El regreso de los gorilas. De Alberto Barrera Tyszka

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Alberto-Barrera-Tyszka-640Alberto Barrera Tyszka, 15 enero 2017 / PRODAVINCI

Ayer, Diosdado Cabello, embutido en un traje militar de campaña, rodeado de soldados y de cámaras de televisión, empuñó ferozmente un micrófono para carajear a Obama, a la oposición, a cualquiera que no quiera someterse al plan eterno de la revolución. “No tenemos miedo de verdad, perdimos el miedo hace tiempo”, vociferó. Tanto lo perdieron que hoy, precisamente, el Presidente ni siquiera se atreve a presentar su Memoria y Cuenta del 2016 ante el Parlamento. Maduro prefiere hablar frente a un Tribunal escogido a dedo por el oficialismo. No desea correr ningún riesgo. Le da culillo enfrentarse a quienes lo cuestionan. Maduro solo puede dar la cara ante sus amigos o en cadena nacional. No quiere que nadie lo interrumpa. No le rinde cuentas al país sino al TSJ, ese club privado donde solo entran sus amigos.

prodavinciEste fin de semana es una metáfora terrible del desastre nacional: el sábado el gobierno legitima las armas y la violencia, el domingo el gobierno deslegitima la democracia y el poder de la ciudadanía.

El ejercicio militar Zamora-2000 es una agresión brutal en contra de la dignidad de los venezolanos. Se organizó la movilización y participación de 580 mil personas, entre efectivos militares y población civil. Se realizaron simulacros, maniobras, ejercicios de entrenamiento. Se probó armamento nuevo y de mucho poder. El propio Presidente apareció en imágenes, empuñando un fusil… Como si varias fragatas extranjeras estuvieran detenidas frente a nuestras costas. Como si la amenaza de una invasión fuera inminente. Como si realmente existiera un enemigo colosal a punto de atacarnos. El Ministro de Defensa, en un destemplado ataque de maoísmo, ya había señalado la ruta: la “guerra popular prolongada”. ¿Contra quién? No se sabe. El chavismo necesita urgentemente un enemigo. Tal vez son, en todo el planeta, los que están más contentos con la llegada de Donald Trump la Casa Blanca.

Pero la mayoría de los venezolanos no tiene uniformes sino hambre. ¿Cuánto costó el ejercicio militar de ayer? ¿Cuál fue el presupuesto de ese espectáculo? ¿Con qué moral la Fuerza Armada se gasta balas en un show mientras en los hospitales faltan las jeringas? ¿Qué clase de ejército juega a la guerra invisible, dándole la espalda a la guerra real que ataca a su población?

Obviamente, todo esto forma parte del mismo proceso de descomposición que viene desarrollándose aceleradamente en el país. El contra ataque siempre ha estado presente en la metodología del chavismo. Es un elemento central en su concepción bélica de la política. Ante cualquier surgimiento disidente, se implementa una defensa y, después, un fulminante contra ataque. Cualquier intento por lograr que regrese la democracia al país, se encontrará con está dinámica, orquestada sin pudor desde el Estado y con dinero público. Ahí donde los venezolanos ven oxígeno, el oficialismo ve una nueva oportunidad para la asfixia.

Dentro de ese esquema cabe todo lo que hemos visto en este comienzo del 2017: la suspensión del diálogo, la omisión de fechas para la elección de gobernadores, y el uso impúdico de la violencia, sin respeto a ninguna legalidad. Esa es la lección que quiere dar el poder: aquí están las consecuencia de haber osado —tan siquiera— intentar activar un referendo revocatorio.

No hay manera de narrar lo que ocurre sin que el relato, de manera irremediable, nos conduzca a las viejas y repugnantes prácticas de los gobiernos militares sudamericanos del siglo XX. El relato de la detención de cualquier ciudadano (más aún, siendo un diputado, gozando de inmunidad parlamentaria) dentro de un túnel, su posterior desaparición e inmediato encarcelamiento, con la única justificación de la voz del poder, acusándolo de sabotaje, es una práctica clásica de gobiernos como el de Videla o Pinochet. Lo mismo que lo ocurrido con la detención del General Baduel o de distintos concejales en diferentes lugares del país. Lo mismo que pasa con todos los presos políticos, incluso con varios que —aún teniendo legalmente su libertad— siguen retenidos en las cárceles. Si a finales del año pasado, ante los juicios fabricados para impedir el revocatorio, se instaló en el país la idea de que estamos en una dictadura, este 2017 solo confirma, por desgracia, que estamos en una dictadura violenta: este es el regreso de los gorilas.

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en su presentación de hoy, probablemente no hablará de las masacres de Barlovento o de Cariaco. Y de seguro tampoco presente las cifras del exterminio oficializado que han ido ejecutando las OLP. No mencionará el hambre, la miseria, la escasez de comida o de medicinas. El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hoy, en su rendición de cuentas, no hablará de la realidad ni de lo que nos ocurre a los venezolanos. Hablará de sus éxitos y de las conspiraciones en su contra. Su proyecto es institucionalizar la violencia e ignorar al país.

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Pleitesía. De Cristian Villalta

No tengo apetito para lo sórdido. Acaso por eso, del caso que ahora ocupa los titulares de noticieros y periódicos, he preferido sortear los detalles. Hay que tener el estómago entrenado para soportar esa iniquidad.

CRISTIAN VILLALTACristian Villalta, 15 enero 2017 / LPG

Hasta donde me ha sido posible, también he rehuido consumir del manejo chapucero que algunos profesionales del periodismo y del derecho le han dado a esta historia, desde dobles sentidos imperdonables hasta la relativización del dolor de las víctimas a través de otros ángulos de la información. Ignorar que en un caso de abuso hay niños que merecen solidaridad y respeto luego de que sus vidas quedan destruidas para siempre dice mucho sobre de qué calaña estamos hechos. Lastimosamente, incluso en la tragedia de los más débiles de nuestra comunidad, los salvadoreños demostramos nuestro gusto por la virguería, la vulgaridad y la ocurrencia.

la prensa graficaPeor aún lucen los que, desde la desprestigiada tribuna política, quieren abanderar una oportunista cruzada moral. Si están con la niñez y con la adolescencia, deben pronunciarse cotidianamente contra mucha de la basura y de los mensajes que se emiten regularmente en el espectro radial, desde canciones que incitan al despertar sexual prematuro hasta las conversaciones barriobajeras de muchos locutores justo en la hora en la que los niños se dirigen a la escuela. Si les desvelan los abusos que acechan a nuestros niños, ¿por qué no se pronuncian sobre la falta de esperanza de los huérfanos institucionalizados? Hablan desde un púlpito pero con Sodoma en el DUI. Políticos…

Disculpen la disgresión, dejemos a nuestra fauna por un momento.

Reparemos que hay un patrón en estas historias que sí merece que nos detengamos. Hay un componente del relato que vuelve esta noticia familiar, que activa un miserable déjà vu: el convivio de funcionarios y victimarios, bajo el auspicio del poder económico. Esa es, tristemente, la más salvadoreña de las historias.

En el caso que nos ocupa, ni a usted ni a mí nos sorprende que el ex fiscal general haya procedido del extraño modo en que lo hizo. Nos imaginamos ese lobby, nos imaginamos a algunos de los mensajeros, nos imaginamos el tono de las conversaciones, los apretones de mano, la palmada en la espalda, el “a sus órdenes, don”. Con facilidad nos imaginamos algunas llamadas, “ayudale, que es familia” y un “acuérdense de mí en la votación”, con sonrisa de dentífrico a ambos extremos de la línea.

Nos lo imaginamos, no solo porque Luis Martínez tuvo la discreción de un elefante en una cristalería, sino porque desde el magnicidio de Manuel Enrique Araujo, hace más de un siglo, los salvadoreños sabemos que la justicia no es siquiera una aspiración, sino sustancialmente un lujo que algunos pueden evadir, y una herramienta del enriquecimiento. Y también sabemos que si nuestra reconciliación como sociedad aún es inasible y si algunos de nuestros hermanos padecen una marginación interminable es en gran medida por la ausencia de justicia, por la transformación de los juzgados en un prostíbulo y porque el Estado no la ha perseguido.

Hay muchas explicaciones que el ministerio público le debe a la ciudadanía, no solo en relación con los delitos investigados, sino al procedimiento que siguieron sus hombres en la administración Martínez. Particularmente, una explicación: ¿los favores que los fiscales prestaron siempre tuvieron un precio, hubo un tarifario o algunos se hicieron por estricta pleitesía?

Paz, elusiva. Carta de una hermana lejana que no conoce la paz. De Isabel de Sola

Decidí dejar mi trabajo en Suiza para comenzar un proyecto pro paz en El Salvador, al cual los invito con gusto.

Isabel de Sola, presidenta de la Fundacion H. de Sola

Isabel de Sola, presidenta de la Fundacion H. de Sola

Isabel de Sola, 13 enero 2017 / EDH

Me emociona que El Salvador va a celebrar el 25 aniversario de sus Acuerdos de Paz. Más allá del simbolismo, lo entiendo como una especie de despertador para todos. Despertémonos, nos dice el aniversario, pues en verdad no hay “paz” todavía en nuestro país.

Los Acuerdos fueron transcendentales: pusieron fin a la guerra y crearon instituciones importantísimas —pero no nos trajeron paz. Sería mucho pedirle, a unos acuerdos, que rindan rápidamente lo que toma años y hasta siglos construir. No es culpa de los Acuerdos que las pasadas y presentes generaciones de salvadoreños nunca hemos vivido una época de paz duradera o sostenible. A nuestros abuelos les tocó vivir la tensión y represión de los 50 y 60. A nuestros padres les tocó enfrentar las armas y el reto de acabar una guerra entre hermanos, que era a su vez una lucha ideológica entre poderes globales. Y a los jóvenes nos ha tocado la posguerra —una época marcada por la ausencia de guerra y también la falta de paz.

diario hoyMe detengo un momento sobre esto, porque creo que no apreciamos lo suficiente cómo la posguerra nos ha formado. Mi generación es cautelosa. Nuestros hijos juegan detrás de paredes y razor; limitamos nuestros movimientos a los espacios conocidos; nuestros carros están polarizados. Si nos marca un número desconocido, no contestamos al teléfono. Estamos acostumbrados a la democracia imperfecta. Sabemos que hay instituciones, pero no siempre podemos contar con ellas.

Fundamentalmente, somos varias generaciones que no conocemos la paz —entendida no solo como la ausencia de violencia, sino también como el conjunto de instituciones, actitudes, y compromisos nutridos por la sociedad que le permiten resolver constructivamente el conflicto. Los investigadores nos indican que tarda por los menos 30 años reconstruir un país después de una guerra —no solo a nivel de infraestructura o economía, pero a nivel psicológico. Un americano que tiene décadas de vivir en El Salvador me dijo que a veces parece que todos sufriéramos de PTSD —síndrome de stress postrauma— tal es nuestro nivel de desconfianza y conflictividad.

Quizás tenga razón. Aquí donde vivo en Suiza, se respira la paz. La sociedad está comprometida con su democracia, con la negociación de acuerdos de Estado, con la inviolabilidad de sus instituciones. Mis amistades suizas no pueden concebir de la violencia en América Latina, les parece insoportable tan solo un homicidio, mucho menos veinte por semana.

Tantos años sin paz han normalizado para nosotros cosas que no son normales. Nos hemos tenido que volver muy resilientes para seguir construyendo nuestras vidas en el contexto de violencia y problemas aparentemente intratables. Tengo un amigo que salió a trotar una madrugada y pasó cerca del cuerpo de un hombre asesinado a tiro blanco. Mi amigo sintió el golpe de ansiedad —¿será que los asesinos están todavía cerca?— y siguió trotando. Pienso en una compañera de trabajo que conversó amablemente con el pandillero que le robó su celular en un semáforo capitalino. Cuando el joven le quitó la pistola de enfrente, mi amiga se lo agradeció. Ambos sabían que fueron suertudos, al haber evitado la muerte insensata que destruye tantas vidas todos los días en El Salvador. Nuestra resiliencia nos posibilita seguir adelante, pero nos desensibiliza a situaciones intolerables.

El ejemplo suizo me da esperanza —les costó a los suizos no menos de 800 años de guerras fratricidas para lograr la paz. Estamos de acuerdo que El Salvador no tiene el lujo de 800 años para resolver su brecha de paz: hemos llegado a un punto de tal desesperación que estamos dispuestos a ceder el terreno ganado en derechos humanos y a violentar nuestras propias leyes con esfuerzos vanos por reducir los homicidios.

Aun dentro de la tormenta apocalíptica de medidas extraordinarias, crisis fiscal, polarización política, cárceles que explotan, yo me aferro a la promesa de paz y no pierdo mis esperanzas. Decidí dejar mi trabajo en Suiza para comenzar un proyecto pro paz en El Salvador, al cual los invito con gusto. En foropaz, queremos ofrecer un espacio de encuentro para las organizaciones que promueven la paz por medios pacíficos en el país. Si bien todavía no tenemos las actitudes y los comportamientos que nos hacen falta, nada nos puede detener en perseguirlos.

idesola@grupodesola.com

 

Gobierno venezolano recrudece la persecución a miembros de la oposición

Una simpatizante del líder opositor Henrique Capriles Radonski discute con un oficial de la Guardia Nacional en las afueras de la Contraloría General de la República en Caracas, Venezuela, 12 de enero de 2017. Credit Ariana Cubillos/Associated Press

Albinson Linares, 12 enero 2017 / THE NEW YORK TIMES

CARACAS — Esta semana el gobierno venezolano ha iniciado una serie de acciones judiciales contra miembros de las organizaciones políticas opositoras y los grupos disidentes del país. El miércoles, oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) arrestaron al diputado Gilber Caro, miembro del partido Voluntad Popular cuyo líder, Leopoldo López, también se encuentra detenido desde el 18 de febrero de 2014, así como varios miembros de ese movimiento político.

Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, vinculó este jueves a Jorge Luis González —diputado de Primero Justicia— y al general retirado Raúl Isaías Baduel con supuestos planes desestabilizadores. Ambos fueron detenidos. El mismo día se condenó también a ocho ciudadanos por los delitos de rebelión y faltas al decoro militar que las autoridades relacionaron con el “Golpe Azul”, un supuesto intento de rebelión militar realizado en febrero de 2015. Los procesados, entre los que se cuentan cinco oficiales de la aviación, recibieron penas de 5 a 10 años de prisión.

Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda y líder opositor del país, también fue citado el jueves a una audiencia en la Contraloría General de la República por su supuesta vinculación con la empresa constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber sobornado a funcionarios venezolanos con un monto cercano a los 98 millones de dólares para obtener contratos de obras públicas por cerca de once mil millones de dólares.

Capriles ha declarado que los contratos de Odebrecht con la gobernación de Miranda fueron firmados durante la gestión de Diosdado Cabello, diputado y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). “En este país hay que ser hampón y corrupto para que la contraloría no lo investigue”, dijo en una entrevista con Unión Radio, al enterarse de su citación. “Producto de la lucha por el revocatorio me montaron una olla en la contraloría”.

Además denunció desde su cuenta de Twitter que a sus partidarios se les impidió el acceso a la contraloría, y fueron reprimidos por efectivos de la Guardia Nacional. La audiencia fue privada; por este motivo, el gobernador no asistió y envió en representación a su abogado.

Este conjunto de detenciones se produjo luego de la reciente creación del “Comando Antigolpe”, una unidad que busca desarticular lo que el gobierno califica como los intentos opositores para desestabilizar el país. El vicepresidente de la república, Tareck El Aissami, acusó a Gilber Caro de planificar acciones terroristas y aseguró que en el momento de su detención le encontraron un fusil FAL calibre 72.6, cuatro barras de C4 y un cargador.

El diputado de Voluntad Popular (VP) Gilber Caro fue detenido por oficiales de inteligencia el miércoles. Esta foto registra su llegada a la Asamblea Nacional el 11 de enero de 2016, acompañado de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, el líder de VP que fue encarcelado en 2014. Credit Fernando Llano/Associated Press

Los grupos de derechos humanos dijeron que la detención de Caro empaña la reciente liberación de varios activistas encarcelados. Durante un proceso de diálogo auspiciado por el Vaticano, la oposición le ha exigido al gobierno que libere a decenas de detenidos considerados como prisioneros políticos.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organización que agrupa a los movimientos opositores, dijo en un comunicado que las medidas tomadas por el gobierno eran acciones desesperadas y que, tanto en el caso de Caro como en el de Capriles, eran acusaciones falsas.

“En ambos casos es evidente la intención del régimen de, por un lado, amedrentar a la oposición política y al pueblo en general; y por otro avanzar en un proceso de degeneración institucional al estilo de Nicaragua, donde la dictadura hace ‘elecciones’ en las que la gente vota pero no elige”, reza el documento.

La coalición opositora rechazó un fallo reciente del Tribunal Supremo de Justicia que anuló la declaración de la Asamblea Nacional de abandono de cargo del presidente Nicolas Maduro. Esta semana, la asamblea aprobó una resolución simbólica en la que afirma que Maduro ha descuidado sus deberes al frente del Poder Ejecutivo, mientras el país se hunde en una profunda crisis económica signada por el desabastecimiento de alimentos y servicios básicos, así como una inflación que el Fondo Monetario Internacional pronostica que podría superar el mil por ciento este año.

Algunos miembros de la oposición están presionando para organizar más protestas callejeras, mientras que otros dirigentes abogan por asistir a una nueva ronda de conversaciones con el gobierno que está programada para el viernes. Los principales líderes opositores han dicho que no participarán en la reunión a menos que las autoridades ordenen la liberación de más de 100 presos políticos.

El año pasado, el gobierno liberó a 43 activistas de la oposición —incluyendo al excandidato presidencial Manuel Rosales— pero encarceló a otros 55, comentó Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal, un grupo de abogados que defiende a los activistas encarcelados.

Carta al presidente de la República: ¿Es paz o es guerra? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 14 enero 2017 / EDH

Estimado Salvador Sánchez Cerén:
A solicitud de su gobierno, la Asamblea Legislativa acaba de nombrar el 2017 “Año de la Paz”. Al mismo tiempo, también por solicitud de su gobierno, la Asamblea está discutiendo un decreto para prolongar por un año más las “medidas extraordinarias”, que su gobierno está implementando en su lucha contra las pandillas.

Las dos cosas son incompatibles: El 2017 será o de paz o de guerra. Depende de la decisión suya.

diario hoySu política de seguridad, puesta en marcha desde inicio del año 2015 y reforzada por las “medidas extraordinarias” en marzo del 2016, no ha tenido éxito, como afirman usted y sus funcionarios. Al contrario, 2015 y 2016 han sido los años con la cuota de sangre más alta de la postguerra: 6,657 homicidios en el 2015, y 5,274 en el 2015. En los dos años anteriores eran: 2,475 en el 2013, y 3,894 en el 2014. ¿Con qué cara usted ofrece esto como éxito, si es un aumento de 178%? Y son vidas, no sólo cifras.

Durante los 31 meses, desde que usted ha asumido la presidencia, el promedio de homicidios ha subido a 426.68 al mes, cuando durante los 3 años anteriores estaba en 248 al mes, y durante los 15 meses de ‘la tregua’ en 174.5 al mes. Son vidas, no sólo cifras.

Nadie en su sano juicio puede interpretar que la política de seguridad de su gobierno es exitosa, y que las “medidas extraordinarias” merecen ser prolongadas por un año más.

La filosofía detrás de las “medidas extraordinarias” no sólo ha causado más muertos. Ha creado en los centros penales y las bartolinas policiales una situación que la recién electa Procuradora de Defensa de los Derechos Humanos ha caracterizado comparables a la tortura. Ya la Sala de lo Constitucional, incluso antes de la puesta en marcha de las “medidas extraordinarias”, sentenció que es inconstitucional la situación de hacinamiento en bartolinas y centros penales. Las “medidas extraordinarias”, que ahora quieren prolongar, han agudizado esta situación, porque imponen un régimen que no permite a los internos el acceso al aire libre y al sol. Esto ya tiene consecuencias tan graves que han obligado al Ministerio de Salud a intervenir para enfrentar epidemias de tuberculosis.

El tipo de medidas aplicadas desde marzo 2016, por definición de convenios internacionales firmados por El Salvador, son transitorios y sólo se permiten en situaciones de emergencia, por plazos cortos, y de manera individualizada, no a toda una población carcelaria en general. Pero su gobierno solicita a la Asamblea prolongarlos por un segundo año, y aplicarlas a toda la población de seis centros penales con más de 10 mil internos. Esto es incompatible con el discurso de paz que toda la nación ha adoptado en estos día. ¿Será solo discurso?

Aparte de las “medidas extraordinarias” (ya se han hecho ordinarias) en los centros penales, su gobierno ha dado pasos acelerados en una dirección contraria a los Acuerdos de Paz: En su gobierno, la Fuerza Armada ha sido desplegada casi en su totalidad en tareas de seguridad pública; y además, y aun más grave: la PNC se ha militarizado al grado que ya no merece al apellido Civil que los Acuerdos de Paz le dieron como misión.

Muchos en este país dicen: Bueno, si todas estas medidas resuelven el problema, olvidémonos un rato de los principios legales, éticos y de derechos humanos y pongamos orden en el país. El problema es que no hay éxito, las medidas no resuelven el problema, sino lo agravan. Y no hay orden por ninguna parte.

Usted dijo que como presidente se iba a poner al frente de la lucha por la seguridad ciudadana. Pero en vez de esto, puso a Oscar Ortiz y Mauricio Landaverde a la cabeza de una guerra contra un fenómeno que tiene profundas raíces sociales. Todavía es tiempo para recapacitar. Si algo de su discurso sobre los 25 años de paz es sincero, tiene que cambiar su política de seguridad, priorizando el esfuerzo por la inclusión social y el diálogo social encima de la represión y la guerra. Sin una audaz decisión de usted, vamos al abismo, y todo su discurso de paz quedará como mentira.

Atentamente,

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Ya basta con tanto discurso. Columna transversal de Paolo Luers

Es tiempo de que discutamos los errores que en la posguerra se han cometido –y hagámonos cargo de corregirlos. Y esto no es seguir discutiendo sobre el espíritu de Chapultepec.

paolo3Paolo Luers, 13 enero 2017 / EDH

Ya no aguanto escuchar y leer todos los días los sermones sobre los Acuerdos de Paz. Y eso que soy ferviente defensor de la solución negociada al conflicto, de los acuerdos como tales, y de su contribución a la democracia y el pluralismo en El Salvador.

Es el mundo al revés: A los que andan filosofando sobre la responsabilidad histórica de aprovechar el aniversario de los Acuerdos de Paz para concertar mínimo un “Acuerdo de Nación”, si no es un “Segundo Acuerdo de Paz”, nadie los lee, nadie les para bola, pero tampoco nadie los regaña. Se hacen pasar como sabios, y los medios los dejan pasar. Editoriales, homilías, secciones especiales, entrevistas… A pesar de que aburrir en exceso y difundir ilusiones son pecados punibles. En cambio, a los pocos que proponen discutir problemas bien concretos y soluciones aterrizadas, pero sin tanta paja, los descalifican. La propuesta que articulé en mi carta de este jueves, diario hoydonde propongo ponerse de acuerdo sobre 3 medidas y seguir peleando y haciendo campaña electoral sobre todo lo demás, inmediatamente recibió críticas – y más de lo usual. Uno me escribió en Facebook: “Lo que necesitamos es superar la polarización, no una pinche reforma de educación o transformación de barrios”. Para citar una de las críticas decentes. Otro me escribió: “Se nota que vos nunca estuviste de acuerdo con la paz, querías seguir destruyendo el país”. Bueno, me imagino que esta columna se va a ganar más de estos comentarios…

En una reunión social con amigos, yo dije esta frase con la cual inicio esta nota: “Ya no aguanto toda esta paja sobre los Acuerdos y los 25 años, y todavía faltan 10 días hasta el 16…”. Fue como si hubiera dejado ir un ventoso en misa. Parece que esto no se dice. Se aguanta los sermones – y se calla.

Y ahora vino Hugo Martínez a la Asamblea para solicitar que por decreto todo el país siga todo el año 2017 hablando de los Acuerdos. Extrañamente acompañado de Óscar Santamaría, quien normalmente es un hombre sensato, aparte de arenero, y no tendría que tener interés en que el gobierno nos tenga adormecidos por aburrimiento y respeto por los sabios durante todo el “Año de la Paz 2017”.

Nuevamente algunos van a pensar que yo digo esto, porque estoy en contra de los Acuerdos de Paz. Les cuento que estuve a favor de ellos antes, durante y después de las negociaciones que llevaron en 1992 al fin del conflicto. Fui a campamentos guerrilleros para explicar el sentido de la solución política, por que había mucha incomprensión y resistencia. En Alemania, en concentraciones de los amigos de la revolución salvadoreña, aguanté tomates y huevos que me tiraron cuando argumenté a favor de negociar el fin del conflicto armado y el inicio de la democracia pluralista. Traidor, me dijeron. Me excomulgaron. Luego defendí los acuerdos contra los ideólogos de derecha no pensante, la cual sobraba aquí en El Salvador: No se tragaron la amnistía para los comandantes. Son los mismos que hoy la están reclamando cuando otros imbéciles quieren echar presos a los militares.

No, mi punto no es este. No tiene que ver con los Acuerdos de Paz. Tiene que ver con el mismo argumento que dijo Salvador Samayoa: Es tiempo de que discutamos los errores que en la postguerra se han cometido – y hagámonos cargo de corregirlos. Y esto no es seguir discutiendo sobre el espíritu de Chapultepec. Tampoco es construir castillos de naipes sobre nuevos acuerdos de paz, como si los partidos que los firmarían estarían en guerra y matándose mutuamente. Si quieren hacer acuerdos de paz, habrá que negociar con las pandillas, pero esto tampoco nadie se atreve ni siquiera mencionarlo.

Hacernos cargo de corregir las negligencias de la posguerra es discutir de las prioridades y corregirle la plana al FMLN que ya tiene 7 años de gobernar sin prioridades. Y también a ARENA, que se niega a definir prioridades, porque siempre un catálogo claro de prioridades despierta resistencia de muchos sectores. Si para financiar la explosión educativa que necesitamos hay que reducir los subsidios a un mínimo, cientos de miles de personas malacostumbradas por el populismo van a brincar.

Por esto insisto: No creo que ARENA y FMLN juntos puedan componer el mundo. A lo mejor saldrá un mundo mediocre que nadie quiere. Pero sí pueden asumir juntos algunas medidas necesarias y no populares, para que el país siga siendo viable.

El regateo de Donald Trump. De Mario Vega

1440521658953Mario Vega, 13 enero 2017 / EDH

Usualmente existe una diferencia entre las promesas de campaña de un candidato y lo que la realidad política le permite hacer una vez elegido. El caso de Donald Trump no será la excepción. Es un hecho que su promesa más repetida, la de construir un muro fronterizo que pague México, no se hará realidad. Al menos no con el dramatismo que lo anunció durante la campaña electoral. De hecho, Trump ha ido moderando sus ofertas en la medida que se acerca el día de su toma de posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos. De una promesa inicial de deportar a diez millones de indocumentados pasó a hablar de tres millones. Luego, moderó también su discurso en el tema de los “soñadores”, que son los jóvenes que llegaron niños a los Estados Unidos de manera indocumentada y que ahora, muchos de ellos, son muy buenos estudiantes o tienen diario hoyexcelentes trabajos. Durante su campaña ofreció acabar con los decretos en materia migratoria promulgados por el presidente Obama, entre ellos el Plan de Acción Diferida, que beneficia a 750,000 “soñadores”. No obstante, en una entrevista concedida a la revista Time, ya no habló más de terminar con el Plan sino que manifestó que buscaría una manera de “hacer que la gente esté feliz y orgullosa”. Su giro en el tema hizo que incluso sus seguidores del Partido Republicano se sintieran contrariados.

En el regateo con quienes le apoyaron, Trump no puede bajar sus ofertas a cero. De todo lo dicho, algo tendrá que cumplir. Tal vez por eso fue que en la misma entrevista aseguró que deportará a los salvadoreños que son miembros de pandillas diciendo: “Son ilegales. Y llegó su fin”. De la promesa inicial de deportar a diez millones y luego pasar a los tres millones, no sería extraño que terminara deportando al estimado de cinco mil miembros de pandillas del área de Nueva York de los cuales ahora habla. Políticamente, le resulta mucho más viable deportar a cinco mil personas ligadas a delitos que a 750,000 “soñadores” que por su esfuerzo despiertan simpatías. El problema es que aquellos miembros de pandillas serán deportados a nuestro país. Si expulsar a cinco mil personas es nada para la población de los Estados Unidos, para El Salvador la llegada de esa cantidad de miembros de pandillas activos sería catastrófico. No solamente por el incremento directo del número de militantes de pandillas sino también por las disputas por liderazgos que pudieran provocar. Esas disputas se traducirían en un incremento de la violencia y podrían segar muchas vidas de inocentes. El efecto sería terrible para nuestra sociedad.

Esa situación, bastante probable, tomará sin prevención a un Estado que ha demostrado ya bastantes dificultades en el manejo de la violencia y que no le vemos tomar ninguna providencia en relación al anuncio del futuro presidente estadounidense. Una inyección de miles de nuevos miembros de pandillas, terminaría por colapsar los muy limitados recursos que actualmente se asignan para la prevención de la violencia. Ante esa posibilidad, las iglesias deben aceptar el desafío inevitable que para ellas significa. Todavía las pandillas conservan la puerta abierta para aquellos jóvenes que por medio de la conversión sincera desean cambiar su estilo de vida. Eso coloca a las iglesias en la posición inexcusable de extender sus manos de misericordia para quienes erraron el camino y cayeron en el torbellino de la violencia. Si las iglesias no lo hacen, nadie lo hará y las consecuencias las pagaremos todos.