Carta al IAIP: Están privilegiando el interés de la PNC de ocultar irregularidades. De Paolo Luers

Paolo Luers, 27 junio 2017 / MAS! y EDH

Estimada comisionada, estimados comisionados:
He recibido hoy su “resolución definitiva”, en la cual confirman la resolución de la PNC de declarar confidencial el informe de la Unidad de Control sobre el caso Daniel Alemán requerido en mi solicitud.

Quiero aclarar que este infome es el centro de mi solicitud, y que esta solicitud no fue extemporanea, como en la resolución señalan, porque así fue solicitado en mi solicitud original:

La información que solicito es:
1) ¿Existe un informe de la Unidad de Control sobre el caso de Daniel Alemán, detenido en Altavista el 10 de enero 2017?
2) En caso que existe, solicito copia del Informe de la Unidad de Control.”

Este informe era de vital importancia, tanto para el derecho de defensa del imputado, como para la posibilidad de mi persona, como periodista, de comprobar o refutar los argumentos públicamente difundidos por la FGR y la PNC en el caso Daniel Alemán. Ambos trataron de llevar el caso a un plano mediático, y el público tenía derecho de conocer toda la verdad, sobre todo cuando esta estaba plasmada en un Informe oficial de la PNC.

Estoy claro que era el interés de la PNC, que en este caso ha cometido graves abusos de autoridad y delitos de falsedad procesal, evitar que salga al público el informe que expone estas irregularidades. En este sentido entiendo la lógica de la PNC de declarar confidencial un informe que arroja dudas sobre sus procedimientos. Pero esto no puede ser el interés del IAIP, que tiene por misión hacer accesible la información que las autoridades tienden a esconder para esconder problemas internos y posibles delitos cometidos por sus miembros.

En este sentido, es preocupante la decisión del IAIP de confirmar la posición de la PNC en cuanto a la confidencialidad del informe de la Unidad de Control. No es cierto, como ustedes afirman, que el Informe contiene “información personal sensible” que requiere confidencialidad. Los únicos comprometidos por la información de este Informe son agentes de la PNC que ya están siendo procesados judicialmente, precisamente a raíz de las informaciones recogidas en la investigación de la Unidad de Control. Y sobre sus actuaciones, el público tiene derecho de ser informado.

Si la preocupación por “información personal sensible” contenido en el Informe que se me niega es para proteger testigos, perfectamente el IAIP hubiera podido ordenar a la PNC a eliminar los nombres de los testigos antes de entregarme el Informe.

Les expreso mi preocupación por la reciente tendencia del IAIP de proteger los intereses de las autoridades requeridas por encima del derecho de los ciudadanos de tener acceso a la información necesaria para poder ejercer el ejercicio de la crítica a tales autoridades.

Espero que esta tendencia no se consolide. Atentamente,

Vea sobre el mismo tema:
A los comisionados de Transparencia:
Hecha la ley, hecha la trampa.

 

I. La solicitud de Información a la PNC
(16 de febrero 2017):

El 10 de enero 2017, entre las 5 y 6pm, fue detenido en Altavista, Ilopango, el ciudadano DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, por agentes de la subdelegación Altavista. Todavía se encuentra en detención preventiva.

En los día siguientes a la detención de DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, agentes de la Unidad de Control de la PNC efectuaron entrevistas a familiares del detenido y a varios testigos de la escena de su detención y registro corporal, incluyendo a un agente del CAM de Tonacatepeque que está destacado en el centro deportivo de Altavista.

La información que solicito es:

1) ¿Existe un informe de la Unidad de Control sobre el caso de Daniel Alemán, detenido en Altavista el 10 de enero 2017?

2) En caso que existe, solicito copia del Informe de la Unidad de Control

3) ¿Existen indicios de procedimientos ilegales de los agentes que efectuaron la detención y procesaron al detenido, primero en la subdelegación Altavista, y luego en la delegación Soyapango ubicada en San Bartolo, el mismo día 10 de enero 2017?

4) ¿Las investigaciones de la Unidad de Control han podido aclarar las inconsistencias contenidas en las declaraciones de los agentes de Altavista, reflejadas en el requerimiento de la Fiscalía, sobre

  1. a) lugar de detención; (¿cancha que dicen los testigos o parqueo, como declaran los agentes?)
  2. b) hora de la detención (¿5pm que dicen testigos; 6.35pm que dicen los agentes al cargo de la detención?)
  3. c) el registro corporal al detenido al momento de su captura. (Los testigos dicen que se registró sin que encontraron ningún paquete)
  4. d) el lugar donde y a qué hora exacta del día 10 de enero se efectuó la “prueba de campo” mediante la cual el material presuntamente encontrado en posesión del detenido DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN fue “droga con orientación a marihuana”. El requerimiento refiere que este examen fue efectuado antes de las 7pm del día 10 de enero 2017, por un “técnico en identificación de droga” de nombre Leandro Bladimir Bernabé Cerritos en lo que llaman “Sección Antinarcóticos”.

En otra parte del requerimiento de la FGR se refiere a un “análisis físico-químico de sustancias controladas … realizado en el Laboratorio Técnico de la División Antinarcóticos de la PNC”.

  1. e) ¿La Unidad de Control confirmó que el técnico DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN estaba el 10 de enero destacado en la delegación Soyapango y es en esta delegación que hizo la “prueba de campo”?
  2. f) ¿La Unidad de Control determinó que se hizo un segundo examen en el Laboratorio Técnico de la DAN, y a qué horas se efectuó?

5) ¿La Unidad de Control ha determinado porqué La PNC (con excepción de la Unidad de Control) no ha entrevistado a los testigos presentes en el lugar de detención de DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, ni a los familiares?

6) Se solicita información si el informe de la Unidad de Control fue remetido a la Inspectoría General de Seguridad Pública, al Juez de Paz de Ilopango que ve la causa, a la Fiscalía y a la defensa del detenido DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN.

 

II. La resolución de la PNC
(23 de marzo 2017)

III. La apelación ante el AIAP
(29 marzo 2017)

SEÑORA COMISIONADA Y SEÑORES COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Arnd Richard Luers, con Documento Único de Identidad número 04452418-5, extendido en el Municipio de San Salvador, departamento de San Salvador, el día 29 de marzo de 2017 me dirijo a Uds. en mi condición de ciudadano, con el objeto de hacer valer mi derecho fundamental de acceso a la información pública, en los términos contemplados en el Art. 18 de la Constitución, así como en los artículos 1, 2, 29 y 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), mediante la interposición del presente Recurso de Apelación en contra de la “Resolución Final Exp. Ref. PNC UAIP-98-2017” pronunciada por el Oficial de Información de la Policía Nacional Civil PNC, y que fuera comunicada al suscrito apelante el día 23 de marzo 2017 mediante correo electrónico, resolución al cual se anexa copia.

La resolución que ahora estoy impugnando, tiene su origen en la petición de acceso a información pública que el día 16 de febrero de los corrientes, dirigí al Oficial de Información de la PNC, basándome en lo dispuesto en los Arts. 1, 2 y 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). En dicha petición requerí el acceso a los datos siguientes:

El 10 de enero 2017, entre las 5 y 6pm, fue detenido en Altavista, Ilopango, el ciudadano DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, por agentes de la subdelegación Altavista. Todavía se encuentra en detención preventiva.

En los días siguientes a la detención de DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, agentes de la Unidad de Control de la PNC efectuaron entrevistas a familiares del detenido y a varios testigos de la escena de su detención y registro corporal, incluyendo a un agente del CAM de Tonacatepeque que está destacado en el centro deportivo de Altavista.

1) ¿Existe un informe de la Unidad de Control sobre el caso de Daniel Alemán, detenido en Altavista el 10 de enero 2017?

2) En caso que existe, solicito copia del Informe de la Unidad de Control

3) ¿Existen indicios de procedimientos ilegales de los agentes que efectuaron la detención y procesaron al detenido, primero en la subdelegación Altavista, y luego en la delegación Soyapango ubicada en San Bartolo, el mismo día 10 de enero 2017?

4) ¿Las investigaciones de la Unidad de Control han podido aclarar las inconsistencias contenidas en las declaraciones de los agentes de Altavista, reflejadas en el requerimiento de la Fiscalía, sobre

  1. a) lugar de detención; (¿cancha que dicen los testigos o parqueo, como declaran los agentes?)
  2. b) hora de la detención (¿5pm que dicen testigos; 6.35pm que dicen los agentes al cargo de la detención?)
  3. c) el registro corporal al detenido al momento de su captura. (Los testigos dicen que se registró sin que encontraron ningún paquete)
  4. d) el lugar donde y a qué hora exacta del día 10 de enero se efectuó la “prueba de campo” mediante la cual el material presuntamente encontrado en posesión del detenido DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN fue “droga con orientación a marihuana”. El requerimiento refiere que este examen fue efectuado antes de las 7pm del día 10 de enero 2017, por un “técnico en identificación de droga” de nombre Leandro Bladimir Bernabé Cerritos en lo que llaman “Sección Antinarcóticos”.

En otra parte del requerimiento de la FGR se refiere a un “análisis físico-químico de sustancias controladas … realizado en el Laboratorio Técnico de la División Antinarcóticos de la PNC”.

  1. e) ¿La Unidad de Control confirmó que el técnico DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN estaba el 10 de enero destacado en la delegación Soyapango y es en esta delegación que hizo la “prueba de campo”?
  2. f) ¿La Unidad de Control determinó que se hizo un segundo examen en el Laboratorio Técnico de la DAN, y a qué horas se efectuó?

5) ¿La Unidad de Control ha determinado porqué La PNC (con excepción de la Unidad de Control) no ha entrevistado a los testigos presentes en el lugar de detención de DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, ni a los familiares?

6) Se solicita información si el informe de la Unidad de Control fue remetido a la Inspectoría General de Seguridad Pública, al Juez de Paz de Ilopango que ve la causa, a la Fiscalía y a la defensa del detenido DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN.

Como pueden constatar en la resolución que recibí con fecha del 23 de marzo de OIR/PNC con número de referencia PNC – UAIP – 98 – 2017, el informe que solicité en los numerales 1) y 2) de mi solicitud fue declarado “confidencial” y “no desclasificado”.

Primero quiero señalar que la OIP/PNC no procesó mi solicitud en el plazo debido, por lo cual con fecha del 13 de marzo 2017 interpuse ante el IAIP un aviso de falta de respuesta.

Segundo, la resolución no declara reservado el informe solicitado, sino confidencial, por lo que aplica Art. 24 de la LAIP. Sin embargo, ninguna de las provisiones del art 24 aplica al informe solicitado.

De todos modos, OIR/PNC, a pesar de que declara “confidencial” el informe, no se apoya en el art. 24, sino en art. 33, el cual protege datos personales. Sin embargo, los datos personales de los involucrados en el caso de la captura de Daniel Alemán, a la cual se refiere el informe de Unidad de Control solicitado, ya son de conocimiento público, porque constan en el requerimiento fiscal contra Daniel Alemán, y la jueza del caso no ha declarado reserva sobre el mismo.

Incluso si la OIR/PNC se apoyara en art. 19 (Información Reservada) LAIP, apartado “f” (“perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos…”), el informe solicitado no clasificaría como información reservada, porque este informe, como la misma resolución de OIR/PNC, reconoce, pone en duda el carácter legal de la captura. Esto quiere decir que el informe solicitado contiene testimonios y evidencias de descarga para el detenido Daniel Alemán. Sin embargo, estas pruebas de descarga o no han sido transmitidas por la PNC a la FGR, o la FGR no las ha incluido en el requerimiento fiscal presentado al tribunal correspondiente. Por ley, la FGR no solo tiene que recabar pruebas de carga sino igualmente de descarga. Conclusión de esto, mantener reservado este informe de la Unidad de Control no pone en riesgo la investigación judicial, sino al revés: la reserva obstaculiza esta investigación.

En todo caso, es a través del escrutinio ciudadano que los peticionarios de información garantizamos el buen desempeño de las autoridades públicas, de manera que el acceso a la información contenida en mi petición original, busca precisamente evaluar el desempeño de la autoridad policial como garante de los derechos fundamentales, pero a la vez, de constatar la transparencia del accionar policial en su misión constitucional de garantizar la paz y la tranquilidad de la sociedad.

A lo anterior, debo agregar que el Art. 19 de la LAIP declara que: “…No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional.”

En el caso de la denegatoria de acceso a información policial, objeto del proceso de apelación en trámite, es precisamente la “confidencialidad” aquí alegada, la que impide al suscrito peticionario formarse una opinión consistente y fundamentada sobre los hechos ocurridos durante la captura del Sr. Daniel Alemán, esta falta de información atenta contra mi derecho a saber pero a la vez, insisto en esto, contra el derecho de la sociedad de conocer el proceder de los miembros de la corporación policial.

La OIR/PNC, luego de negar el informe solicitado, solamente contestó las preguntas 4 a), 4 b) y parcialmente 4 d).

Las siguiente preguntas no han sido contestadas, con excepción de pregunta 4 d) que fue parcialmente respondida en la resolución.

  1. b) hora de la detención (¿5pm que dicen testigos; 6.35pm que dicen los agentes al cargo de la detención?)
  2. c) el registro corporal al detenido al momento de su captura. (Los testigos dicen que se registró sin que encontraron ningún paquete)
  3. d) el lugar donde y a qué hora exacta del día 10 de enero se efectuó la “prueba de campo” mediante la cual el material presuntamente encontrado en posesión del detenido DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN fue “droga con orientación a marihuana”. El requerimiento refiere que este examen fue efectuado antes de las 7pm del día 10 de enero 2017, por un “técnico en identificación de droga” de nombre Leandro Bladimir Bernabé Cerritos en lo que llaman “Sección Antinarcóticos”.

En otra parte del requerimiento de la FGR se refiere a un “análisis físico-químico de sustancias controladas … realizado en el Laboratorio Técnico de la División Antinarcóticos de la PNC”.

  1. e) ¿La Unidad de Control confirmó que el técnico DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN estaba el 10 de enero destacado en la delegación Soyapango y es en esta delegación que hizo la “prueba de campo”?
  2. f) ¿La Unidad de Control determinó que se hizo un segundo examen en el Laboratorio Técnico de la DAN, y a qué horas se efectuó?

5) ¿La Unidad de Control ha determinado porqué La PNC (con excepción de la Unidad de Control) no ha entrevistado a los testigos presentes en el lugar de detención de DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN, ni a los familiares?
6) Se solicita información si el informe de la Unidad de Control fue remetido a la Inspectoría General de Seguridad Pública, al Juez de Paz de Ilopango que ve la causa, a la Fiscalía y a la defensa del detenido DANIEL ALBERTO AVILES ALEMAN.

Por todo lo anterior, mediante la interposición del presente Recurso de Apelación y cuya consecuencia inmediata sería el otorgamiento del pleno acceso a toda la información solicitada, respetuosamente SOLICITO:

-Que este Instituto ordene a la PNC que:

  1. brinde debidamente la información solicitada en las preguntas 4 b), 4 c), 4 d), 4 e), 4 f) y las preguntas 5 y 6 de mi solicitud de información;
  2. me entregue el Informe SS-0082-2017, el cual la Unidad de Control de la PNC ha elaborado sobre las circunstancias de la captura de Daniel Alemán el día 10 de enero 2017, efectuada por agentes de la subdelegación Altavista; informe sobre el cual el jefe de la Unidad de Control, subcomisionado Daniel de Jesús Martínez Hernández, ha informado a la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos que contiene la recomendación de mandarlo a la Fiscalía de Soyapango para determinar si ordena una investigación sobre el caso. Vea anexo: Copia Carta de Unidad de Control PNC a la PDDH del 13 de marzo 2017.

Anexo a la presente copia de la resolución de la OIR/PNC.

Señalo como direcciones para recibir comunicaciones y notificaciones, la cuenta de correo electrónico: luers.paolo@yohoo.com, o la dirección Calle Motocross, Residencial Villas de Zanzibar #1, municipio San Salvador. 

San Salvador, 29 de marzo de 2017

 

IV. La resolución definitiva del IAIP
(23 junio 2017)

 

“No podemos seguir pidiendo más violencia”: María José Cornejo/crominóloga

Yessica Espinoza, 26 junio 2017 / EL MUNDO (SV)

La criminología cultural ¿cómo ve la violencia y las pandillas del país?

La criminología cultural trataría entender las razones detrás de la violencia. No podemos hacer aseveraciones uniformes sobre la violencia que ejercen las pandillas, hay crímenes pasionales por ejemplo; la violencia es bastante expresiva, no siempre cumple un propósito funcional, sino un propósito de expresar algo, por eso es que se dan expresiones de violencia que parecieran extremas e irracionales. Las pandillas podrían verse como la necesidad de un sector de la población de recobrar cierta identidad, de tener una posición en la sociedad, de ser escuchados, pero que lo están haciendo de una manera nociva y dañina tanto para ellos como para la sociedad. Entonces hay que ver por qué están llegando a este extremo de expresión, por qué están llegando a este tipo de daños. La criminología cultural intentaría entrar a estas comunidades, comprender la cultura de la calle, las fuerzas que están operando en las comunidades.

¿Qué factores están provocando estas expresiones?

Uno de los factores es la represión del Estado, cómo estos poderes se están configurando de manera que las salidas que le ven para revelarse, oponerse y resistir estas fuerzas es la violencia, que no cumple un propósito más que decir préstennos más atención o devuélvannos cierto nivel de dignidad.

También hay procesos económicos, el alto nivel de desigualdad porque cuando se analiza el fenómeno de las pandillas en el país, vemos marcadísimo el tener comunidades marginales frente a otras sumamente opulentas y esa brecha genera emociones, enojos y todo tipo de cosas subjetivas que impactan al joven, que es un factor para crear sociedades violentas.

Esta la falta de atención a estos jóvenes, que pareciera que a la sociedad no le importa y la manera en que se responde, que el Estado no da oportunidades, sino que está presente como una institución de control y de represión de comportamientos.

¿ Qué soluciones propone la Criminología Cultural para controlar el fenómeno de las pandillas ?

La criminología ve necesario abordar el tema desde las causales grandes y hacer esfuerzos en todas estas partes. Hablamos de la cultura de la sociedad, medios de comunicación que replican ciertas historias, el Estado con sus políticas y están las víctimas y victimarios. Por ejemplo, la educación por medio de la academia, que puedan entrarle a otras teorías o a ayudar a pensarlo de manera distinta, no solo pensarlo desde la perspectiva de control social. Desde lo medios de comunicación es necesario no replicar discursos que nos repitan la misma historia de la pandilla, el pandillero, es el culpable sin entender qué hubo detrás de cualquier evento criminal, ir más allá de solo el conteo de muertos, se debe tratar de comprender qué realmente pasó en ese suceso, pues cada uno tiene su particularidad. El Estado tiene la responsabilidad no solo de controlar sino de desarrollar a la juventud y de crear espacios y oportunidades para los jóvenes, tiene la responsabilidad de minimizar el daño social de sus propias políticas porque las políticas de represión generan un gran daño social porque los jóvenes que no están en las pandillas viven una violencia permanente de experimentar operativos que llegan a derribar las puertas de las casas, de ver a hombres armados todos los días.

¿Cómo podrá hacer eso el Estado?

El Estado necesita un cambio mental, un cambio de paradigma y para cambiar el paradigma del control, de que todo se trata de controlar a la sociedad, tiene que entender que hay políticas que están destruyendo el tejido social y están perdiendo el control por medio de ese rompimiento. Es un cambio de paradigma que se puede apoyar en instituciones académicas y que la sociedad debe pedir porque al final es la sociedad la que genera ese debate público. La sociedad pide que se minimice la violencia pero debe pedir una respuesta distinta y tenemos que partir de que lo que tenemos no nos está funcionando, sabemos que las políticas nos han generado más violencia. No podemos seguir pidiendo más violencia. Para mí que la respuesta para que el Estado cambie viene de la sociedad.

¿Cómo ve el papel de las autoridades de seguridad en el tema de las pandillas?

Las autoridades de seguridad deberían acercarse a las comunidades. Hay que aceptar que las pandillas tienen autoridad en las comunidades, eso es una realidad. Pero hay que partir que no será la violencia la que les va a arrebatar esa autoridad, sino que hay otras formas de mediar, de dialogar, entonces las autoridades deben acercarse a los líderes comunales, religiosos, por ejemplo, para encontrar formas de mediación para aplacar e ir retomando el control de las comunidades; pero para el Gobierno es muy difícil aceptar que las pandillas tienen autoridad y control pero no deberíamos de verlo como debilidad que ya el Estado no tiene el control, si hay que dialogar, hay que dialogar.

En ese sentido, ¿estaría la criminología cultural a favor de la tregua?

La tregua es un tema bastante complicado. De todas las políticas de seguridad que el Estado ha aplicado, la tregua ha sido la única política de seguridad que ha logrado disminuir el nivel de homicidios. Eso nos dejó una gran lección más allá de si es legal o ilegal dialogar con los pandilleros o si fue legal o ilegal los mecanismos de la implementación.

Hay que entender que el principio de diálogo funcionó, fue efectivo. Pero como se ha movido de que no nos vamos a ensuciar las manos negociando con actores criminales tenemos ese paradigma pero es injusto que el Estado venga a decir que no se va meter a dialogar con actores criminales y que la sociedad que sufre la violencia diga que no se va a ensuciar las manos, cuando esos diálogos son necesarios y dan estabilidad. Yo veo a la tregua como un experimento que valdría la pena repensarlo, quizás le faltó transparencia y claridad al proceso y por supuesto, hizo falta mecanismos que le dieran sostenibilidad. Un diálogo tiene que ir más allá de un cese al fuego, se tendría que crear oportunidades, involucrado a la policía de una manera más integral y al resto de la sociedad también.

Pero, después de la tregua, la criminalidad aumentó...

Eso se venia venir, precisamente por la falta de otros mecanismos. La tregua se manipuló de mil maneras. Habían varios discursos que se dieron a la vez: por un lado el presidente Funes decía que apoyaba al diálogo y por otro decía que no; enviaron una serie de mensajes mixtos que le restaron credibilidad. También, al no haber una estructura que le diera sostenibilidad de acuerdos y por último que al romper con la tregua, entran otra vez con represión y aún con más de la que había antes. Incrementó la violencia desde los dos lados, el Estado le dio un giro completo a la política que llevaba.

La policía arreció la represión contra las pandillas por medio de la FES, FIRT y GRP y aseguran que es necesario a la par de la rehabilitación. ¿Lo ve viable?

Yo veo contradictorio que el mismo Estado que busca eliminar hable de rehabilitar. No se puede hablar de que queremos rehabilitar y queremos erradicar, o se habla de una cosa o de otra. Claro que se deben regular actividades o controlar el crimen pero no hablar de erradicar grupos, porque es una materia bien peligrosa, porque nos podríamos convertir en Estado genocida cuando hemos designado a un grupo como culpable y buscamos su eliminación total y la sociedad también apoya y hay situaciones que se están saliendo de control como por ejemplo las ejecuciones sumarias. Hay que ir cambiando el lenguaje y reorientando el paradigma de cómo lo entendemos.

¿Es posible la rehabilitación de un pandillero?

La criminología cultural no ve al joven como desviado o teniendo una falla psicológica. Creo que lo que se tiene que rehabilitar es la sociedad, las condiciones que han permitido que estos grupos existan, entonces cuando hablamos de reinserción, por ejemplo, ¿reinserción a qué? ¿A una sociedad que condena, que es violenta, que no le da valor a las comunidades? Lo que necesitamos es rehabilitarnos todos para ser una sociedad más abierta a la juventud, a que el concepto de desarrollo vaya más orientado a las sociedades, no solo a carreteras, centros comerciales y se nos olvida la gente que es el centro de todo.

Perfil

María José Cornejo es salvadoreña y candidata al Doctorado en Criminología Global y Cultural en la Universidad de Kent, Reino Unido. Se graduó como Masters en Política Pública Internacional en la Universidad de Tsukuba, Japón y tiene una Licenciatura en Ciencia Política y Manejo de Negocios en la Universidad de Ozarks, Estados Unidos. Ha sido comentarista del libro “Pandillas como Movimiento Social” de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y conferencista en Washington D.C. con el tema “Mediación en Conflicto Criminal: Riesgos y Potenciales y la Tregua de Pandillas en El Salvador”, presentado en la Reunión Anual de la Asociación de Criminología Americana.

Así se gestó el fracaso de la condena a Venezuela en la cumbre de la OEA

Traiciones, diplomacia petrolera, la ausencia de Estados Unidos: la historia de la negociación de Cancún.

El canciller de República Dominicana, Miguel Vargas (izq.), la canciller de Venezuela, Delcy Rodriguez, y el de El Salvador, Hugo Martinez, conversan en una reunión privada en el marco de la 47 asamblea general de la OEA en Cancún, México

Javier Lafuente, Jacobo García, 25 junio 2017 / EL PAIS

Todo transcurría según lo previsto. Los discursos de los diplomáticos solo parecían la tediosa antesala de una condena sin precedentes al Gobierno de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), el organismo más crítico con el chavismo en la región. Los 23 votos necesarios parecían amarrados cuando El Salvador tomó la palabra.

-En nombre de la democracia, que se dé un espacio, un receso, lo que sea.

El reclamo del canciller, Hugo Martínez, fue aceptado entre las miradas cariacontecidas de algunos ministros. La reunión de cancilleres se detenía 45 minutos. La derrota se había consumado.

México había preparado el terreno para llegar a la Asamblea General y salir victorioso. El pasado 31 de mayo, los cancilleres de la OEA aplazaron su reunión en Washington en aras de llegar a un acuerdo sobre las dos resoluciones que había sobre la mesa: la promovida por México y 13 países más –los más poderosos de la región- exigía la liberación de los presos políticos, el cese de la violencia y que no se celebrase la Asamblea Nacional Constituyente, que el chavismo prevé para el próximo 30 de julio. El segundo texto, impulsado por los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom), era mucho más tibio y apenas pedía el diálogo entre el chavismo y la oposición. En ningún caso exigía la liberación de los presos o hacía referencia alguna a la Constituyente.

La negociación estaba en marcha. Por delante, dos intensas semanas. Había que dar un paso más allá de los pronunciamientos de esa suerte de G-14 y del activismo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que este sábado anunció que dejará la OEA el día que haya “libertad en Venezuela”. De lograr sacar adelante la resolución, México se apuntaría una gran victoria para su diplomacia, ausente de América Latina en las últimas décadas. La diplomacia mexicana recurre a Contadora frecuentemente para recordar los tiempos en que su prestigio internacional le permitió ayudar a lograr la paz en Centroamérica.

Nada más aplazarse la reunión del 31 de mayo comenzaron las negociaciones, según la reconstrucción que se ha hecho a partir de la versión una decena de fuentes, entre embajadores, diplomáticos de diversos países y miembros de la OEA. Ambas partes acordaron crear un pequeño grupo de negociadores para agilizar las conversaciones: Estados Unidos, Brasil y Perú, por una parte; Barbados, Guyana y Antigua y Barbuda, del lado caribeño. Antes de llegara a Cancún se reunieron al menos cuatro veces. México prefirió no participar directamente en los encuentros. La crispación con el Gobierno de Venezuela ha aumentado en los últimos meses. La crisis ha derivado también en un tema de política interna, toda vez que al partido gobernante, el PRI del canciller, Luis Videgaray, le sirve para azuzar al principal candidato de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha mostrado tibio ante el Gobierno de Maduro. Pese a no participar, México estuvo al tanto de estos encuentros a través del embajador ante la OEA, Luis Alfonso de Alba, un diplomático con más de 30 años de experiencia.

Hasta la madrugada del domingo, solo unas horas antes del arranque de la cumbre, las delegaciones intercambian llamadas, mensajes y borradores sobre la condena a Venezuela. El último texto había suprimido la mención a la liberación de los presos políticos y sobre la Asamblea Constituyente apenas se pedía que se reconsiderara su celebración. A unas horas del comienzo, México había logrado humo blanco. Se lo confirmó a varios representantes del G-14 el embajador de Antigua: “Podéis estar tranquilos”. Se había conseguido lo impensable semanas antes: al menos 10 países apoyarían la condena a patrón petrolero. Las posibilidades de superar el umbral de los 23 votos necesarios eran muy altas y México pensaba ya en lograr un resultado abultado, con el apoyo de El Salvador.

Para entonces, Venezuela se había puesto en marcha. Había llegado a Cancún con una delegación de casi 20 personas, la más numerosa. Comenzó entonces la embestida contra la débil diplomacia caribeña, una suma de islas endeudadas y dependientes del petróleo bolivariano. La presión fue total. Delcy Rodríguez, en su última misión como canciller, se vio con todas las delegaciones y consiguió una reunión con el Caricom en pleno, algo que no se le concedió a México.

El humo blanco se fue oscureciendo con el paso de las horas. La estocada definitiva ocurrió durante la reunión de cancilleres. Después de horas de discusión, El Salvador pidió un receso en la sesión. Aseguraba que ellos sí, pero otros países –San Vicente y las Granadinas, Haití o Dominica, entre otros- no habían visto el nuevo texto. La sesión se detuvo casi una hora.

Al regreso, solo seis países caribeños votaron a favor del texto. Otros tantos se abstuvieron, entre ellos Antigua y Barbados, cuyo embajador había garantizado los apoyos horas antes. República Dominicana y El Salvador, dos países a los que Venezuela ha puesto en el radar para una posible mediación con la oposición, también se abstuvieron.

La posición del país centroamericano irritó sobremanera a México, según varios de los presentes. Los anfitriones se sintieron, en cierta manera, traicionados por un país de su órbita de influencia. Unos días antes, había impulsado en Miami una reunión al máximo nivel entre los países centroamericanos y Estados Unidos. Mexico dio por hecho que el gesto de promover aquel encuentro sería recompensado.

Igual de hiriente, aunque no tan sorprendente, fue el cambio de posición de los países del Caribe. Venezuela desplegó su artillería diplomática para llevarlos a su terreno. El as en la manga del Gobierno bolivariano sigue siendo el oro negro. De nada sirvió el trabajo de las semanas previas. Ni siquiera que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, en un reciente viaje a Washington tratase de convencer a algunos de estos países. “A ustedes no les interesa una Venezuela que no sea próspera”, les advirtió. Dio igual. El Gobierno de Maduro no tuvo que ofrecer más petróleo, bastó presionar con la deuda para atraer a los timoratos. Solo entre República Dominicana, Haití, Granada y Antigua y Barbados suman más de 2.100 millones de deuda con Venezuela a través de acuerdos en el marco de Petrocaribe. El Salvador debe más de 900 millones de dólares, según información oficial. “Nunca vi un ejemplo de cubanización en la diplomacia de un país tan profunda como esta”, asegura un diplomático al tanto de las negociaciones.

La impotencia la consumó Estados Unidos. La ausencia en el último momento del secretario de Estado, Rex Tillerson,  fue un jarro de agua fría. Su participación, coinciden los consultados, incluso entre los críticos, hubiese podido cambiar el panorama. La Administración Trump decidió enviar en su lugar a John Sullivan, vicesecretario de Estado, confirmado en el cargo a finales de mayo.

-Estados Unidos no hizo su trabajo. No había nadie al otro lado. Pensar que te puedes sumar a un esfuerzo y no incorporar a la caballería es absurdo, resume uno de los embajadores consultados

Las dudas sobre el interés, y la capacidad, que tiene el Gobierno de Trump en mirar hacia América Latina, más allá de Cuba o las provocaciones hacia México quedaron evidenciadas en Cancún. Su esfuerzo se centró en tratar de sacar adelante la creación de un grupo mediador, con la resolución ya tumbada. Tampoco se logró. No obstante, el vicepresidente, Mike Pence, aseguró este jueves que estaban “francamente decepcionados por la inacción de la OEA en la crisis de Venezuela”.

Las declaraciones de Pence fueron el colofón a la incapacidad, una vez más, de un organismo regional de ponerse de acuerdo ante una realidad que, día a día, desde hace años, golpea sin cesar. El 90% del continente no pudo con el 10%. El continuo ir y venir en el enmoquetado recinto de Cancún, un resort del Caribe mexicano, contrastaba con las imágenes que llegaban de las calles de Venezuela, donde las protestas se encaminan a los 100 días y rondan los 80 muertos. Un día después del último revés al país, un oficial venezolano asesinaba de un disparo a bocajarro a un manifestante. Tenía 22 años.

MÁS INFORMACIÓN

Generación comprometida. De Max Mojica

En El Salvador necesitamos a gritos una “generación comprometida”, que hable, que se arriesgue, que escriba, que piense, que marche, que olvide su propia seguridad, su conveniencia, su egoísmo, su metro cuadrado y se comprometa de cara a los demás y, principalmente, con el futuro de nuestro país.

Max Mojica, 26 junio 2017 / EDH

El calificativo de “Generación Comprometida” se le asigna a un movimientos social y literario surgido en nuestro país durante la década de 1950, en el cual participaron tanto escritores nacionales como de varios países latinoamericanos residentes en El Salvador, por encontrarse exiliados de sus países de origen a consecuencia de las persecuciones políticas que sufrían en los mismos.

El calificativo de “comprometida” le fue atribuido por el poeta Ítalo López Vallecillos al núcleo inicial de escritores conformado por personajes que pasaron a la Historia Nacional como sensibles autores con un notoria profundidad social que recogía y denunciaba los problemas de la época, los cuales, curiosamente, son esencialmente los mismos que vivimos hoy: pobreza, exclusión, corrupción, intolerancia, autoritarismo y nula apertura a las ideas políticas renovadoras. Tales autores eran el propio López Vallecillos, Irma Lanzas, Waldo Chávez Velasco, Álvaro Menéndez Leal, entre otros.

La “segunda fase” de la Generación Comprometida ocurrió a finales de la Década de los Cincuenta con la creación del Círculo Literario Universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, integrado a su vez por connotados pensadores y escritores como Roberto Armijo, José Roberto Cea, Manlio Argueta y Tirso Canales, siendo el más destacado y conocido miembro, el poeta Roque Dalton.

Esta Generación Comprometida surge en la sociedad salvadoreña con una notoria fuerza intelectual y cultural, que pretendía sacudir y darle un giro a la conciencia de una sociedad básicamente agraria de costumbres aletargadas, como era la salvadoreña de mediados del siglo pasado. La fuerza con que surgió el movimiento que quería un cambio social y político para la época, se la imprimieron los jóvenes promotores del movimiento, con su típica camaradería solidaria y generosa, y a su vez, arriesgada, ya que no se debe perder de vista que sus posturas y filosofía política eran una mezcla de ideas progresistas, democráticas y, para algunos, comunistas, las cuales contrastaban con el conservadurismo de corte dictatorial de los gobiernos militares imperantes en casi todo el siglo XX en nuestro país.

El problema de ahora es que en El Salvador tenemos de todo, menos una “Generación Comprometida”. Nuestros jóvenes, entre 18 y 30 años, no obstante ser a nivel porcentual, los que mayor incidencia podrían tener como sector de votantes del padrón electoral para las elecciones de 2018 y 2019, han declarado en diversas encuestas que no les interesa la política nacional, como si la “cuestión política” fuera un evento lejano, el cual, independientemente de sus resultados, nunca les llegaría a afectar, cuando es precisamente en estas próximas elecciones que se juega el futuro mismo de esos jóvenes, sus familias y en definitiva, de su país.

Los jóvenes reclaman un cambio, quieren transparencia y eficiencia en el manejo de la cosa pública y aspiran que se combata la corrupción en el Estado –venga de donde venga-, pero curiosamente, esos mismos jóvenes son los que no se quieren involucrar en nada para obtener, precisamente, los cambios que reclaman. Ningún cambio ocurre por generación espontánea; ocurre cuando el individuo le “mete el diente” al problema, cuando se trabaja para buscar una solución, cuando uno se arriesga, se involucra, se compromete, se esfuerza. Las cosas difícilmente ocurrirán, las situaciones raramente variarán, cuando estamos sentados viendo televisión o siendo únicamente “activos” a nivel de redes sociales, a la inocente espera que “alguien más” haga algo. De seguir con esa actitud, lo más probable es que peinemos canas, recostados en nuestra poltrona, antes de que algo pase y de la nada, surja ante nuestros ojos un mejor país.

En El Salvador necesitamos a gritos una “generación comprometida”, que hable, que se arriesgue, que escriba, que piense, que marche, que olvide su propia seguridad, su conveniencia, su egoísmo, su metro cuadrado y se comprometa de cara a los demás y principalmente, con el futuro de nuestro país. Ya hay muchos que hemos dado ese paso: Sulen Ayala, Beto Sáenz, Daniel Olmedo, Erika Saldaña, Cristina López, Alfredo Atanasio, Ricardo Avelar, Gerardo Guerra, los hermanos Luis y José Portillo, Bessy Ríos, Johnny Wright, Guillermo Miranda, Eduardo Lovo, Aída Betancourt, Carmen Aída Lazo, Claudia Umaña y otros jóvenes reunidos en grupos como De Cinco en Cinco, Medio Lleno, Censura Cero, Uno más Uno, Proyecto Cero, solo por citar a algunos.

Todos queremos cambios. Todos queremos vivir en democracia y en libertad. Pero si no nos comprometemos e involucramos, nada de esto sucederá y pasarán los años y seguiremos viviendo lo mismo. La realidad es que el día llegó en que la “generación comprometida” seamos nosotros. Y es nadie nos sustituirá en la lucha por un mejor El Salvador, que nosotros estamos llamados a dar.

@MaxMojica

El sexismo no me da risa. De Cristina López

Si de las burlas por apariencia no se libran ni las mujeres más aventajadas del país — estas con educación u otras, electas a cargos públicos — aquellas con menos poder no tienen cómo salvarse.

Cristina López, 26 junio 2017 / EDH

Es sano recurrir de vez en cuando a la autoexaminación para determinar aspectos del carácter en los que no nos caería mal una repelladita. A ver, nadie es monedita de oro: una mejoría interna a nadie le ha caído mal nunca; lo difícil es identificar el área de trabajo y meterle ganas a eso del oficio de volverse, por lo menos un poquito, mejor persona.

A mí me pasó recién en forma de recordatorio, cuando vi el video producido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el que la meteoróloga Sandra Martínez ofrece su respuesta a la broma de mal gusto que circulaba por redes sociales en la que algún neandertal pretendía sacar risas baratas ridiculizando su físico o edad comparándola con “las chicas del clima” en otros países. Martínez, con una elegancia envidiable, explica que el “meme” le causó gracia, puesto que el mérito que sus 20 años de preparación y reconocimiento internacional le han ganado a puro esfuerzo no se ve en nada amenazado por el sexismo cotidiano de nuestros lares.

Vi el video y pensé: “Ojalá algún día logre reaccionar a este tipo de sexismos tan cotidianos en nuestro El Salvador con la elegancia de Sandra Martínez”, haciendo el firme propósito de trabajar para reducir la rabia que me producen estas manifestaciones reduccionistas de la mujer. Algún día. Pero ese día no es hoy. Hoy sí voy a dejarme reaccionar con toda la rabia posible, en nombre de todas las niñas que quizás solo vieron el meme y no la reacción de Martínez y que quizás internalizaron el mensaje de que la manera como se ven es más importante que el esfuerzo que ponen en

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El meme y la respuesta de Sandra Martínez

prepararse. Rabia por todas las mujeres capacitándose que tienen que esforzarse el doble para tener aunque sea la mitad de respeto, solo porque la cultura (que incluye a hombres y a otras mujeres) las juzgará primero por cómo se ven. Rabia, porque si de las burlas por apariencia no se libran ni las mujeres más aventajadas del país — estas con educación u otras, electas a cargos públicos — aquellas con menos poder no tienen cómo salvarse.

Rabia, porque el mensaje para los niños y hombres también es tristísimo. Implica que lo que hay que valorar en sus pares femeninas es el envoltorio, desestimando lo de adentro. Los niños que internalizan este razonamiento, porque lo ven popularizado, viral y chistoso en las redes sociales, son los hombres a quienes el día de mañana se les volverá facilísimo ignorar la dignidad humana de una mujer y objetivizarla en un meme, acosarla en la calle, o peor aún, toquetearla “en broma”.

Rabia, porque el humor, que puede ser una manifestación de mensajes sociales valiosísimos cuando se hace de manera inteligente, también es una expresión transparente del nivel cultural de una sociedad. Y que la apariencia física de una mujer con décadas de preparación en un campo científico profesional en el que aún hay pocas mujeres, y en el que (como en muchos otros) hay retos de diferencias salariales con los pares masculinos, en nuestro país pase como “humor” demuestra que estamos bastante mal en cuanto a nivel cultural se refiere.

Rabia, porque mucha gente no termina de entender por qué la broma es sexista y degradante. Cuando se le imponen a las mujeres estándares físicos que jamás se le impondrían a un hombre en la misma posición (en este sentido, un meteorólogo), se incurre en sexismo. Que no, dirán, que también se habrían reído del físico de un hombre salvadoreño, en comparación a sus pares en el extranjero. Entonces lo que les da risa es la apariencia étnica que compartimos millones en el país y esto, como humor, es aún más incomprensible, pues degradarse a uno mismo no solo no es chistoso, es también bastante estúpido.

La desventaja de reaccionar con rabia a los sexismos cotidianos que las redes sociales normalizan es que se interpreta como una falta de sentido del humor. Y esto, sabiamente, lo sabía Sandra Martínez y dio el ejemplo al elevarse sobre el mal gusto con su reacción elegante. Yo todavía no he llegado a su nivel, y por el momento, con tal de combatir manifestaciones culturales degradantes, estoy perfectamente cómoda con que me llamen malhumorada.

@crislopezg

Vea el video de Sandra Martínez

Otra vez, ¿no vamos a pagar? De Erika Saldaña

Espero que después del 8 de julio del presente año no nos toque hacer un recuento de los cálculos que no hicieron el Gobierno y la Asamblea en el caso de un posible impago, ya que el peligro de jugar con una bomba de tiempo es que nos estalle en la mano.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 26 junio 2017 / EDH

La posibilidad de un segundo impago en lo que va del año está a la vista. El 8 de julio el Gobierno de El Salvador debe honrar otra vez su deuda con los fondos de pensiones, cancelando cuarenta y siete millones de dólares de los Certificados de Inversión Previsional (CIP). De estos, treinta y tres corresponden al pago de intereses y catorce al pago de capital de la deuda contraída con las Administradoras de Fondos de Pensiones. Aunque esta vez parece que se está tratando de prevenir un impago, los ciudadanos debemos estar echándole el ojo a la situación para evitar que la historia de abril se repita.

El pasado 21 de junio, diversas fracciones legislativas aprobaron la reorientación de quince millones y medio de dólares del presupuesto de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y diecisiete millones y medio de dólares de los cobros que realiza la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget). Sin embargo, esta cantidad sigue siendo insuficiente para pagar la deuda pendiente, ya que faltan los catorce millones que cubren el pago del capital de los CIP. Aquí y en todos lados, pagar a medias es mala paga.

Un problema grave es que, a pesar de ya haber vivido un impago el pasado 7 de abril del presente año, pareciera que no somos capaces de dimensionar los problemas que nos puede traer otra vez esta situación. La insolvencia en el pago de capital e intereses de los CIP recién pasado hizo caer a El Salvador en la categoría de “selective default”, es decir que las calificadoras de riesgo señalaron que el país de manera voluntaria decidió no cancelar una deuda contraída y que es un peligro hacer negocios o acuerdos con nosotros. La recalificación a CCC no fue ningún alivio, ya que el problema sigue ahí con la posibilidad que se repita en julio y octubre de este año.

Ojalá esta vez el Ministerio de Hacienda haya aprendido la lección y tenga en cuenta que un impago selectivo trae problemas al país ante la comunidad internacional y a nosotros, los ciudadanos. Si de los errores se aprende, ojalá esta vez sí tengamos en cuenta que un impago trae más problemas a la ya baja calificación de riesgo del país y complica la situación del sistema financiero nacional. Ojalá esta vez sí se tenga en cuenta que los efectos de un impago se traducen en un aumento de las tasas de interés y que, por tanto, habrá menos disponibilidad de fondos para préstamos y estos serán más caros debido al alza de intereses. Todos estos factores en conjunto traen como consecuencia una desaceleración de la actividad económica.

Ojalá en esta ocasión el Gobierno no juegue con fuego y no ignore a propósito los efectos que sus decisiones conllevan. Con la elaboración del Presupuesto General de la Nación de 2017, el Gobierno y la Asamblea Legislativa acordaron no incluir una obligación previsible y certera de doscientos veintisiete millones de dólares; conscientemente decidieron no meter en el presupuesto el pago de las pensiones y esa situación hoy nos mantiene en preocupación constante. Así como definieron eso, esperamos que sean capaces del elaborar las alternativas necesarias para sacar al país del problema, dejando a un lado los cálculos políticos a conveniencia, tomando medidas técnicas y no solo interesadas.

Espero que después del 8 de julio del presente año no nos toque hacer un recuento de los cálculos que no hizo el Gobierno y la Asamblea en el caso de un posible impago, ya que el peligro de jugar con una bomba de tiempo es que nos estalle en la mano. Y, como siempre, los platos rotos los terminamos sufriendo los ciudadanos. Como venimos repitiendo muchos desde hace años, ojalá los actores políticos dejen a un lados sus intereses partidistas y se dediquen a buscar soluciones a largo plazo de los problemas del país, aunque estas sean impopulares. No podemos vivir con zozobra sobre la estabilidad del país cada tres meses.

Solo la deportación masiva podrá salvar a Estados Unidos. De Bret Stephens

En resumidas cuentas: los llamados estadounidenses “reales” están arruinando al país. Quizá deberían irse para que podamos remplazarlos con gente mejor: recién llegados que aprecien todo lo que ofrece Estados Unidos.

Migrantes recién naturalizados durante una ceremonia para nuevos ciudadanos en Atlanta, en otoño de 2016 Credit David oldman/Associated Press

Bret Stephens, 20 junio 2017 / NEW YORK TIMES

Cuando se trata de inmigración, este columnista conservador forma parte del grupo que favorece la deportación. Estados Unidos tiene demasiadas personas que no trabajan, que no creen en Dios, que no aportan gran cosa a la sociedad y que no aprecian la grandeza del sistema estadounidense.

Necesitan regresar al lugar de donde vinieron.

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Hablo de estadounidenses cuya familia ha estado en este país desde hace varias generaciones. Complacientes, sintiéndose con todos los derechos y en ocasiones sorprendentemente ignorantes respecto a temas básicos de la ley y de la historia de Estados Unidos, son una laguna estancada en la que podrían ahogarse nuestros prospectos como nación.

En todos los temas, los no inmigrantes de Estados Unidos le están fallando al país.

¿Delincuencia? Un estudio del Instituto Cato señala que los no inmigrantes tienen una tasa de encarcelamiento de casi el doble que los inmigrantes ilegales, y más de tres veces mayor que la de los inmigrantes legales.

¿Logros académicos? Solo 17 por ciento de los finalistas del concurso de talento científico Intel 2016 –calificado como “el Premio Nobel de los jóvenes”– fueron hijos de padres nacidos en Estados Unidos. En el Instituto Rochester de Tecnología, solo 9,5 por ciento de estudiantes de posgrado en ingeniería eléctrica son no inmigrantes.

¿Devoción religiosa, especialmente la variedad cristiana? Hay más inmigrantes ilegales que se identifican como cristianos (83 por ciento) que estadounidenses que lo hacen (70,6 por ciento). Los derechistas que quieren ponerle restricciones a la inmigración harían bien en ponderar este dato cuando se quejan de la baja asistencia a la iglesia.

¿Creación de empresas y emprendimiento? Lo no inmigrantes abren la mitad de los negocios de los que establecen los inmigrantes; de 1995 a 2005 menos de la mitad de las empresas fundadas en Silicon Valley fueron creadas por personas no inmigrantes. En general, el porcentaje de empresarios no inmigrantes se redujo en más de diez puntos de 1995 a 2008, según un estudio del Harvard Business Review.

Los argumentos en contra de los no inmigrantes no terminan ahí. El índice de partos para mujeres no casadas nacidas en Estados Unidos supera al de las madres nacidas en el extranjero, 42 sobre 33 por ciento, respectivamente. El índice de delincuencia y criminalidad entre adolescentes no inmigrantes supera al de sus pares inmigrantes. Un reporte reciente del Sentencing Project también encontró evidencias de que, mientras menos inmigrantes haya en un vecindario, más posibilidades hay de que este sea peligroso.

Además está la importantísima cuestión de la demografía. La carrera por el futuro a fin de cuentas será corrida por la gente saludable, en edad laboral y fértil. Y aquí también nos están fallando los no inmigrantes. “El aumento en el número total de nacimientos anuales en Estados Unidos, de 3,74 millones en 1970 a 4 millones en 2014, se debe por completo a partos de madres nacidas en el extranjero”, reveló el Centro de Investigaciones Pew. Sin esas mamás inmigrantes, Estados Unidos se vería enfrentado a la misma espiral demográfica mortal que acecha a Japón.

En resumidas cuentas: los llamados estadounidenses “reales” están arruinando al país. Quizá deberían irse para que podamos remplazarlos con gente mejor: recién llegados que aprecien todo lo que ofrece Estados Unidos, que tienen mayores ambiciones para sí mismos y sus hijos y están más dispuestos a hacer sacrificios por el futuro. En otras palabras, el tipo de gente que éramos antes… cuando “nosotros” acabábamos de desembarcar.

Claro, es broma lo de deportar en masa a los “verdaderos estadounidenses”. (¿Quién los va a recibir, además?) Pero la amenaza de deportaciones masivas no ha sido ninguna broma con este gobierno.

El 15 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional parecía haber anunciado que extendería un programa del gobierno de Barack Obama llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que permite que jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños –unas 800.000 personas en total– sigan estudiando y trabajando. Esa decisión daría marcha atrás a las amenazas de Trump en su campaña de deportar a esos chicos, cuyo único delito fue haber sido traídos a Estados Unidos por sus padres.

Empero, el gobierno sigue empeñado en deportar a esos padres y el viernes 16 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que incluso DACA seguirá en revisión. Eso es una cruel medida para los jóvenes inmigrantes, que se preguntan si serán enviados de regreso a un país “de origen” que difícilmente conocen y que habla un idioma que muchos de ellos ni siquiera entienden.

Más allá de lo inhumano que resulta jugar de ese modo con la vida de otra gente, está también la miopía de esa medida. Nadie encuentra felicidad ahuyentando a quienes podrían amarlo. Los negocios no prosperan cuando despiden a sus mejor empleados ni desanimando las solicitudes de empleo. ¿Cómo quieren que Estados Unidos sea grandioso de nuevo si reprende y expulsa a un sector de su población que tiene más energía, es más emprendedor, más respetuoso de la ley, que más empleos crea, que más ideas genera, que más se reproduce y que es más devoto?

Ya que yo soy hijo de inmigrantes y crecí en el extranjero, siempre he pensado que Estados Unidos es un país que pertenece, en primer lugar, a los recién llegados: a la gente que más se esfuerza por ser parte de él pues se da cuenta de que es precioso; que hace todo lo posible para que nuestras ideas y nuestro atractivo sigan siendo nuevos y brillantes.

Esto solía ser un cliché, pero en tiempos de Trump necesita explicarse una y otra vez: somos un país de inmigrantes; también uno de y para inmigrantes. Los estadounidenses que no entiendan eso deberían irse.