Hoy Por ti. De Marlon Hernández-Anzora

5 agosto 2018 / LPG-Séptimo Sentido

La actual Ley de Partidos Políticos establece como requisitos para que un partido continúe con vida alcanzar 50,000 votos en la última elección legislativa u obtener un diputado. Bajo esos supuestos, Cambio Democrático debió desaparecer en 2015. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral lo mantuvo vivo al inaplicar la norma que mandataba cancelarlo por considerarla inconstitucional.

Luego, la Sala de lo Constitucional –pudiendo haber fallado al respecto con la debida celeridad– aguardó hasta que pasaran las elecciones de 2018, en las que el CD obtuvo un diputado. Una vez alcanzada una diputación, cumplió con el requisito legal para mantenerse en el sistema, pues no fue su responsabilidad que tanto el TSE como la sala, en su debido momento, no hayan tomado decisiones para cancelarlo.

En su tardía sentencia de inconstitucionalidad, la sala deslizó argumentos para que el TSE considerara en su decisión la diputación lograda por el CD: “Es del conocimiento público que, actualmente, el partido político CD cuenta con un diputado en la Asamblea Legislativa, situación sobre la cual esta sala considera que será el TSE el que adopte las decisiones pertinentes” (Inc. 64-2015, p. 22).

En sintonía con esto, el voto disidente del magistrado Cardoza dejó luces de lo que debió ser una decisión más sensatamente apegada a derecho por parte del TSE: “Es insoslayable que el partido Cambio Democrático participó en las elecciones legislativas de 2018, y eso debido al retardo en el pronunciamiento por parte de la Sala de lo Constitucional (…) lo cual genera una nueva oportunidad de participación política, de sometimiento al escrutinio público (…) lo que no puede ser eludido en el pronunciamiento que se realice” (CPP-01-2015, p. 29).

Dadas estas circunstancias, decisiones e indecisiones institucionales implicadas, lo legal era que el CD siguiera con vida. Pero nuevamente pudieron más las conveniencias circunstanciales que la legalidad. Más allá de mis reticencias con personajes cuestionables en el interior de dicho partido, los cuales deben enfrentar individualmente sus responsabilidades, creo que en un Estado derecho no deben primar los sentires o gustos personales, sino lo legal y legítimo. Porque el Estado de derecho y la democracia, cuando se aplican por antojo o por conveniencia, dejan de serlo.

En el interior del CD en 2011, con el objetivo de no permitirnos ser candidatos a diputados a los entonces jóvenes socialdemócratas, se nos aplicó una receta similar a la que hoy le aplican a él el TSE y la Sala de lo Constitucional. Eso provocó que renunciáramos al partido, porque no, no estuvo bien aquello que nos hicieron, así como tampoco es correcto lo que hoy les hacen.

El poder antojadizo, aplicado según el paladar de quienes lo saborean momentáneamente, debe limitarse a la institucionalidad democrática o nos pareceremos cada vez más a nuestro pasado autoritario. En la calle, una nueva generación de salvadoreños se enfrenta diariamente con autoridades policiales que proceden así, usando caprichosamente su poder, amparándose en discursos políticos que los avalan, alientan o se hacen el ojo pacho.

Así que esta reflexión supera la actual controversia por la cancelación del CD para trascender sobre el ejercicio del poder. Es sobre nuestra idiosincrasia de usar el poder discrecional, opaca y autoritariamente. Es porque ayer fui yo, hoy son ellos y mañana podés ser vos la víctima de esas prácticas.

Ser valientes, dejar de matarnos. De Marlon Hernández-Anzora

Esas voces juzgan inmoral exhortar a la pacificación a través del diálogo, pero consideran de buenos cristianos llamar a matar.

Marlon Hernández-Anzora, 18 febrero 2018 / LPG-Séptimo Sentido

Antes de embarcarte en un viaje de venganza,
cava dos tumbas”
Confucio

Desde el lanzamiento del plan Mano Dura en 2003, el esquema de enfrentamiento directo adoptado por el Estado contra las pandillas ha escalado hasta convertirse en una suerte de guerra contra estas. No solo las diferentes administraciones del Ejecutivo y varias legislaturas han entrado en esa lógica; la Sala de lo Constitucional también se sumó en 2015 con una sentencia que puso la cereza a la narrativa de una solución policíaco-militar al fenómeno pandilleril, al declararlas como organizaciones terroristas.

Sin embargo, el tiempo ha demostrado que estos enfoques no han logrado los objetivos esperados, se han obtenido resultados sumamente limitados en cuanto a la reducción de estadísticas delictivas en general, y se han logrado efectos contraproducentes respecto al reclutamiento y avance territorial de las pandillas, y se ha pasado sumamente lejos de la construcción de comunidades mejor integradas y más seguras. Además, los daños colaterales de estas políticas se los han llevado las comunidades más pobres, los jóvenes y, finalmente, los mismos agentes policiales.

Estas políticas han sido sumamente efectivas para llevar al calabozo a miles de pandilleros e, incluso, asesinando a cientos de ellos, pero eso ni los ha hecho menos peligrosos ni los ha mermado. Este –ya histórico– fracaso hace necesario transitar hacia enfoques que busquen antes que la eliminación o el encarcelamiento de criminales, la rehabilitación de aquellas comunidades en las que las pandillas se han convertido en una especie de Estado paralelo en el diario vivir de sus habitantes. Debe girarse hacia políticas que busquen incluir a esas comunidades que han estado históricamente excluidas de las dinámicas positivas del Estado y del mercado, y superar el fetiche electorero en que los políticos han convertido a las pandillas.

Sin duda, nuevas formas de abordaje deberán contemplar el diálogo para la construcción de comunidades más pacíficas. Pero no se trata de negocios en la oscurana y fuera de la ley, sino de dialogar bajo las normas del Estado de derecho y la mayor transparencia posible, así como de apostar por diálogos locales, en los que participen todos los sectores de las comunidades, dando protección y prioridad a las víctimas. Se trata de construir nuevos equilibrios de poder local con el más alto acompañamiento y seguimiento gubernamental, para fortalecer a las víctimas y las autoridades formales de estos territorios. Se trata de construir, en clave de acuerdo de nación, una estrategia nacional de salida, de desistimiento de la vida pandilleril.

No faltará quien ponga el grito en el cielo por llamar a negociar y dialogar, más durante la campaña electoral. Esas voces juzgan inmoral exhortar a la pacificación a través del diálogo, pero consideran de buenos cristianos llamar a matar. Debemos abandonar la hipocresía y hacer un ejercicio de sinceramiento, pues desde la dueña de una plancha para hacer pupusas hasta los dirigentes y los militantes de los partidos políticos han tenido que negociar y negocian con los pandilleros día a día en las comunidades que estos dominan.

Debemos ser valientes para dejar de matarnos y pensar que la eliminación nos llevará hacia la paz y la cohesión social. Debemos ser valientes para negociar y dialogar, sin renunciar a la ley, sin saltárnosla tampoco. Debemos dejar de matarnos o estaremos confinados a continuar bajo las leyes del salvajismo: la del más fuerte; la de ver, oír y callar; la de golpear (o matar) y luego averiguar; la de vivir con miedo al otro, siempre.

Debemos ser valientes para abandonar la violencia como falsa solución y caminar hacia la inclusión, el diálogo y la negociación, como las herramientas que en 1992 nos abrieron la puerta a la esperanza.

Esta paz tan violenta. De Marlon Hernández-Anzora

Sin duda, los Acuerdos de Paz están agotados y no son los responsables de los problemas actuales.

Marlon Hernández-Anzora, 21 enero 2018 / La Prensa Gráfica-Séptimo Sentido

“Peace is not everything. But without peace,
everything is nothing”. Willy Brandt

Es importante iniciar dejando claro que los Acuerdos de Paz cumplieron con la principal misión que tenían en su momento: acabar con el conflicto político armado.

Además, son el hito más importante en la historia republicana luego de la independencia. Pero también debe reconocerse que, muy a pesar de su importancia, no son valorados en su justa dimensión por buena parte de la población y de la juventud salvadoreña. Y eso por al menos dos razones importantes.

La primera es que nadie puede valorar lo que desconoce. La deuda con las nuevas generaciones para que conozcan y reflexionen sobre los períodos del preconflicto y del conflicto armado del siglo XX es altísima. Los más jóvenes difícilmente valorarán la importancia de las firmas que se estamparon en el Castillo de Chapultepec en enero de 1992 si desconocen sobre los horrores de la guerra y de la represión política del siglo pasado.

En otros países, los procesos históricos traumáticos, con espirales de violencia aguda, son estudiados y reenfocados desde la academia y la cultura constantemente. Aquí, por el contrario, quisimos hacer borrón y cuenta nueva bajo el mentiroso lema de “perdón y olvido”. Pero eso no funciona así. Hoy las élites que hicieron la guerra y firmaron la paz quisieran que la juventud valorara mejor su legado, pero se enfrentan con lo que cosecharon: su nula apuesta para que las siguientes generaciones conocieran la historia. Les dio miedo que conocieran y que, por tanto, cuestionaran su legado, así que hoy pagan el precio de que a buena parte de los jóvenes les importe poco o nada su gesta.

La segunda razón es por la violencia física, estructural y simbólica que la juventud salvadoreña enfrenta en su diario vivir. No les resulta muy coherente celebrar una paz que desconocen, en medio de una realidad en la que se juegan la vida diariamente, en la que no encuentran una institucionalidad en la cual confiar y en la que cotidianamente escuchan sobre supuestos enfrentamientos armados, con sus respectivos saldos mortíferos.

Los principales deudores de que, aparte de conseguir el cese de las armas en 1992, la sociedad salvadoreña no haya logrado pacificarse son los grandes actores de la posguerra: los partidos políticos, principalmente ARENA y el FMLN. Su primera gran equivocación fue la casi nula inversión social, con el respectivo anatema que se hizo sobre esta por parte de los gobierno de ARENA durante la década de los noventa. En Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, no se dedicaron precisamente a reducir la inversión social. Por el contrario, el mismo Estados Unidos, a través del plan Marshall, invirtió muchísimos recursos para recuperar social y económicamente la Europa occidental.

Luego viene otra larga lista de errores que han forjado esta paz tan violenta. Uno de los principales ha sido la falta de largo plazo de las élites gobernantes durante la posguerra para abordar los problemas de violencia e inseguridad. En su camino de mediciones electoreras, entre manodurismos, treguas y antiterrorismos, las instituciones y las políticas de seguridad pública han comenzado a parecerse cada vez menos a las que los Acuerdos de Paz planteaban como modelo y van acercándose más a aquellas que pretendían superar.

Sin duda, los Acuerdos de Paz están agotados y no son los responsables de los problemas actuales. La gran pregunta es si los partidos y las élites que firmaron la paz y lideraron la posguerra aún son capaces de responder a los desafíos de la actualidad. La otra cara para responder dicha pregunta es la de quienes nacimos entre 1979 y 1992. ¿Tendrá esta generación el liderazgo suficiente para tomar la historia en sus manos y virar nuevamente hacia la paz o nos quedaremos viendo el celular mientras las aún regentes élites políticas siguen discutiendo un país que ya no existe?