Apoyo internacional contra la corrupción. De Roberto Rubio

8 abril 2019 / LA PRENSA GRAFICA

En los últimos años El Salvador experimentó importantes avances en la lucha contra la corrupción e impunidad, en buena medida gracias a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), su Sala de lo Constitucional y su Sección de Probidad, junto con la Fiscalía General (FGR), y en cierta medida el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Sin embargo, desde hace más de un año esa institucionalidad se ha venido debilitando. En efecto, los casos de Probidad dentro de la CSJ se han estancado, en el IAIP hay mayor control partidario, y los cambios en la FGR todavía son de pronóstico incierto. Mientras tanto, la Corte de Cuentas y el Tribunal de Ética Gubernamental siguen con su histórico rol complaciente con la corrupción.

En ese contexto, se ha reavivado la idea de instalar en el país una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES). Hasta el momento, un «debate» contaminado por las dinámicas político/electorales, lleno de simplicidad y dualismo donde predomina el «CICIES sí o CICIES no», entre buenos y malos, así como impregnado de desinformación y prejuicios, donde la CICIES es el cielo y la salvación, o el infierno y la condena. Un envase prácticamente vacío de sustancia.

De ahí la importancia de iniciar un debate ciudadano que pueda contribuir a darle buen contenido a una instancia de apoyo internacional contra la corrupción, llámese o no CICIES. Lo importante es ver nacer la criatura sana y robusta antes de bautizarla.

La ciudadanía organizada y pertinente debe promover un debate serio, informado y continuo sobre los principales temas y componentes que debería contener una instancia de apoyo internacional: su naturaleza, su alcance, sus principios, su sustento legal nacional e internacional, su delimitación temática, su mandato o rol, su relación con las instituciones nacionales de control, su período, su conformación, sus mecanismos independientes de participación ciudadana, su ejercicio de rendición de cuentas. Esto ayudará a despejar prejuicios, temores o intereses oscuros que puedan existir entre sus detractores o promotores.

Todo ese debate y las propuestas ciudadanas que surjan de él serán importantes insumos para que tanto el próximo Gobierno como la Asamblea Legislativa tengan mejores elementos para los procesos de toma de decisiones en la materia. Un debate sano que apunte a una instancia internacional de apoyo imparcial e independiente del propio gobierno, de los partidos políticos y grupos económicos; apegada a la Constitución, a las leyes secundarias, y en sintonía con las Convenciones Internacionales contra la Corrupción de las que El Salvador es signatario; respetuosa del mandato constitucional que otorga a la Fiscalía el monopolio de la investigación del delito, pero contribuyendo con personalidad a esta; impulsando no solo el combate sino también la prevención de la corrupción; fortaleciendo y transfiriendo conocimiento/capacidades a nuestras instituciones de control; con plazos de salida; con participación ciudadana independiente del gobierno de turno, etcétera.

Transparencia Internacional (TI), y su capítulo nacional FUNDE, han venido expresado desde hace varios meses de la necesidad de contar con una instancia internacional de apoyo al combate a la corrupción, sobre todo cuando nuestra institucionalidad está dando muestras de debilitamiento, y sus estructuras todavía dependen mucho de los titulares que pasajeramente las presiden. En consonancia con ello, TI/FUNDE, junto con otras organizaciones, impulsarán el debate en torno a la elaboración, implementación y vigilancia de tal instancia internacional de apoyo.

Las cicatrices del “Correísmo”. De Luis Mario Rodríguez

Recuperar la institucionalidad y ordenar el funcionamiento del Estado después de una década de desarreglos democráticos es muy complicado. Esa es precisamente la tarea de los ecuatorianos en este momento.

28 marzo 2019 / EL DIARIO DE HOY

El Siglo XXI está siendo testigo de peligrosas embestidas a los sistemas políticos. Se han promovido nuevas constituciones, reformas a las vigentes y recursos ante los máximos tribunales de justicia para interpretar la ley fundamental al antojo de los presidentes de turno. La finalidad, en casi todos los casos, fue la de allanar la reelección presidencial indefinida, el uso de las consultas populares como forma de evadir a los partidos representados en los congresos, la toma de las instituciones de control político y el debilitamiento del sistema de partidos.

La trama también incluye a los sistemas electorales. Con el propósito de hacerse con el poder, algunos mandatarios han promovido cambios a su conveniencia. En Nicaragua se fijó en 35% el porcentaje de votos para ganar la presidencia siempre y cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar fuera mayor a cinco puntos. Luego se eliminó este último requisito.

Para habilitar la figura de la reelección, Ortega dispuso que la Corte Suprema de Justicia —lacayos del régimen— se pronunciara a favor de esa petición. En Honduras y Bolivia se recurrió a la misma estrategia. Juan Orlando Hernández fue habilitado como candidato y continúa al frente del Ejecutivo. Evo Morales, después de perder el referéndum para la reelección presidencial, obtuvo el favor del Tribunal Constitucional Plurinacional, servil a sus intereses, y ahora busca el tercer período que lo mantendría en el puesto hasta el 2025.

La otra maniobra ha consistido en manipular los organismos electorales. Esta táctica les permite a los autoritarios manosear la inscripción de las candidaturas, viciar el trazo de las circunscripciones electorales y el número de cargos que se disputarán en cada una de ellas, denegar la presencia de observadores internacionales, omitir la investigación cuando hay incumplimientos de la normativa electoral y desistir de la imposición de sanciones cuando los infractores son los que compiten con la bandera del partido oficial.

Los impulsores de estas medidas han obtenido sus cargos por el voto popular. De hecho se quedan en las sillas presidenciales por el respaldo de sus seguidores en las urnas. Sin embargo, compiten en elecciones donde la equidad está alterada, en las que el ventajismo oficial les facilita el camino, donde los tribunales electorales no son imparciales y en los que las condiciones están dadas para que su partido gane.

Luego vienen las limitaciones a los derechos fundamentales. Se restringe la libertad de expresión, se acosa a los medios y a los periodistas, se intimida a los opositores, en algunos lugares se les encarcela, se utiliza a la autoridad pública para reprimir, se tuerce la justicia, se persigue a los líderes gremiales, del sector privado y de los sindicatos, y se hace todo por desgastar a los partidos políticos mientras que se ensalza a los movimientos populares que terminan siendo grupos de fachada al servicio del oficialismo.

Recuperar la institucionalidad y ordenar el funcionamiento del Estado después de una década de desarreglos democráticos es muy complicado. Esa es precisamente la tarea de los ecuatorianos en este momento. El pasado 24 de marzo Ecuador celebró las primeras elecciones seccionales (prefectos, alcaldes, concejos urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales) después de diez años de gobierno de Rafael Correa. En 2017, Lenin Moreno, actual gobernante, ahora enemigo acérrimo del expresidente Correa, terminó con una etapa que aflojó por completo los cimientos del republicanismo.

Una de las manifestaciones de ese decaimiento institucional fue la creación, en 2008, del “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social” (CPCCS) que tiene a su cargo la organización de los procesos para el nombramiento de los titulares de la Fiscalía General, el Consejo Nacional Electoral, el Contralor General del Estado y el Tribunal Contencioso Electoral. También nombra al Defensor del Pueblo. El Consejo es una “supraautoridad” que mal utilizada sirve para secuestrar al Estado; ese fue el uso que le dio Correa. En 2018 los ecuatorianos decidieron destituir a los integrantes del CPCCS, nombrar autoridades provisionales y elegir a los nuevos consejeros por votación popular. Esta elección también tuvo lugar el domingo alrededor de una campaña de voto nulo.

Las cicatrices del “Correísmo” están profundamente arraigadas en los ecuatorianos. Debieron lidiar diez años con la censura, con el odio de clases y con la desinstitucionalización para comenzar a restablecer su confianza en el Estado de Derecho. Correa sigue vivo políticamente —su movimiento ganó consejerías en las elecciones del domingo— pero los ciudadanos ahora son menos influenciables y más sensibles para rechazar los discursos populistas.

La triste similitud de los populistas. De Manuel Hinds

11 enero 2019 / EL DIARIO DE HOY

Se ha vuelto muy común decir que los dos países más grandes de América Latina, Brasil y México, han caído en regímenes populistas, pero en direcciones opuestas porque uno se dice de derecha y el otro de izquierda. Pero en realidad ambos países se están moviendo en exactamente la misma dirección —la que define el mismo populismo, que en es más determinante que la izquierda y la derecha.

Por muchos años el populismo se entendió como una enfermedad de la izquierda: un régimen irresponsable, que gasta más de lo que le entra en nombre de la justicia social, que comienza con muchas dádivas sin pensar en cómo van a ser pagadas y termina con crisis económicas muy serias, como las del Brasil de Lula, la Argentina de Perón y luego la de los Kirchner, la Venezuela de Chávez y la Nicaragua de Ortega.

Esta concepción del populismo era muy incompleta. Por una parte, la historia ha mostrado que la demagogia no es exclusiva de la izquierda. En realidad, uno de los primeros populistas en la región, Juan Domingo Perón, no podía ser catalogado como de izquierda sino como fascista. Igual que los regímenes fascistas europeos de su época, compartió la agitación política en nombre de la justicia social, usó dádivas enormes para comprar votos y terminó en gran corrupción y desastres económicos. Poco a poco, la gente ha entendido que hay populistas de derecha y de izquierda.

Además, aunque ciertamente la irresponsabilidad fiscal y la falsa apelación a la justicia social son partes importantes del populismo, hay una parte más fundamental, que es la que le da su esencia, que es lo que comparten los populismos de derecha e izquierda: la sustitución de las instituciones democráticas por el comando autocrático de un caudillo, alrededor del cual se construye un culto a la personalidad. Es por esta razón, porque buscan es una dictadura absoluta, que los populistas de cualquier signo ideológico son enemigos a muerte de la institucionalidad democrática, en la que nadie tiene el poder absoluto.

La gente tiende a ignorar esta dimensión del populismo porque los populistas sacan su parte tiránica solo después de haber adquirido el poder y de haber limpiado a sus rivales y a las instituciones que tienen poder independientemente de él —los poderes legislativo y judicial y los cientos de instituciones que contribuyen al manejo del Estado.

En sus inicios los venezolanos y los nicaragüenses se reían de los que les hablaban de la conversión de los populistas en tiranos sangrientos. No comprendían que el populista acusa a todas las instituciones democráticas de ser corruptas para argüir que para cambiar la sociedad hay que destruirlas y darle a ellos el poder total. Cuando alguien pide el poder absoluto para poder resolver los problemas del país está pidiendo que lo hagan dictador.

Por supuesto, el populista quiere el poder total por el poder mismo, no como instrumento para mejorar al pueblo. El beneficio del pueblo es el pretexto a través del cual los populistas se vuelven tiranos. Con el poder total, con las instituciones destruidas, los populistas se corrompen absolutamente y se arrogan el derecho de mantenerse en el poder a costa de sangre y sufrimientos para la población, como en Venezuela y Nicaragua.

Esa es la historia de Venezuela y de Nicaragua y podría ser la de El Salvador si elegimos a Nayib Bukele, que ya comenzó, antes de llegar al poder, a tratar de usar la fuerza bruta para intimidar al pueblo y a las instituciones democráticas. Igual que Chávez en su momento, amenaza con usar el poder militar de la presidencia para intimidar a la Asamblea, dice que va a cambiar la Constitución aunque un presidente no tiene el poder de hacerlo, y ha usado turbas para amenazar a la Fiscalía y el Tribunal Supremo Electoral. La imagen que proyecta es la de un caudillo que se cree que está por encima de las instituciones —que es la imagen que de sí mismos tienen todos los tiranos.

Ojalá que ni México ni Brasil ni El Salvador caigan en esta maldición.

Él cree que las leyes no le aplican. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

10 diciembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

La amenaza a instituciones públicas cuando una decisión en contra no cae en gracia es matonería política. La idea de utilizar a las instituciones para satisfacer intereses o ideas personales, también. El candidato a la presidencia Nayib Bukele ha tenido varios deslices relacionados con la institucionalidad democrática de nuestro país, lo cual resulta preocupante.

El pasado jueves, el candidato del partido GANA manifestó en sus redes sociales que el TSE estaba “fraguando un fraude electoral” y que si se consumaba, se iban a las calles. Todo porque en la impresión de las papeletas de votación variaba el tono de celeste del que supuestamente se había aprobado. Después de la serie de fraudes electorales que dieron lugar a la guerra civil en los Años Ochenta, acusar de fraude por una bandera mal teñida en una impresión es subestimar la inteligencia de las personas.

No es la primera vez que los exabruptos del candidato ignoran deliberadamente los años de trabajo para tratar de consolidar las instituciones en el país. En 2016 llamó a una protesta afuera de la Fiscalía General de la República después que el titular de la institución confirmara que el entonces alcalde era mencionado en unas investigaciones por delitos contra El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica; retó al Fiscal General a que bajara y le dijera “en su cara” las acusaciones. Como si fuera un adolescente retando a un compañerito de escuela. En el proceso de formación del partido Nuevas Ideas se creó una narrativa de que existía un “bloqueo a la voluntad popular”, por las distintas objeciones que el TSE le hizo al partido antes de inscribirlo. Convirtieron a la institución en el villano de forma injustificada.

El pasado noviembre, en relación con la aprobación de leyes a favor de la Universidad de El Salvador en la Asamblea Legislativa, manifestó: “¿A quién nos van a lanzar para detenernos? ¿A la UMO? ¿A la Policía? ¿Al Ejército? Ellos van a marchar con nosotros. Porque todos ellos son comandados por el presidente de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas. ¿Qué les va a quedar?”. El uso arbitrario de la Fuerza Armada revive fantasmas y da miedo.

El factor común en todas esas situaciones ha sido un rechazo implícito e irracional a la institucionalidad y a las decisiones adversas. Todo bajo la excusa “que los mismos de siempre” están detrás de los reveses que sufre. Si llega a la Presidencia, ¿con qué temperamento asumirá una negativa de la Asamblea de aprobar cualquier ley o el Presupuesto de la Nación? ¿Cómo se tomará un revés judicial? Nayib cree que se lo merece todo. Y son preocupantes las decisiones que pueda tomar una persona que cree que no se equivoca.

Las instituciones públicas tienen sus fallas y eso es innegable. Pero para combatir estas situaciones es que las leyes prevén los canales institucionales y las instancias para controlar una decisión errónea. Es injusto afirmar que todas las instituciones están tiradas a la perdición o que responden “a los mismos de siempre”, cuando dentro de ellas hay miles de personas trabajando para reivindicarlas de las culpas de sus predecesores. Es injusto pensar que las crisis que ha sufrido este país han pasado en vano y que preferimos volver a tiempos de tiranías y autoritarismos.

Como sociedad no podemos tomarnos a la ligera el irrespeto a las instituciones ni los llamados a la rebeldía por un descontento personal con determinadas decisiones. Todo eso desemboca en violencia. Es demasiado pretencioso creer que uno está por encima del bien y del mal, o pensar que nunca se equivoca. En una República todos nos debemos someter a las reglas e instituciones. Hay un problema cuando él cree que las leyes no le aplican.

Carta al FMLN y ARENA: La regla de Tarzán. De Paolo Luers

27 octubre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

A esta altura, con más de 100 días sin Sala Constitucional, me parece increíble que ustedes, las dos fuerzas políticas que juntos lograron poner fin de a la guerra y la transición a un sistema democrático y pluralista, no hayan tenido la capacidad de resolver este problema.

Parece que eso se debe a dos causas combinadas: El FMLN no se atreve a abandonar a GANA en su decisión de entrampar la elección de los magistrados, porque teme que al romper su pacto con GANA se quedaría sin gobernabilidad para terminar su mandato sin grandes crisis. Y por otra parte, ARENA todavía no está dispuesta a asegurar al FMLN esta gobernabilidad. ¿Asegurar cómo? Aprobando junto al Frente un presupuesto 2019 que garantice estabilidad y gobernabilidad al gobierno saliente y al gobierno entrante.

No puedo entender cómo los dos partidos aún no han podido llegar a un acuerdo político tan simple, claro y trascendental. Poner fin a la crisis constitucional sería una muestra del compromiso de ambos partidos con la institucionalidad. Además permitiría al FMLN a salir del dilema: Por una parte dependen de GANA para terminar su mandato gubernamental sin perder la cara; por otra parte GANA, nombrando a Bukele su candidato presidencial, se ha vuelto el principal adversario para el Frente. Porque es obvio que Bukele no solo va detrás de la silla presidencial, sino también detrás de las bases y del rol histórico que ha jugado el Frente, de “representar a los pobres”.

El Frente tiene que entender que para defenderse de esta amenaza no se trata de meterse en una competencia de quién es el más radical y más anti-ARENA, sino de marcar la diferencia sustancial con Bukele y sus hombres: Nosotros vamos a seguir trabajando por más justicia social, pero nunca comprometiendo la institucionalidad y la estabilidad del país. Vamos a defender el sistema pluralista de partidos, que Bukele y sus aliados quieren destruir.

Por otra parte, ARENA tiene que entender el dilema del Frente, y ser muy flexible en sus negociaciones. Si el Frente no puede soltar la rama GANA mientras no tenga otra para agarrarse, ARENA le tiene que proporcionar una rama segura. Es la regla de Tarzán.

Algunos puristas me van a reclamar que estoy mezclando asuntos partidarios y hasta electorales con el nombramiento de los magistrados. Tal vez tengan razón, pero lo que estoy diciendo a ambos partidos es que, a pesar de la competencia electoral, construyan unos entendimientos que les permitan garantizar la estabilidad e institucionalidad del país:

-elegir una Sala de lo Constitucional que defienda la Constitución contra tentaciones populistas;
-elegir un fiscal general que seguirá enfrentando la corrupción, por sin politizar la justicia;
-un presupuesto 2019 que permita gobernar con estabilidad tanto al gobierno saliente como al entrante;
-una propuesta de pacto fiscal que garantice la estabilidad fiscal del país para mediano plazo.

No estoy hablando de un pacto electoral entre los dos partidos. Es un acuerdo de defensa de la institucionalidad y estabilidad, que deja suficientes puntos para pelearse en la campaña electoralsobre cómo crear empleo y seguridad, y cómo mejorar salud y educación…

Solo Arena y el Frente juntos pueden hacer este acuerdo de estabilidad, porque tienen en la Asamblea la mayoría calificada necesaria – y porque tienen en sus filas dirigentes dispuestos a asumir la defensa de nuestro sistema democrático, que nació con ellos mismos firmando el Acuerdo de Paz en 1992. Lo único que ahora falta es voluntad política – en ambos bandos.

Saludos, Paolo

Se deteriora la institucionalidad. De Erika Saldaña

10 septiembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

El Salvador sigue sin Sala de lo Constitucional. Han pasado casi sesenta días desde que los nuevos magistrados tuvieron que tomar posesión de su cargo. Mientras tanto, cientos de salvadoreños ven desprotegidos sus derechos constitucionales porque no hay tribunal que les resuelva sus demandas y la Asamblea Legislativa está desinflada en el esfuerzo de que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible. La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia está en un punto muerto.

Hace un par de semanas, varios diputados manifestaron que “nadie se muere porque no haya Sala de lo Constitucional”. No se mueren personas, pero sí se deteriora el Estado de Derecho. Sin un tribunal que proteja los derechos constitucionales de los ciudadanos y limite el poder de las entidades estatales, poco a poco se muere la institucionalidad del país. No tener Sala de lo Constitucional es igual de grave a que se elijan personas que no son idóneas para el cargo como magistrados. Se debe elegir los más pronto posible a las personas que cumplan con el perfil que demanda el cargo.

Además del desgaste en la institucionalidad, aumenta la mora judicial y son los ciudadanos los que sufren el incumplimiento de la Asamblea Legislativa. Del trabajo de la Sala de lo Constitucional, los diputados únicamente tienen en mente las sentencias que les molestaron o las que iban en contra de sus intereses políticos. Pero la Sala emitía mucho más que sentencias en esos temas. Los magistrados del periodo 2009-2018 dejaron al país un amplio legado jurisprudencial en temas relacionados a derechos a la salud, medio ambiente, a la estabilidad laboral, al agua, a la libertad económica, a la equidad tributaria, a la verdad, a la seguridad, entre otros temas relevantes.

En los últimos nueve años, la Sala de lo Constitucional emprendió una tarea titánica: se resolvieron más de novecientos procesos heredados por los magistrados que dejaron sus cargos en 2009 y, además, se le dio respuesta a las más de mil demandas anuales que se presentaron en el periodo. A la fecha la Sala de lo Constitucional tiene pendiente de resolver 159 hábeas corpus, 422 amparos y 171 inconstitucionalidades. Por esto también es grave la omisión de la Asamblea Legislativa de elegir magistrados, ya que la mora judicial aumenta y las personas desprotegidas siguen ahí.

Esto no puede seguir así. Ya es hora que exijamos a los partidos políticos que actúen conforme a lo que tanto predican en la Asamblea Legislativa. Si tanto pregonan que trabajan por elegir a los mejores perfiles para el cargo de magistrado y a personas independientes de cualquier poder político o fáctico, lo que tienen que hacer es elegirlos. Ya no es momento de inventar la rueda; el Consorcio por la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción publicó una tabla donde se promedian las notas obtenidas por cada candidato a magistrado, producto de las evaluaciones hechas por la Iniciativa Social para la Democracia, Acción Ciudadana y el diputado no partidario. Si de verdad queremos a los mejores perfiles, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben salir de los mejores evaluados.

En este punto crítico para El Salvador también los líderes de cada partido tienen que asumir un rol relevante. Y por líderes hago especial énfasis en los candidatos presidenciales de cada uno de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Carlos Calleja, Nayib Bukele y Hugo Martínez han reiterado un sinfín de veces que ellos son la cara de una renovación política; es hora que demuestren su liderazgo y su verdadero compromiso con el país haciendo conciencia a los partidos que los impulsan de la trascendencia de elegir a los mejores perfiles como magistrados. Candidatos, ustedes tienen la opción de demostrar que son parte de la renovación de los partidos y que quieren que las cosas se hagan de la mejor manera posible.

Cada encuesta recuerda a los partidos políticos que la ciudadanía está cansada y decepcionada de la forma en que actúan los políticos. Pongan atención a ese rechazo, no sigan deteriorando su imagen; las bancadas legislativas deben asumir el rol que les corresponde y elegir lo más pronto posible a las personas mejor capacitadas para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No sigan cometiendo errores en el proceso de elección. Recuerden que los votantes los estamos observando.

Soy parte de la resistencia dentro del gobierno de Trump. Funcionario anónimo en el NY Times

El presidente Trump en un evento en agosto en el Club de Golf Nacional Trump en Bedminster, Nueva Jersey Credit Tom Brenner para The New York Times

El autor es un alto funcionario en el gobierno de Trump

5 septiembre 2018 / The New York Times

The New York Times tomó hoy la inusual decisión de publicar una columna de opinión anónima. Lo hemos hecho de esa forma a pedido del autor, un funcionario de alto rango en el gobierno de Trump cuya identidad conocemos y cuyo empleo estaría en riesgo por divulgar esta información. Creemos que publicar este ensayo de forma anónima es la única manera de ofrecer una perspectiva importante a nuestros lectores.

El presidente Trump enfrenta una prueba a su presidencia como la que ningún líder estadounidense moderno ha enfrentado.

No se trata solamente del alcance que puede tener la investigación del fiscal especial. O de que el país esté amargamente dividido respecto del liderazgo de Trump. Ni siquiera de que su partido pueda perder la Cámara de Representantes ante una oposición empeñada en derrocarlo.

El dilema —que él no entiende por completo— es que muchos de los funcionarios de alto rango en su propio gobierno trabajan diligentemente desde adentro para frustrar partes de su agenda y sus peores inclinaciones.

Yo sé que es así. Yo soy uno de ellos.

Para ser claros, la nuestra no es la popular “resistencia” de la izquierda. Queremos que el gobierno tenga éxito y pensamos que muchas de sus políticas ya han convertido a Estados Unidos en un país más seguro y más próspero.

No obstante, creemos que nuestro primer deber es con este país, y el presidente continúa actuando de una manera que es perjudicial para la salud de nuestra república.

Es por eso que muchos funcionarios designados por Trump nos hemos comprometido a hacer lo que esté a nuestro alcance para preservar nuestras instituciones democráticas y al mismo tiempo frustrar los impulsos más erróneos de Trump hasta que deje el cargo.

La raíz del problema es la amoralidad del presidente. Cualquier persona que trabaje con él sabe que no está anclado a ningún principio básico discernible que guíe su toma de decisiones.

Aunque fue electo como republicano, el presidente muestra poca afinidad hacia los ideales adoptados desde hace mucho tiempo por los conservadores: libertad de pensamiento, libertad de mercado y personas libres. En el mejor de los casos, ha invocado esos ideales en ambientes controlados. En el peor, los ha atacado directamente.

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Además de su mercadotecnia masiva de la noción de que la prensa es el “enemigo del pueblo”, los impulsos del presidente Trump son generalmente anticomerciales y antidemocráticos.

No me malinterpreten. Hay puntos brillantes que la cobertura negativa casi incesante sobre el gobierno no ha captado: desregulación efectiva, una reforma fiscal histórica, un Ejército fortalecido y más.

No obstante, estos éxitos han llegado a pesar del —y no gracias al— estilo de liderazgo del presidente, el cual es impetuoso, conflictivo, mezquino e ineficaz.

Desde la Casa Blanca hasta los departamentos y las agencias del poder ejecutivo, funcionarios de alto rango admitirán de manera privada su diaria incredulidad ante los comentarios y las acciones del comandante jefe. La mayoría está trabajando para aislar sus operaciones de sus caprichos.

Las reuniones con él se descarrilan y se salen del tema, él se involucra en diatribas repetitivas y su impulsividad deriva en decisiones a medias, mal informadas y en ocasiones imprudentes, de las que posteriormente se tiene que retractar.

“No hay manera, literalmente, de saber si él cambiará su opinión de un minuto al otro”, se quejó ante mí un alto funcionario recientemente, exasperado por una reunión en el Despacho Oval en la que el presidente realizó cambios en una importante decisión política que había tomado solo una semana antes.

El comportamiento errático sería más preocupante si no fuera por los héroes anónimos dentro y cerca de la Casa Blanca. Algunos de sus asistentes han sido personificados como villanos por los medios. Sin embargo, en privado, han hecho grandes esfuerzos para contener las malas decisiones en el Ala Oeste, aunque claramente no siempre tienen éxito.

Puede ser un consuelo escaso en esta era caótica, pero los estadounidenses deberían saber que hay adultos a cargo. Reconocemos plenamente lo que está ocurriendo. Y tratamos de hacer lo correcto incluso cuando Donald Trump no lo hace.

El resultado es una presidencia de dos vías.

Por ejemplo, la política exterior. En público y en privado, el presidente Trump exhibe una preferencia por los autócratas y dictadores, como el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, y muestra poca aprecio genuino por los lazos que nos unen con naciones aliadas que piensan como nosotros.

Sin embargo, observadores astutos han notado que el resto del gobierno opera por otro camino, uno en el que países como Rusia son denunciados por interferir y sancionados apropiadamente, y en el que los aliados alrededor del mundo son considerados como iguales y no son ridiculizados como rivales.

Por ejemplo, sobre Rusia, el presidente se mostró reacio a expulsar a muchos de los espías de Putin como castigo por el envenenamiento de un exespía ruso en el Reino Unido. Se quejó durante semanas de que altos miembros del gabinete lo dejaban atrapado en más confrontaciones con Rusia y expresó frustración por el hecho de que Estados Unidos continuara imponiendo sanciones a ese país por su comportamiento maligno. Sin embargo, su equipo de seguridad nacional tenía motivos para hacerlo —dichas acciones tenían que ser tomadas, para obligar a Moscú a rendir cuentas—.

Esto no es obra del llamado Estado profundo (deep state) —una teoría de conspiración que afirma que existen instituciones dentro del gobierno que permanecen en el poder de manera permanente—. Es la obra de un Estado estable.

Dada la inestabilidad de la que muchos han sido testigos, hubo rumores tempranos dentro del gabinete sobre invocar la Enmienda 25, la que daría inicio a un complejo proceso para sacar del poder al presidente. Sin embargo, nadie quiso precipitar una crisis constitucional. Así que haremos lo que podamos para dirigir el rumbo del gobierno en la dirección correcta hasta que —de una manera u otra— llegue a su fin.

La mayor preocupación no es lo que Trump ha hecho a la presidencia, sino lo que nosotros como nación le hemos permitido que nos haga. Nos hemos hundido profundamente con él y hemos permitido que nuestro discurso fuera despojado de la civilidad.

El senador John McCain lo dijo de la mejor manera en su carta de despedida. Todos los estadounidenses deberían prestar atención a sus palabras y liberarse de la trampa del tribalismo, con el elevado objetivo de unirnos a través de nuestros valores compartidos y amar a esta gran nación.

El senador McCain ya no está con nosotros, pero siempre contaremos con su ejemplo —una estrella que nos guía para restaurar el honor a la vida pública y a nuestro diálogo nacional—. Trump puede temer a los hombres honorables, pero nosotros debemos venerarlos.

Existe una resistencia silenciosa dentro del gobierno compuesta por personas que eligen anteponer al país. Sin embargo, la verdadera diferencia será hecha por los ciudadanos comunes que se pongan por encima de la política, se unan con los adversarios y decidan eliminar las etiquetas para portar una sola: la de estadounidenses.

Nicaragua: el costo escondido. De Manuel Hinds

18 mayo 2018 / El Diario de Hoy

Por muchos años varios sectores de El Salvador en la mal llamada derecha (los que creen que el triunfo de la derecha es que las empresas hagan muchas utilidades) han considerado a Nicaragua como el gran ejemplo para el desarrollo de este país, la solución perfecta para los desequilibrios políticos y económicos característicos de la América Latina: dejar todo el poder político en las manos de un gobernante que al mismo tiempo, al estilo del viejo Somoza, deje al sector privado hacer lo que quiera en la economía contra una servidumbre entregada al líder político. También, varios sectores en la mal llamada izquierda (la que cree que el triunfo de la izquierda está en que individuos que se dicen de izquierda y apoyan servilmente Venezuela y a Cuba se mantengan en el poder) también la han visto como un modelo a seguir, ya que los “compas” de la Revolución Sandinista se han enquistado en el gobierno y en la empresa privada y se han enriquecido tanto y más que los secuaces de los Somoza.

Mucha gente que no pertenece a estos grupos también han pensado en algún momento en que este sería un buen modelo, ya que, por un costo en pérdida de libertad, otros derechos individuales y una cierta cantidad económica para mantener a los que regentean el régimen, se ha logrado una alta inversión extranjera y la armonía social.

Los eventos de las últimas semanas han dado un baño de realidad a los que así pensaban. El pueblo que supuestamente estaba lleno de armonía ha mostrado que bajo la aparente tranquilidad y satisfacción del pueblo nicaragüense hay un terrible descontento, y que la aparentemente bondadosa tiranía es en realidad capaz de ser mortífera y profundamente destructiva. De una manera que nosotros no podemos ni siquiera entender, Nicaragua sigue siendo la hacienda de un tirano, igual que lo fue en la época de los Somoza que comenzó en 1937 y duró hasta 1979, cuando los sandinistas lo derrocaron pretendiendo dar final a las dictaduras en su país. En los años subsiguientes, una sección de los sandinistas, y en especial Daniel Ortega y su mujer Rosario, tomaron control del gobierno y, con un intermedio en los años Noventa, se apoderaron del país y volvieron a tornarlo en una hacienda comandada por unos propietarios con la ayuda de unos mandadores. Es una historia muy triste para un país.

Los que hablaban maravillas de esa hacienda Nicaragua se olvidaron de mencionar, o quizás nunca lo supieron, que durante todos estos años, ya casi 40 desde que Somoza cayó, Nicaragua siguió siendo terriblemente pobre, con un ingreso por persona que es apenas el 64% del de El Salvador, con una clase media mucho más pequeña que la de nuestro país y con cero desarrollo institucional. ¿Para qué querían instituciones, si estaban felices con la tiranía de Daniel y Rosario?

Los tristes acontecimientos de Nicaragua ponen el foco sobre lo que es el progreso de una sociedad, y sobre lo que es la resistencia al cambio. Los acontecimientos trágicos de las últimas semanas muestran que dejar en manos de un tirano el poder total del país por la promesa de que este no convertirá el país en comunista es en realidad un pacto con el diablo que, como en todos los mitos que narran estos pactos, tiene un costo terrible que se manifiesta solo en el futuro y de una manera altamente destructiva.

Como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ya muchas personas habían comprendido el sentido de estas palabras antes de los acontecimientos de los últimos días —cuando, por alguna razón, sus derechos se convirtieron en obstáculos para los tiranos y sus mandadores, como cuando a estos les gustaron las hijas de los ciudadanos, o cuando estos pidieron participación en sus negocios, o cuando dijeron algo que ofendió a los dioses del Olimpo Sandinista. Ahora el pueblo buscó manifestar sus descontentos, y esos dioses respondieron con metralla y violencia irrestricta.

La culpa de todo esto no lo tienen los Ortega por haber sido tiranos, sino los nicaragüenses por haberlo permitido, sometiéndose a ellos servilmente. Hoy están comenzando a pagar el costo de haberlo hecho.

Blindajes. De Luis Mario Rodríguez

17 mayo 2018 / El Diario de Hoy

El populismo se escuda en la falta de institucionalidad. Por eso El Salvador necesita blindajes para que aquél no le contamine durante el quinquenio 2019-2024. Tenemos un alto endeudamiento y un abultado gasto público; existe un serio problema de seguridad pública agravado por la alarmante situación de violencia intrafamiliar; no se tienen incentivos orientados a revertir la caída en la mayoría de índices que miden el clima de inversión; y continúan las amenazas a la independencia de poderes y el debilitamiento del sistema judicial. Hay quienes pretenden contrarrestar esta realidad con medidas cortoplacistas y desechar estudios y diagnósticos en los que se plantean soluciones estructurales a los dilemas citados.

En 2013 la entonces Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Knul, presentó las conclusiones de la misión que visitó el país durante noviembre de 2012 para conocer de las denuncias a raíz de la crisis institucional que protagonizaron en ese año la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa. Se trató de recomendaciones que conservan su vigencia y que, lamentablemente, no han sido atendidas.

La exrelatora propuso revisar el procedimiento para el nombramiento de jueces y magistrados con el propósito de evitar la intervención de los partidos políticos y de grupos económicos. Agregó que deberían asignarse suficientes recursos a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las Procuradurías General y de Defensa de los Derechos Humanos para que puedan cumplir sus mandatos constitucionales. Advirtió que es necesario garantizar la estabilidad en el cargo de jueces y magistrados y que deben adoptarse acciones para fortalecer la coordinación entre los fiscales y la Policía Nacional Civil, así como mejorar la capacidad técnica de esta última para investigar los delitos y reunir las pruebas que se presentan en las actuaciones judiciales.

En los siguientes cinco años hace falta un “apretón de tuercas” a la institucionalidad que consolide la jurisprudencia constitucional sobre el perfil de quienes presidirán instancias de control como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la FGR, todo con la determinación de conservar la solidez y el equilibrio del sistema político.

Las observaciones de la ex-Relatora de Naciones Unidas no revelaron nada que la sociedad civil organizada no hubiera denunciado con anticipación en anteriores ocasiones. Que en aquella oportunidad lo ratificara la máxima instancia a nivel mundial en materia de independencia judicial, y que varios de sus señalamientos sean de actual aplicación, es motivo suficiente para llamar la atención de los partidos políticos y principalmente de los presidenciables. Las propuestas de la señora Knul, registradas en aquel informe, son insumos estratégicos para los equipos de campaña y, como mínimo, tendrían que incorporarse en los planes de gobierno.

Al igual que en el caso de Naciones Unidas, se cuenta con otras sugerencias en el ámbito fiscal por parte del Fondo Monetario Internacional, en materia de elecciones por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, y respecto de la facilidad para hacer negocios por el Banco Mundial. Todos estos organismos ofrecen asesoría técnica para la implementación de iniciativas orientadas a prevenir apuros que deriven en protestas sociales como las que hemos presenciado en América Latina en los últimos años.

El panorama es muy incierto y con él son imprecisos los efectos que provocará el ambiente electoral en diversas áreas del desarrollo nacional. La designación de los magistrados de la CSJ en julio de este año y la del Fiscal General en enero de 2019, durante la campaña presidencial, será un buen termómetro para medir el nivel de compromiso con la autonomía de las instituciones por parte del próximo mandatario lo mismo que el de su fracción legislativa.

En resumen, para resguardar a la Nación del populismo no se debe confiar solo en los gobernantes sino y principalmente en el Estado de Derecho, en la institucionalidad democrática y en la cultura de la legalidad. Además la vigilancia ciudadana, un buen sistema anticorrupción y el respeto a la separación de poderes constituyen, como lo hemos reiterado en otros editoriales, la más efectiva protección frente a la politiquería.

Corrupción: ¿héroes o leyes? De Moisés Naím

La lucha contra la corrupción no tiene por qué ser corrupta y, afortunadamente, están proliferando los esfuerzos genuinos por disminuir esta plaga.

 Manifestantes contra el vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, investigado por el escándalo Odebrecht. Foto: RODRIGO BUENDIA AFP

Moisés Naim, escitor y columnista venezolano

Moisés Naím, 18 noviembre 2018 / EL PAIS

La buena noticia es que el mundo está harto de la corrupción. La mala noticia es que la manera en que la estamos enfrentando es ineficaz. Buscamos gobernantes que sean héroes honestos en vez de promover leyes e instituciones que nos protejan de los deshonestos.

En todas partes aumenta el repudio popular a políticos y empresarios ladrones. Las protestas contra la corrupción son masivas, globales y frecuentes: India, México, Rusia y Tailandia son solo algunos de los muchos países donde la gente ha tomado las calles. Ya no creen ni que la corrupción sea inevitable ni que sea inútil intentar combatirla.

El impacto de algunas de estas protestas populares ha sido sorprendente: los presidentes de Guatemala y Corea del Sur, por ejemplo, fueron depuestos y encarcelados. En Brasil, enormes marchas crearon las condiciones para que la presidenta Dilma Rousseff fuese destituida.

En el mundo entero hay un enorme deseo de acabar con los líderes corruptos y reemplazarlos por otros cuya honestidad está fuera de duda. Pero ¿es la búsqueda y el subsecuente nombramiento de personas que creemos íntegras el mejor antídoto contra la corrupción? No.

Elegir gobernantes honrados es una lotería. Puede que, en efecto, resulten serlo; o puede que no. En todo caso, no basta con votar a aquellos que presumimos honestos, también hacen falta leyes y prácticas que prevengan y castiguen la deshonestidad. Las sociedades que solo le apuestan a un líder honrado casi siempre salen perdiendo. Silvio Berlusconi, Vladímir Putin y Hugo Chávez llegaron al poder prometiendo eliminar la corrupción. Y ya conocemos los resultados.

Además, en estos tiempos, también necesitamos instituciones que impidan que la lucha contra la corrupción sirva como mecanismo de represión política. Estamos viendo, por ejemplo, cómo esta nueva intolerancia popular hacia los políticos venales está siendo aprovechada por los autócratas del mundo para eliminar a sus rivales. Vladímir Putin suele acusar de corruptos y encarcelar a quienes llegan a tener demasiada influencia. En China, desde que en 2012 Xi Jinping asumiera la presidencia, más de 201.000 funcionarios han sido llevados a juicio. Algunos han sido condenados a muerte. En una redada anticorrupción, el príncipe saudí Mohamed al Salman acaba de detener a más de 200 potentados, incluyendo a uno de los hombres más ricos del mundo, el príncipe Alwaleed bin Talal. Los Gobiernos de Cuba, Irán y Venezuela regularmente usan las acusaciones de corrupción para encarcelar a sus opositores. Quizás entre los encarcelados por los dictadores haya corruptos. Pero las verdaderas razones de su detención seguramente tienen más que ver con su activismo político que con su presunta deshonestidad.

La lucha contra la corrupción no tiene por qué ser corrupta y, afortunadamente, están proliferando los esfuerzos genuinos por disminuir esta plaga. En Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está apoyando “laboratorios de innovación pública” que experimentan con nuevos métodos de monitoreo y control de la gestión del gobierno. En Brasil, un grupo de expertos en análisis de datos decidió usar las técnicas de inteligencia artificial para el control social de la administración pública. Escogieron un caso muy concreto para probar sus teorías: ¿cómo limitar el fraude en los reembolsos que piden los diputados para cubrir sus gastos de transporte y alimentación cuando viajan por motivos de trabajo? Llamaron a su proyecto Operación Serenata de Amor y recaudaron pequeñas donaciones a través de Internet. Con estos fondos crearon a Rosie, un robot computacional que analiza las solicitudes de reembolso de los parlamentarios y calcula la probabilidad de que sean injustificadas. Para sorpresa de nadie, Rosie detectó que, con frecuencia, los diputados hacían trampa. El equipo dotó a Rosie con su propia cuenta de Twitter y allí los seguidores se enteran instantáneamente de los intentos de sus parlamentarios de cargarle al Estado gastos que no tienen nada que ver con su gestión.

Rosie es un pequeño ejemplo que ilustra grandes y positivas tendencias en la lucha anti-corrupción: la potencia de la sociedad civil organizada combinada con las oportunidades que ofrecen Internet y los nuevos avances en computación, así como la prioridad que hay que darle a la transparencia de la información en la gestión pública.

Sin duda, resulta fácil desdeñar a Rosie como un esfuerzo marginal que no le hace mella a la macrocorrupción. Así, mientras algunos diputados le cargaban sus gastos personales al Estado, la empresa brasileña Odebrecht pagaba 3.300 millones de dólares en sobornos por toda América. No obstante, conviene matizar el escepticismo. Marcelo Odebrecht, el jefe de la empresa, ha sido condenado a 19 años de cárcel. Y los diputados ahora se cuidan de no abusar con el reembolso de sus gastos.

Las cosas están cambiando.

@moisesnaim