Carta a los diputados: Eliminar la maldita zona gris. De Paolo Luers

Paolo Luers, 27 mayo 2917 / MAS! y EDH

Estimados diputados:
Están circulando en redes sociales copias de supuestos recibos de “sobresueldos” y otros de honorarios que la Casa Presidencial pagó a los miembros de la extinta Comisión Nacional de Desarrollo. Fiesta para los troles y sus “periódicos” digitales…

En medio de esta campaña de tirar excremento al ventilador, nos enteramos de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar a Probidad que investigue los patrimonios de todos que han ejercidos cargos en el período de Mauricio Funes, incluyendo todo su gabinete, magistrados electorales, jefes militares y diputados.

Y ahora resulta que El Faro tiene en su posesión (y comienza a publicar) cuadernos de la contabilidad paralela que en Casa Presidencial llevaron de la famosa “partida secreta” correspondiente a los gobiernos de Calderón Sol, Francisco Flores y Tony Saca.

Todo esto se suma a los juicios a los últimos tres presidentes: Flores por las donaciones de Taiwán; Saca por robo de más de 200 millones; Funes por enriquecimiento ilícito y por la corrupción en El Chaparral.

Pareciera que toda la clase política de nuestro país es una sola cloaca de corrupción. Pero es una percepción equivocada. Por el perverso carácter de los “fondos reservados”, donde se mezclan gastos legítimos con otros cuestionables o ilegales; y por la negligencia de la Corte de Cuentas, todo esto resulta una inmensa zona gris – y en las publicaciones, denuncias y juicios salen a bailar justos y pecadores.

Esta zona gris hay que eliminarla.

Por esto la Sala declaró inconstitucional la “partida secreta”; y por esto urge regular y transparentar también el subterfugio que crearon después: los “fondos reservados”. No podemos permitir que por el mal manejo de unos pocos todo el sistema de gobierno, todos los políticos y funcionarios públicos estén bajo permanente sospecha.

Por ejemplo: entre los acusados en el caso Saca se encuentran ex funcionarios de la Oficina de Inteligencia del Estado, que no han hecho otra cosa que ejecutar el presupuesto de su institución. Ellos no tienen culpa que CAPRES y Corte de Cuentas no hayan querido establecer una forma transparente (aunque por razones obvias no pública) de supervisar la ejecución del presupuesto y del trabajo de la Inteligencia del Estado.

El Consejo Nacional de Desarrollo fue una institución legítima y además muy prestigiosa, cuyos integrantes por supuesto recibieron honorarios por su excelentes aportes. Este tipo de instituciones no deberían relacionarse con la zona gris, ni mucho menos con corrupción.

Solo porque ya sabemos de los presuntos manejos mafiosos de Tony Saca y Mauricio Funes, no podemos asumir que todos sus ministros y funcionarios hayan sido partícipes de la corrupción. No podemos concluir culpabilidad por asociación en juicios mediáticos.

Y no todos los “sobresueldos” implican compra de voluntades. No es lo mismo pagar algo “extra” a un ministro, que de todos modos es súbdito del presidente, que a un fiscal general, magistrado o diputado.

Que Probidad haga sus investigaciones, y si hay indicios de enriquecimiento ilícito, que los pase a la fiscalía y los tribunales. Pero lo más importante es que la Asamblea tome acción legislativa para eliminar la zona gris de los “fondos reservados”, reformar de fondo la Corte de Cuentas y dictar una Ley de Salarios en el Servicio Público.

Saludos,

Las elecciones no solo deben preocuparnos cuando hay elecciones. De Humberto Sáenz Marinero

Los nuevos desafíos se presentan en la conformación de la Juntas Receptoras de Votos, la implementación del voto en el exterior, el conteo de votos, los tiempos para emitir resultados, elección y rol de diputados suplentes, entre otros.

Humberto Sáenz Marinero, 26 mayo 2017 / EDH

Está claro que en nuestro país no hemos puesto suficiente atención a la materia electoral, y que eso ha provocado no pocos inconvenientes que se suman a los ya consabidos problemas con los que a nuestro país le está tocando lidiar.

Que no le hayamos puesto la suficiente atención al tema, no nos ha permitido entender a cabalidad la dinámica legislativa; dinámica que no es propia de nuestro país, sino que se repite en los distintos ordenamientos: la resistencia de los partidos políticos representados en el Órgano Legislativo, a quienes – en todas latitudes – les cuesta dictar reglas que entrañen autolimitaciones, o que lleven a regularizar su funcionamiento, o que prevean exigencias de transparencia o que incluso promuevan la imposición de correctivos y sanciones.

Se vuelve imprescindible comprender en su exacta medida esa realidad. Eso pondrá nuestras expectativas en su justa dimensión y nos permitirá, a los ciudadanos que no formamos parte de los partidos políticos, pero que queremos incidir en ellos, a las autoridades administrativas y a las autoridades judiciales, adoptar de mejor manera el rol protagónico que también nos corresponde en la reestructuración del eje articulador de nuestra convivencia democrática.

Por supuesto que eso no significa que los partidos políticos se desentiendan y dejen todo a terceros o se limiten a ir apagando incendios donde aparezcan las exigencias ciudadanas. Los bajos niveles de aceptación que hoy día tienen nuestros partidos, se deben en buena medida a su incapacidad para ajustarse a las nuevas realidades y a su empecinado esfuerzo por continuar con prácticas que riñen con las más sofisticadas exigencias de transparencia, rendición de cuentas y democracia interna.

Por otra parte, habiéndonos decantado por un sistema en que en un mismo órgano colegiado (el TSE) se realizan funciones administrativas y jurisdiccionales, y mientras tal sistema se mantenga, es imperativo que los jueces electorales adquieran plena conciencia de las responsabilidades que eso conlleva. Se están emitiendo sentencias equiparables a las de un tribunal judicial pero parece que hace falta darle contenido a las facultades constitucionales que por ende se despliegan.

Esto a su vez nos obliga a prestar más atención a la convivencia que debe existir entre la justicia electoral y la justicia constitucional. Podremos estar o no de acuerdo con lo que de constitucional se ha venido resolviendo, pero lo cierto es que ha sido la pereza y la desidia legislativa, la que en gran medida nos ha llevado a ese punto; y en varios casos, ha sido la inexcusable desobediencia.

Los partidos políticos se han negado a tocar temas sensibles o incómodos, por lo que la justicia constitucional ha sido el cauce sustituto que han ubicado las exigencias ciudadanas. Ahora es un fenómeno que no podemos seguir ignorando, ni tampoco podemos seguir analizándolo como un suceso esporádico.

Por el contrario, debemos buscar mecanismos que respetando siempre la institucionalidad y la separación de atribuciones, posibiliten una mejor sinergia de estas justicias. Entremos en serio a analizar si en el ámbito del derecho electoral, necesitamos propiciar una participación más directa de los jueces electorales en las acciones constitucionales; veamos si es necesario agotar siempre una instancia antes de acudir a la otra; propongamos herramientas que acerquen la justicia electoral a los ciudadanos.

Tengamos claro que la judicialización de la política no tiene nada de nuevo, y que el activismo judicial tampoco. Los jueces han ido ampliando el ámbito de sus decisiones, abarcando cuestiones que antaño correspondían de manera exclusiva a las instituciones políticas; son muchas las causas que explican este fenómeno.

Para el caso concreto, gracias a este rol que subsidiariamente ha tenido que ser asumido por la Sala de lo Constitucional, hemos pasado de un sistema de voto por bandera que limitaba al mínimo la participación ciudadana en la conformación de la Asamblea Legislativa, a un sistema donde podemos elegir con nombre y apellido a las personas que representarán a los distintos sectores de la sociedad.

Los nuevos desafíos se presentan en la conformación de la Juntas Receptoras de Votos, la implementación del voto en el exterior, el conteo de votos, los tiempos para emitir resultados, elección y rol de diputados suplentes, entre otros.

Y sin duda, una de las tareas más importantes que tenemos que comenzar a trabajar ya, es el replanteamiento del rol del TSE, buscando que este se convierta de verdad en la máxima autoridad en materia electoral; todo esto, en favor y máxima garantía de los derechos de todos los votantes.

Por último, los ciudadanos tenemos que comprender que esto no solo nos debe preocupar al estar cerca de un proceso eleccionario. Hay que entender que se trata de una materia que tiene enormes repercusiones en la cotidianeidad, en nuestro día a día.

@hsaenzm

Divide y vencerás. De Manuel Hinds

Maduro y sus aliados cubanos ya han demostrado hasta la saciedad que no les importa matar, encarcelar y violar los derechos de sus ciudadanos con tal de mantenerse en el poder.

Manuel Hinds, 26 mayo 2017 / EDH

La lucha en Venezuela se va haciendo cada vez más larga. El repudio del pueblo al régimen del Socialismo del Siglo XXI es abrumador y decidido. Pero los Socialistas del Siglo XXI están ya tan enquistados en las estructuras de poder que pueden resistir indefinidamente a los embates de las protestas sin que eso les importe un comino. Maduro y sus aliados cubanos ya han demostrado hasta la saciedad que no les importa matar, encarcelar y violar los derechos de sus ciudadanos con tal de mantenerse en el poder.

Si los venezolanos hubieran actuado hace unos años con la fuerza que hoy están mostrando los Socialistas del Siglo XXI ya hubieran desaparecido del mapa político para dar paso a una democracia moderna. Pero dejaron que el monstruo creciera, subyugara a las fuerzas armadas y a la policía, e invadiera todas las instituciones del país, capturándolas para que en vez de servir al país se convirtieran en instrumentos del abuso del poder de Chávez, Maduro, los cubanos y sus asociados.

Los venezolanos no pudieron actuar a tiempo para deshacerse de este régimen por dos razones. Primero, porque no pudieron generar una unión entre todos los opositores del gobierno para formar una fuerza irresistible. Los partidos moderados, todos enemi-gos del chavismo y de Maduro, se mantuvieron divididos por razones irrelevantes y por personalismos estúpidos. Esto permitió a los chavistas mantener el poder ejecutivo en sus manos contra viento y marea. Segundo, porque, en gran parte por esa razón, dejaron a los Socialistas del Siglo XXI cambiar las leyes, la constitución, y las instituciones de tal forma que ellos llevaban siempre la ventaja en las elecciones, y para asegurarse de que aunque perdieran no soltarían el poder. La manipulación del sistema electoral fue tal que el pueblo tuvo que votar abrumadoramente en contra de ellos para sacarlos del poder. Pero cuando eso pasó, los Socialistas del Siglo XXI se han negado a cumplir con la constitución y a entregar el poder.

Esta historia debe ser ejemplo para nosotros. Por años, el FMLN ha venido socavan-do las instituciones del país para que nadie pueda oponérseles.

Las elecciones de 2018 y 2019 dan la oportunidad, quizás la última, de votar a los del FMLN del gobierno y la Asamblea. La sociedad civil y los partidos que no son el FMLN o satélites de éste deben comprender que si esta oportunidad no se usa probablemente no habrá otra, y que si la hay el aprovecharla tendría costos enormes para la sociedad entera—costos como los que Venezuela ha estado pagando en los últimos años. Por esa razón, toda la sociedad civil debe unirse con el propósito de expulsar al FMLN de su enquistamiento en el gobierno, recuperar la democracia y el respeto a los derechos individuales para esta y las futuras generaciones, y abrir las puertas para que gobiernos electos democráticamente puedan invertir en capital humano y desarrollar el país.

En esta lucha, el objetivo último es recuperar el poder ejecutivo. Por supuesto que la Asamblea es crucial, y que debe lucharse para lograr la mayor ventaja posible en ella. Pero basta ver Venezuela para darse cuenta de que la oposición puede controlar entero el poder legislativo y aún así estar impotente ante el ejecutivo, que puede desatar un poder imbatible con su control de las fuerzas armadas y de la economía del país.

Varias personas han manifestado su interés por ser presidentes de la república. Sólo uno de ellos va a triunfar. Si estas personas son patriotas, no deben permitir que la ambición de ser ese uno destroce la unidad de la oposición, permitiendo que, como pasó en Venezuela, el FMLN se perpetúe en el poder. Tienen que competir, pero con programas y políticas, no con ataques destructivos que le ahorren al FMLN el trabajo de destruir a la oposición. Luego, al elegir al candidato de la oposición, todos los demás líderes deben apoyarlo. Esto es importante no sólo por la razón obvia de que la unión hace la fuerza, sino también porque el pueblo quiere ver que sus líderes están luchando por ideales, no por ambiciones personales.

What happened to Gustavito, the beloved hippo at El Salvador’s National Zoo? The Washington Post

A handout photo made available by El Salvador’s Culture Ministry shows El Salvador National Zoo personnel attending to a hippopotamus named Gustavito on Feb. 25. The animal later died. (EPA/El Salvador’s Culture Ministry) (El Salvador’s Culture Ministry H/EPA)

Joshua Partlow, Mexico Bureau Chief, The Washington Post

Late one Sunday night in February, El Salvador’s secretary of culture alerted the world to a “cowardly and inhumane attack.” The perpetrators had used “severe and overwhelming blows.” A beloved national figure was gone.

Gustavito, the lone hippopotamus at the National Zoo of El Salvador, had been killed.

It takes a lot to shock El Salvador, one of the world’s most violent countries, but Gustavito’s death had done it. Tens of thousands of mourners streamed into the zoo, a leafy enclave in southern San Salvador, to pay their respects. The bereaved held candlelit vigils. When the environment secretary addressed reporters, she was in tears.

Had gang violence gotten this out of control?

“Forgive us, Gustavito,” one resident tweeted, reflecting the national shame.

Within a couple of days, however, the first cracks appeared in the official story. Had Gustavito actually been stabbed in the snout by vicious assailants using an ice-pick-like weapon, as zoo director Vladlen Henriquez alleged? Or did the hippo get sick several days before, as anonymous zoo workers leaked to the local media, then lose the ability to eat and, with poor medical care, fall onto some sharp parts of his enclosure?

Ricardo Amaya, the union boss for the zoo workers, could smell one thing.

“There is negligence here by the zoo director and the veterinarians,” he told reporters.

These initial suspicions soon twisted into more elaborate ones. Was Gustavito’s death part of a conspiracy to shutter the zoo, pushed by shadowy business interests who want to build some mega-project on the property? The El Salvador attorney general’s office was called in to investigate.

Before the investigators could finish their work, however, news of more bizarre occurrences trickled out of the zoo. On April 23, five scarlet macaw parrots were stolen. Four days later, an 8-year-old puma, Soberana, died of intestinal trouble, the same day that a spider monkey drowned in a pond.

Perhaps the strangest incident took place April 10,when the zebra died. Zoo authorities explained that an earthquake struck in the middle of a heavy rain, presumably spooking the zebra so much that it ran headfirst into the fence of its pen.

“It seems that something weird and abnormal is happening at the zoo, but nobody, absolutely nobody, does anything about it,” Ricardo Chacón, editor in chief of El Diario de Hoy, wrote in an April 29 editorial. “This is almost a syndrome.”

The attorney general’s office seemed to discount the Gustavito murder theory, announcing that the animal died of a pulmonary hemorrhage. “You don’t see ice pick penetration, as was said initially,” one of the prosecutors said, adding that the wounds in Gustavito’s mouth could have come from his own tusks.

San Salvador Mayor Nayib Bukele finds the zoo’s explanations of its mysterious deaths even less credible. After Gustavito died, Bukele proposed closing the zoo and relocating all 600 of the animals to a wildlife sanctuary in Mexico.

“The zoo here . . . it’s depressing,” Bukele said in an interview. “We have a lion that has eaten his own tail. I’m not joking. Literally, he ate his tail.” He also cited a photo on social media that he said showed four monkeys with about 100 rats eating their food.

A mysterious death

The zoo is large and jungly, with a big lagoon where the spider monkeys romp in the trees, and rocky outcroppings for the tigers and lions. On a recent Saturday morning there were few visitors; since Gustavito’s death, visits have dropped by half.

Born in captivity in 2002 at a zoo in Guatemala, the hippo was purchased for $5,000 by the El Salvador zoo two years later. When the zoo’s elephant died in 2010, Gustavito was the main remaining attraction.

“He was famous,” one zoo custodian told me. “Famous like Madonna.”

Gustavito lived in the herbivore section at the back of the zoo, in a grassy pen with several trees and a concrete bathing pool. He ate massive quantities of bananas, celery, spinach, watermelon and cucumber and spent a lot of time submerged. A two-story school and several houses border his pen, so if someone wanted to break into the zoo, this would be a good place to try.

Henriquez, the zoo director, stands by his murder theory and denies any wrongdoing. In recent years, Gustavito, who weighed more than 3,000 pounds, had minor ailments and injuries, but he finished 2016 “apparently in good health,” according to a 23-page report prepared by the zoo.

In early February, zoo staff noticed that Gustavito looked “pale” and “ashen,” the report said. He wasn’t eating well and was constipated. A team of veterinarians gave him medicine. His “rosy coloring” returned, the report said.

Then, on Feb. 23, a zookeeper alerted superiors that Gustavito had not eaten his prior day’s food. He wouldn’t leave the water. Staff saw bruises on his eyebrows and jaw. When they coaxed him out, they noticed cuts and puncture-type wounds on his sides, limbs and inside his mouth. The stress had apparently disrupted his digestive system. His stomach was distended. He was unable to defecate, and he seemed in pain.

Inside his pen, zoo staff found a three-inch piece of corrugated iron rod and several small stones, according to the report. Henriquez said they also found a hole in the wire fencing, suggesting that one or more people could have entered.

“He had cuts on all sides, which indicates that it was not a fall,” Henriquez said in an interview. “If he had fallen, he would have had wounds on one side.”

“The animal had been attacked,” he added.

Over the next few days, despite treatment and medication, Gustavito refused to eat. On Feb. 25, zoo staff noticed that he expelled feces from his nose, a sign he was severely obstructed, according to the zoo report. He was given a nasal catheter. He later lost coordination and fell off the lip of the pool. His breathing became labored.

The next day, Gustavito’s condition worsened, and he died that night. The cause, according to head veterinarian Virna Ortiz, was cardiorespiratory failure and paralysis of the digestive system due to “stress, the product of an aggression suffered by the animal.”

A Brazilian veterinarian, Rodrigo Teixeira, who happened to be in El Salvador when Gustavito got sick, defended the zoo staff.

“I saw a team of professionals very involved in the case and very worried about the situation,” said Teixeira, who hosts a reality show on “Animal Planet” in Brazil. “They have and provide good food and medicine for the animals. During my stay, I did not feel or see a lack of resources in the zoo.”

That is small comfort to the zoo’s regular visitors.

“It’s a shame,” said Roxana Romero, 20, as she sat on a bench in front of Gustavito’s empty pen. “On the weekends, this place used to be full. Now that the hippopotamus isn’t here, there aren’t big-name animals anymore.”

Her sister, Veronica, agreed that Gustavito left a giant hole.

“He was my favorite,” she said.

La falsa respuesta. De Florent Zemmouche

Hay obsesiones de algunos hombres políticos que se pueden resumir en una sola palabra: armar. Pretenden resolver los graves problemas de inseguridad en nuestro país armando a ultranza. Pero están equivocados. Y si su error es multifacético, también revela un síntoma recurrente de la ineficacia política.

Florent Zemmouche, 26 mayo 2017 / LPG

Por lo general, estos políticos se inscriben dentro de un mismo marco de ideas retrógradas e inadecuadas como lo son el restablecimiento de la pena de muerte o la legalización de grupos de “autodefensas comunales”. Incluso, este último proyecto ha sido ya apoyado mediante el financiamiento de licencias de tenencia de armas de una comunidad. Por cierto, es interesante que un diputado en cualidad de hombre público proponga una medida y mientras tanto, sin que sea aceptada, como ciudadano lambda, la aplique. Es una manera particular de entender y de practicar el proceso democrático. Tal separación del individuo no puede existir para un hombre político quien no es un ciudadano cualquiera. Además, preciso es notar que si bien el dinero da cierto poder, el poder no rima necesariamente con la inteligencia.

Frente a cada nuevo caso de violencia, aquellos dirigentes repiten su inquietante leitmotiv: hay que armar a la población. Tal propuesta es fruto de una observación errónea de la realidad. La inseguridad proviene precisamente de la tenencia masiva de armas en El Salvador. Impulsar su distribución en la sociedad civil no resuelve el problema, lo incrementa. Tal acción es perniciosa. Hay que optar por la dinámica contraria, la del desarmamiento. Por ejemplo, en vez de pagar para armar, ¿por qué no dar dinero a cambio de cada arma depositada definitivamente en manos de una organización designada para ello?

El hecho de apoyar económicamente la tenencia de armas denota la cobardía de los políticos que se destituyen de sus responsabilidades. La seguridad pública es un deber constitucional del Estado. Le incumbe fundamentalmente conservar y proteger la vida de sus ciudadanos, con sus fuerzas de seguridad. El monopolio de la violencia legítima es, según Max Weber, la definición misma del Estado. Otorgarle a cada individuo la posibilidad de defenderse por sí mismo destruiría ese monopolio central destinado a garantizar el orden. Desaparecería entonces el Estado, dejando la sociedad ser devorada por una guerra de todos contra todos.

En realidad, este tipo de medida obedece a la lógica de la política-espectáculo que nos gobierna y cuya esencia es la inmediatez. Somos impacientes. Y la impaciencia destroza la eficacia de la acción política. Queremos que todos los problemas se resuelvan inmediatamente mientras que la política no puede concentrarse sola y exclusivamente en el presente. Tiene que proponer una visión, un proyecto, un futuro. Su trabajo es una construcción. Entendamos entonces que la respuesta a la violencia en nuestro país es un largo proceso que requiere paciencia. Sus resultados no serán inmediatos. La política de la “mano dura” es un paliativo. Por cierto, los abusos policiales y los estragos colaterales ya son numerosos y a cargo de profesionales. ¿Cuántos serán los errores con novatos?

Así no se resuelve el verdadero problema. Las raíces de la plaga permanecen intactas. Detrás de la violencia se esconde una sociedad que no funciona. Un Estado que no cumple con sus deberes. Si hay dinero que gastar, que sea usado de manera sensata. ¿Por qué no financiar escuelas? ¿Docentes? ¿Por qué no apoyar económicamente la construcción de estructuras sociales en todo el país? ¿Por qué no dedicarse a integrar los territorios abandonados? Seamos exigentes y rigurosos para estar a la altura de las dificultades. No caigamos en la trampa de la impaciencia y de la rabia.

Van por la Sala… De Luis Mario Rodríguez

Desde 2009 el máximo intérprete de la Constitución ha sido incómodo para la mayoría de los partidos políticos y para el Órgano Ejecutivo.

Luis Mario Rodríguez, 25 mayo 2017 / EDH

En los últimos dos años se han intensificado los artificios legales para tomarse algunas de las instituciones que por años acogieron la relación tripartita entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno. En 2013 se neutralizó por completo al Consejo Superior del Trabajo (CST). Esta instancia surgió después de la firma del acuerdo de paz como un espacio para que los sectores laboral y privado discutieran, bajo la mediación del Ejecutivo representado por el Ministerio de Trabajo, distintas medidas que fortalecieran los derechos laborales, incentivaran el crecimiento económico y promovieran el cumplimiento de los tratados y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Después de 19 años ininterrumpidos de fomentar el diálogo social, el ministro de turno rechazó las propuestas de las organizaciones sindicales alegando que no estaban representadas algunas que, según trascendió públicamente, son afines al partido de gobierno. Las federaciones de sindicatos que han formado parte del CST alegan que el ministerio autorizó cientos de sindicatos, pasando, según las estadísticas de 2013, año en el que se desarticuló el ente tripartito, de 213 a 618 entre públicos y privados.
En 2015 la OIT urgió al gobierno salvadoreño a reactivar al CST señalando que su acefalía violenta el convenio sobre libertad sindical ratificado por El Salvador en 2006 después de una intensa negociación entre las autoridades de ese entonces y el partido FMLN. A dos años de la resolución de la OIT el CST continúa sin operar.

La misma estrategia se utilizó para la designación de los representantes laborales en el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM). El período para el cual fueron elegidos sus miembros finalizó en febrero de 2015 y el Ministerio de Trabajo convocó a elecciones hasta el 31 de octubre de 2016 en medio de la negociación para el aumento del salario mínimo. Tanto las organizaciones sindicales del sector privado como las gremiales empresariales delataron serias irregularidades en la elección de los nuevos integrantes quienes finalmente aprobaron un incremento salarial con montos y condiciones diferentes a los que originalmente pactaron las anteriores autoridades del CNSM.
En un nuevo episodio de saqueo institucional el Grupo Promotor (GP) de la Ley de Acceso a la Información Pública denunció los intentos por controlar el Instituto que tiene a su cargo la aplicación de esta normativa. La queja señala la manipulación del reglamento de elección por parte de Casa Presidencial al exigir la presencia del representante legal de las organizaciones con derecho a voto sin permitírseles otorgar un poder para que alguien más comparezca en su nombre. Además el GP rechaza la participación de organizaciones que no pueden participar en la elección porque su naturaleza jurídica es la de una asociación cooperativa cuando la ley establece el derecho para las asociaciones empresariales. También criticó la imposibilidad de examinar con el rigor necesario las hojas de vida de los candidatos, varios de los cuales, según el comunicado de esa instancia ciudadana, carecen de la experiencia para ocupar el cargo de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Esta realidad puede llevarnos de nuevo a la oscuridad en la que vivíamos antes de 2011 y que favoreció el mal manejo de los fondos públicos.

Con esos antecedentes a sus espaldas es muy probable que la próxima “víctima” sea la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Desde 2009 el máximo intérprete de la Constitución ha sido incómodo para la mayoría de los partidos políticos y para el Órgano Ejecutivo. Sus resoluciones han modernizado el sistema electoral, promovieron el acceso a la información pública, iniciaron la despartidización de varias entidades del Estado, impulsaron la transparencia y la democratización interna de los partidos políticos y han sido fundamentales, junto con el resto de integrantes del máximo tribunal de justicia y la Fiscalía General de la República, en la lucha contra la corrupción. También revalorizó la justicia constitucional.

La concentración del poder político debilita por completo a los sistemas democráticos. Venezuela y Nicaragua son dos claros ejemplos en la región latinoamericana. Sin independencia de poderes los ciudadanos pierden la mayoría de sus libertades individuales. Detener esta insana pretensión es urgente si se quiere vivir en un pleno Estado de derecho.

Carta a la jueza del “caso tregua”: La papa caliente. De Paolo Luers

El miércoles 24 de mayo terminó la audiencia preliminal en el “caso tregua”. La jueza anunció su sentencia para el día 31 de mayo.

Paolo Luers, 25 mayo 2017 / EDH y MAS!

Su señoría:
Durante seis días la vi dirigir esta audiencia. La vi actuar con sabiduría desde su primera decisión, levantando la reserva que otra jueza decretó hace un año a solicitud de la fiscalía. Durante un año la fiscalía nutrió a los medios con filtraciones sobre acusaciones y “pruebas”. Cuando usted abrió su audiencia, el juicio mediático ya había concluido con condenas.

También fue sabia al permitir que los fiscales Jaime Ernesto Rivera Jiménez y José Arturo Cruz Álvarez desplegaran de manera dispersa, desordenada, repetitiva y contradictoria sus supuestas pruebas, sus acusaciones, y sus escasas consideraciones jurídicas, mezcladas con argumentos y suposiciones de carácter político.

Usted les dio esta libertad, porque sabía que tenía sentados en frente una veintena de abogados, quienes iban a encargarse de demoler la teoría de conspiración que decía que estos 22 ciudadanos, 21 de ellos servidores públicos en Centros Pernales y la PNC, hayan formado una asociación ilicitica para fortalecer a las pandillas. Y así fue. Manuel Chacón, el abogado de Nelson Rauda, ex director general de Centros Penales, dio cátedra a los fiscales, despedazando el dictamen de acusación que no está basado en ningún análisis jurídico que comprobara la constitución de delitos. Si no hay delito, ¿cómo puede haber asociación ilícita?

Los defensores desarmaron una tras otra las “pruebas” aportadas por la fiscalía, y de repente se vio que en este caso los únicos actos arbitrarios (uno de los delitos imputados a los funcionarios) los cometió la fiscalía. Por ejemplo, cuando detuvieron y acusaron a una mujer con 7 meses de embarazo, la cual según los documentos presentados por la misma fiscalía ni siquiera formó parte del Consejo Penitenciario que supuestamente cometió el delito de falsedad ideológica a la hora de autorizar traslados de reos.

Durante los dos días de la defensa, en la audiencia apareció otra imagen: una política pública formulada por el gobierno de facilitar la mediación de una tregua entre las pandillas; servidores públicos que dentro del marco de esta política oficial hicieron posible que se llegara a una reducción sustancial de la violencia; y una fiscalía que hizo cualquier manipulación e interpretación amañada de los hechos para convencer primero a la opinión pública y luego a usted que los 22 acusados habían actuado por decisiones propias y con voluntad de delinquir y favorecer a las pandillas.

El punto decisivo en esta audiencia fue cuando al fin, luego de un año sin poder defenderse (por la reserva decretada), podían tomar la palabra los imputados. Fue un desfile de mujeres y hombres serios, con intachables historiales de servicio, servidores públicos dedicados y responsables, profesionales con capacidad de razonamiento. No son conspiradores. No han dado pie, en toda su vida profesional, a ninguna sospecha de corrupción. Son personas con vocación de servicio que hacen funcionar instituciones como los penales y la PNC – a pesar de todos los abandonos y malas decisiones por parte de subsiguientes gobiernos de derecha e izquierda.

Usted ahora tiene una papa caliente en sus manos. Cualquier decisión que tome será criticada. Puede atenerse a lo que escuchó en 6 días de audiencia y desechar este caso tan sistemáticamente politizado y manipulado en los medios y en los pasillos del poder. Pagará un alto costo si decide hacer lo correcto. La van a acusar y acosar. O puede ceder a la presión política y de la opinión pública, que de antemano condenó a la tregua y a todos que tuvieron parte en ella. En este caso, otros jueces, en vista pública, tendrán que lidiar con la papa caliente.

Por lo que he visto y oído en esta audiencia, confío que usted hará lo correcto. Saludos,