jueces

Los jueces penales denuncian al fiscal general Douglas Meléndez

Los jueces penales del órgano judicial salvadoreño han reaccionado a las declaraciones del fiscal general Douglas Meléndez, que según ellos atentan contra la independencia de la justicia y los juzgadores. Publicaron un comunicado y mandaron una demanda formal contra el fiscal general al Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados. Documentamos ambos documentos.

Segunda Vuelta

 

 

 

 

 

 

 

Carta a una jueza: A pesar de todas las presiones, ¡haga justicia! De Paolo Luers

Paolo Luers, 23 marzo 2017 / EDH y MAS!

Estimada aplicadora de justicia:
Usted ya sabe a quién me dirijo y a qué caso me refiero. No pongo nombres, porque el problema es precisamente que usted está haciendo un manejo de la reserva del caso que me parece peligroso. No vaya ser que al hablar de este caso claro y peladamente, como es mi costumbre, me consigo una demanda.

Resulta que usted está oyendo un caso penal que ya va en su fase final. Ya pasó el tiempo de instrucción que usted concedió a la Fiscalía. Ya presentó la Fiscalía su acusación, y ya está programada la audiencia para mayo. Por tanto, los defensores de los acusados le solicitaron copia de esta acusación, para poder preparar su defensa técnica, como es su deber constitucional, y un derecho de cualquier acusado.

Me parece absurdo que tengan que solicitar este documento cuando teóricamente, por lógica y razón común, automáticamente tendría que ser puesta a disposición de la defensa. Pero más que absurdo, mejor digamos insólito, es que la Corte le niegue este documento de acusación a la defensa, a menos que la Fiscalía no tenga objeciones. La Fiscalía no puede tener veto en este asunto solo porque que se declaró reserva sobre el caso.

Lo lógico es que la reserva signifique que el público y los medios no tengan acceso a la información que se ventila en un caso. ¿Pero cómo puede interpretarse que la reserva se aplique a los acusados y sus defensores? ¿Cómo se puede negar a la defensa el pleno y pronto conocimiento de los supuestos elementos comprobatorios aportados por la fiscalía? ¿Cómo se le puede conceder a la fiscalía el derecho de vetar los derechos de la defensa?

No soy jurista, pero el derecho tiene que corresponder siempre a la razón común. Y a la decencia. Si esto no está garantizado, si el derecho no se rige por la lógica sino por sofismos que nadie entiende, los ciudadanos no podemos tener confianza en la Justicia.

Todavía es tiempo para que usted, señora jueza, oiga las objeciones de la Fiscalía para luego, a nombre de la justicia y el derecho a la defensa, rechazarlas. No lo estoy exigiendo porque algunos de los acusados sean mis amigos, sino porque como muchos estoy preocupado por la credibilidad del sistema judicial.

Si no podemos tener confianza en la actuación de la PNC y de la Fiscalía, por tantos abusos y manipulaciones que están cometiendo, la última barrera entre el Estado de Derecho y el Estado fallido son los jueces, su independencia y su valentía.
Le saludo con mucho respeto por su difícil tarea,

Ese mortífero poder de los jueces. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto_Saenz_MarineroHumberto Sáenz Marinero, 12 octubre 2016 / EDH

Siempre me ha gustado citar a Calamandrei y, sobre todo, a su obra el “Elogio de los jueces”. El jurista, político y periodista italiano, en la referida obra decía: El Estado siente como esencial el problema de la elección de los jueces, porque sabe que les confía un poder mortífero que, mal empleado, puede convertir en justa la injusticia, obligar a la majestad de la ley a hacerse paladín de la sinrazón e imprimir indeleblemente, sobre la cándida inocencia, el estigma sangriento que la confundirá para siempre con el delito.

diario hoyY agregaba: El juez es el derecho hecho hombre; solo de este hombre puedo esperar en la vida práctica la tutela que en abstracto me promete la ley; si este hombre sabe pronunciar a mi favor la palabra de la justicia, podré comprender que el derecho no es una sombra vana.

Estas palabras, escritas en 1935, conservan hoy día toda su actualidad aunque quizá hoy somos más los que las entendemos; al menos por estos rumbos. Digo esto porque poco a poco los ciudadanos hemos ido adquiriendo conciencia de la importancia que tiene el Órgano Judicial, ese que no estamos acostumbrados a escuchar y sobre el cual no estamos acostumbrados a hablar.

El Órgano Judicial ha dejado de ser preocupación exclusiva del gremio de abogados. Ahora es la ciudadanía la que clama por jueces independientes, honestos, académicamente preparados, profundamente conocedores del derecho, que sean conscientes de la realidad en que vivimos y que estén dispuestos a ejercer su facultad de imperio sin disimulo alguno.

La importancia que en nuestro país ha adquirido el Órgano Judicial es tal que importantes representantes de partidos políticos han manifestado públicamente su nefasto deseo de controlarlo, y por sus actuaciones tal parece que están dispuestos a intentarlo a cualquier precio. Ha quedado de manifiesto que ansían desesperados ese poder mortífero.

Pero ya que los ciudadanos hemos entendido la importancia de este Órgano, no podemos quedarnos impávidos antes los descarados esfuerzos por controlarlo, como tampoco debemos ignorar la existencia de malos elementos al interior del mismo.

Debemos unirnos a los esfuerzos encaminados a mantener la independencia del Órgano Judicial, así como a la lucha contra el enquistamiento de la corrupción y el crimen organizado, que lamentablemente ha carcomido buena parte de tan importante Órgano del Estado.

Tenemos que exigir que se depuren los malos jueces, que se aparte a todo aquel que no ha sabido llevar con dignidad la enorme responsabilidad que descansa sobre sus hombros, que se margine a aquel que no ha dimensionado a cabalidad lo que significa tener el poder de juzgar a sus semejantes y que se sancione a todo el que se haya prestado a vender justicia.

En ese sentido, las expresiones realizadas en los últimos días por varios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como las evidencias de que se han comenzado a hacer esfuerzos por profesionalizar y transparentar la labor de la Sección de Investigación Judicial, dejan un muy buen sabor de boca. Son buenas señales de que quizá esta vez, sí vamos a comenzar a ver una verdadera depuración judicial; ojalá así sea.

En ese mismo afán, ya no se pueden seguir callando las consabidas prácticas de ciertos jueces y empleados del Órgano Judicial. Si somos testigos de actos de corrupción o de arbitrariedades disfrazadas de resoluciones, tenemos los mecanismos para denunciarlo públicamente. Ahora podemos ser escuchados con mayor facilidad y tenemos muchas más herramientas al alcance de nuestras manos.

Desde luego que nosotros, los abogados, como operadores usuales del sistema judicial, somos los principalmente llamados a realizar estas denuncias y a no prestarnos a que se perpetúen prácticas alejadas de la legalidad que riñen con nuestro juramento y que, peor aún, nos convierte en cómplices directos de lo que tal vez solo en silencio denunciamos.

Tampoco podemos tolerar que intereses mezquinos, vengan de donde vengan, pretendan tomarse el Órgano Judicial. Si como ciudadanos queremos que en los tribunales se imparta justicia y queremos que el derecho no sea sombra vana, tenemos que preocuparnos porque los procesos de elección de jueces y los procesos de elección de quienes eligen a los jueces, cumplan con lo que ya dice la Constitución y las leyes.

Y esto último pasa por recordar que quienes en 2018 elegirán a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deben ser personas de notoria honradez e instrucción. Démosle contenido real a este requisito;  como ciudadanos tenemos que saber qué hacer para entonces.

@hsaenzm

Carta a los jueces: No consientan la mediocridad de la fiscalía. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 26 mayo 2016 / EDH

Estimados administradores de justicia:
En un país que tiene buenos jueces (independientes, justos, incorruptibles), todos los problemas tienen solución y no se convierten en crisis de Estado. Incluso cuando el problema es un mal juez (corrupto, incapaz, o parcial), los demás jueces corrigen la falla.

En la ciudad en la cual yo crecí, los jueces eran los personajes más respetados de la sociedad, sinónimo de sabiduría y equilibrio. La gente les pedía consejo mucho antes de que un conflicto desembocara en un delito o en violencia. Su autoridad era indiscutible

diario hoyAquí en El Salvador, lamentablemente hay demasiado jueces malos, corruptos, incapaces, haraganes, parciales, prejuiciados… Claro que también hay jueces excelentes – pero no suficientes para restablecer la confiabilidad del sistema. Esta es una triste realidad, que a diario destruye existencias y, lo peor: la confianza de la gente en el sistema.

Dando seguimiento de cerca al “caso tregua”, que involucra a varios amigos, veo como los derechos de los acusados a una defensa efectiva están siendo pisoteados de una manera sistemática. Uno podría pensar que lo que está pasando en este caso son abusos excepcionales, debido al carácter político del caso y a la evidente precondena mediática. Pero discutiendo y consultando con muchos abogados penalistas, me doy cuenta que los abusos son la regla. Les pregunté a mis amigos penalistas cómo es posible que Raúl Mijango, luego de 2 semanas de estar recluido en la misma bartolina de la DAN donde tuvieron a Paco Flores, no tiene derecho de tener en su posesión el mamotreto de 138 páginas que presentó la fiscalía para acusarlo. Les pregunté como alguien va a preparar su defensa cuando no conoce los argumentos y las supuestas pruebas contra él, y por tanto no puede analizarlas, refutarlas. Las reuniones con su abogado son limitadas a 10 minutos, y ni siquiera pueden estudiar conjuntamente el documento acusador. ¿Cómo el acusado se va a defender? ¿Cómo el abogado va a preparar, junto con al acusado, la defensa? Si no dan medidas sustitutivas, no habrá defensa efectiva

Y todos los penalistas que consulté me dicen: Mire papito, así es, no es la excepción, es la regla.

Les pregunté a los penalistas: ¿Y cómo es posible que un juez, en la audiencia de revisión de medidas, permita a la fiscalía modificar la clasificación del delito y basado en esto niega las medidas sustitutivas y confirma la detención preventiva por 6 meses? ¿Cómo asociación ilícita simple (para cometer un delito concreto) de repente se convierte en asociación ilícita con agrupaciones criminales? Todos los abogados me explican que esto es sumamente irregular – pero que lo mismo pasa todos los días en muchos juzgados…

Lo que pasa, me explican mis amigos letrados, es que muchos fiscales tienen mentalidad de policías – y que muchos jueces tienen mentalidad de fiscales, tanto jueces como fiscales deberían entenderse como garantes del estado de derecho.

¿Por qué crees, me preguntó un penalista, que nunca avanzamos en la profesionalización de la investigación? Y como no tengo la respuesta, me la da: Porque hay demasiado fiscales que no exigen a la policía rigurosidad en la investigación, y porque hay demasiados jueces que dejan pasar a los fiscales acusaciones incongruentes, pruebas que no se sostienen – por lo menos en la fase inicial. Por esto hay miles de personas que guardan prisión preventiva por meses o incluso años, sin condena, porque hasta en la fase de instrucción hay un análisis serio de las pruebas y de los alegatos de la fiscalía.

Esta falla del sistema -y de los jueces- produce dos resultados fatales: el alto grado de impunidad, porque ni la PNC ni la fiscalía investigan bien; y un altísimo número de personas que al final salen libres, pero tuvieron que pasar meses o años en prisión preventiva, porque los jueces de primera instancia aceptaron acusaciones mal hechas, pobremente fundamentadas o incluso viciadas, que al final no se sostienen – pero decretaron detención preventiva.

Ahora veo a mis amigos Raúl Mijango, Roberto Castillo y otros del “caso tregua” atrapados en este sistema disfuncional y arbitrario, pero lo mismo pasa a miles de salvadoreños. Sus derechos de defensa y la asunción de inocencia son violadas todos los días, y mientras no nos pasa a nosotros o a alguien cercano, no decimos nada.

Ustedes los jueces tienen el poder de cambiar esto. Si la fiscalía trabaja mal y no presenta acusaciones sustentadas con pruebas confiables, ustedes tienen que rechazar los casos, o por lo menos decretar que los acusados puedan esperar su juicio en libertad.

Saludos,

44298-firma-paolo

 

Saquen del olvido al Consejo Nacional de la Judicatura. De Erika Saldaña

Muchas son las críticas que se hacen a los jueces y magistrados, pero casi nunca se presta la atención debida a la forma en que el Consejo Nacional de la Judicatura desarrolla sus labores.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 21 diciembre 2015 / EDH

Las elecciones de funcionarios por parte de la Asamblea Legislativa, conforme al artículo 131 ordinal 19 de la Constitución, siempre se encuentran bajo el foco de la atención por la relevancia que representan para la sociedad. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas, Fiscalía General, Procuraduría General, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, son los cargos para los cuales la Asamblea debe designar a las personas idóneas (competentes y honestas) para que desempeñen de forma adecuada las funciones que la Constitución les ha encomendado. Dentro de esa variedad de instituciones también se encuentra el Consejo Nacional de la Judicatura, cuya relevancia ha sido subestimada y prácticamente olvidada por la sociedad civil, la Asamblea y casi que por el mismo gremio de abogados.

Según lo establecido en la Constitución, el Consejo Nacional de la Judicatura es la institución que tiene a su cargo proponer los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de Cámara y los jueces de todas las instancias. Dicha atribución es de suma importancia para el correcto funcionamiento de los asuntos del país, considerando que los buenos jueces y magistrados son presupuesto fundamental para la existencia de un Órgano Judicial competente, imparcial e independiente; y es el Consejo el que se constituye como primer filtro de quienes quieran ingresar a la carrera judicial, así como también son los encargados de la capacitación, formación continua y evaluación de sus miembros. Muchas son las críticas que se hacen a los jueces y magistrados, pero casi nunca se presta la atención debida a la forma en que el Consejo Nacional de la Judicatura desarrolla sus labores ni tampoco si los concejales electos por la Asamblea Legislativa cumplen con los requisitos mínimos para desempeñar el cargo.

Si aún con la descripción de las funciones de Consejo Nacional de la Judicatura no advertimos la importancia de su función, basta con poner en perspectiva una de las actividades que realizará en los próximos años para hacerlo. En 2018, el Consejo Nacional de la Judicatura elaborará un listado de 15 abogados (de un total de 30), y de ahí saldrán los nuevos magistrados que conformarán la Sala de lo Constitucional. A sabiendas de la trascendencia de sus facultades que la Sala desarrolla, las actividades y cabildeos para su conformación pretenderá convertirse en uno de los sucesos más controlados por los partidos políticos. En los últimos años, la Sala de lo Constitucional ha sido la institución capaz de controlar los abusos del poder político, obligar a las distintas instituciones y órganos del Estado a cumplir sus funciones conforme a la Constitución y ordenar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Al tener en consideración el trabajo hecho por los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional es obvio que ese puesto será motivo de pugna al momento de intentar establecer a las personas que ocuparán el cargo del año 2018 al 2027. Por un lado, miembros de distintos partidos políticos han manifestado que “no volverán a cometer el error de 2009”, es decir, no elegirán a funcionarios independientes que sean capaces de confrontar sus actuaciones erróneas y arbitrarias, así como priorizar los intereses de la ciudadanía. Y, por otra parte, la pugna natural florecerá de la sociedad civil, quienes en los últimos años han interiorizado el importante  rol que desempeñan en una democracia, controlando mediante la opinión pública el actuar de sus representantes.En ese sentido, las organizaciones de sociedad civil tienen el deber de presionar porque se cumpla la jurisprudencia de la misma Sala de lo Constitucional, y se designen las personas idóneas para ser magistrados.

La lucha por la renovación adecuada de la mayoría de la Sala, así como la supervisión de que la elección se realice conforme a la Constitución, no tiene por qué esperar más tiempo. Desde hoy se puede empezar a allanar el camino a un buen proceso de nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia,  con la selección de personas capaces e independientes de la política partidaria para el cargo de consejal del Consejo Nacional de la Judicatura. El llamado es, una vez más, a la Asamblea Legislativa para que se tome en serio su labor en el nombramiento de los liderazgos de las instituciones públicas.