FGR

Ojalá la última carta sobre el ‘caso Daniel’: ¡Ojo al Cristo, colegas! De Paolo Luers

12 junio 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Estimados colegas:
Parece mentira que todavía tengamos que escribir sobre Daniel Alemán. El bicho comprobó que la primera acusación contra él -de drogas- fue trampa de dos policías, y ellos tuvieron que enfrentar juicio por manipular pruebas.

Mañana termina el segundo juicio contra Daniel, esta vez por extorsión. En esta vista pública, ante los ojos del juez, se cayeron todas las pruebas de la fiscalía – pero esto extrañamente casi no se reflejó en los medios. Siguieron copiando los relatos de la fiscalía.

Colegas, si no pusieron atención al desfile de los testigos, tanto de la fiscalía como de la defensa, que abrieron grandes hoyos en la narrativa acusadora, vayan mañana al cierre de la vista pública, y pongan atención a los alegatos finales. Se darán cuenta que el caso ya se cayó bajo el peso de mentiras de policías testigos, negligencias de la fiscalía, y testimonios de los mismos peritos que llamaron los fiscales.

• El álbum fotográfico que presentó la fiscalía, con fotos que supuestamente demuestran la participación de Daniel en la extorsión, resulta inválido como prueba, porque carece de los sellos y firmas que certifican la autenticidad de fotos y fechas. El mismo fotógrafo de la PNC dijo al juez que no puede certificar nada. Ni siquiera que tomó las fotos.

• El video de la supuesta recepción de dinero por parte de Daniel no aporta nada. El mismo perito de la fiscalía dijo que no logra distinguir ni personas específicas, ni el objeto que supuestamente fue entregado – según la FGR el dinero recibido por Daniel.

• Dos habitantes de Altavista testificaron que a la hora que según PNC y FGR Daniel estaba recibiendo el dinero en Plaza Mundo, estuvieron con él en el Complejo Deportivo de esta colonia, y que vistió un suéter blanco.

• El sujeto en el video viste suéter negro, y en la foto que hizo la PNC en su posterior detención, luego de supuestamente seguirle desde Plaza Mundo a la Cima de Altavista, Daniel viste un suéter blanco.

• Lo más extraño: La misma víctima testificó que nunca recibió ninguna comunicación de demanda de dinero. Le habían mandado un celular, al cual supuestamente le iban a llamar para negociar, pero nunca recibió esta llamada.

• La única conversación con los extorsionistas se generó cuando el agente encubierto de la PNC los llamó desde el celular que habían mandado a la víctima. ¿Cómo pudo el agente saber a qué número llamar, si ni la víctima ni él habían recibido una sola llamada de los extorsionistas?

• Según la PNC decomisaron a Daniel un celular (él lo niega) al momento de su captura, poco después de la supuesta entrega en Plaza Mundo. La defensa pidió los datos de las llamadas recibidas y salientes de este celular, y su ubicación geográfica. La FGR consiguió estos datos, pero resulta que el celular estaba inactivo durante todo el día en cuestión, el 4 de enero 2016. Pero en el video que según la FGR demuestra la recepción del dinero, se ve al sujeto que ellos dicen que es Daniel (aunque el perito dice que no lo puede certificar) hablando varias veces por celular. ¿Será que el video no es de este mismo día, o que el sujeto que habla por celular no es Daniel, ya que el celular que dicen haber decomisado a él no tuvo llamadas, ni salientes ni entrantes el día 4 de enero?

¿Cómo pueden los fiscales sostener su acusación, luego de que estas pruebas se les cayeron? La única explicación es que no solo los policías, sino también los fiscales actuaron con malicia y venganza contra Daniel, luego de que en el primer caso los hizo ver tan mal. Como siempre he dicho, el caso Daniel en realidad es un ‘caso PNC’, y lamentablemente también un ‘caso FGR’.

Espero que sea la última vez que tengamos que escribir sobre Daniel Alemán. Y en la vista pública final, ojo al Cristo, colegas…

Saludos,

Lea también los antecedentes:

Algo anda mal en Altavista

Carta al director general de la PNC:
Está en sus manos corregir una injusticia

Carta a la fiscalía general: Del ‘caso Daniel’ al ‘caso FGR’

Carta a Daniel, el sospechoso de todo

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Carta sobre el primer día de la vista pública del “caso tregua”: FGR 0-2 Defensa. De Paolo Luers

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Monseñor Fabio Colindres testificando en la vista pública del “caso tregua”

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 8 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Al fin llega la hora de la verdad y la justicia. Luego de mucha campaña mediática y política sobre el tema, ayer comenzó ante el tribunal especializado la vista pública en el “caso tregua”.

La Fiscalía General de la República, encabezada por Luis Martínez (ahora preso por fraude procesal) construyó este caso como un juicio político, tratando de penalizar -y así erradicar de una vez por todo del instrumentario político- el diálogo y la mediación como método de enfrentar la violencia que sufre el país. Y el actual fiscal, por más que trató de desmarcarse del EDH loggansterismo de la fiscalía de Luis Martínez, en este caso opera exactamente igual: politizando la justicia, tratando de criminalizar una política pública – y como no logra definir como delito la tregua, la mediación y la decisión del Estado de facilitarlas, simplemente porque no son delitos, apuesta a una condena en el juicio mediático. Jurídicamente, ante el juez, sólo imputa a los acusados de delitos menores: principalmente de haber formado una asociación ilícita para introducir ilícitos a penales.

Arrancó con el desfile de testigos de la fiscalía. Los acusados: el mediador Raúl Mijango y 18 servidores públicos que ejecutaron la decisión del gobierno de Mauricio Funes de masfacilitar la mediación de monseñor Colindres y Raúl Mijango para hacer sostenible el cese de hostilidades entre las pandillas. Luis Martínez y Douglas Meléndez construyeron el caso contra ellos alrededor de 2 testigos principales: el ex director de la PNC, general Francisco Salinas; y monseñor Fabio Colindres (aparte de su estrella: “Nalo”, un dirigente de la pandilla Barrio 18 convertido en testigo criteriado).

Pero ya en el primer día, la fiscalía sufrió un serio revés: Resulta que el general Salinas y monseñor Colindres, ambos llamados por la fiscalía para testificar contra la tregua, la defendieron. Y no sólo la tregua y la mediación como concepto válido y exitoso, defendieron la actuación de Mijango y de Roberto Castillo, el oficial de inteligencia policial asignado por el ministro de Seguridad y el director de la PNC para acompañar y monitorear el proceso de mediación.

Lo más penoso que puede pasar a un fiscal es que sus testigos de cargo se conviertan en testigos a favor de los acusados. Colindres y Salinas testificaron que detrás de la mediación no hubo una asociación ilícita para favorecer a los delincuentes, sino una política oficial del gobierno de reducir la violencia y crear condiciones para la pacificación. Monseñor, citado por la fiscalía para confirmar que Mijango y Castillo introdujeron celulares a los penales, pero en casi dos horas los fiscales no lograron ninguna declaración que sostuviera esta acusación. El general Salinas, llamado para comprobar que el subinspector Castillo actuaba por cuenta propia y en asociación con Mjango, testificó que actuaba bajo el mando suyo y del ministro de Justicia, en una operación de inteligencia montada para monitorear el proceso de la mediación y de la tregua – y precisamente para asegurar que no se cometieran delitos en este contexto. 

Arrancó mal el caso de la fiscalía. Tampoco a los otros tres testigos que presentó este primer día –un miembro del Centro de Inteligencia de la PNC y dos empleados administrativos de la Dirección de Centros Penales- lograron los fiscales arrancar declaraciones que sostienen sus acusaciones.

Un día negro para la fiscalía. Viendo como los tres fiscales interrogaron a sus propios testigos, uno se forma una idea de la reingeniería que el próximo fiscal general tendrá que dar a la Fiscalía General para volverla efectiva. 

El sábado les contaré de los testimonios de otros dos testigos claves: Carlos Eduardo Burgos Nuila alias ‘Nalo’, un jefe de la 18 convertido en testigo criteriado de la fiscalía; y el primer testigo de la Defensa: general David Munguía Payés.

Mientras tanto, no crean todo lo que publicarán los medios sobre el caso. Saludos,

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Carta a la conciencia de los jefes de FGR y PNC: Se fueron de boca y murió alguien. De Paolo Luers

Paolo Luers, 29 marzo 2017 / EDH

Destacados funcionarios:
Todo es show mediático: Van al rescate de la bebé desaparecida luego del asesinato de su mamá – y ahí va el Fiscal General, con su chaqueta que dice F1, rodeado de cámaras. “El fiscal al rescate…”, se lee en los medios.

El director de la PNC no es alguien que se deja robar cámaras. Inmediatamente aparece en pantalla: “Fueron heroicos policías los que rescatan a la niña.”

En este afán de protagonismo, todo se expuso: el carro que usaron para secuestrar a la mamá, y que luego dio la pista para encontrar a la bebé; el hogar donde encontraron a la bebé. Todo en el reality show ‘El Salvador Impresionante’.

Se fueron de boca y murió la mujer. Expusieron a la testigo y la dejaron a su suerte. El día siguiente amaneció muerta.

No se necesitaba que un policía debajo de la mesa filtrara información. El fiscal general y el director de la PNC se encargaron de esto.

Si la bebé fue secuestrada junto a su mamá y luego apareció en la casa de alguien, es obvio que este alguien se convierte en testigo clave. Es el link entre los asesinos y la bebé. Ella los pudo haber identificado.

Todos estamos satisfechos que rescataron a Alexandra. Todos queremos que los asesinos de su mamá y Yamilet reciban su castigo. Nadie está criticando a fiscales y policías por hacer su trabajo investigativo. Lo que sí hay que cuestionar es la manera mediática e irresponsable de sus máximos jefes de manejar la información, dejando a la testigo expuesta y sin protección.

“A una mujer de aquí se la trajeron (a la bebé). Dice que no sabía  nada, que solo se la trajeron para que la cuidara unos días”, declaró Douglas Meléndez. ¿Por qué tenía que decir esto? ¿Por qué incluso tenía que aparecer él en la casa donde encontraron a la bebé, sabiendo que iba atrear todas las cámaras y micrófonos del país? ¿Por qué tenía el director de la PNC que aparacer en televisión dando más detalles, para mostrar que fue la PNC y no la fiscalía la que rescató a la niña?

Se fueron de boca y murió asesinada Jackeline Lisseth Cortez Aguirre. Digo el nombre para que Lorena Peña no reclame que se esté lamentando la muerte de una mujer sin decir su nombre.

No es culpa de los medios. En el momento que el fiscal general y el director de la PNC hablan, es información pública, y la responsabilidad la tienen ellos. Tampoco me digan que esto es una campaña de desprestigio a la PNC o la FGR. No tengo nada contra Douglas Meléndez y Howard Cotto, pero sí contra su afán de buscar el impacto mediático, aunque esto comprometa sus investigaciones – o incluso la vida de una testigo.

Saludos,

Observador Político: Estadísticas irresponsables. De Paolo Luers

Paolo Luers, 27 marzo 2017 / EDH-Observador Político

Una noticia hizo impacto fuerte esta semana: El fiscal Douglas Meléndez dio a conocer una cifra de desaparecidos que es casi igual de alta como la de los homicidios. Según la fiscalía, en 2014 hubo 4,525 desapariciones (homicidios: 3,894); en 2015: 4.203 desapariciones (6,657 homicidios); y en 2016: 3,847 desapariciones (5,274 homicidios). Estos serían para los últimos tres años 12,575 desapariciones versus 15,825 homicidios. “Hay un margen de disminución de los homicidios, pero un margen elevado de desapariciones,” declaró Douglas Meléndez en la Asamblea Legislativa. Y agregó que “pueden ser más”.

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Es falso: Sólo pueden ser menos. Veamos porqué.

La policía maneja números muy distintos: 2,900 desaparecidos en 2014; 1,959 en 2015, y 1,778 en 2016. Sería para los tres años del 2014 al 2016 un total de 6,637 desaparecidos. ¿Cómo es posible que la fiscalía registra lo doble de desapariciones que la PNC? El mismo fiscal dio una pista: Reconoció que por falta de fondos la FGR no tiene capacidad de verificar sus propios números. Cabe la pregunta: ¿Entonces, para qué los divulga? ¿Será parte de su estrategia para obligar al gobierno a darle el presupuesto que exige?

Incluso, la PNC se contradice en sus propios datos. Al cierre del año 2012 hablaba de 612 desaparecidos, pero ahora la PNC habla de 1,555 para este mismo año. Extraño: la cifra de desaparecidos puede disminuirse retrospectivamente, pero no aumentarse.

¿O será todo esto parte del eterno pleito sobre el enfoque de las políticas de Seguridad? En los años de la tregua, el director de Medica Legal permanentemente publicaba cifras de desaparecidos mucho más altas que las de la PNC. Su tesis (por cierto compartida con el entonces fiscal general Luis Martínez) era que la PNC, para legitimar la tregua con su notable disminución de homicidios, no quería reconocer que hubo un incremento de desapariciones por parte de las pandillas. ¿Tenemos ahora una nueva edición de este pleito?

Independiente de los manejos políticos que todos los involucrados hacen del drama de los desaparecidos, ¿cuál es el problema de fondo?

Es la irresponsabilidad del Estado, que para desapariciones no ha creado un mecanismo interinstitucional, profesional y confiable de confrontar y depurar los datos. Para homicidios existe un mecanismo tripartita de verificación y seguimiento. Para desapariciones, los números son tan discrepantes porque cada institución trabaja con diferentes fuentes. El IML registra las denuncias de personas que acuden a sus morgues buscando a sus familiares. No es su trabajo dar seguimiento a estos casos y depurar la estadística, a menos que las personas en algún momento aparezcan muertas. En este caso se suman a la estadística de homicidios. Pero cuando aparecen vivas, o resultan que salieron del país o se unieron a la pandillas, el IML no tiene como saberlo.

La PNC y la FGR establecen sus estadísticas de desaparecidos a partir de denuncias formales. Pero sólo la policía investiga estos casos y depura la lista. Persona que luego aparece muerta o viva, es descontada. En el caso de la fiscalía, no está claro con qué datos nutre su estadística. Las familias normalmente no acuden a la fiscalía para reportar personas desaparecidas, sino a Medicina Legal y la PNC. La fiscalía simplemente retoma los números de la PNC, pero como reconoce Douglas Martínez, no tiene capacidad de dar seguimiento a los casos mientras no se judicialicen. Y como no hay mecanismo interinstitucional de verificación y seguimiento a los datos, la fiscalía simplemente se queda con el dato “bruto” – o sea con todos los casos que en algún momento han sido reportados.

Necesitamos un mecanismo independiente y profesional de monitoreo

Para tener una estadística confiable de desapariciones, es indispensable establecer un mecanismo interinstitucional entre IML, PNC y FGR. Cada institución tendría que acumular en una sola base de datos consolidada todas las denuncias de desapariciones. Luego, cada institución, sobre todo la PNC, debería pasar a esta base de datos los resultados de sus investigaciones: desaparecidos encontrados muertos; desaparecidos que aparecen vivos; denuncias que resultan falsas; desaparecidos que luego se sabe que emigraron o que se unieron a las pandillas. Descontando todos estos casos, al final quedaría un saldo de casos no resueltos, que pueden caracterizarse como desaparecidos. Mientras tanto, el manejo de la estadística de desaparecidos sigue siendo sujeto a manipulación y propaganda barata.

Si el país tuviera este mecanismo institucional, las cifras de desaparecidos (los que realmente nadie sabe qué pasó con ellos; si están vivos o muertos; si son víctimas o no; o si simplemente decidieron desaparecer por las razones que sean) estarían mucho más cerca de las cifras de la PNC que de los que tan irresponsablemente maneja el fiscal. Digo irresponsable, porque es una manera no profesional, sin ningún mecanismo de depuración, sin investigación y seguimiento de cada caso reportado.

El país ya está suficientemente golpeado por la violencia como para aumentar las angustias con cifras infladas de desaparecidos. El drama de las desapariciones es suficiente traumático, incluso si asumimos las cifras más conservadoras. Cada caso es una tragedia. La Constitución manda a las instituciones a colaborar para buscar el beneficio de la ciudadanía. ¿Será mucho pedir que al fin se crea una Comisión Interinstitucional de Monitoreo de la Violencia? Necesitamos una entidad profesional e independiente que evita las manipulaciones políticas y mediáticas del dolor de las familias.

Es hora para el Fiscal General de actuar. De Paolo Luers

Paolo Luers, 20 marzo 2017 / EDH-OBSERVADOR

El 7 de marzo publiqué una carta a la Fiscalía, advirtiendo el peligro de que el “caso Daniel”, que más bien es el “caso PNC”, se convierta en el “caso FGR”. Lamentablemente, esto ya pasó, y es tiempo de que el Fiscal General, como titular de la Fiscalía, lo corrija.

La PNC, en vez de corregir un error de algunos agentes corruptos, lo encubrió con otras irregularidades. Y da la impresión de que la FGR, en vez de corregir los errores e investigar las irregularidades de la PNC, las encubre y reproduce. De repente ya no se trata de “errores” o irregularidades, sino de delitos: evidencias y acusaciones falsas, manipulación de la justicia. En el lenguaje jurídico esto se llama prevaricato. El precio lo paga un bicho que ya tiene dos meses de estar preso luego de una detención a todas luces arbitraria. Y ahora enfrenta otra acusación que también deja lugar a serias dudas sobre cómo proceden PNC y FGR.

La ley obliga a la Fiscalía General a investigar y entregar a los tribunales no solo las pruebas de cargo (que indican la culpabilidad de un acusado), sino también las pruebas de descargo (que indican su inocencia). El Fiscal General, como máximo garante del Estado de Derecho, tiene que garantizar que sus fiscales no estén quebrando la ley. Tienen que revisar los dos casos presentados contra Daniel Alemán. Es hora de que actúe para reparar el daño y para restablecer la confianza en la justicia.

En el primer caso contra Daniel, la PNC fabricó evidencias y dio a la Fiscalía y al juez testimonios falsos. Esto lo prueba un informe de la Unidad de Control de la PNC, que incluso ya tuvo como consecuencia el arresto de dos agentes de Altavista. A ellos se les encontró en sus casilleros en la subdelegación fuertes cantidades de marihuana. Existe por lo menos la sospecha de que parte de esta droga en posesión de agentes de Altavista la plantaron a Daniel para justificar su detención arbitraria. Pero el escándalo se hace más grande cuando la Fiscalía, en su nueva versión de la acusación contra Daniel, ni siquiera menciona la investigación de la Unidad de Control ni el hallazgo de drogas en la subdelegación ni la existencia de múltiples testigos que testifican que a Daniel no le encontraron ninguna droga y que fue detenido en otro lugar que el indicado por los agentes.

En vez de hacer lo correcto para corregir estas irregularidades -liberar a Daniel de cargos falsos y abrir investigaciones contra los agentes de Altavista- los fiscales retoman otra acusación que la PNC le hace a Daniel. ¿Será que para encubrir errores y delitos ya cometidos incluyeron a Daniel retrospectivamente en un caso de extorsión que data del año pasado? El requerimiento fiscal recoge un relato de los agentes de la PNC, en el cual reportan que el 4 de enero 2017 Daniel fue sujeto a una “intervención policialmente hablado”. Esto es un procedimiento policial inexistente, que por supuesto no deja ninguna evidencia ni huella en ninguna acta escrita.

El colmo: la Fiscalía permitió que dos policías que, según una investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos, fueron agentes de la DAN, entraron al penal donde esta recluido Daniel para intimarlo en este nuevo caso. Esto es una ilegalidad, porque solo la Fiscalía puede entrar a un penal para intimar a un detenido. Si entran policías encapuchados y sin identificarse, es más bien intimidación. Todo esto solo nos consta por qué la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y un abogado de la Procuraduría General de la República lo investigaron.

Esto pasó el 22 de febrero. Inmediatamente la madre de Daniel, Meira Alemán, fue a la Fiscalía, tanto en Soyapango como a la oficina central en Santa Elena, y la respuesta fue contundente: en la FGR no existe ningún expediente que involucra a Daniel en una investigación de extorsión. ¿Cómo es posible que no existe expediente, pero la PNC ya lo “intimó”? Y el 1 de marzo, el director de la PNC, Howard Cotto, informa a los medios de esta nueva acusación contra Daniel que la FGR dice desconocer.

Parece que luego PNC y FGR se pusieron de acuerdo. La Fiscalía retoma las acusaciones hechas por Cotto y presenta un requerimiento fiscal. Lo absurdo: ofrecen al juez como “prueba” las declaraciones de Howard Cotto. ¿Cuándo se ha visto que la palabra del director de policía, quien obviamente no fue testigo de este presunto delito, se convierte en prueba ante un tribunal? Varios abogados consultados aseguraron que en toda su carrera de penalistas no han visto una “prueba” de este tipo. Howard Cotto más bien debería ser llamado como testigo de descargo a favor de Daniel, porque dijo públicamente: “En la detención por droga yo he recibido un informe de la Unidad de Control donde tenemos dudas razonables sobre el procedimiento que tienen que ser investigadas, constatadas y determinar si hay fallo en el procedimiento y deducir responsabilidades en los agentes captores”.

Es hora de que el Fiscal General personalmente analice los expedientes de los dos casos contra Daniel Alemán, incluyendo el informe de la Unidad de Control, el dictamen de la PDDH y la forma irregular de la intimación. Es hora de que ordene una investigación de los policías y los fiscales involucrados. Es hora de que pida a los respectivos jueces sobreseer a Daniel Alemán en ambos casos y que decreten inmediatamente su libertad.

Cuando escribí el primer reportaje sobre este caso, lo titulé: “Algo anda mal en Altavista”. Hoy tengo que decir: Algo anda muy mal en la Fiscalía General de la República.

El “caso Daniel” por sí solo es gravísimo. Pero lo realmente preocupante es que no es un caso aislado. Detrás de esto hay un patrón de procedimiento de la PNC y de la FGR, que tal vez a través de este caso se puede comenzar a corregir. Digo tal vez, porque hasta ahora no hemos visto disposición de hacerlo, ni por parte de la dirección de la PNC ni del Fiscal General y tampoco de los jueces.

LEA SOBRE EL MISMO CASO:

Editorial de El Diario de Hoy: Procuradora de Derechos Humanos declara ilegal captura de joven

Algo anda mal en Altavista o los siempre sospechosos de todo

Carta al director general de la PNC: Está en sus manos corregir una injusticia

Carta a la Fiscalía: ¿Del “caso Daniel” al “caso FGR”?

Sectores de ARENA piden nuevo fiscal y Velado garantiza unidad

Jorge Velado dice que ARENA discute a qué candidato apoyar, pues asegura que será una votación unánime de sus diputados.
Unánime. El presidente de ARENA, Jorge Velado, dice que sus 35 diputados votarán en unidad por el fiscal general. - See more at: http://www.laprensagrafica.com/2015/12/03/sectores-de-arena-piden-nuevo-fiscal-y-velado-garantiza-unidad#sthash.1eODNUrd.dpuf

Unánime. El presidente de ARENA, Jorge Velado, dice que sus 35 diputados votarán en unidad por el fiscal general.

Hermelinda Bolaños, 3 diciembre 2015 / LPG
la prensa graficaLa Juventud Republicana Nacionalista (JRN) y el sector empresarial del partido ARENA exigieron ayer que la Asamblea Legislativa, incluidos los diputados areneros, elija a un nuevo fiscal general de la República y, por ende, no reelija a Luis Martínez, quien termina hoy su período de tres años.

12273562_961474593891957_7202419733243830535_oLa juventud arenera emitió un comunicado en el cual expresó: “La Juventud Republicana Nacionalista considera importante la necesidad de apoyar un nuevo liderazgo, independiente, y con la firme convicción de castigar la corrupción venga de donde venga, que no permita reinar a la impunidad y que busque permanentemente la consecución de una justicia alejada de cualquier interés partidario”.

Por su parte, el sector empresarial de ARENA señaló que la corrupción en el país ha aumentado y que la falta de institucionalidad democrática ha frenado el crecimiento económico de El Salvador. En ese sentido, difundió también ayer un comunicado en el que confirma su postura sobre la elección del fiscal general de la República.

“Creemos que nuestro querido El Salvador se merece un fiscal que sea un funcionario honesto, transparente, sin ataduras de ninguna clase, que embata la corrupción sin distinciones, que dé muestras de ser independiente. Creemos que es tiempo de un nuevo liderazgo, apegado a la justicia y a la verdad, que represente los intereses de CVV8qm6UkAAGBV7.jpg_largetodos… En síntesis, el país demanda un nuevo fiscal, con la fortaleza de la imparcialidad en sus manos y con la justicia como su guía”, reza parte del comunicado del Sector Empresarial del partido.

Jorge Velado, presidente de ARENA, informó que ayer se reunió el partido para establecer consensos sobre la elección del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dado que aseguró que su fracción legislativa votará de manera unánime. “En ARENA estamos bien claros de que esta es una decisión sumamente importante y por lo tanto el partido ARENA, su fracción, va a votar toda unificada; es decir, un voto único”, sostuvo el dirigente del partido, quien aseguró que apoyarán a la persona que reúna los requisitos necesarios para el cargo de fiscal general.

Ernesto Muyshondt, diputado de ARENA, coincidió con Velado e informó que tomarán una decisión consensuada. “Lo que decida por consenso la fracción va a ser como vamos a votar los 35 diputados. Así se ha decidido”, apuntó el legislador tricolor.

 

Diputados FMLN de dicen insatisfechos con el actual fiscal

Por qué postulo para Fiscal General. De Francisco Díaz Rodríguez

Independencia y probidad demostradas; coherencia ideológica conocida, pero, sobre todo, compromiso político con la construcción de la institucionalidad democrática me habilitan para postularme para Fiscal General.

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Francisco Díaz Rodríguez, candidato al cargo de Fiscal General, actualmente Superintendente de Competencia

Francisco Díaz Rodríguez, 7 noviembre 2015

diario de hoyHace catorce años, en julio de 2001, escribí en las páginas editoriales de El Diario de Hoy, un artículo titulado “La lucha es larga, comencemos ya”, en el que decía:

“Quienes hablando de la delincuencia dicen ‘no se puede más, esto ya es invivible’, por desgracia se equivocan: puede ser peor y tendremos que seguir viviéndolo” (…) “Y las cosas serán tanto más graves, cuanto más tardemos en hacer lo que se debe, como se debe (…) El problema es tan grave y de tal complejidad y tamaño, que se requieren acciones coordinadas de carácter nacional para enfrentarlo.

Los hechos me han dado, amargamente, la razón. Hoy día la situación sí es ya realmente invivible para muchos compatriotas ¡miles! que sufren tanto luto, que viven en temor permanente, que no pueden estudiar, trabajar ni progresar, que deben cerrar sus negocios, que no pueden ver a sus familiares en la colonia o en el cantón vecino, que deben dejar el país o, en fin, enfrentar la muerte en cualquier sitio, de cualquier forma, a cualquier hora, en cualquier día. Así, nuestro país está desintegrándose, se nos está yendo de las manos, estamos tocando fondo: hemos llegando al punto en que o salimos a la superficie y respiramos, o nos ahogamos en el fondo del pozo.

La Fiscalía General de la República, ajustándose con eficiencia a su mandato constitucional, debe jugar un papel fundamental para superar la situación, pero necesita importantes cambios. Me postulo entonces para ser Fiscal General, porque tengo conciencia plena de la gravedad de la situación y porque puedo impulsar los cambios que la Fiscalía necesita.

En ese artículo de 2001, aclarando que “sin pretender [decir] la última palabra ni incluir los temas socio económicos de fondo”, propuse diez “grandes líneas de acción” que ahora resumo como aparecieron entonces:

“1. Compromiso nacional de recuperación de los valores cívicos y la probidad (…) una gigantesca acción de divulgación, promoción y reconocimiento de esos valores 2. Combate a la corrupción. (…) esclarecer públicamente el meollo de los numerosos y graves escándalos (…) perseguir y juzgar a sus responsables 3. Operación caminante: Patrullaje PNC/Ejercito a escala nacional con procedimientos claros. 4. Inversión y reingeniería en la FGR. 5. Tecnificación de la PNC. 6. Información estadística. (…) no existe un solo sistema fiable, 7 Reingeniería judicial. 8. Los programas de prevención social del delito (…) deben reforzarse con énfasis en la juventud. 9. Las leyes penales deben ser revisadas (…) con participación de todas las partes afectadas o involucradas. 10. Sistema penitenciario. (…) invertir esfuerzo y dinero para que las cárceles lleguen a ser instancias de readaptación.

Comencemos ya F Diaz 2001-1

El artículo terminaba diciendo “Hemos perdido y estamos perdiendo tanto tiempo…” Han pasado desde entonces 14 años ¿Cuántas de esas propuestas conservan actualidad?

En el pasado, esa manera de enfocar las cosas y sus promotores fuimos ignorados. La profundidad de la crisis actual, así como la nueva configuración política e institucional del país, han abierto el espacio necesario para considerar un enfoque integral, técnico, razonado, participativo y de corto, mediano y largo plazo del problema. El Plan El Salvador Seguro, producido por Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, es una buena muestra de ello. Ahora es necesario llevarlo a la práctica, y en esto la Fiscalía juega un papel estratégico, de primera línea: tiene tareas propias importantísimas, pero también tareas de colaboración e impulso del conjunto. La FGR no puede por sí sola realizar las acciones arriba enunciadas, ni siquiera todas las que tienen que ver con la prevención de la delincuencia y la rehabilitación del delincuente, pero por su enorme peso institucional, bien conducida, la FGR puede jugar un papel de coordinación, entendimiento y colaboración, como lo manda la Constitución, entre las instituciones del Estado involucradas.

Se requieren ideas nuevas y mucha experiencia. Ahora es posible aportar ambas y por eso me he postulado para Fiscal General.

La Fiscalía General de la República, con su mandato constitucional y legal de defensa de la legalidad, es el eje principal en torno al cual gira la institucionalidad del Estado. Bien conducida, la FGR puede contribuir, promover, impulsar y, en algunos casos, forzar, dentro del marco de la ley, a que las instituciones hagan lo que deben hacer. Hace veintisiete años vengo trabajando en construir institucionalidad; para citar solo algunas experiencias: FESPAD 1988-1999; CNJ 1999-2002; Haití 2006-2011; estudio Eficiencia del sub sistema de justicia penal PNUD 2007; proyecto Pro Transparencia y Excelencia Judicial F. Ford 2007 y, ahora, Superintendencia de Competencia, de 2011 a las fecha. Porque he acumulado con solvencia esas y otras experiencias me postulo para Fiscal General.

Independencia y probidad demostradas; coherencia ideológica conocida, pero, sobre todo, compromiso político con la construcción de la institucionalidad democrática me habilitan para postularme para Fiscal General.