FGR

Carta sobre el primer día de la vista pública del “caso tregua”: FGR 0-2 Defensa. De Paolo Luers

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Monseñor Fabio Colindres testificando en la vista pública del “caso tregua”

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 8 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Al fin llega la hora de la verdad y la justicia. Luego de mucha campaña mediática y política sobre el tema, ayer comenzó ante el tribunal especializado la vista pública en el “caso tregua”.

La Fiscalía General de la República, encabezada por Luis Martínez (ahora preso por fraude procesal) construyó este caso como un juicio político, tratando de penalizar -y así erradicar de una vez por todo del instrumentario político- el diálogo y la mediación como método de enfrentar la violencia que sufre el país. Y el actual fiscal, por más que trató de desmarcarse del EDH loggansterismo de la fiscalía de Luis Martínez, en este caso opera exactamente igual: politizando la justicia, tratando de criminalizar una política pública – y como no logra definir como delito la tregua, la mediación y la decisión del Estado de facilitarlas, simplemente porque no son delitos, apuesta a una condena en el juicio mediático. Jurídicamente, ante el juez, sólo imputa a los acusados de delitos menores: principalmente de haber formado una asociación ilícita para introducir ilícitos a penales.

Arrancó con el desfile de testigos de la fiscalía. Los acusados: el mediador Raúl Mijango y 18 servidores públicos que ejecutaron la decisión del gobierno de Mauricio Funes de masfacilitar la mediación de monseñor Colindres y Raúl Mijango para hacer sostenible el cese de hostilidades entre las pandillas. Luis Martínez y Douglas Meléndez construyeron el caso contra ellos alrededor de 2 testigos principales: el ex director de la PNC, general Francisco Salinas; y monseñor Fabio Colindres (aparte de su estrella: “Nalo”, un dirigente de la pandilla Barrio 18 convertido en testigo criteriado).

Pero ya en el primer día, la fiscalía sufrió un serio revés: Resulta que el general Salinas y monseñor Colindres, ambos llamados por la fiscalía para testificar contra la tregua, la defendieron. Y no sólo la tregua y la mediación como concepto válido y exitoso, defendieron la actuación de Mijango y de Roberto Castillo, el oficial de inteligencia policial asignado por el ministro de Seguridad y el director de la PNC para acompañar y monitorear el proceso de mediación.

Lo más penoso que puede pasar a un fiscal es que sus testigos de cargo se conviertan en testigos a favor de los acusados. Colindres y Salinas testificaron que detrás de la mediación no hubo una asociación ilícita para favorecer a los delincuentes, sino una política oficial del gobierno de reducir la violencia y crear condiciones para la pacificación. Monseñor, citado por la fiscalía para confirmar que Mijango y Castillo introdujeron celulares a los penales, pero en casi dos horas los fiscales no lograron ninguna declaración que sostuviera esta acusación. El general Salinas, llamado para comprobar que el subinspector Castillo actuaba por cuenta propia y en asociación con Mjango, testificó que actuaba bajo el mando suyo y del ministro de Justicia, en una operación de inteligencia montada para monitorear el proceso de la mediación y de la tregua – y precisamente para asegurar que no se cometieran delitos en este contexto. 

Arrancó mal el caso de la fiscalía. Tampoco a los otros tres testigos que presentó este primer día –un miembro del Centro de Inteligencia de la PNC y dos empleados administrativos de la Dirección de Centros Penales- lograron los fiscales arrancar declaraciones que sostienen sus acusaciones.

Un día negro para la fiscalía. Viendo como los tres fiscales interrogaron a sus propios testigos, uno se forma una idea de la reingeniería que el próximo fiscal general tendrá que dar a la Fiscalía General para volverla efectiva. 

El sábado les contaré de los testimonios de otros dos testigos claves: Carlos Eduardo Burgos Nuila alias ‘Nalo’, un jefe de la 18 convertido en testigo criteriado de la fiscalía; y el primer testigo de la Defensa: general David Munguía Payés.

Mientras tanto, no crean todo lo que publicarán los medios sobre el caso. Saludos,

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Carta a la conciencia de los jefes de FGR y PNC: Se fueron de boca y murió alguien. De Paolo Luers

Paolo Luers, 29 marzo 2017 / EDH

Destacados funcionarios:
Todo es show mediático: Van al rescate de la bebé desaparecida luego del asesinato de su mamá – y ahí va el Fiscal General, con su chaqueta que dice F1, rodeado de cámaras. “El fiscal al rescate…”, se lee en los medios.

El director de la PNC no es alguien que se deja robar cámaras. Inmediatamente aparece en pantalla: “Fueron heroicos policías los que rescatan a la niña.”

En este afán de protagonismo, todo se expuso: el carro que usaron para secuestrar a la mamá, y que luego dio la pista para encontrar a la bebé; el hogar donde encontraron a la bebé. Todo en el reality show ‘El Salvador Impresionante’.

Se fueron de boca y murió la mujer. Expusieron a la testigo y la dejaron a su suerte. El día siguiente amaneció muerta.

No se necesitaba que un policía debajo de la mesa filtrara información. El fiscal general y el director de la PNC se encargaron de esto.

Si la bebé fue secuestrada junto a su mamá y luego apareció en la casa de alguien, es obvio que este alguien se convierte en testigo clave. Es el link entre los asesinos y la bebé. Ella los pudo haber identificado.

Todos estamos satisfechos que rescataron a Alexandra. Todos queremos que los asesinos de su mamá y Yamilet reciban su castigo. Nadie está criticando a fiscales y policías por hacer su trabajo investigativo. Lo que sí hay que cuestionar es la manera mediática e irresponsable de sus máximos jefes de manejar la información, dejando a la testigo expuesta y sin protección.

“A una mujer de aquí se la trajeron (a la bebé). Dice que no sabía  nada, que solo se la trajeron para que la cuidara unos días”, declaró Douglas Meléndez. ¿Por qué tenía que decir esto? ¿Por qué incluso tenía que aparecer él en la casa donde encontraron a la bebé, sabiendo que iba atrear todas las cámaras y micrófonos del país? ¿Por qué tenía el director de la PNC que aparacer en televisión dando más detalles, para mostrar que fue la PNC y no la fiscalía la que rescató a la niña?

Se fueron de boca y murió asesinada Jackeline Lisseth Cortez Aguirre. Digo el nombre para que Lorena Peña no reclame que se esté lamentando la muerte de una mujer sin decir su nombre.

No es culpa de los medios. En el momento que el fiscal general y el director de la PNC hablan, es información pública, y la responsabilidad la tienen ellos. Tampoco me digan que esto es una campaña de desprestigio a la PNC o la FGR. No tengo nada contra Douglas Meléndez y Howard Cotto, pero sí contra su afán de buscar el impacto mediático, aunque esto comprometa sus investigaciones – o incluso la vida de una testigo.

Saludos,

Observador Político: Estadísticas irresponsables. De Paolo Luers

Paolo Luers, 27 marzo 2017 / EDH-Observador Político

Una noticia hizo impacto fuerte esta semana: El fiscal Douglas Meléndez dio a conocer una cifra de desaparecidos que es casi igual de alta como la de los homicidios. Según la fiscalía, en 2014 hubo 4,525 desapariciones (homicidios: 3,894); en 2015: 4.203 desapariciones (6,657 homicidios); y en 2016: 3,847 desapariciones (5,274 homicidios). Estos serían para los últimos tres años 12,575 desapariciones versus 15,825 homicidios. “Hay un margen de disminución de los homicidios, pero un margen elevado de desapariciones,” declaró Douglas Meléndez en la Asamblea Legislativa. Y agregó que “pueden ser más”.

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Es falso: Sólo pueden ser menos. Veamos porqué.

La policía maneja números muy distintos: 2,900 desaparecidos en 2014; 1,959 en 2015, y 1,778 en 2016. Sería para los tres años del 2014 al 2016 un total de 6,637 desaparecidos. ¿Cómo es posible que la fiscalía registra lo doble de desapariciones que la PNC? El mismo fiscal dio una pista: Reconoció que por falta de fondos la FGR no tiene capacidad de verificar sus propios números. Cabe la pregunta: ¿Entonces, para qué los divulga? ¿Será parte de su estrategia para obligar al gobierno a darle el presupuesto que exige?

Incluso, la PNC se contradice en sus propios datos. Al cierre del año 2012 hablaba de 612 desaparecidos, pero ahora la PNC habla de 1,555 para este mismo año. Extraño: la cifra de desaparecidos puede disminuirse retrospectivamente, pero no aumentarse.

¿O será todo esto parte del eterno pleito sobre el enfoque de las políticas de Seguridad? En los años de la tregua, el director de Medica Legal permanentemente publicaba cifras de desaparecidos mucho más altas que las de la PNC. Su tesis (por cierto compartida con el entonces fiscal general Luis Martínez) era que la PNC, para legitimar la tregua con su notable disminución de homicidios, no quería reconocer que hubo un incremento de desapariciones por parte de las pandillas. ¿Tenemos ahora una nueva edición de este pleito?

Independiente de los manejos políticos que todos los involucrados hacen del drama de los desaparecidos, ¿cuál es el problema de fondo?

Es la irresponsabilidad del Estado, que para desapariciones no ha creado un mecanismo interinstitucional, profesional y confiable de confrontar y depurar los datos. Para homicidios existe un mecanismo tripartita de verificación y seguimiento. Para desapariciones, los números son tan discrepantes porque cada institución trabaja con diferentes fuentes. El IML registra las denuncias de personas que acuden a sus morgues buscando a sus familiares. No es su trabajo dar seguimiento a estos casos y depurar la estadística, a menos que las personas en algún momento aparezcan muertas. En este caso se suman a la estadística de homicidios. Pero cuando aparecen vivas, o resultan que salieron del país o se unieron a la pandillas, el IML no tiene como saberlo.

La PNC y la FGR establecen sus estadísticas de desaparecidos a partir de denuncias formales. Pero sólo la policía investiga estos casos y depura la lista. Persona que luego aparece muerta o viva, es descontada. En el caso de la fiscalía, no está claro con qué datos nutre su estadística. Las familias normalmente no acuden a la fiscalía para reportar personas desaparecidas, sino a Medicina Legal y la PNC. La fiscalía simplemente retoma los números de la PNC, pero como reconoce Douglas Martínez, no tiene capacidad de dar seguimiento a los casos mientras no se judicialicen. Y como no hay mecanismo interinstitucional de verificación y seguimiento a los datos, la fiscalía simplemente se queda con el dato “bruto” – o sea con todos los casos que en algún momento han sido reportados.

Necesitamos un mecanismo independiente y profesional de monitoreo

Para tener una estadística confiable de desapariciones, es indispensable establecer un mecanismo interinstitucional entre IML, PNC y FGR. Cada institución tendría que acumular en una sola base de datos consolidada todas las denuncias de desapariciones. Luego, cada institución, sobre todo la PNC, debería pasar a esta base de datos los resultados de sus investigaciones: desaparecidos encontrados muertos; desaparecidos que aparecen vivos; denuncias que resultan falsas; desaparecidos que luego se sabe que emigraron o que se unieron a las pandillas. Descontando todos estos casos, al final quedaría un saldo de casos no resueltos, que pueden caracterizarse como desaparecidos. Mientras tanto, el manejo de la estadística de desaparecidos sigue siendo sujeto a manipulación y propaganda barata.

Si el país tuviera este mecanismo institucional, las cifras de desaparecidos (los que realmente nadie sabe qué pasó con ellos; si están vivos o muertos; si son víctimas o no; o si simplemente decidieron desaparecer por las razones que sean) estarían mucho más cerca de las cifras de la PNC que de los que tan irresponsablemente maneja el fiscal. Digo irresponsable, porque es una manera no profesional, sin ningún mecanismo de depuración, sin investigación y seguimiento de cada caso reportado.

El país ya está suficientemente golpeado por la violencia como para aumentar las angustias con cifras infladas de desaparecidos. El drama de las desapariciones es suficiente traumático, incluso si asumimos las cifras más conservadoras. Cada caso es una tragedia. La Constitución manda a las instituciones a colaborar para buscar el beneficio de la ciudadanía. ¿Será mucho pedir que al fin se crea una Comisión Interinstitucional de Monitoreo de la Violencia? Necesitamos una entidad profesional e independiente que evita las manipulaciones políticas y mediáticas del dolor de las familias.

Es hora para el Fiscal General de actuar. De Paolo Luers

Paolo Luers, 20 marzo 2017 / EDH-OBSERVADOR

El 7 de marzo publiqué una carta a la Fiscalía, advirtiendo el peligro de que el “caso Daniel”, que más bien es el “caso PNC”, se convierta en el “caso FGR”. Lamentablemente, esto ya pasó, y es tiempo de que el Fiscal General, como titular de la Fiscalía, lo corrija.

La PNC, en vez de corregir un error de algunos agentes corruptos, lo encubrió con otras irregularidades. Y da la impresión de que la FGR, en vez de corregir los errores e investigar las irregularidades de la PNC, las encubre y reproduce. De repente ya no se trata de “errores” o irregularidades, sino de delitos: evidencias y acusaciones falsas, manipulación de la justicia. En el lenguaje jurídico esto se llama prevaricato. El precio lo paga un bicho que ya tiene dos meses de estar preso luego de una detención a todas luces arbitraria. Y ahora enfrenta otra acusación que también deja lugar a serias dudas sobre cómo proceden PNC y FGR.

La ley obliga a la Fiscalía General a investigar y entregar a los tribunales no solo las pruebas de cargo (que indican la culpabilidad de un acusado), sino también las pruebas de descargo (que indican su inocencia). El Fiscal General, como máximo garante del Estado de Derecho, tiene que garantizar que sus fiscales no estén quebrando la ley. Tienen que revisar los dos casos presentados contra Daniel Alemán. Es hora de que actúe para reparar el daño y para restablecer la confianza en la justicia.

En el primer caso contra Daniel, la PNC fabricó evidencias y dio a la Fiscalía y al juez testimonios falsos. Esto lo prueba un informe de la Unidad de Control de la PNC, que incluso ya tuvo como consecuencia el arresto de dos agentes de Altavista. A ellos se les encontró en sus casilleros en la subdelegación fuertes cantidades de marihuana. Existe por lo menos la sospecha de que parte de esta droga en posesión de agentes de Altavista la plantaron a Daniel para justificar su detención arbitraria. Pero el escándalo se hace más grande cuando la Fiscalía, en su nueva versión de la acusación contra Daniel, ni siquiera menciona la investigación de la Unidad de Control ni el hallazgo de drogas en la subdelegación ni la existencia de múltiples testigos que testifican que a Daniel no le encontraron ninguna droga y que fue detenido en otro lugar que el indicado por los agentes.

En vez de hacer lo correcto para corregir estas irregularidades -liberar a Daniel de cargos falsos y abrir investigaciones contra los agentes de Altavista- los fiscales retoman otra acusación que la PNC le hace a Daniel. ¿Será que para encubrir errores y delitos ya cometidos incluyeron a Daniel retrospectivamente en un caso de extorsión que data del año pasado? El requerimiento fiscal recoge un relato de los agentes de la PNC, en el cual reportan que el 4 de enero 2017 Daniel fue sujeto a una “intervención policialmente hablado”. Esto es un procedimiento policial inexistente, que por supuesto no deja ninguna evidencia ni huella en ninguna acta escrita.

El colmo: la Fiscalía permitió que dos policías que, según una investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos, fueron agentes de la DAN, entraron al penal donde esta recluido Daniel para intimarlo en este nuevo caso. Esto es una ilegalidad, porque solo la Fiscalía puede entrar a un penal para intimar a un detenido. Si entran policías encapuchados y sin identificarse, es más bien intimidación. Todo esto solo nos consta por qué la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y un abogado de la Procuraduría General de la República lo investigaron.

Esto pasó el 22 de febrero. Inmediatamente la madre de Daniel, Meira Alemán, fue a la Fiscalía, tanto en Soyapango como a la oficina central en Santa Elena, y la respuesta fue contundente: en la FGR no existe ningún expediente que involucra a Daniel en una investigación de extorsión. ¿Cómo es posible que no existe expediente, pero la PNC ya lo “intimó”? Y el 1 de marzo, el director de la PNC, Howard Cotto, informa a los medios de esta nueva acusación contra Daniel que la FGR dice desconocer.

Parece que luego PNC y FGR se pusieron de acuerdo. La Fiscalía retoma las acusaciones hechas por Cotto y presenta un requerimiento fiscal. Lo absurdo: ofrecen al juez como “prueba” las declaraciones de Howard Cotto. ¿Cuándo se ha visto que la palabra del director de policía, quien obviamente no fue testigo de este presunto delito, se convierte en prueba ante un tribunal? Varios abogados consultados aseguraron que en toda su carrera de penalistas no han visto una “prueba” de este tipo. Howard Cotto más bien debería ser llamado como testigo de descargo a favor de Daniel, porque dijo públicamente: “En la detención por droga yo he recibido un informe de la Unidad de Control donde tenemos dudas razonables sobre el procedimiento que tienen que ser investigadas, constatadas y determinar si hay fallo en el procedimiento y deducir responsabilidades en los agentes captores”.

Es hora de que el Fiscal General personalmente analice los expedientes de los dos casos contra Daniel Alemán, incluyendo el informe de la Unidad de Control, el dictamen de la PDDH y la forma irregular de la intimación. Es hora de que ordene una investigación de los policías y los fiscales involucrados. Es hora de que pida a los respectivos jueces sobreseer a Daniel Alemán en ambos casos y que decreten inmediatamente su libertad.

Cuando escribí el primer reportaje sobre este caso, lo titulé: “Algo anda mal en Altavista”. Hoy tengo que decir: Algo anda muy mal en la Fiscalía General de la República.

El “caso Daniel” por sí solo es gravísimo. Pero lo realmente preocupante es que no es un caso aislado. Detrás de esto hay un patrón de procedimiento de la PNC y de la FGR, que tal vez a través de este caso se puede comenzar a corregir. Digo tal vez, porque hasta ahora no hemos visto disposición de hacerlo, ni por parte de la dirección de la PNC ni del Fiscal General y tampoco de los jueces.

LEA SOBRE EL MISMO CASO:

Editorial de El Diario de Hoy: Procuradora de Derechos Humanos declara ilegal captura de joven

Algo anda mal en Altavista o los siempre sospechosos de todo

Carta al director general de la PNC: Está en sus manos corregir una injusticia

Carta a la Fiscalía: ¿Del “caso Daniel” al “caso FGR”?

Sectores de ARENA piden nuevo fiscal y Velado garantiza unidad

Jorge Velado dice que ARENA discute a qué candidato apoyar, pues asegura que será una votación unánime de sus diputados.
Unánime. El presidente de ARENA, Jorge Velado, dice que sus 35 diputados votarán en unidad por el fiscal general. - See more at: http://www.laprensagrafica.com/2015/12/03/sectores-de-arena-piden-nuevo-fiscal-y-velado-garantiza-unidad#sthash.1eODNUrd.dpuf

Unánime. El presidente de ARENA, Jorge Velado, dice que sus 35 diputados votarán en unidad por el fiscal general.

Hermelinda Bolaños, 3 diciembre 2015 / LPG
la prensa graficaLa Juventud Republicana Nacionalista (JRN) y el sector empresarial del partido ARENA exigieron ayer que la Asamblea Legislativa, incluidos los diputados areneros, elija a un nuevo fiscal general de la República y, por ende, no reelija a Luis Martínez, quien termina hoy su período de tres años.

12273562_961474593891957_7202419733243830535_oLa juventud arenera emitió un comunicado en el cual expresó: “La Juventud Republicana Nacionalista considera importante la necesidad de apoyar un nuevo liderazgo, independiente, y con la firme convicción de castigar la corrupción venga de donde venga, que no permita reinar a la impunidad y que busque permanentemente la consecución de una justicia alejada de cualquier interés partidario”.

Por su parte, el sector empresarial de ARENA señaló que la corrupción en el país ha aumentado y que la falta de institucionalidad democrática ha frenado el crecimiento económico de El Salvador. En ese sentido, difundió también ayer un comunicado en el que confirma su postura sobre la elección del fiscal general de la República.

“Creemos que nuestro querido El Salvador se merece un fiscal que sea un funcionario honesto, transparente, sin ataduras de ninguna clase, que embata la corrupción sin distinciones, que dé muestras de ser independiente. Creemos que es tiempo de un nuevo liderazgo, apegado a la justicia y a la verdad, que represente los intereses de CVV8qm6UkAAGBV7.jpg_largetodos… En síntesis, el país demanda un nuevo fiscal, con la fortaleza de la imparcialidad en sus manos y con la justicia como su guía”, reza parte del comunicado del Sector Empresarial del partido.

Jorge Velado, presidente de ARENA, informó que ayer se reunió el partido para establecer consensos sobre la elección del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dado que aseguró que su fracción legislativa votará de manera unánime. “En ARENA estamos bien claros de que esta es una decisión sumamente importante y por lo tanto el partido ARENA, su fracción, va a votar toda unificada; es decir, un voto único”, sostuvo el dirigente del partido, quien aseguró que apoyarán a la persona que reúna los requisitos necesarios para el cargo de fiscal general.

Ernesto Muyshondt, diputado de ARENA, coincidió con Velado e informó que tomarán una decisión consensuada. “Lo que decida por consenso la fracción va a ser como vamos a votar los 35 diputados. Así se ha decidido”, apuntó el legislador tricolor.

 

Diputados FMLN de dicen insatisfechos con el actual fiscal

Por qué postulo para Fiscal General. De Francisco Díaz Rodríguez

Independencia y probidad demostradas; coherencia ideológica conocida, pero, sobre todo, compromiso político con la construcción de la institucionalidad democrática me habilitan para postularme para Fiscal General.

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Francisco Díaz Rodríguez, candidato al cargo de Fiscal General, actualmente Superintendente de Competencia

Francisco Díaz Rodríguez, 7 noviembre 2015

diario de hoyHace catorce años, en julio de 2001, escribí en las páginas editoriales de El Diario de Hoy, un artículo titulado “La lucha es larga, comencemos ya”, en el que decía:

“Quienes hablando de la delincuencia dicen ‘no se puede más, esto ya es invivible’, por desgracia se equivocan: puede ser peor y tendremos que seguir viviéndolo” (…) “Y las cosas serán tanto más graves, cuanto más tardemos en hacer lo que se debe, como se debe (…) El problema es tan grave y de tal complejidad y tamaño, que se requieren acciones coordinadas de carácter nacional para enfrentarlo.

Los hechos me han dado, amargamente, la razón. Hoy día la situación sí es ya realmente invivible para muchos compatriotas ¡miles! que sufren tanto luto, que viven en temor permanente, que no pueden estudiar, trabajar ni progresar, que deben cerrar sus negocios, que no pueden ver a sus familiares en la colonia o en el cantón vecino, que deben dejar el país o, en fin, enfrentar la muerte en cualquier sitio, de cualquier forma, a cualquier hora, en cualquier día. Así, nuestro país está desintegrándose, se nos está yendo de las manos, estamos tocando fondo: hemos llegando al punto en que o salimos a la superficie y respiramos, o nos ahogamos en el fondo del pozo.

La Fiscalía General de la República, ajustándose con eficiencia a su mandato constitucional, debe jugar un papel fundamental para superar la situación, pero necesita importantes cambios. Me postulo entonces para ser Fiscal General, porque tengo conciencia plena de la gravedad de la situación y porque puedo impulsar los cambios que la Fiscalía necesita.

En ese artículo de 2001, aclarando que “sin pretender [decir] la última palabra ni incluir los temas socio económicos de fondo”, propuse diez “grandes líneas de acción” que ahora resumo como aparecieron entonces:

“1. Compromiso nacional de recuperación de los valores cívicos y la probidad (…) una gigantesca acción de divulgación, promoción y reconocimiento de esos valores 2. Combate a la corrupción. (…) esclarecer públicamente el meollo de los numerosos y graves escándalos (…) perseguir y juzgar a sus responsables 3. Operación caminante: Patrullaje PNC/Ejercito a escala nacional con procedimientos claros. 4. Inversión y reingeniería en la FGR. 5. Tecnificación de la PNC. 6. Información estadística. (…) no existe un solo sistema fiable, 7 Reingeniería judicial. 8. Los programas de prevención social del delito (…) deben reforzarse con énfasis en la juventud. 9. Las leyes penales deben ser revisadas (…) con participación de todas las partes afectadas o involucradas. 10. Sistema penitenciario. (…) invertir esfuerzo y dinero para que las cárceles lleguen a ser instancias de readaptación.

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El artículo terminaba diciendo “Hemos perdido y estamos perdiendo tanto tiempo…” Han pasado desde entonces 14 años ¿Cuántas de esas propuestas conservan actualidad?

En el pasado, esa manera de enfocar las cosas y sus promotores fuimos ignorados. La profundidad de la crisis actual, así como la nueva configuración política e institucional del país, han abierto el espacio necesario para considerar un enfoque integral, técnico, razonado, participativo y de corto, mediano y largo plazo del problema. El Plan El Salvador Seguro, producido por Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, es una buena muestra de ello. Ahora es necesario llevarlo a la práctica, y en esto la Fiscalía juega un papel estratégico, de primera línea: tiene tareas propias importantísimas, pero también tareas de colaboración e impulso del conjunto. La FGR no puede por sí sola realizar las acciones arriba enunciadas, ni siquiera todas las que tienen que ver con la prevención de la delincuencia y la rehabilitación del delincuente, pero por su enorme peso institucional, bien conducida, la FGR puede jugar un papel de coordinación, entendimiento y colaboración, como lo manda la Constitución, entre las instituciones del Estado involucradas.

Se requieren ideas nuevas y mucha experiencia. Ahora es posible aportar ambas y por eso me he postulado para Fiscal General.

La Fiscalía General de la República, con su mandato constitucional y legal de defensa de la legalidad, es el eje principal en torno al cual gira la institucionalidad del Estado. Bien conducida, la FGR puede contribuir, promover, impulsar y, en algunos casos, forzar, dentro del marco de la ley, a que las instituciones hagan lo que deben hacer. Hace veintisiete años vengo trabajando en construir institucionalidad; para citar solo algunas experiencias: FESPAD 1988-1999; CNJ 1999-2002; Haití 2006-2011; estudio Eficiencia del sub sistema de justicia penal PNUD 2007; proyecto Pro Transparencia y Excelencia Judicial F. Ford 2007 y, ahora, Superintendencia de Competencia, de 2011 a las fecha. Porque he acumulado con solvencia esas y otras experiencias me postulo para Fiscal General.

Independencia y probidad demostradas; coherencia ideológica conocida, pero, sobre todo, compromiso político con la construcción de la institucionalidad democrática me habilitan para postularme para Fiscal General.

 

“¿Qué fiscal en su sano juicio va a contradecir al presidente Obama?” Rolando Monroy, candidato a fiscal

El ex-jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General, Rolando Monroy, ahora aspira a sustituir al hombre por el cual renunció a su cargo: al Fiscal General saliente Luis Martínez. La entrevista de El Faro nos presenta a un candidato con un discurso un poco confuso: o no sabe expresarse con claridad, o decidió no hacerlo, a pasar de que deja entrever que tiene mucho que decir sobre la manera como actualmente funciona la fiscalía. Sería bueno que en los medios salgan muchas entrevistas a los principales contendientes al cargo de Fisdcal General.

Segunda Vuelta

Rolando Monroy, candidato a fiscal general. Foto: Emely Navarro

Rolando Monroy, candidato a fiscal general. Foto: Emely Navarro

El exjefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía no da crédito a que la institución haya cerrado el caso contra uno de los designados por Estados Unidos como capo del narcotráfico. Le parece “gravísimo” el uso de conversaciones personales obtenidas por intervenciones telefónicas y dice que hay que ser “o muy tonto o muy malintencionado” para mantener durante dos años la acusación CEL-Enel y luego decir que los delitos señalados ya prescribieron.

Nelson Rauda Zablah y Sergio Arauz, 1 noviembre 2015 / EL FARO

el faroJosé Rolando Monroy llegó ante los diputados de la subcomisión encargada de entrevistar a los aspirantes a fiscal general y les dijo: “No soy títere de nadie”. Santiago Flores, diputado del FMLN, le había preguntado por qué renunció a la Fiscalía solo tres meses después de la llegada del actual fiscal Luis Martínez, si tenía ya una carrera de 14 años en la institución: había trabajado siete años como jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y otros siete como fiscal auxiliar.

En esos 14 años en la Fiscalía, Monroy vio pasar a seis fiscales generales, y desde esa su visita al octavo piso de la Asamblea Legislativa del 26 de octubre, hasta esta mañana del día 27 en un restaurante en el Paseo General Escalón, no ha parado de criticar la gestión de Martínez: que no debería jactarse de las extradiciones que ha realizado porque son atribución de la Corte Suprema de Justicia; que su protagonismo solo es mediático, pero no técnico; que todos sus éxitos como fiscal son fruto de la casualidad, y que debido al manejo que ha hecho de las intervenciones telefónicas no solo debería haber sido destituido, sino que bien podría estar preso.

En la plática antes de comenzar la entrevista, Monroy sacó su teléfono celular y enseñó la imagen de un oficio de la UIF, publicado por la Revista Factum. En ese documento, la Fiscalía da por cerrada la investigación contra José Adán Salazar Umaña, un empresario salvadoreño designado como capo de la droga por el presidente Obama, de Estados Unidos, y a quien largas investigaciones del Estado salvadoreño y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ubican como una de las cabezas del Cártel de Texis. Este abogado, que fue “fundador” de la Unidad de Investigación Financiera, considera escandalosa esa decisión y alude a esas decisiones como uno de los motivos por los que dejó la Fiscalía.

Usted dejó la Fiscalía en marzo de 2013. ¿Usted solo aguantó tres meses a Luis Martínez o fue él quien solo lo aguantó a usted tres meses?
Jejejeje… los dos no nos aguantamos. No, mire, le voy a responder a la fecha de ahora. Según la imagen que le enseñé de la revista Factum, ¿usted creo que yo –y yo no creo que ninguno de ustedes- firmaría un oficio diciendo que se archiva una actuación contra un señor salvadoreño que el presidente (de Estados Unidos, Barack) Obama, por medio de una orden ejecutiva, ha declarado narcotraficante internacional? Tendría que haber perdido la razón para firmar ese oficio. Eso es grave, de proporciones incalculables, como dicen en las películas. Porque Estados Unidos lo más que va a decir es que El Salvador no avala nuestra política internacional en materia del combate al narcotráfico internacional, entonces, El Salvador es un territorio que no coopera con la comunidad internacional. No va a haber asistencia técnica, va a haber sanciones. O sea, eso es gravísimo. Mire qué sucedió en Honduras: Jankel Rosenthal pone un pie en Miami, capturado, referido a Nueva York.

¿Qué motivación cree que hay detrás de que la Fiscalía archive…
… Uy, preferiría no especular en eso. Yo creo que cada quien puede sacar una motivación. Yo, como le repito, solo que perdiera la razón podría firmar ese oficio. A menos que, algo que no conozco, la Fiscalía ya habló con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y ellos le dijeron que, efectivamente, a ese señor ya lo van a retirar de la lista OFAC. Pero yo la revisé ayer (26 de octubre) y todavía está en la lista.

Cuando los diputados le preguntaron las razones de su salida de la Fiscalía, usted respondió que sabía qué órdenes podía cumplir y qué órdenes no…
… Una orden de esas jamás la iba a cumplir.

¿Y hubo más casos de ese tipo durante los tres meses en que usted estuvo con Luis Martínez?
No. Yo le dije que a fecha de ahora le voy a responder. No quise hacer un circo con los diputados pero mire, realmente, yo creo en Dios y gracias a Dios que ya no estoy ahí. ¿Cómo voy a aceptar una orden de esas? Yo creo que alguien que sepa lo que yo sé, que esté capacitado por todos los foros a los que he ido y la capacitación que he recibido, no va a hacer eso.

¿Y es muy común la práctica esta?
¡No la había visto en mi vida!

Le quiero hablar de otra práctica similar. La nota que sacamos este lunes en El Faro sobre la Fiscalía pidiéndole a un testigo que omitiera un nombre en el juicio de 2010 por el asesinato de los diputados al Parlacen en Guatemala.
Gravísimo. Ese es fraude procesal. Yo no lo conozco.

¿No se dio cuenta usted?
Yo le decía a un colega de ustedes que el caso Silva Pereira yo lo separo en cuatro casos: Silva propiamente dicho, antejuicio y caso penal de él; Silva familia, la esposa que fue condenada; Silva en relación con las alcaldías y Silva-Guatemala. El fiscal general Félix Garrid Safie solo nos dejó a nosotros que conociéramos antejuicio y caso penal, la Cámara Primera de lo Penal. A la esposa también la procesamos en la jurisdicción ordinaria y lo que son alcaldías las referimos a las oficinas fiscales de la circunscripción donde estaban las alcaldías. El caso Silva-Guatemala lo conoció la unidad contra el Crimen Organizado. Nosotros lo que hicimos fue certificarle todo y ellos hicieron los trámites con estos fiscales de Guatemala. Yo jamás me reuní con un fiscal de Guatemala.

Volvamos a lo que usted dijo a los diputados. La frase más famosa que se desprende de su audiencia en la Asamblea…
… lapidaria, jaja…

… es “yo no soy títere de nadie”…
… yo no podría firmar eso (archivar el caso contra José Adán Salazar Umaña)

¿Eso se podría interpretar como que Tovías Menjívar, quien lo sucedió a usted, es un títere de Martínez?
¿Quién en su sano juicio va a firmar eso? ¿Quién en su sano juicio va a contradecir al presidente Obama?

¿Y esa es la política de los jefes de Martínez, tener títeres?
No sé. Yo no quiero esquivar la pregunta: pero yo ya lo dije y lo sostengo: no soy títere de nadie que me diga: firmate esa orden. Ahí pueden intervenir varios factores. Si yo no sé qué es una lista OFAC (OFAC: Oficina de Control de Activos en el Extranjero, por sus siglas en inglés), la puedo firmar. Pero como yo, Rolando Monroy, sí sé qué es una lista OFAC y cómo llegan los designados ahí, que es una designación directa del presidente de los Estados Unidos, a través de una orden ejecutiva, no podría haber hecho eso. Jamás. Entonces, otra persona que no lo sepa, tal vez dice: “Ah, cómo no, si acá no pasa nada”. No sé si por eso lo hizo él. O no sé si por cuidar su empleo. Rolando Monroy jamás lo hubiera hecho.

Usted también dijo que llegaría a la Fiscalía a servir y no a servirse. ¿Ese es un recado para Martínez?
No, para cualquiera de los 72 que estamos participando. Si su motivación es irse a servir para inflar su curriculum, para creerse y decir mañana que fui fiscal general sin hacer nada… no estoy hablando solo de corrupción, sino de llegar a hacer un papel intrascendente, mejor que no lleguen. La situación está para servir, para llegar a prestarle un servicio al país, de sacrificio, no de estar teniéndose la quijada en un escritorio, pasar los tres años y poner en la hoja de vida que fui fiscal general aunque nunca se robe un centavo. No solo me refería a eso.

¿Cómo es Luis Martínez comparado con los seis antecesores que usted conoció en la institución?
Pues las cosas que están sucediendo ahora no sucedieron antes, con ninguno de los fiscales.

¿Qué cosas, por ejemplo?
Lo que ustedes han publicado: yo nunca supe que ellos viajaran en aviones privados. O sea, yo nunca supe que viajaran en aviones privados de un imputado y que lo favorecieran. Nunca vi que un jefe fiscal firmara una orden contradiciendo al mismísimo presidente de los Estados Unidos.

¿Son los precedentes más graves que usted cree que sienta esta administración?
Entre otros, pues, porque no conozco el manejo del caso CEL-Enel. Pero se necesita ser muy tonto -y por lo tanto no estar en la Fiscalía- o muy malintencionado en mantener el caso CEL-Enel dos años y a los dos años decir: “Ya habían prescrito las acciones”. O sea, o es muy tonto alguien o es muy malintencionado de mantener dos años abierto un expediente.

¿Y el caso Flores-Taiwán?
En el manejo del caso Flores no se ha suministrado información, entonces, la ciudadanía no puede saber si se ha hecho bien el trabajo o se ha hecho mal. En ese orden de ideas, a la ciudadanía le queda un sinsabor, un sabor de que se ha hecho mal el trabajo. Ayer me lo preguntaba el diputado del FMLN. Yo no lo sé porque con la poca información que ustedes me han suministrado si el señor expresidente no depositó el cheque, no cometió el delito de lavado en esa modalidad. Pero eso no lo sabemos nosotros. Si él no tenía firma registrada en las cuentas, no tenía cómo realizar depósitos, retiros o transferencias. Pero eso no lo sabemos, porque es una política de no informar y eso atenta totalmente contra la transparencia.

¿Y si el diputado Santiago Flores le hubiera preguntado: pero usted estuvo en la UIF…?
Pero no conozco el caso.

¿Y no estuvo en la Unidad de Investigación Financiera cuando recibieron el ROS hace más de 10 años?
Le voy a responder así, mire: por eso es que gracias a Dios no esquivo ninguna pregunta. Posiblemente sí (estuve). ¿Sabe qué sucedió? No era el jefe yo. El procedimiento de recibir en la recepción, como en su periódico, es el siguiente: llega a una especie de secretaría donde se recibe la información. O si es electrónico, lo recibe el sistema. En cualquiera de las vías se remite a alguien que la va a canalizar, que generalmente es el jefe, en esa época no era yo. Él la canaliza a quien considera que la debe tener. A mí no me la canalizó.

¿Quién era el jefe?
Era Nelson Mena. A él lo llamaron a la Asamblea Legislativa, a mí no me llamaron.

¿Y los ROS que generaba el expresidente en ese momento usted los canalizaba?
No, no era el jefe yo. Yo fui jefe hasta en noviembre de 2005. Es lógico porque no me llamó la Asamblea a mí. No tenía cómo conocer ese reporte, a menos que dentro del expediente estuviese que a mí me lo asignó el jefe de esa época.

Usted dice que no entiende cómo se puede mantener una acusación dos años, como en el caso CEL-Enel, y que hay que ser muy tonto o muy mal intencionado al cabo de esos dos años argumentar que las acciones que dieron lugar a la acusació ya prescribieron. De hecho, al fiscal se le ha cuestionado, por ejemplo, el uso de conversaciones personales como en el caso del padre Antonio Rodríguez
¡Uuuuh, eso es gravísimo!

¿Usted cree que el fiscal general manipula casos? ¿O al menos ese caso?
Eliminemos lo de manipular el caso. No se puede revelar información obtenida a través de una intervención telefónica y, según ustedes lo publicaron, él hizo escuchar a ciertos jerarcas de la iglesia esa comunicación. ¡Eso se pena con cárcel según la Ley de Intervenciones Telefónicas!

(En efecto, el artículo 34 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones tipifica el delito de Divulgación de Material Reservado así: “El que revele, divulgue o utilice en forma indebida la información obtenida en el curso de una intervención de telecomunicaciones autorizada, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años. El que por culpa permitiese la revelación, divulgación o utilización de la información obtenida mediante una intervención de las telecomunicaciones será sancionado con prisión de seis meses a un año. En cualquiera de los casos anteriores, si el responsable fuese funcionario, autoridad o empleado público o agente de autoridad se impondrá además la pena de inhabilitación para el desempeño del cargo o empleo público por igual período al de la pena de prisión impuesta”. Además, la Constitución establece que si la Fiscalía usa conversaciones personales obtenidas en la intervención legal de telecomunicaciones, eso es causal de destitución por parte de la Asamblea Legislativa. En el caso de las conversaciones del padre Antonio Rodríguez, aunque es público, los diputados no se han mostrado interesados en indagar nada).

¿Entonces el fiscal no solo debió haber sido destituido por eso sino también debió haber ido a la cárcel?
Ahí dice la ley, busquen el artículo. No se puede hacer. De hecho, la abogada que defendió al padre Antonio (Berta Deleón) puede todavía pedir la nulidad de esas actuaciones porque el padre Antonio no aceptó el procedimiento abreviado. Ahí hubo un vicio del consentimiento, porque entiendo que la grabación se la pusieron a los jerarcas para que este le dijera, que yo no sé que decía ahí, mirá, aceptalo, porque ahí hay algo bien feo o bonito. Ahí hay un vicio del consentimiento y cualquier abogado lo sabe. Eso es gravísimo. Cuando yo lo leí en su periódico dije: ¡Dios santo, en este país no sucede nada!

Lo percibo crítico y tengo que preguntarle esto: entiendo que su esposa trabaja en la Fiscalía…
… Sí, en la división de Intereses del Estado…

… ¿No tiene miedo de repercusiones por decir estas cosas?
Absolutamente, como lo dije a los diputados. Yo a mi edad tengo suficiente autonomía. Si mi esposa trabaja ahí es porque le gusta. Y si ya no puede trabajar ahí, vamos a trabajar en otro lugar. Eso no es ningún problema. Ahora bien, si es un despido arbitrario e injusto, vamos a ir a la Sala de lo Constitucional. En el mío no, porque yo no debo andar llorando por nada.

¿A usted lo despidieron o renunció?
Yo renuncié, pero porque yo le dije a él que realmente esa política de eso, no puedo. Entonces él me dijo: “Bueno, yo no me puedo ir, Rolando”.

¿Las políticas de qué?
Por ejemplo, usted tiene su propia forma de proceder. Es que políticas no hay.

Yo pensé que nos estaba retratando la conversación del día en que lo…
No, es que políticas no hay. Entonces, a mí eso de estar improvisando sin tener cosas por escrito…

¿Y el fiscal anterior sí tenía políticas?
Se refiere al licenciado Barahona. Él emitió una política de persecución penal. ¿Buena o mala? No lo sé, pero la emitió.

¿Usted se tardó tres meses en darse cuenta de que este fiscal no iba a actuar con una política sino que iba a actuar como lo que él dice que es, un macho sin dueño, durante toda la gestión?
Jajaja, poquito me tardé, ¿verdad? Pero la historia creo que me ha dado la razón. No fui desacertado. No quisiera estar en este momento siendo jefe de la UIF.

¿Por qué quiere ser fiscal general de la República?
Mi única motivación, como lo dije en la Asamblea, es servir, no servirme. Sin querer parecer jactancioso, yo me salí de mi zona de confort de estar brindando consultorías para participar en este proceso, pero porque sentí la necesidad de presentarme como candidato para servirle al país. Siento que el rumbo que lleva el país y, principalmente, la Fiscalía, es un rumbo equivocado. Es un rumbo oscuro que no da respuesta a la ciudadanía. Eso fue lo que me motivó a inscribirme. Siento que le puedo cambiar el rumbo a la Fiscalía. Claro, no como un instrumento para servirme, sino como un instrumento para servir. Yo sé que ahí no me voy a enriquecer, no voy a aplicar la ley solo al que no me simpatiza y al que me simpatiza sí lo voy a exonerar, porque eso es delito en ambos sentidos. Si yo perjudico solo al que no me agrada, es delito, y si exonero al que me agrada, habiendo cometido un delito, también es delito. Eso no puede seguir sucediendo dentro de la Fiscalía.

Rolando Monroy, candidato a fiscal general. Foto: Emely Navarro

Rolando Monroy, candidato a fiscal general. Foto: Emely Navarro

¿Tiene un plan detallado de trabajo?
Sí. Principalmente haría una reingeniería de la Fiscalía porque ciertas unidades especializadas no tienen criterios de intervención. ¿A qué se refiere esto? Dentro de la misma Fiscalía no saben cómo están organizados.

¿Eso es responsabilidad de Luis Martínez o es desde antes?
Es desde antes, pero obviamente el fiscal que llega – si se considera apto- tendría que reorganizar. Yo lo estoy ofreciendo porque me considero apto. Mi propuesta es convertir la Unidad de Crimen Organizado, y se los dije desde el año 2009, en una unidad antiterrorismo, porque ese es un requerimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y es vinculante para todos los países miembros de la ONU. Usted vea las incautaciones de drogas que se hacen, todas producto de la casualidad. Ninguna depende de una investigación seria. Usted vea los casos que se llevan de lavado de dinero, todos, básicamente producto de la casualidad de que un correo humano caiga en una frontera, ya sea en el aeropuerto o terrestre. ¿Dónde están las investigaciones que contra el crimen organizado se deben hacer? El problema es que o no se conocen o no se quieren hacer. Yo preferiría creer que es por falta de capacidad que no se quieren hacer, porque lo otro sería muy grave.

¿”Lo otro” sería negligencia o…
Un tipo de negligencia muy grave porque cuando usted conoce un problema y no lo ataca y no lo resuelve, es cómplice.

¿Es delito?
Es delito, pero prefiero pensar que es por desconocimiento. Esas son las propuestas que yo haría. Mire, no hay una política verdadera de impugnación. Usted le pregunta a uno de los que dirigen la Fiscalía qué es una política de impugnación y no saben. ¿A qué se refiere? El fiscal común, el auxiliar, el que sostiene a la Fiscalía en sus hombros pasa sumamente estresado, deprimido. Hable con algunos de ellos: todo mundo se quiere ir de la Fiscalía. No se van porque les da temor no encontrar ese nivel salarial… Una política de impugnación implica que el fiscal debe tener autonomía para decidir cuándo puede presentar un recurso de apelación, o cuándo puede presentar un recurso de casación y que no sienta el yugo en sus hombros que Auditoría Fiscal lo va a procesar solo porque no presentó un recurso. Cuando él lo presenta, debidamente estudiado y analizado, y sabe que va a soportar una auditoría, perfectamente puede decir: “Hoy no se presenta recurso”. Con eso, él va a descongestionar el sistema.

Usted cree que todas las incautaciones de droga son producto de la casualidad. Pedro Cruz, otro aspirante a fiscal, piensa que, en general, todos los casos de éxito que tiene la Fiscalía son producto de la casualidad. ¿Usted comparte esa tesis?
Jejeje. Pues, generalmente son producto de la casualidad. Le decía que los casos de lavado de dinero son producto de la casualidad, de incautaciones de dinero en las fronteras, son casualidad, de que alguien pueda detectar ese correo humano en las fronteras, o que ese correo humano decidió utilizar a El Salvador como país de destino.

Quiero entenderlo cuando habla de autonomía. ¿Hay fiscales que hacen bien su trabajo pero que tienen un tapón arriba? ¿A eso se refiere cuando habla de autonomía?
En parte, pero me refiero también a otro tipo de autonomía. Cuando a usted le dicen en su periódico: Sergio, ¿estás seguro de que esto soporta un cuestionamiento e incluso una demanda legal? Y usted dice, sí, estoy seguro porque tengo las pruebas. Démosle. A eso también me refiero. Cuando un fiscal dice: estoy seguro de que este caso no tiene futuro en una instancia superior, en una apelación o casación. Por lo tanto, no tengo que andar estresándome o preguntándole al jefe, sino que voy a emitir mi resolución y cuestionamiento. Si viene Auditoría Fiscal -porque tiene que haber un mecanismo, sino se puede prestar para la corrupción-: “No apelo y ahí que se vaya. No, fiscal, aquí está mi informe, porque no apelé, porque no casé esta sentencia y aquí están las razones legales, esto soporta una auditoría”. Él adquiere una autonomía en ese momento, autonomía que en este momento no tiene. Él lo que hace es presentar un recurso mal hecho, ¿por qué? Porque si Auditoría ve que no apelé, que no casé, me va a abrir un expediente y todo eso congestiona el sistema no solo judicial, sino que en la Fiscalía estresa y deprime al fiscal, y pierde total eficacia.

¿Cuál es el mayor problema que tiene la Fiscalía actualmente? ¿Negligencia, falta de autonomía, esos tapones…?
Todo confluye porque no hay políticas. Si, por ejemplo, el fiscal dice: “Vamos a hacer una política de impugnación. Esta va a consistir en que cuando no existan méritos formales o materiales para presentar un recurso ya sea casación o apelación, el fiscal auxiliar va a emitir un informe razonado y eso va a constar en el expediente”. Auditable, obviamente.

Supongo que tampoco hay políticas para iniciar de oficio una investigación…
No se sabe.

¿La política es lo que diga el fiscal general?
La política es lo que diga el fiscal. Yo, como trabajo como consultor con instituciones financieras desde hace tres años, tengo claro que todo eso debe estar en políticas para que incluso el mismo que las autoriza, que sería el fiscal general, no pueda pasar sobre ellas.

Durante su audiencia con los diputados, Rodolfo Parker le dijo que era difícil encontrarle flancos débiles. ¿Usted cree que puede tener apoyo para ganar el cargo?
Yo me metí como un idealista. Sé que la sociedad civil, medios independientes como el de ustedes, están tratando de que las cosas se hagan bien. Yo le había prometido a mi familia no participar en estas cosas porque estaba totalmente decepcionado de los procesos, pero creo que este proceso de elección puede marcar la diferencia.

¿Por qué?
Porque hay muchos factores que pueden incidir en eso como el empuje de la sociedad civil, la fluctuación de la información por cómo se está dando de rápido. Si uno tiene un flanco oscuro, se lo van a sacar inmediatamente. Medios independientes como el de ustedes no van a dejar tan fácil que personas oscuras o en entredicho lleguen a ocupar altos cargos. Confiado en todos esos factores es que decidí inscribirme en este proceso. Me salí de mi zona de confort, siendo consultor, teniendo contratos con instituciones financieras para capacitarles y apuntalar los programas de prevención de lavado de dinero, a meterme a esta vitrina. Pero porque sé que no tengo flancos débiles.

¿Luis Martínez es una persona oscura?
No sé, no lo conozco.

¿Puede hacer una referencia explícita a qué sería un candidato oscuro?
Personas oscuras pueden ser aquellas que tienen un fin personal de ostentar el poder. Acá los mismos diputados no saben que el fiscal general no es súper poderoso. El fiscal tiene sus límites y se los demarca la ley. En otro país, si un fiscal general comete una infracción administrativa -ya no se diga penal-, lo destituyen. La Asamblea tiene todas las facultades para hacerlo. A lo que yo me refiero es a que este proceso –ojalá no me equivoque porque voy a quedar peor de decepcionado- ustedes como medios, la sociedad civil pueden incidir en que sea un proceso transparente y que se nombre a la mejor persona. Que no solo llegue a servirse de la Fiscalía, no estoy diciendo solo a robar, sino que a servirse de la Fiscalía, y que llegue claramente a prestarle un servicio a la sociedad. Ahora, candidatos oscuros, realmente conozco a unos pocos pero que ni deberían participar. ¿Cómo voy a llegar, por ejemplo, a la Corte de Cuentas?

Luis Martínez no es penalista…
¿No es penalista? Yo como no lo conozco a él, no sé ni de qué ejerció antes de llegar a ser fiscal.

No era penalista antes de llegar a ser fiscal.
¿Hoy sí ya se hizo? ¡Jajajaja…! A eso me refiero. Hay candidatos que yo no sé ni por qué se han presentado. No quiero decir que yo sea el único que tiene el perfil. Muy por el contrario, me sentí satisfecho de ver una lista amplia y con ciertos nombres ahí que pueden ser buenos candidatos.

¿Puede mencionar nombres?
No, porque estaría yendo en contra de los que no mencione. Yo veo que algunos analistas mencionan nombres. Vean el perfil antes de decir eso. Es cierto, pueden ser buenos abogados en sus áreas, pero estamos buscando un fiscal general, no un mercantilista, un politólogo o un experto en cuestiones electorales. Eso tienen que analizarlo. Un abogado puede ser muy recto o muy bueno pero estamos buscando un buen fiscal general, que tenga experiencia en eso.

Me refiero a las personas que usted piensa que la gente debe ver porque pueden hacer un buen papel.
Me gustaría enfocarme en los perfiles, sin mencionar nombres. Si un candidato le puede decir a usted: yo soy probo, qué bueno. Eso es lo primero. Yo soy capacitado. Ok, ¿en qué materia? Ayer dije lo de la dependencia de partidos o grupos de poder. Miren, hay candidatos que están vinculados, que siempre han estado vinculados a grupos o partidos. Y ya las mismas recomendaciones del GAFIC (Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe, una organización intergubernamental que lucha contra el lavado de activos y el terrorismo) dice quiénes son las personas expuestas políticamente. Aquellos que ostentan carteras, ministerios, secretarías, autónomas, esas personas están vinculadas a los partidos por una sencilla razón: si son inteligentes, ellos tienen que abrazar un programa del partido de gobierno y apoyarlo, defenderlo, representarlo. Entonces, esas personas están comprometidas en su imparcialidad. Ahí hay candidatos que están trabajando en el gobierno. En mi caso, gracias a Dios, jamás he trabajado en el Ejecutivo.

¿A qué atribuiría la baja cantidad de procesos de lavado de dinero en el país? ¿No hay lavado de dinero, o la ley no funciona o la Fiscalía no funciona?
En todos los países hay lavado de dinero. Mi propuesta va enfocada en fortalecer las unidades especializadas. A uno cuando le enseñan sobre crimen organizado es que el delincuente se ve motivado a delinquir porque ve que el crimen es rentable. Pero si ven que el crimen no paga, eso tiene un efecto disuasivo. Hasta la fecha, pida una entrevista con un jefe de esas unidades y no se la van a dar. No tienen autonomía.

¿Usted le daría autonomía a los jefes para hablar con los medios?
Claro, como me la dieron a mí en su momento. Si es que la Fiscalía no es el fiscal general. El fiscal tiene que gerenciar bien la Fiscalía, tiene que saber, pero los que están en primera línea son los fiscales auxiliares.

¿Este fiscal tiene mucho protagonismo en detrimento del poco protagonismo de los demás?
Sí, pero, ¿qué tipo de protagonismo?

No sé.
Por eso le digo. Hágale cuestionamientos técnicos. Háblele sobre mapas o matrices de riesgo, en relación a áreas geográficas de mayor auge delincuencial. Háblele de edades de quienes delinquen. Pregúntele de qué profesiones, qué rangos tienen los imputados entre grados de escolaridad. O sea, ¿protagonismo de qué?

Mediático, es decir, alarde, espectacularidad, casos de bebés cambiados…
Jajaja. Circo.