La observación electoral en 2018. De Luis Mario Rodríguez

La voz de los que componen a las representaciones extranjeras, generalmente integradas por expertos, por expresidentes y por observadores con amplia trayectoria dada su participación en decenas de elecciones en diferentes países, es imprescindible porque puede pronunciarse sobre la legitimidad del proceso o la falta de esta.

Luis Mario Rodríguez, 22 junio 2017 / EDH

Como en anteriores procesos, en 2018 la observación electoral será fundamental para cuidar la transparencia de los comicios. Se trata de una práctica que ha venido perfeccionándose en las últimas décadas. Su trabajo ya no se limita a verificar el cumplimiento de meros formalismos el día de la elección. Ahora las misiones se instalan con anticipación vigilando aspectos como las “campañas adelantadas”, el uso y la aplicación de la tecnología que se empleará para el conteo de votos, el procesamiento y la transmisión de resultados electorales y la supervisión del financiamiento que invierten los partidos en medios de comunicación. Con posterioridad revisa la efectividad de la justicia electoral.

Las misiones realizan un sondeo con diferentes actores. Exploran la percepción de la sociedad civil respecto del desempeño de la autoridad electoral, examinan los controles que esta última utilizará para evitar que los competidores tomen ventajas prohibidas por la ley y comprueban las estrategias de seguridad allá donde la violencia todavía es un factor que incide en la celebración de las elecciones.

Las misiones internacionales de observación no pueden intervenir en la organización de las elecciones. Tampoco les es permitido pronunciarse en favor de ningún instituto político y les está vedado opinar sobre las acciones del árbitro electoral. Sin embargo, su presencia obliga a las instituciones a cumplir con los requisitos mínimos de toda elección. Las autoridades y los partidos saben que les vigilan y que una vez concluida la votación, las misiones procederán a publicar su informe preliminar. La voz de los que componen a las representaciones extranjeras, generalmente integradas por expertos, por expresidentes y por observadores con amplia trayectoria dada su participación en decenas de elecciones en diferentes países, es imprescindible porque puede pronunciarse sobre la legitimidad del proceso o la falta de esta y, por tanto, avalar o, en su caso, reprobar la manera en la que se desarrolló el ciclo electoral antes, durante y después de los comicios.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) son las dos entidades oficiales que mayor experiencia presentan en la materia. Además del informe que entregan inmediatamente después de concluida la elección, en los meses siguientes, las delegaciones preparan un documento mucho más completo y riguroso que contiene una amplia descripción del proceso, recomendaciones y llamados de atención. Este ejercicio alimenta la agenda de quienes, desde las organizaciones ciudadanas, procuran mejorar los procesos electorales. También contribuye a que los partidos políticos y la entidad que administra las elecciones tomen nota y traten de implementar los cambios sugeridos para los siguientes comicios.

En sistemas como el salvadoreño, en los que se permite “cruzar el voto” y donde la tecnología electoral es indispensable para el cómputo tanto de los diputados que obtienen los partidos como de las preferencias de cada candidato para finalmente asignar los escaños, la observación electoral ha debido especializarse. En estos casos las misiones incluyen expertos informáticos que comprueben la fiabilidad de los equipos que se utilizarán. La desconfianza en este tipo de mecanismos, principalmente por parte de los partidos, exige el máximo cuidado para evitar especulaciones de fraude.

El trabajo de estos grupos es esencial en contextos donde la inseguridad puede influir en los resultados de la elección. En ámbitos donde peligra la integridad física de los observadores y de los mismos electores, las misiones están obligadas a garantizar la protección de sus miembros y además deben constatar que las autoridades locales están comprometidos a facilitar el ejercicio del sufragio a los ciudadanos.

Por otra parte, en las legislativas y municipales de 2018 la observación electoral local será estratégica. Durante las últimas tres elecciones diferentes agrupaciones ciudadanas han solicitado al Tribunal Supremo Electoral su acreditación como observadores. Lamentablemente se ha percibido que el ejercicio de este derecho está influido por intereses ideológicos cuando lo ideal es que todos los nacionales que participan bajo ese estatus cuiden la integridad de la elección y no los votos a favor de un partido u otro.

Otro actor irreemplazable es la Fiscalía Electoral. Su papel es evitar el cometimiento de delitos que pueden influenciar los resultados. Fortalecer a la FRG en este sentido será indispensable para 2018.

¿Quiere suicidarse el gobierno? De Manuel Hinds

Un segundo impago llevaría a un paro del financiamiento al país —no sólo al gobierno, sino al país entero—. Y al gobierno esto parece no importarle. Es difícil entender por qué está dispuesto a tirar al país a un barranco.

Manuel Hinds, 23 junio 2017 / EDH

Hace un par de meses —sin necesidad, porque tenía el dinero para pagar—, el gobierno cayó en impago en una deuda con los cotizantes de las pensiones. Con esto se le volvió casi imposible conseguir financiamiento.

Ahora, el gobierno, con toda tranquilidad, juega con la posibilidad de no pagar completamente otro vencimiento de las deudas con los cotizantes de las pensiones. Al igual que en abril, el gobierno tiene dinero para hacer el pago completo, pero está insistiendo en que en todo caso pagará sólo los intereses, aunque las clasificadoras de riesgo le han advertido seriamente que el pagar sólo los intereses sería clasificado inmediatamente como un impago. Este segundo impago llevaría a un paro del financiamiento al país —no sólo al gobierno, sino al país entero—. Y al gobierno esto parece no importarle.

Es difícil entender por qué el gobierno está dispuesto a tirar al país a un barranco: si lo está haciendo por mala intención o por ignorancia, ya que ambas existen.

La mala intención parece ser que el gobierno usaría el impago como pretexto para expropiar las pensiones y con ellas tener plata para reventarla durante las campañas electorales de 2018 y 2019. Pero aquí entra la ignorancia. Creen que el único problema del impago sería la falta de financiamiento para el gobierno, que ellos piensan que estaría resuelto con la expropiación de las pensiones. Pero la cesación de créditos llevaría a un colapso de la demanda interna y a un crisis similar a la de Venezuela, y, con ella, al derrumbe de la gobernabilidad del país.

Para que entiendan. El financiamiento externo aumenta la demanda interna del país porque se usa para financiar gastos domésticos e inversiones, que a su vez se convierten en demandas de bienes y servicios y en producción. Las salidas brutas de divisas en operaciones corrientes en 2016 fueron de $12,104 millones, y las entradas brutas de $11,573 millones. Al restar las salidas de las entradas queda un neto de $531 millones, que se cubrió con préstamos netos adicionales. Si lo que dejara de entrar al país fueran sólo esos $531 millones, la actividad económica del país caería por esa cantidad, que representa el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Pero el efecto en la demanda sería mucho mayor que eso. Usar el flujo neto para calcular el impacto en la demanda lo subestima porque muchos créditos externos son necesarios para generar las exportaciones que los pagan. Como se toman y se pagan en el mismo año no aparecen como aumentos en el crédito neto. Pero el impacto de su eliminación en la producción del país sería devastador ya que las exportaciones y la producción local caerían si desaparece el crédito necesario para financiar las materias primas. Este impacto se magnifica porque el mismo crédito de largo plazo se usa dos o tres veces al año, de modo que, por ejemplo, un crédito rotativo de mil dólares puede ser usado para producir tres mil dólares en mercadería en tres períodos secuenciales. De igual forma, al caer el crédito del ejemplo de mil a cero dólares, la producción perdida no sería de mil sino de tres mil.

Es imposible estimar exactamente cuánto sería la caída de la producción si el crédito internacional se nos negara como consecuencia de un segundo impago, pero sería enorme. Las salidas brutas de divisas, $12,104 millones en 2016, son financiadas en gran parte con créditos externos de corto plazo. Estas representan cerca del 50 por ciento del PIB de El Salvador. La caída de la demanda no sería tan grande porque las empresas se ajustarían a trabajar con menos crédito por producto terminado. Pero aun tomando en cuenta este efecto, la contracción de la economía al secarse el financiamiento externo podría ser del orden del 25 por ciento del PIB —o sea, del mismo orden que lo que está pasando en Venezuela—. Infligir esta tragedia en la población es lo que, por la mala intención de quedarse con las pensiones, y por su ignorancia de la más elemental economía, se está jugando con tanta liviandad el gobierno.

¿Hay alguien que les pueda explicar que lo que quieren hacer es un suicidio?

Nostalgia del soberano. De Manuel Arias Maldonado

Se añora un sujeto colectivo que simplifique las cosas al suministrarnos una identidad política llamada a acabar con la fragmentación social y a resolver todos los problemas que nos afligen, ya sea el terrorismo o la decadencia industrial.

Manuel Arias Maldonado es un filósofo, profesor, sociólogo, politólogo y ensayista español.

Manuel Arias Maldonado, 14 junio 2017 / EL PAIS

Que la democracia está hoy en crisis, nadie parece dudarlo; que la democracia siempre ha estado en crisis, en cambio, todos parecemos olvidarlo. ¿Acaso no ha conocido momentos mucho peores? En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, apenas doce países eran también democracias. Pero su ininterrumpida expansión desde entonces, dramáticamente ratificada por el derrumbe de los regímenes comunistas, nos convirtió en optimistas incurables: la democracia parecía el régimen natural para las sociedades del nuevo siglo y su relativa estabilidad terminó por producir un relato triunfante cuyo portavoz más autorizado fue Francis Fukuyama. Su célebre fin de la historia anunciaba la clausura del conflicto ideológico en torno al mejor modo de organizar las comunidades humanas: la democracia liberal había llegado para quedarse.

Veinticinco años después, no estamos tan seguros. El liberalismo occidental parece batirse en retirada ante el ascenso de tendencias iliberales de todo tipo: éxito electoral de los populismos de izquierda y derecha, auge de los nacionalismos, apoyo a líderes autoritarios de inclinaciones decisionistas, degradación digital del debate público. Podemos poner nombre propio a estas ideas: Brexit, Trump, Cataluña, Hungría, Turquía, Filipinas, posverdad. Sin que la lista sea exhaustiva ni olvidemos que la inestabilidad no es general: Macron ha ganado en Francia, Wilders no ganó en Holanda y el New York Times sigue publicándose. Sin embargo, estas tendencias señalan un desplazamiento preocupante hacia eso que se ha llamado “democracia iliberal”. O sea, una democracia que da prioridad al voto popular por encima de los demás componentes del liberalismo democrático: división de poderes, derechos y libertades fundamentales, independencia de los tribunales, imperio de la ley, respeto a las minorías, tolerancia moral y religiosa. Mientras, hacia fuera, la cooperación multilateral deja paso a la introversión soberanista. Así que no hay fin de la historia: la trama se complica.

RAQUEL MARIN

Me gustaría sugerir que estas turbulencias giran en torno a una pregunta clave: ¿quién es el protagonista de la democracia? O, si se prefiere: ¿quién es el sujeto de la democracia? Desde luego, la respuesta parece sencilla si nos atenemos a la letra constitucional: el sujeto de la democracia es el pueblo cuyo gobierno consagra esa misma democracia. Pero el liberalismo democrático recela de los sujetos colectivos y sitúa en su centro al ciudadano, retratado simultáneamente como titular de derechos y votante democrático. Individuo autónomo capaz de dar sentido a su vida y tomar decisiones responsables, es él quien crea opinión y contribuye a formar mayorías electorales que hacen posible el gobierno. Es verdad que la figura del ciudadano coexiste en nuestros textos constitucionales con entidades colectivas que tienen como fin legitimar -jurídica y afectivamente- el régimen democrático. Se habla así de la soberanía popular o se invoca la nación como depósito de identidad compartida que justifica unas fronteras. Y en la noche electoral, ganadores y perdedores interpretan “la voz del pueblo”. Sin embargo, esta ambigüedad es inevitable cuando se trata de dar forma a la intrincada relación entre lo individual y lo colectivo.

Pues bien, el fenomenal impacto psicopolítico de la crisis económica ha creado un nuevo espacio emocional que amenaza con alterar ese precario equilibrio simbólico. ¿De qué manera? Sobre todo, la recesión ha tensado unas relaciones sociales que ya se encontraban sometidas a la doble presión ejercida por la globalización y la digitalización. Huelga decir que la atomización no es ninguna novedad: el desafío de la teoría política del siglo XX, de Rawls a Habermas, ha consistido en la búsqueda infructuosa de una ética universalista aplicable a cuerpos sociales cada vez más fragmentados. En otras palabras, relatos y símbolos comunes a todos sobre los que edificar una sociedad democrática. Ahora, la globalización ha abierto una inesperada brecha entre las ciudades y el mundo rural, así como entre educados y no educados. Mientras, la digitalización ha reforzado esa tendencia (ahí está la disruptiva gig economy basada en las plataformas digitales y un solitario autoempleo) al tiempo que proporcionaba a cada ciudadano una herramienta expresiva de doble filo: aunque emitimos opiniones individuales en las redes sociales, habitamos burbujas cognitivas que complican el mantenimiento de un mundo público común. El resultado es una caótica sinfonía del descontento cuyo scherzo no parece tener fin.

Justamente, aquí es donde aparece la nostalgia por un sujeto colectivo que simplifica las cosas al suministrarnos una identidad política emocionalmente satisfactoria. Hay donde elegir, aunque las categorías se solapen: el pueblo del populismo, la nación del nacionalismo, la etnia del nativismo, la multitud del neomarxismo, la comunidad de creyentes del fundamentalismo. Todos esos sujetos soberanos, capaces de una acción política eficaz, están llamados a acabar con la fragmentación social y a resolver todos los problemas que nos afligen: desde el terrorismo islamista a la decadencia industrial. Son, todos ellos, entidades abstractas a menudo personificadas en un líder carismático sobre el se proyecta afectivamente el. Hugo Chávez lo expresó de manera inmejorable: “No soy un individuo. Soy el pueblo”. Milenios de vida tribal resuenan en esa proclamación.

“La democracia es por definición una tarea pendiente,
una forma organizativa conflictiva”

Ante esta disyuntiva, lo primero es reconocer que nos encontramos ante un problema sin solución. En este mundo, no puede salvarse la distancia entre la conciencia individual y la comunidad política; salvo que se haga poesía. Y es que la política es una empresa colectiva que requiere de ciudadanos autónomos, capaces de comprometerse con los asuntos públicos sin perder su individualidad por el camino, ni frustrarse cuando los dictados de su conciencia no coinciden con las decisiones mayoritarias. Y no hay canales de participación digital capaces de remediar este desajuste. Tal vez esta brecha trágica solo pueda remediarse mediante una sofisticada distancia irónica, pero es hora de admitir que la tentación de subsumirse en un sujeto colectivo forma parte del bagaje evolutivo de la especie y nunca nos abandonará. Siempre habrá profetas, demagogos, redentores: porque siempre habrá quien les escuche.

Si bien se mira, nada de esto quita la razón a Fukuyama: las sociedades complejas solo pueden ser democracias liberales y ni siquiera sus críticos más mordaces han puesto sobre la mesa una alternativa plausible. Ocurre que la democracia es por definición una tarea pendiente, un proceso imperfecto que produce resultados insatisfactorios, una forma organizativa inherentemente conflictiva. ¡Si no fuera todas esas cosas, no sería una democracia! Ahora mismo, es preciso desarrollar estrategias que –à là Macron– hagan posible contener el virus del iliberalismo. A largo plazo, sería aconsejable que las sociedades democráticas hiciesen un esfuerzo de maduración, a fin de comprenderse mejor a sí mismas. O sea: como suma de ciudadanos responsables que forman parte de una comunidad política pluralista y asumen su irremediable orfandad tras la muerte del viejo padre soberano. Porque estamos solos. Y en esa soledad democrática debemos encontrarnos.

Carta al COENA: ¿Primarias controladas? De Paolo Luers

Paolo Luers, 22 junio 2017 / EDH y MAS!

Pensaba que ustedes habían entendido que las primarias no son un trámite obligado por la nueva legislación de partidos, sino la oportunidad de dar un salto de calidad; y que la competencia siempre es buena, no sólo en negocios, también en política, incluso dentro de los partidos.

¿Por qué permitieron (¿o conspiraron?) que sus primarias para alcaldes en muchos municipios se redujeran a trámites de ratificación de candidatos únicos? ¿Por qué no permitieron que se inscribieran candidatos dispuestos a retar a Neto Muyshondt en San Salvador, a Milagro Navas en Antiguo Cuscatlán, a Milena Calderón en Santa Ana? Son los tres casos donde sabemos que hubo interesados para correr – y que el COENA los inhabilitó. No sé qué pasó en otras ciudades, por ejemplo en La Unión, Cojutepeque, San Vicente, Sonsonate, Chalatenango, Santa Tecla, Sensuntepeque, Gotera – todos con candidato único.

Para ir más al fondo: ¿Por qué ARENA da al COENA el poder de inhabilitar a candidatos? No debería existir un filtro político manejado por la alta dirigencia. Sólo debería existir un filtro técnico, en manos de la Comisión Electoral.

Las primarias son una gran oportunidad para los partidos: para renovar; para crear debate; para provocar participación; para ampliar sus bases; para ser más plurales; para ganar más legitimidad, transparencia y credibilidad. Primarias limpias generan visibilidad al partido, a sus líderes locales y sus propuestas. Son campaña electoral adelantada, pero de forma legal y transparente.

Todas estas oportunidades quedan mal aprovechadas cuando desde arriba se limita la competencia. Reducidas a mera ratificación de candidatos, las primarias no tienen ningún sex-appeal para nadie. No movilizan, no amplían.

¿Cuál es el miedo a la competencia, al debate, a la pluralidad?

Tomemos el caso de Antiguo Cuscatlán. No conozco a Rodrigo Gutiérrez, quien quería retar a Milagro Navas. Comenzó su campaña con la consigna: “Antiguo necesita renovación.” ¿Por qué el COENA lo bloqueó? Es más: ¿Cómo una cúpula, de la cual es miembro la alcaldesa que quiere reelegirse por décima vez, bloquea a un candidato que se atreve pedir renovación?

¿Y no es la esencia de las primarias que decidan los votantes, o sea las bases locales del partido, y no la dirigencia nacional? ¿Por qué no confían en la capacidad de sus bases de elegir candidatos y decidir entre continuidad y renovación?

En el caso de San Salvador sí conozco al candidato que inhabilitaron: el Dr. Ricardo Contreras. Coincido con ustedes que es mal candidato, un tipo desleal, dado a berrinches y mentiras. ¿Pero creen ustedes que sus bases no hubieran sabido descartarlo en las urnas? ¿Lo tuvo que hacer el COENA – con el resultado que ahora se cuestiona el carácter democrático de sus primarias y la legitimidad de la candidatura de Neto Muyshondt?

Ustedes no entendieron que unas primarias, hechas como la ciudadanía demanda: limpias, abiertas, transparentes, competitivas, les hubieran dado una enorme ventaja sobre un FMLN donde la cúpula tiene pánico al debate y a perder el control absoluto.

En vez de inhabilitar candidatos, ustedes deberían haber reclutado más y nuevos candidatos para las alcaldías y las diputaciones.

No se les vaya ocurrir de cometer el mismo error para las primarias para elegir su candidato presidencial.
Saludos,

Revise el acta de aprobación y evaluación de candidatos a alcaldes

 

En apoyo del diálogo como vía a un mejor El Salvador para todos. De los embajadores de España, Francia y México

Publicamos este llamado que los embajadores nos hacen a los salvadoreños, como importante abono al debate. Lo vemos más como invitación al debate que como conclusión. ¿Qué se puede resolver mediante diálogo y acuerdos? ¿Y qué mejor se resuelve mediante elecciones, luego de un serio debate sobre las opciones que tenemos como país? Lo primero con el riesgo que se quede en lugares comunes; lo segundo con el peligro que los partidos no logren presentar proyectos claros, transparentes y viables.

Segunda Vuelta

Francisco Rabena, embajador de España; David Izzo, embajador de Francia; Francisco Javier Olavarría, embajador de México – 21 junio 2017 / EDH

Una vez más El Salvador se encuentra ante una oportunidad para reflexionar y decidir la mejor vía para encarar, como sociedad y país, un futuro más justo, próspero e inclusivo para todos sus ciudadanos. El 16 de enero de 1992, en México, los salvadoreños decidieron, a través de los representantes de dos sectores que se habían enfrentado en una lucha fratricida por 12 años, escoger la paz y las vías democráticas para hacer vales sus ideales y sus proyectos políticos. Hoy, 25 años después de esa histórica ocasión, la sociedad salvadoreña demanda a sus representantes y líderes, no solo políticos sino también económicos, sociales, de pensamiento y opinión, un nuevo esfuerzo y compromiso para enfrentar, juntos y con una nueva visión compartida, los retos que encaramos hoy.

Todos, especialmente los ciudadanos que los padecen diariamente, somos conscientes de cuáles son esos retos y del impacto negativo y agotador que tiene sobre la realidad salvadoreña y el futuro de nuestros conciudadanos. La gran mayoría de las familias salvadoreñas ha sufrido en su propio seno la violencia, el desarraigo, la falta de oportunidades que permitan a nuestros hijos salir adelante en esta vida y en su propio país sin tener que recurrir a la emigración o a la informalidad o, en el peor de los casos, caer en las redes de las estructuras pandilleriles. Es precisamente por esa conciencia generalizada ante las dificultades presentes que ha llegado el momento de volver a dar a El Salvador lo mejor y más generoso que cada uno de nosotros alberga en su interior. Ha llegado nuevamente la hora del diálogo y del compromiso histórico por el bien del país y sus hijos. Ha llegado la hora de volver a hacer realidad la letra de su Himno Nacional, para demostrar que 25 años después de Chapultepec, El Salvador toma un nuevo impulso para superar sus problemas actuales e históricos, pero, sobre todo, para sentar las bases de un nuevo proyecto que ilusione y en el que quepan todos sus ciudadanos, en el que cada uno pueda aspirar a desarrollarse personal y profesionalmente, en el que El Salvador sea el país al que todos aspiramos y que con el esfuerzo y compromiso común, pueda llegar a serlo.

Para conseguir este objetivo, demandado por la ciudadanía y necesario para el desarrollo nacional, El Salvador no está solo en su esfuerzo. Las Naciones Unidas, a través de Benito Andión, Representante del Secretario General, Sr. Antonio Guterres, representa el compromiso renovado de la comunidad internacional para que esta demanda de diálogo por un futuro más esperanzador y sólido para los salvadoreños, se materialice. Un compromiso que incluso transciende a El Salvador ya que una vez más el país está llamado a sentar un precedente positivo en el ámbito internacional, en este caso como primera experiencia de un nuevo concepto de diplomacia preventiva que la ONU podría poner en práctica en el futuro en otros países del mundo. Los Embajadores abajo firmantes, cuyos países jugaron un papel significativo en el Acuerdo de Paz, reiteramos el apoyo de nuestros países y autoridades con El Salvador y las Naciones Unidas para colaborar en que este empeño llegue, si así lo quieren los salvadoreños, a buen puerto. Nuestro compromiso se basa en la confianza en los salvadoreños, que son los dueños de su destino y los protagonistas de su presente, en nuestra convicción de que es posible y necesario el lanzar este proceso de diálogo y en la certeza de que el resultado del mismo solo puede traer un cambio positivo para la realidad y el futuro de los ciudadanos.

Todos somos conscientes de las dificultades y obstáculos que este desafío implica, así como de la polarización de la vida política salvadoreña, las visiones a veces excluyentes del modelo de país que se persigue, o la proximidad de los procesos electorales de 2018 y 2019 que amenazan con asfixiar cualquier posibilidad de consenso. Sin embargo, no hay un Plan B ante un eventual fracaso del diálogo, el compromiso y la concertación. Si en esta ocasión no se está dispuesto a realizar sacrificios y concesiones por el bien común para lograr estos objetivos, el presente de los salvadoreños seguirá siendo el de enormes dificultades y su futuro podría estar desprovisto de esperanza. No deberíamos dejar que esto suceda.

Los tres embajadores son miembros del Grupo Gestor
para la Conmemoración del XXV Aniversario del Acuerdo de Paz

Voluntad y capacidad de ejecución. De Fernando Poma

El primer paso para solucionar cualquier problema es aceptar que existe. Capacidad de ejecución para hacer de ideas una realidad. Sin ambas, cualquier iniciativa genera falsa tranquilidad de que estamos progresando cuando la realidad es otra.

Fernando Poma, 20 junio 2017 / EDH

Hace un par de meses, viajé a Panamá para participar como panelista de un foro sobre Oportunidades, Riesgos y la Evolución de Centroamérica, organizado por la revista Latin Finance. Todos los participantes del panel estábamos discutiendo los problemas y retos que enfrenta la región, así como sus posibles soluciones. Fue sorprendente y simultáneamente triste, cuando uno de los panelistas pidió la palabra y dijo: “He participado en muchos paneles similares durante los últimos 25 años y una cosa es cierta: seguimos hablando de los mismos problemas y de las mismas potenciales soluciones”. En ese momento recordé mi propia experiencia y concluí lo mismo: mismos problemas, mismas potenciales soluciones.

La evidente conclusión es que el verdadero progreso depende, sobre todo, de voluntad y capacidad de ejecución. Voluntad para aceptar la realidad y enfrentar los grandes problemas estructurales con los que contamos, evitando alivios temporales que nos hunden más. El primer paso para solucionar cualquier problema es aceptar que existe. Capacidad de ejecución para hacer de ideas una realidad. Sin ambas, cualquier iniciativa genera falsa tranquilidad de que estamos progresando cuando la realidad es otra.

Para verdaderamente avanzar, es necesario encontrar espacios comunes, que casi siempre existen, incluso entre personas muy distintas. Se trata de decidir una dirección general consensuada, poner a las mejores personas en los puestos adecuados, y ejecutar, con sentido de urgencia y exigiendo rendición de cuentas. Y hay que dejar a un lado a personas que no saben lo que quieren, solo que no quieren ser parte de la solución, sea la que sea.

Tuve la oportunidad de cerrar el panel del foro anteriormente mencionado. Mi conclusión fue sencilla: si lográramos implementar soluciones para un pequeño porcentaje de los temas aquí mencionados en este foro, podríamos sustancialmente transformar el futuro de nuestra región de manera positiva.

@fernandopoma

Carta al ministro de Obras Públicas: ¿Quién lo nombró justiciero del pueblo? De Paolo Luers

Paolo Luers, 20 junio 2017 / MAS! y EDH

Estimado Gerson:
Comienza nuevamente el juicio contra Jorge Nieto en el “caso Diego de Holguín” – con la sorpresa de ver a usted, nuestro albañil del pueblo, asumiendo funciones novedosas en el sistema judicial: Nosotros vamos a representar al país, al interés público. No más impunidad”, escribió en Twitter. La última vez que revisé la Constitución, era el fiscal general que representaba los intereses de la sociedad y del Estado, no un ministro.

Lo irónico es que usted, en su rol de justiciero, está haciendo precisamente lo contrario de lo que predica: genera impunidad. Todos sabemos -y usted mejor que nadie- que el robo de la Diego Holguín tiene un culpable principal: David Gutiérrez, ex ministro de Obras Públicas; y un responsable político: Tony Saca, ex presidente de la República.

Pero por diseño político del entonces Mauricio Funes (el que le hizo ministro a usted) y del entonces fiscal general Luis Martínez, y con apoyo de usted, desde el principio desviaron toda la investigación de la escandalosa corrupción en el MOP de Saca y su ministro Gutiérrez a un chivo expiatorio: Jorge Nieto, el hombre que asumió el MOP con la misión de limpiar el desastre. La interrogante: ¿Por qué querían proteger a Gutiérrez y al hombre detrás de sus diseños de corrupción, Tony Saca?

En agosto del 2015, cuando inició este juicio contra Jorge Nieto, escribí una carta contestando esta pregunta:

“Cuando el caso Diego de Holguín comenzó a sonar con el nuevo ministro del MOP, Gerson Martínez, mandando (literalmente) camionadas de documentos a la Fiscalía, todo el mundo dijo: Que bueno, van por David Gutiérrez y Tony Saca.
Al principio varios de los líderes del FMLN, incluyendo Gerson Martínez, dijeron: Esto no es con Jorge Nieto, quien s
ólo trató de salvar el proyecto Diego de Holguín, esto es con David Gutiérrez. La mala suerte (de Jorge Nieto) fue que los autonombrados luchadores contra la corrupción (Mauricio Funes y Gerson Martínez), luego de denunciar con bombos y platillos la escandalosa corrupción alrededor de la construcción del Diego de Holguín, de repente terminaron haciendo un pacto político con Tony Saca y GANA.

En esta trama política todavía está atrapado el “caso Diego de Holguín”, y sobre todo Jorge Nieto. Entonces, la pregunta del millón: ¿Por qué ahora, con Tony Saca ya procesado y preso por otros casos de corrupción; con Mauricio Funes evadiendo la justicia en Nicaragua; y con Luis Martínez, quien hizo la carpintería jurídica para esta trama, también preso y procesado por fraude procesal, todavía insisten en proteger a Gutiérrez y (en este caso) a Saca – y en enjuiciar al chivo expiatorio?

Esta pregunta sólo la pueden contestar dos personas: usted, el autonombrado justiciero, y el actual fiscal general Douglas Meléndez, quien heredó este caso viciado y decidió no rectificarlo.

Tal vez, con tantas entrevistas que da, usted nos puede dar la explicación.
Saludos,