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Exorcismo contra un fantasma. Columna Transversal de Paolo Luers

¿Cuál el problema que inhibe llevar un debate racional sobre la mejor manera de garantizar el carácter público del recurso hídrico: vía el Estado, en manos del Ejecutivo – o mediante una Autónoma, en la cual estén representados directivos nombrados por el Estado y otros por el sector privado? No caigamos en debates pasionales sobre conflictos inventados.

16 junio 2018 / El Diario de Hoy

Mientras los obispos de Nicaragua están poniendo el pecho para proteger a los manifestantes contra los escuadrones de la muerte de Ortega, la Conferencia Episcopal de El Salvador publica un comunicado titulado “No permitamos que los pobres mueran de sed”. ¿En serio quieren arrastrar a la Iglesia a la campaña electoral, a la par del FMLN y Nuevas Ideas? Porque la campaña contra la privatización del agua es demagogia electoral, ya que nadie en este país está promoviendo tal privatización.

Se está configurando una alianza para una cruzada nada santa: el FMLN, que necesita una bandera popular para sacarse de la crisis luego de la derrota electoral de marzo 2018 y el destape de la corrupción de su primer presidente Mauricio Funes; la UES, que marchó a la Asamblea, con su rector a la cabeza y los grupos de choque armando relajos; Bukele, quien inmediatamente trató de ponerse a la cabeza: “Estoy seguro de que en un tema como el del agua, podemos hacer a un lado nuestras diferencias partidarias y hacer un frente común contra ARENA y la ANEP”.

Con esto queda claro el carácter de esta alianza: “Todos contra ARENA”. Y por supuesto, no quiso faltar el exilado en Nicaragua: “ARENA ordena reprimir y disuelve manifestaciones como la organizada este día para oponerse a la privatización del agua”.

En serio, ¿en esta alianza quiere incorporarse la Iglesia Católica? No es nada sorprendente que el FMLN, Nuevas Ideas y algunos de sus patrocinadores intelectuales en la UCA quieran convertir un debate sobre cómo administrar los recursos hídricos del país en conflictos que más bien parecen a cruzadas religiosas. La sola frase “privatización” es suficiente para abandonar toda racionalidad, crear pasiones, explotar miedos y resentimientos sociales, y satanizar un proyecto de ley —incluso cuando explícitamente declara el agua un bien público que nunca puede ser privatizado.

Parece ser suficiente que el FMLN y Nuevas Ideas inicien una cruzada contra el diablo llamado sector privado para que la Iglesia Católica se deje arrastrar a este terreno demagógico. Ante esta situación, lo que hace falta es inyectar racionalidad al debate. Nos quieren hacer creer que aquí se trata de una batalla entre quienes quieren defender el carácter público del recurso agua y quienes lo quieren convertir en mercancía. Pero analizando fríamente lo que están discutiendo en la Asamblea, queda claro que esta batalla no existe. Más bien existe un debate sobre qué significa “recurso público”. Los que gritan “privatización” quieren definir que “público” significa estatal, o incluso gubernamental —y los otros definen “público” como propiedad de la sociedad.

De ahí se desprenden dos conceptos de cómo constituir el ente público que va a administrar, regular, desarrollar y proteger el recurso público agua. Unos exigen que la Autoridad Hídrica sea estatal y en manos del gobierno; otros exigen que sea autónoma, con participación tanto del Estado (ejecutivo y municipios), como del sector privado. Este último, la presencia del sector privado en una entidad autónoma reguladora del agua, ya es sacrilegio para la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, para el FMLN, para la UCA y la UES, para Nuevas Ideas… y para los obispos católicos. Les huele a azufre privatizador y requiere exorcismo.

Parece que nadie de los que promueven la cruzada contra la privatización del agua ha tenido seguimiento a los debates, propuestas, enmiendas y primeros consensos en la Asamblea. No se dieron cuenta, o más bien no quieren reconocer que nadie, en ningún momento, ha propuesto privatización, y que tampoco está en discusión entregar la regulación y administración a ANEP. El mecanismo propuesto para asegurar el carácter autónomo y público de la entidad reguladora es que el gobierno nombre directivos, pero que no sean ni ministros, ni dirigentes partidarios, ni funcionarios de elección popular; y que ANEP nombre directivos, pero que no pueden ser dirigentes de las gremiales empresariales ni personas vinculadas a empresas que tengan interés comercial o industrial en el agua. Ambos, el Estado y el sector privado, tendrán que nombrar personas idóneas por su capacidad técnica y administrativa. Ni el gobierno de turno, ni mucho menos una gremial empresarial tendrá control de la Autoridad Hídrica.

Entonces, ¿cuál privatización? ¿Cuál necesidad de armar cruzadas? ¿Cuál el problema que inhibe llevar un debate racional sobre la mejor manera de garantizar el carácter público del recurso hídrico: vía el Estado, en manos del Ejecutivo – o mediante una Autónoma, en la cual estén representados (como en cualquier otra entidad autónoma: Seguro Social, Superintendencias, CEPA, CEL) directivos nombrados por el Estado y otros por el sector privado? No caigamos en debates pasionales sobre conflictos inventados.

 

Vea también:
Carta: Espero que nunca nos topemos con terroristas

Carta sobre el Caso Jesuitas: ¿Queremos una cadena de ajuste de cuentas? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 30 noviembre 2017 / MAS! y El Diario de Hoy

El asesinato de los Jesuitas no nos deja en paz. Lo que es bueno, porque sigue siendo uno de los acontecimientos que nos marcaron a todos, independiente de en qué lado hayamos estado este día 16 de noviembre del 1989, día que la guerra llegó a su punto máximo. Pero día también que echó a andar la cuenta regresiva de la paz que firmaríamos 2 años después.

¿Por qué digo que no nos deja en paz? Voy a citar dos cosas que pasaron en estos días.

I.
Screen Shot 2017-11-29 at 11.03.55 AM.pngEl 24 de noviembre un candidato a diputado, Héctor Menjívar, publica un tuit que dice así: Lo que de verdad es INMORAL, es que una institución como UCA liderada supuestamente por “SACERDOTES” como el Doctor Chema Tojeira se dedique a corromper mentes y almas salvadoreñas con el MARXISMO ANTI CRISTIANO de su “teología” de la liberación y la ideología de genero.”

logos MAS y EDHEste es exactamente el discurso de los militares y civiles opuestos a la intención del presidente Alfredo Cristiani de buscar una paz negociada al conflicto. Este lenguaje sirvió el propósito de preparar el terreno (y la legitimación), para que otros tomaran acción y eliminaran a los padres jesuitas. Bajo el manto de esta absurda acusación contra Ignacio Ellacuría y los demás padres jesuitas, querían boicotear el proceso de paz anunciado por Cristiani – y promovido por los jesuitas. Igual que los sectores del FMLN opuestos a una salida pacífica tomaron la decisión de asesinar al doctor José Rodríguez Porth, ministro de presidencia y principal asesor de Cristiani.

Lo irónico: el señor Héctor Menjívar, quien revive este discurso retrógrado, aspira a la diputación bajo la bandera del PDC, partido que se llama cristiano, y en cuya dirigencia se encuentra Ana Guadalupe Martínez, ex dirigente del ERP y una de las gestoras de los Acuerdos de Paz.

II.
Screen Shot 2017-11-29 at 3.31.41 PM.pngDías después, los actuales autoridades de la UCA presentaron ante la justicia penal la solicitud de volver a abrir el caso Jesuitas, para castigar a los que consideran autores intelectuales de este crimen, incluyendo a Alfredo Cristiani.

En mi criterio, ambas posturas -la del candidato Menjívar y la de la UCA- son irresponsables. No abonan a la verdad, que ambos alegan buscar, ni a la justicia, ni a superación de los traumas de la guerra.

La UCA argumenta que dio este paso porque el Estado no ha hecho nada para llenar el vacío que dejó la decisión de la Sala de suspender la amnistía. Es cierto, ni Casa Presidencial, ni la Asamblea han movido un dedo para crear una legislación que llene este vacío. Pero los que realmente estaban llamados a presentar una nueva ley de reconciliación no basada en el olvido, pero tampoco en el ajuste de cuentas, no fueron ni el presidente ni los partidos ARENA y FMLN, o sea los protagonistas del conflicto, sino las pocas instancias de autoridad intelectual, ética y cívica que tenemos, incluyendo precisamente la UCA. Pero tampoco han movido un dedo.

Las posturas tan contrarias como de Menjívar y de la UCA se complementan para crear una cadena de enfrentamientos políticos y judiciales que terminará no en justicia y paz, sino en ajuste de cuentas.

Estamos mal, muy mal. Reflexionemos todos. Saludos,

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La encuesta de la UCA… De Luis Mario Rodríguez

La falta de respuesta a las necesidades de la gente, la corrupción y el creciente deterioro institucional son algunas de las causas que podrían “conllevar en el mediano plazo a un progresivo agotamiento del sistema político salvadoreño”.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 26 enero 2017 / EDH

El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP,) de la UCA,  presentó los resultados de  la encuesta sobre el estado del país y la democracia a 25 años del acuerdo de paz. Sobre la democracia se señala que el 65.9 % de los consultados considera que ha “mejorado” poco o nada. En cuanto al “sistema político” el 81.8 % aseguró estar poco o nada satisfecho con su funcionamiento, mientras que el 82.4 % se expresó en el mismo sentido cuando se le preguntó sobre el “sistema de partidos” agregando, en este último aspecto, que el 75.5 % cree que este es el ámbito que “menores avances” ha presentado durante estas dos décadas y media después del pacto de Chapultepec. Existe, por tanto, una “alta insatisfacción ciudadana” con “las instituciones claves del país”.

diario hoyEs muy probable que los entrevistados asocien ambos tipos de sistemas, el político y el de partidos, al comportamiento de quienes integran a estos últimos. Lo contrario podría hacernos creer que la población está de acuerdo con la sustitución de los partidos por otros “sujetos” que, sin “ataduras ni controles”, se encarguen de administrar el poder político. Ciertamente a los partidos se les juzga, en buena parte, por la conducta de quienes les representan en la Asamblea Legislativa, en los concejos municipales o en el Órgano Ejecutivo. Otra forma de evaluarlos, que recientemente ha tomado importancia, tiene relación con lo dicho de manera reiterada en esta columna de opinión: la transparencia con la que manejan los fondos que reciben y la apertura que revelan permitiendo la entrada de nuevos liderazgos.

La falta de respuesta a las necesidades de la gente, la corrupción y el creciente deterioro institucional, son algunas de las causas que, según el estudio de opinión, podrían “conllevar en el mediano plazo a un progresivo agotamiento del sistema político salvadoreño”. Algunas de estas condiciones, y la falta de atención y diligencia para corregirlas, terminaron sepultando la estabilidad política en varios países suramericanos en los que se reemplazó a los partidos por individuos cuyo propósito fue el de concentrar el poder en una sola persona con la finalidad de  ejercerlo arbitrariamente.

La solución no está en relevar a los partidos políticos de la función que cumplen en una democracia. De hecho la misma encuesta de la UCA advierte que “tres de cada cuatro ciudadanos (76.4 %), consideran que la democracia sigue siendo el mejor régimen político para el país, aunque tenga problemas”. Seguramente el tipo de democracia al que la gente se refiere es el “electoral”, porque a través de las votaciones tienen la posibilidad de cambiar a quien lo está haciendo mal. Se trata entonces de renovar a las personas sin desbaratar al sistema. La irrupción de nuevos partidos, con arraigo democrático y que se alejen del populismo, así como la modernización de los institutos políticos tradicionales, ambos con la firme convicción de promover la transparencia, el acceso a la información pública y el combate a la corrupción, es la mejor estrategia para revertir la percepción de la gente sobre el desgaste del sistema democrático.

La encuesta también se refiere a “la valoración negativa sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos de paz” y a la opinión mayoritaria, casi el 85 %, que se muestra favor “que el país adopte una nueva Constitución que reforme el sistema político salvadoreño”. Respecto del último punto entendemos que los entrevistados siguen equiparando al sistema político con los partidos. Para reformar a estos últimos no es necesario un cambio a Ley Fundamental. Basta con que las instituciones encargadas de regularlos les obliguen a cumplir la ley y, principalmente, que los ciudadanos elijan a los mejores candidatos para que tomen el mando al interior de las organizaciones partidarias y de esa forma se presenten mejores opciones a diputados, alcaldes y presidente.

Sobre el cumplimiento del acuerdo de paz, tanto la democratización del país, como el respeto a los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña, deben juzgarse en su justa dimensión. En 1992 se terminó con los fraudes electorales, se aplacó la represión y los salvadoreños aplaudieron la terminación del conflicto armado. Veinticinco años después el desagrado con la democracia no puede imputársele a aquel convenio histórico.

Mal servicio policial. De Rodolfo Cardenal

Rodolfo Cardenal, padre jesuita, director del Centro Monseñor Romero de la UCA

Rodolfo Cardenal, padre jesuita, director del Centro Monseñor Romero de la UCA

Rodolfo Cardenal, 21 enero 2016 / Noticias UCA

La solicitud de la Policía a la Fiscalía para que investigue a una empresa mediática por “apología del delito” y por cuestionar la autoridad de ambas instituciones dice más de lo que parece; pone de manifiesto la impotencia de las instancias encargadas de perseguir e investigar el delito, rebasadas por una realidad criminal de gran envergadura. A los jefes policiales parece haberles molestado sobremanera que se pusiera en evidencia la pérdida efectiva del control territorial por parte del Estado, algo que está a la vista de todos. La teoría política clásica puntualiza que el Estado es débil cuando pierde el control de su territorio y cuando la recaudación tributaria es inferior a lo establecido por la ley.

El Estado salvadoreño perdió el control de alrededor de un tercio del territorio nacional —más del rural que del urbano, quizás— durante la guerra civil. En la actualidad, no tiene control efectivo de inmensas porciones del país. Si no, cómo se explica que las pandillas cobren impuestos o extorsionen, administren justicia —sin duda, ilegal, injusta y cruel, pero justicia al fin de cuentas—, decidan sobre el sitio de residencia y la propiedad, autoricen el tránsito de personas y vehículos, paralicen el transporte y la actividad económica a su antojo o conveniencia.

UCAA las autoridades de la PNC parece haberles sacado de sus casillas que se haya evidenciado que la autoridad en muchos territorios la detentan los pandilleros, no sus agentes, a pesar de sus discursos elocuentes, de su armamento pesado y su negra parafernalia, de sus patrullajes y de sus operativos. Por mucho que les moleste, en muchas localidades, la mayoría de ellas densamente pobladas, no hay institucionalidad, ni autoridad, ni Policía, ni Ejército. Y los políticos solo penetran en esas zonas con permiso expreso de los jefes locales, que establecen horario y condiciones, y supervisan las actividades.

A los asustadizos conviene recordarles que la Policía tampoco tiene control efectivo de las calles de las ciudades y de las carreteras. La ley que prevalece en ellas es la de los buseros y la de los que violentan las normas básicas del tránsito vehicular de manera prepotente e impune. La razón es sencilla: la policía de tránsito está ausente; en la práctica, no existe en El Salvador. Los controles esporádicos en algunas carreteras no solo son ineficaces para lo que dicen pretender, sino que, además, son una contradicción, porque detienen el flujo vehicular allí donde debiera ser fluido.

Si a los jefes policiales tanto les preocupa que el periódico en cuestión alarme a una población ya atemorizada, el ocultamiento de la realidad de las colonias, los pasajes y los asentamientos rurales no producirá la seguridad ciudadana que dicen desear. Negar la realidad no la transforma. Más bien es muy alarmante que la dirección policial se conforme con esconder la inseguridad para producir seguridad. Otra llamativa contradicción.

El problema es antiguo, se remonta a los Gobiernos de Arena, que apostaron por mantener activos a miembros de los antiguos cuerpos de seguridad militarizados, y al FMLN, que negoció elementos importantes de los Acuerdos de Paz con tal de introducir a sus combatientes en las filas de la PNC. Desde entonces, lo que debía ser una policía civil, que garantizara la seguridad y la convivencia ciudadana, se convirtió en un cuerpo armado, más militar que civil, más represivo que abierto a la ciudadanía, ineficaz para combatir la organización criminal. En buena medida, la responsabilidad es de los políticos, muy dados a los despliegues publicitarios y a la grandilocuencia.

La petición de los jefes policiales a la Fiscalía refleja más el miedo de una PNC desorientada e impotente que una preocupación institucional por la seguridad ciudadana. Así no se puede combatir el delito. Ayudar a los habitantes amenazados por los pandilleros a abandonar sus viviendas es cosa buena, sin duda, pero eso no es lo que se espera de la Policía. Una corporación aún más represiva, similar a los antiguos cuerpos de seguridad, tampoco garantiza la seguridad y la convivencia ciudadana.

Utilizar el argumento del secreto de Estado para ocultar los mapas que muestran el control territorial de las pandillas es una simpleza, porque el hecho es público, aunque se conozca de manera fragmentada. Los mapas proporcionarían la visión global del fenómeno. Pero por eso mismo, mostrarlos sería poner en evidencia la extensión y la gravedad de la incompetencia institucional. Muy mal servicio hacen estos jefes policiales a la ciudadanía y al Gobierno cuando se refugian en un falso concepto de institucionalidad para esconder ineptitudes, ineficiencias y desatinos.

Una elección ética, no política: UCA sobre elección del nuevo fiscal general

Un día antes de terminar el mandato del fiscal general saliente, la UCA publica un editorial llamando a los diputados a escoger a su succesor en “una elección ética, no política”.

UCAEditorial, 2 diciembre 2015 / UCA

Cuando faltan muy pocos días para que termine el período del actual Fiscal General, es necesario reflexionar un poco más sobre las actitudes y esperanzas que el nombramiento del nuevo titular genera en estos tiempos de violencia exacerbada. Con frecuencia se ponen unas expectativas exageradas en la elección de la persona y se olvidan dos factores que tienen, para bien o para mal, más peso. La situación y calidad de las instituciones es el primero. Una buena institucionalidad funciona incluso con una persona no necesariamente brillante o adecuada. Pero una institución grande, de funcionamiento deficiente, mal estructurada y con vicios persistentes en la selección y conformación del personal necesita algo más que un experto para iniciar el camino a la excelencia. Y el segundo de estos factores es la cultura imperante. Cuando el ojo por ojo, la venganza como tradición, el machismo y la ley del más fuerte dominan en la cultura, el esfuerzo por cambiar patrones de violencia tiene que ser colectivo y fruto de un trabajo interinstitucional.

Con esto no queremos decir que la elección de la persona que esté al frente de la Fiscalía carezca de importancia. Claro que la tiene. Apego a las leyes del país, historial libre de favoritismos sectoriales y compromiso con la lucha contra la impunidad de los poderosos son tres condiciones que deberían considerarse indispensables. Pero es necesario valorar a la persona en el contexto de los dos factores mencionados. Quien sea elegido debe tener la capacidad de diseñar políticas de largo plazo en la lucha contra la criminalidad y ser capaz al mismo tiempo de desarrollar una intensa relación con una gran diversidad de instituciones, tanto las del área judicial y de la persecución del delito como las abordan el tema de la violencia desde la investigación y el estudio. La relación con las organizaciones, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, dedicadas a proteger y defender los derechos humanos debe ser también prioritaria, en la medida en que reciben y escuchan con mayor cercanía el dolor de las víctimas.

Es evidente que al frente de la Fiscalía se necesita a alguien enérgico y capaz de enfrentar los duros retos que tiene El Salvador en la persecución del delito. Enfrentarse a la impunidad que cubre a una serie de hechos graves, como el homicidio, el abuso de menores o la violencia contra la mujer, requiere personas de carácter. Pero también eficacia profesional y capacidad de dialogar e impulsar un esfuerzo multidimensional contra la violencia y el delito. Una Fiscalía mejor dotada, una puesta en común de las dificultades que enfrentan policías, fiscales y jueces, una más honda reflexión sobre la cultura de la violencia y las vías posibles hacia una cultura de paz no son tareas que correspondan exclusivamente al Fiscal. Sin embargo, él tiene que estar en medio del diálogo y de la búsqueda de soluciones a la falta de coordinación interinstitucional y a la violencia rampante.

Un buen Fiscal no puede dejar que sus subalternos y la Policía continúen perdiendo el tiempo con detenciones masivas por resistencia a la autoridad para después soltar rápidamente a los detenidos, que en su gran mayoría son jóvenes. Eso solo dilapida recursos (ya escasos), fomenta la impunidad y acrecienta la desconfianza en las instituciones. Mucho menos puede permitir la trampa o el exceso de fuerza, como en los enfrentamientos en que muere un buen grupo de supuestos delincuentes a manos de agentes o soldados que resultan ilesos pese a ser sorprendidos en inferioridad numérica. Tampoco es tolerable el uso como testigos criteriados de personas que en realidad han sido chantajeadas para que den testimonio.

Entre los candidatos a dirigir la Fiscalía hay excelentes profesionales; también personas que han convivido alegre e irresponsablemente con la impunidad. Algunos son rechazados por una buena parte de la sociedad civil, y los diputados deberían tomar nota de ello. La elección del Fiscal no debe ser una elección puramente política, sino ante todo una elección ética. En ese contexto, escuchar a la sociedad civil legitimaría la decisión de los legisladores y les ayudaría a entender mejor los problemas de la institucionalidad actual, las raíces de la violencia y la necesidad de recursos tanto para la Policía como para la Fiscalía. Y sobre todo les posibilitaría conocer de primera mano y comprender la problemática de las víctimas de las múltiples injusticias que sufre la mayoría de nuestro pueblo. Eso, sin duda, les ayudará más a elegir al Fiscal que El Salvador y su gente necesitan.

El pueblo salvadoreño necesita un nuevo Fiscal General con credenciales inobjetables: Fusades, UCA, Fepade, Funde

Cuatro de las instituciones más prestigiosas del país se unieron para exigir a la Asamblea que elijan a un nuevo fiscal general que sea honesto, valiente e independiente. Las instituciones presentan una novedosa definición de la indpendencia que necesita un fiscal: “entendiendo la independencia no solo respecto de los partidos políticos, sino también de cualquier otra presión que pudiera ejercerse sobre quien sea electo, con el propósito de encubrir delitos o perjudicar la reputación de ciudadanos inocentes.”

Segunda Vuelta

UCAEntre los muchos problemas y carencias que agobian a la sociedad salvadoreña, los elevados y persistentes índices de criminalidad y la corrupción en varias instituciones del Estado figuran de manera prominente, no solo por su impacto directo en las posibilidades de desarrollo económico, político y social, sino también por su efecto perverso en las instituciones públicas llamadas a proteger y a procurar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.

Screen Shot 2015-11-21 at 10.54.16 AMSabemos que los problemas son complejos y tienen raíces históricas y estructurales profundas. Somos conscientes de que en la construcción de las soluciones deben involucrarse de lleno todos los órganos del Estado y de la empresa privada. Sin embargo, una de esas instituciones, la Fiscalía General de la República, es por mandato constitucional la principal responsable en el combate contra la delincuencia y en la protección de los intereses del Estado.

En cumplimiento de sus funciones y atribuciones, la Asamblea Legislativa debe elegir en las próximas semanas al nuevo titular de la Fiscalía General de la República, proceso que se ha iniciado con la convocatoria a profesionales cualificados e interesados en asumir tan delicadas responsabilidades, habiéndose completado la evaluación preliminar de esas candidaturas.

Screen Shot 2015-11-21 at 10.55.03 AMEl momento es oportuno para exhortar a las señoras y señores diputados a completar ese proceso de elección con todo el rigor, la honestidad y la lucidez que tal responsabilidad exige, poniendo por encima de cualquier otra consideración el interés y la conveniencia de toda la sociedad salvadoreña.

Además de las competencias jurídicas y administrativas que el cargo requiere, los representantes del pueblo en la Asamblea Legislativa deben poner especial atención a las virtudes morales sin las cuales no es posible conducir la Fiscalía con la rectitud y la eficacia que la situación del país demanda.

Screen Shot 2015-11-21 at 10.55.31 AMParticular consideración debe otorgarse a la honradez, valentía e independencia de los candidatos, entendiendo la independencia no solo respecto de los partidos políticos, sino también de cualquier otra presión que pudiera ejercerse sobre quien sea electo, con el propósito de encubrir delitos o perjudicar la reputación de ciudadanos inocentes.

Para hacer una buena elección, el pueblo salvadoreño exige a sus diputados superar las tendencias que hasta hoy han prevalecido, en el sentido de bloquear o favorecer a determinados candidatos no en razón de sus debilidades o de sus méritos, sino según el cálculo de lo que más conviene a las cúpulas de los partidos políticos.

El pueblo salvadoreño necesita recuperar confianza en sus instituciones. Necesita un nuevo Fiscal General con credenciales inobjetables. Necesita que la Asamblea Legislativa lo elija con entera transparencia y sin otra motivación que el mejor servicio posible a la sociedad.

Comunicado B