Correa

Las cicatrices del “Correísmo”. De Luis Mario Rodríguez

Recuperar la institucionalidad y ordenar el funcionamiento del Estado después de una década de desarreglos democráticos es muy complicado. Esa es precisamente la tarea de los ecuatorianos en este momento.

28 marzo 2019 / EL DIARIO DE HOY

El Siglo XXI está siendo testigo de peligrosas embestidas a los sistemas políticos. Se han promovido nuevas constituciones, reformas a las vigentes y recursos ante los máximos tribunales de justicia para interpretar la ley fundamental al antojo de los presidentes de turno. La finalidad, en casi todos los casos, fue la de allanar la reelección presidencial indefinida, el uso de las consultas populares como forma de evadir a los partidos representados en los congresos, la toma de las instituciones de control político y el debilitamiento del sistema de partidos.

La trama también incluye a los sistemas electorales. Con el propósito de hacerse con el poder, algunos mandatarios han promovido cambios a su conveniencia. En Nicaragua se fijó en 35% el porcentaje de votos para ganar la presidencia siempre y cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar fuera mayor a cinco puntos. Luego se eliminó este último requisito.

Para habilitar la figura de la reelección, Ortega dispuso que la Corte Suprema de Justicia —lacayos del régimen— se pronunciara a favor de esa petición. En Honduras y Bolivia se recurrió a la misma estrategia. Juan Orlando Hernández fue habilitado como candidato y continúa al frente del Ejecutivo. Evo Morales, después de perder el referéndum para la reelección presidencial, obtuvo el favor del Tribunal Constitucional Plurinacional, servil a sus intereses, y ahora busca el tercer período que lo mantendría en el puesto hasta el 2025.

La otra maniobra ha consistido en manipular los organismos electorales. Esta táctica les permite a los autoritarios manosear la inscripción de las candidaturas, viciar el trazo de las circunscripciones electorales y el número de cargos que se disputarán en cada una de ellas, denegar la presencia de observadores internacionales, omitir la investigación cuando hay incumplimientos de la normativa electoral y desistir de la imposición de sanciones cuando los infractores son los que compiten con la bandera del partido oficial.

Los impulsores de estas medidas han obtenido sus cargos por el voto popular. De hecho se quedan en las sillas presidenciales por el respaldo de sus seguidores en las urnas. Sin embargo, compiten en elecciones donde la equidad está alterada, en las que el ventajismo oficial les facilita el camino, donde los tribunales electorales no son imparciales y en los que las condiciones están dadas para que su partido gane.

Luego vienen las limitaciones a los derechos fundamentales. Se restringe la libertad de expresión, se acosa a los medios y a los periodistas, se intimida a los opositores, en algunos lugares se les encarcela, se utiliza a la autoridad pública para reprimir, se tuerce la justicia, se persigue a los líderes gremiales, del sector privado y de los sindicatos, y se hace todo por desgastar a los partidos políticos mientras que se ensalza a los movimientos populares que terminan siendo grupos de fachada al servicio del oficialismo.

Recuperar la institucionalidad y ordenar el funcionamiento del Estado después de una década de desarreglos democráticos es muy complicado. Esa es precisamente la tarea de los ecuatorianos en este momento. El pasado 24 de marzo Ecuador celebró las primeras elecciones seccionales (prefectos, alcaldes, concejos urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales) después de diez años de gobierno de Rafael Correa. En 2017, Lenin Moreno, actual gobernante, ahora enemigo acérrimo del expresidente Correa, terminó con una etapa que aflojó por completo los cimientos del republicanismo.

Una de las manifestaciones de ese decaimiento institucional fue la creación, en 2008, del “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social” (CPCCS) que tiene a su cargo la organización de los procesos para el nombramiento de los titulares de la Fiscalía General, el Consejo Nacional Electoral, el Contralor General del Estado y el Tribunal Contencioso Electoral. También nombra al Defensor del Pueblo. El Consejo es una “supraautoridad” que mal utilizada sirve para secuestrar al Estado; ese fue el uso que le dio Correa. En 2018 los ecuatorianos decidieron destituir a los integrantes del CPCCS, nombrar autoridades provisionales y elegir a los nuevos consejeros por votación popular. Esta elección también tuvo lugar el domingo alrededor de una campaña de voto nulo.

Las cicatrices del “Correísmo” están profundamente arraigadas en los ecuatorianos. Debieron lidiar diez años con la censura, con el odio de clases y con la desinstitucionalización para comenzar a restablecer su confianza en el Estado de Derecho. Correa sigue vivo políticamente —su movimiento ganó consejerías en las elecciones del domingo— pero los ciudadanos ahora son menos influenciables y más sensibles para rechazar los discursos populistas.

“Aquí nadie grita o lo mando preso…” De Mario González

Mario González, editor subjefe de El Diario de Hoy

Mario González, editor subjefe de El Diario de Hoy

Mario González, 1 mayo 2016 / EDH

“Déjame hablar… a ver, señores, estamos en emergencia nacional, aquí nadie me pierde la calma, nadie grita o lo mando detenido sea joven, viejo, o mujer, nadie me empieza a llorar o quejarse por cuestiones que falten, a no ser por seres queridos que hayan muerto…”.

Esas no son las palabras de un prepotente coronel de ejército o de un dictador de derechas latinoamericano, sino de uno de los máximos exponentes del “socialismo del siglo XXI”, de la “causa revolucionaria y progresista” y de la “solidaridad” de los pueblos.

El diario El Comercio informa que así sentenció el presidente de Ecuador, Rafael Correa, a un grupo de personas que empezó a exigirle una mejor respuesta a sus necesidades en Muisne, en la provincia de Esmeralda, en la zona afectada por el potente sismo que dejó más de 600 muertos.

diario hoyPresionado por la ola de críticas que le vino encima, según el mismo periódico, Correa asumió una posición de inocente después y argumentó que “por hacerme mal, hay un video dizque ordenando a los pobres damnificados que se callen o los detengo. Y cortan el video porque después la gente aplaude…”. Pero lo dicho, dicho está.

¡Qué tremendo que a un pueblo conmocionado se le niegue su derecho a expresarse libremente!

¿Por qué tener que recurrir a una amenaza de ese tipo, sobre todo con gente golpeada por la catástrofe? ¿Esa es la solidaridad revolucionaria con los más necesitados o los que sufren? ¿Y no es contra esa prepotencia que tanto decían luchar?

Porque si es así, no hay ninguna diferencia con los regímenes militares que las izquierdas tanto denunciaron y combatieron.

Solo así se explica la detención infundada del venezolano Leopoldo López por lo que a todas luces es un capricho de Maduro, quien ha evitado por todos los medios que él y otros prisioneros políticos puedan salir en libertad.

Cuando un gobernante tiene que recurrir a la amenaza de cárcel para intimidar a sus oponentes o a los pueblos, esos países han caído en la dictadura.

Tanto que criticaron a los militares latinoamericanos, para que ahora la esposa y la madre de Maduro denuncien que los militares venezolanos las obligan a desnudarse frente a ellos para permitirles entrar a ver a López.

Pero ellos siguen considerándose “revolucionarios” y “progresistas”, cuando son todo lo contrario. Pero ya nadie les cree esa retórica vacía, que solo ocupan para adormecer a los pueblos.

¿Qué no se dan cuenta de que el péndulo de la historia está yendo en sentido contrario y que pronto tendrán que rendir cuenta de sus actos y pagar ante la justicia por todos los atropellos que han cometido, como hace casi una década les advirtió el cardenal Rodríguez Maradiaga?

Cuando eso ocurra no valdrá que lloren o se rasguen las vestiduras denunciando “golpes de Estado” que solo están en sus cabezas, como quienes recurren a los más sucios métodos cuando tienen la ventaja, pero tiemblan cuando no les funcionan y se sienten perdidos. El péndulo de la historia debe estremecer a los autoritarios y corruptos, sean de izquierda o derecha.

Lo primero que los políticos deben hacer es reflexionar que en el momento todo les es favorable, pero el peso de sus malos actos los hundirá, no ahora ni dentro de dos o tres años, pero sí que ese día llegará con toda seguridad. Igual deben hacer los funcionarios: están de paso en sus cargos y un día tendrán que dar cuenta civil o penalmente de sus malos actos. Ya no es el tiempo de antes en que salían del poder como si nada, ayudados por la corta memoria de los pueblos.

Ahora hay instituciones que se están modernizando irreversiblemente y los políticos y funcionarios tendrán que responder ante ellas tarde o temprano, ya sea por el oscuro negocio de un sistema de transporte, por no cumplir sentencias de los tribunales, por aprovecharse del cargo para favorecer a corruptos o por cargarse los ahorros de los trabajadores.

Cada vez la impunidad tiene menos cabida en nuestros países y no es remoto que veamos tras rejas a quienes amenazan con ellas ahora.

¿La venezuelanización de Ecuador? De Carlos de la Torre

Los ecuatorianos se oponen a las enmiendas constitucionales que permitirían otra reelección de Correa.

Carlos de la Torre, profesor de Sociología en la Universidad de Kentucky

Carlos de la Torre, profesor de Sociología en la Universidad de Kentucky

Carlos de la Torre 20 agosto 2015 / EL PAIS

Parecería que Ecuador está siguiendo la trayectoria de la Venezuela chavista. En los dos países, outsiders prometieron devolver al pueblo el poder que estaba secuestrado por la partidocracia neoliberal. Apelaron al poder constituyente para dar fin con el poder constituido. Convocaron asambleas constituyentes que redactaron nuevas cartas políticas. Expandieron los derechos y concentraron el poder en el ejecutivo. Resucitaron la noción de revolución, entendida como cambio radical de todas las estructuras de poder y como un imaginario refundacional, pero en lugar de balas usaron votos. A través de campañas electorales permanentes desplazaron a los viejos partidos.

Prometiendo democratizar el acceso a la comunicación, controlaron y censuraron la esfera pública. Crearon organizaciones sociales paralelas, cooptaron y reprimieron a los liderazgos autónomos de los movimientos sociales. Coparon todas las instituciones de control con personas cercanas al Ejecutivo.

En ausencia de canales legales independientes que procesen las demandas en contra de los abusos del poder, los medios privados y las organizaciones de la sociedad civil recurrieron a organismos internacionales que fueron denunciados como agentes del imperialismo. Sin poder acceder a las instituciones de la democracia la resistencia se trasladó a las calles. Estos Gobiernos movilizaron a sus seguidores, criminalizaron la protesta y reprimieron a los críticos.

Los procesos venezolano y ecuatoriano también han tenido diferencias. Mientras que la clase media organizada estuvo al frente de la resistencia al chavismo, en Ecuador fueron los movimientos sociales populares, sobre todo el indígena. Hubo momentos en que como en Venezuela la clase media tuvo el liderazgo pero las movilizaciones y el paro del 13 de agosto del 2015 fueron convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

La fuerte presencia de sectores populares dificulta la credibilidad de la descalificación de Correa de las protestas como si fuesen de derecha. A diferencia de Venezuela donde los sectores empresariales activamente se opusieron a Chávez, en Ecuador estos no sólo se han beneficiado del boom petrolero sino que no cerraron sus fábricas, bancos y negocios el 13 de agosto.

Los militares venezolanos, luego del fallido golpe, se convirtieron en la base institucional del chavismo. Los militares ecuatorianos que se han beneficiado del mayor gasto en armamentos en la historia democrática del país no son la base institucional del correísmo. Es de esperar que no repriman al pueblo.

Las diferencias entre estos dos gobiernos populistas autoritarios se explican en parte por el tipo de liderazgo. Chávez combinó en su persona a Bolívar y Jesucristo. Fue el mesías internacionalista que prometió el nuevo reino de Dios en la tierra. Correa, católico convencido, juntó al tecnócrata y al populista. Sus políticas públicas prometieron la redención de los expertos que llevarán al país a la modernidad de las grandes carreteras, la nanotecnología y las ciudades del conocimiento.

Los dos despilfarraron la renta petrolera en proyectos faraónicos. Pero a diferencia de Chávez, que organizó desde el Estado mecanismos de participación popular, Correa se contentó con el intercambio de votos por obras y servicios. Mientras que en Venezuela se crearon lealtades fuertes, en Ecuador el gobierno tiene dificultades para movilizar seguidores. Muchos de quienes salen a las calles a defender el gobierno son burócratas obligados.

Los venezolanos aprendieron que la unidad es el único camino para dar fin al chavismo en las urnas. Los ecuatorianos están de acuerdo en que no hay que aprobar las enmiendas constitucionales que permitirían otra reelección de Correa. El mecanismo para dar fin a estos autoritarismo es la lucha de todos por la democracia. Si bien parecería que las diferencias de la oposición ecuatoriana son irreconciliables, al agredir a sectores populares y medios Correa está promoviendo su unidad en las luchas callejeras. El 13 de agosto del 2015 marcharon los sindicatos, los indígenas, los médicos, los estudiantes, junto a la izquierda y la clase media.

La tarea de la oposición en los dos países es dar fin a la maraña legal creada por estos autoritarismos para controlar la sociedad. Hay que ver qué mecanismos legales permitirán terminar con la concentración del poder en el Ejecutivo y liberar a la sociedad civil y a la esfera pública de la tutela estatal.

Además hay que cambiar el discurso político maniqueo descalificador y violento que transformó a los rivales en enemigos por un discurso que acepte que en democracia hay una pluralidad de opiniones y propuestas.