La crisis de Venezuela y la urgente rectificación del gobierno salvadoreño. De Alberto Arene

El gobierno del FMLN se quedó sin argumentos, legitimidad y espacio internacional para sostener semejante posición. Más le vale rectificar pronto, o pagará las consecuencias.

Alberto Arene, 30 marzo 2017 / LPG

Después de 18 años de implantación de la llamada “revolución bolivariana” liderada por Hugo Chávez, el proyecto chavista ha entrado en su fase terminal, combinándose la crisis económica-financiera, social, humanitaria, política y ética, enfrentando un creciente repudio y aislamiento internacional. El martes pasado el Consejo de la OEA se reunió para discutir el Informe de su secretario general, Luis Almagro, confirmándose el deterioro acelerado de la situación nacional y la ruptura del Estado de Derecho, llamando a enfrentar la crisis humanitaria, a liberar a los presos políticos y a retornar a la democracia y al Estado de Derecho, organizando elecciones libres y democráticas a la mayor brevedad posible.

El representante salvadoreño en la OEA, Carlos Calles, por instrucciones del canciller Hugo Martínez, se negó a discutir la crisis de Venezuela, luego dijo que “El Salvador no acompaña el informe presentado por el secretario general”, y finalmente no formó parte de la declaración de los gobiernos de 20 países que acordaron concretar una “hoja de ruta para apoyar el funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho”. Luego, Casa Presidencial hizo un llamado a los países miembros a “acompañar al pueblo venezolano para que, por los mecanismos legítimos” y con la mediación de “la Santa Sede, pueda pronto llegarse a acuerdos que den estabilidad a esta nación hermana”.

En sus primeros 17 años en el poder, fue el chavismo que se negó sistemáticamente al diálogo. Cuando finalmente lo aceptó mediado por sus aliados del Mercosur, fue para mejorar su deteriorada imagen internacional, y ganar tiempo. A mediados de 2016, cuando se agudizaba la presión nacional e internacional, aceptó la mediación del Vaticano para saltarse el plazo límite para convocar al referéndum revocatorio, lográndolo, desgastando el diálogo y los buenos oficios de la Santa Sede.

Mientras el espacio político-diplomático y económico-financiero se le estrecha aún más al gobierno, y se profundiza la crisis humanitaria, la tragedia y la protesta del pueblo venezolano, ¿quién puede oponerse a un diálogo que conduzca a una negociación de verdad, con reglas claras y resultados precisos en tiempos delimitados, mediados por el Vaticano con el seguimiento y apoyo de gobiernos democráticos de Latinoamérica?

Ahora es imperativo profundizar –sin tregua ni pausa– la presión nacional e internacional para que la diplomacia vaticana e interamericana logre acuerdos para enfrentar la crisis humanitaria, liberar a los presos políticos y a retornar a la democracia y al Estado de Derecho, organizando elecciones democráticas a la mayor brevedad posible.

Durante los ocho años de Bush y los ocho años de Obama, el gobierno de Estados Unidos tuvo una política de “tímido involucramiento” sin resultado alguno. Este “imperio benévolo” no lo conocimos los centroamericanos, donde se involucró totalmente en la guerra y las negociaciones de paz. Con el gobierno Trump y el control republicano del Congreso dominado por radicales, en un contexto de agravamiento de la situación y de una favorable correlación de fuerzas en el espacio interamericano, observaremos una diplomacia diferente, una que comenzará penalizando quitando zanahorias antes de sacar los garrotes… Una primera y pequeña muestra llegó esta semana del ex candidato presidencial y senador Republicano Marcos Rubio que le advirtió a El Salvador, República Dominicana y Haití que si no defienden la democracia, será difícil defender la ayuda que recibe de Estados Unidos: “Estamos viviendo en un ambiente muy difícil en Washington, donde se están considerando recortes masivos a la ayuda al extranjero, y para nosotros será bien difícil justificar la ayuda a estos países si ellos, al final del día, son países que no cooperan con la defensa de la democracia en la región”.

De ahora en adelante se ocuparán de estos países y de las pequeñas islas del Caribe. Después de haberse inmiscuido en la política interna y literalmente comprado la política exterior de más de una docena de países en América Latina y el Caribe, la acusación del Gobierno de Venezuela y sus aliados de respeto a la soberanía tiene poca consistencia y legitimidad. Aún menos si se trata, por la vía de la negociación, de salvar a Venezuela de una crisis sanitaria y de una hambruna generalizada, de liberar a más de un centenar de presos políticos, de restablecer la democracia y el Estado de Derecho con elecciones libres y transparentes, y de evitar la violencia generalizada y la guerra civil.

La narrativa chavista de estos 18 años ha diseminado la creencia que la oposición a su gobierno es el resultado de golpistas apoyados por el imperialismo yanki. No obstante, la oposición venezolana ha participado en todas las elecciones y ha buscado la vía electoral, pacífica y constitucional para llegar al poder. Como sucedió en Guatemala, El Salvador y Nicaragua donde históricamente se violaron derechos humanos, se robaron elecciones, y se atentó contra la democracia y el Estado de Derecho, la lucha armada y la guerra civil finalmente llegaron medio siglo después con su paso de destrucción, muerte y dolor que todavía padecemos.

El gobierno del FMLN se quedó sin argumentos, legitimidad y espacio nacional e internacional para sostener semejante posición. Más les vale rectificar pronto, o pagarán las consecuencias.

Vergonzoso… De Luis Mario Rodríguez

Como “vergonzoso” se calificó el rechazo de San Vicente y Las Granadinas, Surinam, Saint Kitts y Nevis, Bolivia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Haití, Nicaragua y República Dominicana para tratar la deplorable situación de Venezuela como punto único en la sesión extraordinaria realizada en la Organización de los Estados Americanos el pasado 28 de marzo.

Luis Mario Rodríguez, 30 marzo 2017 / EDH

Finalmente el orden del día se aprobó con 20 votos entre los que figuraron los de Honduras y Guatemala, ambos socios, junto a El Salvador, de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, un proyecto financiado por los Estados Unidos. La abstención, aunque siempre humillante y deplorable, habría sido una mejor opción en nuestro caso. Así lo hicieron Trinidad y Tobago y Antigua y Bermuda, mientras que Granada prefirió ausentarse del cónclave en el momento de la votación.

La obstrucción de esos gobiernos es bochornosa porque simboliza el repudio de los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana (CDI). Y esta decisión no es cosa menor. El secretario Almagro adelantó en su segundo informe que en Venezuela “se violan todos los artículos de la CDI”. Con su resolución, los representantes de esas naciones ante la OEA, y no la totalidad de los habitantes de aquellas, desaprobaron los elementos esenciales de la democracia representativa acordados en Lima, Perú, durante el vigésimo octavo período extraordinario de sesiones de ese organismo efectuado en septiembre de 2001.

Contrarrestar el debate sobre el quiebre democrático que sufre uno de los Estados que integran a la Organización continental significa ignorar “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (artículo 3 CDI).

Al contrariar el consenso mayoritario que predominó en la asamblea comentada, los gobiernos que vetaron la discusión sobre la crisis política y humanitaria en Venezuela ignoraron los componentes fundamentales de un legítimo ejercicio democrático, entiéndase “la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa” (artículo 4 CDI).

Por otra parte la actitud de los embajadores que rehuyeron el análisis de la realidad venezolana se opone al “fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas”, aspecto que la Carta Democrática considera como “prioritario para la democracia” (artículo 5 CDI). Así debe interpretarse porque uno de los muchos señalamientos del secretario Almagro, tanto en su informe de mayo de 2016 como en el de la semana pasada, fue el de la inobservancia, por parte del Ejecutivo, del principio de separación de poderes y la manipulación de la justicia para dejar sin efecto los acuerdos adoptados por los partidos de oposición en la Asamblea Nacional. El Secretario también advierte sobre la criminalización de todas aquellas declaraciones o acciones de los miembros de entidades ciudadanas que protestan legítimamente para que se cumpla la Constitución, los tratados y las declaraciones universales que garantizan el acatamiento de las libertades individuales.

Con su actitud, los Estados disconformes con la “doctrina Almagro”, así llamada por Mario Vargas Llosa, impugnan el activismo ciudadano como “una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia” y se rehúsan a “promover y fomentar diversas formas de participación” que fortalezcan al sistema político. Tampoco reconocen que “la pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia” (artículo 12 CDI). Esas naciones refutan el compromiso adquirido en 2001 por los signatarios de la CDI con el propósito de “adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema” (artículo 12 CDI).

En realidad lo sucedido en la OEA debe interpretarse como el apoyo de 20 países pidiendo “la realización de elecciones, que se abra un canal humanitario, la libertad a los presos políticos y el respeto a la Asamblea Nacional venezolana”.

Carta al Dr. Castillo: Si la verdad no es pública, no sirve para nada. De Paolo Luers

Paolo Luers, 30 marzo 2017 / EDH y MAS!

Muy estimado Fabio:
Contrario a lo que muchos asumen, lo estimo mucho. Cuando lo propusieron como magistrado, le dije algo que no lo le gustó: que usted, aunque solo le pusieran a servir café en la Corte Suprema, terminaría controlándola. Y usted me dijo “tabernero”, lo que jamás tomé como insulto: ejercí esta profesión con orgullo durante 20 años.

El lunes pasado usted dijo en televisión una frase que me confirmó porqué estimo su sabiduría: “A estas alturas pretender castigar a la gente por los errores o las barbaridades que unos y otros cometimos durante la guerra, ya no tiene ningún sentido para la reconciliación de los salvadoreños.”

Pero enseguida dijo algo que me chocó, sobre todo en boca de alguien tan ilustrado: “La Comisión de la Verdad dijo que su informe debía quedar en secreto hasta que el pueblo salvadoreño fuera capaz de enfrentar su propia verdad, y esas palabras fueron sabias. No he leído el informe.”

Nada más lejos de la verdad, Fabio. El Art. 2 de los Acuerdos de Chapultepec dice que la Comisión de la Verdad “tendrá a su cargo la investigación de graves hechos de violencia, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad.”

Y cuando la Comisión entrega su informe, dice en la introducción: “Los negociadores de la paz querían que esa paz nueva esté edificada sobre la transparencia de un conocimiento que diga en público su nombre. Ese conocimiento público de la verdad es reclamado con mayor urgencia.”

Lo que complica hasta hoy al país no es que el doloroso informe se haya conocido antes de que “el pueblo salvadoreño fuera capaz de enfrentar su propia verdad.” Es al revés: No le hemos dado la difusión sistemática necesaria para que la verdad pudiera ejercer su poder de superación, sanación y reconciliación. Y pagamos el costo, con múltiples exigencias de abrir juicios…

Me parece insólito que uno de los intelectuales protagonistas de la transición de la guerra a la paz diga que nunca leyó el Informe de la Comisión de la Verdad. Ni le creo.

Lo otro que le tengo que corregir es algo que dijo sobre los que hicimos campañas para financiar la insurgencia salvadoreña. Según usted, el actual ministro de relaciones exteriores de Alemania “fue miembro de todos los comités de solidaridad con la guerrilla, o sea que la guerrilla (salvadoreña) recibió dinero del extranjero.” Pero cuando en Alemania hicimos la campaña “Armas para El Salvador”, Sigmar Gabriel tuvo apenas 19 años y estaba cumpliendo su servicio militar. Logramos apoyos inesperados con esta campaña, pero tampoco desde adentro de la Fuerza Armada alemana.

No me tome mal estas dos correcciones, Fabio. Siempre podemos coincidir sobre el bachiller Funes. Saludos,

Lecciones del fracaso de “Trumpcare”. De Ricardo Avelar

Hay lecciones que aprender del mero diseño político electoral y que podrían ser materia de una profunda reforma política para cambiar el problema de fondo: la débil relación entre representantes y representados y los pobres incentivos que los primeros tienen para responder a la población antes que a su dirigencia.

Ricardo Avelar, 29 marzo 2017 / EDH

A finales de la semana anterior, la joven administración del presidente Donald Trump recibió un duro revés político y es que uno de sus principales buques de batalla, la eliminación del “Obamacare”, no logró siquiera ser votada en la Cámara de Representantes por falta de apoyo incluso de su mismo partido.

Esto podría parecer sorprendente si se considera que en noviembre de 2016, las elecciones no solo le dieron al Partido Republicano la presidencia, sino la mayoría en ambas Cámaras del Congreso de Estados Unidos.

Sin embargo, en ese país una mayoría legislativa por sí misma no asegura el aval automático de una agenda de gobierno. Este nivel de incertidumbre es el que vuelve más sólido este sistema.

Por incertidumbre no me refiero a la falta de rumbo claro de país, sino a la incapacidad de cualquier actor de dar su poder por sentado. Ni el mismo Trump, con un panorama en apariencia positivo, ha podido hacerse de éxitos en importantes frentes como su reforma sanitaria o sus medidas migratorias, estas últimas detenidas por orden judicial.

Esta incertidumbre lleva a negociar constantemente y a tener que buscar acercamientos con propios y extraños. Por ejemplo, se prevé que senadores Republicanos busquen a al menos colegas 10 demócratas para superar un “filibuster” en la nominación del abogado Neil Gorsuch a la Corte Suprema de Justicia.

Algo que en El Salvador parecería absurdo y casi imposible -romper las líneas partidarias y ganar apoyos fundamentales para promover una agenda- en Estados Unidos es una práctica común, aceptada y altamente estratégica para cualquier gobierno que pretenda sobrevivir y ser relevante.

El fracaso del “Trumpcare” nos muestra que en Estados Unidos los partidos políticos no tienen el monopolio de la conciencia de sus legisladores y que estos se deben primero a sus electores (su “constituency”). En teoría, y amparado en el 125 de la Constitución, en El Salvador así debería funcionar, pero vivimos en el país donde valen más las “onzas de lealtad” que las “100 libras de inteligencia”.

Ante esto, hay lecciones que aprender del mero diseño político electoral y que podrían ser materia de una profunda reforma política para cambiar el problema de fondo: la débil relación entre representantes (diputados) y representados (ciudadanos) y los pobres incentivos que los primeros tienen para responder a la población antes que a su dirigencia.

En Estados Unidos la Cámara Baja del Legislativo se integra por circunscripciones uninominales. Es decir, un territorio elige únicamente a un diputado. Este diputado, por ende, sabe que es fácil de culpar si traiciona las aspiraciones de sus electores y estos últimos por su parte, saben que la responsabilidad de una mala administración no se diluye: la culpa le pertenece a uno solo.

En El Salvador, con circunscripciones plurinominales, un ciudadano no sabe realmente quién le representa. Esto le permite a cualquier diputado escudarse en las líneas partidarias antes que hacer un verdadero ejercicio de acercamiento a su “constituency” para entender sus aspiraciones. Además, favorece la ignorancia racional, pues el costo de aprenderse 24 diputados (como es el caso de San Salvador) supera cualquier ánimo de ser un ciudadano activo.

Un revés político importante como el de Trump con su reforma sanitaria es prácticamente imposible en nuestro país, donde la legítima disidencia es entendida como traición y los partidos le temen a sus “machos sin dueño” que osan contradecir la línea oficial.

Indudablemente, El Salvador ha avanzado gracias a atinadas sentencias en materia electoral de la Sala de lo Constitucional, pero mientras haya una representación tan difusa entre diputados y ciudadanos, el Legislativo será muy predecible y poco abierto a la innovación y un verdadero debate político.

Sin incentivos para representar a los votantes, los diputados terminarán cayendo en la mediocridad de pensar que votar diferente es “deslealtad” y un motivo para sentirse “ofendido”, como en su momento dijo un jefe de bancada sobre un legislador joven que no se alineó con su fracción.

Ofendidos deberíamos estar nosotros, por ese gregarismo insensato, tan presente en el partido “revolucionario” (más pendiente del status quo) como en el partido “de las libertades” (pero fanático de la censura).

@docAvelar

Carta a la conciencia de los jefes de FGR y PNC: Se fueron de boca y murió alguien. De Paolo Luers

Paolo Luers, 29 marzo 2017 / EDH

Destacados funcionarios:
Todo es show mediático: Van al rescate de la bebé desaparecida luego del asesinato de su mamá – y ahí va el Fiscal General, con su chaqueta que dice F1, rodeado de cámaras. “El fiscal al rescate…”, se lee en los medios.

El director de la PNC no es alguien que se deja robar cámaras. Inmediatamente aparece en pantalla: “Fueron heroicos policías los que rescatan a la niña.”

En este afán de protagonismo, todo se expuso: el carro que usaron para secuestrar a la mamá, y que luego dio la pista para encontrar a la bebé; el hogar donde encontraron a la bebé. Todo en el reality show ‘El Salvador Impresionante’.

Se fueron de boca y murió la mujer. Expusieron a la testigo y la dejaron a su suerte. El día siguiente amaneció muerta.

No se necesitaba que un policía debajo de la mesa filtrara información. El fiscal general y el director de la PNC se encargaron de esto.

Si la bebé fue secuestrada junto a su mamá y luego apareció en la casa de alguien, es obvio que este alguien se convierte en testigo clave. Es el link entre los asesinos y la bebé. Ella los pudo haber identificado.

Todos estamos satisfechos que rescataron a Alexandra. Todos queremos que los asesinos de su mamá y Yamilet reciban su castigo. Nadie está criticando a fiscales y policías por hacer su trabajo investigativo. Lo que sí hay que cuestionar es la manera mediática e irresponsable de sus máximos jefes de manejar la información, dejando a la testigo expuesta y sin protección.

“A una mujer de aquí se la trajeron (a la bebé). Dice que no sabía  nada, que solo se la trajeron para que la cuidara unos días”, declaró Douglas Meléndez. ¿Por qué tenía que decir esto? ¿Por qué incluso tenía que aparecer él en la casa donde encontraron a la bebé, sabiendo que iba atrear todas las cámaras y micrófonos del país? ¿Por qué tenía el director de la PNC que aparacer en televisión dando más detalles, para mostrar que fue la PNC y no la fiscalía la que rescató a la niña?

Se fueron de boca y murió asesinada Jackeline Lisseth Cortez Aguirre. Digo el nombre para que Lorena Peña no reclame que se esté lamentando la muerte de una mujer sin decir su nombre.

No es culpa de los medios. En el momento que el fiscal general y el director de la PNC hablan, es información pública, y la responsabilidad la tienen ellos. Tampoco me digan que esto es una campaña de desprestigio a la PNC o la FGR. No tengo nada contra Douglas Meléndez y Howard Cotto, pero sí contra su afán de buscar el impacto mediático, aunque esto comprometa sus investigaciones – o incluso la vida de una testigo.

Saludos,

El tuitero prófugo. De Roberto Rubio

Roban como si siempre van a estar ahí, como si nunca los van a descubrir.

Roberto Rubio, 27 marzo 2017 / LPG

La investidura de expresidente merece respeto, pero también tiene que ganárselo, darse a respetar. Sin embargo, el respeto se pierde cuando un expresidente se queda de tuitero, sus tuits son una sarta de insultos y gruesas mentiras, y peor cuando es un tuitero prófugo de la justicia.

No amerita entonces gastar palabras en el análisis de las malandanzas del susodicho, ni dedicarse a confrontar lo que emana de su lengua viperina. Lo que amerita son las reflexiones sobre el significado de sus cuestionados hechos y las lecciones que se derivan de ellos. Reflexiones/lecciones dedicadas a ciertos altos funcionarios y a los que en el futuro pretenden serlo.

En primer lugar, los altos funcionarios, en general, son efímeros, su ciclo de vida es relativamente corto. Sin embargo, el disfrute y ejercicio de su poder los hace creerse eternos. No se percatan de que su poder es momentáneamente prestado, que son mandatarios de paso o sea mandatados por la voluntad temporal del ciudadano. Roban como si siempre van a estar ahí, como si nunca los van a descubrir. Se enriquecen como si su riqueza y las sobras de poder que le quedaron le blindarán de las llaves de la justicia. Se pavonean con guardaespaldas, seguidores o caravanas de vehículos, como lo hacían el tuitero prófugo y su entonces consorte, sin caer en la cuenta de que son dioses con pies de barro, y que tarde o temprano las diosas de la justicia, Temis y Dice, los alcanzarán dentro o fuera del Olimpo. El brazo de la justicia es largo y paciente.

En segundo lugar, a muchos funcionarios el poder los vuelve soberbios y arrogantes, como el tuitero prófugo. Valga traer a cuenta una reflexión de José San Martín que llegó a mis manos por medio de la red virtual de mis compañeros de colegio: “La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”. Se olvidan que manteniendo en saldo rojo la humildad, los costos que ocasionaron sus maltratos se cobrarán caro.

En tercer lugar, en estos tiempos de sociedades abiertas, de ciudadanos más informados y exigentes, con amplias y accesibles tecnologías de comunicación, donde la lucha por la transparencia y contra la corrupción han tomado alto vuelo, es cada vez más difícil esconder, especialmente lo que se apropia indebida e ilícitamente. Basta una buena justicia, una coyuntura adecuada, una presión y/o denuncia ciudadana, o intercambios de información bancaria a nivel nacional e internacional, para perfilar la ruta del dinero malhabido, para seguir las huellas de los dueños de lo ajeno. La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico ha permitido la creación de “sistemas sabueso”, los cuales permiten ir descubriendo las huellas dejadas por los corruptos y corruptores en casi cualquier parte del mundo.

Finalmente, en estos más cristalinos tiempos es difícil esconder a los testaferros/prestanombres. Esta manera de ocultar los verdaderos propietarios de la riqueza mal habida es ahora más detectable. Basta indagar un poco más sobre ellos, basta que la fiscalía allane sus oficinas y analice la documentación incautada, para llegar al verdadero dueño. Adicionalmente, los “amigos” testaferros ya no son tan confiables, no solo porque su “amistad” no alcanza la probidad en el resguardo del bien del amigo, sino porque al verse acorralados por la justicia, se convierten en testigos criteriados, que por salvar parte de su pellejo prefieren despellejar al otrora amigo. Esto lo sabe bien el tuitero prófugo, que ya adelantó sus miedos.

Los que tuitean para mentir y difamar, los juglares del mundo de troles y clonadores de identidad y los reyes que los contratan, los que le roban al ciudadano, los que con su picardía obstaculizan al pobre el salir de su pobreza, los ricos que amañan la obtención de su fortuna, todos ellos deben tener presente esas frases populares con las que hemos encabezado algunos artículos de esta columna de opinión: “A todo chumpe le llega su Navidad”, “Quien mal anda mal acaba”.

Un país libre, parte 2. De Cristina López

Desde una perspectiva global, los salvadoreños gozan de muchas menos libertades que los ciudadanos de otras sociedades, cosa que en gran medida explica la constante fuga de talentos y potencial humano.

Cristina López, 27 marzo 2017 / EDH

En mi columna de la semana pasada usé dos ejemplos de aspiraciones legislativas de los dos partidos mayoritarios que ilustraban casi perfectamente cómo a El Salvador le faltan muchos rasgos que definirían en la práctica cómo se ve un país libre. El análisis puede también complementarse desde la academia, y la reciente publicación del Índice de Libertad Humana hecho por el Cato Institute provee herramientas interesantes de análisis que pueden aplicarse al país.

El Índice — al que tuve la oportunidad de colaborar con aportes investigativos en los temas relacionados a la libertad de las mujeres — estudia el estado de las libertades humanas alrededor del mundo desde tres perspectivas distintas: la económica, la civil y la personal. Se enfoca en la ausencia de límites coercitivos. Los indicadores utilizados comparan a los países (en base a los datos disponibles provenientes de una pluralidad de fuentes) en las áreas de estado de derecho, seguridad, libertad de movimiento, de religión, de asociación y sociedad civil, de expresión, de relaciones, tamaño del aparato estatal, acceso a una moneda “sana”, libertad de comerciar internacionalmente, y libertades financieras, laborales, y de negocios. La publicación viene a complementar otros índices de análisis de autoritarismo versus libertades que se enfocaban exclusivamente en la facilidad de hacer negocios, ignorando que a veces, en estados donde el gobierno no se mete en el bolsillo de la ciudadanía, sí se mete en su dormitorio haciendo ilegales ciertas uniones, tema que no debería ser competencia estatal y que demuestra inconsistencias en el respeto a las libertades individuales.

El índice lo lideran Hong Kong, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Irlanda, el Reino Unido y Suiza. Estados Unidos aparece en la posición 20. Vale mencionar a Chile, liderando Latino América en la decimoctava posición, y por las razones opuestas a Venezuela, en la penosa posición 144 (para contextualizar la gravedad de la situación venezolana, estados cuasi fallidos como Zimbabwe caen en el lugar 149).

¿Cómo se ve El Salvador en el índice? En la posición 58. Si bien en libertades económicas el país aparece en la posición 42 de 159, en el ranking de libertades personales caemos al puesto 74. Las razones son las obvias: las tasas de homicidios y desapariciones debilitan el indicador de seguridad personal drásticamente — ¿qué mayor obstáculo a cualquier tipo de libertad que el riesgo constante de perder la vida? Otro enorme pendiente es el del estado de derecho, en el que la impunidad continúa siendo un talón de Aquiles. También aparece que el costo del crimen en los negocios está muy por encima de otros países en situaciones comparables. Como positivos se señalan el acceso a una moneda sana, libertad en las relaciones (en el sentido que no están penalizados ciertos tipos de uniones y que hay igualdad en derechos de paternidad y fácil acceso al divorcio). Sin embargo, desde una perspectiva global, los salvadoreños gozan de muchas menos libertades que los ciudadanos de otras sociedades (en Centro América es Costa Rica quien lleva la ventaja), cosa que en gran medida explica tanto la constante fuga de talentos y potencial humano como la enorme deuda que con nosotros tienen nuestros gobernantes.

@crislopezg