Luis Martínez, en su conferencia de prensa desmintiendo a Bukele (Foto 102.9)
Nelson Rauda Zablah, 23 diciembre 2015 / EL FARO
Luis Martínez, el exfiscal general de la República, llamó «mentiroso» al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en una conferencia en la que se defendió de las recientes acusaciones en su contra, pero en la que también mandó un mensaje a los partidos políticos y a los periodistas, a quienes los cortó, a los 10 minutos de conferencia, cuando las preguntas sobre su decaída carta de releección comenzaron a cobrar protagonismo, en un encuentro celebrado en un salón del hotel Hilton Princess de San Salvador.
Nayib Bukele, en su conferencia de prensa acusando al ex-fiscal Luis Martínez (Foto: Twitter)
El pasado 21 de diciembre, el alcalde Nayib Bukele dijo que el exfiscal lo amenazó vía telefónica para que presione a su partido, el FMLN, para obtener votos para su reelección. Martínez salió de la Fiscalía el pasado 3 de diciembre, con lo cual la Asamblea Legislativa ya lleva 20 días de retraso en el nombramiento de un sucesor para el periodo 2015-2018 (o en la reelección de Martínez).
«Muy buenos días a todos, amigos de la prensa. Por respeto a mi país y como fiscal general que he sido no voy a permitir que nadie quieran dañar mi honor, mi alto grado de servicio y sacrificio a la nación. No voy a permitir más difamaciones ni calumnias de nadie, y eso que quede bien claro, de nadie», dijo Martínez en su primera intervención.
Luego arremetió contra el alcalde Bukele: negó haberle hablado por teléfono para amenazarlo y «mucho menos para pedirle ayuda con votos del partido FMLN». Martínez aseguró que no necesita intermediarios ni mensajeros para acceder a los altos dirigentes del FMLN y de Arena. Y, enseguida, sugirió que las motivaciones del alcalde responden a una vendetta: «quizá las declaraciones irresponsables y malintencionadas del señor alcalde de San Salvador se deban al temor a su angustia, desesperación por su grado o posible grado de participación o responsabilidad en el caso de la investigación del troll center El Búnker», dijo Martínez.
El exfiscal hizo alusión a uno de los últimos casos que procesó como fiscal, en el que la Policía allanó una agencia de comunicaciones, acusada de haber clonado el sitio web de La Prensa Gráfica. Una de las cosas que Bukele dijo en su conferencia del lunes 21 fue que el exfiscal le había asegurado que seguía manteniendo el control de la Fiscalía. Un vínculo que de ser cierto, recaería en la figura de Edgar Márquez Argueta, el fiscal general en funciones, quien fuera el asistente de Martínez durante su trienio, y con quien viajó fuera del país 22 veces, entre 2013 y 2014, según datos entregados por la propia FGR.
La conferencia de este miércoles, de hecho, ocurrió un día después de que Márquez desestimara la denuncia pública del alcalde, y asegurara que contra su exjefe no se abriría ninguna investigación, aunque luego aseguró que él se debía a la Constitución y que su exjefe ya no tenía ninguna influencia en la entidad.
Pese a que Martínez acusó a Bukele de mentir, difamar y calumniar, respondió cuatro veces a los periodistas que haría un análisis personal sobre la posibilidad de demandar al edil. Negó ser un chantajista o extorsionista, como lo ha sugerido también Jorge Velado, presidente del derechista partido Arena. «Mire: si enfrente a los peores criminales de este país, ¿cómo va a creer que me voy a dedicar a hacer ese trabajo tan cobarde? Yo creo que demostré valentía, determinación y no es mi estilo y ustedes bien me han conocido que no es mi forma de ser», dijo Martínez.
En realidad, su estilo ha estado muy en línea con estas acusaciones. En 2014, utilizó conversaciones íntimas del sacerdote español Antonio Rodríguez -obtenidas a través de la Ley de Intervención a las Telecomunicaciones que él inauguró- para chantajearlo. Martínez hizo que las principales autoridades de la iglesia Católica en el país, y el embajador de España escucharan esos audios privados, como una forma de presionar al padre Toño, a través de sus círculos. Aunque la Constitución de la República dice que usar las comunicaciones personales de esta forma es causal de destitución, en El Salvador, Martínez salió ileso de ese episodio.
En la conferencia, el exfiscal también evaluó sus opciones de reengancharse a la silla que dejó el pasado 3 de diciembre. Diputados de Arena -como Johnny Wright, Ricardo Velásquez Parker o Karla Hernández- así como del FMLN -Norma Guevara, Damián Alegría- han asegurado que Luis Martínez no entra en sus planes para llenar la vacante de la FGR. Pese a que altos dirigentes del FMLN y Arena han sostenido que Martínez ya está fuera de una posible reelección, su candidatura se mantiene arropada en la incertidumbre. Y el exfiscal insiste en que ha tenido comunicación personal con los partidos políticos, a quienes les envió un mensaje que resulta enigmático: «Yo soy perseverante, persistente y necio. Este proceso termina hasta que elijan al fiscal general», enfatizó.
La conferencia de este miércoles también sirvió para que El Faro intentara obtener explicaciones de Martínez para entender cómo hizo para pagar, en tres meses, sus primeros tres meses al frente de la FGR, una deuda que no había podido pagar en 10 años. El Faro solicitó una entrevista con Martínez durante más de dos meses.
El Faro publicó el pasado 30 de noviembre un perfil de Luis Martínez en el que reveló cómo el exfuncionario se sacudió, solo tres meses después de convertirse en fiscal general, una deuda de $175 mil, que arrastraba desde 2005, por la que el Banco Salvadoreño le hipotecó una casa en 2011. El reportaje además habla del comportamiento amenazante de Martínez con el propio Consejo de Seguridad, de cómo chantajeó a un sacerdote español para obtener una confesión judicial y del libro de autoayuda que le sirve como guía personal.
Antes de responderle, en vivo al periodista de El Faro -la conferencia fue transmitida por dos canales de televisión-, Martínez ya le había saludado de manera directa, mientras esperaba que el resto de periodistas se acomodaran en el salón en el que ocurrió el encuentro.
—»¿Qué ondas, muchachito mentiroso?», dijo Martínez al periodista de El Faro.
—»¿En qué hemos mentido?», preguntó el periodista.
— «Después hablamos», dijo Martínez.
Este intercambio se repetiría unos minutos después, durante la conferencia. «Bueno, ahí después vamos a hablar de tus mentiras. ¿Hay algo más?», respondió, luego de las preguntas de este periódico. En 2012, cuando entró a la FGR, Martínez declaró a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que no tenía deudas y que ganaba $52,600 anuales. Sin embargo, Martínez sí tenía una deuda con el Banco Salvadoreño (hoy Davivienda), y ni sumando los salarios de sus tres años consecutivos le alcanzaría para pagar su deuda.
Terminada la conferencia, y mientras se despedía de la prensa, El Faro volvió a preguntarle cómo hizo para pagar ese préstamo, pero uno de sus guardaespaldas se interpuso al cortar el avance del reportero. Antes de salir del salón, el exfiscal invitó a los asistentes a servirse gaseosas, y mientras algunos periodistas le tomaron la palabra, él bromeo: «Lástima que ya no les puedo decir respeten al fiscal», dijo, en alusión a la famosa frase con la cual le respondió a un periodista que en 2013, durante una conferencia, le cuestionó por qué no investigaba al exministro David Gutiérrez, vinculado al caso de corrupción en la construcción de la carretera Diego de Holguín.
El edil dio ayer una conferencia de prensa para anunciar las supuestas amenazas. | Foto por EDH
22 diciembre 2015 / EDH
El edil de San Salvador, Nayib Bukele, denunció ayer amenazas del exfiscal y candidato al cargo, Luis Martínez. Según dijo, las amenazas surgen a partir de que se ha mostrado en contra de la reelección del abogado en el cargo.
Según señaló el edil, habría recibido amenazas del exfiscal con la intención de que éste presionara a su partido para una virtual reelección de Martínez.
De acuerdo con el alcalde farabundista, quien dijo no haber grabado la conversación telefónica con Martínez, el exfiscal le habría dicho que aún sigue tomando decisiones en la Fiscalía General por medio del fiscal adjunto, Edgar Márquez.
El Diario de Hoy solicitó a Martínez, por medio de su cuenta de Twitter, una opinión sobre las declaraciones del alcalde capitalino y su respuesta fue: “Jamás. En su momento desmentiré esa pésima desinformación contra mi persona”.
También explicó que Martínez lo amenazó de no dar declaraciones a la prensa sobre las supuestas presiones, diciéndole que se atuviera “a las consecuencias”.
“Desconozco cómo sabía él que íbamos a dar estas declaraciones, también debería ser investigado cómo él tiene acceso a conversaciones privadas”, sostuvo.
El efemelenista agregó que el exfiscal no le específico de qué forma atentaría contra él o contra su familia. “Si das esas declaraciones atenete a lo que te puede pasar, yo aún tengo el poder de la Fiscalía y el fiscal adjunto está a mi cargo”, es lo que según el edil le habría dicho Martínez.
En ese sentido, el edil responsabilizó a Martínez de cualquier atentado contra su vida y la de su familia. Bukele dijo que habría recibió la llamada del exfiscal ayer por la mañana.
La denuncia del edil ocurre poco después de que la Fiscalía iniciara una investigación de una red de troles en la que estaría vinculado un asesor del alcalde.
Dejaría el FMLN
El alcalde capitalino, además, señaló que dejaría las filas del FMLN y se declararía independiente si la bancada oficialista da sus votos para reelegir al exfuncionario.
“Es necesario que el pueblo sepa la clase de escoria que tiene, así que exigimos que no se reelija (a Martínez). De pasar lo contrario, yo presento mi renuncia y el FMLN, se queda sin la alcaldía de San Salvador”, anunció.
Y agregó: “No solo estoy pidiendo la no reelección del exfiscal, sino que estoy exigiendo la no reelección”.
De acuerdo con el dirigente arenero, eso surge después de que el extitular del ministerio público mandó un mensaje a través de una persona muy cercana a él, luego de una reunión en la que había participado Martínez y en la que solicitó ser reelegido. En esa misma reunión, habría participado el representante de “un alto personero del FMLN”.
Según Velado, Martínez habría dicho que solo él “es el único que puede arreglar el caso (de Francisco) Flores”. El expresidente de la República guarda prisión en las instalaciones de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) a la espera de que lleve a cabo el juicio en su contra por los delitos de peculado, casos especiales de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.
“Una persona que está en esa posición no puede estar mandando algún tipo de mensajes. Él (Luis Martínez) me mandó a decir, se lo dijo a alguien muy cercano a mí, del partido, el viernes anterior, que lo reeligiéramos a él, porque es el único que puede arreglar el caso Flores”, dijo Velado tras las declaraciones en el programa televisivo.
El presidente del COENA calificó de “chantaje” las acciones que realiza Martínez. “Si con eso cree que me iba a chantajear, yo no me voy a dejar chantajear. Él mandó, de alguna manera, una especie llamémosle de chantaje. ‘Si vos hacés esto, yo voy a lograr tal cosa’, eso no es así. Qué lástima que él esté haciendo eso. Si él cree que todavía es candidato lo que debería estar haciendo es mostrando que es una persona totalmente imparcial”, dijo Velado.
Martínez lo niega
Previo a la transmisión de la entrevista, el exfiscal Martínez dijo mediante su cuenta de Twitter que debía hacer una “aclaración necesaria”. “No he enviado mensaje ni nada parecido a miembros del COENA”, publicó el ex fiscal general.
Las declaraciones de “chantaje” hechas por Velado se dan unos días después de que el embajador de Alemania, Heinrich Haupt, denunció que “hay presiones indebidas, hay intenciones de compras de voluntades” en el proceso de elección del fiscal.
Johnny Wright Sol, diputado de San Salvador por Arena. Foto: Emely Navarro.
Gabriel Labrador, 4 diciembre 2015 / EL FARO
El partido Arena se echó atrás en su decisión de que sus 35 diputados voten en secreto para decidir a cuál de los 61 candidatos a fiscal general sobrevivientes en la lista que evalúa la Asamblea Legislativa apoyarán de forma unificada.
La discusión sigue intensa, y la posibilidad de que algunos legisladores areneros voten por la reelección de Luis Martínez llevó el martes a dos sectores del partido y a varios diputados a pronunciarse en favor de un nuevo rostro. Ese punto, si Martínez merece tres años más en el cargo cuyo mandato vence este jueves 3 de diciembre, llevó este día a uno de los políticos novatos de Arena a lanzar un reto a sus compañeros.
En esta entrevista, el diputado por San Salvador Johnny Wright Sol exhorta a sus colegas de bancada a no apoyar al fiscal Luis Martínez. «Quien vota por un corrupto es un corrupto», dice Wright, en alusión a que la gestión de Martínez, según él, ha dejado mucho que desear en las investigaciones de casos de corrupción. Para Wright es importante que los diputados de Arena digan a viva voz si están dispuestos a votar por Martínez para el período 2015-2018.
«Es importante saber con quiénes no puedo trabajar», dice, en alusión a sus compañeros. Wright no está solo, la diputada Karla Hernández, consultada por este periódico, lo acuerpó: «Creo que nadie debería temer en hacer votación pública, ¿por qué habrían de temer? Yo también quiero saber quiénes consideran que Luis Martínez merece reelegirse y nuestros votantes también se merecen saberlo», dijo la diputada.
El miércoles pasado, los 35 diputados de Arena, el presidente del partido, Jorge Velado, y un par de miembros de la dirigencia nacional, discutieron por primera vez el tema de la elección del fiscal general y, aunque no llegaron a ningún acuerdo, retrocedieron en un punto que parecía firme semanas atrás. Ahora ya no es tan seguro que los 35 diputados vayan a elegir mediante voto secreto la carta que Arena impulsará en las negociaciones con el resto de partidos. El 20 de octubre, el jefe de los diputados, Alberto Romero, dijo a El Faro que el método para elegir al candidato a fiscal iba a ser mediante voto secreto: cada diputado colocaría de tres a cinco nombres en un papel, y los que alcanzaran más nominaciones terminarían siendo los perfiles que gozarían del respaldo unánime de la fracción de Arena.
«No necesariamente será mediante voto secreto. Ahorita lo que se está haciendo es escuchar a todos los diputados, cada quien va a expresar su opinión sobre quiénes son las mejores opciones», explicó a El Faro, el presidente de Arena, Jorge Velado.
Pese a lo lento del proceso, en Arena la lista de 72 candidatos se redujo, aunque no hay una lista definitiva. El miércoles, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, encabezada por la diputada Lorena Peña, del FMLN, anunció que habían reducido la lista a 61 nombres.
En la reunión de los areneros de este miércoles, Alberto Romero expuso a sus compañeros el perfil de alrededor de 20 candidatos que, según él, habían tenido el mejor desempeño en las sesiones de entrevista con la comisión legislativa evaluadora de los 72 nombres originales.
Romero también pidió a sus diputados que para la próxima reunión, el miércoles 9 de diciembre, cada diputado lleve un consolidado de sus 10 candidatos favoritos. Estos pueden coincidir con los que están dentro de la lista de 20 que presentó Romero. Entre los nombres que Romero presentó a la bancada, además del fiscal Luis Martínez están abogados como Carlos Murgas López, exfiscales como Rolando Monroy (exjefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía), y profesionales vinculados a la izquierda como Francisco Díaz (superintendente de Competencia) y Henry Campos (exviceministro de Seguridad y Justicia de Mauricio Funes).
A partir de este viernes 4 de diciembre, El Salvador se queda sin fiscal, y la institución quedará en manos del fiscal adjunto, Edgar Márquez, el exasistente personal de Martínez. Márquez acompañó a Luis Martínez en ocho viajes en los que se utilizaron aeronaves vinculadas al empresario Enrique Rais. El haber usado esos aviones y helicópteros hundió en un conflicto de intereses al fiscal Martínez, pues Rais había sido demandado ante la Fiscalía y él a su vez también había pedido a la Fiscalía que investigara a unos exsocios canadienses.
Wright explicó a El Faro por qué él cree que la reelección no es una opción.
¿Discutieron en la bancada cuál es la mejor manera para que Arena defina su carta para el fiscal general?
El tema de la votación secreta. Yo rechazaría que fuera ese el mecanismo porque creo que es importante que la votación sea nominal y en el pleno. Es importante que todos estemos de acuerdo. Anticipo que sí habrá personas que prefieran a un candidato más que a otro, y creo que ese diálogo y esa discusión y análisis que hay que hacer es importante. Si bien es cierto que en la reunión de ayer no había un acuerdo de cuáles serían las propuestas de Arena, si hubo un acuerdo es que la fracción debía votar en conjunto y todos como un solo bloque, y yo esperaría que el fiscal que sea elegido lleve ese tipo de apoyo unánime de todas las fracciones, eso sería lo mejor. Pero yo digo con contundencia: rechazo cualquier votación secreta. Yo en lo personal manifesté que no apoyo la reelección del actual fiscal.
¿Eso se disutió anoche en la fracción?
Eso se discutió pero se acordó no acordar. Me explico: acordamos que en este momento no nos íbamos a pronunciar ni a descartar.
¿Hubo gente que se pronunció a favor de la reelección?
Abiertamente no. Nadie lo hizo.
¿Qué otra cosa acordaron?
Si hubo una posición u otra había quienes sostenían una posición de que no era conveniente descartar a nadie aún.
Entiendo que hay una lista preliminar.
Esa fue la lista que conocimos ayer. Eran como 20 perfiles que a criterio del jefe de fracción, que era nuestro representante en la comisión especial, eran los que habían tenido el mejor desempeño en este proceso. Creo que dentro de esta muestra de candidatos, la mayoría, si no todos los diputados, nos sentimos muy satisfechos de que de esa terna podrían salir nuestros candidatos.
¿Ustedes podrían resucitar a alguno que quedó afuera?
Definitivamente, no era una lista definitiva. Era una lista que claramente que el coordinador del grupo parlamentario dijo que era lo mejor de lo mejor, por supuesto que nadie queda descartado.
¿Se han puesto plazos para reunirse?
No establecimos plazos definitivos. Al no establecer un plazo, implícitamente lo que estamos diciendo es que podría atrasarse esa elección porque queremos acertar.
¿Hay una lista que se está discutiendo con otros partidos?
Hay otros partido que ya tienen una lista.
¿Coincide con los 20 nombres?
Inció la discusión de que se sacara nuestra otra lista para ver si habían nombres que se tenían en común y, de alguna forma, buscar reuniones bilaterales con los diferentes partidos políticos para ver si nos podemos poner de acuerdo. Pero anoche (miércoles) no se estableció ninguna lista ni de finalistas ni de nada.
El hecho de que el fiscal actual siga vivo en el proceso abre la puerta a una reelección, y Arena está dividida, aunque hay tres sectores y algunos diputados que se han pronunciado en contra de la reelección. ¿Qué mensaje cree usted que enviaría el partido si vota por reelegir a un fiscal con una serie de manchas y cuestionamientos a su gestión?
A mí en lo personal me inquieta mucho la posibilidad de la reelección del fiscal actual. Se han pronunciado, no de una forma tan tajante ni contundente, inclusive miembros del cuerpo diplomático, yo leí una carta que enviaron congresistas de Estados Unidos, que hablaban de un nuevo fiscal, es decir, la no reelección. Yo en este momento lo único que puedo decir es que yo no estoy dispuesto a votar por la reelección del fiscal Martínez, voy en misión oficial y voy a ser sustituido por Juan Pablo Fontán, y tanto él como yo estamos en la misma sintonía.
En la sesión plenaria cada diputado elige al fiscal de manera nominal y pública. Usted dice que debe darse de manera parecida en la bancada. ¿Tiene alguna razón de por qué podría ser contraproducente votar en secreto en la bancada?
A mí no me gustaría reforzar los rumores que a lo mejor les han llegado a ustedes en la prensa, y algunos de nosotros hemos escuchado en los pasillos de la Asamblea y más allá. Yo creo que es importante conocer quiénes estarían a favor de votar por el fiscal Martínez porque como lo vi publicado en las redes sociales, estoy plenamente convencido de que quien vota por un corrupto es corrupto, y yo sí quiero verle la cara a cualquier colega mío que esté dipuesto a votar por Luis Martínez, porque implicaría es cómplice de la corrupción en nuestro país, y para mí es importante tener eso ubicado porque sería una persona con la cual yo no estaría dispuesto a trabajar.
¿Está diciendo que Luis Martínez es corrupto?
Si tú hacés un análisis de su gestión: nos hemos convertido en el país más violento del mundo. Se han descartado investigaciones de corrupción que fueron denunciadas en los medios de comunicación y no se le dio mayor seguimiento. Me parece que sobre todo en temas de corrupción, el fiscal no ha actuado con contundencia y realmente muchas de las investigaciones que los medios de comunicación han publicado dibujan una relación con personas como el empresario Enrique Rais, y que ha favorecido más en algunos casos jurídicos al mismo empresario que demandas que se presentaron de una contraparte.
¿Y qué rol ha jugado el Consejo Ejecutivo Nacional del partido en este proceso para elegir al fiscal?
El presidente del Coena y algunos integrantes del Coena estuvieron presentes ayer y fueron muy enfáticos en el compromiso que tenemos todos los diputados de votar como una fracción. Considero que esto no es solo una decisión del grupo parlamentario. En el contexto de todo esto es importante que todo el partido esté unido en la decisión que tomen, ya hemos visto que sectores como el de juventud, el sector empresarial y creo que el sector agropecuario se pronunciaron en favor de un nuevo fiscal. Para ponértelo claro: las únicas personas que estarían dispuestas a votar por Luis Martínez son una de dos cosas: o tienen un interés personal -y dentro de ello hay una amplia gama de intereses- o hay un interés partidario por encima del interés de país. En un proceso tan importante, en una decisión de país con tanta trascendencia, no se trata de cálculos, ni medir ni actuar políticamente, se trata de hacer lo correcto en base a principios y valores, y ese es nuestro objetivo y nuestro gran reto, elegir al mejor fiscal.
¿El Coena respaldó la lista que presentó Alberto Romero?
No, creo que sobre todo el Coena fue enfático en la unidad y tampoco se pudo percibir alguna preferencia por uno u otro candidato.
¿Tienen temor de que algún diputado pueda votar independiente en la sesión plenaria?
En la política no se puede descartar nada, y mucho menos yo puedo hablar en nombre de otras personas, y tengo fe y esperanza de que se va a lograr un voto en bloque.
Unánime. El presidente de ARENA, Jorge Velado, dice que sus 35 diputados votarán en unidad por el fiscal general.
La Juventud Republicana Nacionalista (JRN) y el sector empresarial del partido ARENA exigieron ayer que la Asamblea Legislativa, incluidos los diputados areneros, elija a un nuevo fiscal general de la República y, por ende, no reelija a Luis Martínez, quien termina hoy su período de tres años.
La juventud arenera emitió un comunicado en el cual expresó: “La Juventud Republicana Nacionalista considera importante la necesidad de apoyar un nuevo liderazgo, independiente, y con la firme convicción de castigar la corrupción venga de donde venga, que no permita reinar a la impunidad y que busque permanentemente la consecución de una justicia alejada de cualquier interés partidario”.
Por su parte, el sector empresarial de ARENA señaló que la corrupción en el país ha aumentado y que la falta de institucionalidad democrática ha frenado el crecimiento económico de El Salvador. En ese sentido, difundió también ayer un comunicado en el que confirma su postura sobre la elección del fiscal general de la República.
“Creemos que nuestro querido El Salvador se merece un fiscal que sea un funcionario honesto, transparente, sin ataduras de ninguna clase, que embata la corrupción sin distinciones, que dé muestras de ser independiente. Creemos que es tiempo de un nuevo liderazgo, apegado a la justicia y a la verdad, que represente los intereses de 
todos… En síntesis, el país demanda un nuevo fiscal, con la fortaleza de la imparcialidad en sus manos y con la justicia como su guía”, reza parte del comunicado del Sector Empresarial del partido.
Jorge Velado, presidente de ARENA, informó que ayer se reunió el partido para establecer consensos sobre la elección del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dado que aseguró que su fracción legislativa votará de manera unánime. “En ARENA estamos bien claros de que esta es una decisión sumamente importante y por lo tanto el partido ARENA, su fracción, va a votar toda unificada; es decir, un voto único”, sostuvo el dirigente del partido, quien aseguró que apoyarán a la persona que reúna los requisitos necesarios para el cargo de fiscal general.
Ernesto Muyshondt, diputado de ARENA, coincidió con Velado e informó que tomarán una decisión consensuada. “Lo que decida por consenso la fracción va a ser como vamos a votar los 35 diputados. Así se ha decidido”, apuntó el legislador tricolor.
Editorial, 2 diciembre 2015 / UCA
Cuando faltan muy pocos días para que termine el período del actual Fiscal General, es necesario reflexionar un poco más sobre las actitudes y esperanzas que el nombramiento del nuevo titular genera en estos tiempos de violencia exacerbada. Con frecuencia se ponen unas expectativas exageradas en la elección de la persona y se olvidan dos factores que tienen, para bien o para mal, más peso. La situación y calidad de las instituciones es el primero. Una buena institucionalidad funciona incluso con una persona no necesariamente brillante o adecuada. Pero una institución grande, de funcionamiento deficiente, mal estructurada y con vicios persistentes en la selección y conformación del personal necesita algo más que un experto para iniciar el camino a la excelencia. Y el segundo de estos factores es la cultura imperante. Cuando el ojo por ojo, la venganza como tradición, el machismo y la ley del más fuerte dominan en la cultura, el esfuerzo por cambiar patrones de violencia tiene que ser colectivo y fruto de un trabajo interinstitucional.
Con esto no queremos decir que la elección de la persona que esté al frente de la Fiscalía carezca de importancia. Claro que la tiene. Apego a las leyes del país, historial libre de favoritismos sectoriales y compromiso con la lucha contra la impunidad de los poderosos son tres condiciones que deberían considerarse indispensables. Pero es necesario valorar a la persona en el contexto de los dos factores mencionados. Quien sea elegido debe tener la capacidad de diseñar políticas de largo plazo en la lucha contra la criminalidad y ser capaz al mismo tiempo de desarrollar una intensa relación con una gran diversidad de instituciones, tanto las del área judicial y de la persecución del delito como las abordan el tema de la violencia desde la investigación y el estudio. La relación con las organizaciones, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, dedicadas a proteger y defender los derechos humanos debe ser también prioritaria, en la medida en que reciben y escuchan con mayor cercanía el dolor de las víctimas.
Es evidente que al frente de la Fiscalía se necesita a alguien enérgico y capaz de enfrentar los duros retos que tiene El Salvador en la persecución del delito. Enfrentarse a la impunidad que cubre a una serie de hechos graves, como el homicidio, el abuso de menores o la violencia contra la mujer, requiere personas de carácter. Pero también eficacia profesional y capacidad de dialogar e impulsar un esfuerzo multidimensional contra la violencia y el delito. Una Fiscalía mejor dotada, una puesta en común de las dificultades que enfrentan policías, fiscales y jueces, una más honda reflexión sobre la cultura de la violencia y las vías posibles hacia una cultura de paz no son tareas que correspondan exclusivamente al Fiscal. Sin embargo, él tiene que estar en medio del diálogo y de la búsqueda de soluciones a la falta de coordinación interinstitucional y a la violencia rampante.
Un buen Fiscal no puede dejar que sus subalternos y la Policía continúen perdiendo el tiempo con detenciones masivas por resistencia a la autoridad para después soltar rápidamente a los detenidos, que en su gran mayoría son jóvenes. Eso solo dilapida recursos (ya escasos), fomenta la impunidad y acrecienta la desconfianza en las instituciones. Mucho menos puede permitir la trampa o el exceso de fuerza, como en los enfrentamientos en que muere un buen grupo de supuestos delincuentes a manos de agentes o soldados que resultan ilesos pese a ser sorprendidos en inferioridad numérica. Tampoco es tolerable el uso como testigos criteriados de personas que en realidad han sido chantajeadas para que den testimonio.
Entre los candidatos a dirigir la Fiscalía hay excelentes profesionales; también personas que han convivido alegre e irresponsablemente con la impunidad. Algunos son rechazados por una buena parte de la sociedad civil, y los diputados deberían tomar nota de ello. La elección del Fiscal no debe ser una elección puramente política, sino ante todo una elección ética. En ese contexto, escuchar a la sociedad civil legitimaría la decisión de los legisladores y les ayudaría a entender mejor los problemas de la institucionalidad actual, las raíces de la violencia y la necesidad de recursos tanto para la Policía como para la Fiscalía. Y sobre todo les posibilitaría conocer de primera mano y comprender la problemática de las víctimas de las múltiples injusticias que sufre la mayoría de nuestro pueblo. Eso, sin duda, les ayudará más a elegir al Fiscal que El Salvador y su gente necesitan.
Nelson Rauda Zablah, 30 noviembre 2015 / EL FARO
Una señal de tránsito romboide, en amarillo y negro, advierte de un cruce de rinocerontes en la 81a. Avenida Norte de San Salvador, junto al despacho rotulado con el número 1 del Edificio Capelli. Esta era la oficina de Luis Martínez antes de que, en diciembre de 2012, fuera elegido fiscal general y se convirtiera en uno de los personajes más mediáticos y confrontativos de la política nacional. Aquí gestó su carrera profesional. Aquí hizo el rinoceronte su animal símbolo.
En el número 1 de la segunda planta del Edificio Capelli hay 38 de ellos. 38 rinocerontes. Unos son de cerámica, otros de madera, otros de plástico, otros de peluche… incluso hay uno, pequeño, que es alcancía. Además, hay tres fotos de rinocerontes, una de ellas enmarcada. “Sería magnífico si lograras conseguir un cartel de un rinoceronte a la carga. Enmárcalo y colócalo en la sala. Busca figuras de rinocerontes labradas en madera”, aconseja un pequeño libro del subgénero de autoayuda del que el fiscal general ha hecho su guía. “La idea es la de recordarte permanentemente que eres un poderoso y fuerte rinoceronte a la carga”, agrega esta obra publicada en 1980 por Alexander Scott.
En 1991, once años después de que el libro viera la luz, el entonces joven abogado Martínez adoptó el libro “El Rinoceronte” como una especie de manual personal, y llevó consigo sus enseñanzas cuando aterrizó en la Fiscalía una década después. No solo inundó su nuevo despacho oficial con nuevas e innumerables figuras y retratos de rinos —”Me dan un mensaje de fortaleza, de integridad y de valores”, ha dicho en público—, sino que ha predicado el evangelio de Scott entre sus subalternos. “A través de ese libro hemos ido mandándole mensajes positivos incluso a los fiscales para el mejor desarrollo de su trabajo”, dijo a finales de 2014 en una entrevista al canal 33 de televisión. “Todo está contenido en esa filosofía de los rinocerontes… después lo vamos a hacer mascota de la Fiscalía”, agregó.
En el antiguo despacho de abogado de Luis Martínez reposan 38 rinocerontes. También su oficina en la Fiscalía está repleta de figuras e imágenes de ese animal.
“¡Eres un rinoceronte! ¡No hay nada que no puedas acometer!”, susurra Alexander Scott desde las páginas de su librito al oído del fiscal.
Ha pasado un año desde aquellas declaraciones televisivas, su cargo expira el próximo 3 de diciembre, y Martínez no ha cumplido la promesa televisiva, pero sí ha hecho honor al espíritu audaz que promueve el libro, que desprecia a los seres débiles y pasivos, a los que denomina “vacas”. En 2012, en su solicitud de elección ante la Asamblea Legislativa, el Fiscal se describió como “solucionador de deudas”. Tres meses después de ser nombrado salió de un embargo que arrastraba desde hacía más de un año y de una deuda por más de 150 mil dólares que lo atribulaba desde hacía más de siete. Actualmente, en la cochera de su residencia, cual mascotas que esperan a su amo, destacan dos hermosos Mercedes Benz: un espigado deportivo de dos puertas, blanco, y un todoterreno negro.
En estos tres años el responsable de la defensa de los intereses de la sociedad ha presumido a menudo de liderar una “Fiscalía reforzada”. El Salvador, pese a ello, cerrará 2015 convertido en el país más violento del mundo, después de la caída de homicidios de 2012 y 2013, producto del diálogo entre el gobierno de Mauricio Funes y las pandillas. Martínez bautizó aquella negociación como «tregua hipócrita» y ha amagado varias veces con embestir contra el gestor de la estrategia, el general David Munguía Payés, que hoy es ministro de Defensa. «A él solo le puedo decir que es el ministro más mentiroso y falso que he conocido y lo vamos a desenmascarar esta semana», resopló el fiscal el 1 de junio de 2014, tras la toma de posesión del presidente Salvador Sánchez Cerén. 17 meses más tarde, no ha tomado acción legal alguna contra él ni contra ninguno de los gestores o ejecutores de aquel diálogo. La tregua, la embistió con palabras.
En sus tres años como Fiscal, Luis Martínez ha dado declaraciones esporádicas a El Faro pero nunca aceptó una entrevista formal para analizar su gestión. En los últimos dos meses, mientras se preparaba este perfil, declinó varias peticiones de entrevista hechas por medio de su jefe de prensa, en mensajes directos que este periódico le envió a su cuenta de Twitter —Martínez responde a menudo por esa vía a periodistas— e incluso en una carta que un reportero entregó personalmente a uno de los dos guardaespaldas apostados frente su casa, en la tarde del 19 de noviembre. En este mismo periodo, concedió una entrevista al diario digital La Página, que en una entrevista de tono amable le preguntó: “¿Cómo hace un fiscal para sobrellevar las amenazas y calificaciones negativas?”.
¿Quién es este funcionario de 51 años que busca la reelección, que se siente un rinoceronte, que ha empujado casos de extraordinario eco público pero escaso resultado jurídico como el CEL-ENEL o el caso Flores aún en curso, que criticó una tregua que redujo los homicidios y cerrará su mandato con un aumento de muertes, que inauguró el uso legal de escuchas telefónicas en El Salvador y utilizó -contra la ley- conversaciones personales de un sacerdote para forzar su confesión, que clama a menudo ante los medios por lo que considera “culeradas” de otros funcionarios, y que tiene predilección por las notas de un café que se llama Amor Perfecto?
Los importantes amigos del Fiscal
Hijo de Ana Luisa y Joaquín Antonio Martínez, Luis nació el 16 de mayo de 1964. Estudió entre 1971 y 1979 en el Colegio Marista San Alfonso e hizo su bachillerato en el Liceo Salvadoreño, de donde se graduó el 30 de noviembre de 1982. Su título de bachiller adorna una estantería en una esquina de esa jaula de rinocerontes abandonada en la que ya solo permanece uno de sus socios de bufette, el abogado Arturo Ramiro Méndez Azahar.
Méndez Azahar, que fue ministro de Justicia a inicios de los años 80, bajo el gobierno de Magaña, se ha quedado con la oficina que compartía con Martínez y otro funcionario: Óscar López Jerez, recientemente nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia. López Jerez asesoró a la Fuerza Armada durante la última etapa de la guerra civil y ha asesorado al Partido Demócrata Cristiano (PDC).
El fiscal subió a Twitter, el 26 de junio de este año, dos fotos tomadas en El Vaticano, en las que saluda al papa Francisco. En ellas aparece una tercera persona, de traje negro y camisa blanca: Juan Torres Polanco, expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fedefut), procesado y dos veces absuelto después de que la Corte de Cuentas expusiera un desfalco por 36 millones de colones (unos 4.1 millones de dólares) durante su gestión al frente del fútbol nacional.
El fiscal general Luis Martínez da declaraciones el 29 de octubre de 2015, tras una reunión con gremiales en la que se discutió el combate a las extorsiones.
“Luis le dice tío a Sergio Torres”, el padre de Juan, dice Méndez Azahar. Al exministro le da risa recordar una madrugada del año 2002 en la que él y Martínez, rodeados de unas 200 cajas de expedientes judiciales, le dieron parranda a López Jerez cuando les demostró que nunca en su vida había usado una cafetera: vertió café molido en el compartimento donde se pone el agua. Para entonces los tres trabajaban en la defensa de Juan Torres. Aquel caso fue una primera gran victoria de Luis Martínez como litigante: la jueza Décimo Primera de Paz absolvió a Torres. Diez años después, Martínez nombró a esa jueza, Paula Patricia Velásquez, como su fiscal adjunta. Y ella solo dejó ese cargo cuando la Asamblea la eligió magistrada de la Corte Suprema en septiembre pasado. El Fiscal tiene amigos en la Corte.
En el que fue despacho de Martínez, Méndez Azahar cuenta otra anécdota, de hace 33 años. Detrás de él, las otras pertenencias que el fiscal dejó atrás: una foto autografiada con el efemelenista Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea que le tomó juramento como Fiscal, otra con el expresidente guatemalteco Álvaro Colom, un retrato de Ronald Reagan, dos discos de Luis Miguel, otros dos de música clásica, uno más de Phil Collins, otro de Antonio Carlos Jobim. Dos estampas de Jesús. Una cruz de madera. Un frasquito de agua bendita. Dos fotos familiares. En una, el fiscal, su esposa y sus tres hijos posan con un delfín. En la otra, los cinco sonríen, vestidos de traje, en fondo boscoso. Decenas de libros de derecho. Mesita de café. Cenicero de cristal para apagar los Marlboro rojo que acostumbra fumar.
Méndez Azahar se ufana de haber participado en la escritura de los artículos que regulan la Fiscalía General de la República en la actual Constitución, firmada en 1983. “Dejamos atribuciones en las que, al tener el respaldo del poder democrático, uy, el Fiscal pudiera hacer mucho. Y Luis ha hecho mucho”, afirma. Méndez Azahar también quiso ser fiscal, y ahora ve a Martínez con el orgullo de un padre que mira a su hijo llegar adonde él no pudo.
Durante su estancia en la Fiscalía, Martínez ha empujado tanto como ha podido los límites de su blindaje, con el beneplácito —o al menos la indiferencia— de los diputados. A él le ha tocado, como Fiscal General, estrenar un recurso de investigación que era ilegal hasta antes de su administración: escuchar y grabar telecomunicaciones. Esta herramienta ya ha sido usada para lograr algunas condenas por distintos delitos. Quizá el caso más destacado es el se sigue contra una amplia estructura de extorsión del Barrio 18 Revolucionarios, uno de los principales grupos pandilleros del país.
Por otro lado, este poder también ha colocado bajo sospecha al Fiscal. Martínez ha usado las eschuchas, al menos una vez, más allá del ámbito que establece la Constitución: en 2014 utilizó conversaciones íntimas del sacerdote español Antonio Rodríguez , vinculado a la tregua, para forzar su confesión en un caso de ingreso de objetos ilícitos a cárceles. En su propio despacho, el Fiscal hizo que el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas; el representante del Vaticano en El Salvador, el nuncio apostólico monseñor León Kalenga Badkibele; representantes de la congregación de sacerdotes pasionistas, a la que pertenece Rodríguez; el embajador de España en El Salvador, Francisco Ravena; y el entonces cónsul de ese país, Fernando Villena, escucharan grabaciones del sacerdote que revelaban asuntos de su vida personal, alejados de la investigación por la que la Fiscalía obtuvo autorización para intervenir sus comunicaciones. Era una forma de demostrar su poder. Una forma de presionar, a través de su entorno, a Rodríguez, conocido como el padre Toño.
La Constitución establece claramente que el uso ilegal de comunicaciones personales captadas por medio de escuchas telefónicas legales es causa de destitución. Rolando Monroy Síntigo, exjefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, agrega que la ley secundaria ordena prisión para quienes incurran en esa práctica. “De hecho, la abogada que defendió al padre Antonio puede todavía pedir la nulidad de esas actuaciones porque el padre Antonio no aceptó el procedimiento abreviado. Ahí hubo un vicio del consentimiento. Eso es gravísimo. Cuando yo lo leí en su periódico dije: ¡Dios santo, en este país no sucede nada!”, dijo Monroy en una entrevista.
No sucedió nada. Nadie inició acción alguna contra Martínez. Ninguna institución del Estado le pidió explicaciones públicas sobre el caso. Él, que otras veces busca los micrófonos, se acorazó en el silencio.
Diploma de bachiller de Luis Martínez, que estudió en el Liceo Salvadoreño.
Méndez Azahar asegura que Luis Martínez ha hecho mucho. Su trayectoria hacia la Fiscalía es de hecho un relato de puestos públicos y cercanía con el poder político. En su currículum, presentado ante la Asamblea Legislativa, expuso que estudió entre 1983 y 1989 en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer y se graduó allí el 5 de diciembre de 1990. Para ello redactó una monografía de 72 páginas que había entregado un mes antes, titulada “Nociones elementales sobre los títulos valores”. La tesis cumplía literalmente con su título. “Este trabajo es un esfuerzo de síntesis doctrinal y legal respecto a las normas generales y que en ningún momento privará al lector de la aventura de pensar”, escribió un joven Martínez, que se estrenó como abogado a los 26 años y en esa etapa de su vida pensaba más en el derecho mercantil que en impulsar reformas penales o perseguir el crimen. El Salvador se encaminaba al fin de la guerra civil, a una paz y una esperanza de reconstruir un país para que fuera identificable por algo más que el conflicto. Los epítetos de dementes, destructores y terroristas que hoy día adjudica el fiscal a los pandilleros —“Mensaje a tregüeros hipócritas: La Paz Social no puede someterse al capricho de dementes asesinos terroristas”, tuiteó @luism_abogado el 28 de abril de 2014— se usaban en esa época contra los guerrilleros que hoy gobiernan El Salvador.
Martínez pasó en los años posteriores por un ramillete de instituciones de gobierno, según describe su hoja de vida. El Banco Hipotecario. El Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI). El Ministerio del Interior. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). El Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP). El Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA). El Ministerio de Agricultura y Ganadería. La Comisión Presidencial del gobierno de Antonio Saca para el Desarrollo del Golfo de Fonseca. Fue abogado personal de Francisco Flores y Trabajó con todos los gobiernos de Arena hasta que, en 2009, el partido de derecha perdió la elección presidencial ante el FMLN.
Después, se abre un vacío en el currículum del fiscal. Entre 2009 y 2012 no reseña más que actividades gremiales y su papel de síndico de la Asociación Liceo Francés, el colegio donde estudian sus hijos. El fiscal no detalla haber tenido un vínculo laboral estable con ninguna institución o empresa durante tres años. Tal vez eso explique su bache económico: en 2011 le embargaron una propiedad en la residencial de Nuevo Cuscatlán en la que vive. Pasó un año sin solventar ese embargo. Pero en diciembre de 2012 fue nombrado Fiscal General y antes del tercer mes en el cargo logró cancelar la hipoteca que le encadenaba.
La historia que cuenta el Registro Público de la Propiedad del departamento de La Libertad es esta: el 28 de febrero de 2005 el Banco Salvadoreño concedió a Martínez un préstamo por 174,282.50 dólares. Él se comprometió a pagarlo en 25 años y puso como garantía un inmueble con matrícula M 30024514, el Lote 6 del Polígono B en la Residencial Joya de las Piletas, Nuevo Cuscatlán. En estos días, en avisos clasificados, una casa en esa colonia se ofrece en venta por 300 mil doláres.
Entre la entrega del préstamo en 2005 y 2011, cuando se embargó el inmueble, el Registro muestra que solo hubo un recorte de 14,640.84 dólares en el saldo pendiente de la deuda. Faltaban cinco días para la Navidad de 2011 cuando Martínez recibió la noticia de que el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador ordenaba el embargo por una deuda de capital de 159,641.66 dólares.
Cuando Martínez se convirtió en Fiscal a finales de 2012 dijo a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que no tenía ninguna deuda , aunque ese inmueble seguía embargado. Dejó en cero la casilla de deudas en la sección de Balance Patrimonial de su declaración de patrimonio, pero en en la casilla «amortización de deudas», del cuadro de Ingresos y Egresos, dijo que erogaba 16,800 dólares cada año.
Era en todo caso un avance: en 2004, cuando asumió como director del ISTA, Luis Martínez no presentó su declaración de patrimonio, según los registros de Probidad. Aunque el numeral 16 del artículo 3 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito le obligaba a ello.
En su declaración de inicio de mandato como Fiscal, Martínez aseguró que el patrimonio de su grupo familiar superaba el medio millón de dólares: 587,290.87. Ese patrimonio también incluye lo que reporta su esposa, Carla García. De ese medio millón la mayoría (405,540.87 dólares) corresponde a propiedades. En julio de 2002 tanto Martínez como Carla García inscribieron los lotes 1 y 2 del Polígono C en la residencial El Cortijo, ubicada en la carretera al Puerto de La Libertad. El de García es de 2,587 metros cuadrados. El de Martínez, de 3,411 metros cuadrados.
Cuando la esposa de Luis Martínez compró su lote, firmó una hipoteca por 36,767 dólares pagadera en 15 años, que canceló en menos de once, el 2 de mayo de 2013. Su esposo ya era Fiscal. La historia del lote de Martínez tiene más recovecos. Inscribió una hipoteca por 30,401.83 dólares que canceló menos de dos años después, según un escrito firmado ante los oficios de su socio, el notario Méndez Azahar. El Registro de la Propiedad da cuenta de un traspaso denegado de ese inmueble en el año 2010. Esa operación se canceló porque no se corrigieron observaciones realizadas a un instrumento que hizo el abogado —ahora magistrado de la CSJ— López Jerez. El destinatario de esa venta era otro viejo conocido de Martínez: Aldo Mauricio Parducci López, hijo del que fuera secretario privado de la presidencia de Francisco Flores. El año pasado, Parducci padre apoyó públicamente al expresidente Antonio Saca en su intento por volver a la presidencia de la República. Martínez admitió en 2013 que había trabajado con Parducci, después de que el expresidente Mauricio Funes ventilara esa relación en plena campaña de presión pública sobre el Fiscal para que procesara al expresidente Flores.
Unos días antes de la Navidad de 2011, un juzgado ordenó el embargo de un inmueble de Luis Martínez en Nuevo Cuscatlán, por impago de un préstamo contraído seis años antes.
La historia del inmueble embargado a Martínez termina solo tres meses después de que empezara a ganar 4,000 al mes —el sueldo de ley— como Fiscal General. El 25 de febrero de 2013 Martínez canceló el embargo del inmueble de Las Piletas. En menos de tres meses se deshizo de una deuda de ocho años de antigüedad, que representaba el triple de lo que ganaba en todo un año según su declaración de Probidad. Para la anécdota queda un detalle: en el currículum que Luis Martínez presentó a la Asamblea en 2012, en pleno proceso hacia suelección, se presentó a sí mismo como “solucionador de deudas y experto en salvataje financiero”.
Los dos Luis Martínez que mira el FMLN
Luis Martínez quería ser fiscal general desde 2006, según su socio Méndez Azahar. Ya en 2009 fue parte del grupo de diez finalistas que una subcomisión especial de diputados seleccionó, aunque finalmente el elegido fue Romeo Barahona.
Para que tres años después la historia no se repitiera, Martínez se asoció con dos personas que han hecho carrera como jueces: Ramón Iván García y Saúl Morales. García contó a El Faro que Martínez les propuso a él y a Morales que se postularan conjuntamente para las elecciones en que los abogados escogen a 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los tres abogados nunca firmaron nada entre ellos, dice García. Fue un pacto de caballeros que incluía recibir el apoyo de la Asociación de Abogados de Nueva San Salvador y asumir compromisos solo con otras asociaciones que quisieran apoyarlos a los tres juntos, no a alguno de ellos individualmente. Morales y García clasificaron entre los primeros diez lugares y Martínez quedó 21. Aparentemente, una mala noticia para Martínez. Pero García calcula que fue una jugada estratégica en la que el hoy Fiscal buscaba lo que antes le faltó: reconocimiento. “Creo que su idea era proyectarse y agarrar impulso. Él era desconocido en el gremio de jueces, que es el que vota”, dice García, quien recuerda aquella como una campaña austera. En noviembre de 2012, Martínez les preguntó:
—¿Y si yo llegara a la Fiscalía se irían conmigo?
—Sí —le dije. Pero fue un sí de “este está loco. No va a quedar”.
García se equivocaba. A inicios de diciembre de 2012 Martínez ya sabía que sería Fiscal General. Y tanto Morales como García le acompañaron de asesores. Morales presidió la comisión especial que investigó el caso CEL-Enel. García, juez y magistrado suplente, llegó a estrechar su relación con el fiscal. Es él quien revela uno de los escasos datos —personal, una simple curiosidad— que Martínez aceptó confirmar a El Faro para este perfil: su gusto por el café colombiano Amor Perfecto. Amor Perfecto se presenta en su página en internet como la primera empresa colombiana en participar en el certamen Barista Internacional y dice ser “el café de los amantes”. “Ese café lo conocí en Colombia en un viaje para conocer experiencia sobre extinción de dominio y otras reuniones con el fiscal Montealegre”, respondió el fiscal en un mensaje directo de Twitter el 21 de octubre.
Después de su alianza con Morales y García, que le sirvió como catapulta y como argumento de defensa ante quienes le acusan de no ser penalista —cierto, no lo es—, Martínez encontró otro aliado en quien apoyarse: Enrique Rais, el hombre en cuyos aviones viaja. El Faro ha documentado 14 vuelos de Luis Martínez en aviones cuya propiedad está vinculada con Rais, un empresario que ha visto cómo los casos en su contra en la Fiscalía se desvanecen mientras prosperan aquellos casos en los que él es el denunciante. El Fiscal se ha negado a aclarar la naturaleza de aquellos viajes, de los 14, que no son oficiales, ni quién pagó por ellos, y cuando se le ha cuestionado sobre el conflicto de intereses que entraña su relación con Rais se ha limitado a responder que es un asunto “banal”, al que no vale la pena referirse. Acaso las relaciones con García, Morales y Rais le recuerden a alguien uno uno de los mandamientos de El Rinoceronte: “Aprende a usar la experiencia de otros animales. Luego aprenderás a usar el dinero de otros animales”.
Dos de las personas que podrían arrojar luces sobre cómo Enrique Rais y Luis Martínez se conocieron están en prisión: Mario Calderón, exsocio de Rais, y su esposa, Claudia María Herrera de Calderón. Herrera lloró cuando El Faro le preguntó por el fiscal Martínez el pasado 23 de septiembre. “¿Qué te puedo decir? Si yo ni lo conozco”, alcanzó a decir a las puertas del Juzgado Noveno de Paz de San Salvador. Herrera esperaba ese día el arranque de su audiencia inicial, acusada de lavado de dinero y activos. Es el tercer proceso judicial en el que la acusan, en año y medio. Mario Calderón, encarcelado en ese momento por otro proceso pendiente, también era imputado en este caso de lavado. El abogado de ambos, René Medrano, fue apresado el 6 de noviembre acusado de falsedad documental agravada y recuperó su libertad unos días después, tras la audiencia inicial.
Uno de los seis expedientes que tiene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) abiertos sobre Martínez es por este caso. El procurador David Morales pidió al Fiscal que investigara “los actos de persecución y hostigamiento a la seguridad personal” de los Calderón. La exfiscal Bertha María Deleón, que hoy trabaja en la oenegé FESPAD y actúa como querellante del caso Flores, dice: “A Mario Calderón nadie lo quería defender. Nadie quiere ir en contra de él (Martínez) porque es loco”.
El mandato de Luis Martínez vence el 3 de diciembre pero quiere reelegirse. Y a pocos días de la votación los dos partidos cleve para decidir ese nombramiento, Arena y el FMLN, lo siguen considerando para el cargo. Las razones para ello son difusas: de ambas bancadas se han oído críticas duras al desempeño de Martínez, especialmente por casos de trascendencia política como el CEL-ENEL, en el que funcionarios de gobiernos de Arena fueron acusados de peculado y sebreseídos después de dos años de litigio; y el caso Flores, en el que el expresidente Francisco Flores está acusado de peculado y enriquecimiento ilícito por recibir del gobierno de Taiwán cheques a su nombre por quince millones de dólares, que terminaron sirviendo en gran parte para financiar la campaña electoral de Arena en 2004 y hacer que Antonio Saca fuera presidente.
Quizás en el caso de Arena, a pesar de que ha denunciado un posible uso político de la Fiscalía y sus casos, sea más fácil entender su apertura a la reelección: el caso formulado por el Fiscal contra el expresidente Flores ha sido muy débil y Martínez no ha logrado condenas en ningún otro caso de posible corrupción que involucre a exfuncionarios de los gobiernos de derecha. Pero en el FMLN es más difícil de entenderlo.
Dirigentes del FMLN han cuestionado la independencia de Luis Martínez en el caso Flores por la antigua relación laboral entre ambos. Han dicho que lamentan que Martínez no presentara cargos por lavado de dinero contra Flores y le han acusado de tibieza en otros los casos por corrupción contra exfuncionarios de Arena. “Luis Martínez ha salvado hasta hoy a Francisco Flores; Luis Martínez ha salvado a los de CEL-Enel, Luis Martínez no ha perseguido las 150 denuncias (de corrupción en gobiernos anteriores) que puso el expresidente Funes”, ha dicho la diputada efemelenista Norma Guevara, una de las voces de mayor peso del partido. Pero en contraste José Luis Merino, uno de los efemelenistas más poderosos porque es el principal responsable del partido enAlba Petróleos de El Salvador —centro del entramado de negocios millonarios Alba, forjado en los últimos años por los efemelenistas—, dijo a Diario El Mundo esto otro sobre el mismo funcionario, hace unas semanas: “Ha hecho el esfuerzo necesario, ha habido una notoria mejoría en la capacidad investigativa de la Fiscalía”.
¿Por qué estaría el FMLN dispuesto a ser parte de los 56 votos —dos tercios de la Asamblea Legislativa— que, como mínimo, se requieren para reelegir a Martínez? Ni Merino ni el secretario general del FMLN, Medardo González, han accedito a dar entrevista a El Faro, pero hay una manera rápida de conectar a Merino con el Fiscal, o viceversa. El puente se llama Enrique Rais.
Rais tiene o ha tenido una relación de negocios con parientes del dirigente del FMLN. Un documento de la Fiscalía registra que el 17 de marzo de 2014 el empresario canadiense Franco Pacetti interpuso una denuncia en contra de Rais por administración fraudulenta. Según la denuncia 1181-UDDP-2014, Pacetti y Rais invirtieron en la compra del relleno sanitario de Sonsonate, que es administrado por la compañía Coordinadora y Asesora de Proyectos (CAPSA). CAPSA es una empresa manejada por familiares de José Luis Merino. El FMLN, a pesar de no decirlo en público, y a pesar de sus constantes críticas al el trabajo fiscal de Martínez, está dispuesto a apoyarlo para un segundo mandato. “Luis Martínez ha ayudado a que mejore la aplicación de la justicia en el país”, sostiene Merino.
El hombre que decide quién debe ser juzgado
Bertha María Deleón no es precisamente amiga de Luis Martínez, pero ambos compartieron mesa de trabajo a fines de 2014 e inicios de 2015 en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, durante la elaboración del plan El Salvador Seguro. Martínez estaba a cargo del eje de persecución del delito y la oenegé Fespad había sido invitada por el Ejecutivo a hacer aportes. Martínez, dice Deleón, la trató en esa mesa como si fuera su enemiga y lanzó una embestida: “No entiendo qué está haciendo cierta gente aquí. Aquí tenemos que estar los que sabemos. ¿Qué hace Fespad aquí?”. Un pastor invitado se dio por aludido y le respondió: “Si quiere, nos salimos”. Deleón agregó: “Si le molesta mi presencia, me voy”. La abogada recuerda que fue Arnoldo Jiménez, quien en ese entonces era el director ejecutivo de la Asociación de la Empresa Privada (ANEP), el que suavizó el ambiente y dijo que esas confrontaciones reñían con el principio por el que se formaron el Consejo y sus mesas. Acto seguido, amenazó con seguir los pasos de las oenegés si estas se retiraban. La empresa privada era un aliado demasiado grande para perder, así que Martínez se calmó.
En su despacho, Luis Martínez colecciona también las caricaturas de prensa en las que aparece, incluso las más críticas con él.
Para entender la animadversión de Martínez contra Deleón no basta saber que FESPAD está querellada en el caso Flores y ha sido crítica con las debilidades de la actuación Fiscal. Hay que recordar también que ella fue la abogada del padre Antonio Rodríguez. “Si el estado de derecho funcionara en este país, él (Martínez) tuvo que haber sido destituido por ese caso”, dice Deleón. Y recuerda que en aquel caso la Fiscalía no tenía ningún documento para contrastar la confesión forzada del padre Toño, o que le abrió juicio dos veces por los mismos hechos.
—Yo fui fiscal y nunca había visto una cosa así —dice Deleón—. Un funcionario que hace uso de chantaje para sacarlo del juego me parece nefasto. Si eso lo hace con alguien con notoriedad (como el padre Toño), lo puede hacer con cualquiera. No sé cómo no me ha sacado algo (un proceso contra mí) todavía
—Quizá no tiene nada…
—No, pero eso se hace y yo he estado en la Fiscalía. Me da miedo que lo haga.
Tres abogados que estuvieron en esas reuniones del Consejo de Seguridad y Convivencia —un funcionario del Ejecutivo, una litigante particular y una abogada que trabaja con la cooperación internacional— recuerdan el desprecio con que el Fiscal se refería en aquela mesa a las decisiones de otros funcionarios. “Él es un poco malcriado, se expresa así en general, en la vida”, rememora la abogada de la agencia internacional.
Una de las primeras decisiones que cada grupo tenía que tomar era decidir un representante por mesa. Luis Martínez lo tenía claro: “Aquí no hay nada que escoger. Yo voy a ser el representante”, les dijo. El Fiscal puso los horarios, las reglas, el lugar de las reuniones. El funcionario del Ejecutivo que participó en esas sesiones de trabajo añade que el Fiscal se aprovechaba de la localía —porque las reuniones eran en su oficina— para presionar por su agenda. “Se refería a la actitud de los titulares del Ministerio de Seguridad y Justicia como ‘culeradas’ por no trasladar a los cabecillas de pandillas a Zacatecoluca. De hecho, fue él quién más presionó porque eso sucediera y quedara plasmado como una recomendación del plan (El Salvador Seguro)”, dice. La litigante particular lo recuerda de forma más precisa. “En uno de esos encuentros, Martínez dijo que no entendía por qué en la Policía habían puesto a puros ‘culeros’ en los puestos de mando. ‘Para nadie es un secreto que para tener un puesto más o menos (bueno) hay que ser culero’, dijo”. Luis Martínez sin diluir.
El 7 de marzo de este año, un jefe fiscal fue asesinado en Usulután. En la siguiente reunión del Consejo de Seguridad, Martínez estaba molesto. “Él llegó a regañarnos otra vez. El regaño era que cómo era posible que habían matado a un fiscal y que el Consejo no se había pronunciado condenando la acción”, recuerda el pastor Mario Vega, que estaba en esa reunión. Martínez regañaba a un grupo integrado por el Director de la Policía, el Comisionado Presidencial para la Seguridad, el Ministro de Justicia, diplomáticos y líderes religiosos. “Yo no voy a permitir que haya un diálogo (con las pandillas). Mientras yo sea Fiscal no lo voy a permitir y voy a perseguir a las personas que se atrevan a hacerlo”, les dijo Martínez en esa reunión para consensuar estrategias de seguridad. Bufaba. Y los demás callaban o asentían. Una persona rompió el silencio en una de esas reuniones: Medardo Gómez, el obispo luterano.
Gómez estaba hablando de la importancia de dialogar para buscar una salida al problema de la violencia. Martínez pidió la palabra. “Hizo lo mismo de siempre, que era denigrar el diálogo y decir que no”, recuerda Vega. “(Martínez) dijo todo y de la manera más despectiva que se puede decir”. Gómez le contestó: “ Nosotros vamos a seguir dialogando y lo vamos a hacer porque es nuestra vocación cristiana hacerlo”. Gómez, en su oficina, comenta estos días: “Si usted me pregunta concretamente, ¿quiere que reelijan al Fiscal? Le digo que no”.
El pastor Mario Vega señala algo que le preocupa más que el genio del Fiscal: “Da la impresión de que él investiga lo que desea investigar, y no lo que debería”. La base del pastor de la iglesia Elim para afirmar esto es una intimidad del Consejo de Seguridad: “El director de la Policía (Mauricio Ramírez Landaverde) dijo que él mismo estaba preocupado y que tenía investigaciones alrededor de la Policía para saber qué es lo que estaba pasando (en referencia a las ejecuciones sumarias que perpetran policías o soldados)”. Aunque en público ha dicho que no hay pruebas para investigar masacres cometidas por policía, en privado el jefe de la PNC sí duda de que las actuaciones de sus agentes estén apegadas a la ley. Vega cierra la idea: “Publicaciones como las de El Faro y que hoy también hizo La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, o sea, el Fiscal debería investigar de oficio, con todos esos elementos que tiene en la boca. Pero hasta donde yo sé no ha iniciado una investigación”.
Cuando Martínez fue elegido fiscal, El Salvador era un país menos violento que hoy. Y a pesar de que se declaró enemigo público de la tregua gobierno-pandillas, y a pesar del sinnúmero de veces que aseguró que la tregua era hipócrita, y a pesar de la clara participación de funcionarios de todo nivel del gobierno Funes en ese proceso que parecía violar la Ley de proscripción de pandillas , El Fiscal General no procedió contra ningún funcionario o exfuncionario. Y en el área del narcotráfico cerró una investigación sobre una persona a la que Estados Unidos tiene por capo de la droga: José Adán Salazar Umaña, a quien la Policía, el Ejército y la propia Fiscalía conocen como “Chepe Diablo”, uno de los líderes del Cártel de Texis.
La Fiscalía de Martínez castigó con trabajos de utilidad pública a seis exfuncionarios del ISTA que abusaron de recursos públicos; excluyó al exministro David Gutiérrez de la investigación por corrupción en la construcción de la carretera Diego de Holguín; empezó a investigar supuesta corrupción en la construcción de la presa El Chaparral, sin entregar resultados; presentó un caso endeble en la investigación del contrato CEL-Enel, caso por el que recibió críticas tanto de los imputados y el partido Arena, que le acusaron de cacería política, como del juez que ventiló la causa, que acusó al Fiscal de ineficiente; pidió fondos para investigar crímenes de la guerra civil y no judicializó ninguno; cambió de homicidio agravado a homicidio simple el cargo por el que condenó a un hombre —hijo del influyente político y abogado Fidel Chávez Mena— que descuartizó a su víctima y esparció sus restos por San Salvador. Pero resolvió de manera exprés un caso de bebés intercambiados al nacer. Aunque quizá ninguna de estas acciones haya levantado tanto escozor y debate popular como su decisión de no acusar a Francisco Flores de lavado de dinero ni llamar a citar al otro expresidente arenero que se benefició de ese dinero: Antonio Saca.
La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos estableció que Martínez y su equipo de fiscales “omitieron de forma inexcusable” procesar a Flores por lavado de dinero, en una acusación tan débil que el juez del caso le ha intentado corregir la plana. Las audiencias públicas del caso se han convertido en un enfrentamiento constante entre los fiscales del caso y los acusadores privados, entre ellos Deleón, que denuncian obstáculos a la investigación desde la misma Fiscalía.
El 24 de agosto de 2014, Luis Martínez subió a su cuenta de Twitter una foto suya flotando en el agua, de gran parecido con una de las ilustraciones del libro «El Rinoceronte».
Martínez y Flores tienen una relación personal desde hace más de 20 años. Al menos en cuatro ocasiones el hoy Fiscal tuvo como cliente a Flores y en una fue parte de la junta directiva en una empresa en que estaba involucrada la esposa de Flores. De hecho, un informe pericial que es parte del expediente judicial contra Flores y trata de establecer una estimación de su patrimonio incluye la referencia a un cheque por 10,938.05 dólares endosado años atrás por el expresidente en favor de “Luis Antonio M. González”. Ese informe de la Superintendencia del Sistema Financiero detalla la emisión de 144 cheques a favor de 19 personas entre julio de 2004 y agosto de 2008 por diferentes conceptos. El del Fiscal es uno de ellos.
La Fiscalía General de la República no volverá a ser igual después de Martínez. Antes el eslogan de la institución era “Justicia, Legalidad, Seguridad”. Él lo cambió por “Fuerte y justa”. Ha roto en El Salvador la reciente tradición de fiscales generales a los que se atribuía lealtad incondicional al gobierno de turno y a base de polémicas y estridencias ha maniobrado de forma imprevisible en el complejo mapa político del El Salvador actual. Cercano en el pasado a Arena, a Flores y a funcionarios hoy afines a Antonio Saca; cuestionado y temido por la derecha actual; amado y odiado por el FMLN; es difícil asegurar qué apoyos tiene realmente Luis Martínez en su búsqueda de la reelección. Los principales partidos no se han lanzado a respaldarlo públicamente, pero quedan pocos días para la votación y tampoco se han atrevido a descartarlo. Su candidatura se sostiene en hilos invisibles.
Un cazador solitario
Dice la literatura especializada que los rinocerontes adultos son usualmente animales solitarios, pero pueden estar en compañía de otros machos de su especie siempre y cuando estos respeten su posición subordinada. En sus viajes oficiales —incluídos algunos de los que hizo en aviones de Rais— Luis Martínez suele repetir dos acompañantes. Uno es Édgar Márquez, su fiscal adjunto. Según un detalle hecho público por la Fiscalía este año, Márquez viajó diez veces con Martínez en 2013 y otras doce veces el año pasado. El nuevo fiscal adjunto apenas cumple por unos meses el requisito constitucional de llevar nueve años como abogado autorizado para ejercer el cargo. Antes de ser su adjunto era el asistente particular de Martínez: le llevaba la agenda.
El otro acompañante habitual en los viajes del Fiscal es Roberto Antonio Avilés Fuentes, exeditor de la sección de economía de La Prensa Gráfica convertido ahora en asesor de imagen de Martínez. Hizo con el cuatro viajes en 2013 y nueve en 2014.
Un exempleado de la Fiscalía atribuye a Avilés la responsabilidad de unas populares fotos del fiscal en el agua, recostado en un flotador verde, en calzoneta, sin camisa, que el mismo funcionario publicó en su cuenta de Twitter explicando que estaba “recargado”. “Por lo menos dos veces al año, un rinoceronte debe separarse una semana y descansar en su hueco de lodo”, escribe Scott en su libro, junto a una ilustración de un rinoceronte que, en posición tremendamente parecida a la de la foto de Martínez, retoza en una piscina de fango.
Marquez y Avilés acompañaban al Fiscal cuando el pasado 6 de noviembre irrumpió sin avisar en la audiencia preliminar contra expresidente Francisco Flores. El juez, incómodo por el sonoro revuelo que la aparición de Martínez causó en los periodistas presentes, pidió orden: “Señores periodistas, si quieren entrevistar a esa persona que acaban de entrar, pídanle que salga junto a ustedes, no me interrrumpan la audiencia”. Martínez, que en los actos oficiales alterna el traje y corbata con cinematográficas chaquetas sport con enormes letras FGR en la espalda, vestía mocasines, pantalón formal, chaqueta Ralph Lauren, camisa a cuadros y lentes oscuros. Como en un soleado día libre. Cuando salió de trabajar esa tarde, asistió con la misma ropa y sus habituales lentes de lectura a una actividad del colegio de sus hijos. Le acompañaban dos guardaespaldas más relajados que de costumbre que dieron espacio para que el resto de aistentes lo saludaran. Le vieron, apartados, hacer la fila para comprar un hot dog. Uno de ellos le dio una moneda para comprar una botella de agua. Él estrechó manos de otros padres de familia. Abrazó a una anciana.
Terminada la función de sus hijos, los gemelos Luis Antonio y Luis Ernesto —los tres hijos del Fiscal se llaman Luis Martínez—, el funcionario salió del teatro, platicó con el primero de sus hijos que llegó a saludarlo, lo rodeó con su brazo, lo besó en la mejilla. Se despidió de ambos. Sus camionetas —la que él maneja y la que lo escolta— ya lo esperaban. Uno de los versículos de El Rinoceronte reza: “Enseña a los muchachos desde un principio para que no sean vacas. Los rinos que juegan juntos permanecen juntos”.
Martínez, se afana por proyectar un carácter campechano pero fuerte. En septiembre de 2014, llegaba tarde para el acto del Día de la Independencia, en la Plaza Barrios. Había trabazón. Cuando estaba en su camioneta, a punto de doblar de la Avenida Juan Pablo II, por el Cine Majestic, su asesor Iván García le sugirió caminar para llegar antes. Pese al escándalo y la aflicción de su equipo de seguridad, Luis Martínez se bajó del vehículo y caminó con sus guardaespaldas por el centro de San Salvador, hasta la plaza. Saludó a la gente, se tomó una foto con unas piñateras.
Pese a la sensación de blindaje que transmitió aquel día, el Fiscal suele cuidar sus medidas de seguridad. Alrededor de la sede central de la Fiscalía, en Santa Elena, han proliferado los conos rojos que impiden el parqueo y frenan el tráfico: hay 80 de ellos solo en la calzada frente al edificio, que los automovilistas deben sortear en zigzag. No es una medida gratuita: el 28 de agosto de 2015 un automóvil con explosivos fue abandonado frente al Ministerio de Seguridad, en San Salvador. Una fuente del Ejecutivo revela que inmediatamente después de esto, Martínez pidió al Ministerio de la Defensa que asignara seguridad perimetral a las sedes de la Fiscalía.
Dos semanas después, el Fiscal General volvió a la carga contra uno de sus blancos usuales: el general Munguía Payés, el funcionario que impulsó la tregua, el actual ministro de Defensa. Repitió que Munguía era el ministro más mentiroso que él había conocido. Después de ese episodio, Defensa retiró la seguridad perimetral a las sedes fiscales. El pasado 18 de noviembre El Faro pidió a Munguía Payés que hiciera una valoración sobre el fiscal Luis Martínez. Su respuesta fue escueta: “Claro que tengo una opinión, pero prefiero no dártela”.
Investigación. El especialista es sujeto de un proceso judicial en que el que se le acusa del delito de suplantación y alteración del estado familiar.
Su representante legal argumentó que las pruebas que habrían servido de base para la acusación no vinculan al especialista con el cambio del bebé y que estas fueron débiles. “Primero que nada hay que partir que dentro de las pruebas que presentaron para someter al doctor Guidos dentro de este proceso fueron bien escasas: una fotocopia de un ADN, la certificación de partida de nacimiento del bebé, la libretita de vacunas del bebé y las declaraciones de la señora (Mercedes) Soto Casanellas y del testigo el señor Jorge Lisandro Driottez”, dijo la representante legal, Karen Carranza.
Agregó que “pruebas fehacientes no han existido”. Incluso, para desestimar las acusaciones, se basaron en las declaraciones que dio el señor Driottez, quien expresó que luego que el bebé fue sacado del útero, la enfermera y la médico pediatra lo llevaron a la nursería para tomar peso y talla y expresó que “a todo esto el doctor que yo conozco como el doctor Guidos quedó en el quirófano”.
Guidos explicó que en el caso de la señora Soto Casanellas fue necesario realizar una cesárea, ya que el bebé tenía un circular de cordón, es decir, una vuelta del cordón umbilical en el cuello que le impedía bajar y nacer por la vía vaginal.
Indicó que se realizó el procedimiento normal de la cirugía y se sacó al bebé del útero. “En ese momento está desligado de la mamá. Yo como obstetra se lo doy a la pediatra para que le dé los primeros cuidados… Yo me dedico luego a atender a la mamá porque tengo un abdomen abierto, expuesto, entre más tiempo lo tengo expuesto hay más consecuencias”, explicó.
El procedimiento toma entre 30 a 40 minutos. “Empiezo a cerrar las demás capas, la pediatra vuelve con la enfermera a enseñar el bebé a la mamá y se lo ponen a la par para que lo mire, que le tomen fotos y después tienen que volvérselo a llevar a nursería porque va a estar en depósito, no puede quedarse en el quirófano él”, afirmó.
El personal de quirófano estuvo conformado por el obstetra; el ayudante de cirujano, quien fue personal del hospital, según dijo Guidos; el anestesiólogo; la enfermera circular; otra enfermera y la pediatra. La única persona ajena al equipo médico sería el señor Driottez, amigo de la paciente.
Al terminar el procedimiento, la madre se lleva a recuperación y el médico llena su reporte. “Ahí hago como cuál técnica usé, si usé algún hilo, incluso cuánto pesó el bebé, si lloró, cómo fue el líquido, la placenta se sacó, se sutura, si hubo accidentes o no. Cualquier incidente se describe en el reporte operatorio. Y la paciente queda en recuperación mientras la llevan a su habitación definitiva y el bebé está depositado en nursería de ahí en adelante”, dijo.
En cuanto al registro del bebé, sostuvo que los plantares los hacen en la nursería y que los firma hasta que están listos, por lo que no tiene certeza de que correspondan a los del bebé, porque no tiene participación directa.
“Yo subo donde está ingresada la paciente y si ahí están ya, yo los firmo ahí y si no, ellos me mandan a hablar: ‘Mire, doctor, ya vinieron los plantares’. Yo subo con mi sello y se lo pongo”, afirmó.
Motivos
Pese a que hubo más personas involucradas en la cirugía y el bebé estuvo depositado en la nursería, no hubo más personas acusadas del delito de suplantación además del obstetra.
“Esa es una de las grandes interrogantes que nosotros como defensores tenemos. El por qué al doctor Guidos como ginecólogo, como sabemos nosotros, que es el encargado solamente del cuido de la mujer, por qué solo a él se le acusó. No lo sabemos”, manifestó la representante legal.
Al preguntarle al médico si tenía algún indicio de por qué se le acusó solo a él, dijo no tener idea. “Pues no. Según dicen, como dijeron que el hospital no tenía nada que ver entonces me echaron la culpa a mí. El hospital dijo: ‘Aquí es imposible, solo hay otro que pudo tener el contacto, ¿quién? El médico’”.
Según la abogada, la parte querellante argumentó la norma de que “quien opera es el responsable de toda la cirugía”, incluyendo el papel de los demás especialistas que participaron.
“Creo que por ahí viene el hecho de que lo culparon a él, se malinterpretó el hecho de decir que porque él operaba él era el responsable de toda la cirugía, incluido los papeles del pediatra, anestesiólogo, la enfermera instrumentista y la circular”, dijo Carranza.
Para la defensora, no hubo investigación de parte de la Fiscalía en la aplicación de dicha norma en el caso de la cesárea.
“Solo se dejaron guiar por las declaraciones, por las entrevistas, por las acusaciones directas sin informarse, sin indagar, sin tener pruebas reales y contundentes en contra del doctor”, expresó.
Las últimas entrevistas a la demandante y al testigo en el parto se habrían hecho el 31 de agosto y la orden administrativa para detener al obstetra ocurriría el 1.º de septiembre. “Como pueden observar, investigación no existió”, alegó la defensora.
Luego de la audiencia inicial, el caso pasó a etapa de instrucción y al médico le dieron medidas cautelares de no salir del país e ir a firmar al juzgado cada 15 días.
“Pero como bien se dijo dentro del juicio, es con el afán de investigar, de ampliar entrevistas, por ende las investigaciones que no existieron antes de la audiencia inicial”, sostuvo Carranza.
De momento, y de obtener un fallo a su favor, Guidos no considera interponer una contrademanda. “Pues la verdad yo quiero salir de esto primero. Estoy concentrado en librar mi buen nombre, el honor de mi familia, el honor de mi gremio, de todos mis amigos, que nos han insultado por las redes sociales”, manifestó.
Medidas de control
Aunque hubo más partos ese día, el brazalete se prepara a la hora de la cirugía, que en el caso del bebé Cushworth Casanellas fue a las 9:20 de la noche, el último de ese día.
Descarta que pudiera ocurrir una confusión a la hora de colocar los brazaletes o que ahí pudiera darse el intercambio. “No porque el brazalete en el momento que dicen la paciente fulana va a entrar a quirófano ya se prepara, según los datos que han dado, sus documentos, la fulana de tal, papá fulano de tal y ya está listo el brazalete para cuando el bebé nace se le ponga”, expresó.
Comentó que la cadena de custodia del hospital no deja al bebé solo y que “es bien raro” que en esa cadena pudiera ocurrir alguna alteración de los nombres, pero que “no es imposible”.
Desconocen si habría un procedimiento de investigación directamente en la nursería. “Realmente solo tengo el conocimiento que se ha tomado declaraciones y entrevistas de las enfermeras, que en el requerimiento fiscal existen. Se tomó entrevistas de las enfermeras, de la médico pediatra, de la médico que estuvo en el rol de ayudarle al doctor, que es parte de los empleados del hospital Ginecológico, más no del anestesiólogo”, argumentó Carranza.
La paciente Soto Casanellas recibió el alta y en ningún momento expresó alguna duda, afirmó Guidos. Tampoco cuando le quitó los puntos, ni a los 42 días cuando finaliza el puerperio tampoco expresó inquietud, incluso fijaron la fecha de la siguiente cita.
Entonces, doctor, ¿el ginecólogo, por hacer la cirugía y terminar la atención a la madre, no tiene la certeza de que sean los plantares del niño?
Realmente no, a mí me dicen estos son los plantares y la testigo que está allí es la que da fe, y la pediatra por supuesto. No los hago yo, nunca llego yo a poner las huellitas y así se va a llamar.
¿Y el plantar tiene la única función de ser solo un documento para el registro civil o funciona como una huella digital? El plantar se considera una huella, porque los niños nacen sin huella, pero sí tienen características en el pie y con eso se puede reconocer un bebé.
¿Usted sabe de alguna vez que se haya caído o roto un brazalete?
No. Es muy fuerte. Se puede estirar y solo se corta con tijera. Son muy resistentes, son sellados.
¿Entonces no se rompió ni se cayó. Cabe la posibilidad de que se hayan confundido los brazaletes?
No, porque el brazalete se prepara desde que se dice la paciente fulana entrará a quirófano. Ya está listo para que cuando el bebé nace se le ponga. Incluso en caso de que un niño nazca muerto se le pone, porque aunque murió pertenece a alguien.
¿Antes de iniciar el control prenatal, conocía antes a la señora Soto Casanellas?
No. Jamás. Ella llegó porque estoy en la red aseguradora. No sé por qué razón me escogió. Me dijo estoy embarazada y comenzamos el control. Los controles se llevaron bien y no hubo ningún problema.
¿Se puede decir que hubo cordialidad en el control?
Claro. Siempre. Se atendió bien, como se atiende a todos los pacientes.
¿Durante el control se le explicó a ella cómo evolucionaba el bebé, las características del bebé?
Lo único que podía ver a través del ultrasonido es que el bebé estaba más pequeño de lo esperado. Le dije que tenía que subir de peso, pero no lo hizo mucho, le receté suplementos y con eso logré que ganara peso el bebé y se desarrollara bien. En el control ultrasonográfico no se detectaron ni malformaciones ni falta de líquido, lo único que se vio raro era el circular de cordón. Otra cosa que podía asegurar es que era varón, pero rasgos, piel, pelo, eso no se puede.
¿Cuando le quitó los puntos ella no dijo que veía alguna irregularidad con el niño?
Los puntos se quitan entre ocho y 10 días. Nunca me dijo nada, ni siquiera lo llevó.
¿La vio nuevamente para otro control?
Cuando se cumplen los 40 0 42 días que es cuando finaliza el puerperio. Nunca dijo nada, es más, solo porque me quitaron el expediente no le puedo decir la fecha, pero llegó a decirme que se iba a ir a Texas y que cuándo le tocaba la citología. Hice el cálculo y le dije que en febrero, me dijo que regresaba en febrero y nos veríamos el otro año. Esa fue la última vez que la vi.
Segunda Vuelta 