Un hombre sin doble discurso. De Paolo Luers/Observador de EDH

19 abril 2018 / EDH-Observadores

A menos que manden a hacer al candidato ideal en Ilobasco, Javier Simán es el mejor candidato a la presidencia. No es perfecto, pero de todos modos, no me gustan las personas que se presentan como perfectas.

No estoy de acuerdo con todas sus posiciones. Pero no hace falta. Hace falta tener confianza al candidato, en su capacidad y racionalidad, en su ética y su sensatez. Solo las personas muy sensatas se escapan de la tentación de, al llegar al poder, imponer sus posiciones e intereses al país.

Por ejemplo: No comparto sus posiciones conservadoras en cuanto a libertades sociales, el derecho de los homosexuales a contraer matrimonio, y la liberalización de la prohibición absoluta del aborto. Pero que un potencial presidente tenga estas posiciones conservadoras no me preocupa, si tiene suficiente tolerancia y apego a la ley para respetar un cambio de legislación, en caso que surja una mayoría social y legislativa para consensuar estas reformas. Es clara su posición: No voy a gobernar con la biblia, sino con la Constitución.

A veces se me generaron dudas, cuando vi que a Javier Simán lo apoyan fervientemente personas con los cuales no comulgo por nada. Pero observo también que Javier Simán acepta estos (y otros) apoyos sin hacerse dependiente de las agendas de nadie. Se me dibuja la imagen de un candidato que atrae apoyos muy fuertes de sectores muy diversos: de conservadores y fundadores, pero al mismo tiempo de los sectores más progresistas y liberales, que dentro de ARENA y la sociedad civil empujan la renovación, la lucha contra la corrupción y la transparencia. Uno podría pensar que esto solamente lo puede lograr un candidato de doble cara y doble discurso. Pero en el caso de Simán no es así: Tiene un discurso muy franco, muy claro y anclado en principios. No dice lo que la gente quiere escuchar. Es de los tres precandidatos de ARENA el que más está dispuesto a tomar posiciones impopulares y a desafiar viejas tradiciones y discursos de ARENA. Hace críticas a ARENA y su pasado mercantilista, de corrupción e de imposición, aunque pueden ofender a los conservadores; y tampoco esconde sus posiciones conservadores en asuntos religiosos, aunque pueden chocar con los liberales.

Si alguien logra con (o a pesar de) esta franqueza ganar adeptos tanto de conservadores y liberales, de fundadores de ARENA y de progresistas y hasta sectores que provienen de la izquierda, y si lo logra sin caer en doble discurso, entonces es un excelente candidato. ¿Y no quieren los areneros que su candidato tenga capacidad de unir al partido? ¿No quieren un candidato que sepa unir la corriente conservadora y la corriente liberal para derrotar las corrientes autoritarias y populistas?


Lo mejor que puede pasar a ARENA es un candidato con un liderazgo capaz de asegurar que las diferencias entre conservadores y liberales no dividan esta mayoría ciudadana que hay que construir para derrotar al populismo, tanto en su versión tradicional del FMLN como el emergente de Nuevas Ideas. A esto se refiere Javier Simán cuando insiste que no es el momento de dividir la sociedad con un gran debate sobre temas como matrimonio y aborto, sino de responder a las necesidades básicas de la gente: seguridad, educación, salud, empleo.

Javier Simán es el candidato que tiene claro en qué temas hay que marcar claras diferencias (y si es necesario, confrontar con claridad, sin miedo a la polarización), y en cuáles temas no.

Lo que me refuerza esta convicción es mi propia experiencia con Javier Simán. Ya en su función de presidente de ASI, lo conocí como alguien dispuesto a escuchar y a aceptar posiciones críticas y divergentes. Esto es positivo, pero implica el riesgo de no tomar decisiones, para nunca quedar mal con nadie. No es el caso de Simán. Discute para poder tomar decisiones y fijar posiciones. A los que no lograron convencerlo en un determinado tema, en vez de alejarse de ellos, los invita a sostener sus diferencias y aportar donde hay coincidencias. Esto es una calidad muy rara en personas que ejercen poder. Por esto, cuando Javier Simán, para construir su gobierno, no las va a buscar a los que fielmente coinciden con todas sus posiciones políticas, ideológicas o religiosas, sino a los más idóneos. Y la definición de idóneo incluye que tengan criterio propio y crítico, pero disciplina para ejecutar lo acordado.

Conozco a Javier Simán como un hombre que sabe delegar y fomentar la iniciativa de los miembros de su equipo, pero sin dejar de asumir la última responsabilidad. Estoy seguro que con él no habrá un gabinete negociado entre sectores y sus intereses, sino un equipo compacto con claro liderazgo. Esto es lo que el país necesita luego de 2 gobiernos con falsos liderazgos – y uno sin liderazgo.

En los debates, a pesar de las limitaciones de sus formatos, hemos visto que Simán tiene conceptos claros de cómo incentivar la reactivación de la economía, pero también para políticas de inversión social que rompan con la tradición del clientelismo y jugarán un papel clave para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza, pero al mismo tiempo para la construcción de la paz social – y por tanto, para construir políticas de seguridad que ataquen la raíz del problema. Este candidato entiende que aparte de una PNC eficiente que logre recuperar la mística con la cual fue fundada, y aparte de una firme aplicación de la ley, se necesita que el Estado focalice todos sus esfuerzos en la transformación integral de los barrios donde ha perdido presencia y legitimidad.

Por todas estas consideraciones, y sin menospreciar las cualidades manifiestas de Gustavo López Davidson y Carlos Calleja, recomiendo a los areneros a votar el 22 de abril por Javier Simán.

Anuncios

Carta a Hugo Martínez: Bienvenido al ring – pero a luchar. De Paolo Luers

19 abril 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Estimado Hugo:
Me llega que al fin te hayas decidido a retar a la cúpula y su candidato Gerson. Me llega también que Óscar te esté apoyando. Aunque resulta un poco contradictorio que tú pidas que las autoridades del partido que no apoyen a ningún candidato en la contienda interna, pero tienes a la par al vicepresidente, quien desde el 4 de marzo prácticamente sustituye al presidente de la República. También es problemático que tú y Óscar hacen el anuncio de tu candidatura en un evento oficial del Estado, con ministros sentados a la par. No es el mejor arranque…

Me llega también que prometiste promover la autocrítica que el FMLN nos debe por sus errores. Me imagino que tienes claro que una parte de esta autocrítica te toca a ti mismo. Fuiste canciller de Funes y alguna responsabilidad tendrás, por lo menos de haber permitido la corrupción en la administración Funes. Y como canciller de Funes y luego de Sánchez Cerén fuiste responsable de la política exterior que nunca dejó de defender a la dictadura de Chávez y Maduro en Venezuela, marginando a El Salvador del consenso continental y con Estados Unidos.

Eres el indicado de hacer esta autocrítica, porque sabemos no fuiste el arquitecto de esta política exterior, sino su fiel ejecutor. Si quieres presentarte como el candidato que no va a continuar los mismos errores, tendrás que explicarnos públicamente dos cosas específicas: Primero, ¿cómo se va a diferenciar la política exterior de un presidente Hugo Martínez de la política exterior de Funes y Sánchez Cerén, supeditada a los intereses de los regímenes de Cuba y Venezuela? Y segundo, ¿cómo piensas erradicar la actual sumisión del gobierno a la dirección de la cúpula partidaria?

Si no tematizas estos temas, sobre todo el segundo, en el debate interno que ahora comienza, nunca vas a obtener un mandato de las bases del partido de corregir estos errores que han hecho fracasar los dos gobiernos del FMLN. Si no consigues este mandato, tal vez seas electo candidato, pero sin ningún poder para formar un gobierno libre de ataduras ideológicas.

Quienes te conocemos sabemos que, igual que Óscar Ortiz, siempre has sido crítico de la rigidez ideológica de la dirección del FMLN y sus imposiciones autoritarias. Pero igual hemos observador que, igual que Óscar, siempre te has adaptado. Si quieres ser el candidato para salvar al FMLN, no puedes seguir con esta actitud floja, sino tienes que desarrollar lo que hasta ahora no hemos visto: liderazgo y firmeza de posiciones. Tal vez ahora, en tiempos de crisis del FMLN, tendrás las condiciones para asumir este liderazgo. Sería positivo para el partido y para el país.

Me encanta la posibilidad de que al fin en el FMLN se genere un debate serio y transparente. Pero no se generará por sí solo, requiere valentía y firmeza por parte de los protagonistas de la contienda. Muchos que nos hemos alejado del Frente, deseamos que esto pase. El FMLN es uno de los pilares del pluralismo político que hemos establecido con los Acuerdos de Paz, y nadie puede tener interés que se desmorone.

Celebro tu decisión de entrar en la contienda, y acompañaré este proceso de la misma manera crítica-constructiva que he mostrado frente al proceso interno de ARENA.

Saludos,

Glasswing y la sociedad del futuro. De Manuel Hinds

18 abril 2018 / El Diario de Hoy

Este lunes Glasswing International, una institución formada en El Salvador por salvadoreños, ganó una gran distinción otorgada por una fundación internacional de mucho prestigio. Compitiendo con mas de 20,000 personas de 191 países, Celina de Sola, Vice-Presidente de Programas de Glasswing, ganó una de las once becas que la Fundación Obama ha otorgado para participar en su programa de 2018, y así se convirtió en una miembro de la primera cohorte de becarios de esa fundación. Esta participación abre nuevas puertas para Glasswing, que ya ha abierto muchas puertas por sí misma.

Fundada en 2007 por Celina, su hermano Diego de Sola y su esposo Ken Baker, Glasswing ha estado haciendo por 11 años algo que muy pocas veces se encuentra fuera del mundo desarrollado: el trabajo de día a día para crear en la población un espíritu de cooperación con obras de empoderamiento comunal, y en el proceso usar ese espíritu para generar cohesión social, emprendedurismo, empleo, salud, educación y proyectos especiales, como ayuda en crisis de migración. Es un esfuerzo para que los ciudadanos, aprendiendo a resolver sus propios problemas y los de sus vecinos, conformen comunidades capaces de crear una sociedad unida, reconciliada consigo misma y empoderada para lograr el desarrollo pleno de sus habitantes.

La importancia de esta actividad no puede exagerarse. Es mucho mas importante que lo que uno puede pensar cuando uno cree ingenuamente que solo lo que puede cuantificarse existe o es importante. En realidad, la característica principal de las sociedades desarrolladas no es la belleza de sus ciudades, ni sus impresionantes maquinarias, ni siquiera la educación y salud de sus gentes. Estas son consecuencias de otra característica de las personas: su cohesión social y su capacidad de generarla en las nuevas generaciones. Esta no es una cualidad de los gobiernos, sino de su gente, que la adquiere, la demuestra y la trasmite desde su infancia hasta su vejez. Cuando los gobiernos demuestran esta cualidad, lo hacen porque la ciudadanía se las pide, y porque, siendo los funcionarios también ciudadanos, lo llevan en su sangre.

Esto es lo que hace que estos países sean capaces de crear democracias de abajo para arriba, basadas en el sentido de comunidad que se ejerce en las pequeñas localidades y luego se proyecta a los gobiernos nacionales. El orden de estos países no provienen del gobierno; el gobierno proviene de ese orden. Y es ese orden, basado en una cohesión social a toda prueba, que esos países han logrado tener economías productivas, que proveen a todos sus ciudadanos de una educación y una salud de primer orden, que a su vez es la base de la productividad de la economía.

Como bien sabemos en la América Latina, esa cohesión social no se da naturalmente. Es el resultado del trabajo duro de la sociedad entera, que participa en el manejo y la financiación de las escuelas, los hospitales y centros de salud, y que dan su trabajo y sus recursos para ayudar a sus semejantes en todas las dimensiones de la vida. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay ninguna enfermedad ni problema que uno pueda imaginar que no tenga grupos de apoyo a los que se pueden acercar los que sufren de ellos.

Estos ciudadanos, organizados en grupos e instituciones de ayuda, fueron los que desarrollaron las sociedades europeas y norteamericanas durante la Revolución Industrial y las convirtieron en sociedades de clase media, resolviendo los graves problemas que la revolución misma creó al concentrar las poblaciones en enormes ciudades en donde la gente vivía hacinada, en pobreza y sujeta a inseguridad personal. En esa época, lo que hacían estos grupos era lo único que las sociedades hacían para resolver los problemas sociales, porque los gobiernos no consideraban que era su obligación resolver estos problemas.

Para finales del siglo XIX y principios del XX, cuando los gobiernos comenzaron a preocuparse de estos problemas, ya muchos de ellos habían sido resueltos o al menos sustancialmente disminuidos por la sociedad civil actuando en proyectos de cooperación con los menos afortunados.

El Salvador, igual que toda Latinoamérica, ha carecido siempre de esta cohesión social, y de los grupos de personas que la manifiestan para el beneficio de la sociedad entera. Por muchos años hemos dependido de organizaciones extranjeras de desarrollo comunal, de personas que, habiendo resuelto los problemas de sus países, se han volcado a ayudar en la resolución de los nuestros, que para ellos somos extranjeros. Pero la esencia del secreto del desarrollo es que no se puede generar la cohesión social que lo produce si otros hacen por uno lo que uno mismo debe hacer para lograrlo. Como en un equipo de fútbol, lo esencial es la coordinación, la gana de ganar, y la moral alta, cosas que solo se pueden lograr si el equipo mismo juega y se coordina, y se contagia con la gana de ganar y con la moral de la victoria. Esto es lo que hace Glasswing, y lo hace tan bien que ha tenido este triunfo tan merecido.

Cuando alguien pregunte qué puede hacerse para desarrollar el país, dígale que participe en obras como Glasswing. Eso es exactamente lo que necesitamos para crear una comunidad del conjunto de los salvadoreños, ahora tan distanciados entre sí, creando la cohesión entre diversas clases sociales que es esencial para forjar una nacionalidad propia, y una sociedad en la que la gente se sienta satisfecha. En el proceso, usted ayudará a la formación de empresarios modernos y trabajadores educados, que son la base del desarrollo en la economía del conocimiento del Siglo XXI.

Continua en EDH el debate sobre la penalización absoluta del aborto: Federico Hernández, Rubén Zamora, Gaby Trigueros, y Mónica Pacas

Continua el debate que El Diario de Hoy ha abierto en sus páginas sobre la penalización absoluta del aborto y la propuesta de reforma. Comenzó con artículos de Morena Herrera y Regina Cardenal, siguieron tres columnas de Claudia Cristiani, y continúa ahora con posiciones de Federico Hernández Aguilar, Mónica Pacas de Rodríguez, Gaby Trigueros, y Rubén Zamora. Vamos a seguir documentando este debate.

Segunda Vuelta

 

Vidas en juego
De Federico Hernández Aguilar

17 abril 2018 / El Diario de Hoy

En tres largos artículos escritos por mi amiga Claudia Cristiani, en su apoyo a la propuesta de despenalización del aborto presentada por el diputado John Wright, ella ofrece a sus lectores un panorama sobre la realidad ética y profesional de la medicina en El Salvador, que coincide con las historias de horror que la prensa mundial ha difundido en el mundo entero sobre la supuesta e inequívoca relación que existe aquí entre la defensa legal de la vida embrionaria y las muertes de mujeres y niñas embarazadas.

Este panorama, de hecho, es tan salvaje e inhumano que el Estado salvadoreño tiene “ya decidido” que una mujer embarazada no reciba “tratamiento médico contra el cáncer” (sic), que las niñas violadas se vean “obligadas a llevar a término el embarazo” (sic) aunque mueran en el intento y que los especialistas no tengan “seguridad jurídica para actuar” (sic) en caso de urgencia para salvar la vida de la madre. Para completar el cuadro, Claudia menciona “que las complicaciones relacionadas al embarazo y al parto son las principal causa de mortalidad entre niñas menores en edad reproductiva”, sin aclararnos que esa aseveración no corresponde a nuestro país sino a un informe mundial de la OMS.

Pero veamos. Para analizar con la debida seriedad este paisaje desolador, el sentido común nos lleva a plantear algunas interrogantes. De ser cierto lo que se afirma, ¿cuántos médicos son demandados al año por los parientes de niñas fallecidas debido a que no fueron intervenidas a tiempo durante su embarazo? ¿Cuántos jueces, colocando al embrión por encima del derecho a vivir de la madre en un caso complejo, han fallado contra esas madres o contra el personal sanitario responsable? ¿Qué profesionales de la medicina, bajo la pretendida “incertidumbre” legal que existe, han dejado morir a sus pacientes gestantes por desconocimiento (inexcusable) de los protocolos que se utilizan en los embarazos complicados?

Según la versión de los artículos que hoy comento, a estas alturas deberíamos tener cifras exorbitantes para responder con propiedad a estas tres preguntas sencillas. Las asociaciones feministas radicales y el mismo gobierno —que, por cierto, dedican ingentes esfuerzos a la búsqueda de estos casos, hasta por debajo de las piedras— tendrían munición de sobra para ilustrar a los diputados y darle la razón al señor Wright. Curiosamente, lo único que hasta la fecha han podido presentar es una historia manipulada que dio la vuelta al globo —la penosa crónica de “Beatriz”— y diecisiete narrativas criminológicas no vinculadas al delito de aborto. Poco, a decir verdad, para ese terrible infierno que a Claudia le han pintado sus fuentes.

¿Por qué la causa abortista no tiene estas escandalosas cifras a su disponibilidad? Precisamente porque la práctica deontológica médica incluye el “doble efecto” —equivalente al legal “estado de necesidad” o “inexigibilidad de otra conducta”, aludidos por Claudia— y los profesionales de la medicina (los que actúan con ética al menos) lo aplican sin mayores problemas, sobre todo en las situaciones en que existe una evidente colisión de derechos entre la madre y su bebé.

El “salvajismo” con que a veces se quiere revestir a nuestra legislación vigente le hace daño a la reputación del país de manera innecesaria. Ya suficientes problemas tenemos con nuestra diaria ración de violencia como para que nos prestemos a colaborar con esa ofensiva internacional que pretende imponernos su agenda abortista, con la ONU por delante.

La dura realidad de las violaciones a menores de edad invitan a que hagamos un amplio examen sobre las alternativas que existen, sin agregar a la tragedia del ataque sexual el otro drama del aborto. Para llegar a esas alternativas, sin embargo, lo que el diputado Wright debería promover es un debate sobre las causas del problema, en lugar de concentrarse en sus efectos (con los dilemas de moralidad que ello implica). Si hay buena voluntad para enfrentar el asunto desde todos los ángulos, los buenos ejemplos de tratamientos integrales a la llamada “gestación en crisis” están a la orden de quien quiera conocerlos.

Con respecto a la “decisión” que el Estado toma “a priori” para los embarazos difíciles, algunos tenemos una lectura distinta que también merece consideración. Aclarado ya que el Estado salvadoreño no obliga a nadie a morir para salvar a un embrión, lo que sí hace es procurar que ese embrión —el más inerme, el que menos puede defenderse— sea cosificado, anulado, destruido sin justificaciones válidas. Y yo personalmente estoy de acuerdo con que así sea, porque de lo contrario estaríamos habilitándonos como sociedad a poner condicionamientos al derecho a vivir. Y ya la historia humana ha demostrado con exuberancia hacia dónde nos lleva eso.

Entiendo que a mi amiga Claudia le haga ruido el papel estatal en este tema, pero me sorprende que no le escandalice el resultado práctico de la propuesta del diputado Wright, a saber: que un grupo de legisladores le diga al Estado cuándo nos debe obligar a reconocer que un ser humano es persona, es decir, objeto y sujeto de derechos en El Salvador. (Serían doce semanas, por ejemplo, en el caso de violación de una menor de edad). Si eso no es más arbitrario que la legislación actual, me encantaría conocer un argumento convincente que lo explicara.

Mañana abordaré otros aspectos de la postura de Claudia Cristiani que me parecen dignos de comentar, pero con todo respeto quisiera dejar claro que si los razonamientos detrás del proyecto legislativo del señor Wright coinciden con los señalados por ella, mucho me temo que siguen adoleciendo de sustentación suficiente. Después de todo, como bien dice mi amiga, hablar sobre la realidad del aborto es importante porque son vidas humanas las que están en juego.

 

Las columnas de Claudia Cristiani sobre el tema:
El aborto en el Código Penal
De lo teórico a lo real

Nuestros valores y derechos

Las columnas de Morena Herrera y Regina Cardenal

La columna de José Miguel Vivanco
La entrevista a Vivanco

 

¿Por qué ahora? Una reflexión en torno al aborto. De Rubén Zamora

17 abril 2018 / El Diario de Hoy

En las últimas semanas se ha recrudecido el debate sobre la reforma al Código Penal respecto a la despenalización del aborto terapéutico, es decir, si es permisible que un médico, con el consentimiento de los interesados y durante los primeros meses del embarazo, pueda practicar el aborto en los casos de violación de una menor o cuando esté en inminente peligro la vida de la madre.

Nadie está pidiendo el aborto como un derecho absoluto de la mujer, cosa que como cristiano no puedo apoyar, aunque respeto las opiniones de quienes lo sustentan; pero este no es el caso en nuestro país, simplemente se trata de reintroducir algunos –no todos– los casos de aborto terapéutico permitido por la anterior legislación penal vigente por décadas y décadas, al igual que en la mayoría de los países del mundo, excepto unos pocos cuya base son países de religión islámica.

Los oponentes a esta reforma, argumentan, por un lado que permitirlo es un asesinato y por otra parte que el aborto es una violación ala ley divina de “no mataras”; ambos argumentos me parecen muy débiles.

Respecto al asesinato, se maneja como una apelación emotiva típicamente populista y no racional que apela al laudable sentimiento de preservar la vida, pero que, como todo sentimiento esta sujete a un buen numero de excepciones; aun más, analizado desde el punto de vista jurídico, carece de toda validez, pues carece del elemento de dolo, que es esencial en el asesinato; la motivación de estos casos es de otra naturaleza que igualmente apela sentimientos humanitarios; cuando se trata del aborto por violación, la motivación es el daño causado por un crimen en una persona legalmente indefensa y en el otro caso, es claro que la motivación es salvar una vida, la de la madre. Por otra parte, argumentar que porque la ley hoy no lo permite, queda absolutamente prohibido, no pasa de ser un sofisma, pues si la ley antes lo permitía, es la ley misma –en concreto la Asamblea Legislativa– la que puede permitirlo.

Respecto a la transgresión a la ley divina de “no matarás”, de nuevo nos encontramos con un sofisma, pues en la historia de la humanidad, si bien los preceptos divinos han sido y son un invaluable guía para la humanidad, están sujetos a excepciones que la sociedad acepta y apoya; el caso más evidente es que prácticamente todos los países aceptan no solo la existencia de los ejércitos y policías, sino la facultad que tienen de matar en determinados casos que la ley establece; así mismo, tenemos el caso de la legitima defensa que es universalmente reconocida y para abundar, recuerden que otro precepto divino es “no robarás”, pero el cristianismo desde Jesucristo le da la excepción de que en caso de estar muriendo de hambre es ético y licito robar alimentos.

Para terminar, quisiera plantear a quienes adversan las excepciones al aborto una pregunta: ¿por qué hasta ahora reclaman el cumplimiento de la ley divina y claman por asesinatos, si nunca lo hicieron cuando nuestra ley penal no solo permitía estos dos casos de aborto sino otros más? ¿Acaso entonces no eran asesinatos ?… ¿Acaso en todas esas décadas no estaba vigente la ley divina que hoy aducen? Porque no puedo pensar que ha sido por ignorancia de la ley y de la realidad del país, sobre todo cuando entre los que los acuerpan hay eminentes abogados que pasaron por estudios de Derecho Penal en la universidad.

 

Lo que en verdad está en juego
De Mónica Pacas de Rodríguez

17 abril 2018 / El Diario de Hoy

Viendo las noticias, leyendo las redes sociales y escuchando lo que las personas comentan, me doy cuenta de que hay una terrible confusión cuando se habla y se discute en relación a la legalización o no del aborto llamado terapéutico o al aborto en los casos de embarazos fruto de una violación.

El viernes pasado presencié dos momentos diferentes en torno a este tema: el primer momento, una persona adulta, estudiada y formada, me preguntaba por qué no se debía considerar el aborto cuando el embarazo era fruto de las situaciones antes mencionadas. En ambas situaciones que están siendo consideradas legalizar, el bebé es no deseado y hasta odiado tal vez y se argumenta que se pone en riesgo la salud física y/o mental de la madre en caso de continuar el embarazo. El segundo momento, unos adolescentes hablando con total claridad y sentido común sobre por qué no se deben legalizar estos casos. A esto, sumémosle el debate que se ha generado a través de los diferentes medios masivos y otros ámbitos.

Esto me llevo a preguntarme la razón de esta ironía: los jóvenes con una consciencia clara y los adultos confundidos… La única respuesta que me resultó coherente es que las personas mayores estamos más “cargados”. Me explico.

En mi opinión, los adultos hemos sido influenciados poco a poco por una genial campaña a favor del aborto, en la que jugando con nuestras emociones, nos han ido presentando casos espeluznantes que nos han tocado la fibra de nuestro ser; y como es natural en todos, ha generado una reacción de rechazo ante estos embarazos. Algunos ejemplos: el papá que viola a la niña de 12 años y la deja embarazada; la señora que tiene cuatro hijos y ahora ha desarrollado una enfermedad que pone en riesgo su vida si continúa con el quinto embarazo; y así otra y otra y otra… Estas son realidades muy dolorosas que lastimosamente aquejan en nuestro país. Nadie lo puede negar. Y ese dolor compartido es algo que nos une a todos.

Sin embargo, se plantea el aborto como la única opción viable, cuando hay muchísimas medidas más que se pudieran implementar, en caso de querer ayudar a estas madres realmente. Se habla del aborto como de quitar una muela, sin hablar sobre las consecuencias que conlleva, tanto físicas, como mentales y emocionales.

Me parece que lo medular en esta discusión es que se está olvidando y dejando de lado el valor de la vida humana, que es el valor por excelencia. Sin vida no hay nada. Sin vida, todos los demás derechos humanos pierden sentido. Por tal razón, apelo a la sensatez y buena voluntad de quienes nos representan en la Honorable Asamblea Legislativa para que con audacia y valentía defiendan el valor de la vida y lo pongan por encima de cualquier otro tipo de interés o presión internacional. Y recordar que nadie, tiene el derecho de decidir sobre la vida de una persona. E invito a todos los salvadoreños a no dejarse confundir y cargar con amenazas, promesas e intereses personales o sectoriales. Informémonos bien antes de impulsar medidas que con certeza irían en detrimento de nuestra sociedad y encontremos otras alternativas que serían más favorables para todos. ¡Defendamos juntos la vida!

 

Nosotras decidimos
De Gaby Trigueros

18 abril 2018 / El Diario de Hoy

Quiero iniciar esta columna aclarando dos puntos que son esenciales y básicos. Primero, el Estado es laico y se ha diseñado de esa forma para que todos sus ciudadanos puedan convivir de manera civilizada, respetando las distintas creencias que cada uno pueda tener. Por ello es que existen cientos de países con miles de personas religiosas (de todo tipo) que se rigen bajo un marco de laicidad. Segundo, personalmente quiero hablar de la interrupción del embarazo en casos extremos, no promuevo una despenalización total ni tampoco me considero una “asesina”, que es como algunas personas, las que no han comprendido estos dos puntos básicos, me han señalado irresponsablemente. No entraré a detalle con los señalamientos, no vale la pena.

El tema de la despenalización del aborto en nuestro país ha sido extremadamente escabroso y, principalmente, incómodo para el sector ultraconservador de nuestra sociedad. Ese no es ningún secreto. De hecho, es ahí donde se origina el entrampamiento de este tema que no logra concretar un debate de altura y madurez en la Asamblea Legislativa, ante lo cual es importante esclarecer que este no debe ser un tema que se oriente bajo argumentos religiosos y mucho menos personales. Estamos hablando de una reforma al Código Penal en su artículo 133 A, para lograr que las mujeres salvadoreñas puedan tomar una decisión propia, con el apoyo de sus familias y orientación médica, y que no sea el Estado el que imponga una decisión en esos casos extremos.

Profundicemos en los casos extremos. Para ello les planteo un caso hipotético: si usted tuviese dos hijos y se vuelve a embarazar, y en el desarrollo de su embarazo el doctor diagnosticó que es un embarazo de alto riesgo y que usted podrá perder la vida, ¿quisiera usted que el Estado imponga una decisión absoluta sobre su caso, o prefiere tomar una decisión junto a su esposo y familiares bajo consejo médico? Retomemos el mismo caso hipotético, solo que en este, usted es soltera, viuda o simplemente no existe esa figura paterna para sus hijos, ¿qué será de sus hijos? ¿Quién debe escoger lo mejor para ellos, usted o el Estado? Ahora imaginémonos un caso extremo mucho más crudo, una niña de 12 años de escasos recursos fue violada por su tío, ella apenas podrá portar otra vida en su cuerpo y no tiene las posibilidades de recibir una nueva vida a este mundo bajo las condiciones dignas más básicas; esta niña no tiene a su padre, solo a su madre, ¿será justo que el Estado decida por ella o es mejor que la madre y sus médicos la orienten a tomar una decisión?

Considero importante mencionar que estoy hablando del poder de tomar decisiones sobre nuestras vidas y cuerpos, no estoy hablando de una obligación ante una interrupción del embarazo. Nada debe ser obligatorio; por ello el simple hecho de dignidad humana debe ser suficiente para que nadie imponga una decisión sobre alguien, ni el Estado ni ninguna organización. Las mujeres salvadoreñas somos capaces de tomar decisiones sensatas, de orientarnos adecuadamente con apoyo médico, y de escuchar a nuestra familia y saber qué es lo mejor para ellos, de todo esto y solo esto, debe abordarse el debate de la reforma al Código Penal. Este es un tema de ley que debe velar por el bienestar y salud de las mujeres salvadoreñas, como también debe fortalecer la capacidad de toma de decisiones que merece por derecho cada mujer.

La clave de la solución al problema está en debatirlo sin fanatismos o posturas absolutas, centrándonos en la protección de la vida y la salud de la mujer. Tengamos la capacidad de ponernos en el lugar del otro para debatir con argumentos con altura. Es lo mínimo que merecemos las mujeres salvadoreñas.

@lagabyt

 

Vidas en peligro (2)
De Federico Hernández Aguilar

18 abril 2018 / El Diario de Hoy

En uno de sus artículos de respaldo al proyecto legislativo del diputado John Wright sobre el aborto, Claudia Cristiani nos hizo a sus lectores unas preguntas en torno a qué decisión tomaríamos si, de llegar a concretarse durante el embarazo una situación límite, nos tocara elegir entre la vida de nuestra cónyuge y la del hijo en sus entrañas. Como no tengo razones para esconder en mi conciencia esa respuesta, la doy sin problemas: los dos embarazos exitosos que hemos tenido fueron de alto riesgo, y la decisión de llevarlos hasta el final —pasara lo que pasara— ya estaba tomada por ambos.

Por supuesto, aunque admire como admiro la heroicidad de mi esposa, tengo claro que nuestras convicciones no pueden ni deben imponerse por ley a las demás parejas. Y aquí llegamos de nuevo a la arbitrariedad que yo mencionaba en mi artículo de ayer. El principio está por encima de la casuística. Por mucho que toda legislación tenga un grado inevitable de discrecionalidad, cuando estos marcos legales hacen referencia al derecho a la vida, nuestros criterios tienen que ser más amplios e interdisciplinarios que en otros asuntos. Me parece la posición más ética.

La jerarquía del derecho a vivir por encima de los demás derechos es no solo de orden social sino cronológico: jamás he visto a un muerto defendiéndose de nada. Pero el que incluso ese derecho tan importante tenga en la práctica límites y excepciones —los cuales también expliqué ayer— no significa que una legislación que señale o amplíe las causales para limitarlo sea la mejor respuesta en circunstancias complejas.

En última instancia es irrelevante cómo se llegó a determinada reforma en un código penal, siempre y cuando haya quien sepa exponer razones válidas para su vigencia. Si solo las falsedades a que se ha recurrido en otros países para legalizar el aborto invalidaran esas reformas, Estados Unidos, México, Chile y media Europa tendrían que volver a ilegalizarlo. La cuestión es cómo argumentamos nuestras posiciones y a qué fuentes recurrimos para ello.

Reconozco en Claudia la buena fe cuando dice que la propuesta de Wright “no pretende abrir puertas que siempre han estado cerradas” al aborto. El problema es que la evidencia histórica dice exactamente lo contrario. España, Alemania, Estados Unidos, Holanda, y un largo etcétera, son países cuya legislación permisiva de la interrupción del embarazo empezó con “excepcionalidades” y ha terminado ampliándose hasta prácticamente borrar casi cualquier obstáculo para las mujeres que quieran deshacerse de sus hijos.

No basta, pues, la buena fe. Se debe tener presente los contextos históricos en que ciertos proyectos de ley son empujados y el efecto que estos pueden tener en otros grupos de presión, que suelen necesitar de muy pocos resquicios para lanzarse a radicalizar los marcos vigentes. Tampoco debemos asumir que la verdad moral de las decisiones políticas descansa en mayorías coyunturales, como ya he tenido ocasión de exponer en otros artículos. Si casi todas las encuestas señalan hoy que los salvadoreños rechazan el aborto, cualquier cambio en esa opinión no dotará al aborto de mayor o menor moralidad.

Confieso que me costó mucho entender en qué sentido mi amiga Claudia introdujo el tema de la separación entre Iglesia y Estado en el último de sus tres artículos. Es obvio que nuestro Estado es laico y que a las diversas denominaciones cristianas les asiste el derecho de defender sus puntos de vista como a cualquier agrupación ciudadana. Por qué se insiste en eso dado que la decisión final queda en manos de legisladores, la verdad, no me queda claro. A menos que se presuponga que las iglesias están haciendo cosas indebidas para presionar a los diputados.

Si ese fuera el caso, las presunciones no solo deberían dirigirse a las creencias religiosas de la gente, sino también a las ideologías (que son otras formas de creencia, pero más perniciosas), porque es evidente que detrás del movimiento abortista en El Salvador hay bastante subjetividad y poca ciencia, además de mucho, mucho dinero. Si ese financiamiento se destina únicamente a movimientos feministas privados, la situación tal vez no sea tan grave; pero si por allí se cuelan fondos para partidos políticos o campañas gubernamentales, estaríamos delante de una intromisión escandalosa que convendría denunciar a nivel internacional.

Pero volvamos al tema de la arbitrariedad. Si yo le preguntara al diputado John Wright por qué doce semanas es un tiempo científicamente defendible para considerar “persona” a un ser humano en El Salvador, ¿cuál sería su respuesta? Si aludiera al aborto criminológico que tuvimos antes o a legislaciones de otros países, la pregunta seguiría en el aire: tampoco sus pares en esos países le ofrecerían respuestas satisfactorias, objetivas, apoyadas en las especialidades científicas a que corresponde acudir.

¿Qué diferencia habría entonces entre la justificación de hoy con una que en el futuro proponga que ese periodo de doce semanas se amplíe a quince o a veinte? Objetivamente, sin ciencia de por medio, no habría diferencia posible. Y eso es lo que pasa cuando nos arrogamos la autoridad para decidir quién vive y quién no vive: quedamos aparcados a centímetros de las tiranías.

Carta sobre Carla y Karla. De Paolo Luers

Paolo Luers, 17 abril 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Carla y Karla.
Carla Ayala y Karla Turcios.
Una agente policial y una periodista.

Una secuestrada y asesinada por un colega policía del GRP, hace 3 meses y 2 semanas. La otra secuestrada y asesinada por desconocidos, hace 3 días. Un caso de impunidad institucional dentro de la misma corporación policial. No me recuerdo haber escuchado al presidente de la República ordenando al director de la PNC esclarecerlo a la brevedad. El otro, un caso que el presidente inmediatamente ordenó investigar, vía Twitter. No creo que hará alguna diferencia.

Ambos casos no tienen que ver con pandillas. El de Carla con toda seguridad, porque se sabe quien es el policía culpable y quienes son los policías que le facilitaron el secuestro y la fuga. En el caso de Karla, ni siquiera Howard Cotto señala responsabilidad de pandilleros, como siempre hace, aun antes de comenzar la investigación.

Carla y Karla son dos casos emblemáticos. El primero, porque revela el problema de impunidad y encubrimiento dentro de la PNC; el otro, porque se trata de una periodista. Ambos casos demuestran que tenemos problemas que van mucho más allá de las pandillas. Problemas serios, como violencia a manos de policías, violencia machista contra mujeres dentro de la policía, porque el de Carla Ayala no es un caso aislado. Y problemas con violencia social, que posiblemente está detrás de la muerte de Karla Turcios. Ojala que no resulte que también tengamos un problema de violencia contra la libertad de prensa – flagelo muy serio en países vecinos como México y Honduras, que hasta la fecha no hemos observado en El Salvador.

Todos los políticos hablan de la violencia de las pandillas. Es inevitable y necesario, porque afecta diariamente a amplios sectores de la población. Pero aparte de Javier Simán no he escuchado a políticos señalando la violencia policial, tanto dentro de la PNC, como contra personas detenidas y de manera indiscriminada contra los jóvenes que habitan las comunidades con presencia de pandillas.

Me pregunto cuántos asesinatos quedan impunes, porque automáticamente la PNC los pone en la cuenta de las pandillas y no sigue otras pistas de investigación. Lo mismo pasó durante la guerra. Cualquiera podía matar a un vecino o incluso familiar por algún pleito, y el caso fue adjudicado al conflicto armado.

No menciono todo esto para reforzar el falso lugar común que seamos un país que tenga la violencia en su ADN. No es cierto. Tenemos violencia, y nuestras instituciones para investigarla no funcionan. Esto quiero señalar.

Y esto tiene que cambiar. Casos no resueltos como el de la agente Carla no pueden pasar. Y casos como el de Karla no pueden quedar impune, como cientos de otros que simplemente van a archivo como crimen de pandillas, pero sin esclarecer y sin que los autores lleguen a enfrentar la justicia.

La impunidad por falta de capacidad (y a veces, como el caso de Carla, de voluntad) de investigar es una de las deudas de los gobiernos que hemos tenido, y el que elijamos en febrero la tiene que saldar. 

Saludos,

Políticas para Iris. De Cristina López

Cristina López, 16 abril 2018 / El Diario de Hoy

Hay un podcast que se produce con el apoyo de la Radio Pública Nacional estadounidense que se llama Radio Ambulante. Cada episodio sale al aire de manera semanal y dura alrededor de 30 minutos, siempre contando historias desde distintos rincones de América Latina; a veces de la voz de valientes y curiosos periodistas, a veces en primera persona, de la voz de los protagonistas. Es la manera más barata de viajar un ratito por Latinoamérica y empaparse en acentos y colores que la distancia de inmigrante tinta con nostalgia.

Sin embargo, desde que en la introducción dijeron en el más reciente episodio que la historia se situaba en San Salvador, se me revolvió el estómago. Para nada en el estilo de nihilismo tropical de Castellanos Moya, más bien de angustia e impotencia, porque desde afuera, El Salvador y sus historias solo son maras y violencia. A veces por puro amarillismo, otras veces por simple pereza periodística que recurre al estereotipo y al lugar común, pero El Salvador de los medios internacionales es casi siempre unidimensional. Este episodio de Radio Ambulante es, predeciblemente, de las maras, pero solo tangencialmente. La historia de San Salvador que el podcast le contó a los miles y miles de oyentes fue más bien sobre una ciudadana llamada Iris y sobre la vida que lleva a pesar de las maras.

En el episodio, Iris se oye desenvuelta y habla con soltura. Explica de manera simple y accesible el purgatorio en el que viven tantos ciudadanos “neutrales” (por referirme de alguna manera a quienes no pertenecen a las maras) cuyas colonias han sido divididas de manera arbitraria por dos pandillas rivales. Contando su historia, Iris explica que en nuestra capital, volver a casa cada día después de la jornada laboral es “un logro”. Iris comparte con la audiencia internacional una anécdota en la que, dentro de una coaster, fue la lluvia la que la salvó de que una “jaina ” (o una mujer relacionada con un Madero) se bajara con ella luego de amedrentarla y amenazarla de que debía cambiarse el tinte de pelo o sufrir las consecuencias a manos de la pandilla ofendida por cualquiera de las maneras en las que interpretaron su tinte capilar. Al finalizar su historia, Iris suspira aliviada considerándose afortunada y bendecida de que salió del incidente viva y sin heridas.

El episodio conmueve porque Iris somos todos. Les separa a algunos la suerte de no tener que moverse en coaster. A otros de vivir en colonias donde el monopolio de la fuerza sigue coherente con el Estado de Derecho en una república y solo lo ejercen las autoridades legales, no las paralegales. A otros, la migración, voluntaria o forzada. Pero eso es pura suerte, porque en nuestro país hay cientos de miles de Iris. Una cifra demasiado importante como para no ser el tema prioritario en la agenda de nuestros políticos.

Estamos a un año de elegir una nueva administración. Están aún frescos los resultados de las elecciones legislativas y municipales. Una generación entera, la generación posguerra, ha crecido como Iris, sabiendo qué hay cosas que no se tienen (como la libertad de pintarse el pelo del color que le de la gana sin que signifique una señal que ofenderá a la mara que ejerce el poder en la zona), pero que por lo menos se vive. Que volver a casa enteros después de trabajar todo el día sea un logro, no debería depender de la suerte o el privilegio con el que se nace, sino de una serie de políticas públicas de largo plazo, pensadas y ejecutadas pensando en las Iris y no en victorias electorales.

@crislopezg

Por vacío de ley tenemos esta campaña electoral. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 16 abril 2018 / El Diairio de Hoy

Hostigamiento es lo que causan las campañas políticas en nuestro país. Vivimos en un permanente proselitismo electoral, donde los políticos -año tras año- ponen su empeño en hacer campaña sin que parezca tal; ni la Asamblea Legislativa ni el Tribunal Supremo Electoral han hecho mucho para regular con más detalle este periodo y hacer que se cumplan los tiempos establecidos en la Constitución. Y tampoco han regulado nada referente a la campaña interna de los partidos políticos.

Vamos por partes. En agosto de 2014, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa realizar las reformas legales necesarias para establecer la democracia interna de los partidos desarrollar el ejercicio de las libertades democráticas (expresión, opinión, crítica pública, petición, reunión, etc.) y afirmar el derecho al voto libre de los miembros del partido. Esto solo se logra con información, con debate público, con contraste de ideas.

En diciembre de 2015 se reformó el artículo 37 de la Ley de Partidos Políticos en cuanto a las elecciones internas dentro de estas instituciones. Se reguló la forma de convocatoria a elecciones, las circunscripciones, los requisitos para los que quieran participar como candidatos, diseño de papeletas, las formas de votar. Pero, y es un gran pero, nada se dijo de la propaganda electoral en los periodos de desarrollo de la democracia interna de los partidos. La ley establece un marco al cual los partidos deben ceñirse para realizar sus elecciones; al no existir ningún límite, los partidos han manejado sus actuaciones con plena libertad.

Si existe una verdadera competencia al interior de los partidos, lo más lógico es que haya una etapa donde se posicionen las ofertas electorales de los competidores y que la militancia tenga la información suficiente para poder decidir por quién votará. Para esto tienen que existir tiempos de campaña, forma de hacer campaña, transparencia, entre otros aspectos; nada de esto fue considerado por la Ley de Partidos Políticos. Por ello, prácticamente cada partido hace lo que quiere en sus campañas internas, sin límite alguno, dirigiendo mensajes -como lo estamos viendo- a escala nacional y no a los militantes.

Con esto no quiero decir que a los ciudadanos que no pertenecemos a ningún partido político no nos interesa la forma en que se eligen a los candidatos para la presidencia de los partidos; claro que sí nos interesa y para informarnos existen las plataformas electrónicas y los medios de comunicación que transparentan estos procesos. Pero deben tener claro que los destinatarios del mensaje son los militantes del partido y no el resto de la ciudadanía. Y que todavía no estamos en elección presidencial sino en etapa de elección interna de candidatos. Ningún derecho es absoluto y así como los candidatos y miembros de partidos tienen derecho a expresarse, otro sector de la población tiene derecho a exigir que se respeten los periodos de silencio. Hay que buscar un balance.

El Tribunal Supremo Electoral es supremo a la hora de interpretar la ley electoral y en este caso no tuvo en consideración que los partidos se encuentran en etapa de elección interna; su más reciente resolución equiparó todas las acciones de los precandidatos del partido ARENA en su elección interna a una campaña de elección de presidente y vicepresidente de la república, que es a la que se refiere el artículo 175 del Código Electoral y 81 de la Constitución. Y por tanto prohibió la divulgación de mensajes de estos en medios de comunicación.

Pregunta: ¿A quién se le pasó la mano? Profesionalmente, creo que tanto al partido ARENA como al Tribunal Supremo Electoral. El partido no supo manejar la campaña como verdaderamente interna, sino que da la percepción de que estamos a pocos días de que se elija al Presidente de la República y no al candidato oficial de un partido; y al Tribunal Supremo Electoral también, pues creo que a su decisión le ha hecho falta considerar esa falta de regulación y suplir esa omisión por la vía de la jurisprudencia electoral, poniéndole límites a los partidos. Que esta experiencia sirva para perfeccionar -vía ley o jurisprudencia- las elecciones y campañas internas de los partidos. Porque si hay vacíos habrá campaña y, a muchos, no les gustará.