Naufragio. De Christian Villalta

Pocos periodistas y columnistas tienen la capacidad (y voluntad) de abordar el tema de “la tregua” no de manera de blanco/negro o bueno/malo, sino de manera diferenciada y honesta. Christian Villalta es uno de estos pocos. No estoy de acuerdo con todos sus planteamientos, pero sí estoy convencido que este es el debate que necesitamos.

Paolo Luers/Segunda Vuelta

CRISTIAN VILLALTA

Christian Villalta, director de El Gráfico

Christian Villalta, 13 agosto 2017 / LA PRENSA GRAFICA

Entiendo que los detalles de “la Tregua” le paren los pelos y remuevan las entrañas. Cada uno de los detalles que figuran en el relato de Carlos Burgos Nuila, alias Nalo, mueve a la opinión pública del estupor ante la variedad de delitos que presuntamente se habrían cometido en el marco de “la Tregua” con la anuencia del Ejecutivo, a la indignación por el albedrío del que los funcionarios hicieron gala.

LPGSin embargo, hay cuatro acotaciones no por poco populares menos imprescindibles: primera, que la información fundamental que sustenta la acusación fiscal parte del testimonio de un pandillero, criminal confeso, que está sometido a toda la presión posible de las autoridades; segunda, que los autores intelectuales de este despropósito, de este paréntesis de ilegalidad en la política de seguridad del Estado, no están siendo juzgados; tercera, si el ministerio público pondera así de alto la confesión de su testigo estrella, ¿por qué no ha procedido contra los políticos del Fmln y Arena que habrían financiado a las pandillas a cambio de conductas electorales?; y cuarta, que la atención pública se está centrando en la anécdota penitenciaria, y no en ese naufragio que ha sido la política de seguridad de los dos gobiernos del Fmln.

Las acotaciones no son populares porque la tendencia en la opinión pública, la inercia de la cosa es someter a guillotina a los operarios de “la Tregua”, desde Raúl Mijango hasta Nelson Rauda, incluyendo a todos aquellos que se hayan permitido decir en público, durante el último sexenio, que el manodurismo no era la solución al problema pandilleril, y que no había que descartar otros caminos. Ese listado, pese a ser tan heterogéneo como para juntar a varios jerarcas católicos, al colega Paolo Luers y a algunos voceros de la izquierda no alineada con el oficialismo, nunca incluyó oficialmente ni a Mauricio Funes ni a Munguía Payés ni a Óscar Ortiz, pese a que fueron padres de esa criatura.

El Salvador no tuvo ocasión de discutir sobre esos “otros caminos” para el problema de las maras, su sostenido reclutamiento y el flagelo que suponen para cientos de miles de ciudadanos. Y buena parte de la culpa la tuvieron las administraciones areneras que confiaron en el músculo policial, hiperactivado con los esteroides de un discurso maníqueo; con el tejido social dejado a su suerte, sin inversiones sociales decisivas en las comunidades urbanas marginales, la represión sólo sirvió para fortalecer más una visión del mundo y de la vida que es caldo nutricio de la pandilla.

Acto seguido, fue decepcionante que nuestros dos primeros gobiernos de izquierda no hayan tenido un plan para trabajar este tema, ni siquiera una filosofía, una lectura unívoca. Esa es la única explicación a lo torpe de sus actuaciones en estos siete años, mismas que pasaron de lo reactivo a lo clandestino, y de lo clandestino nuevamente a lo reactivo, rayando otra vez el manodurismo. Por clandestino, me refiero a que durante poco menos de tres años, el Ejecutivo y su círculo cercano creyeron posible resolver la encrucijada de las maras a hurtadillas del país, en un ejercicio innecesariamente conspirativo.

Esa es la más pesada de las culpas que el Fmln soporta en esta materia: que cualquier enfoque no represivo ni militar sobre la reconstrucción de la comunidad marginal y excluida -ese, no otro, es el camino para combatir a la pandilla- se vea socavado y satanizado por la discutida ejecución de “la Tregua”.

Con independencia de lo que el juez haga con el testimonio de alias Nalo, es imperativo que el Gobierno reconozca el fracaso del enfoque represivo, y que acepte su responsabilidad en este juego de sombras.

Carta sobre el último día del juicio en el “caso tregua”: La Fiscalía es una desgracia. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 12 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Si hubiera podido grabar solo una parte de esta vista pública, hubiera escogido las “últimas palabras” de los acusados. Más que los discursos de los fiscales, más que los 23 testimonios, más que los alegatos de los defensores, estas palabras mostraron lo que está al centro de este juicio: un drama humano de gente trabajadora, con compromiso social y con la justicia, que encuentran sus vidas destruidas, no por sus acciones, sino por el afán de la Fiscalía de ganar un juicio político y mediático contra “la tregua”.

EDH logNunca han hablado los acusados, todos hablaron sobre ellos: los fiscales, sus abogados, los testigos, incluso un pandillero convertido en testigo criteriado. Ellos, como no existían, ni tampoco sus vidas, familias y carreras truncadas. Al fin hablaron.

El policía: Soy de la segunda promoción de oficiales de la PNC, con un record limpio. Me metí en este proceso por órdenes, con una misión clara: contribuir a que la reducción de mashomicidios causada por la tregua se sostuviera y garantizar que en todo este proceso no se viole ninguna ley. Expuse mi vida, porque durante 18 meses tuve contacto diario con pandillas, dentro y fuera de los penales, que nunca supieron que era oficial de inteligencia. Hoy la Fiscalía me acusa de asociación ilícita, por el hecho de relacionarme con pandilleros. (La FGR pidió 14 años de cárcel para él.)

La sicóloga: La fiscalía me acusa de falsedad ideológica de las evaluaciones que nos tocó hacer de los reos de Zacatecoluca. Las hicimos con apego a la ley. Tuvimos años de conocer los antecedentes de todos los reos. Me agarraron presa, cuando mi esposo estaba en cuidados intensivos, y mis hijas quedaron solas. Tuve que internarme en el psiquiátrico, porque encontré mi vida y mi familia destruidas. Solo hicimos lo que la ley, nuestro compromiso social y nuestros conocimientos profesionales nos dictan. Los fiscales y los peritos que nos acusan ni siquiera conocen cómo funciona un Penal de Máxima Seguridad, nunca han entrado, nunca han hablado con sus internos, pero nos acusan. (La FGR pidió 6 años de cárcel para ella.)

El director de penal: Es increíble cómo trabaja la fiscalía. Me hicieron un interrogatorio peor que como en el Ejército tratamos a guerrilleros capturados. Me destruyeron 32 años de servicio, soy de los fundadores del penal de Izalco, he capacitado a cientos de custodios. Y ahora estos fiscales me mandan a un “Nalo” (el pandillero criteriado) para acusarme. Lo conozco, estuvo preso en el penal que dirigí, sé que clase de hombre es. He visto cómo actúa, cómo miente, cómo conspira. Y la Fiscalía le da permiso de acusarme. Lo que no les voy a perdonar, señores fiscales, es que tocaron a mi familia. Me dan lástima. Yo solo le pido justicia, señor juez. (La FGR pidió 14 años de cárcel para él.)

Raúl Mijango no pudo hablar, porque por orden del juez fue internado de emergencia al Hospital de Especialidades del Seguro Social. Conociéndolo, hubiera dicho algo así: Toda mi vida he luchado contra la injusticia, así que esto aquí no me sorprende.

La vista pública terminó. La justicia está en manos del juez.

 

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Posdata: Es una experiencia nueva para cualquier periodista convertirse en noticia y que de repente todas las cámaras te apunten a vos. Esto me pasó el jueves, cuando estaba sentado escuchando al testigo criteriado y de repente comienza a hablar de mí, acusándome de haber entregado 100 mil dólares a las pandillas. Lo que es falso. Y le doy la razón a los acusados arriba citados: esta Fiscalía es capaz de cualquier abuso.

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Lea también:
Carta sobre el primer día de la vista pública
del “caso tregua”: FGR 0-2 Defensa

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DECLARACIÓN PÚBLICA DE PAOLO LUERS

En la vista pública del “caso tregua”, hoy la FGR presentó como testigo a Carlos Eduardo Burgos Nuila alias “Nalo”, ex líder de la pandilla Barrio 18-Revolucionarios. Este testigo recibió de la fiscalía “criterio de oportunidad” y aceptó “colaborar” con la fiscalía, a cambio de que le fueron sobreseídos las acusaciones por asesinato y que tampoco fuera imputado por delitos que él mismo confesó. En su mismo testimonio ante el juez confirmó que antes de su captura en el 2016 fue el encargado de su pandilla para coordinar todas sus actividades de extorsión, venta de drogas y compra de armas de guerra. Confesó que coordinó la extorsión a una reconocida empresa de alimentos, y nunca fue imputado por este delito.

Entre otras cosas que testificó, “Nalo” me acusó de haber entregado en enero del 2014 la suma de 100 mil dólares a los representantes de las tres pandillas, con el fin de que en la segunda ronda de las elecciones presidenciales apoyaran a ARENA.

Esto es falso. Es una fabricación que la Fiscalía ha hecho extorsionando a un delincuente para que haga testimonio falso a cambio de impunidad.

La verdad es que me reuní con los representantes de las tres pandillas, a pocos días de la primera ronda de las elecciones presidenciales, con el fin de convencerlos que no negocien pactos electorales con ningún partido, y que cesen su intervención en el proceso electoral. Esto es de conocimiento público, porque yo mismo hice público.

Los mismos pandilleros, entre ellos “Nalo”, me habían informado que antes de la primera ronda electoral habían tenido reuniones con Benito Lara y con Arístides Valencia, y que a través de ellos el FMLN les solicitaba apoya electoral a cambio de que el próximo gobierno iba a revivir el proceso de pacificación. También me informaron que luego de la primera ronda habían tenido una reunión con Salvador Ruano y Ernesto Muyshondt, quienes les pedían que cesaran su intervención en las elecciones a favor del FMLN. Si en estas reuniones con el FMLN y con ARENA se habló de entrega de dinero, no me consta. Nunca me hablaron de esto.

A raíz de esta información decidí hablar con la dirigencia de ARENA y pedirles que se abstuvieran de buscar cualquier tipo de pacto electoral con las pandillas, y que no siguieran reuniéndose con ellas. Me lo prometieron, y les informé que iba a reunirme con los voceros de las tres pandillas para hacerles el mismo planteamiento: que no hagan pactos electorales con nadie; que dejaran que la gente en sus comunidades ejercieran libremente su voto; y que no comprometieran la credibilidad del proceso de pacificación con pactos oscuros con partidos. Tampoco en esta reunión con ARENA se habló de dinero.

Este fue precisamente mi planteamiento en la reunión que se celebró pocos días después con seis pandilleros, dos de cada pandilla. No se habló de dinero, mucho menos hubo entrega de dinero.

Es sumamente preocupante que la fiscalía ponga a uno de estos seis pandilleros, detenido en 2016 y luego convertido en testigo acusador, a que a cambio de impunidad haga falsos testimonios para sostener el caso político y mediático de la FGR contra la tregua y contra la labor que como mediadores hemos hecho para reducir la violencia.

A pesar de disponer de estas declaraciones falsas de “Nalo” desde febrero del presente año, la FGR nunca me llamó a declarar sobre estas acusaciones. Saben que las declaraciones del criteriado no tienen validez comprobatoria. Por esto, en vez de judicializarlas, hoy las introdujeron de contrabando en el actual juicio, donde por cierto no tienen relevancia alguna para comprobar los delitos imputados – con el único fin de atacar la credibilidad de un periodista que ha externado serias críticas a la gestión de la fiscalía.

San Salvador, 10 de agosto 2017
Paolo Luers, periodista

 

¿Otras elecciones fallidas? Columna Transversal de Paolo Luers

paolo3Paolo Luers, 11 agosto 2017 / EL DIARIO DE HOY

Recuerdo, como si hubiera sido ayer, la jornada caótica del 1 de marzo 2015, en la cual serví de secretario de una Junta Receptora de Votos. La jornada comenzó a las 3 de la madrugada y terminó a las 7 de la mañana siguiente. 27 horas. En el día, durante la votación, todo iba bien. El caos comenzó cuando iniciamos el conteo. El Tribunal Supremo Electoral no había creado las mínimas condiciones para un conteo correcto, rápido y confiable. Las “mesas” electorales no tenían a mesas, nos hicieron trabajar sobre pupitres de niños, donde ni siquiera cabían los formularios por llenar. Las actas estaban compuestas por papel químico, con 12 copias, de las cuales más de la mitad salieron ilegibles. Ni siquiera había suficientes sillas. Los vigilantes de los partidos tuvieron que turnarse los asientos o sentarse en el piso.

EDH logLa mayoría de los miembros de las JRV no tenía la suficiente instrucción y los pocos que entendieron cómo contabilizar las marcas por cara y los votos cruzados perdieron horas explicándoles a los demás y enfrentando la desconfianza de los que nunca lo entendieron.

Todos nos acordamos de las consecuencias: No sólo el conteo se alargó hasta la mañana del lunes, sino luego, en el escrutinio final del TSE, cientos de actas resultaron incompletas o incongruentes, miles de votos mal asignados o no contabilizados. Pasamos semanas hasta que recibimos el resultado final y pocos salieron convencidos de que eran correctos.

Desde estas elecciones fracasadas han pasado dos años y medio, pero poco o nada han hecho la Asamblea y el Tribunal para evitar que el caos y el fracaso se repitan. Igual que la Asamblea anterior, la actual no cumplió su responsabilidad de legislar sobre la aplicación del voto cruzado. Las reglas las sigue definiendo el Tribunal Electoral –el mismo que mostró nula capacidad de organizar las últimas elecciones y el escrutinio final de manera transparente, rápida y confiable. En marzo 2015 hubo un consenso de que el magistrado presidente Julio Olivo tenía que ser sustituido: por incapacidad, arrogancia, y parcialidad. El señor continúa al mando del Tribunal y dando declaraciones incoherentes.

Ahora, luego de 29 meses perdidos, nos damos cuenta de que la mayor parte de los problemas que hicieron fracasar las elecciones del 2015 aún no están resueltos: hay falta de financiamiento, por culpa no sólo del gobierno sino también de la Asamblea que aprobó el presupuesto; faltando 6 meses y medio a las elecciones de marzo de 2018, nadie sabe qué tipo de tecnología se va a adquirir para optimizar el conteo en las mesas y luego transmitir y procesar los datos. Lo más probable es que el conteo otra vez se hará de forma manual.

Y se agregó un problema adicional: la Sala sentenció que los miembros de las 10 mil Juntas Receptoras ya no serán seleccionados y entrenados por los partidos, sino que tendrán que ser ciudadanos no afiliados. Nadie sabe de dónde van a salir y cómo los van a entrenar y motivar. Otra vez: la Asamblea tuvo suficiente tiempo para legislar al respecto, pero nuevamente dejó al Tribunal definir las reglas y los mecanismos.

Con la insuficiencia de presupuesto electoral es casi inevitable que las condiciones físicas en las mesas serán igual de insuficientes (para no decir infrahumanas).

La única manera de garantizar un conteo rápido y confiable sería dotar cada mesa con una computadora, adecuadamente programa, que generaría las actas, en vez de llenar a mano infinidad de formularios, luego apuntar los votos haciendo rayas en pizarras y sumarlas con calculadoras. Es poco probable que se dispondrá de las computadoras, de los programas y de gente entrenada para manejarlos. El TSE habla de la compra de escáneres, para digitalizar las actas y luego transmitirlas. Pero escáneres son tecnología del siglo pasado que no ayuda en nada a las juntas a contabilizar los votos y las marcas por cara.

La manera más adecuada de reclutar y entrenar a los decenas de miles de miembros de la Juntas Receptoras hubiera sido mediante convenios con las universidades, pero para esto a Asamblea hubiera tenido que emitir un decreto. Lo más probable es que no habrá suficientes voluntarios y que los sorteos entre ciudadanos resultarán en juntas receptoras que sin la motivación suficiente para este trabajo maratónico -y que muchos de ellos, otra vez, no tendrán la preparación idónea.

Si Gobierno y la Asamblea no garantizan, de manera inmediata, el presupuesto adecuado para las elecciones; si el TSE no adquiere la tecnología adecuada (que por cierto le fue ofrecida); y si no se diseña un mecanismo adecuado para reclutar y entrenar al ejército que necesitan las mesas, está programada otra elección caótica sin confiabilidad en los resultados. La primera vez puede haber sido por accidente e incapacidad, la segunda vez huele a diseño de fraude.

 

Venezuela: ¿Golpe o solución política? De Paolo Luers

paolo_luersPaolo Luers, 9 agosto 2017 / EDH-Observadores

El pasado fin de semana, pasaron dos cosas en Venezuela: el sábado 5 de agosto, un grupo de militares y civiles atacó la Brigada 41 de Blindados del Batallón Paramacay, de la ciudad de Valencia; y el domingo 6 de agosto, dirigentes opositores y disidentes se sentaron juntos en el Foro de Defensa de la Constitución, organizado por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.

observadorEl primer evento recibió la máximo atención en medios internacionales y redes sociales, el segundo pasó casi desapercibido. Pero el segundo evento, el hecho que opositores y disidentes chavistas dieron el primer paso para formar una alianza para defender la Constitución y restablecer la institucionalidad del país, es el más importante y posiblemente trascendental para el futuro de Venezuela. Lo que puede abrir el camino para salir de la caótica y peligrosa situación no es un golpe militar, tampoco una guerra civil, sino este intento de crear un frente común, amplio y plural entre todos que quieren que Venezuela regrese a la democracia y recupere su capacidad de definir su destino en elecciones libres.

Los dirigentes opositores que participaron en este foro (Henrique Capriles, ex candidato a la presidencia y gobernador de Miranda; Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional al punto de ser abolida por la “Constituyente” de Maduro; y Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular y vocero de Leopoldo López), dejaron claro: No se trata de que los chavistas disidentes que se oponen a la “Constituyente” se pasen a la alianza opositora. Se trata de la posibilidad que unan esfuerzos para defender y hacer valer la Constitución, lo que equivale a producir la salida del poder de Maduro.

Aunque todavía parece muy difícil de implementarla, de repente se vislumbra una solución política a la crisis venezolana. El punto de partida: un acuerdo entre la oposición antichavista y la fracción de chavistas institucionales, que no aceptan la decisión de Maduro y su cúpula militar de resolver la crisis mediante la represión y la ruptura constitucional. No se trata de un acuerdo para gobernar juntos, demasiado los separa ideológicamente para poder pretender esto. Se trata de unirse sólo para restablecer la democracia, la independencia de los poderes y el pluralismo político – para luego medirse en elecciones. Los dos campos no pueden ser aliados, pero sí competir en elecciones y convivir en un país democrático.

Para los chavistas disidentes, sería el único camino para preservar su movimiento como fuerza política en la Venezuela post Maduro. Si el cambio se produce por un golpe de Estado o una insurrección popular, el chavismo se extingue de una vez por todas. Si los chavistas disidentes se convierten en parte de la solución, pueden aspirar a ser parte de una futura Venezuela pluralista y democrática.

Para la oposición, esta solución política posiblemente sería la única forma de derrocar al régimen militarista sin tener que pasar por un baño de sangre.

La conformación de este frente común en defensa de la Constitución y para producir una transición política pacífica (o más bien menos violenta, porque no hay forma de asumir que Maduro y sus militares van a irse voluntariamente) va a encontrar fuertes resistencias: dentro de la oposición hay muchos que verán como una traición negociar con cualquier chavista; y en el chavismo hay muchos que no dudarán de usar la aparato represivo contra los disidentes en sus filas. La fiscal general Luisa Ortega recién destituida por la “Constituyente”, chavista histórica, ya está sintiendo esta amenaza. Sin embargo, en el mencionado foro se sentó a la par de Henrique Capriles, Julio Borges y Freddy Guevara. Igual lo hizo Miguel Rodríguez Torres, ex general de división, ex ministro del Interior de Chávez y partícipe del 4F, el fallido golpe de Estado de Chávez de 1992. Ellos saben que con Maduro y su mafia narco militar en el poder no tienen ningún futuro, a menos en la cárcel haciéndoles compañía a los dirigentes opositores.

La oposición venezolana tiene un enorme reto adelante: en medio del caos y la convulsión encontrar estrategias racionales – pero sin suspender la presión en la calle. El debate real no es si seguir o no con la movilización en la calle, sino ¿Cuál es la solución política, una vez que la calle logre su objetivo de forzar la salida de Maduro y Cia?

Muchos en las filas de la alianza opositora MUD, como María Corina Machado, están cayendo en un romanticismo de resistencia que cae en posiciones de anti política. Se oponen a la participación en las elecciones de gobernadores (lo que llevaría a Maduro a poner 23 gobernadores, cuando ya no tiene fuerza electoral para poner ninguno) – y van a hacer todo que puedan para evitar el surgimiento de un frente común con los chavistas que abandonan a Maduro. Es la hora de la racionalidad y de la política, representada por dirigentes como Henrique Capriles. Hoy más que nunca es válido lo que siempre sostuve: Todo depende de la capacidad de Capriles y Leopoldo López a ponerse de acuerdo y asumir un liderazgo compartido.

Vea el discurso de Capriles en el Foro:

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Oposición y chavismo disidente en un mismo foro: ¿qué dijeron?

 

Oposición y chavismo disidente en un mismo foro: ¿qué dijeron? Prodavinci

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MonitorProDaVinci, 6 agosto 2017 / PRODAVINCI

prodavinciEl domingo 6 de agosto de 2017, un día después de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) removió a Luisa Ortega Díaz del Ministerio Público venezolano, la Fiscal General dijo que desconoce la decisión y se mantendrá en el cargo, durante un foro organizado por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, donde coincidieron por primera vez líderes opositores y exdirigentes chavistas.

En la primera alocución de Ortega después de que la ANC anunciara su destitución y nombrara al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, como su reemplazo temporal para reestructurar el Ministerio Público, la Fiscal señaló:

“No puede ser que la primera decisión de esta Asamblea, esta Constituyente presidencial, teniendo instrucciones del Ejecutivo cuando la Constitución dice que el poder constituido no le va a dar instrucciones a la Asamblea Constituyente, […] procedieron a remover, de manera ilegítima, a la Fiscal General. Yo desconozco esa remoción. Yo sigo siendo la Fiscal General de este país”.

En el foro “Encuentro en defensa de la Constitución”, Ortega compartió el estrado con el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, el vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara, y el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles. En representación del chavismo descontento con la gestión del presidente Nicolás Maduro, asistieron el exministro del Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres, la exdefensora del Pueblo, María Gabriela Ramírez, los diputados Eustoquio Contreras y Germán Ferrer (esposo de la Fiscal), así como el analista político Nicmer Evans.

Tras asegurar que recibió llamadas de respaldo de gobiernos y fiscales de otros países, Ortega indicó:

“Estamos ante un poder de facto porque no es un gobierno. Aquí no hay gobierno. Los gobiernos, además de todo el concepto doctrinario y filosófico que existe, es para garantizar la felicidad al pueblo. Y aquí, quien está ocupando de manera ilegal el poder es la Asamblea Nacional Constituyente”.

Un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) rodeó el sábado 5 de agosto los accesos a la sede principal del Ministerio Público en el centro de Caracas e impidió el ingreso de Ortega a sus oficinas.

Al cerrar su intervención, la Fiscal General llamó a la oposición a que no permita que la ANC los expulse del Palacio Legislativo, tal como ofreció el sábado el líder oficialista Diosdado Cabello. Ortega afirmó que ve “con mucha preocupación el tema electoral” frente a los comicios regionales. “Si la oposición no participa, las elecciones van. Si participan no van. Alerta con eso”.

A finales de marzo, la Fiscal denunció la ruptura del orden constitucional después de que el Tribunal Supremos de Justicia (TSJ) publicó dos sentencias que desconocían las competencias de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y se las delegaba a Maduro. Luego dijo que la convocatoria a la Constituyente era inconstitucional y ha criticado el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares por manifestar contra el gobierno.

El TSJ inició un antejuicio de mérito contra la Fiscal. Le prohibió salir de Venezuela, congeló sus bienes y la inhabilitó para ocupar puestos en la administración pública.

Unidad frente a la Constituyente

Después de la Fiscal tomó la palabra Borges, quien dijo que “cada paso de avance de la Constituyente es un paso hacia el precipicio del gobierno y hacia su propio hundimiento”:

“No es que terminó con la Constituyente algo y ahorita comienza algo nuevo. […] Esta lucha que comenzó hace 130 días nunca tuvo como meta plantearse que el fin del mundo era la Constituyente o no. Estamos unidos en defensa de la Constitución, y lo más importante, de la necesidad de que todos los venezolanos cambien de una vez este gobierno a través de unas elecciones libres”.

El diputado Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, llamó “usurpador” a Saab por asumir el cargo de la Fiscal y cuestionó su capacidad para imponer decisiones desde la acción penal. “Si la Asamblea Constituyente reconoce como Fiscal a William Saab, la población reconoce a Luisa Ortega Díaz como Fiscal legítima”.

Por su parte, Henrique Capriles, dirigiéndose a los ponentes chavistas, dijo:

“No le tengamos miedo a sentarnos juntos, a sentarnos intercalados. No le tengamos miedo a la foto. No le tengamos miedo porque lo que está en juego es Venezuela”.

Seguidamente, el militar retirado y exministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, se mostró solidario con Ortega y reconoció “su valentía en defensa de la Constitución”:

“No tenemos Tribunal, no tenemos Asamblea, no tenemos Presidente y no existe el pueblo. […] Tenemos un país, realmente, donde nadie sabe quién manda. Este es un país anarquizado y caotizado por la decisión de liderazgo político”.

El exministro consideró que el gobierno decidió “hacer de la política un campo de batalla militar”, donde “los venezolanos, por la razón política, nos convirtamos en dos ejércitos enfrentados”. Bajo estas condiciones, “Venezuela está inmersa en el concepto de Estado forajido […] Es un Estado que no tiene capacidad de cumplir el rol para el cual existe”.

Lista de súper. De Erika Saldaña

Es irrazonable que gasten grandes cantidades de dinero en publicidad de las excusas del gobierno, que aparten fondos para las compras de carros de lujo, que alimenten a funcionarios u organicen celebraciones con fondos del Estado.

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Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 7 agosto 2017 / EL DIARIO DE HOY

El presupuesto de 2017 está fuera de la realidad y por eso es inconstitucional. Así lo dictaminó la Sala de lo Constitucional. En corto, no cumple el principio de equilibrio presupuestario, no se consideran gastos obligatorios y abundan los innecesarios. Se mantienen intactos las asignaciones de muchos ministerios y dependencias, mientras que para el pago de pensiones fijan mil dólares a una partida que ya sabíamos que necesitaba doscientos treinta millones de dólares en este año. Es como si del presupuesto de su casa, usted apartara una cantidad para salir con sus amigos, pero no sabe cómo pagará el colegio de sus hijos.

EDH logEsta no es la primera vez que la Sala interviene en el presupuesto. Hace un par de años estableció que es inconstitucional la existencia de partidas presupuestarias libres de auditoría y control, rechazando las llamadas “partidas secretas” o de gastos imprevistos. Además, en otras resoluciones ha dicho que hay gastos que pueden recortarse para comprar, por ejemplo, medicamentos para la hemofilia. A pesar de que estas medidas le suenan lógicas a cualquier ciudadano que le cuesta ganar su salario y salir con los gastos mensuales, el Gobierno y la Asamblea parecen no entender y no las han cumplido como deberían. Se niegan a hacer bien un presupuesto y a ordenar las cuentas del Estado.

El problema fiscal de El Salvador hay que arreglarlo y para eso es necesario, en primer lugar, ordenar la casa e implementar una verdadera política de austeridad. Cuando hablamos de recortar gastos varios funcionarios del gobierno han tergiversado las intenciones y han intentado satanizar las acciones. Lo primero que dicen es que se eliminarán los programas sociales, que no se entregarán uniformes ni alimentos a los niños en las escuelas, que no habrá medicinas en los hospitales y que se tendrá que despedir gente del aparato estatal. Nada más alejado de la realidad. Pareciera que su única intención es meter miedo a la gente necesitada que se beneficia de dichos programas.

El recorte de los gastos se tiene que dar en el día a día y donde existe grasa. Es irrazonable que gasten grandes cantidades de dinero en publicidad de las excusas del gobierno, que aparten fondos para las compras de carros de lujo, que alimenten a funcionarios u organicen celebraciones con fondos del Estado. Y, por otro lado, tengan a gente sufriendo la falta de un medicamento en un hospital o un niño yendo a una escuela sin agua. Si camináramos en los pasillos de las distintas instituciones públicas probablemente encontraríamos gastos que podrían eliminarse y que se invertirían mejor en áreas que beneficien directamente a distintos sectores poblacionales.

Y, seamos honestos. El Estado tiene una planilla sobrepoblada, donde se paga salario a dos personas por el trabajo que bien podría hacer una si se pone las pilas. Los administradores del aparato estatal tienen que hacer una purga y eliminar las plazas innecesarias, hacer un ajuste de salarios para pagar a cada quien por el trabajo que corresponde, y establecer un verdadero sistema de control del servicio civil. No existe un mecanismo de supervisión de la eficiencia de cada empleado público y no sabemos con certeza cuántos empleados debería tener el Estado para salir con sus quehaceres. Los tres Órganos del Estado están obligados a colaborar con las medidas que ayuden a reducir gastos e invertir de mejor manera el dinero disponible.

La diputada Lorena Peña, analizando lo dicho por la Sala en un programa de televisión, señaló que las medidas ordenadas para tratar de solventar la crisis fiscal y que se corrija el problema de equilibrio presupuestario son una lista de súper; y que el Gobierno tenía más y mejores reglas sobre la austeridad que las que se establecen en la sentencia. Si ya tienen un plan para sacar a país de la crisis y si creen que este caminaría mucho mejor sin la existencia de la Sala de lo Constitucional, adelante, demuéstrenlo. No se arriesguen a que les sigan corrigiendo la plana.

Nuevamente, pena propia. De Cristina López

Tengo pena propia de decir que vengo del país que, en calidad oficial, con la seriedad que las relaciones diplomáticas implican, reiteradas veces continúa acuerpando al gobierno dictatorial venezolano.

Cristina LópezCristina López, 7 agosto 2017 / El Diario de Hoy

No hay nada más incómodo que la pena propia. La ajena va acompañada de algo de misericordia y hasta piedad. La pena propia, la que viene de que la afiliación con el sujeto causal de la vergüenza, es imposible de negar, y el problema es que no por la afiliación se siente menos vergüenza. Ejemplo de lo anterior, es la sensación que algunos habrán experimentado, esa, como de haber tragado soda cáustica cuando notan que no solo sus papás decidieron llegar a buscarlos temprano a la fiesta, además llegaron en pijamas y decidieron bajarse a saludar. Dado que mis progenitores leen esta columna de vez en cuando, cabe aclarar que a mí nunca llegaron a buscarme a ninguna parte en traje de dormir, pero el ejemplo del evento de pena propia mantiene vigencia con independencia de si se ha experimentado o no.

EDH logEl mismo tipo de pena propia da, ante el mundo, ser salvadoreña en este momento. No porque no me enorgullezca mi país, mis raíces, nuestra historia riquísima de tradiciones y luchas, la familia y los amigos que dejé cuando emigré. Tengo pena propia de decir que vengo del país que en calidad oficial, con la seriedad que las relaciones diplomáticas implican, reiteradas veces continúa acuerpando al gobierno dictatorial venezolano. No solo acuerpando a sus gobernantes, sino acuerpando sus acciones antidemocráticas, como la amañadísima elección para elegir a los miembros de la constituyente. ¿Cómo es democrática, igualitaria, o plural una constituyente conformada exclusivamente por los secuaces de Maduro?

El gobierno salvadoreño, al “felicitar” al gobierno de Maduro, felicita también la extorsión con la que Maduro está oprimiendo a los venezolanos más pobres, que con tal de no perder los beneficios gubernamentales de los que dependen para subsistir, deben pagar el precio de continuar apoyando su agenda política. El gobierno salvadoreño, conformado por los miembros del FMLN, curiosamente llama imperialismo o dictadura a cualquier cosa menos a la de Venezuela, a la que obedecen ciegamente, incluso al punto de hacer ridículos internacionales. ¿Qué más imperialismo que el poder que aparentemente ejerce sobre el FMLN un gobierno extranjero (del que ni siquiera dependemos económicamente) aparentemente muy por encima de sus constituyentes salvadoreños?

Qué pena ser salvadoreña, sabiendo que cuando El Salvador “felicita” al gobierno de Maduro, está tácitamente también felicitando el arresto a empujones de Antonio Ledezma y Leopoldo López, con un cinismo que a estas alturas solo puede llamarse complicidad. Hela la sangre pensar que si tienen la capacidad de ignorar los abusos a los derechos humanos cuando pasan en cámara y se vuelven virales en internet, tendrán la misma capacidad de ignorarlos cuando sea su pueblo el que los sufre, siempre que ignorarlos les garantice réditos políticos.

Y la cosa con la pena propia cuando surge de las afiliaciones familiares es que por amor no queda más que sufrirla. ¿Pero sufrir pena propia por culpa de gente de la que podemos desafiliarnos sacándolos del gobierno mediante elecciones democráticas, transparentes y competitivas? De nosotros depende cambiarlo. Escojamos gente que, si no tiene solidaridad con la comunidad internacional, tenga por lo menos empatía por la cantidad de seres humanos sufriendo bajo la dictadura de Maduro.

@crislopezg