cuenta, careciendo de la supervisión del ministerio público o el mandato de un juez. “El 31% de los combates”, añade el experto, “ocurrieron cuando las autoridades estaban patrullando”.

Letalidad total

El índice de letalidad mide la relación de heridos y muertos en un enfrentamiento armado. Un combate normal arroja cifras parejas, un muerto, un herido, dos muertos, dos heridos… Cuando un combate presenta un índice de letalidad total significa que todos los de un bando murieron. No hay heridos, lo que lo hace sospechoso. De los 3.327 estudiados por el CIDE, 1.223 presentaron un índice de letalidad total.

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Fuente: Rebeca Calzada – CIDE

Cuando Calderón llegó a la presidencia en diciembre de 2006, anunció que enfrentaría al crimen organizado con toda la fuerza del estado. Para ello, desplazó a miles de policías y militares al centro y el norte de México. Era, dijo, una batalla justa e imprescindible. En la prensa empezaron a aparecer informaciones sobre enfrentamientos entre autoridades y grupos criminales. La policía o las Fuerza Armadas explicaban en escuetos boletines que algunos delincuentes habían muerto y otros habían resultado heridos; que se habían decomisado fusiles, cartuchos y granadas. En muchos de ellos, los boletines leían que todos los delincuentes habían muerto en el intercambio de disparos.

La situación degeneró muy rápido. Y entre tanto empezó a expandirse la sensación de que todo aquello era demasiado raro. ¿Era normal que en un combate hubiera más delincuentes muertos que heridos? ¿Que todos los delincuentes murieran en las balaceras? Analistas, académicos y expertos se hacían estas preguntas.

En 2011, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México adaptaron un indicador para evaluar si los uniformados habían abusado de su fuerza en esos años. Se llamaba índice de letalidad. Otros colegas ya lo habían usado en Brasil con buenos resultados.

indice-de-letalidad-1El índice de letalidad mide la relación entre civiles heridos y muertos en un enfrentamiento. “No se trata”, escribieron los académicos, “de que por sí mismo determine la existencia de privaciones arbitrarias de la vida, sino de valores que alertan sobre un contexto de preocupación”. Así, cualquier enfrentamiento que concluyera con más muertos que heridos era motivo de alarma.

Los investigadores del CIDE han retomado ahora el índice de letalidad. Gracias a una filtración de los datos que manejó el Gobierno del propio Calderón, han descubierto que la mitad de los combates acontecidos en los primeros cuatro años de su mandato acabaron con todos los delincuentes muertos. Ya no con más muertos que heridos: todos muertos. Los investigadores del CIDE consideran que un combate en el que mueren todos los civiles presenta un índice de letalidad perfecta.

Las hemerotecas de los medios mexicanos están llenas de situaciones así. El 26 de febrero de 2010, el diario Reforma informaba, por ejemplo, de la muerte de cuatro sicarios tras un enfrentamiento con militares cerca de Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos. La Secretaría de la Defensa Nacional explicaría después en un comunicado que un comando armado había agredido a los militares. En el tiroteo, los cuatro sicarios habrían muerto. Sin heridos. Sin preguntas. Sin más respuestas.

A escala regional, la mayor cantidad de escenarios de este tipo se dieron en el noreste. De los 1.223 enfrentamientos que presentaron un índice de letalidad perfecta, 502 ocurrieron en los estados de Nuevo León y Tamaulipas en 2010 y 2011. Casi la mitad. Los datos coinciden con la explosión de violencia en la zona por la guerra entre cárteles.

Zetas, Golfo y actividad militar

En febrero de 2007, el presidente Calderón puso en marcha el Operativo Conjunto del noreste. El mandatario ordenó el despliegue de 3.500 policías, militares y marinos en Nuevo León y Tamaulipas, además de nueve helicópteros, tres aviones y 48 vehículos tácticos militares. Luego llegarían más. Era el tercer operativo que organizaba el presidente en apenas dos meses de Gobierno. La batalla empezaba.

Por aquel entonces, Los Zetas aún respetaban la cadena de mando del Cartel del Golfo. Si el Cartel de Sinaloa manejaba los cultivos de marihuana y amapola en la región noroeste, el Golfo controlaba la frontera noreste y la costa atlántica de la mano de Los Zetas. Pero todo aquello cambió. La detención de varios líderes de ambas organizaciones y las continuas reyertas entre los nuevos cuadros degeneraron en una guerra que afectó a ambos estados.

Atrapados en medio de la batalla, la Policía Federal, el Ejército y la Marina trataron de tomar el control. Así, Nuevo León y Tamaulipas concentraron casi la mitad de los 3.327 combates que se dieron en el país durante esos años. En 2010 fueron 447 de 1.027. Al año siguiente la historia se repetiría: 623 de 1.441.

La cantidad de denuncias en esos cuatro años por violaciones a derechos humanos rayaron lo inmanejable. El ombudsman mexicano recibió 4.000 quejas y preparó decenas de informes abundando en la mala praxis de las autoridades, sobre todo de las Fuerzas Armadas.

La pregunta es obvia, ¿qué ocurrió realmente en esos años en el noreste de México?

Mexico’s Forceful Resistance. De Jorge Castaneda

Credit Mikey Burton

Jorge Castaneda, político, intelectual y comentarista mexicano. Ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003

Jorge Castaneda, político, intelectual y comentarista mexicano. Ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003

Jorge Castaneda, 27 enero 2017 / THE NEW YORK TIMES

MEXICO CITY — It has been just over a week since President Trump took office, and he already has a diplomatic mini-crisis on his hands. First, he demanded that Mexico pay for his wall along our mutual border — on the very day when Mexican diplomats were to meet with White House officials. When President Enrique Peña Nieto of Mexico rejected that idea out of hand, Mr. Trump tweeted that he should consider calling off a planned visit to Washington next Tuesday. Which is just what Mr. Peña Nieto did.

For Mexico, the cancellation, and the rise in tensions with the United States, are a sad and serious affair.

Sad, because no Mexican wants a breakdown in bilateral ties. Five successive presidents have pursued a new course with our northern neighbor, putting behind us the apprehensions and resentment of the past. The North American Free Trade Agreement, American support during the mid-’90s financial NEW YORK TIMEScrisis, immigration negotiations in 2001, expanded drug enforcement and security cooperation, and the encouragement of a new mind-set for Mexicans where being neighbors is no longer seen as a problem but as an opportunity: All of this is being questioned and jeopardized.

This is why Mexico today faces a tough choice, given the asymmetry between both countries: accommodate Mr. Trump and get the least-bad deal possible, or lay out a series of red lines or list of American demands Mexico cannot accept and adopt a policy of forceful resistance. It could then attempt to wait Mr. Trump out, hoping that he will open too many fronts simultaneously, that domestic opposition to his excesses will grow, and that Mexico’s allies in the United States and abroad will eventually rebalance the unequal correlation of forces.

Mr. Peña Nieto had no choice but to cancel his trip. But he had partly boxed himself into a corner because of previous indecision or procrastination.

He knew some time ago that Mr. Trump would insist on renegotiation. He knew that several roads could lead to a favorable outcome for all three member countries, but that there could also be dire consequences for Mexico if the road chosen led to a revised Nafta requiring drawn-out deliberations in the legislative bodies of Canada, the United States and Mexico. The agreement would then fall hostage to partisan bickering, with no guarantees of approval. The uncertainty that would entail might easily place new foreign investment in Mexico on hold.

Mexico should have a red line on trade. Everything that can be done without new legislative approval in all the three countries is fair game, but nothing else. Better to have the United States invoke Nafta’s Article 2205, which says that a country can withdraw from the agreement six months after giving notice.

A similar red line should have been drawn by Mr. Peña Nieto on the prickliest, if not the most substantive issue: the wall. Again, incomprehensibly, Mr. Peña Nieto painted himself into a corner by stressing the wall’s payment, rather than its very existence. The crux of the matter should never have been who would pay for it, but rather that it was an unfriendly act toward a friendly country, sending a disastrous symbolic message to Latin America. The real issue is that it will generate countless social, cultural and environmental problems along the border; raise the cost and danger of unauthorized crossings; and attract even more organized crime.

Mexico should now clearly draw another red line. If the United States wants to build a wall, we will use every tool available to delay it and make it more expensive. But we will also point out that President Trump’s wall better be a very effective one. Because it will have to deter, without any further Mexican cooperation, drugs, migrants, terrorists and “bad hombres” from entering. If Mr. Trump “breaks” the border arrangement that our two countries have enjoyed for nearly a century, he “owns” it (the Pottery Barn rule).

Finally, on deportations, Mexico must also publicize its nonnegotiable bottom line. More money and agents for immigration enforcement, punishing sanctuary cities and attempting to send so-called criminals to Mexico is likewise an unfriendly act. Especially when one recalls that the same policy toward El Salvador in the late 1990s made it the most violent country in the world.

Mexico must say clearly that we will encourage all our potential deportees to demand a hearing upon arrest and to refuse voluntary removal; that we will provide legal support, on our dime, for all arrested undocumented Mexicans; and that we will deny entry to anyone whom American authorities cannot prove is a Mexican citizen. These are not simple decisions and are not exempt from the risk of retaliation. But neither is a 20 percent tariff on imports from Mexico, a proposal the White House suggested on Thursday it might embrace.

Mexico’s most effective leverage in this unfortunate and needless conflict lies in its stability on the United States’s southern flank. Washington should count its blessings. For a century, the United States has been an accomplice to Mexican corruption, human rights violations and authoritarian rule. But it has also supported Mexico economically, abstained from seeking regime change, tolerated mass migration from the south and generally treated Mexico with respect. The quid pro quo was immensely and mutually beneficial. Messing with it is worse than rash: It is reckless, for both countries.

La amenaza Trump. Columna transversal de Paolo Luers

paolo3Paolo Luers, 27 enero 2017 / EDH

Al radicalismo irracional de Trump hay que contraponer posiciones igualmente radicales, pero racionales. Racionalmente radicales.

Las amenazas de Trump contra México son radicales. Mandar a erigir un muro en todo la frontera con México ya es una medida radical. Se podría decir que cada país tiene el derecho de construir las monstruosidades que quiera, siempre y cuando su gobierno logre convencer a sus ciudadanos de pagarlas. Pero el reiterado anuncio de Trump que va a cobrar a México el 100 % del costo de su muro, es una amenaza real y radical. Trump dice diario hoyque puede cobrar a México aumentando el precio de las visas, poniendo un peaje para cada paso de frontera, reteniendo un porcentaje de las remesas – y por supuesto: estableciendo tasas altas para productos mexicanos, dentro del contexto de la renegociación que quiere imponer del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos.

Las extorsiones que Trump ya está haciendo a compañías, no sólo norteamericanas, sino también alemanas y japonesas, para que dejen de fabricar carros en México y concentren sus inversiones en Estados Unidos, es un ataque a México que ningún gobierno puede tolerar. Por suerte, tanto los japoneses como los alemanes ya lo mandaron al carajo.

La suma de todos estos ataques a sus vecinos, de por sí insultantes, contempla una real amenaza. Trump quiere hacer su pedazo de América grande a costa de México. Quiere rescatar puestos de trabajo industriales, quitándolos a México.

Todo esto requiere una respuesta radical de México. Los últimos gobiernos mexicanos, de Felipe Calderón y Peña Nieto, han convertido a su país en el campo de batalla de la guerra contra el narcotráfico desde los países productores hacia los consumidores en Estados Unidos. Han prestado su territorio, sus fuerzas armadas, sus policías y han puesto decenas de miles de muertos en esta guerra que únicamente sirve a los intereses de Estados Unidos. La respuesta radical de México a los ataques radicales de Trump tiene que ser: suspender esta guerra contra los carteles que transportan droga a Estados Unidos; legalizar el consumo en México; y comenzar a atender el fenómeno de las drogas como un problema de salud pública, ya no de seguridad nacional. Esta guerra de todos modos nunca fue mexicana, fue una guerra de Estados Unidos, que no la quería pelear en su propio país, con sus tropas, poniendo su propios muertos. De hecho, esta guerra tan sangrienta en México, por arte de magia siempre terminó en la frontera de Estados Unidos. Adentro de Estados Unidos no hay enfrentamientos y no hay masacres.

México no es indefenso en este pleito que le armó Trump. Que Trump construya su muralla. Ya veremos si va a detener la droga, una vez que México ya no siga prestando su territorio y la vida de sus ciudadanos para detenerla.

México debe suspender  también todos sus operativos contra los migrantes centroamericanos. Este último año, México ha deportado más migrantes a Centroamérica que los propios Estados Unidos – aunque solo van de paso. Igual que en el caso de la droga, México hace el trabajo sucio para resolver problemas no propios, sino del vecino del Norte. Veremos si el muro de Trump va a detener a los migrantes centroamericanos, si México deja de detener y perseguirlos. No lo creo.

Los gobiernos de Centroamérica deben unirse a México en esta defensa contra los planes de Trump. No sólo por solidaridad, sino por interés propio. Son los migrantes de Centroamérica que van a aguantar la primera ola de persecución. Ya lo dijo Trump. Y si Estados Unidos comienza a poner impuestos a las remesas, no será solamente para los mexicanos, sino igualmente a los centroamericanos. Tenemos muchas razones para hacer un frente común con México. Nuestros países, sobre todo Guatemala y Honduras, pero también El Salvador, igual han sido reclutados por Estados Unidos para pelear su guerra contra el narcotráfico. Todo el apoyo que recibimos de Estados Unidos es condicionado a esto. Hasta las políticas de seguridad pública nuestras se supeditan al intento de Estados Unidos de detener las drogas y los migrantes antes de que lleguen a sus fronteras.

Y una vez que Trump impone que el NAFTA se modifique para favorecer a Estados Unidos (“America First”), algún ingenuo puede creer que con nuestro TLC no va a pasar lo mismo. De todos modos, el FMLN nunca entendió los beneficios del TLC. Pero también vemos a algunos industriales salvadoreños bailando de alegría porque Trump suspendió el Tratado del Pacífico, porque los asiáticos nos hubieran hecho competencia. Posiblemente bailarán igual cuando Trunp joda a los mexicanos, porque también los ven como competencia. Entonces, ¿quién bailará en el entierro nuestro?

Nuestro presidente, en vez de andar en reuniones de CELAC, que solo sirve para los intereses de Cuba y Venezuela, debería ahora estar reunido con los presidentes de México y Centroamérica para construir una defensa común contra las amenazas radicales de Trump. Hablando paja del “imperialismo” no resuelve nada.

Mexico’s Potential Weapons if Trump Declares War on Nafta

 Workers on an auto parts production line in the Bosch factory this month in San Luis Potosí, Mexico. President Trump has threatened to impose a 35 percent tariff against Mexico. Credit Pedro Pardo/Agence France-Presse — Getty Images

Workers on an auto parts production line in the Bosch factory this month in San Luis Potosí, Mexico. President Trump has threatened to impose a 35 percent tariff against Mexico. Credit Pedro Pardo/Agence France-Presse — Getty Images

Eduardo Porter, 24 enero 2017 / THE NEW YORK TIMES

How could Mexico inflict the most damage on the United States?

NEW YORK TIMESIn normal times this question would not be top of mind for Mexican policy makers. Mexican governments over the last quarter-century have consistently pushed back against the nation’s historical resentment toward the United States, hoping to build a more cooperative relationship with its overbearing northern neighbor.

But these aren’t normal times. As President Trump prepares the opening gambit in his project to either renegotiate the North American Free Trade Agreement or pull out, Mexico’s most important strategic goal is narrowing to one word: deterrence.

It must convince Mr. Trump that if he blows up the trade agreement on which Mexico has staked its hopes of development, by weaving its economy ever more closely into that of the United States, the United States will suffer, too.

The critical question is whether Mexico’s threat will be convincing.

Mexico’s main challenge as it confronts a hostile Trump administration is the enormous asymmetry of the bilateral relationship. Ending Nafta would hurt the United States: Six million American jobs depend on exports to Mexico, according to Mexican officials. But to Mexico, it could prove devastating.

Mexico has relied on the pact to draw foreign capital into the country, not only ensuring multinational companies stable access to the largest consumer market in the world but also guaranteeing that their investment is safe, noted Luis Rubio, who heads the Center of Research for Development in Mexico City.

The makings of a Mexican strategy for defending its interests started coming into focus on Monday, when President Enrique Peña Nieto declared that negotiations for a future relationship with the United States would not be limited to trade.

“We will bring to the table all themes,” he said in a speech. “Trade, yes, but also migration and the themes of security, including border security, terrorist threats and the traffic of illegal drugs, weapons and cash.”

His hope is that by introducing broader uncertainty about the bilateral relationship — Will Mexico still cooperate in the fight against drug trafficking? Will it stop foreign terrorists from using Mexico as a way station into the United States? — Mexico can raise the stakes enough for Mr. Trump to reconsider his “America first” approach to commerce.

“Mexico has a lot of chips to play,” said Jorge Castañeda, a former foreign secretary who has staked out a combative approach.

Let Mr. Trump pull the United States out of Nafta, he argues. Instead of stopping Central American migrants at its southern border, Mexico should let them through on their way to the United States. “And let’s see if his wall keeps the terrorists out, because we won’t,” Mr. Castañeda added.

The view from Mexico City is not uniformly bleak. Some analysts believe there is a potential for a situation in which a new Nafta benefits all. “I have always believed one should never let a good crisis go to waste,” said Arturo Sarukhán, a former Mexican ambassador to the United States. “There is an opportunity that we could end up modernizing and improving Nafta.”

The view that there is a potential silver lining to Mr. Trump’s hostility toward Nafta is also popular in some Washington circles. The quarter-century-old agreement is due for some modernization anyway, if only to deal with things like data protection, online crime and e-commerce — which were not around in the early 1990s. Nafta’s weak provisions on labor and environmental standards could also be improved.

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How Deals Like Nafta Have Affected U.S. Trade

While trade has contributed to the growth of the American economy, the changing dynamics have also prompted concerns about lost jobs and the rising trade deficit. But when something is manufactured in the United States, the product is typically made up of parts and pieces from around the world.

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Many aspects of Nafta could be upgraded, trade experts say. It could do with new rules to open up government projects to bidders from all three Nafta partners. Allowing long-haul trucking companies from Mexico and the United States into each other’s markets could make trade between the two more efficient. What’s more, the Mexican-American border could benefit from more infrastructure investments to integrate energy networks, reduce clogged lines at border crossings and the like.

Now that Mr. Trump has formally nixed the Trans-Pacific Partnership, which would have tied North America and nine other nations from the Pacific Rim into one large trade bloc, some of its provisions could be drafted into a new North American deal.

Gary Hufbauer of the pro-trade Peterson Institute for International Economics in Washington suggests that the name “Nafta” be retired — it has a bad reputation. But a lot of its substance could remain, perhaps in the form of separate bilateral agreements with Canada and Mexico.

“Trump wants some easy victories,” Mr. Hufbauer pointed out. If he can score political points using his Twitter feed to persuade a few companies to keep jobs in the United States, why risk hurting the American economy by abandoning the North American trade deal? “Maybe that’s the reconciliation,” Mr. Hufbauer said.

Still, it’s hard to reconcile the proposal for an improved, more effective trading pact in North America with Mr. Trump’s frequent portrayal of trade as a zero-sum game that inevitably shortchanges the United States.

In Mr. Trump’s eyes, improving Nafta seems to mean eliminating Mexico’s trade surplus with the United States and limiting investment by American multinationals in Mexico. But one can’t quickly eliminate a $60 billion trade surplus with a new Nafta — not unless it has some incredibly draconian limits on imports or local content requirements that could be as damaging to Mexico as abandoning the pact altogether.

Many Mexican officials fear that it is precisely this kind of draconian change that Mr. Trump has in mind. It would be politically profitable, at least in the short term. And it would signal toughness to China — a more formidable rival that is next on Mr. Trump’s list. If Canada stays out of the fray, cutting a separate deal with the United States to replace Nafta, Mexico would be left alone in an existential fight for its future.

In this case, Mexico may have no choice but to raise the stakes and hope to arrive at the negotiating table with a threat at least as credible as Mr. Trump’s promise to pull out of the deal.

Mr. Trump’s negotiating position does have some soft spots. For one, said Mickey Kantor, the American trade negotiator who concluded the Nafta negotiations during the Clinton administration, “he is under pressure to deliver a deal.”

If Mexico stands its ground and even allows Nafta to dissolve, it would send its own signal to China: Resistance is not futile. And Mr. Trump’s threat to raise tariffs against Mexico to 35 percent could easily be challenged under the rules of the World Trade Organization.

This is, of course, a hugely risky strategy for Mexico. When Mr. Trump entered the presidential race in June 2015, a dollar was worth about 15 pesos. Now it’s worth about 22. A frontal confrontation with the United States might send it to 40, Mexican officials fear, fueling capital flight.

And yet that may be Mexico’s strongest card.

As noted by C. Fred Bergsten, director emeritus of the Peterson Institute, an irony of Mr. Trump’s approach to Mexico is that by weakening the peso so much, he is going to increase the bilateral trade deficit, increase Mexico’s competitiveness and make it more attractive for American companies to invest there. “That is going to swamp anything he achieves with his company-by-company efforts,” he added.

That’s if Mexico manages to hold on. The more ominous situation is one in which the United States pushes too hard and Mexico — its economy, its unpopular government, its public order and political stability — buckles. The United States has enjoyed a peaceful southern border for 100 years, since Pancho Villa made his marauding raids into the Southwest during the Mexican Revolution. “That is worth pure gold in this and any other world,” Mr. Castañeda said. “Mexico’s best argument is ‘Don’t mess with that.’”

México en llamas. De Joaquín Villalobos

Con el gasolinazo la violencia ha estallado de forma artificial; no se trata de protesta espontánea, sino organizada. El país fue sorprendido por una densidad criminal que durante décadas ha crecido, ha penetrado en el Estado y se ha fortalecido.

JOAQUIN VILLALOBOSJoaquín Villalobos, 19 enero 2017 / EL PAIS

En el año 2006, la capital del estado de Oaxaca, en México, estuvo bajo control de organizaciones de extrema izquierda que mantuvieron una rebelión callejera durante casi seis meses. El gobierno estatal abandonó posiciones y se estableció en el exilio. En ese momento, si Oaxaca hubiese sido un país, podría haberse proclamado el triunfo de una revolución. Finalmente, en noviembre de ese año, miles de policías federales, sin utilizar armas de fuego, pudieron recuperar la ciudad luego de varios días de enfrentamientos en las calles.

el paisLa ruta más fácil para explicar un hecho es buscar un culpable y olvidar procesos que han dado origen a fenómenos que fueron largamente encubados. El llamado gasolinazo, por el aumento de precio a la gasolina, ilustra nítidamente esto: se han producido grandes protestas e incontables saqueos en muchos estados y nadie sabe si fueron espontáneos, organizados o coyunturales.

El objetivo de este artículo no es abordar la legitimidad o no de las protestas, sino señalar que en México existe una violencia política creciente. A diferencia de Venezuela, donde los saqueos ocurrieron resultado de la desesperación de la gente por la escasez y el hambre, en México no hay relación directa entre saqueos y aumento al precio de la gasolina.

“El fenómeno guerrillero frentista de extrema izquierda
tiene más de cuarenta años de vida”

En el desarrollo de una protesta, la violencia puede aparecer luego de una fase expansiva o como reacción a una represión desproporcionada que la estimula. Por mucha rabia o redes sociales que existan, el salto de lo demostrativo a lo violento no ocurre de la noche a la mañana. Con el gasolinazo la violencia ha estallado de forma artificial e incluso con rechazo de la mayoría de quienes protestan. No se trata por lo tanto de violencia espontánea, sino de violencia organizada. En México existen al menos siete grupos guerrilleros, algunos de los cuales tienen más de 40 años de existir. Por las condiciones del 1484740885_714303_1484757004_noticia_normal_recorte1país, estos grupos tienen sus propias particularidades; no se trata de ejércitos guerrilleros en las selvas como en Colombia, sino que su expresión principal son frentes populares de composición social diversa, comunidades organizadas, control territorial y capacidad de movilización callejera.

Esta extrema izquierda subyace y despierta de manera brusca cada vez que encuentra una oportunidad para actuar. El 1 de diciembre de 2012, el presidente Peña Nieto tomó posesión en medio de protestas con una violencia similar a la actual. En agosto de 2013, más de diez mil personas, con una organización casi militar, cercaron de forma sorpresiva el edificio del Senado y luego hicieron lo mismo con el aeropuerto internacional. En el año 2014 fueron incendiadas las sedes de los partidos PRI y PRD en el Estado de Guerrero, un tiempo después el edificio de gobierno del Estado corrió la misma suerte y también intentaron quemar las puertas del Palacio Nacional en Ciudad de México.

En los últimos quince años han ocurrido numerosos hechos que incluyen bombas, sabotaje a oleoductos, secuestros, enfrentamientos armados, pero sobre todo protestas muy violentas en muchos estados. La capital de México es la ciudad con mayor número de demostraciones callejeras del mundo, ocurren 20 protestas diarias. Hay espacios públicos de la ciudad que han permanecido tomados más de un año. Nada de esto puede hacerse sin jerarquías, recursos y activistas a tiempo completo. En el año 2010 fue secuestrado Diego Fernández de Ceballos, líder político del PAN, por cuya liberación se pagaron varias decenas de millones de dólares. En otras ocasiones han ocurrido secuestros similares de importantes empresarios con pagos igualmente millonarios.

“En la nueva realidad no hay problema que
se resuelva solo; cuando no se resuelven, crecen”

Si uno observa la violencia reciente en las calles de México —lo que se puede fácilmente ver en videos de YouTube— puede darse cuenta que esa violencia ni es nueva ni de origen desconocido. Se trata de grupos dispersos, sin articulación y seguramente con conflictos entre ellos que se montaron en las protestas por el gasolinazo con mucha rapidez. Luego, seguramente, por efecto de imitación y competencia entre ellos mismos, sus acciones alcanzaron dimensión nacional. El resultado de esto será la radicalización de más jóvenes y el crecimiento de estas organizaciones. En algunas comunidades estos grupos organizan policías comunitarias que suplen la ausencia de Estado. La desaparición o matanza de estudiantes de Ayotzinapa en el año 2014, fue en realidad el resultado de la lucha entre gobiernos locales cooptados por el crimen organizado y organizaciones populares controladas por grupos de extrema izquierda.

No hay estudios sobre las guerrillas mexicanas que ayuden a dimensionar el problema; no hay políticas para que abandonen la violencia, participen en opciones partidistas y se reinsertan a la legalidad; tampoco hay planes para combatirlos y ni siquiera un reconocimiento serio de la existencia del problema. Sus frentes han aprendido a movilizar de forma sincronizada a miles de personas sin ser detectadas y es común que frente a sus acciones violentas no haya respuesta. Todo esto ha derivado en una impunidad callejera que ya se volvió sistemática, creciente y de alto impacto político.

En los últimos 15 años México ha enfrentado una violencia delictiva que ha dejado más 100.000 muertos. Muchos han culpado a los últimos dos gobiernos por esto y han definido a las drogas como la causa del problema. Por sentido común, es obvio que las organizaciones criminales que han generado una violencia tan persistente, extensa y prolongada no nacieron en un día. México fue sorprendido por una densidad criminal de grandes proporciones que durante décadas se mantuvo creciendo, penetrando al Estado, fortaleciéndose y buscando oportunidades. Fue hasta que esa densidad criminal rebalsó, estalló y se volvió inocultable cuando se comenzó buscar la causa y al culpable. Con el fenómeno guerrillero frentista de extrema izquierda viene ocurriendo exactamente lo mismo, tiene más de cuarenta años de existir, asustó con Chiapas en el año 94 y ahora sorprende con saqueos en 25 Estados.

Un artículo de Luis Rubio cuenta que el presidente Adolfo Ruíz Cortines, quien gobernó México en los años 50, tenía dos carpetas en su escritorio: una decía “problemas que se resuelven solos” y la otra “problemas que se resuelven con el tiempo”. México tiene suficientes capacidades políticas, materiales e intelectuales para enfrentar las amenazas que padece, pero el primer gran paso que debe dar es superar la vieja cultura política. En la nueva realidad no hay problema que se resuelva solo y cuando no se lo resuelve, crece.

Muerte de un alcalde chamula. De Jabobo García

el paisLa muerte a golpes y patadas del edil de San Juan Chamula y su equipo revela la división en esta conflictiva y enigmática comunidad indígena de Chiapas.

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Jacobo García, 30 julio 2016 / EL PAIS

Desde que despertó, Domingo López sabía que ese sábado 23 de julio, podía morir. Así que, aunque fueran las dos de la madrugada, se sentó en la cama, se puso un pantalón negro y rezó. Prendió las velas del altar de su habitación, hizo círculos en el aire con el humo del copal, extendió la juncia y pasó 40 minutos en silencio moviendo los labios frente a la imagen de la virgen.

Luego desayunó lo mismo de cada día; huevos, frijoles y atole de maíz y comenzó a recibir a los vecinos con los problemas de siempre: el agua no llega, el lindero, la procesión de San Antonio no pasa por mi casa…

El indígena Domingo López, de 57 años, llevaba sólo ocho meses como alcalde de San Juan Chamula- a 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas – , pero conocía bien a sus vecinos. Había sido alcalde por el PRI en 2008 y repitió el cargo para el periodo 2015-2018, aunque por el Partido Verde (PV). Gobernar dos veces fue todo un agravio de acuerdo con los usos y costumbres que rigen este municipio de 60.000 habitantes conformado por 124 comunidades Tzotziles, regadas por los pliegues de Los Altos de Chiapas. Los miembros del Partido Verde que lo eligieron lo recuerdan como un “gran candidato, muy querido por los vecinos y buen gestor”. Un año antes lo habían convencido para que volviera a la política y aparcara temporalmente su vida junto a los camiones sacando arena y grava. Para otros, simplemente era “el tonto útil de un partido tan corrupto como los demás”, dice el antropólogo Gaspar Morquecho.

La mañana del sábado, Pascuala, su esposa, como un ritual repetido durante décadas, se levantó con él, cuando todavía era noche cerrada. “Algo va a pasar”, dijo Domingo, antes de pedirle que se marchara y se escondiera en San Cristóbal. Con la austeridad gestual de los indígenas, el último día de sus 40 años de vida juntos, reconstruye su hijo, se dijeron adiós estrechándose la mano y dándose la bendición.

A las 6:30 de la mañana, el frío gélido de la montaña comenzaba a templarse, con los primeros rayos de sol asomando por la cima. Una vez que estuvo solo, se enfundó el chuj blanco de lana de borrego, cogió el sombrero con cintas de colores, tomó el bastón de mando de las grandes ocasiones y bajó caminando la cuesta que conduce al Ayuntamiento. Tres horas después, Domingo López González estaba cubierto por un charco de sangre; tirado en la plaza del pueblo, con el rostro desfigurado por los golpes y el tiro de gracia en la cabeza.

Luis López, hijo de Domingo, en la casa familiar Saul Ruíz

Luis López, hijo de Domingo, en la casa familiar. Foto: Saul Ruíz

Dos perros copulan sobre la mancha de sangre donde hace 72 horas yacía Domingo. En el pueblo de las velas, las cruces y los rezos no hay nada que humanice la barbarie y sólo la mancha roja recuerda que la locura se apoderó del lugar donde los animales fornican.

La plaza es una peculiar combinación de viviendas feas de cemento y construcciones tradicionales que estaba llena de gente el día de la matanza. Pero como es habitual en los pueblos después de una tragedia, nadie vio nada. Sin embargo, desde hacía 15 días, todos sabían lo que se estaba cocinando. Días atrás grupos de opositores al alcalde habían recorrido las comunidades organizando a los vecinos para que marcharan hasta la cabecera municipal para protestar por no haber recibido las ayudas prometidas durante la campaña. Al llamado acudieron cientos de personas que se concentraron frente al Ayuntamiento desde las siete de la mañana para lanzar piedras mientras gritaban ladrón y mentiroso. “Las protestas normales, pues”, señala sin ninguna ironía un líder del Partido Verde, con tantos gramos de oro en los dientes como en el reloj.

Vista de la plaza de San Juan Chamula desde el balcón del Ayuntamiento Saul Ruíz

Vista de la plaza de San Juan Chamula desde el balcón del Ayuntamiento. Foto: Saul Ruíz

El alcalde, o Tsetjo (corta cabeza) como lo conocían, encaró la situación y acompañado del resto de regidores tomó el micrófono y acusó desde el balcón a sus opositores del PRI de “engañar” a la gente. Pero a pesar de su fama de buen político, Domingo pronunció esa mañana el discurso más desafortunado de su carrera con una frase que puso el cerillo a la gasolina: “No hay dinero”.

Le exigían que entregara la subvención de 7.000 pesos (340 dólares) que había prometido a cada vecino durante la campaña. Según su equipo de gobierno se había entregado la primera partida y el resto de comunidades recibirían el dinero a medida que llegaran los fondos del gobierno estatal, también del Partido Verde. “Todo estaba perfectamente calendarizado” defiende Mario Collazo, Líder regional de los verdes. Los de abajo le reprochaban que sólo entregaba los recursos a las comunidades afines políticamente. “La intención era tomar la alcaldía y retener temporalmente al alcalde, pero no imaginaba todo lo que pasó después”, explica un vecino ‘en perfecto Castilla’.

Mujeres saliendo de la iglesia de San Juan Chamula el jueves. J. García

Mujeres saliendo de la iglesia de San Juan Chamula el jueves. Foto: J. García

Asediado por las pedradas, el equipo de gobierno se protegió en el Ayuntamiento y los escoltas que lo acompañaban dispararon alocadamente causando tres heridos. Desde abajo repelieron los disparos, aparecieron más armas y el lugar se convirtió en un caos de gritos, carreras y ráfagas de AK-47 contra la fachada de la alcaldía. Un grupo, con el rostro cubierto, intentó ingresar al edificio mientras las balas rompían los cristales.

Rodeados y asustados, el alcalde, el síndico, los regidores, el juez de paz y hasta el chofer, intentaron huir por el único lugar posible; la parte posterior. Recorrieron los 32 pasos que separan el balcón de la ventana trasera y se descolgaron por una cuerda hasta la calle, pero los alcanzó la turba. Con un hierro de changarro le abrieron la cabeza y con un palo le atravesaron el cuello a Domingo. A partir de ahí comenzó una orgía violenta de patadas y golpes que terminó con la vida de, al menos, el alcalde y cuatro personas más, aunque hay dudas sobre la cifra definitiva. Pero la muerte no bastó. Una decena de personas arrastró el cuerpo hasta la plaza y durante largo rato siguió golpeando el cadáver ensangrentado y desfigurado de Domingo, el hombre al que convencieron de que volviera a la política. A su alrededor jóvenes con el rostro cubierto gritaban “dale, dale, dale”, hasta que uno de ellos sacó una pistola del morral y le disparó a la cabeza a dos metros de distancia. Todo quedó grabado en los celulares de los vecinos. Para que la humillación fuera completa alguien le bajó los pantalones al cadáver. Cuando a su hijo le dieron la noticia, también le dijeron: “Apúrate, quieren rociar con gasolina el cuerpo”.

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Iglesia de San Juan Chamula. Foto: Saul Ruíz

Una familia de Chamulas apura una botella de Coca-Cola de 2 litros y eructa sin pudor en el interior de la iglesia. Charlan, musitan oraciones en tzotzil y prenden varias velas. Junto a ellos, sentados en el suelo del templo, una madre recorre el cuerpo de su hija con una gallina agarrada por las patas. El padre, mientras tanto, bebe pox, un destilado típico de caña y maíz. Sincretismo en estado puro. El templo de San Juan Chamula es probablemente la iglesia indígena más visitada de México. Las agencias de turismo incluyen la visita a este misterioso lugar donde los feligreses charlan, comen y beben sentados en el suelo, sobre una cama verde de vainas de pino. De igual forma, tanto las guías como los turoperadores recomiendan no desobedecer ninguna indicación para evitar problemas. Los chamulas tienen fama de ser tan celosos de sus tradiciones como huraños a la hora de compartirlas. Esta semana, diez agencias han suspendido sus visitas desde San Cristóbal de las Casas hasta que se calme la situación. A pocos metros de la misteriosa iglesia están el ayuntamiento y la sede del PRI (Partido Revolucionario Institucional). Sobre estos tres edificios, como una metáfora nacional, ha pivotado siempre la convulsa vida de San Juan Chamula.

Pero ¿quién mató a Domingo?. “Todo indio sabe que las palabras mágicas para sobrevivir son: no sé” explica Morquecho. Sin embargo, cuando se apaga la grabadora y se cierra la libreta un nombre se repite de boca en boca: Marcelino González López, el candidato del PRI derrotado en las elecciones de noviembre por más de 10.000 votos. Una goleada histórica en un municipio donde hasta hace pocos años estaba prohibido ser de otra religión que no fuera la católica ni de otro partido que no fuera el PRI, dice Felipe Arizmendi, Obispo de San Cristóbal de las Casas. Hasta el momento la policía ha detenido a ocho personas, casi todas del entorno del excandidato. El último, el jueves, es el anterior alcalde, también del PRI. “La pelea por el ayuntamiento de Chamula es en realidad una disputa por el control del territorio. Existe una gran descomposición en municipios de Los Altos de Chiapas porque esta región se ha convertido en un corredor para el tráfico de droga, migrantes, mujeres o vehículos ilegales (chocolate)” explica Araceli Burguete, investigadora del Centro de antropología social (CIESAS). “Los grandes cárteles de la droga, Sinaloa, Zetas, Golfo…, no tienen presencia clara en Chiapas porque ese papel lo cumplen los grupos tradicionales de poder” añade. En los últimos diez años han muerto 40 ediles en México por la violencia.

El nuevo alcalde, Mateo Gómez, el jueves durante la toma de protesta Saul Ruíz

El nuevo alcalde, Mateo Gómez, el jueves durante la toma de protesta. Foto: Saul Ruíz

“Es triste lo que sucedió y no queremos que vuelva a suceder. Desde ahorita no tengo partido y gobierno para todos”, dice nervioso el nuevo edil en sus primeras palabras . “Y ahora, están todos invitados a pedir un refresquito en la tienda de parte de la Presidencia Municipal”, concluye junto a las autoridades tradicionales. Las botellas de pox pasan de mano en mano. Temeroso y protegido por más de 200 policías el alcalde que toma posesión es el antiguo regidor, un joven de 30 años que hace una semana se salvó por unos metros de ser linchado.

A la misma hora que los nuevos cargos beben aguardiente, dos cerros más allá, en la comunidad de Yitic un hombre abatido quiere olvidar cuanto antes cualquier tema relacionada con el política. Con la calma de quien está convencido de que su padre está en un lugar mejor, sólo pide dos cosas al mundo: que la gente borre los videos del linchamiento que corren de teléfono en teléfono y que un artista internacional escriba un corrido a la memoria de su padre.

Espantoso, todavía siguen asesinando a periodistas en México. De Ricardo Chacón

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Ricardo Chacón, editor jefe de El Diario de Hoy

Ricardo Chacón, 14 febrero 2014 / EDH

Cualquier asesinato es detestable, abominable y deleznable, pero cuando se trata del asesinato de un periodista esto es espantoso, pavoroso y aterrador no solo porque se acaba con una vida sino porque se pretende asfixiar un derecho fundamental como lo es la libertad de expresión, el libre juego de las ideas, el derecho que la población esté informada.

Esta es la primera reacción que me surge luego de que esta semana, en Veracruz, México, sicarios de los narcos primero secuestraron a una periodista y luego la asesinaron salvajemente.

diario hoySegún los reportes, la periodista Anabel Flores Salazar, de 32 años y madre de dos niños, fue plagiada por un grupo de encapuchados, vestidos con ropa militar y posteriormente asesinada con lujo de barbarie; “su cadáver apareció en un camino de Puebla… estaba semidesnuda, tenía las manos y pies atados, y bolsas de plástico cubrían su cabeza. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sofocación”.

Anabel trabajaba para el periódico El Sol de Orizaba, en el área de sucesos, en la tradicionalmente llamada “nota roja”; en México, esta área, importante para todo periódico, no solamente tiene que ver con la violencia cotidiana de tipo delincuencial sino que está estrechamente vinculada con el narcotráfico… lo que hace a la profesión sumamente peligrosa.

Según Reporteros sin Fronteras, una organización que vela por el trabajo de los periodistas, en 2015 fueron asesinados unos 37 profesionales, siendo Yemen, Sudán del Sur, Siria, Francia y México los países donde han ocurrido el mayor número de asesinatos de comunicadores.

Un reportaje del periódico argentino El Clarín cita que en Veracruz al menos 15 periodistas han sido asesinados desde el 2010; todos han quedado en la impunidad como el de Moisés Sánchez, editor de un semanario regional, Regina Martínez, corresponsal en Veracruz de la revista Proceso, Gregorio Jiménez, otro periodista local asesinado, su cadáver apareció enterrado en una fosa en 2014. No me cabe la menor duda que el crimen contra Anabel Flores también quedará sin descubrirse a los asesinos, el móvil y por supuesto una condena y castigo a los culpables.

La pregunta que surge de inmediato es por qué es espantoso, pavoroso y aterrador el asesinato de periodistas; llanamente, se trata de una acción contra una persona que no está involucrada en los hechos, y que su “único pecado” es contar lo sucedido.

El periodista al informar, en el caso de Anabel, sobre hechos de violencia, particularmente sobre temas relacionados con el narcotráfico, su labor es contar hechos y convertirlos en noticia, esto conlleva al menos tres cuestiones: uno establecer lo sucedidos, dos, relacionar y darles contexto para que puedan ser entendidos; y tres, exponerlos en una publicación sea este un periódico impreso, una radio, una televisora o un sitio web.

Pero, ¿por qué molesta esto? La respuesta tiene que ver también con tres cuestiones: uno, se revela y se expone a los cuatro vientos lo que se hace en la obscuridad de la noche; los narcos suelen actuar bajo el manto de la noche, en la obscuridad. Dos, poner en entredicho, y esto parece que ocurre a diestra y siniestra en Veracruz, la vinculación de los narcos con el poder, con el gobierno; por supuesto esto pone nervioso a unos y otros. Y tres, muestra las deficiencias de la labor de control y vigilancia del mismo estado, del gobierno, incapaz de enfrentar con firmeza el narcotráfico… hay zonas donde los que “mandan” son los narcotraficantes.

Esto explica porqué la mayoría de asesinatos de periodistas se llevan a cabo con lujo de barbarie… se trata de dar “un mensaje” aleccionador con el gremio y evitar que otros comunicadores se “atrevan” a tocar el tema con valentía, con fuerza, con dureza como lo amerita tratar la problemática de los narcos, en muchos casos, enquistados en las mismas estructuras del Estado y el gobierno, incluso en las mismas instituciones de justicia, policiales y del ejército.

Hacer periodismo de sucesos, informar sobre la cuestión de violencia, no es fácil no solo en México, donde la cuestión linda con los narcotraficantes, sino en países como el nuestro donde las pandillas tienen amplia presencia en todo el territorio, donde las maras han penetrado el tejido social y se ha convertido en una cuestión social tocando profundas raíces estructurales.