Devolvamos la democracia a Venezuela. De Felipe González.

El 2 de febrero, miles de venezolanos salieron a protestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Foto Credit Meridith Kohut para The New York Times

Felipe González, ex-presidente del gobierno español

14 febrero 2019 / THE NEW YORK TIMES

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MADRID — Tengo vínculos políticos y personales con Venezuela desde hace más de cuatro décadas. Conocí y disfruté de la amistad de Rómulo Betancourt, fundador de la democracia venezolana; de la relación con Carlos Andrés Pérez, quien gobernó al país en dos periodos, y con todos los presidentes de la Venezuela democrática.

Tanta y tan intensa ha sido mi relación con Venezuela que, tras el golpe de Estado fallido contra el presidente Hugo Chávez, a finales de 2002, el entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, me pidió que fuera su representante personal para el país. Le dije que no quería, pero que tampoco podía negarme. Añadí que Chávez no lo aceptaría por mi amistad con Pérez, quien era su bestia negra, y porque él creía que España había tenido algo que ver con ese golpe. Aclaré que era verdad mi amistad con Pérez (incluso cuando discrepamos), pero que yo no estaba a favor de ningún golpe de Estado, ni en ese momento ni cuando lo intentó el propio Chávez, en 1992, entonces un teniente coronel que intentó derrocar a Pérez. Como esperaba, Chávez rechazó la propuesta.

Siempre entendí que la relación entre España y Venezuela era fundamental. Venezuela fue un actor importante en América Central y el Caribe, además del refugio político de muchos exiliados de las dictaduras latinoamericanas y, con los años, de cientos de miles de españoles. Esa tierra siempre los acogió como una hermana.

Así que, desde el gobierno o como mero ciudadano comprometido con los valores de la democracia y el progreso, he dedicado tiempo y esfuerzo a ayudar a los venezolanos a recuperar sus libertades. Lo he hecho desde una posición que ha sido tan incómoda como incomprendida por los que proclaman unos valores y se dedican a ejercer los contrarios, pero no me importa: la defensa de la democracia no tiene color político ni puede tener “padrinos” por razones ideológicas.

No exagero cuando digo que Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en un Estado fallido. Por eso no podemos fallarles a los venezolanos y debemos ayudarles a recuperar su democracia.

El gobierno de Maduro ha destruido el aparato productivo de un país rico en recursos, en donde aproximadamente el 90 por ciento de la población vive en la pobreza. Ha generado una atroz escasez de alimentos de primera necesidad y medicamentos básicos y ha provocado una hiperinflación sin precedentes. Ha forzado el mayor éxodo de la historia de América Latina, vaciado las instituciones e instaurado una tiranía arbitraria donde los opositores carecen de los más mínimos derechos, incluyendo el derecho a la vida.

La mayoría de las democracias occidentales han dictaminado que las elecciones del 20 mayo de 2018 fueron ilegales y fraudulentas. La Asamblea Nacional, que es la única institución elegida democráticamente que queda en el país, ha obrado correctamente al designar a Juan Guaidó como presidente encargado. Dudar de su legitimidad es dudar de la democracia. La paradoja más increíble es que la oposición sea la que le exija a Maduro el respeto a la constitución bolivariana, creada durante el mandato de Hugo Chávez, y sea él quien la incumpla.

Aunque llegue mucho más tarde de lo que me habría gustado, estamos ante una oportunidad única para devolver la democracia a Venezuela. No será una tarea fácil. Maduro tiene la fuerza que le dan las armas mientras que la Asamblea Nacional, que tiene toda la legitimidad, carece de poder fáctico. ¿Cómo cambiar este fatal equilibrio?

En primer lugar, debemos apostar por una unidad sin titubeos ni fisuras. Las naciones democráticas que reconocen a Guaidó deben reforzar su legitimidad política y su autoridad sobre los activos económicos del país, dentro y fuera de él. Ello privará a Maduro de los recursos para seguir oprimiendo a los venezolanos y mandará una señal muy clara a sus seguidores, particularmente a los militares, de que carecen de futuro a su lado.

Pero también es esencial devolver al conflicto a su esfera original, que es América Latina. Venezuela no debe convertirse en un escenario más de la pequeña guerra fría que Estados Unidos y Rusia vienen librando en frentes como Siria y Ucrania. Estados Unidos, Rusia y China deben evitar ver a Venezuela como una pieza más en su lucha de poder geopolítico. Absteniéndose de interferir, pueden evitar un impasse que podría darle a Maduro tiempo y recursos para aferrarse al poder.

La gestión de la crisis venezolana debe ser devuelta a los actores de la región. La Unión Europea, con el apoyo de Canadá, debe abrir los espacios para que pueda actuar el Grupo de Lima, que conforman catorce países latinoamericanos. También, debe sumar al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a la causa de la democracia en Venezuela y hacer ver al régimen cubano que no puede mantener más tiempo su injerencia en Venezuela ni seguir parasitando sus recursos.

El retorno de la democracia a Venezuela exige que los pirómanos se hagan a un lado. Las amenazas y bravatas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una invasión militar deben cesar inmediatamente. Sería irónico, si no fuera trágico y preocupante, que el gobierno de Trump —aislacionista por vocación y con una nula preocupación por la promoción de la democracia en el mundo— convirtiera a Venezuela en un objetivo central de su política exterior. Estados Unidos hace tiempo que agotó el cupo de intervenciones militares en América Latina. Ese escenario debería quedar como un mal recuerdo del siglo XX. Por eso pido a los líderes demócratas y republicanos en el congreso estadounidense que trabajen juntos con sus socios y vecinos latinoamericanos y europeos para devolver la democracia a Venezuela de forma legal, legítima y pacífica.

El presidente encargado, Juan Guaidó, tiene delante de sí una tarea colosal. Debe tomar el control del país, poner las fuerzas armadas al servicio de las instituciones democráticas, desarmar a las milicias bolivarianas, hacer frente a la catástrofe humanitaria y migratoria y estabilizar la economía.

El gobierno de transición que lidere Guaidó deberá convocar unas elecciones presidenciales, pero ese objetivo requerirá tiempo, pues antes es necesario reconstruir el Consejo Nacional Electoral, liberar a los presos políticos y elaborar un censo electoral válido. La reconstrucción institucional es, como todo lo que vale la pena, costosa en tiempo y en esfuerzos. Sería una miopía política, con riesgos de conflicto permanente, apurar a Guaidó por el mero hecho que la transición se haga incómoda para algunos socios internacionales.

Restaurar la democracia en Venezuela es posible, pero el proceso es tan frágil y precario como la salud de los venezolanos, que han perdido en promedio 11 de kilos de peso. Maduro, por el contrario, sigue bien alimentado y sus adeptos continúan robando los recursos del país a escala masiva. El presidente encargado, Juan Guaidó; la Asamblea Nacional, portadora de la legitimidad democrática, y el pueblo de Venezuela necesitan el aliento y apoyo de una comunidad de naciones democráticas que sea unida y esté determinada a ayudarles a recuperar la libertad que su país merece.

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Garantía de convivencia. De Felipe Gonzalez

En España los populistas de PODEMOS arremeten contra «el régimen de la transición» del 1978, que creó el sistema pluralista, para fantasear de una «refundación» de la democracia.  Algo muy similar está pasando en El Salvador. El nuevo populismo articulado en Nuevas Ideas, pero también algunos analistas de izquierda, desprecian el sistema democrático y pluralista creado por los Acuerdos de Paz de 1992 y hablan de una nueva Constituyente para la «refundación de a Republica».  En ambos casos, lo que en realidad es una crisis de los partidos políticos, es interpretado como una crisis del sistema.
Reproducimos un artículo de Felipe González, ex-presidente del gobierno español y líder histórico de la socialdemocracia europea, quien rechaza estas tendencias anti-sistema.

Segunda Vuelta

6 diciembre 2018 / EL PAIS

Felipe González, ex-presidente del gobierno español

Tenemos que recuperar cuanto antes el espacio del diálogo y el entendimiento, porque no hay razón alguna para afirmar que lo que fue posible hace 40 años hoy resulta inalcanzable.

Salíamos de una larga dictadura, precedida de una cruenta Guerra Civil generada por un golpe de Estado. Cuarenta largos años de ausencia de libertad, de represión y de exilio.

Decidimos abandonar las trincheras que nos separaban como españoles y buscar un espacio compartido en el que pudiéramos convivir en el pluralismo de las ideas, en el reconocimiento de la diversidad de los pueblos que integran la realidad de España.

Queríamos vivir en paz, en libertad, con un sistema democrático sin restricciones, donde cupieran todas las ideas en un Estado social y democrático de derecho.

Queríamos pasar del centralismo que dominaba nuestra historia a la descentralización del poder, capaz de reconocer la diversidad manteniendo la unidad y la lealtad institucional.

Queríamos romper el aislamiento al que nos sometió una dictadura repudiada por la inmensa mayoría de las naciones. Integrarnos en la Europa, ahondar nuestras relaciones con América Latina, con los países árabes de nuestra frontera mediterránea, con EE UU y con todas las naciones del mundo.

Decidimos hacerlo desde el diálogo, el pacto, la reconciliación y el consenso. Con esa voluntad, afrontamos la redacción de la Carta Magna. Como dice Mikel Roca Junyent, “ninguno de los problemas que hemos tenido en estos 40 años tiene su origen en la Constitución”.

El texto es garantista con nuestros derechos y libertades, abierto al desarrollo de las autonomías para descentralizar políticamente al Estado. Era una Constitución moderna para su tiempo, influida por otras como la alemana pero con mayor amplitud en la aceptación del pluralismo político.

Hoy, 40 años después de aquel referéndum, podemos decir que el balance ha sido muy positivo para España y que más allá de la fatiga de los materiales y de los cambios producidos en nuestro país, en Europa y en el mundo, la Constitución ha sido resistente y resiliente a los ataques que ha sufrido. Intentos de involución entre los que destaca el del 23 de febrero de 1981 con la irrupción violenta en el Congreso de los Diputados, secuestrando al Ejecutivo y a la Cámara. O la derogación de la Carta Magna y el propio Estatuto de Autonomía, como ocurrió en Cataluña los días 6 y 7 septiembre de 2017, violando forma y fondo de la democracia.

Lo que se hubiera convertido en un drama irreparable en los años treinta, como dice con gran lucidez Álvarez Junco, la Constitución de 1978 nos ha permitido llevarlo a su cauce, aunque persista la tensión.

«No temo que se revise el texto completo y se compare con lo que se ha hecho en otros países de nuestro entorno.»

Hoy también domina nuestra resistencia histórica a la reforma, al entendimiento y al pacto que respeta las reglas de juego incluso cuando desea cambiarlas. Entre los que no quieren tocar ni una coma, garantes del inmovilismo, y los quieren liquidar todo lo hecho, tengo la sensación dolorosa de que los que no tuvieron necesidad de superar las trincheras para crear el espacio compartido en el que todos podemos defender nuestras ideas vuelven a abrirlas sin sentido, crispando el debate con más descalificaciones que argumentos.

Esta Constitución ha sido fruto de un consenso incluyente, por primera vez desde la de las Cortes de Cádiz en 1812. Nunca supimos reformar, solo liquidar para dar paso a la siguiente que expresaba el triunfo de los otros, de los que se sentían perdedores.

La Constitución establece reglas de juego y garantías para todos, si se aplica en su letra y en su espíritu. Establece un perímetro, como todas, pero es una norma habilitante, que permite su adaptación y reforma para acoger nuevas realidades, nuevos desafíos. Los que rompen el perímetro legitiman a otros que intentan lo mismo en sentido contrario.

Estoy entre los que creen que hay que hacer reformas, justamente para preservar la convivencia libre y pacífica que nos dimos antaño. No temo que se revise el texto completo y se compare con lo que se ha hecho en otros países de nuestro entorno, antes y después de la aprobación de la Constitución española. Sería una buena oportunidad para que los que la denigran la conozcan. El ejercicio nos daría fortaleza de ánimo para reformar lo que sea necesario y afirmar lo mucho que está bien hecho y resiste el paso del tiempo.

Nos incorporamos a la Unión Europea en un proceso de cesión de soberanía para compartirla con los demás miembros y la Constitución debe recoger esa nueva realidad competencial supranacional.

Hemos desarrollado el Estado de las autonomías y vivido tensiones de los que confunden descentralización con centrifugación del poder. Los que no aceptan el demos que compartimos todos los ciudadanos de España y no respetan las reglas de la lealtad institucional. Debemos federalizar nuestra estructura para darle más seguridad y garantizar la cohesión, la unidad y la solidaridad de todos los ciudadanos. Por eso tiene que cambiar el Senado, entre otras cosas del Título VIII.

«Debemos seguir construyendo un Estado social y democrático de derecho.»

Pero además tenemos que pensar en el futuro, en los próximos 30 o 40 años. La revolución tecnológica, la inteligencia artificial, la biotecnología, el cambio climático, la igualdad de género son los nuevos desafíos que deberíamos discutir entre nosotros para preservar la democracia representativa en crisis de gobernanza.

Cuando oigo repetir que el futuro está lleno de incertidumbres, pienso que lo más incierto es la gobernanza en democracia para enfrentar esos desafíos. Discutimos mucho más de lo que fue, planteamos más soluciones del pasado que no volverá, que derechos y deberes para encarar ese futuro con voluntad de justicia social y libertad. Debemos seguir construyendo un Estado social y democrático de derecho, con valores que impregnen la construcción de una Europa en crisis, pero tenemos que disponer de nuevos instrumentos. Derechos y obligaciones acordes con las consecuencias del cambio vertiginoso que vivimos y que se acelerará en las próximas décadas. Hay nuevos paradigmas que raramente aparecen en nuestros debates.

Por ejemplo, en la sociedad digital tratamos de regular el uso de los datos de millones de ciudadanos, para preservar su intimidad tantas veces vulnerada, pero no nos planteamos la propiedad de esos datos. Si reconociéramos el derecho de propiedad de cada persona sobre sus datos, estaríamos cambiando una ecuación fundamental para nuestro futuro. Los datos, los famosos big data, son la materia prima de las grandes compañías de Internet, las que nos facilitan la comunicación, pero disponen de lo que debería ser nuestro, de los ciudadanos.

Estamos ante un cambio civilizatorio que alterará las relaciones de producción, los derechos y libertades de todos nosotros. La crisis de la democracia representativa, en parte, es consecuencia de este cambio de paradigma mayor y mucho más rápido que el que se produjo con la Revolución Industrial, con el nacimiento del Estado-nación como lo conocemos.

La obligación de los representantes políticos es conducir ese cambio para maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos, con la voluntad de que sirva a todos y no deje a nadie detrás, para preservar la libertad, la justicia social y la máxima igualdad.

Tenemos que recuperar cuanto antes el espacio del diálogo y el entendimiento, porque no hay razón alguna para afirmar que lo que fue posible hace 40 años hoy resulta inalcanzable. No abramos nuevas trincheras después de haber cerrado aquellas que tanto sufrimiento costaron. Es obligación de todos, los políticos, los medios, los intelectuales, los actores económicos y sociales.

El paso definitivo de la trama totalitaria. De Felipe González

Nunca un país, que no haya sido azotado por una cruenta guerra, ha sido depredado y destruido económica y socialmente en menos tiempo.

Manifestación contra el régimen de Nicolás Maduro en el viernes en Caracas. MARCO BELLO REUTERS

Felipe González, ex presidente socialista del gobierno español

Felipe González, 1 abril 2017 / EL PAIS

La sentencia de la Corte Suprema anulando todos los poderes de la Asamblea Nacional es el paso definitivo que completa la estrategia de la trama totalitaria que desgobierna Venezuela.

Un gobierno cívico militar, somete al Poder Judicial, al Consejo Nacional Electoral y líquida la democracia anulando los poderes de la Asamblea Nacional.

Desde diciembre de 2015 el diseño totalitario viene avanzando ocupando todos los espacios de poder, el político institucional y el económico social.

El gobierno venezolano sabe que desde el seis de diciembre del 2015, había perdido el apoyo de la inmensa mayoría de los ciudadanos. El gobierno sabe que ha perdido la credibilidad de las instancias internacionales a las que pertenece.

El gobierno sabe que ha perdido la legitimidad en el desastroso ejercicio de sus funciones provocando una crisis económico social sin precedentes. El gobierno sabe que sólo se apoya en la fuerza de las armas mientras le duren.

Por todo esto ha decidido reprimir y encarcelar a la oposición, liquidar la libertad de prensa y perseguir la libertad de opinión, por eso ha decidido controlar a la población hundida en la pobreza y la escasez de alimentos a través del mecanismo represivo de los CLAP, por eso gobierna en un permanente estado de excepción abusando de todos los poderes del Estado, concentrados en una sola mano.

Nada es legítimo democráticamente en su actuación, por eso liquidó el referéndum revocatorio que demandaban los ciudadanos, por eso liquido las elecciones a Gobernadores.

Nunca un país,que no haya sido azotado por una cruenta guerra, ha sido depredado y destruido económica y socialmente en menos tiempo, nunca se ha producido la liquidación de la libertades democráticas más que por la técnica de un golpe de estado, y si faltaba algo para demostrar que la democracia venezolana ha sido destruida, el golpe del Tribunal Supremo contra la Asamblea Nacional lo ha dejado claro.

Nadie puede llamarse a engaño. La trama totalitaria de Venezuela se ha completado dramáticamente.

Bogotá 31 de marzo de 2017

Trump: los muros de su cerebro. De Felipe González

El presidente de Estados Unidos solo confía en sus “pulsiones” sicopáticas y en los que adulan sus modos insultantes y engañosos. Sus políticas proteccionistas y el rechazo a la globalización llevarán al país a la decadencia como “primera potencia”.

Felipe González fue presidente del Gobierno español de 1982 a 1996.

Felipe González, 6 marzo 2017 / EL PAIS

La política como gobierno del espacio público que compartimos está atrapada entre la arrogancia tecnocrática y la osadía de la ignorancia. Entre los “brillantes” posgraduados que creen que la complejidad de los problemas sociales se resuelve con algoritmos infalibles de laboratorio; y los necios, los que no saben, pero no saben que no saben y ofrecen respuestas arbitristas que simplifican y distorsionan la realidad.

Ni unos ni otros dudan cuando incursionan en el espacio público, como portadores de la “verdad” o de la “posverdad”. Y aunque mi reflexión hoy está dedicada a los segundos, no deja de preocuparme la arrogancia distante de estos supuestos sabios que nunca explican sus errores, porque para ellos es la realidad la que falla.

El necio puro (ne scio) es bastante inofensivo, incluso positivo cuando sabe que no sabe y busca apoyo para cubrir su ignorancia. El necio peligroso es el que tiene poder sobre los demás y, como no reconoce su ignorancia, menosprecia la opinión de los otros. Trata de imponer su “posverdad” simplificadora, se busca enemigos como responsables de la realidad que se inventa, aunque aproveche algunos elementos de la verdad y los miedos que esta genera siempre.

NICOLÁS AZNÁREZ

Los muros más peligrosos de Trump están ya construidos y petrificados en su cabeza. Son los que más deberían preocupar en Estados Unidos, en México o Latinoamérica, en la Unión Europea y en el resto del mundo, porque este personaje está al frente de la “todavía” primera potencia del globo. En su mente nunca hubo un proyecto para gobernar la diversidad que hace fuerte a su país. Nada parecido a un programa de gobierno en su campaña y, menos aún, en su discurso de investidura. Porque este señor solo confía en sus “pulsiones” sicopáticas y en los que adulan sus modos insultantes y engañosos.

Si cualquier mandatario del mundo hubiera descrito la “realidad” americana como lo hizo Trump en su discurso de toma de posesión, lo habríamos descalificado como sectario y fanático cargado de odio hacia Estados Unidos. Merece la pena analizar esa “oratoria” digna de un autócrata que se siente por encima de las instituciones, que desprecia a su propio pueblo, que busca enemigos y culpables en los que no son como él, sean inmigrantes, mujeres o minorías de cualquier tipo. En esa pieza inaugural se comprenden qué tipo de muros anidan en su cabeza y orientan sus abundantes decretos presidenciales o sus constantes tuits.

Habría que esperar que una parte de los “apaciguadores” que afirmaban (todavía quedan muchos) que no haría lo que proponía en su campaña o en sus muchas medidas de estas semanas de ejercicio efectivo de la presidencia estuvieran ya apercibidos de lo que se propone. Porque demuestra una audaz ignorancia de la realidad interna y externa sobre la que trata de proyectar su poder.

«La democracia no garantiza el buen gobierno,
pero permite cambiar al que lo hace mal»

También es lógico esperar que sus imitadores se crezcan y multipliquen complicando la gobernanza de la democracia representativa, la única que ampara nuestras libertades, en los espacios del mundo en que existe. Y poco importa que se presenten bajo el paraguas, más supuesto que real, de ideologías de izquierdas o de derechas. Lo que los une, o los junta en “manada”, es su posición etimológicamente reaccionaria ante el vértigo de los cambios inducidos por la revolución tecnológica y su aprovechamiento fraudulento de miedos comprensibles en conjuntos sociales sensibles.

Porque estamos viviendo una transformación a nivel global que, como lo fuera la Revolución Industrial, no es reversible, que genera una interdependencia creciente, que cuestiona al Estado nación como ámbito de realización de la soberanía, de la democracia o de la identidad. La diferencia con la Revolución Industrial es la vertiginosa velocidad de la implantación de la actual.

Los reaccionarios aprovechan el miedo al cambio, cierran fronteras, rechazan al otro, al que es diferente, se atrincheran en el nacionalismo sin memoria de la destrucción que provocó en el siglo XX. Vuelven al proteccionismo y las guerras comerciales. Una revuelta contra la revolución tecnológica que utiliza los medios de esta para negarla y enfrentar a la defensiva sus consecuencias.

Pero hay algo detrás del triunfo electoral de personajes como Trump que revela la necesidad de introducir elementos de gobernanza en la globalización, para hacerla más previsible y, sobre todo, para hacerla más justa en la redistribución, para replantearse el modo y tiempo de trabajo disponibles. La función de la política progresista no es rechazar o negar el cambio tecnológico, ni instrumentalizar los miedos que genera para replegar a nuestras sociedades en busca de “utopías regresivas”, sino prepararnos para enfrentar ese cambio aprovechando lo que ofrece de bueno y minimizando los riesgos que comporta para no dejar a nadie en la cuneta.

«En su mente nunca hubo un proyecto para gobernar
la diversidad que hace fuerte a su país»

La primera sociedad que va a pagar el precio de los muros mentales de Trump es la americana. La buena noticia es que esta sociedad está reaccionando inmediatamente, movilizándose para combatir desde dentro las pulsiones reaccionarias y discriminatorias instaladas desde el 20 de enero en la Casa Blanca. Son conscientes de que estas políticas niegan la diversidad de la propia sociedad americana, la que le da complejidad pero también fortaleza. Son conscientes de que EE UU es una sociedad de minorías entrelazadas en las que la imposición de una de ellas sobre otras los lleva a una nueva “caza de brujas”, al aumento de los delitos de odio contra el que ven como diferente y, por eso, culpables. Son conscientes de que están en peligro derechos civiles dolorosamente conseguidos. Una sociedad construida por y desde la inmigración que no puede satanizarla.

Tal vez no sepan, todavía, los efectos económicos y sociales de estas políticas aislacionistas y amenazantes. En la mente amurallada de Trump no entra la comprensión de lo que es una empresa global y Estados Unidos tiene las principales empresas globales del mundo. Son empresas que producen en el mundo, buscando economizar costes y buscando talento allá donde lo encuentran. Son empresas que venden en el mundo y prefieren un comercio abierto. Claro que la obligación de la política es limitar los abusos con marcos regulatorios razonables, pero no cerrar las fronteras y provocar guerras comerciales.

Como no es posible ser una potencia global sin empresas globales, en la era Trump Estados Unidos iniciará su decadencia como “primera potencia”. No puede esperar que sus empresas produzcan en EE UU, que los americanos consuman lo que allí se produce y que los demás países sigan consumiendo lo que venden sus empresas globales.

¿Cómo va a combinar política de aranceles altos y desplazamientos de producción mucho más costosos a Estados Unidos sin encarecer los precios para el consumidor americano y empobrecerlo en la práctica? ¿Cómo bajará los impuestos y aumentará el gasto (infraestructuras y defensa) sin desequilibrar las cuentas públicas? Seguramente pensará que él mismo puede servir de ejemplo evadiendo impuestos. Claro que eliminará gastos sociales (en salud y en otros rubros), rompiendo todos los resortes de la cohesión social.

La democracia no garantiza el buen gobierno, pero nos permite cambiar al que lo hace mal. Por eso, a la larga, es siempre mejor. ¡Mantengamos la esperanza!

Diálogo, pacto, reconciliación. De Felipe González

Los desafíos a los que se enfrenta Venezuela son de tal magnitud que no admiten espera. La división entre Gobierno y oposición no facilita que se aborden medidas para resolver una triple crisis: institucional, social y económica, de seguridad.

Felipe González fue presidente del Gobierno español de 1982 a 1996. E la foto con Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López

Felipe González, 17 julio 2016 / EL PAIS

Venezuela vive una triple crisis que divide y enfrenta al país y exige respuestas urgentes. Los desafíos son de tal magnitud que no admiten espera y, por eso, nadie puede plantear un “diálogo” para ganar un tiempo que los venezolanos no tienen agobiados por esta crisis.

El diálogo debe hacerse para pactar salidas a la crisis. El diálogo debe hacerse para reconciliar a los venezolanos. El diálogo debe hacerse desde el respeto a la Constitución, a los derechos y obligaciones establecidos en ella. Eso no es objeto de canje y por eso no es negociable.

La crisis es institucional, socioeconómica y de seguridad ciudadana. Y lo primero que tienen que acordar las partes son los temas de la agenda, así como la composición de la mediación. La crisis institucional lo condiciona todo, impide las salidas democráticas y encrespa la relación entre las fuerzas políticas, los actores sociales y económicos y el conjunto de la ciudadanía. Esta crisis está motivada por la anulación del papel constitucional de la nueva Asamblea Nacional con mayoría abrumadora desde el 6 de diciembre del año pasado. Durante el mes que transcurrió entre ese día y el 5 de enero de 2016, que toma posesión, la Asamblea saliente cambió el Tribunal Supremo y la Corte Constitucional para producir una composición obediente al poder ejecutivo y anular así las decisiones de la nueva mayoría parlamentaria.

Al mismo tiempo la Presidencia de la República promulgó leyes con el “poder habilitante” de la Asamblea saliente que han restado competencias constitucionales a la nueva Asamblea. Cuando asumió la nueva mayoría nacida de la voluntad soberana de los ciudadanos, no ha podido ejercer sus facultades de control del poder ejecutivo, ni sus facultades legislativas. La Corte Constitucional ha secado literalmente la actuación de la Asamblea Nacional, declarando “inconstitucionales” más del 90% de sus decisiones. Entre las muchas leyes anuladas está la Ley de Amnistía, que habría resuelto el problema de los presos políticos, de los exiliados y represaliados. La democracia no es compatible con presos políticos y exiliados. Asimismo, la Presidencia de la República ha declarado la emergencia económica —prorrogada después dos veces y añadiéndole estado de excepción— saltándose las competencias de la Asamblea Nacional, con la complicidad obsecuente de la Corte Constitucional. O sea, vivimos la paradoja de que es la oposición la que está pidiendo al Poder Ejecutivo que se respete y aplique la Constitución vigente promulgada por el régimen actual. Por el contrario el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo y otras instituciones del Estado como el CNE, obedientes a los mandatos de aquél, violentan la Constitución e impiden que funcione la división de poderes fundamental para el equilibrio democrático y la solución de los desafíos que enfrenta Venezuela.

«Si se desea una Comisión de la Verdad sincera,
lo lógico es que se constituya de forma paritaria…»

El primer elemento del diálogo es, por eso, el respeto a la Constitución, a la división de poderes y el cumplimiento irrestricto de las normas establecidas en ella. Si esto fuera así, estaría fuera de cualquier controversia el derecho constitucional a promover el “revocatorio” y las instituciones como el CNE tendrían que cumplir en tiempo y forma todos los trámites legalmente previstos, salvo que incurran en prevaricación en sus funciones. Este es un derecho de los representados, no de los representantes, que son lo que pueden ser sometidos a revocatorio.

Si se desea el esclarecimiento de hechos acaecidos y la reconciliación de los venezolanos, la propuesta de una Comisión de la Verdad puede ser útil. Pero lo lógico es que se constituya de forma paritaria —igual número de miembros de Gobierno y oposición— con una presidencia de consenso. El primer acto de su constitución sería la puesta en libertad de presos y la vuelta de exiliados, incluso si fuera a resultas de lo que concluya la Comisión. Esta salida corregiría la arbitrariedad que ha supuesto la anulación de la Ley de Amnistía y mejoraría el clima de reconciliación que se pretende. También se podría acordar la composición de la Sala Constitucional, con un nuevo equilibrio que le permita cumplir su función sin sometimiento al Ejecutivo.

La crisis social y económica puede y debe ser abordada en otra mesa paritaria —Gobierno y oposición— a la que se invite a participar a los sectores productivos.

Con carácter inmediato se debería abordar la crisis humanitaria, que se sigue agravando cada día, por la escasez de alimentos y, sobre todo, de medicamentos. Se necesita ayuda de emergencia y canales de distribución que escapen al bachaqueo y al clientelismo. Venezuela ha sido históricamente solidaria y ahora necesita solidaridad de la comunidad internacional.

La mesa debe poner en marcha el aparato productivo del país, acordando de inmediato, con los actores empresariales, respuestas al problema alimentario y de medicamentos. Como fondo, debe enfrentar la profunda crisis económica, tanto en sus aspectos macroeconómicos como en la recuperación del aparato productivo de Venezuela. El plan de ajuste es necesario y cada día que pase se hará más difícil. Ya hemos vivido en otros países la experiencia dramática de la hiperinflación, del inmenso déficit acumulado, de la imposibilidad de pagar la deuda sin reestructuración y ayuda.

«Se necesita ayuda de emergencia y canales de distribución
que escapen al clientelismo…»

El plan para reducir gastos y aumentar ingresos puede ser pactado entre las partes, para generar confianza interna y externa. Además, hay que preservar una línea de protección a los más débiles para que el ajuste no termine de destruirlos. Venezuela tiene recursos humanos y materiales para salir de este marasmo. Tiene capacidad industrial instalada que hay que poner a producir, lo mismo que capacidad para producir alimentos y medicamentos para toda su población con excedentes. El problema es de gestión, o, si prefieren, del fracaso de una gestión errónea durante muchos años, agravada por la caída de los precios del petróleo (¡pero solo agravada por eso!).

La crisis de seguridad ciudadana, aunque sea responsabilidad del Ejecutivo, puede ser planteada por este y la Asamblea para acordar una ley que corte esta hemorragia que destruye a Venezuela. El plan de seguridad llamado OLP es el número 17 o 18 de los que se han implementado para corregir la creciente inseguridad que ha convertido a Venezuela en un país con índices de violencia inaceptables. Pero más allá de los fracasos evidentes de estos planes se pueden y se deben corregir elementos fundamentales desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. El Gobierno puede proponer a la Asamblea una legislación que prohíba el uso de armas de fuego a los particulares y hacer un plan de recogida de las que hay dispersas por todas partes. La ley debe reservar el uso de las armas de fuego, en exclusiva, a las fuerzas de seguridad del Estado y, en su ámbito, a las Fuerzas Armadas. Los particulares, solo excepcionalmente y con autorización y control, pueden disponer de armas de fuego. Las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas lo agradecerán, pero sobre todo los ciudadanos empezaran a creer que es posible convivir en paz y en libertad.

Conclusión: no conozco sobre qué bases están trabajando los mediadores internacionales para el diálogo aunque les deseo lo mejor, pero sé que incluso esa mediación debe ser acordada entre la partes para generar confianza.

 

 

Opiniones sobre el acuerdo colombiano. Felipe Gonález y Joaquín Villalobos

El mejor de los acuerdos posibles

Desde la emoción de vivir un momento como este, tanto tiempo esperado; y desde la razón que comprende el desafío que queda por delante, mi alegría es inmensa.

Felipe González, ex-presidente del gobierno español

Felipe González, 22 junio 2016 / EL PAIS

Desde la emoción de vivir un momento como este, tanto tiempo esperado; y desde la razón que comprende el desafío que queda por delante, mi alegría es inmensa. Siempre ha sido más fácil hacer la guerra que construir la paz.

La guerra es más dolorosa por sus víctimas y sus horrores, más costosa en recursos humanos y materiales, pero más simple. Al final, se trata de destruir al otro, a lo que dé lugar. Quien tiene más capacidad de hacerlo, puede terminar ganando.

Hacer la paz, crear una cultura de paz, ampliar la democracia para que quepan todos los que estén dispuestos a renunciar a la violencia, recuperar a los desplazados, reconocer y compensar a las víctimas y trabajar, gobernar, para todos, con un desarrollo incluyente, es una tarea más compleja, más difícil, pero mucho más satisfactoria.

Eso es lo que toca ahora, en esta nueva etapa de la historia de Colombia. Y hay que hacerlo con todos los poderes del Estado, con sus instituciones y con todos los ciudadanos que quieren la paz, la libertad y el bienestar de Colombia.

¡La paz es de los colombianos y para los colombianos! ¡La paz es de todos y para todos! La paz que quiere toda América Latina. La paz que alegra al mundo, atenazado por guerras y conflictos en Oriente Medio, en África… ¡Por fin una buena noticia! ¡Por fin se acaba el conflicto más antiguo de América Latina!

Desde Belisario Betancur hasta Juan Manuel Santos, todos los presidentes, sin excepción, lo han intentado con determinación, con buena fe, interpretando el deseo de la inmensa mayoría de los colombianos. A todos hay que agradecer sus esfuerzos, su contribución.
Ahora está en las manos de los protagonistas de verdad: ¡los ciudadanos de este gran país que es Colombia!

No hay, no puede haber, acuerdos “perfectos” porque no serían acuerdos. Los hay posibles e imposibles. Y este es posible, el mejor de los posibles, aunque cada uno tenga derecho a pensar en que lo hubiera hecho mejor.

Por eso, esta es la hora de la unidad por la paz, por el fin del horror. Para resarcir a las víctimas, a los desplazados, para volver a convivir, para reconciliar a todos los hombres y mujeres de buena fe.

He sido testigo comprometido de todos los esfuerzos para acabar el conflicto, dispuesto siempre a servir, en lo que pudiera, a los presidentes que me lo pidieron. Lo hice como presidente del Gobierno de España y como ciudadano, durante 35 años. Y, ahora, llego a sentirme como un colombiano más, desde ese regalo de nacionalidad compartida del que disfruto.
He participado de las dudas y angustias de todo el proceso. He comprendido la desconfianza de tantos colombianos, tan grande como su deseo de paz.

Quiero agradecer a todos los presidentes de Colombia que me hayan tratado como amigo y me hayan permitido aportar un esfuerzo modesto por la paz. Pero, sobre todo, siento gratitud por los colombianos que me trataron siempre con cariño y respeto. Era lo mismo que sentía y siento por ese pueblo magnífico y próximo.

¡¡¡Felicidades Colombia!!!

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El acuerdo de los acuerdos.

El mito de que no era posible la paz en Colombia ha muerto.

Joaquín Villalobos fue jefe del ERP y miembro de la Comandancia General del FMLN durante la guerra

Joaquín Villalobos, 22 junio 2016 / EL PAIS

Medio siglo de conflicto, varios intentos de negociaciones fallidas, dos años de conversaciones secretas y cuatro de negociaciones públicas son el camino recorrido que ha llevado a la guerrilla de las FARC a firmar el acuerdo de cese de fuego y dejación de las armas en La Habana. Las exploraciones confidenciales comenzaron a inicios del año 2010, durante la administración del presidente Álvaro Uribe, ahora el principal opositor al proceso. Esos contactos fueron retomados por el presidente Juan Manuel Santos y, a finales de ese año, se iniciaron conversaciones secretas, se acordó una agenda que incluyó el desarme y se designó a La Habana como sede de las negociaciones. En estos años la opinión pública colombiana se ha mantenido dividida entre los que creían y los que no creían que el desarme de la guerrilla sería posible. Con este acuerdo, las FARC han puesto sus armas sobre la mesa con fecha para dejarlas, por lo tanto el mito de que esto no era posible ha muerto.

Se habla mucho de las garantías y mecanismos para que los acuerdos se cumplan, pero la realidad es el principal garante. Después de muchas décadas de violencia recurrente, está en el propio interés del Estado colombiano tener presencia y llevar el desarrollo a la Colombia rural, profunda y salvaje. Igualmente, después de medio siglo de lucha armada está en el propio interés de las FARC dejar las armas y pasar a la lucha política. En esencia, el acuerdo de paz es el cruce histórico de estos dos intereses. En medio de esto tendrán que atenderse los daños dejados por el conflicto en cuanto a reinserción, justicia, víctimas y narcotráfico.

Progresar jamás implica que las dificultades terminan, progreso es cambiar unos problemas por otros que nacen como producto de que los anteriores fueron resueltos. El gran reto del posconflicto será pacificar en lugares donde la insurgencia, el paramilitarismo y la criminalidad se convirtieron, por la ausencia del Estado, en profesiones bien reconocidas, respetadas y remuneradas. Terminado el conflicto comienza la tarea de reducir la profunda asimetría entre la Colombia sofisticada y la Colombia salvaje. Con el acuerdo de paz otro país está en marcha, pero los retos para que siga avanzando son enormes. Lo que viene sin duda no será fácil, pero será menos peor que los 225.000 muertos y los seis millones de desplazados.

También existen opiniones críticas, como esta que publicó el ex presidente colombiano Andrés Pastrana en redes sociales

Venezuela, al límite. De Felipe González

Las elecciones del 6 de diciembre pueden significar el cambio necesario para la reconciliación en el país, pero Nicolás Maduro debe renunciar a los discursos amenazantes y tiene que ejercer como el presidente de todos los venezolanos.

NICOLÁS AZNÁREZ

Felipe González, 21 agosto 2015 / El PAIS

Venezuela atraviesa una grave crisis socioeconómica; de seguridad ciudadana y de libertades básicas. El país necesita un Gobierno que “gobierne”, sin buscar culpables fuera de su ámbito de responsabilidad; que abra un espacio de diálogo con la oposición y con los sectores productivos para intentar enfrentar los desafíos con una visión de los intereses generales de todos los venezolanos. Un diálogo capaz de reconciliar a una sociedad fracturada que sufre el fracaso y el sectarismo de los gobernantes.

La inseguridad física de los ciudadanos —no hablemos de la jurídica— se está convirtiendo, tras el desabastecimiento alimentario, en la preocupación dominante del pueblo que se siente indefenso ante los asaltos, secuestros, robos y asesinatos. Caracas es una de las ciudades más violentas del mundo, incluidas las muertes de servidores públicos de las fuerzas de seguridad. El Gobierno habla de un nuevo plan de lucha contra la criminalidad que domina las calles. El llamado OLP, que es el número 26 de los puestos en marcha para atajar el problema, sin resultados reales.

También hay una crisis institucional. El Estado, que ha concentrado sus poderes en el ejecutivo, no funciona más que para hacer declaraciones responsabilizando a los demás de su fracaso. La Asamblea Nacional ha delegado en el presidente de la República que asume mediante decretos ley las funciones del legislativo. Pero la AN tampoco ejerce la función imprescindible de control de la acción de Gobierno, aplastando las voces de la oposición para que no haya críticas a los errores y la inacción del Gobierno. La justicia funciona al dictado del poder ejecutivo, o del presidente de la AN, incumpliendo todas las normas que garantizan un proceso válido. No hablamos de las normas internacionales de obligado cumplimiento para el Estado venezolano, sino de la propia Constitución de Venezuela y el marco jurídico que la desarrolla.

En Venezuela se vota. Pero no se cumple nada más. No hay legitimidad de ejercicio

La convocatoria de elecciones a la Asamblea Nacional abre una vía de esperanza, si se dan las condiciones razonables para que la contienda electoral sea justa, pero no resuelve por sí sola la crisis de gobernanza que atraviesa el país. Y para que la contienda sea justa, las instituciones deben garantizar que no se alteran a capricho los circuitos electorales, que exista una presencia de observadores creíbles desde ahora, porque se están tomando decisiones que pueden afectar a la razonable igualdad de oportunidades entre los contendientes. Y sobre todo debe garantizar la libertad de representación. Es decir, revertir el proceso de eliminación arbitraria de candidatos utilizando instrumentos judiciales y administrativos desde el poder ejecutivo. Es absurdo que haya presos por razones políticas, que haya candidatos exiliados por razones políticas, que se limite la libertad de representación ante los ciudadanos para que se sometan libremente al escrutinio del pueblo soberano.

El señor Maduro no puede seguir ocultando su fracaso inventando conspiraciones del “imperio”, de la extrema derecha interna e internacional, del “eje Madrid-Bogotá-Miami”. ¿Se imagina alguien a Obama intentando desestabilizar a Venezuela mientras trata de normalizar las relaciones con Cuba? ¿Le parece creíble ese cuento que repiten como un mantra?

Usted sabe que están haciendo un esfuerzo de normalización de las relaciones entre EE UU y Venezuela. Que extreman su prudencia a la hora de mostrar preocupaciones legítimas sobre las libertades y la crisis aguda del país. Usted sabe que en ese esfuerzo hay un obstáculo mayor: la existencia de presos y exiliados políticos y la necesidad de elecciones limpias. Y sabe que ese es tema de consenso en el Congreso de EE UU (casi el único) entre republicanos y demócratas.

Los ciudadanos, sobre todo las madres de familia más humildes, aguantan sin esperanzas las largas colas para acceder a los alimentos o las medicinas que necesitan. Y las ven acaparadas por los corruptos en el mercado negro a precios inaccesibles. No funciona la producción nacional, ni es suficiente la importación, ni hay eficacia en la distribución de estos bienes racionados. Están en una situación alimentaria de emergencia y el Estado no es capaz siquiera de distribuir con eficacia la escasez que sus políticas ha provocado.

Los salarios están siendo devorados por una inflación sin control. Incumpliendo los más elementales deberes de las instituciones ocultan las cifras, que todos los analistas sitúan por encima del 140%. Nadie, ni los más partidarios del Gobierno, desconocen que un dólar vale más de 700 bolívares en la calle, que es donde vive o sobrevive la gente, y no la ficción oficial de 6,30 bolívares por dólar.

Es inaceptable que Maduro hable de la “revolución” mezclando los votos y las botas

El aparato productivo del país ha sido destruido sistemáticamente en una carrera sin sentido de ocupación de la economía por un Estado ineficiente y corrupto. En nombre de la “revolución” han liquidado lo público y lo privado, desde PDVSA a la industria del acero, pasando por la producción alimentaria o la de medicamentos. Incautando lo que funciona y estatalizándolo han conseguido que todo se paralice, que la productividad desaparezca, que lo único que prospere sea la “boliburguesía” depredadora de los recursos y, ahora, de la escasez y la pobreza.

La democracia sigue siendo el sistema menos malo que existe. No garantiza el buen gobierno, pero sí garantiza al pueblo cambiar al Gobierno cuando no le gusta. La democracia se legítima en origen por el voto de los ciudadanos, como la condición necesaria, pero no suficiente. Porque necesita que el Gobierno cumpla con sus programas, que el Parlamento o asamblea lo controle y elabore leyes para todos, que se respete a las minorías, que la división de poderes sea real, que haya garantía de libertad de opinión y de información, así como de elección de los representantes de los ciudadanos.

En Venezuela se vota. Por eso son tan importantes las elecciones del 6 de diciembre. Pero no se cumple nada más. No hay legitimidad de ejercicio. El desafío del 6 de diciembre es más decisivo que una elección normal de la AN. Puede ser el comienzo del cambio para la gobernanza y la reconciliación a través del diálogo que necesita Venezuela. Pero la esencia de la democracia está en que la derrota —de quien decida el pueblo soberano— es aceptable, porque se dan las razonables condiciones de igualdad para competir. El presidente de la República debe garantizar que esto ocurra, porque es presidente de todos los venezolanos. Por eso tiene que renunciar a los discursos amenazantes y las decisiones que se derivan de ellos. Es inaceptable que hable de la “revolución” mezclando los votos y las botas. Las Fuerzas Armadas son de Venezuela y se deben a Venezuela, no al fracasado proyecto de su Gobierno. Los medios de comunicación públicos son de todos los venezolanos y el acceso a ellos debe reflejar la pluralidad de opciones políticas y no ser un monopolio de sus partidarios.

Usted, señor presidente, debe respetar y hacer respetar la libertad de prensa y de opinión, sin perseguir a los medios —ya muy escasos— que representan opiniones discrepantes.

Usted, señor presidente, que concentra todos los poderes del Estado, puede y debe ordenar la libertad de los presos políticos y la vuelta de los exiliados.

Usted, señor presidente, puede y debe invitar a observadores internacionales con experiencia, como los de la OEA y la UE, además de Unasur para que den legitimidad plena a la competencia electoral.

Si lo hace demostrará dos cosas: que es el presidente que representa a todos los venezolanos y que no teme a la contienda electoral limpia que su país merece.