25 junio 2019 / EL DIARIO DE HOY
La Odisea siempre ha sido uno de mis libros favoritos. En ella, Homero relata las aventuras de Ulises en su retorno a su hogar en Ítaca, después de la guerra de Troya.
Y sin lugar a dudas el relato más conocido de esta obra es el de Ulises y las sirenas. Cuando Ulises finalmente decide emprender su viaje hacia Ítaca, la diosa Circe habla con él y le advierte que se encontrará con las sirenas en su camino, quienes, con sus voces, hechizan a los hombres. Los hombres, embelesados, saltan de los barcos y mueren ahogados, por lo que Circe le recomienda atarse al mástil del barco para evitar sucumbir ante estas criaturas míticas.
Ulises así lo hace y además ordena a todos los hombres de la nave taparse los oídos con cera, Por último, les exige que no lo desaten, sin importar cuánto suplique. Gracias a estas precauciones, Ulises y su tripulación logran salir ilesos del encuentro con las sirenas.
Este relato ha sido sujeto de diferentes interpretaciones metafóricas a lo largo del tiempo, siendo una de ellas que, dada nuestra vulnerable naturaleza humana, muchas veces lo que más nos conviene es atarnos de manos y limitar voluntariamente nuestro libre albedrío, pues ello nos librará de cometer acciones que nos terminen afectando. Dado que las tentaciones estarán ahí, y que será en extremo difícil no sucumbir ante ellas, es mejor limitar anticipadamente nuestro accionar, en otras palabras, es mejor atarnos de pies y manos al mástil del barco.
Esta alegoría resulta particularmente pertinente para el caso de nuestro país, donde los sonados casos de corrupción han erosionado la confianza de la población en la clase política. Y porque tales casos de corrupción, -en los que se dilapidaron los recursos del Estado-, se podrían haber evitado si las posibilidades de sucumbir a las tentaciones se hubiesen minimizado oportunamente. Es decir, si quienes ostentan el poder actuasen como Ulises, atándose al mástil del barco.
Y es que la falta de transparencia en el manejo de las finanzas del
Estado, la opacidad en el uso de los recursos públicos, actúan como esas
tentaciones, como esos cantos de sirena, que estimulan los abusos en el
ejercicio del poder. Nuestra historia reciente ha demostrado
contundentemente, que, en la medida que existan fondos públicos que no
estén sujetos a una adecuada rendición de cuentas o al escrutinio
público, los funcionarios se verán tentados a hacer un uso inadecuado de
dichos recursos.
Es por ello que la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de
los fondos del Estado actúa como un poderoso antídoto para evitar tales
tentaciones. Es la forma de atarse al mástil de quienes ostentan el
poder. Y es lo que todos debemos exigir.
El fortalecimiento de la transparencia en el manejo de las finanzas públicas exige una agenda con múltiples acciones, con un compromiso político real y con un genuino involucramiento de los diferentes actores de la sociedad civil. Es mucho lo que aún se puede hacer en El Salvador. De hecho, el International Budget Partnership -que clasifica a los países de acuerdo a la transparencia en su presupuesto-, ubica a El Salvador entre los países con nivel de transparencia insuficiente.
Ciertamente se han dedicado foros completos a discutir y tratar de trazar esa agenda, pero cierro esta columna comentando una acción puntual, concreta, de exclusiva responsabilidad del poder Ejecutivo y que, de realizarse, contribuiría al tan necesario fortalecimiento de la transparencia.
Esta acción es reducir, a su mínima expresión, la partida de gastos reservados en el Presupuesto General del Estado 2020. La principal característica de la partida de gastos reservados -conocida popularmente como partida secreta- ha sido la opacidad y discrecionalidad con la que se ha manejado desde la Presidencia de la República. Esto puede y debe cambiar, y está en manos del Órgano Ejecutivo el hacerlo.
El presupuesto del Organismo de Inteligencia del Estado asciende a más de 30 millones de dólares y se clasifica como gasto reservado. A manera de referencia, la Superintendencia de Competencia -que vela por el buen funcionamiento de los mercados- cuenta con un presupuesto anual de $2.7 millones, Fosalud, con cerca de $39 millones, el Hospital Nacional Benjamín Bloom: $34 millones. Un presupuesto anual de $30 millones para la OIE es excesivamente alto en un país con las demandas sociales que tiene El Salvador.
Es cierto además que muchos países tienen partidas de Gastos Reservados, pero también es cierto que muchos de ellos cuentan con mucha mayor claridad sobre la definición de tales gastos y mejores mecanismos de fiscalización y auditoría de su ejecución. Además de definir con precisión qué se considera gasto reservado, es importante explicitar las prohibiciones. Así, por ejemplo, de ninguna manera los gastos reservados deben ser usados para el pago de sobresueldos u otra forma de compensación a servidores públicos, y deben ser auditados por la Corte de Cuentas de la República. Y en caso la información sea clasificada como reservada, deberá hacerse pública una vez venza el plazo de dicha reserva.
En definitiva, ningún gasto del Estado debe estar exento de un mecanismo de fiscalización y control. Ninguno. Es posible y necesario que el presupuesto que mandará el Gobierno a la Asamblea en septiembre de este año contemple una reducción sustancial de los gastos reservados, y que se emprenda un esfuerzo serio por definir y fiscalizar tales fondos.
Mayor transparencia es central para brindar mejores bienes y servicios a la población, y para combatir la corrupción. La transparencia ayuda a blindar a los gobernantes de las tentaciones en el poder. La reducción y control de los gastos reservados es una acción factible en la dirección correcta.
Segunda Vuelta 